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Como es bien sabido, el Ministro de Hacienda Germán Ávila radicó en el Congreso de la República el proyecto de n del Presupuesto General de la Nación (PGN)  para la vigencia de 2026 aforado en un monto de $556.9 billones, equivalente al 28.9% del PIB, con un incremento del 9% con relación a los $511 billones de la actual vigencia y del 14.1%, si se excluye el rubro de servicio de la deuda. Concomitantemente presentó también a su consideración un proyecto de ley de financiamiento contentiva de una reforma tributaria con el fin, según el, de que “se discuta paralelamente con la propuesta de PGN”. 

¡Una mala causa empeora cuando se la trata de defender!

Vamos a “reactivar el suministro de gas desde Venezuela”, ha dicho el Ministro de Minas y Energía Edwin Palma, cuando desde allá Colombia no ha recibido una sola molécula de gas, no se puede reactivar lo que nunca ha estado activo. Colombia cumplió su parte y durante   7 años (2008-2015), más allá de lo pactado, le suministro a Venezuela, en promedio 150 MMPCD.

La devolución de dos títulos al Estado por parte de PRODECO-GLENCOR tuvo lugar en 2021. Falló el gobierno Duque al no proceder a recibirlos y ofertarlos. Llegó este gobierno y el entonces Presidente de la ANM Álvaro Pardo dijo que en este cuatrienio “no se van a entregar más contratos de gran minería a cielo abierto y lo vamos a cumplir " y lo han cumplido. Y después de más de tres años de este gobierno es que se les ocurre dizque activar el llamado por él como “corredor de la vida” y que con tal fin  van a “revisar proyectos”. Cuales? Es la pregunta.

La situación del sector energético tiende a gravarse, viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente.

Como se recordará, Air-e fue intervenida en septiembre del año pasado, a solicitud de la propia empresa, motivada en su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de caja. El objetivo, entonces, de la intervención era darle a Air-e la solvencia, liquidez y flujo de caja requeridas, que le permitiera operar y prestar el servicio de energía a sus 1.2 millones de usuarios en las condiciones de eficiencia, calidad, continuidad y equidad establecidas en la Ley eléctrica (143 de 1994).