“La realidad es aquella situación que no desaparece cuando dejes de creer en ella” Philip K Dick

La crisis fiscal que enfrenta el gobierno del Presidente Gustavo Petro dejó de ser una advertencia de los analistas para convertirse en una realidad inocultable. El creciente déficit fiscal, que crece a un ritmo endiablado de $50 billones anualmente, el aumento sostenido del endeudamiento público, la caída de los ingresos tributarios y el desbordamiento del gasto han puesto en evidencia la fragilidad de las finanzas del Estado colombiano.

El Gobierno apostó a una ambiciosa expansión del gasto público sustentada en la premisa de que la reforma tributaria garantizaría recursos suficientes para financiar sus programas sociales y sus promesas de transformación económica. Sin embargo, después de la reforma tributaria de 2022 (Ley 2277), cuyo mayor recaudo se esfumó, los intentos de otras se le frustró al gobierno y el menor crecimiento económico, la desaceleración de sectores estratégicos y la reducción de la inversión privada terminaron afectando el recaudo fiscal, generando un preocupante desbalance entre ingresos y gastos.

A ello se suma el debilitamiento deliberado de sectores que históricamente han contribuido de manera significativa a las finanzas nacionales, como el minero-energético. La incertidumbre regulatoria, los mensajes contradictorios frente a la exploración de hidrocarburos y las restricciones a nuevos proyectos han impactado la confianza inversionista y reducido las expectativas de ingresos futuros provenientes del petróleo y el gas, pilares fundamentales de las exportaciones y de los recursos fiscales del país.

La situación se agrava por el incremento del servicio de la deuda pública. Hoy una proporción cada vez mayor del presupuesto nacional debe destinarse al pago de intereses y amortizaciones, limitando el margen de maniobra del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación y seguridad. En efecto, según la CARF, de cada $100 que se recauda del pago de impuestos $36 se van en intereses de la deuda pública. En otras palabras, el Gobierno dispone de menos recursos para atender las necesidades sociales porque una parte creciente del presupuesto está comprometida con la deuda.

Otro elemento preocupante es la pérdida de credibilidad frente a los mercados y las agencias calificadoras. La incertidumbre sobre el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas se ha traducido en mayores costos de financiamiento para el país, afectando tanto al Estado como al sector privado.
En mi modesto concepto, el hecho de que la exhausta caja de la Nación cayera un 45.7%, desde los $13.8 billones en abril de 2025 a los $7.5 billones, es solo la punta del iceberg. En efecto, estamos en presencia de un déficit estructural de las finanzas del gobierno central, el cual refleja el descalce entre los ingresos del orden del 16.3% del PIB y el gasto, que alcanza el 22.7%. Estamos en presencia de un verdadero desbarajuste fiscal!

Este stress y la incontinencia del gasto, advertida por el Comité autónomo de la Regla fiscal (CARF), que llevó al gobierno a pausar el cumplimiento de la Regla fiscal, apelando a la válvula de escape, ha llevado al gobierno a endeudarse exageradamente.  Basta decir que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) de Colombia alcanzó la cifra histórica de $ 1.238 billones, lo que representa un incremento cercano al 20% en un solo año y un aumento de más de $433 billones desde agosto de 202!
El Gobierno central acusa un déficit primario (excluyendo intereses de la deuda) de 3.6%, según la CEPAL el más alto de Latinoamérica. El déficit fiscal cerró el año anterior en 6.4%. El abultado déficit y el creciente endeudamiento afectan la sostenibilidad fiscal, lo cual le ha valido a la Nación la rebaja de la calificación de la deuda soberana, así como el mayor costo de su deuda y de su endeudamiento, al punto que la mayor prima de riesgo le ha significado pagar tasas de colocación de su deuda  que como la más reciente escaló hasta el 14.46%, la más alta en los últimos 23 años. Lo advirtió recientemente la Contraloría General: “el mantenimiento de tasas elevadas de la colocación de la deuda podría aumentar significativamente la carga fiscal del servicio de la deuda”. 

A este respecto llama poderosamente la atención las declaraciones del Director de crédito público del Ministerio de Hacienda Javier Cuellar, para quien “los TES no están en este nivel por las primas de riesgo fiscal sino por un cambio en las expectativas de política monetaria”. Y fue más lejos al afirmar sin sonrojarse  que ello “es algo más reputacional que legal y como un caballero, digo: me equivoqué en el pronóstico respecto a la estrategia en el manejo de la deuda pública. No lo volveré a hacer”, sentenció (¡!). 

De ello se sigue una mayor erogación para cubrir el servicio de la deuda. Como botón de muestra tenemos la apropiación de $46 billones más en dicho rubro en el PGN para el 2027, partida esta que explica por sí sola el incremento del aforo presupuestal para el año entrante, constituyéndose en la mayor de todas después de la educación, restándole de paso espacio para la inversión, que siempre es la sacrificada. Esta partida es la verdadera inflexibilidad del gasto público de que tanto se queja el gobierno para justificar sus fallidos intentos de pasar una nueva reforma tributaria por el Congreso de la República. 

La advertencia de la CARF es tajante: hay que “evitar una trayectoria insostenible  de la deuda, que inequívocamente resultaría en un episodio de alto stress financiero, implica un ajuste fiscal sin precedente de entre 4% y 5% del PIB en el próximo cuatrienio”. Huelga decir que tampoco es sostenible un crecimiento del PIB cuyo principal motor sea el gasto público!

Cabe advertir el hecho de que el elevado déficit fiscal se ha venido a sumar al creciente déficit de la Cuenta corriente de la Balanza de pagos. El déficit de la Balanza comercial pasó de US $10.807 millones en 2024 a los US $16.377 millones, para un incremento del 51,5%. Los denominados déficits gemelos (déficit fiscal + déficit en cuenta corriente de la Balanza de pagos) alcanzaron el -8.8%, siendo este el mayor en la última década!

En suma, la crisis fiscal no es únicamente un problema contable. Sus efectos terminan golpeando directamente a los ciudadanos: más inflación, menor inversión, desaceleración económica, menos empleo y reducción de la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales. Cuando las finanzas públicas se deterioran, toda la economía termina resintiéndose. Colombia necesita recuperar la confianza, garantizar estabilidad jurídica y promover el crecimiento económico como condición indispensable para sanear las finanzas públicas. No hay reforma social sostenible sin una economía fuerte que la respalde. La disciplina fiscal, lejos de ser una obsesión tecnocrática, constituye una condición esencial para preservar la estabilidad.

El gobierno entrante deberá atender, si o si, el llamado del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) al Gobierno nacional para que adopte un ajuste fiscal serio y creíble refleja la creciente preocupación por el deterioro de las finanzas públicas del país. Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido que el aumento del déficit fiscal, el crecimiento acelerado de la deuda y la caída de los ingresos obligan a tomar medidas responsables para preservar la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados.

El ajuste fiscal requerido será una ímproba tarea, puesto que implica adoptar decisiones difíciles pero necesarias: racionalizar el gasto, priorizar la inversión productiva, controlar el crecimiento del endeudamiento y fortalecer las fuentes permanentes de ingresos. No se trata únicamente de reducir el déficit en el corto plazo, sino de enviar señales claras de disciplina y responsabilidad fiscal.

En momentos de incertidumbre internacional, volatilidad de los precios del petróleo y desaceleración económica, mantener unas finanzas públicas sanas es fundamental para proteger la estabilidad económica y social del país. La sostenibilidad fiscal no es un asunto ideológico; es una condición indispensable para garantizar la viabilidad de las políticas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.

Una reflexión final. La inversión y el consumo, que integran la demanda agregada, son los dos principales motores del crecimiento del PIB, sobre todo en el corto plazo, de la generación de empleo e ingresos. Sólo el consumo de los hogares representa entre el 65% y el 70% del PIB. No obstante, Cuando el crecimiento de la economía depende sólo del consumo es muy frágil, sobre todo sino viene acompasado de progresos en productividad y competitividad. Preocupa sobremanera la alta dependencia del consumo, mientras la inversión viene perdiendo participación en el PIB, dado que ello afecta el crecimiento potencial. Tanto más en cuanto que el mayor consumo es el desaforado gasto corriente del Estado es el que viene dándole el mayor impulso al magro crecimiento que registra la economía. Según el presidente de ANIF José Ignacio López, “de cada $100 de ingreso, estamos dedicando 17 para gasto del gobierno y $16 para invertir en el futuro del país”. 

Es  de anotar  que, según el Observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, el gasto del Gobierno central asociado al empleo público, en el país, la burocracia,  subió 13% entre 2022 y 2025, hasta los $190.8 billones en 2025, mientras que el número de cargos creció 4% al llegar a 1.46 millones, la mayoría son órdenes de prestación de servicio. Fue motivo de escándalo y controversia la firma  85.826 contratos  de prestación de servicios por valor de $5.1 billones entre el 1º y el 28 de enero, en vísperas de la entrada en vigencia de la burlada Ley de garantías electorales.

Entre tanto, la inversión (formación bruta de capital), que es el que sustenta y determina el futuro crecimiento del PIB viene de capa caída. Mientras en 2015 la misma representó el 23.4% del PIB ahora sólo participa con el 15.2%, 8.2 puntos porcentuales menos. Y, como bien lo dice el Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, “si el país no logra elevar su tasa de inversión por encima del 20% del PIB, seguirá atrapado en una senda de crecimiento inferior al 3% anual, un ritmo insuficiente para cerrar brechas sociales y sostener un proceso robusto de desarrollo económico”. Y de contera, afecta también los ingresos de la Nación, toda vez que por cada punto que deja de crecer el PIB se dejan de recaudar $5 billones (¡!). Dicho sea de paso, a pesar de tres reformas tributarias entre 2019 y 2022, que fue la última, el recaudo sólo aumentó 0.4 puntos porcentuales del PIB, ubicándose en un modesto 14.4%, cumpliéndose al pie de la letra la Ley de Laffer, en el sentido que no siempre subir los impuestos aumenta el recaudo, pues este se ve menguado por la tendencia a evadir y eludir su pago.

Y salta a la vista que el gran impulsor del crecimiento, que sigue siendo anémico, sigue siendo el gasto público, que le sirve de esteroide anabólico a la economía. Tan cierto es esto que, según análisis elaborado por Lumen, con base en las cifras del DANE, de no haber sido por el gasto del gobierno, en el primer trimestre de este año que registró un crecimiento ralentizado de 2.2%, este habría sido de un irrisorio 1.2%. En concepto de Luis Fernando Mejía, “el gasto público ha sido el principal motor de la aceleración reciente del PIB. Esta dinámica enmascara una recuperación más débil del sector privado y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este crecimiento en el mediano plazo”. El contraste no puede ser mayor, mientras el gasto del Gobierno creció 7.8% el de los hogares sólo 2.7%. Ello explica que el 46% del crecimiento del primer trimestre de este año lo explica el gasto público. 
 
Como lo sostiene el profesor del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana Andrés Giraldo, “la noticia más mala que dejan los resultados del PIB, es que la base del crecimiento es el gasto del Gobierno”. En efecto, la administración pública, defensa, educación y actividades conexas de la salud, en su conjunto, fue el rubro que más creció, con el 5.7%, muy superior al crecimiento en el mismo período un año atrás, 3.3% y fue además la que más aportó al crecimiento en el trimestre, 0.9 puntos porcentuales. 

Barranquilla, mayo 24 de 2026
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