A propósito del Proyecto de reforma tributaria “para la igualdad y la justicia social” radicado en la Comisión tercera de la Cámara de Representantes por parte del Ministro de Hacienda y Crédito público José Antonio Ocampo Gaviria y con el fin de animar el debate en torno al mismo y ponerlo en contexto, me permito compartirle el análisis que hice hace ya 10 años en torno al Government take en la actividad extractiva en Colombia.

En el mismo me refiero a dos de las propuestas contenidas en esta iniciativa que se debate en Congreso de la República. 
En primer lugar, en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de dicho proyecto se plantea establecer un impuesto del 10% a las exportaciones de petróleo, carbón y oro. En segundo lugar, en el parágrafo 1 del artículo 12 se propone la no deducibilidad del pago de regalías del impuesto de renta. 
Con respecto a este último, es preciso señalar como antecedente que ante una acción popular interpuesta por la Procuraduría general de la Nación ante el Tribunal Contencioso Administrativo  de La guajira, solicitando la nulidad del concepto emitido por parte de la DIAN No. 015766, calendado el 17 de marzo de 2005, haciendo extensivo  “a las empresas privadas la exención tributaria contenida en el artículo 116 del Estatuto tributario, de la cual sólo pueden beneficiarse los organismos descentralizados”, en Sentencia proferida el 15 de agosto de 2018 amparó “los derechos e intereses colectivos” vulnerados por el mismo. 
En su fallo, el Tribunal decretó la nulidad de dicho concepto y ordenó a la DIAN “efectuar una liquidación que determine con claridad el monto  de los recursos que ha dejado de percibir la Nación durante la vigencia” del mismo. Desde luego este fallo fue apelado por parte de las empresas beneficiarias ante el Consejo de Estado en septiembre de 2018 y 4 años después este sigue sin pronunciarse. No obstante que en su providencia le dio traslado a las partes para “Alegar de conclusiones”, vencidos los términos, tanto el Ministerio de Hacienda como la DIAN hicieron hecho mutis por el foro. Ello amerita la pronta y diligente intervención de la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado. 

Bogotá, agosto 10 de 2022
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ANEXO: lo anunciado