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SE APAGA ELECTRICARIBE

LA PESADILLA DE ELECTRICARIBE
Mis palabras en la plenaria del Senado de la República en 1998 al oponerme a la privatización de la prestación del servicio de energía en la región Caribe, afirmando que íbamos a salir de las llamas para caer en las brasas, resultaron premonitorias. 22 años después podemos decir que la calidad de la prestación de este servicio esencial por parte de ELECTRICARIBE no está mejor que cuando estuvo peor, violando flagrantemente la Ley eléctrica y la de Servicios públicos que establece que tal servicio se debe prestar con eficiencia, calidad y continuidad.


ELECTRICARIBE, con sus continuos y prolongados cortes de energía, muchas veces disfrazados con supuestos “mantenimientos”, que superaban las 90 horas/ año, el doble del promedio nacional de 45.5 horas/año, así como las recurrentes oscilaciones de voltaje con el consiguiente daño de los electrodomésticos, se convirtió en una pesadilla para sus resignados usuarios. Cuando llegó al extremo del impago a los generadores de la energía que compraba para su distribución y la excesiva exposición en Bolsa, presionando al alza las tarifas y la inminencia de una crisis sistémica que hubiera afectado a toda la cadena a nivel nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos se vió precisada a intervenirla . 
Como lo afirmó la Superintendencia al momento de proceder a hacerla efectiva el 14 de noviembre de 2016, “la toma de posesión de ELECTRICARIBE es una decisión proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento”. Y no era para menos, pues al fin y al cabo, como lo manda la Constitución Política , el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios públicos.

LA INTERVENCIÓN Y EL RESCATE DE ELECTRICARIBE
La intervención de ELECTRICARIBE por parte de la Superintendencia derivó en su liquidación y en la apertura posteriormente de un proceso para el cambio de operador de red del mercado del Caribe, el cual terminó segmentándose en dos, Caribe Mar y Caribe Sol. ELECTRICARIBE pasó en manos de la Superintendencia de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidados intermedios y para su frágil estabilización el Gobierno Nacional tuvo que inyectarle por vía intravenosa, mediante el Fondo empresarial de la Superintendencia, $5.4 billones. Esta cifra se desagrega de la siguiente manera: $4.1 billones para mantener su operación, $460.000 millones de garantías para respaldar la compra de la energía y créditos y $860.000 millones para invertir en la infraestructura en las redes de transmisión local y de distribución. 
Esta inversión se vino a sumar a los $3 billones invertidos en el refuerzo del Sistema de transmisión nacional (RTN) contemplado en el Plan5Caribe que estructuramos desde el Ministerio con el concurso de la Unidad de Planeación Minero – energético (UPME) en 2014. Dicho sea de paso, estos proyectos fueron adjudicados mediante convocatoria de la UPME y el costo de su ejecución lo pagan finalmente los usuarios vía tarifa.  
En el entretanto, se aprobó a través de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo un salvavidas para mantener a flote a la empresa y posibilitar la consecución de los dos nuevos operadores. Al tiempo que la Nación asumió el pasivo pensional y prestacional de la empresa calculado en $1.53 billones , se dejó claramente establecido que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público, la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas” por parte de ELECTRICARIBE . Dicho de otra manera, los nuevos operadores adquirieron los activos de ELECTRICARIBE libres de paja y polvo, sin el lastre de sus deudas y pasivos, los cuales fueron asumidos íntegramente por parte de la Nación.
Y, “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe” se facultó al Gobierno Nacional “para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria para Electrificadora del Caribe S. A E.S.P o las empresas derivadas…que se constituyan  en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad. Este régimen regulatorio especial deberá establecer que la variación en las tarifas para esta región sea al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional” .
Con tal fin la CREG expidió la Resolución 010 el pasado 30 de enero “por la cual se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe”. Posteriormente se expidió por parte del Ministerio de Minas y Energía, “para asegurar la sostenibilidad de la prestación eficiente del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la Costa Caribe", el Decreto 1231 de 2020, mediante el cual se autoriza un incremento del 3% en el cargo de comercialización, que representa un 15% del Costo Unitario (CU), que es el valor de la tarifa del servicio prestado al usuario final. De otra parte, se expidió la Resolución 167 de 2020 por parte de la CREG tendiente a flexibilizar el control de la ejecución de los planes de recuperación de pérdidas de energía por parte de los operadores de red previsto en la Resolución 015 de 2018, dándoles un período de gracia en atención a la anomalía del mercado atribuible a la pandemia del COVID – 19. Es de anotar que el nivel de pérdidas de ELECTRICARIBE, por encima del 26%, está desfasada en 10 puntos porcentuales con respecto al promedio nacional que está en el 16% (¡!).
Se estima que estas medidas se traducirán en un incremento del 20% en las tarifas a partir del 2021, alza que podrá amortiguarse por parte de los nuevos operadores extendiendo por parte de la CREG la aplicación de la opción tarifaria para el componente variable del Costo unitario establecido a través del Decreto de Emergencia Económica 417 del 17 de marzo, que permite suavizar el impacto en el bolsillo de los usuarios .

CARIBE MAR Y CARIBE SOL
Las condiciones, entonces, estaban dadas y se había allanado el camino para el relevo de ELECTRICARIBE como operador de red en la región Caribe. El pasado 20 de marzo, como resultado de la subasta que abrió la Superintendencia de Servicios se adjudico el mercado de Caribe Mar a las Empresas públicas de Medellín, que comprende los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar y el de Caribe Sol, que comprende los departamentos de Atlántico, Magdalena y La guajira al Consorcio Energía de la Costa, en proporción de 10.9% y 10.8%, respectivamente, de los 2.7 millones de usuarios, que representan el 23% de la demanda de energía en Colombia . 

 

Amylkar Acosta Medina

Amylkar David Acosta Medina1​ ( Monguí, La Guajira 1950) es un economista y político colombiano miembro del Partido Liberal. Se desempeñó como senador de la República2​ y entre 1997 y 1998 fue presidente del Senado. En el gobierno de Juan Manuel Santos fue ministro de Minas y Energía.