El lunes 2 de marzo de 1992, el Presidente Cesar Gaviria se vio precisado a tomar una medida extrema, al decretar el racionamiento en la prestación del servicio público de energía eléctrica en todo el territorio nacional, cortes del fluido eléctrico hasta por 9 horas continuas al día.

Mediante el decreto 562 del 1º de abril de 1992 se dispuso “la suspensión del servicio de energía eléctrica a los usuarios”, la cual se prolongó hasta el 5 de febrero  de 1993, cuando a través del Decreto 267 se le puso término a tan drástica medida.

Como una medida complementaria a la anterior y con el propósito de ahorrar energía y hacer un uso más eficiente de la misma se adelantaron en una hora las manecillas del reloj, a la usanza de los países que integran la Unión Europea y de esta manera aprovechar la luz solar, reduciendo el consumo de energía. Con tal fin se expidió el Decreto 717 del 28 de abril de 1992, adoptando como hora legal la del Tiempo Universal Coordinado (UTC), disminuido en 4 horas, en lugar de 5 horas. Esta medida estuvo vigente hasta el 5 de febrero de 1993, cuando fue levantada por el Decreto 267.

Una y otra medida de emergencia se tomaron para poder sortear el déficit en la capacidad de suministro de energía por parte de los generadores, el cual tuvo múltiples causas que lo precipitaron. Esta crisis se venía incubando imperceptiblemente. El Sistema eléctrico en su integridad estaba en manos del Estado, este era generador, transmisor y distribuidor de energía, asumía sus costos de operación y el financiamiento de los proyectos requeridos. Los créditos adquiridos con tal fin se convirtieron en un pesado fardo para la Nación, llegando a representar el 34% de la deuda pública externa, al tiempo que representaba el 24% del presupuesto de la inversión pública y el 33% del déficit fiscal. Entre tanto las tarifas de la energía se administraban más con criterio político que con criterio técnico y las alzas, cuando se autorizaban, no respondían a la suficiencia financiera y a los costos eficientes en que incurrían las empresas que prestaban el servicio sino que eran “ondulantemente suaves”, que fue como las prescribió el ex presidente Belisario Betancourt durante su su cuatrienio.

Adicionalmente, hizo carrera entre la tecnocracia el aserto de que el sector eléctrico estaba sobreinstalado, dado que su capacidad instalada de generación (8.335 MW) era más que suficiente para garantizar la prestación del servicio de energía sin interrupciones. Pero resulta que el 78% de la misma dependía de la hidrología y expuesta a los caprichos de la meteorología, tornándola muy vulnerable frente a los embates del cambio climático. A ello contribuyó el criterio de mínimo costo, que fue determinante para que en el plan de expansión se privilegiara la generación hídrica frente a la generación térmica. Y de contera, la banca multilateral, especialmente el BID, contaba con líneas de financiamiento para proyectos hídricos, no así para los térmicos, lo que contribuyó también a dicho sesgo en el planeamiento del sector.

También contribuyó al déficit en el abastecimiento de energía el atraso y los sobrecostos de proyectos tan claves para asegurarlo como el de El Guavio. A ello se vino a añadir la falta de diligencia por parte de los responsables para darle el debido mantenimiento y overhaul al parque térmico, que servía de respaldo a los generadores hídricos, fueron negligentes. De manera que cuando se desató el fenómeno del Niño, que es cada vez más frecuente, imprevisible, severo y perdurable, el Sistema no estaba en condiciones de garantizar la firmeza y la confiabilidad en la prestación del servicio en condiciones de una hidrología critica como la que se presentó.  Tanto más en cuanto que el nivel consolidado de los embalses de las hidroeléctricas era del 28% y el de El Peñol particularmente, el único con capacidad de regulación anual, era de sólo el 20.66% (¡!). Este fue el detonante de la crisis a la que se vio abocado el Sector eléctrico.

Los intentos de paliar las consecuencias que se derivaron de la misma, como fue la importación al país de dos barcazas generadoras de energía, una al puerto de Buenaventura y la otra al de Cartagena, fueron fiasco total y piedra de escándalo de corrupción. No generaron un solo kilovatio. Este y otros desaguisados llevaron al Congreso a adelantar debates de control político cuestionando el manejo dado  al sector eléctrico por parte del Gobierno Nacional, así como la politización de las empresas distribuidoras de energía, convertidas en coto de caza del clientelismo. La Fiscalía general y los organismos de control asumieron las investigaciones de rigor, tomando como base el Informe que rindió la Comisión V del senado de la República en el cual se establecieron las causas del racionamiento y los funcionarios responsables de este, quienes recibieron el condigno y ejemplar castigo.

Esta fue una dura prueba para el país, de la cual quedaron varias lecciones aprendidas. En primer término, que en lugar del criterio de mínimo costo a la hora de definir la prioridad en la ejecución del plan de expansión eléctrico debe primar el de mínimo riesgo, que es el que garantiza la confiabilidad y firmeza del Sistema. Y de allí la importancia de diversificar la matriz robusteciendo el componente térmico de generación. En segundo lugar, que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone en el momento justo en que se requiere.

También quedó clara la necesidad de contar con el concurso del sector privado para garantizar los recursos necesarios para invertir en los proyectos sin la limitación del espacio fiscal de los gobiernos de turno. Y, finalmente, para hacerlo posible y para garantizar la sostenibilidad del Sistema y espantar el fantasma de un nuevo racionamiento era menester contar con un órgano de regulación que fijara las reglas de juego y otro que velara por el cabal cumplimiento de las mismas. Estas lecciones aprendidas fueron la base para la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, que son gemelas.

Bogotá, marzo 8 de 2023

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[1] Miembro de Número de la ACCE