Como es consabido, Colombia lleva muchos años arrastrando con los déficits gemelos (déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos), los cuales se mantuvieron aún en medio del largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011), a contrario sensu de lo acaecido en el resto de países de la región. 

Sigue latente la indignación de los usuarios del servicio de energía por el alza desmesurada que han tenido las tarifas de energía en los últimos meses, afectándoles el bolsillo y el poder adquisitivo. En primera instancia el Presidente Gustavo Petro, haciendo eco de la protesta ciudadana anunció medidas e incluso amenazó con intervenir la CREG, si ello era necesario para reducirlas. Siguiendo sus instrucciones, la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez le hizo un llamado a los generadores y comercializadores de energía para que renegociaran sus contratos bilaterales con el fin de rebajar la tarifa en un rango entre el 4% y el 8%, objetivo este que se cumplió a medias, dejando insatisfechos a los usuarios porque al final la reducción de la tarifa fue irrisoria. La propia Ministra reconoció que la rebaja no había ido más allá del 2.7%. Este fue un verdadero parto de los montes 

Hay un antes y un después del año 2015, cuando tuvo lugar la 21ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que concluyó con la firma del Acuerdo de París, al tiempo que la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 compendiada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). La descarbonización de la economía para contrarrestar el cambio climático y conjurar sus estragos, por una parte y propender por la universalización del acceso de la población a energías limpias por la otra, son dos compromisos inaplazables de la comunidad internacional y la Transición energética la estrategia para lograrlo. 

El gas natural cobró importancia en el mundo a raíz de la crisis energética que se desató con la guerra del Yom Kipur y el posterior embargo petrolero decretado por los países árabes a los países aliados de Israel, su rival. En respuesta a ello y ante el temor de seguir dependiendo sólo del petróleo, cuyas mayores reservas y los mayores volúmenes de producción estaban concentrados en el golfo pérsico, las grandes potencias, encabezadas por EEUU, decidieron diversificar su matriz energética, integrando a esta el gas natural, que hasta entonces sólo había sido un estorbo para las empresas petroleras y el carbón, que había sido desplazado por el crudo después que le había pasado su cuarto de hora. Garantizar el abastecimiento de crudo se había convertido para ellas en un asunto de seguridad nacional.

Sigue latente la indignación de los usuarios del servicio de energía por el alza desmesurada que han tenido las tarifas de energía en los últimos meses, afectándoles el bolsillo y el poder adquisitivo. En primera instancia el Presidente Gustavo Petro, haciendo eco de la protesta ciudadana anunció medidas e incluso amenazó con intervenir la CREG, si ello era necesario para reducirlas. Siguiendo sus instrucciones, la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez le hizo un llamado a los generadores y comercializadores de energía para que renegociaran sus contratos bilaterales con el fin de rebajar la tarifa en un rango entre el 4% y el 8%, objetivo este que se cumplió a medias, dejando insatisfechos a los usuarios porque al final la reducción de la tarifa fue irrisoria. La propia Ministra reconoció que la rebaja no había ido más allá del 2.7%. Este fue un verdadero parto de los montes 

Uno de los temas más controvertidos del proyecto de reforma tributaria que radicó el gobierno nacional en el Congreso de la República fue la propuesta de un impuesto del 10% de las exportaciones del petróleo y el carbón, habida cuenta de sus altas cotizaciones en los mercados internacionales. Para ponernos en contexto citemos a dos economistas de campanillas, quienes hace más de una década se pronunciaron sobre el particular.