El grupo intergubernamental sobre cambio climático (IPCC), creado en 1988 por las naciones unidas, concluyó que el calentamiento global se debe, con un 90% de certeza, a la actividad humana, en especial por el uso masivo de fuentes de energía  de energía de origen fósil.

Por ello se habla de una causa antropogénica, que se precipitó a partir de la primera revolución industrial (1750 – 1840), la cual fue posible gracias al invento de la máquina a vapor, la cual requería el coque, derivado del carbón metalúrgico, como reductor en el proceso de la forja del acero, indispensable para fabricar las máquinas y del carbón térmico para producir con su combustión el vapor, indispensable para mover las máquinas. 
Después vendría el invento del motor de combustión interna, el Otto primero y el Diesel después, los cuales requieren para operar de combustibles líquidos, derivados del petróleo. Tanto el carbón como el petróleo y sus derivados son altamente contaminantes, pues emiten los gases de efecto invernadero (GEI). Según el Panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, se ha podido establecer que existe una gran correlación entre las concentraciones de GEI en la atmósfera, siendo el CO2 el que aporta el 80% de ellos y la temperatura. A mayores concentraciones de CO2 más alta es la temperatura global.

Indudablemente, históricamente los mayores responsables tanto de los gases de efecto invernadero acumulado como de la emisión de los mismos son los países desarrollados, encabezados por China, EEUU, la Unión Europea, la India y Rusia, en su orden. Varios de ellos brillaron por su ausencia en la más reciente Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (CMNUCC) que tuvo lugar en Egipto recientemente, la COP27. 

Bien dijo George Ward, que “el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas”. Y justamente esto último fue lo que hizo la comunidad internacional en la Cumbre de la COP21, que tuvo lugar en 2015, al aprobar, con gran dosis de realismo, el Acuerdo de París, que propende por la descarbonización de la economía. Ese mismo año se aprobaron por parte de las Naciones Unidas de los Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), una iniciativa de Colombia y el séptimo de ellos versa precisamente sobre el acceso a la energía limpia, a su universalización.

COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE GEI

A partir del Acuerdo de París se determinó que cada país adquiriera su compromiso sobre el aporte a la descarbonización, que tiene como meta arribar a la carbono neutralidad hacia el 2050, teniendo como meta volante el año 2030. Todo ello con el firme propósito de reducir las emisiones de GEI y así impedir que el aumento de la temperatura global no supere 1.5 grados Celsius con respecto a la era preindustrial. Así surgió el concepto bajo el título oficial de contribución nacionalmente determinada (INDC por sus siglas en inglés). 

Es muy importante destacar que en la COP26 se dejó claramente establecido el principio de la “responsabilidad común pero diferenciada”, de tal suerte que los mayores responsables sean quienes más contribuyan a alcanzar estas metas. El mensaje es claro: hay que ser realistas, Colombia no puede pretender hacer el papel de polizón climático, escudándose en la inacción de los demás países para cruzarse de brazos a la espera de que ellos reaccionen y asuman sus responsabilidades frente a los desafíos del Cambio climático. Pero tampoco asumir el papel de Atlas, echándose al hombro el planeta para salvarlo de sus estragos. 

En este contexto, el Congreso de la República ratificó el Acuerdo de París mediante la Ley 1844 de 2017, tornándolo vinculante para Colombia, que se comprometió oficialmente en la COP21, tal y como lo anunció el Presidente Juan Manuel Santos en la misma, a la reducción de sus emisiones, que no superan el 0.5% de las totales un 20% hacia el 2030, ambición que  podría aumentar de manera condicionada al 25% o 30% de reducción, dependiendo de los recursos de cooperación internacional que reciba el país en los próximos años para apoyar sus esfuerzos de mitigación. El punto de referencia para esta reducción de emisiones es el inventario de gases de efecto invernadero (GEI) producido por el IDEAM para el 2010.

Pero más recientemente, con ocasión de la COP26 que tuvo lugar en 2021, el Presidente Iván Duque manifestó: “hemos enviado para la cumbre que tendremos el próximo 12 de diciembre un compromiso de país y es que nos vamos a comprometer con una agenda clara, específica y multisectorial para que al año 2030 tengamos una reducción del 51% en las emisiones de gases efecto invernadero”. Nunca se supo cuál fue el análisis y la proyección que tuvo en cuenta el Presidente Duque para hacer este anuncio, asaz difícil de cumplir. 

Enhorabuena el Presidente Gustavo Petro en su intervención ante la COP27 demandó de los países desarrollados el cumplimiento de su compromiso de cooperar con los países en desarrollo, como Colombia, para financiar los proyectos tendientes a reducir sus emisiones de GEI, su captura y almacenamiento, entre ellos el de la preservación, conservación y recuperación del bioma de la Amazonía, considerada el pulmón del mundo. 

La decepción por los escasos avances de esta Cumbre dio paso a un compromiso esperanzador. En efecto, después de un duro pulso, se aprobó al cierre de la COP27 la creación de un Fondo de pérdidas y daños para compensar a los países “particularmente vulnerables”. Con los recursos de este Fondo se proporcionará financiación por parte de los países ricos, que son los que más han contribuido al calentamiento global. Se afirma en la Declaración emitida por la COP27 al término de la misma, que dicha financiación debe ser “predecible y adecuada a los países en desarrollo especialmente vulnerables”. 
Se invitó a través de la misma tanto al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI), como ya lo había hecho el Presidente Petro, a aportar “soluciones de financiación”. Quedó en el tintero el llamado que hizo el Presidente Petro para que se considerara la posibilidad de condonar deuda externa a cambio de las acciones emprendidas por los países en desarrollo, como una medida de alivio y compensación a los esfuerzos realizados por los países en desarrollo en pro de la descarbonización de sus economías. 

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA A LA COLOMBIANA
No existe una receta universal y única para la Transición energética, cada país debe darse su propia carta de navegación, consultando su realidad, sus especificidades. No puede ser la misma hoja de ruta de dicha Transición en un país que depende de las importaciones de petróleo, carbón y gas que en un país, llamado Colombia, que depende pero de la producción y exportación de petróleo, al punto que estos son los dos primeros renglones de sus exportaciones y en consecuencia la principal fuente de generadora de divisas y de los ingresos tanto para la Nación, por concepto de impuestos a la renta y dividendos, constituyendo el 24% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN), como para los departamentos y municipios que tienen en el Sistema general de regalías (SGR) su principal fuente de financiación de sus proyectos de inversión.
 
Ello es tanto más cierto habida cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, en donde el sector energético es el mayor responsable de las emisiones de GEI con el 73.2%, en Colombia a lo sumo contribuye con el 35%, lo cual se debe a que mientras en Colombia el 68% de la capacidad de generación de electricidad es hídrica, en el resto del mundo ese mismo porcentaje es térmico. Ello, desde luego, no exime al sector energético del esfuerzo y el compromiso adquirido por el país de reducir sus emisiones de GEI, aunque sólo participe con 0.5 puntos porcentuales de la totalidad de estas. 

La integración de las FNCER a la matriz energética, además de contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, robustece, la diversifica aún más y, lo que es más importante, la hace más reciliente frente al cambio climático. Este último es su mayor mérito. Para reducir la huella de carbono hay que electrificar la economía, pero no todo es susceptible de electrificar, ni toda la electricidad podrá provenir de FNCER, que al ser intermitentes requieren de las fuentes hídricas y térmicas para que estas le sirvan de respaldo. 

El sector transporte, por su parte, contribuye con 14 puntos porcentuales de los 35 con los que contribuye el sector energético a las emisiones de GEI en colombia. La electrificación del parque eléctrico, además de sus limitaciones, debe entenderse como punto de llegada y no como punto de partida. Veamos por qué. El censo automotor en Colombia da cuenta de 17 millones de automotores registrados y la proyección para el 2030 es de 24 millones. Se estima por parte del Plan energético 2050 que para entonces se contará con 600 mil vehículos eléctricos, a los que se vienen a sumar los 600 mil convertidos a gas. De ello se sigue que 22´800.000 vehículos en circulación dentro de 8 años tendrán motores de combustión que van a demandar gasolina y diesel – motor. A ello contribuye y de qué manera la prevalencia del mercado de usados. A guisa de ejemplo, sólo en el mes de noviembre de este año el registro de traspaso de vehículos usados fue de 91.586 vehículos.

De allí la importancia de la movilidad sostenible, de la cual hace parte la movilidad eléctrica pero no se reduce a ella. Mediante el uso de la mezcla de los biocombustibles y la conversión a gas de los automotores se reduce sensiblemente no sólo las emisiones de GEI sino también las de material particulado, que tanto afecta a las ciudades capitales y a la salud de sus habitantes. A ello apunta también el gran esfuerzo que viene haciendo ECOPETROL en sus refinerías para mejorar la calidad de los combustibles que produce. 

EL PARETO DE COLOMBIA
En Colombia, definitivamente, la principal fuente de emisiones de GEI está en el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación, representando el 55.5% de la totalidad de las mismas. De llos se sigue que el pareto de la Acción climática tendiente a reducir las emisiones de GEI y la huella de carbono llama a poner el énfasis en estos frentes, ordenando el territorio, mejorando las prácticas agrícolas y pecuarias y deteniendo el ecosidio que tiene en la Amazonia su principal victima. 

Sólo por cuenta de la fermentación entérica del ganado bovino se causa el 15.2% de las emisiones de GEI, más incluso que el sector automotriz (¡!). Ello se puede contrarestar con la puesta en práctica de sistemas silvopastoriles intensivos, en los cuales, según los expertos, Colombia ocupa una posición de privilegio a nivel internacional. Como lo sostiene Timothy D. Searchinger, miembro del Instituto de Recursos Mundiales, “Colombia está en una posición única para producir más en menos tierra y así contribuir con el cambio climático” . Y añade: “mientras menor sea la cantidad de leche que se produzca por libra, menor serán los niveles en las emisiones de gases”.

En concepto del ex ministro de Ambiente y desarrollo sostenible Manuel Rodríguez, “los sistemas silvopastoriles intensivos, y en general todos ellos son una extraordinaria promesa porque ya tenemos domesticada la tecnología en Colombia porque ya hay una larga experiencia de unos 40 años con el CIPAV y otros grupos privados que han buscado entender cómo es esta tecnología. Naturalmente, en el caso del Cambio climático, si bien es importante la mitigación, lo más importante es que estos sistemas silvopastoriles intensivos tienen la gran virtud que proveen una forma de tener una mayor resistencia al Cambio climático” . Este es un gran reto que tiene Colombia por delante. Por ello en el Acuerdo al que llegó el actual gobierno con FEDEGAN para la adquisición de tierras por parte del Estado para honrar en primer punto del Acuerdo final firmado con las FARC, el mismo no se extienda al compromiso por parte de FEDEGAN y el apoyo del Gobierno para potenciar los sistemas silvopastoriles intensivos en las zonas ganaderas del país. 

Medellín, diciembre 22 de 2022
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