La península de La guajira hizo parte del Estado soberano del Magdalena, del cual fue Presidente el tribuno camaronero Luis Antonio El Negro Robles, hasta el año 1871, siendo Presidente de los Estados Unidos de Colombia (1870 – 1872) Eustorgio Salgar, cuando en virtud de la Ley 153 el mismo cedió su territorio a la Nación, integrándose a los llamados para entonces Territorios nacionales. 

Posteriormente, en el año 1898 fue expedida la Ley 34, en vísperas de la guerra de los Mil días, mediante la cual se sustrae de los mismos y adquiere el carácter de Comisaría especial, con capital en Guaranguro primero,  la cual fue trasladada  a San Antonio y a Uribia después. Más adelante, el Presidente de facto Gustavo Rojas Pinilla expidió el 13 de junio de 1954 el Decreto 1824 creando la Intendencia de La guajira con capital Riohacha. Y, finalmente, el Acto legislativo 01 de diciembre 28, que entró en vigor el 1º de julio de 1965, le dio vida al Departamento. Uribia sigue siendo considerada como la Capital indígena de Colombia por su densidad poblacional aborigen.
Arriba, entonces, el Departamento de La Guajira a sus 57 años, en momentos en que por primera vez dos destacadas líderes Wayüu, Martha Peralta y Karmen Ramírez asumirán su investidura de Senadora de la República y Representante a la Cámara por la circunscripción internacional, respectivamente, el 20 de julio y el recién elegido Presidente de la República Gustavo Petro se apresta a asumir la conducción de los destinos de la Nación a partir del 7 de agosto. Este es un escenario inédito, en el cual el pueblo Wayüu ostenta la más alta representación de nuestro Departamento y nuestro país será regido, por primera vez, por un gobierno de izquierda. La expectativa no es menor. 
La guajira y los guajiros abrigamos la esperanza de que el cambio por el que se manifestó el 68.5% de los sufragantes en primera vuelta, optando por la propuesta del Pacto histórico en la segunda, se traduzca en un mejor trato por parte del gobierno central. Empezando por el cumplimiento de la Sentencia T – 302 del 2017 de la Corte Constitucional que ampara el derecho a la vida y a la salud de la comunidad Wayüu, poniendo en práctica el Documento CONPES 3944 de 2018 y la culminación de las obras del proyecto multipropósito de la represa del Ranchería dispuesta en el  Documento CONPES 3926 de 2018.
Según ha anunciado el electo Presidente Petro, ya él se comunicó con el gobierno venezolano “para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”. Como es bien sabido La Guajira comparte con el Estado Zulia de Venezuela 249 kilómetros de frontera terrestre, la misma que no pasa de ser para el pueblo Wayüu lo que en efecto es, sólo una línea imaginaria, pues históricamente su territorio es uno sólo e indivisible en el cual los arijuna se han  encargado de establecer barreras artificiales. 
Así como La Guajira ha sido uno de los departamentos más damnificados con el cierre de la frontera, ahora está llamada a beneficiarse de su reapertura oficial, lo cual contribuirá a la reactivación de su economía, especialmente del comercio que representa el 8.2% de su PIB, pero participa con el 22% del empleo. Desafortunadamente ni La Guajira ni el país se han preparado para esta nueva realidad, que se constituye en una ventana de oportunidad, por ello es menester que el Ministerio de Comercio, industria y turismo le de la mano apoyando a las pequeñas y medianas empresas que tanto lo requieren, tanto más en cuanto que se vieron muy afectadas por la crisis pandémica y aún no se reponen del daño infligido.
Es esta, también la oportunidad para que la DIAN flexibilice su actuar y permita que la Zona aduanera especial (ZAE) creada mediante el decreto 2685 de 1999, la cual promovimos a nuestro paso por el Senado de la República, reglamentada posteriormente por el decreto 1165 de 2019, opere debidamente. Es esta, además, la oportunidad de poner en marcha la Ley 2135, sancionada el 4 de agosto de 2021, a través de la cual se establece un régimen especial para los departamentos fronterizos, pero que hasta ahora no se le ha dado ningún desarrollo. Y, a propósito de fronteras, ojalá el nuevo gobierno les preste más atención, que las mismas dejen de ser plato de segunda mesa, dado que en la última década han tenido un tratamiento desdeñoso y despectivo.
La Guajira, definitivamente, merece una mejor suerte que la que le han deparado las casi seis década de vida política administrativa como Departamento. Claro está que este también debe poner de su parte, porque si bien desde el gobierno central ven a La Guajira como gallina que mira sal, la corrupción administrativa y la pérdida de gobernabilidad regional y local le han hecho mucho daño, empezando por la pérdida de la confianza, que es el cimiento de la institucionalidad. Sólo superando estos dos escollos podremos avanzar hacia un futuro mejor!

Bogotá, junio 30 de 2022
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