A última hora, al cierre de la penúltima legislatura del Congreso de la República, el Gobierno Nacional se vio compelido, a instancias de las entidades territoriales, a convocarlo a sesiones extraordinarias con el fin de completar el trámite del proyecto de ley mediante el cual se establece la base gravable para el cobro de la sobretasa a los combustibles y así salvarla de la imposibilidad de seguirla recaudando por parte de departamentos, ciudades capitales y distritos. 

Colombia y el mundo han soportado este aciago año conturbado  por cuenta del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que ha dejado tras de si una estela de muerte y desolación. La cifras son escalofriantes: 127 millones de contagiados por la COVID-19 en todo el mundo y más de 2´791.000 fallecidos, siendo EEUU, Brasil, México e India, en su orden los países  con el mayor número de víctimas fatales.

Según ha trascendido en los medios un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de imputar el cargo de peculado en beneficio de terceros al ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo por haber contraído un crédito en dólares por US $77 millones, primero por que supuestamente “no se hicieron los estudios para sustentar la necesidad de avanzar en esa operación en una moneda extranjera y no en pesos” .

En un país en el que estamos acostumbrados a que el Estado pierda todos sus pleitos, es noticia relevante su resonante triunfo en un tribunal internacional, ante el cual interpuso la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF, hoy NATURGY), controlante de la execrada ELECTRICARIBE, una controversia y cuya pretensión era la de recibir una indemnización de casi $5 billones por una supuesta “expropiación” de la cual había sido objeto la operadora de red del Caribe colombiano.