Como se recordará, la empresa Air – e, que le presta el servicio de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de servicios públicos, a solicitud de la misma empresa, procediendo en consecuencia a la toma de posesión de la misma, para lo cual procedió a nombrar como Agente interventor inicialmente al Ingeniero Carlos Diago, quien posteriormente fue reemplazado 40 días después por el ex viceministro del Trabajo Edwin Palma. Al anunciar esta decisión, el entonces Superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación “si no se alcanzan los objetivos” . 

Esta expresión campechana del Caribe es nuestra versión de la shakespeareana de mucho ruido y pocas nueces, es la más apropiada para describir cuanto viene acaeciendo o dejando de suceder en este cuatrienio presidencial con la Transición energética, cuya política al respecto ha sido más efectista que efectiva . Veamos.

Esta es una expresión o vocablo con el cual se quiere significar el hecho de que no es posible revertir o resarcir el daño infligido, ya sea por acción u omisión, aunque el responsable del desaguisado se arrepienta. Dicho de otra manera, el daño está hecho y apelación a los infiernos!

 
El Presidente Gustavo Petro expidió, mediante el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024, el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2025. Ello ante la negativa de las comisiones económicas del Congreso de la República a aprobar el monto del mismo propuesto por el Gobierno Nacional, por valor de $523.7 billones, dentro del plazo límite establecido por la Ley que se venció el 15 de septiembre. Al no aprobarse dicho monto, como era de esperarse, tampoco se avanzó en la aprobación del proyecto de presupuesto y en consecuencia quedó habilitado el Presidente Gustavo Petro para expedirlo, como en efecto lo acaba de hacer mediante el  Decreto 1523 del 18 de diciembre. Este procedimiento es el que se conoce como la dictadura fiscal. 

El Congreso de la República está en deuda con las regiones. Debieron transcurrir 20 años para que por fin tramitara la Ley orgánica de ordenamiento territorial  (LOOT), mediante la Ley 1454 de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución política, que le encomendó establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”, que han estado reducidos a un capitis diminutio, tratados como menores de edad. Pero todo fue un fiasco.

“Sólo se alcanza lo posible intentando lo imposible una y otra vez”
Max Weber

Con ocasión del ascenso a miembro de Número de nuestra Academia Colombiana de Ciencias Económicas del ex ministro de Estado y Delegado a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 Carlos Rodado Noriega, pergeñé estas consideraciones a propósito de su ponencia La organización territorial, la autonomía fiscal y la descentralización espacial en Colombia, la cual sustentó un día después de haberse aprobado por parte del Senado de la República el Proyecto de acto legislativo No. 18 Senado y 437 Cámara de 2024, por medio del cual se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, atinentes al Sistema General de Participaciones (SGP), el cual ha suscitado una encendida controversia en la que ha habido más calor que luz!