Colombia participó activamente en la 21ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21) en 2015, en la cual se suscribió el Acuerdo de París, el cual fue ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 1844 de 2017, lo cual significa que el mismo es vinculante para nuestro país. El propósito fundamental del mismo es la descarbonización de la economía, para lo cual Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de GEI en un 51% hacia el año 2030. Ese mismo año se aprobaron también los Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), una iniciativa de Colombia que fue acogida por la ONU y el 7º de ellos prevé el acceso al servicio de energía limpia. El Documento CONPES 3918 de 2018 contempla la estrategia de su implementación. 

El Acuerdo de París y los ODS, suscritos en 2015, se han constituido en los dos pilares de la Transición energética, que se propone migrar desde las fuentes de energías de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). No existe una única hoja de ruta de dicha Transición, cada país se dará la suya, acordes con sus propias realidades y especificidades. En ello debe primar el pragmatismo. 

El anterior gobierno de Iván Duque estableció un derrotero de la Transición energética mediante el documento CONPES 4075 de 2022, el cual tuvo como insumo las recomendaciones de la Misión de Transformación energética que se conformó en 2019, cuyo Informe se conoció un año después. Indudablemente el banderazo en la grilla de partida de la Transición energética se la dio la expedición de la Ley 1715 de 2014, al dar paso a las primeras subastas de FNCER. Posteriormente la Ley 2099 de 2021 amplió su alcance y el espectro de sus beneficios, desplegando el abanico de las renovables, extendiéndoselos a la eficiencia energética, a la captura de CO2, así como al almacenamiento de energía a gran escala.

La administración Petro ha querido ponerle su propia impronta a la Transición energética, priorizando su “enfoque social” , habiendo sido este uno de los principales ejes de su programa de gobierno y busca también darle mayor celeridad a la misma. Desde Egipto, en donde se adelanta la 27ª Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez presentó el cronograma que le permitirá al actual gobierno darle al país, a través de un “diálogo social”  que tomará seis meses, la nueva “Hoja de ruta de la Transición energética justa en Colombia”.
 
Colombia, como el resto del mundo tiene una matriz energética en la que predominan, con el 66% las fuentes de energía de origen fósil (carbón, petróleo y gas natural). Se impone, entonces la necesidad de reducir su consumo y el camino es la electrificación de la economía, pero como ello no se va a lograr de la noche a la mañana hay que mejorar la calidad de los combustibles que consume el parque automotor, como lo viene haciendo Colombia con la mezcla de los biocombustibles y con el uso del gas vehicular, que es menos contaminante que la gasolina - motor. 

En cambio su matriz eléctrica es muy diferente en su composición con respecto al resto del mundo, ya que la generación térmica participa sólo con el 30%, lo cual contrasta con el 64.9% a nivel mundial. Ello explica que mientras a nivel global el sector energético contribuye con el 73.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático, en Colombia sólo contribuye con el 31% y sólo 5 puntos porcentuales por cuenta de la generación y uso de la electricidad.

Ello es muy importante, habida cuenta que el parque automotor es responsable del 12% de las emisiones de GEI, amén de las de material particulado que contaminan el medioambiente. Huelga decir que el porcentaje de las mezclas de los biocombustibles, así como la sustitución de la gasolina – motor por gas natural contribuyen a la seguridad energética del país, toda vez que reducen los volúmenes de importación de combustibles. Y de contera, es importante resaltar que en la medida que los cultivos de caña y palma, para producir la materia prima de los mismos, amplían la frontera agrícola, impulsando el sector agrícola, en el cual participa con el 5.8% y contribuyendo de esta manera a la diversificación de la economía, sin la cual la Transición energética será inviable e insostenible en nuestro país.

En Colombia la principal fuente de emisiones de GEI es el cambio de uso del suelo, la ganadería y sobre todo la deforestación, que representan el 59% de las mismas. De allí que, como lo afirma el reputado ambientalista, consultor del PNUD y profesor Juan Pablo Ruiz, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos” . Ese es el énfasis que hay que ponerle a la estrategia de reducir la huella de carbono en Colombia. 

Respecto a los hidrocarburos advierte Ruiz que “si limitamos la oferta nacional de hidrocarburos porque no seguimos buscando petróleo y gas, sin reducir antes su demanda, en un futuro cercano (ocho a doce años) tendremos que importar hidrocarburos” . Además, la demanda por petróleo en el mundo, según la Agencia internacional de energía (AIE) sólo se aplanará a partir del 2030 y bien dijo Keynes que toda demanda crea su propia oferta, de manera que si Colombia lo dejara de producir y exportar serán otros países, sus competidores, los que satisfarán esa demanda. Así de claro. Por ello podemos decir de los hidrocarburos que es preferible tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos y peor que depender de los hidrocarburos, como efecto dependemos, es depender de su importación.

En cuanto a la matriz eléctrica de Colombia es muy diferente en su composición con respecto al resto del mundo, ya que la generación térmica participa sólo con el 30%, lo cual contrasta con el 64.9% a nivel mundial. Ello explica que mientras a nivel global el sector energético contribuye con el 73.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático, en Colombia sólo contribuye con el 31% y sólo 5 puntos porcentuales por cuenta de la generación de la generación y uso de la electricidad. 

Desde luego, un componente fundamental de la hoja de ruta de la Transición en Colombia es la integración de las fuentes no convencionales de energías no renovables (FNCER) a la matriz, porque, además de contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, la robustece y diversifica aún más, pero sobre todo porque la torna más resiliente frente al Cambio climático, dada su vulnerabilidad por depender la capacidad instalada de generación en una gran proporción del recurso hídrico. La complementariedad y el respaldo recíproco entre las FNCER y las fuentes convencionales son claves para la seguridad energética del país. Esta es una de las lecciones aprendidas de la gran crisis energética que sacude a los países que integran la Unión Europea (UE): que la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. 

Por ello, vemos con preocupación que el atraso ostensible de la ejecución del proyecto de HIDROITUANGO y la entrada de los parques eólicos en La Guajira, que sumados representan el 27% de la demanda de energía, además de estresar el sistema y presionar al alza los precios y por ende las tarifas de energía, como los han venido presionando, están poniendo en riesgo la firmeza y confiabilidad de la prestación de este servicio, abocándonos, de presentarse el fenómeno de El Niño, que no se descarta, a un racionamiento de energía hacia los años 2024 - 2025.

Bogotá, noviembre 11 de 2022
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