EL FALLIDO INTENTO DE TOMA DE LA CREG
La Comisión de regulación de energía, gas y combustibles (CREG) es el órgano colegiado rector de la regulación del sector energético en Colombia y fue creada mediante la Ley eléctrica 142 de 1994, como parte esencial de la institucionalidad vigente por casi 30 años. El desempeño de esta arquitectura ha merecido las más altas calificaciones del Foro económico mundial (FEM) y gracias a ella el sector eléctrico ha sido capaz de soportar y sortear con éxito tres fenómenos de El Niño sin verse abocado a la necesidad de racionar el servicio de energía. El último de ellos en 2015.

El año anterior, frente a la escalada alcista de las tarifas de energía y en respuesta al descontento y las protestas de los usuarios, el Presidente Gustavo Petro, en septiembre del año anterior, en el marco del Congreso anual de la Asociación nacional de empresas de servicios públicos y comunicaciones (ANDESCO), anunció la intervención de la CREG con el objeto de asumir sus funciones. En efecto, en febrero de este año procedió a expedir el Decreto 0227, mediante el cual “retomó” varias de las funciones y competencias de la CREG, con tan mala suerte que a poco andar el Consejo de Estado lo suspendió, al considerar que las mismas no son delegadas por parte del Presidente, sino que son propias de la CREG por ministerio de la Ley que la creó. 
Pese a ello, ha podido más la tozudez y la contumacia, el Ministro insiste y persiste en arrogarse las funciones de la CREG expidiendo resoluciones suplantándola, es el caso de la Resolución 40611 del 11 de octubre “por la cual se adoptan medidas para darle continuidad a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica durante el período de baja hidrología y eminente (SIC!) llegada del fenómeno del Niño”. Otro tanto ocurre con la Resolución 40619 del 14 de octubre “por la cual se adoptan medidas transitorias para las exportaciones de electricidad durante el fenómeno de El Niño 2023-2024” y el proyecto de Resolución publicado el 26 de octubre para comentarios por medio de la cual “se adoptan medidas de carácter transitorio para otorgar alivios a los proyectos de generación, cogeneración, autogeneración con contratos de suministro de energía y almacenamiento de energía con baterías, ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño y se adoptan otras disposiciones”.

LA CREG EN MANOS DEL PRESIDENTE PETRO
El mismo Consejo de Estado que tumbó el Decreto de marras, posteriormente, terminó anulando el nombramiento que había hecho el Presidente Iván Duque de varios de los expertos comisionados que integraban la CREG, quedando esta prácticamente desmantelada y en manos del Presidente Petro. No obstante, este en lugar de proceder a nombrar en propiedad y por el período de 4 años, como manda la Ley, sus reemplazos, dispuso más bien encargar a funcionarios del despacho del Ministerio de Minas y Energía. Y cuando a estos se les terminó el encargo la CREG quedó sumida en una total interinidad y hasta la fecha sólo a uno de ellos se acaba de reemplazar con el nombramiento de Omar Prías Caicedo. 

Lo cierto es que la CREG se tornó inoperante desde el 5 de octubre por no contar  con el qüorum suficiente para tomar decisiones. Esta situación llevó a afirmar su Director ejecutivo José Fernando Prada que “tenemos un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”. Ello es muy grave, porque, como se lo hizo saber oportunamente la CREG al Ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho “la Comisión tiene en proceso de estudio y aprobación varias medidas regulatorias, las cuales consideramos relevantes para el funcionamiento de los sectores regulados” , sin poder avanzar ni decidir.

Posteriormente, la CREG, a través de un Boletín reiteró la “necesidad de mantener una regulación actualizada y flexible que pueda adaptarse a las demandas cambiantes” . Y no es para menos, porque como lo sostuvo Prada “la regulación debe ser un habilitador que acompañe el desarrollo de nuevas alternativas sin condicionar o limitar su desarrollo” . Ni mas ni menos.

LA CREG A LA DERIVA
Y para rematar, luego vendría lo peor. El Director ejecutivo de la CREG José Fernando Prada, quien al terminársele su período renunció ante el despacho del Ministerio de Minas y Energía y nunca le contestaron, transcurrido el tiempo dispuesto por la Ley sin que se la aceptaran, apelando al silencio administrativo, hizo efectivo su retiro el día 6 de noviembre por vencimiento de términos. De esta manera, la desmantelada e inoperante CREG ahora quedó acéfala y a la deriva, al garete, desoyendo de paso la alerta emitida por parte de la Procuradora general Margarita Cabello, quien con fecha 10 de octubre, mediante Oficio 678, le hizo el requerimiento al Ministro para que procediera a la mayor brevedad a proveer las vacantes, nombrando en propiedad a los 6 expertos, de los cuales, como ya quedó dicho, sólo ha nombrado a uno de ellos. 

Así se ha venido prolongando la parálisis de la CREG, siguen vacantes las otras 5 plazas por cuenta de la desidia y el desdén del Gobierno. En un hecho sin precedentes, la propia CREG se pronunció a través de una circular, cuyo texto más parece el canto del cisne, “informa que las solicitudes y peticiones mediante las cuales se eleva una consulta y las de interés general o particular…sólo podrán ser atendidas cuando haya al menos 3 expertos comisionados en ejercicio de sus funciones” . Y remata advirtiendo que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionados con la regulación de los servicios públicos” . Ello es inaudito!  

LOS USUARIOS PAGAREMOS LOS PLATOS ROTOS
Y todo ello ocurre en momentos en los que el propio Gobierno Nacional, a través del IDEAM, oficializó la semana anterior la llegada de El Niño, cuya amenaza no es menor para el sector energético, urgido de medidas que solo la CREG puede tomar porque son de su competencia, para conjurarla. Las consecuencias de esta abulia gubernamental no se han hecho esperar. Como lo pudo constatar el Contralor General Carlos Mario Zuluaga, al expirar el Pacto tarifario firmado entre el Ministerio de Minas y Energía y las empresas comercializadoras en septiembre pasado, tendiente a pausar las alzas tarifarias, “la ausencia de expertos en la CREG impide tomar decisiones para diferir el impacto por el vencimiento de la opción tarifaria” . 

De ello se sigue que las empresas operadoras de red, que son las que prestan el servicio, quedaron con las manos libres para incrementarlas e iniciar la recuperación por esa vía de los saldos por concepto de la opción tarifaria, que ya superan los $5 billones. El proyecto de Resolución de la CREG que contempla un mecanismo alternativo, que procura limitar dichos aumentos, ante la parálisis de la CREG, se quedó en el tintero. En consecuencia seremos los usuarios quienes terminaremos pagando los platos rotos por semejante dislate.  

Como lo reveló el Delegado para Minas y Energía de la Contraloría General Germán Castro “al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe puede superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1, 2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN)” . Y ello, de contera, pondrá en aprietos a las empresas comercializadoras que verán postergado el reintegro por parte del Gobierno de los subsidios reconocidos y descontados por parte de ellas a sus usuarios en sus facturas. 
                                

Y mientras tanto el Ministro, que dice estar “del lado de los usuarios” , se hace el de la vista gorda, afirmando que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años” . Será esta una de esas profecías autocumplidas? Porque, ni el mejor modelo funciona apropiadamente si se opera mal o de mala fe. Por lo demás, no es dable invocar el propio desatino para exculpar su responsabilidad por los estragos causados.

Bogotá, noviembre 11 de 2023
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