Frente al alza desproporcionada de las tarifas de energía, ya es tiempo de que pasemos de la protesta a las propuestas, tendientes a atacar las causas y las consecuencias de la misma. Me atrevo a plantear algunas para su discusión y disernimiento:

Primero, titularizar los recursos esperados en los próximos 5 años, del FONDENERGIA, creado por la Ley 2099 de 2021, que consolida en uno solo los fondos de energía social (PRONE, FAER y FAZNI), que pueden superar los $280.000 millones al año, aproximadamente, constituir un capital autónomo con esos recursos y con ellos financiar programas de formalización que contribuyan a la reducción del fraude y el no pago, de la factura de energía. Desde luego la inversión de estos recursos no se cargaría a la tarifa.

Opcionalmente, otra fuente de financiación de este programa está en los recursos que la Nación está en mora de reintegrar a las regiones la suma que tomó en calidad de préstamo para financiar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) de la pandemia, creado mediante el Decreto 444 de 2020. Estamos hablando de $14.8 billones de las regiones, provenientes de los fondos de Ahorro y estabilización (FAE) y de Pensiones de la Entidades territoriales (FONPET) del Sistema General de Regalías (SGR). Obviamente, la implementación de este programa se haría con el apoyo y acompañamiento de gobernadores y alcaldes.

Segundo, a medida que mejore el recaudo y la calidad de la cartera, gracias a las acciones anteriores, ello se debe reflejar en una baja en las tarifas en lugar de ir a mejorar el P&G de las empresas prestadoras del servicio. Para ello es indispensable un acuerdo entre la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios y los nuevos operadores de red en la región Caribe (Air-e y Afinia), dado que lo pactado con ellas   mediante el programa de “gestión acordado de largo plazo” les permite el “reconocimiento de pérdidas e indicadores de calidad – base observados a diciembre 31 de 2019”. Este sería un gana-gana, para las empresas y para los usuarios!

Tercero, debería emprenderse ya, sin tardanza, un Plan de choque, que comprometa al gobierno nacional, a los departamentales y municipales, para la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, con lo cual se podrá reducir el valor de sus facturas de energía en un 30%, aproximadamente.
Cuarto, el Congreso de la República debería revisar y reajustar los kilovatios correspondientes al consumo de subsistencia, que sirve de base para la asignación del subsidio al consumo, subvencionado via presupuesto nacional, dado que lo que se reconoce actualmente (173 KWH) no consulta la realidad de la región Caribe, cuyas condiciones climáticas obligan a los usuarios a un mayor consumo de energía en su cotidianidad. Siendo realistas, propondríamos una fórmula como esta:

1. Municipios que se encuentren a menos de 250 metros sobre el nivel medio del mar: hasta 240 KWH-mes
2. Municipios que se encuentren a más de 250 y hasta 1000 sobre el nivel medio del mar: hasta 173 KWH-mes.
3. Municipios que se encuentren a más de 1000 sobre el nivel medio del mar: hasta 130 KWH-mes

Finalmente, un aspecto primordial que debe contemplarse en estos ajustes que deberán hacerse sin pérdida de tiempo es el que tiene que ver con el cargo por restricciones contemplado en la fórmula tarifaria (costo unitario), toda vez que, después del indexador (IPP) y de las pérdidas reconocidas (PR), en el caso de la región Caribe, es el otro factor que viene presionando el alza de las tarifas de energía. Como es bien sabido las restricciones son causadas por atrasos en la ejecución de los proyectos, ya sea de generación, tales como el de HIDROITUANGO o de transmisión. No hay razón, entonces, para que los paganines de esos atrasos sean los usuarios y no los responsables de los mismos, a no ser que medien causas fortuitas.

Pari pasu con estas medidas se debe avanzar tanto en materia regulatoria como en el diseño y operación del mercado mayorista, ambos deben ser repensados y ser objeto de una reingeniería para responder a los nuevos retos y aplicar las lecciones aprendidas después de casi 30 años de su concepción y puesta en marcha. De hecho la CREG es consciente de ello y ha venido proponiendo ajustes estructurales en procura de que  se cuente con señales mucho más eficientes en la formación de precios en el mercado mayorista, lo cual deberá redundar en beneficio de los usuarios.

Ello tiene que ver tanto con la manera como se transa la energía en Bolsa como en lo que respecta al despacho diario, al mercado intradiario, concomitantemente con el mercado en tiempo real, así como la tarifa – horaria y de contera ganar en eficiencia en toda la cadena. Ello le dará mayor flexibilidad y dinamismo a cada día de operación. También hay que meterle la mano a los servicios complementarios que permitan el acoplamiento  y la integración de las fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER), de tal suerte que estas le sirvan de respaldo a las fuentes convencionales (hídricas y térmicas) y estas a aquellas.

Como lo afirma el experto Comisionado de la CREG José Fernando Prada, se trata de “una revisión total de las reglas de funcionamiento con más oportunidades de transacciones, con despachos vinculantes para que se hagan operaciones comerciales en firme en las que se tenga más certeza de los precios de la energía y que tengan más oportunidades para que se puedan ir ajustando las ofertas y que esto refleje las características de todas las plantas”. De esta manera se optimizará el despacho y la operación del Sistema en beneficio de los usuarios, que deberán estar en el centro de esta reforma que se ha venido “cocinando” a fuego lento.

Barranquilla, marzo 3 de 2023

www.amylkaracosta.net

[1] Miembro de Número de la ACCE