¡La energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere y la más barata es la que ahorramos haciendo un uso más racional y eficiente de la misma!

DEL RIESGO INMANENTE AL RIESGO INMINENTE

Primero fue la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez quien en el curso de un debate de control político al que había sido citada al Senado de la República, la que afirmó categóricamente en marzo de este año que “no tenemos un riesgo de racionamiento de energía eléctrica, esa es una información falsa que no tiene sustento técnico. No hay necesidad de generar este tipo de alarmas” . La razón esgrimida por la Ministra para descartarlo fue tajante: “los embalses del país están por encima del promedio de hace dos décadas, los niveles actuales también son superiores si se comparan con los registrados en 2015, cuando se presentó el fenómeno del Niño” .

En su momento, frente a estas afirmaciones de la Ministra, hicimos la salvedad de que, si bien no estábamos ante el riesgo inminente de un racionamiento, sí estábamos ante un riesgo inmanente del mismo, en razón de que el 68% de la capacidad instalada de generación es hídrica y al depender esta del nivel de los embalses, ello constituía una gran vulnerabilidad ante la ocurrencia de un fenómeno de El Niño, con la consiguiente sequía y baja pluviosidad, del cual nunca se sabe cuál va a ser su intensidad y duración. Cuanto más en cuanto que sólo uno de los embalses que sirven a las 28 hidroeléctricas que operan en el país, el de El Peñol – Guatapé, tiene una capacidad de regulación superior al año, el resto no supera los 4 meses . 

Dicho sea de paso, según el más reciente Boletín del Centro de predicciones de la Administración  Nacional Oceánica y Atmosférica (La NOOA, por sus siglas en inglés), la presencia de las condiciones del fenómeno del Niño se prolongará hasta junio de 2024 (¡!). Y de contera, la probabilidad de que sea más severo ha pasado, según la misma fuente, del 56% a mediados de año al 71% actualmente.

A propósito, el novel Ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho  asegura que “tenemos energía para superar El Niño” . No obstante, como es bien sabido, los embalses tienen una capacidad de almacenamiento de agua que a lo sumo soportan 13.400 GWH, de los cuales de utilizan 220 GWH/día. A causa del fenómeno de El Niño el aporte hídrico a los embalses se aminora y las precipitaciones pueden alcanzar los 100 GWH/día. De tal suerte que, por una simple operación aritmética de sumas y restas, si se consumen 220 GWH/día y sólo se recuperan 100 GWH/día, progresivamente va bajando el nivel del embalse, que en condiciones de hidrología crítica podría llegar a estar por debajo del 63%, considerado como el nivel mínimo operativo. Se calcula que los embalses pierden en promedio 0.4% diario, de modo que transcurridos diez días habrá bajado el 4%. Como afirma la Presidenta de ACOLGEN Natalia Gutiérrez “pasados 20 días podríamos ubicarnos por debajo del nivel mínimo de embalses establecido por el Gobierno y en menos de 4 meses podríamos quedar sin generación hidráulica” . No lo decimos, entonces a humo de paja.

Tanta es la preocupación por el comportamiento de los embalses, que para septiembre el nivel agregado de los mismos se ubicó en un 73.68% del volumen útil, 7.08 puntos porcentuales por debajo del nivel reportado al cierre del mes de agosto  y por consiguiente baja la disponibilidad de energía hídrica que, tal como lo asegura el Presidente de ISAGEN Camilo Marulanda, “el agua que está ingresando a los embalses de Colombia, sólo es suficiente para generar cerca del 55% de la energía que se consume en el país cada día y llevamos cinco meses con aportes por debajo de la media histórica” . Y por ello, manifiesta su preocupación en el sentido que dicha empresa no cuenta con excedentes de energía para contratar y mucho menos para vender en Bolsa, es más, se ha visto precisada a salir a comprar energía en Bolsa para poder honrar sus compromisos contractuales de entrega de energía a las comercializadoras (¡!). 

Huelga decir que, para sortear situaciones como esta, el Sistema interconectado nacional (SIN) cuenta con un parque de generación térmica que lo integran 20 plantas, con una capacidad de 5.700 MW de potencia, las cuales le sirven de respaldo a las hídricas. En períodos normales la generación de energía térmica es del alrededor de los 40 GWH/día. En los días que corren se ha elevado hasta los 90 GWH/día, para poder suplir la energía que están dejando de generar las hidroeléctricas, las cuales han empezado a “guardar” agua y así poder cumplir en los próximos meses con la entrega de la energía contratada. Y, como es apenas obvio, según lo explica la Presidenta de ACOLGEN Natalia Gutiérrez,  “esta generación es más costosa y refleja el costo de los combustibles, la poca expansión de la oferta de gas local en los últimos años y los incrementos en el precio de los combustibles fósiles en el mundo, lo que ha llevado a tocar los $1.000 por kilovatio hora en la Bolsa de energía” . 

A poco andar XM, que es la empresa que opera el Sistema interconectado nacional y administra el mercado mayorista, informó que le había venido dando señales al Gobierno y obviamente a los agentes del mercado (generadores, comercializadores, transmisores, distribuidores de energía y usuarios) de la imposibilidad de garantizar en forma segura el abastecimiento de energía  en la región Caribe y el Chocó. Ello, debido “al agotamiento de la red de transmisión” , a causa del atraso de la ejecución de los proyectos de expansión de la misma, lo que se traduce en “demanda no atendida” , que es como llama XM eufemísticamente el racionamiento al cual nos tienen sometidos.
Y más recientemente, el 2 de octubre, XM revela lo que era un secreto a voces, el posible apagón financiero de las empresas eléctricas: estaba a punto de darse un efecto dominó que podría llevar al colapso a 36 empresas del sector, el que podría derivar en el temido apagón . Ello, a consecuencia de la acumulación de una deuda contraída por los usuarios desde el 2020, cuando debido a la crisis pandémica el Gobierno Duque apeló a la opción tarifaria para diferir en el tiempo, mediante la Resolución de la CREG 012 de 2020, no para congelar, como lo sostiene el Ministro de Minas , las alzas tarifarias y cuyo saldo cerró el mes de septiembre en $5.15 billones, suma esta que puede sobrepasar los $7 al cierre del año. No es cierto tampoco que “hoy esa medida tiene pagando esa deuda a los usuarios, quienes pagan facturas con precios exorbitantes” . No, dicho monto está en el balance de las empresas como deuda por cobrar y esta está en cabeza de los usuarios. 

AL BORDE DE LA LIMITACIÓN DE SUMINISTRO

Afirma el Ministro que la aplicación de la opción tarifaria, que data desde 1994, cuando la previó el artículo 90 de la Ley 142 de servicios públicos y en la Ley eléctrica, la 143 del mismo año, en su artículo 46, “no fue una buena medida” , pero sí lo fue cuando el año anterior a través del Pacto por la Justicia tarifaria, para suavizar las alzas tarifarias se acotó momentáneamente el incremento del Costo Unitario, mediante el cual se fija la tarifa. Es más, varias de las medidas que han salido de su despacho son similares a la opción tarifaria y sus efectos prácticos son los mismos. A guisa de ejemplo: el crédito de FINDETER, que le da un respiro a las distribuidoras de energía, porque no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Igualmente la medida que se tomó, suspendiendo, así sea temporalmente, la aplicación de la limitación de suministro por parte de los generadores y comercializadores ante impago de la energía que se les suministra por parte de estos. 

Es necesario dejar en claro que, contrariamente a lo afirmado por el Ministro , pasada la pandemia si ha habido un reajuste en las tarifas y los usuarios lo han sentido en sus bolsillos. Entre otras razones porque la opción tarifaria dejó de aplicarse, que estuvo vigente sólo 18 meses. Según cifras de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, la variación anual de las tarifas de energía al cierre de 2022 fue de 22.4% en promedio a nivel nacional y de 34.25% en la región Caribe. Es más, según reporte de Air – e, mientras que para julio de 2020 la tarifa promedio para el estrato 4, que no paga contribución ni recibe subsidio, fue de $591.87 el KW, dos años después, para julio de 2023 subió hasta los $927.51, esto es, un incremento de la tarifa del 56% (¡!).

En un primer momento el Ministro Camacho desestimó la alerta de XM, atribuyéndolo a un simple e intrascendente “análisis de escenarios”   y al bajar la guardia estuvo a punto de estallarle en sus manos esta bomba de tiempo. Pues bien, el día 10 de octubre Air – e, una de las empresas ilíquidas y con problemas de flujo de caja por cuenta de la opción tarifaria, ante la imposibilidad de pagarle a las empresas comercializadoras y generadoras a las que les compra la energía, les envió una comunicación a estas declarándose en insolvencia. Ante el riesgo de que entrara en limitación de suministro, esto es, que le dejaran de despachar la energía, lo cual la habría llevado a la intervención de la Superintendencia de servicios, por ser esta una causal de la misma, como ocurrió en su momento con ELECTRICARIBE, le tocó al Ministro salir a desactivar la bomba y a expedir en volandas una  Resolución express, la  40611 del 11 de este mismo mes, para conjurar dicho riesgo. Es de anotar que con dicha Resolución el Ministerio reincide en arrogarse funciones que son propias de la CREG y la misma puede correr la misma suerte que el Decreto 227 del 16 de febrero que el Consejo de Estado suspendió por no ser de su competencia dicha regulación.  

                                                                                                                                                                                                                 
Concomitantemente, se apresuró el Gobierno a expedir el Decreto 1637 del 9 de octubre, mediante el cual se dispuso de una línea de crédito con tasa compensada en FINDETER por $1 billón para solventar la crisis financiera de las empresas. Es de anotar que, como lo explica el Ministro de Minas y Energía “las tasas de interés del crédito se efectuarán con cargo a las asignaciones del Presupuesto general de la Nación (PGN)”. Adicionalmente se anunció la apropiación en el Presupuesto general de la Nación para la vigencia de 2024, cuya aprobación se tramita en este momento en el Congreso de la República, de una partida de $500.000 millones, para darle flujo de caja a las electrificadoras estatales (Electrohuila, Cedenar, Emsa, y Dispac, entre otras), que están en calzas prietas. Todo ello para inyectarle la liquidez que requieren las empresas distribuidoras, empezando por las estatales, que dado su mayor grado de exposición el bolsa son las que están más urgidas de este salvavidas.

Además, dado que el crédito de FINDETER es a todas luces insuficiente para cubrir el saldo de la opción tarifaria, complementariamente, el Ministro de Minas y Energía está ingeniándose “la alternativa de un mecanismo que permita solidariamente recaudar unos fondos que financie eso…Con un fondo de solidaridad los generadores ponen algo, los transmisores ponen algo, el Estado pone algo, las comercializadoras ponen algo” , como en el juego de la pirinola, acota, “todos ponen” . Esta sería la fórmula, según el Ministro, de endosar la deuda que tienen los usuarios con las empresas operadoras de red a los demás agentes de la cadena. Está por verse cómo lo va a lograr y con fundamento en qué norma legal. 

LA TORMENTA PERFECTA

Como si lo anterior fuera poco, aunque el Ministro niegue la gravedad de la crisis del sector eléctrico y afirme que “no estamos viendo un apagón en términos de energía, estamos viendo unas dificultades económicas y financieras de las empresas” , se conoció una nueva alerta de XM el 4 de octubre, a menos de 48 horas de la anterior, esta vez debido a que el precio de la energía en Bolsa ($1.051 KWH) desbordó el denominado precio de escasez (1.047.65 KWH), lo cual, según XM, “genera una señal de que hay una situación crítica en el sistema”. Dicho de otra manera este está en el máximo grado de stress, debido a que el margen de maniobra que tiene el sistema entre oferta y demanda de energía es de apenas del 2.7%, en contraste con el 15% en 2015, cuando el Niño puso en aprietos al Sistema, de tal suerte que basta con que se presente cualquier contingencia para que se precipite un apagón. Y ello se da justo en momentos en los que, debido al mayor consumo de energía, varias empresas, como es el caso de Air – e tienen una mayor exposición en Bolsa al pasar del 15% al 25% (¡!). Lo que pasa es que al Ministro, como en la paradoja de Huidrobo los árboles no le dejan ver el bosque, de allí su negacionismo de la crisis!

 
ENTRE ATRASOS Y CANCELACIONES

Y la razón primordial por la que se está presentando esta estrechez entre oferta y demanda es por el retraso de la ejecución de muchos proyectos, tanto de generación como de transmisión. Valga decir que de los 4.000 MW que han debido entrar entre 2018 y 2021 sólo entraron los 600 MW de las 2 primeras unidades de 8 HIDROITUANGO. Además, según XM, mientras el consumo de energía crece, en promedio a nivel nacional, a un ritmo del 6.23% y en el Caribe al 11.75%, la oferta de energía en firme a duras penas crece al 2.5%. Como lo acota la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings, “Colombia continúa enfrentando un desajuste entre la demanda de energía y la expansión requerida del sistema, con una fuerte demanda haciendo subir los precios de la energía muy por encima de los niveles históricos en el mercado spot” . Ello explica el descalce que se presenta actualmente, de tal suerte que mientras la demanda por energía en días ordinarios oscila alrededor de 222 GWHD, la oferta a lo sumo llega a los 225 GWHD (¡!). Por ello, basta con que se presente cualquier contingencia o falla para que el sistema entre en barrena. 

Merece una mención en particular el notorio retraso de los parques eólicos en La Guajira, porque la no entrada de ninguno de los 14 proyectos que se asignaron en las subastas de cargo por confiabilidad de energía eólica, que compromete la instalación de 2.400 MW ha logrado entrar en operación, desestabiliza todo el SIN. Lo propio ha ocurrido con la instalación de 11 proyectos  de energía solar – fotovoltaicos. Ello, además de repercutir en el balance energético tiene como consecuencia colateral que impide reducir las tarifas al usuario, habida cuenta de los más bajos costos y precios de la energía generada y lo que es peor le resta resiliencia a la matriz eléctrica. 
Y quiero enfatizar en esto último, porque la mayor virtud que tiene la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a la matriz es que las mismas se caracterizan por ser contracíclicas, esto es, que precisamente cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía es cuando se tiene más frecuencia y más fuerza de los vientos, se tienen más horas de sol y mayor radiación solar.  Por ello, las FNCER no están llamadas a reemplazar o desplazar la generación hídrica y/o térmica sino a complementarlas, pues estas últimas le sirven de respaldo aquellas y viceversa. De modo que el atraso de la expansión de los proyectos hídricos y térmicos afectan a los de FNCER y el atraso de estos afectan la operatividad de aquellos. 

Lo propio podemos decir de los proyectos de transmisión de energía, pues bien se ha dicho que sin transmisión no hay Transición y ello es absolutamente cierto. Al paso que vamos, nos exponemos a no tener en La Guajira unos parques de generación de energía eólica, sino unos parques de ventiladores, porque sin la Colectora, aplazada, según su ejecutora el grupo Energía Bogotá, (GEB), para el 2025 o 2026, que es la que permitirá inyectar la energía que allí se genere al SIN . Lo mismo ocurre con la línea 500 KV Chivor – Norte – Bacatá, adjudicada hace 10 años y aún registra un avance del 71.92%, a cargo del GEB y sólo se espera que entre en 2025, exponiendo al centro del país a tener “demanda no atendida”, al igual de los que hoy ocurre en la región Caribe. Lo delata el Presidente  del Grupo Energía Bogotá (GEB) Juan Ricardo Ortega cuando afirma que “ya es un hecho que negocios importantes en la Sabana de Bogotá no logran tener acceso al servicio porque no hay suficiente energía” . Y no hay que pasar por alto que estos atrasos repercuten en alzas de las tarifas porque incrementan el cargo por restricciones (R) de la fórmula tarifaria.

Otro tanto ocurre con el primer sistema de almacenamiento de energía a gran escala mediante el sistema de baterías localizado en Atlántico, el cual fue contratado  con la empresa Canadian Solar y cuyo avance va en el 44.95% y se espera que entre sólo en 2024 . Y, como si estuviéramos en presencia de una especie de tormenta perfecta, el gas natural, que es clave para garantizar el combustible de las térmicas en el momento en que el parque térmico, integrado por 15 unidades, sea exigido para operar de cara al Niño, está escaso y caro. No hay suficiente disponibilidad de gas y su precio pasó de US $2.50 el MMBTU en enero de 2022, a US $5 en enero del 2023 y en estos momentos se transa entre los US $12 y los US $16 (¡!). Lo mismo ha venido ocurriendo con los precios del carbón que demandan las térmicas, los cuales pasaron de $180.000 la tonelada en 2021 a $900.000 en octubre de 2022 y más recientemente bajó y se ha estabilizado alrededor de los $400.000, precio este que sigue doblando el de dos años atrás. Y estos mayores precios del gas y del carbón, como es apenas obvio, se traducen en mayores costos de generación, mayores precios y de contera más altas tarifas de energía por la vía del cargo por generación (G) de la fórmula. 

La CREG no ha sabido, ni ha podido, reaccionar a tiempo, luce lerda, paquidérmica, inoperante, a la hora de enfrentar estos atrasos de los proyectos y ello a pesar de constatar que las proyecciones de la Unidad de planificación minero – energética (UPME) se quedaron cortas, pues su previsión era que la demanda de energía entre 2023 y 2024 estaría en la horquilla 191 a 232 GWHD, con un incremento de sólo 3.1% frente al 2021 y a mediano plazo del 3.35%, estaba como diría el Nobel de Literatura Octavio Paz, a las afueras de la realidad. Por ello es ininteligible que la CREG haya dejado pasar en blanco el 2022 sin la convocatoria de una sola subasta de asignación de Obligaciones de energía firme (OEF) y la que se anunció febrero de este año se ha venido aplazando y ya vamos en el 15 de febrero del año entrante. En tales circunstancias, es aventurado afirmar, como lo hace el Ministro de Minas y Energía, simplificando la problemática que afronta un sector energético en crisis, que “no hay ningún riesgo de desabastecimiento de energía, lo que tenemos es un riesgo financiero de las empresas del sector” . Y el reto no es menor, según el estudio al respecto de FEDESARROLLO, Colombia debería pasar de los 18 GW de capacidad instalada con que se cuenta actualmente  a 30 GW en 2028, 12 GW de los cuales en FNCER. 

Ahora bien, cabe llamar la atención de que a los retrasos de la ejecución de múltiples proyectos, ahora se ha venido a sumar el abandono y la cancelación de varios de ellos. Primero fue la Junta directiva de ENEL, empresa esta a la que se le había asignado un proyecto para instalar un parque eólico en La guajira, Windpeshi, con una capacidad de generación de 205 MW, la que anunció su decisión de suspender indefinidamente su construcción “ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto, debido a las constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuación de la organización” . Y más recientemente, trascendió también la noticia del retiro de la francesa EDF Renewable de una granja solar – fotovoltaico, con capacidad de 145 MW de potencia, que estaban instalando en la localidad de Girardot (Cundinamarca), alegando, además de la demora en la expedición de la Licencia ambiental y los sobrecostos del proyecto que ello entraña, “cambios regulatorios y fiscales que han ocurrido desde que sucedió la subasta”  que tornan inviable el proyecto. 

CRECE LA INCERTIDUMBRE

Llama poderosamente la atención, además, el pronunciamiento por parte de Brookfield Corporation, el accionista mayoritario de ISAGEN, en carta abierta que le dirigió al Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en la cual manifiesta su preocupación porque “el decreto 929 de 2023 “emite unas directrices de política pública que afectan la autonomía de las compañías para evaluar sus riesgos a la hora de ofrecer energía en el mercado en Bolsa” . Su reparo obedece a que le están cambiando las reglas en mitad del partido y no hay nada que le cause más desazón a los inversionistas. Pese a estos reveses el Ministro afirma a pie juntilla, pensando con el deseo, que “este año cerramos con la generación del primer gigavatio de energía renovable” . Pero los hechos son tozudos, este año, según la Asociación de Energías renovables Colombia (SER), a lo sumo se alcanzarán a instalar y entrarán a operando 783 MW, todos en granjas solares – fotovoltaicas, ninguno de los parques eólicos y eso siempre y cuando se alcancen a surtir los trámites para la entrada de 109 MW de ellos. 
 
En menos de dos días dos firmas calificadoras de riesgo, Moody´s y Fitch Rating, dieron su campanazo de alerta, haciendo eco a la percepción por parte de las empresas de la falta de seguridad jurídica en el país. Mientras la primera dejó sentado que “la incertidumbre política de Colombia seguirá frenando la inversión en proyectos relacionados con el transporte y la energía” , la segunda fue aún más categórica al señalar que “las medidas regulatorias adversas adoptadas por el Gobierno colombiano desde finales de 2022, han debilitado la confianza de los inversores en el sector, desalentado las inversiones en nueva capacidad de generación de electricidad necesaria para satisfacer el crecimiento futuro de la demanda” . Cada vez que el Gobierno anuncia cambios normativos y/o regulatorios debe tener en cuenta el consejo que le dio John Maynard Keynes al Presidente de EEUU Franklin D. Roosevel, cuando apenas se reponía la economía global del gran crac de 1929: “aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos para su acción”, estos es, para invertir. 

HACIA DÓNDE VAMOS

Poco contribuyen a disipar las dudas y preocupaciones tanto de los gremios del sector como de los inversionistas que quieren apostarle al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución en el país ciertas afirmaciones del Ministro. Anuncios tales como que se tomarán “medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente” . Cabe preguntarse qué quiso decir con esta aseveración. O su afirmación según la cual la privatización del sector “ha llevado a una crisis tarifaria que afecta especialmente a los usuarios”  y va más lejos cuando afirmó sin pestañear que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años” .

No sé cómo va a hacer el Ministro para que el costo en que incurren los agentes de la cadena no se refleje en las tarifas que pagan los usuarios sin poner en riesgo la prestación del servicio de energía, eso sí bajos los principios de suficiencia financiera y costos eficientes que rigen el Sistema en virtud las leyes 142 y 143 de 1994. De dónde saca el Ministro que es la privatización del sector la causante de la “crisis tarifaria” y que los altos precios de la energía obedecen  a otra crisis macro, la del “modelo neoliberal”. Porque, de ser así, para poner correctivos al alza inmoderada de las tarifas que se han experimentado en los último años, habría que esperar hasta que, mediante una reforma constitucional, se modifique el artículo 365  de la Carta, el cual  dispuso que los servicios públicos “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por particulares o por comunidades organizadas”, que es lo que ahora llaman comunidades energéticas. Pero, mientras tanto aplica el aforismo de que dura lex sed lex. De todas maneras, se reservó el Estado su capacidad regulatoria, que debe ejercer a través de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), así como el control y vigilancia de la prestación del servicio a través de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, la única con rango constitucional.

Cuando el titular de la cartera de Minas y Energía, luego de declararse “un Ministro del lado de los usuarios” , para asegurar que “no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo”  y amenaza con que “se tomarán medidas regulatorias”  para impedirlo, todos los agentes de la cadena quedan en un grave predicamento. Sobre todo, en momentos en los que la CREG prolonga su interinidad a pesar del llamado de la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello para que se disponga la provisión de los cargos vacantes de los expertos comisionados para que por lo menos tenga quórum para decidir . Por lo demás el Ministro no necesita estar del lado de los usuarios, porque las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021 los empoderan. No hace falta, pues en la nueva arquitectura del sector eléctrico, por ministerio de estas leyes, el consumidor dejó de ser un agente pasivo, 2 de las 4D (Digitalización, Descarbonización, Descentralización y Democratización), que comporta la Transición energética, la descentralización y la democratización ponen al usuario en el centro (¡!).  

No hay que perder de vista que el SIN opera como una partida de ajedrez, en la que el movimiento de cualquiera de las piezas, así sea un peón, altera todo el juego. El SIN es una Cadena con múltiples agentes (generador, transportador, comercializador, distribuidor y el usuario), por lo tanto cualquiera de ellos que falle puede provocar una falla sistémica, que puede comprometer la prestación del servicio con eficiencia, calidad y continuidad, como lo manda le Ley 143 de 1994, abocándonos a un eventual apagón.

En síntesis, no por negar la crisis energética por la cual atraviesa el Sistema va a dejar de existir. Nadie en su sano juicio, con dos dedos de frente, va a augurar un apagón eléctrico en el país, como el que tuvimos hace 30 años. Desde luego, no hay riesgo de apagón si y sólo si el Sistema interconectado nacional (SIN) opera y funciona con la precisión de un reloj suizo. Que no se presente ninguna falla o contingencia tanto en la operación del parque de generación como en la transmisión. Que el Niño no sea tan intenso ni se prolongue por mucho tiempo, algo que nadie puede prever.

Se lo hemos dicho al Gobierno, pese a las falencias que acusa el SIN, todavía está a tiempo para actuar y conjurar la crisis, gestionándola diligentemente, superando la crisis que acusan las empresas distribuidoras de energía, eso sí, sin poner en riesgo la estabilidad financiera de los otros agentes de la cadena (comercializadoras y generadoras). 

No basta con sacar de apuros a las empresas que afrontan dificultades financieras, ello es necesario pero no suficiente. Es menester, además implementar un plan de choque que permita destrabar y acelerar la ejecución de los proyectos en curso, para lo cual hemos planteado algunas acciones. Entre ellas: apelar al Documento CONPES 3762 de 2013, que prevé un tratamiento especial a aquellos proyectos catalogados como Proyectos de interés estratégico nacional (PINES), como estos, con miras a agilizar todos los trámites, especialmente el de licenciamiento ambiental. 

De otra parte, se requiere darle cabal cumplimiento a la norma que establece que los proyectos eléctricos, por su propia naturaleza, habida cuenta de que el de la energía es un servicio público esencial, son de utilidad pública e interés social, de lo cual se sigue que prima el interés general sobre el particular, sobre todo a la hora de dirimir los conflictos por negociación de predios afectados por los proyectos. Desde la Ley 56 de 1981, pasando por la Ley 1715 de 2014 hasta la Ley 2099 de 2021, en todas ellas se declararon de utilidad pública e interés social los proyectos eléctricos.

Entre las propuestas que le hicimos al Gobierno, en cabeza del Presidente Petro, en la misiva que le dirigimos 14 ex ministros de minas y energía, está “la definición de incentivos de precios para buscar las eficiencias en el consumo vía programas de respuesta de demanda, incentivos reales y de precios para vincular a la demanda en la entrega de excedentes de energía de autogeneración y en esta coyuntura mantener y asegurar la provisión de combustibles para la generación térmica” . Estas y otras propuestas le hicimos, con el mayor y mejor ánimo constructivo, “desde la experiencia de haber tenido que enfrentar crisis similares en el pasado”, en el entendido además de que la experiencia no se improvisa!

En su respuesta el Ministro manifestó que esta era “una oportunidad para discutir de manera amplia sobre el modelo energético” , el mismo que descalificó motejándolo con la muletilla de neoliberal. En adelanto de esta discusión que él plantea afirma que “tenemos las tarifas más altas del continente y una de las más altas del mundo”  y remata diciendo “las vamos a bajar”  y cómo, él mismo se da la respuesta: “si yo logro ajustarlos a todos bajarán las tarifas. Lo que ha ocurrido en el pasado es que suben la tarifa. Nuestro propósito como Gobierno es que bajen” . Y suelta esta prenda: “si yo quito ese peso de esa deuda” , refiriéndose a la de la opción tarifaria, “y la redistribuyo, el usuario no va a tener que cargar con alza de tarifa” . 

Vamos por parte. Decir que Colombia tiene las tarifas más altas del continente y del mundo es una falacia que no tiene asidero en la realidad. El error nace de cotejar el precio de la energía en Colombia con los demás países miembros de la OCDE, pero sin percatarse que no se trata del precio de la electricidad, en momentos en que las alzas de los precios de la gasolina desde hace un año es lo que más incide en el mayor precio de la energía. Por el contrario, cuando se compara la tarifa de la electricidad en Colombia con la de otros países de la región se constata que así sean altas están por debajo de la media, en este caso US $0.13 el KWH. Colombia en el concierto de naciones ocupa el puesto 56 entre 147 países en el listado de las tarifas de energía.
 
El otro error garrafal en que incurre el Ministro es atribuirle al “peso de esa deuda”, refiriéndose a la correspondiente a la opción tarifaria el alza en las tarifas. Es todo lo contrario, si las tarifas no han subido más es porque las empresas distribuidoras que la aplicaron no han podido empezar a hacer efectivo el cobro de la misma y eso justamente es lo que las tiene en problemas financieros. Y cuando se refiere a la redistribución de la carga de esa deuda nos está remitiendo al anunciado Fondo de solidaridad, al cual ya nos referimos. Este, entonces, no será el camino para que se cumpla el propósito del Gobierno de que las tarifas bajen. Ello es sólo un espejismo que, como el fallido “Pacto por la justicia tarifaria” será una decepción para los usuarios . Bien dijo el gran literato Oscar Wilde, que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno (¡!). 

Desde luego, estamos de acuerdo con el Ministro y para luego es tarde en que se emprenda “una campaña de eficiencia energética del Gobierno, una campaña de ahorro con la industria” . Ello es tanto más necesario si tenemos en cuenta que en Colombia la eficiencia energética es del 31%, siendo la más baja en el sector transporte (24%), es decir que en Colombia estamos derrochando el 69% de la energía, de modo que en este frente es mucho lo que hay por hacer para lograr hacer un uso más racional y eficiente de la energía. Desde que se expidió la Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, al tiempo que se promueve la utilización de energías alternativas, se han venido haciendo esfuerzos, aunque muy tímidos, en esta dirección. De lo que se trata es de redoblar los esfuerzos en este frente, ahora que las leyes 1715 de 2014 y la 2099 de 2021 lo incentivan, lo que hace falta es darles desarrollo normativo y regulatorio.
 
Y cómo no, un frente en el que este Gobierno puede avanzar mucho, dada su voluntad política y el claro propósito de persistir en ello, como quedó establecido en el Plan de desarrollo, es un plan de choque para implementar y masificar soluciones energéticas basadas en la generación distribuida y las comunidades energéticas. Cuánto podría contribuir a aliviar el bolsillo de los usuarios, especialmente los más vulnerables, ver reflejado en su factura, mes a mes, un menor valor, si contara con la instalación en los techos de sus viviendas unos paneles solares, que le pueden representar un ahorro hasta del 30% de la misma. Manos a la obra!

Finalmente, digamos que el sector energético y el país en general sigue a la expectativa sobre cuál va a ser la hoja de ruta de la Transición energética justa anunciada por el Gobierno desde el primer día de su mandato, pero que aún sigue siendo una promesa, muchos anuncios y poco avance. Desde noviembre del año pasado, cuando la entonces Ministra de Minas y Energía Irene Vélez le anunció al mundo en el marco de la COP 27 que para mayo de este año se daría a conocer, crece la expectativa por conocer sus lineamientos y alcances . Ello explica el reciente pronunciamiento del Contralor delegado para el sector de Minas y energía Germán Castro, en el sentido que “ocho meses después seguimos con la incertidumbre respecto de los costos de la Transición energética”  y se pregunta “quién va a pagar los costos de la incertidumbre y cómo se va a remunerar esto” . 

La preocupación del ente de control no es menor, pues el impacto fiscal que puede llegar a representar el abandono prematuro de la actividad extractiva de petróleo y carbón, que son los dos principales renglones de exportación y por ende de generación de divisas, el principal receptor de la inversión extranjera directa (IED) con el 35% y la principal fuente de financiación del Estado, con más del 24% de los ingresos corrientes de la Nación y no menos del 40% de los recursos de inversión para las entidades territoriales, sería aterrador. También la Procuradora General Margarita Cabello ha manifestado su inquietud al respecto, la misma que la llevó a convocar, con carácter de urgencia una gran “Mesa nacional de Transición y seguridad energética en Colombia”  para el próximo 14 de noviembre. Enhorabuena!

Cartagena, octubre 18 de 2023
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