EL ACUERDO DE PARÍS Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En el año 2015 se firmó el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21), en el cual se fijaron dos objetivos básicos: limitar el incremento promedio de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a los niveles anteriores a la primera revolución industrial;

segundo, redoblar los esfuerzos tendientes a impedir que el mismo sobrepase el umbral de 1.5 grados a finales de este siglo y tercero alcanzar la carbono – neutralidad en 2050, siendo este último, el de la descarbonización de la economía la clave para alcanzar los otros dos objetivos.
De la Transición energética /Energiew ende) se empezó a hablar desde las postrimerías del siglo pasado, cuando los movimientos ambientalistas reaccionaron en Alemania contra el avance de las instalaciones de reactores nucleares para generar electricidad, derivando posteriormente en el propósito manifiesto de descarbonizar el sector eléctrico migrando hacia fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), sobre todo después del Acuerdo de París. 
Este énfasis en la descarbonización del sector eléctrico se explica porque en los países desarrollados, que son los mayores responsables del acumulado en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI) y de sus emisiones, tienen en el mismo la mayor fuente de emisiones con el 73.5%. No es el caso de Colombia en donde, a lo sumo, contribuye con el 34% de las mismas, habida cuenta de que el 68% de su capacidad instalada de generación de electricidad es de origen hídrico.

Huelga decir que las emisiones de GEI de Colombia son infimas en comparación con otros países, apenas representan el 0.55% del total de dichas emisiones. Las emisiones per capita de Colombia, alrededor de 1.6 toneladas de CO2 equivalente por persona al año, está muy por debajo del promedio mundial que oscila en torno a 4.5 toneladas e incluso del promedio de Latinoamerica, que tiene un registro de 2.6 toneladas. Dicho sea de paso, en Colombia la mayor fuente de emisiones de GEI está constituida por el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo por alarmante deforestación, factores estos que sumados representan más del 55% de las emisiones de GEI. Por ello, coincidimos con el experto ambientalista Juan Pablo Ruiz cuando afirma que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos” . 
Además de las particularidades anteriores que acusa Colombia, hay una diferencia fundamental a la hora de definir la Hoja de ruta de la Transición energética  entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón y Colombia, que también depende, pero de la producción y exportación de petróleo y carbón, sus dos principales renglones de exportación, superando el 50% de las mismas, así como de la generación de divisas, de ingresos para la Nación, que supera el 20% de los ingresos corrientes de la Nación, por concepto de renta petrolera y dividendos y más del 40% de los recursos para la inversión de las entidades territoriales, provenientes de las regalías que paga esta industria. Y de contera, en promedio, más del 35% de la inversión extranjera directa (IED) es atraída por el sector petrolero. Por todo ello planteamos la necesidad de una Transición energética a la colombiana , que se ajuste a sus particularidades y prioridades.

Las bajas emisiones de GEI por parte de Colombia y la reducida contribución a las mismas del sector eléctrico no la puede llevar a convertirse en el llamado peyorativamente polizón climático, cruzándose de brazos a la espera de que sean otros quienes hagan el esfuerzo tendiente a la descarbonización de la economía, pero tampoco debe asumir el papel de Atlas cargando a cuestas con el resto del mundo. Como bien lo dejó establecido la COP26, el mandato del Acuerdo de París y los compromisos adquiridos por los países que lo suscribieron, entre ellos Colombia, conllevan una “responsabilidad común pero diferenciada”, no se puede prorratear.

Es bien sabido que, no obstante esta ostensible dependencia de Colombia con respecto al petróleo, no es un país petrolero, toda vez que sus reservas son precarias y su producción, que no supera el 0.75 del total de la producción a nivel mundial, es limitada. Pero, como bien dice el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes “debemos procurar que el petróleo y la minería no inhiban el desarrollo de moteros sectores, pero de ninguna manera dejar pasar oportunidades en minería y petróleo que no atenten contra el medio ambiente”. 
Y tiene toda la razón, porque la verdad monda y lironda es que, como lo señala la Agencia internacional de energía, sólo a partir del año 2030 empezará a aplanarse la curva de demanda por petróleo en el mundo, superando los 100 millones de barriles/día y en el escenario más optimista, en el que los países cumplan al pie de la letra sus compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París, el consumo de crudo superará los 93 millones de barriles/día. Y el principio keynesiano de que toda demanda crea su propia oferta es infalible, si no es Colombia quien lo produce y exporta siempre habrá quien ocupe su lugar, sus competidores, entre ellos el más próximo sería Venezuela. De modo que no porque Colombia lo deje de producir y exportar se dejará de consumir, de manera que serán otros países, nuestros competidores los que ocuparían el lugar de Colombia como proveedores. Bien dijo el economista y profesor de Harvard Ricardo Hausmann, “una reducción de la producción petrolera de Colombia no ayudaría al mundo, pues estimularía la producción de otras geografías, pero perjudicaría al país” 

La encrucijada para Colombia, entonces, es doble, estamos ante el riesgo de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, lo cual la obligaría a importar, afectando nuestra balanza comercial, porque no sólo dejaríamos de percibir divisas por la exportación de crudo, provocando una hiperdevaluación del peso, sino que deberá gastar sus escasas reservas de dólares para importar el crudo requerido para cargar las dos refinerías y evitar poner en riesgo el abastecimiento de combustibles. 

Por eso, los expertos y conocedores del tema han considerado fuera de lugar las reiteradas declaraciones de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez eran el sentido de que, como lo afirmó en el reciente Foro económico mundial de Davos, “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero es una señal de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Esta afirmación tan categórica, que se ha convertido en un mantra para la Ministra, tomó por sorpresa a todo el mundo, empezando por la Viceministra de energía Belizza Ruíz y el sosegado Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien había dado cuenta de un acuerdo suyo con la Ministra Vélez de atenerse a los resultados de un estudio y de unas proyecciones, que la propia Ministra había dicho que se conocería en mayo de este año.
 
Para sustentar su sorpresivo anuncio la Ministra Vélez se apoyó en un controvertido estudio hecho en volandas y con notoria falta de rigor técnico, que deja más dudas que certezas. En el mismo, aunque no se llega explícitamente a la conclusión de no conceder nuevos contratos, quien lea el controvertido y cuestionado documento Balance de contratos de hidrocarburos para la Transición energética justa, contenido en 32 páginas, avalado por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), piedra de escándalo y publicado el pasado el 13 de diciembre, entre líneas, observa que toda la argumentación está basada en cifras sesgadas e imprecisas que no resisten un análisis serio pero que inducen a dicha conclusión. 
Es de anotar que la Viceministra, quien aparece firmándolo, al apartarse de la opinión de la Ministra por considerar que las cifras utilizadas están sesgadas, son imprecisas y débil su argumentación, manifestó que su “nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento” . Y la verdad sea dicha, ni el documento lo plantea ni puede colegirse del mismo, como lo hizo la Ministra, en forma errada y errática, que no se firmen nuevos contratos. Bien se ha dicho que una mala causa empeora cuando se la trata de defender.

Según la Ministra Vélez, si se suman las reservas probadas, probables y posibles y además se les agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos de Uchuva y el bloque integrado de evaluación hechos por ECOPETROL y sus socios en el Caribe offshore se garantizará el suministro de gas más allá del 2037. Y va más lejos aún al asegurar que si se le adicionan los recursos prospectivos actuales se extendería dicho horizonte hasta el 2042 (¡!) . Estas son cuentas alegres como las de La lechera de Samaniego, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro. Según el Presidente de la Asociación de Geólogos y Geófisicos del petróleo Flover Rodriguez no se pueden confundir los recursos probados, probables y posibles (1p, 2p y 3p) con los contingentes y prospectivos. Estos últimos “están aún lejos de ser reservas, ya que estas deben ser descubiertas y ellas no lo son” . En síntesis, no se pueden sumar peras con manzanas.

Por lo demás, una de las mayores limitaciones del documento de marras es que no va más allá del mero balance de los contratos, cuando la decisión sobre si se firman o no nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos tiene unas implicaciones que van mucho más allá, tales como el impacto de tal decisión en la balanza comercial del país, el impacto fiscal, cambiario, en la afluencia de inversión extranjera, entre otros. Por ello es entendible la posición asumida por el Director de crédito público del Ministerio de Hacienda José Roberto Acosta, persuadido cómo está de que el Ministerio de Minas y Energía es la caja registradora del Estado, al salirle al paso a la Ministra Vélez y advertir que pese a su anuncio de un no rotundo a la firma de nuevos contratos “no se ha tomado la decisión sobre la suscripción de nuevos contratos de exploración. No es una decisión de gobierno…Lo dicen las cifras, necesitamos más contratos de exploración” . Él la tiene clara, sabe que lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica del país.

Es evidente que los platos rotos de una decisión tan desatinada como la de marchitar la actividad hidrocarburífera en el país la pagarían los próximos gobiernos, porque debido al efecto inercial y a la actual coyuntura de altos precios el cuatrienio del Presidente Gustavo Petro, irónicamente, va a pasar a la historia como el de mayores exportaciones de petróleo y de carbón con cifras récord tanto en volúmenes como en ingresos de divisas. De hecho en 2022 Colombia se destacó como el tercer país en crecimiento de sus exportaciones, con el 49%, después de Trinidad y Tobago (69%) y Venezuela (63%), gracias a las mayores exportaciones de petróleo y carbón. Según las estimaciones de CORFICOLOMBIANA sólo la estatal ECOPETROL le transferirá a la Nación este año $52.5 billones y contribuirá con el 3.4% del PIB.

DEL DICHO AL HECHO HAY MUCHO TRECHO

La Ministra ha repetido hasta la saciedad que “no hemos hablado de acabar contratos de exploración y explotación de petróleo y gas…No cancelaremos los contratos vigentes” . Pero, es que ello no está en discusión, ni más faltaba que se frenara en seco la actividad de la industria cuando hay de por medio unos contratos que obligan a las partes su cumplimiento. La Ministra lo admite, dejando a salvo y respetando los contratos vigentes . Aunque hay más de un centenar de contratos vigentes, nadie asegura el éxito de su actividad exploratoria dado el carácter aleatorio de la misma, que se rige por la lógica binaria de cero o uno, conforme puede darse un hallazgo cuando se perfora un pozo puede que no. 

Se trata, según ella, de “un plan para aumentar las reservas de hidrocarburos, que consta de tres partes: potenciar contratos vigentes, destrabar los suspendidos y la utilización de técnicas como la del recobro mejorado” . Ello es plausible pero no es suficiente para la seguridad energética del país. El recobro mejorado es una técnica que permite un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos petroleros en los campos maduros, aquellos que ya están en etapa de declinación. Colombia cuenta con un volúmen de petróleo original in situ de 67.4 mil millones de barriles, pero el factor de recobro real histórico ha sido de 15.8%, en contraste con el promedio a nivel internacional que ronda el 30%. De lo se sigue que por cada punto porcentual adicional del factor de recobro se podrían obtener 600 millones de barriles adicionales. Según la Ministra, “si hoy Colombia aumentara su factor de recobro a promedios internacionales, podríamos contar con un aumento de cerca del 15% en nuestros recursos de petróleo”.
 
De hecho, entre el 2010 y el 2019 se incorporaron a las reservas 216 millones de barriles. No obstante, incrementar el factor de recobro demanda cuantiosas inversiones y utilizar técnicas sofisticadas de última generación, lo cual implica mayores costos de extracción del crudo, que sólo se justifican cuando las señales de precio del crudo, que son sumamente volátiles y la regulación ambiental lo favorezcan. Hay, entonces, que superar muchas barreras para pasar del dicho al hecho. Eso no es como soplar y hacer botellas!

MÁS VALE PÁJARO EN MANO QUE CIEN VOLANDO

Sí Colombia renuncia prematuramente y en solitario a los hidrocarburos como una “señal  clara de nuestro compromiso en la lucha  contra el cambio climático”, con que vamos a suplir las divisas que dejarían de ingresar y los ingresos que dejarían de percibir departamentos y municipios. Ninguno de los países petroleros en el mundo se está planteando dejar de firmar nuevos contratos de exploración y producción (E&P). Por el contrario, Noruega, principal productor y exportador de petróleo y gas de la Unión Europea está ofertando 92 nuevos bloques para la exploración. Y ello, no obstante contar con un Fondo soberano, que no tiene Colombia, de US$1.4 trillones, alimentado por la explotación de los hidrocarburos. El Reino Unido, por su parte, hace apenas unas semanas abrió el proceso para adjudicar un centenar de nuevos contratos de E&P.

Cabe preguntarse también cómo asegurar los 350.000 barriles/día que demandan las dos refinerías para garantizar el abastecimiento de combustibles. Bien dijo Aldoux Huxley que “los hechos no dejan de existir porque se ignoren”. La única forma de mantener y/o incrementar la producción de crudo es acrecentando las reservas probadas, que son las únicas con las que se puede contar a ciencia cierta y ello no será posible si se frena la exploración. En ese sentido, como dice el adagio popular, vale más un pájaro en mano que cien volando!

Desde luego que el país no se puede resignar a seguir dependiendo, como depende, de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, a sabiendas de que en el largo plazo la demanda se va a contraer y para entonces sobrevivirán para entonces los productores con menores costos, entre los cuales no está Colombia. Se impone, entonces, la necesidad de acompasar la Transición energética con una estrategia de Transformación productiva, con el propósito de diversificar la economía y la canasta exportadora. En ello coincido con la Ministra cuando afirma qué hay que “no sólo se trata de una transformación en la matriz energética, sino de generar otras economías a escala nacional y a escala local” . Pero, ello toma su tiempo y demanda ingentes inversiones. Según estudio de FEDESARROLLO, liderado por el experto Juan Benavides, el costo anual de la Transición energética hacia el año 2035 sería del orden de los US $38.000 millones  y la única fuente de financiamiento con la que cuenta actualmente el país es justamente los que provienen de la actividad extractiva, por más que se le abomine. Como suele decirse entre los economistas, no hay almuerzo gratis!

A Chile, por ejemplo, le tomó 25 años para convertirse en uno de los mayores exportadores de frutas a nivel mundial, para no depender sólo de las exportaciones de cobre, que son del orden de los US $53.424 millones, que representan el 40.5% de sus exportaciones totales y sus ingresos por cuenta del mercado de las frutas ronda a lo sumo los US $4.800 millones, el 25% de lo que le ingresa a Colombia por concepto de sus exportaciones de petróleo (¡!). 
Una actividad a promover, dentro de ese esfuerzo de diversificación, es el turismo, pero el reto es enorme, si tenemos en cuenta que hoy por hoy los ingresos que generan esta actividad le significa a la Nación ingresos  del orden de los $4.94 billones, el 17.2% de los dividendos que le gira ECOPETROL a la Nación, que son del orden de los $28.56 billones, sin tomar en consideración lo que le reportan las exportaciones de carbón. 

Lo que no se puede es dar un salto al vacío dándole la espalda a los hidrocarburos cuando aún no tenemos al alcance de la mano otro sector, otra fuente de crecimiento, empleo e ingresos que lo sustituya. No podemos dejar lo cierto por lo dudoso . Colombia se tiene que cuidar de no incurrir en el mismo error de Alemania, que se apresuró a apagar las plantas térmicas de generación de electricidad y los reactores nucleares sin contar con la capacidad de generación suficiente a partir de FNCER, para después tener que volver a encenderlas. Y ese error lo está pagando caro . Nada nos ganamos con acelerar en neutro. Otra lección de la crisis energética que afronta Alemania y en general los países que integran la Unión Europea es que tanto o más importante que la seguridad energética es la soberanía energética, para no estar a expensas de otros países. 

Finalmente, tenemos que decir que así como es de importante que la Transición energética sea justa, única manera de que sea sostenible, también debe ser responsable. Como lo aconsejó el Presidente Luis Ignacio Lula da Silva, “mientras no tengas energías alternativas seguirás usando la energía que tienes”. Esta es una verdad de perogrullo. Como lo advirtió, con mucha antelación a la actual crisis energética global, el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, se requiere “una transición tranquila y eficiente”, a riesgo de enfrentar “una transición caótica” y, añadiría yo, traumática. Para evitarlo sólo basta tener una buena dosis de sensatez, realismo y pragmatismo.

Santa Marta, febrero 5 de 2023
www.amylkaracosta.net