EL CAMBIO DE DISCURSO
Después de la fiebre privatizadora de los años 90, en pleno furor del fracasado Consenso de washington con su octavo mandamiento de su denostado decálogo neoliberal sólo van quedando para vender la participación de la nación en ISA, ECOPETROL y CÉNIT, que son bienes públicos estratégicos.

La razón para la enajenación de activos en primera instancia fue que el Estado era mal administrador, que las empresas del estado eran un nido burocrático y un fortín clientelista, amén de que dichas empresas terminaban convirtiéndose en una carga para el mismo Estado y por lo tanto era mejor salir de ellas. 
Después, cuando se les agotó ese discurso,  adujeron que de lo que se trataba era de reemplazar un activo por otro, tal fue el caso de la venta de ISAGEN. Se dijo que el producido de su enajenación se invertiría en la modernización de la maltrecha infraestructura vial del país, cambiando un activo de generación por las dobles calzadas, lo que a la postre no pasó de ser un espejismo. Esta vez, simple y llanamente, sin rodeos, de lo que se trata es de enajenar los activos que le quedan a la Nación para ver de tratar de tapar el hueco fiscal. La fiebre privatizadora está de vuelta. Así de sencillo!

NOS METIERON GATO POR LIEBRE
Para justificar la venta de ISAGEN se planteó que era más rentable invertir el producido de su venta en la modernización de la infraestructura de transporte que mantener a ISAGEN como activo de la Nación. Al fin y al cabo, los activos representados en las centrales de generación, se nos dijo, no se iban a ir del país porque se le vendieran al grupo empresarial encabezado por la multinacional canadiense Brookfield Asset Management, seguirían operando y suministrándole energía al país. Ello, sin reparar en el hecho de que al enajenar la empresa el Estado vería menguada su capacidad de intervención del mercado cuando ello fuera menester y de paso se renunciaba a los ingresos que le generaban anualmente sus utilidades, las que ahora van a las faltriqueras de los privados. 
Pero, después se supo que los $6.49 billones que recibió la Nación por la venta de ISAGEN no se invirtieron en el programa de modernización vial, como se había dicho, sino que sólo sirvieron para capitalizar a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Como lo manifestó su entonces Presidente Clemente del Valle, dicha capitalización permitió “ampliar  la capacidad de financiación, tanto en número de proyectos a financiar, como en el monto individual que se puede comprometer por proyecto” . De esta manera el Estado reasumió el papel de banca de financiamiento de los privados, a contrapelo del cuarto mandamiento del Consenso de Washington que pregonaba la liberalización financiera y la necesidad de privatizar también la banca pública.  
Pues bién, los $6.49 billones de la venta de ISAGEN se llevaron por parte de la FDN al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES). Y, como el FONDES no hace parte del Gobierno Nacional sino del sector descentralizado, esos recursos ya no irían  a financiar las concesiones de 4G, como se anunció, sino que el Ministerio de Hacienda, en un pase de prestidigitación, los invertiría en empresas de servicios públicos estatales o mixtas, como las electrificadoras. Así quedó contemplado en la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.  
Facultado por el Congreso a través del PND, “el Gobierno intercambiaría acciones de las electrificadoras por bonos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Estos, si bien no son efectivo, entran a su portafolio como un ingreso que le permite cuadrar las cuentas. De esta manera se dispondría de los recursos de la venta de ISAGEN para financiar gasto corriente de la Nación” . Después de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, como en la fábula de Tomás de Iriarte, los $6.49 billones que se recibieron por la venta de ISAGEN terminaron recalando en la mesa de dinero del Ministerio de Hacienda para cubrir gasto corriente. 

LOS BANDAZOS DEL MINISTRO CARRASQUILLA
Hace rato el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla ha venido dando bandazos, después de decartar olímpicamente la venta de ECOPETROL, por considerarla innecesaria, pasó, sin vísperas, a proponerla con los más peregrinos argumentos. En 2004, en su calidad de Ministro de Hacienda, había descartado de plano la privatización de ECOPETROL y en su lugar planteó “la conveniencia de vender aquellos activos no estratégicos de la empresa” . 
Empero, fue él quien dio el primer paso para abrir la empresa a la inversión y a los inversionistas privados mediante lo que se dio en llamar “democratización” de la estatal petrolera. En efecto la Ley 1118 de 2006, promovida por él, cambió la naturaleza de ECOPETROL que dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado para convertirse en una sociedad anónima por acciones . A renglón seguido, después de la emisión de las primeras acciones, parte de estas fueron adquiridas por particulares. Afortunadamente, el legislador estableció una barrera con el fin de preservar el carácter estatal de ECOPETROL y dispuso: “se garantizará que la Nación conserve, como mínimo, el ochenta por ciento (80%) de las acciones en circulación, con derecho a voto”. Esta limitación sigue vigente y habiendose colocado el 11.51% de las acciones, que están en manos de los accionistas minoritarios, desde hace rato se viene con la tentación de colocar el otro 8.49% hasta llegar al límite fijado por la Ley del 20%.
Luego, cuando ya había hecho dejación del cargo, se lamentó de “tener en el balance del Gobierno Nacional acciones de ECOPETROL o de otras empresas, siendo que tenemos tantas necesidades. Ese es un lujo que uno muchas veces no se puede dar” . Una década después, de vuelta nuevamente a la cartera de Hacienda manifestó, refiriéndose a la posibilidad de enajenar el 8.49%, que “la autorización ya está para hacerlo…Esta operación está aprobada…obviamente, toca discutir el tema con el señor Presidente de la República” . 
Pero, a poco andar, siete meses después, da reversa y en un alarde de la bienandanza de las finanzas de la Nación, afirmó que “no necesitamos vender activos este año (2019). La situación fiscal está completamente bajo control y en junio tenemos un superávit primario bastante importante y la mejor dinámica fiscal que hemos visto en muchos años" . Lo secundó el Director de la DIAN José Andrés Romero, afirmando que “las metas de recaudo, al igual que las expectativas, se han venido cumpliendo. Eso ayuda a dar la tranquilidad de que no tenemos que salir corriendo a vender compañías como Ecopetrol o ISA porque tenemos una administración tributaria que es eficiente” . 
Pese a ello, previsivos que son, no tuvieron inconvenientes en incluir, a la chita callando, en el Plan de enajenaciones 2019 – 2022 hasta por $30 billones presentado por el Gobierno al Congreso de la República, la venta del 51% de su participación en la multilatina ISA, así como el 8.49% de las acciones de ECOPETROL, entre otros activos de la Nación. 

EL TAMAÑO DEL ESTADO
Un aspecto fundamental a dilucidar para establecer el monto del gasto de la Nación y sus fuentes de financiamiento tiene que ver con el tamaño del Estado. Al iniciar su gestión como Ministro de Hacienda de la administración Duque , el Ministro carrasquilla manifestó su propósito de reducir el tamaño del Estado y por esta vía reducir el gasto, el cual pasó de representar el 16.8% del PIB en 2013 al 15.6% en 2018 y antes de llegar la pandemia del COVID-19, se disponía a reducirlo, una vez más, hasta el 15.4% en 2022. 
Pero ello iba a contrapelo de las conclusiones a las que arribó la Comisión del gasto y la inversión pública, creada por mandato de la Ley 1819 de 2016 de reforma tributaria e integrada mediante el Decreto 320 de 2017, la cual consideró que “el gasto público tiende a aumentar como proporción del PIB a medida que los países se desarrollan, reflejando la creciente demanda de servicios públicos” . De acuerdo con la Ley de Wagner, el gasto público crece inercialmente  como porcentaje del PIB en todos los países y Colombia no es la excepción. El gasto público, según la Comisión del gasto, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual. Como lo afirma uno de sus integrantes, el profesor Jorge Iván González, “a medida que las sociedades son más complejas, el gasto público tiene que aumentar para poder responder a las necesidades colectivas. La Comisión del Gasto pone en evidencia el tamaño relativamente pequeño del Estado colombiano, cuando se compara con otros países de América Latina y, sobre todo, de Europa” .

LA CONTABILIDAD CREATIVA
En vista de que las cuentas no le cuadraban, sobre todo después de la Ley 1943 de 2018 de financiamiento, más conocida como de desfinanciamiento y Ley 2010 de 2019 de “crecimiento”, que tuvieron un costo fiscal que sobrepasa los $10 billones, al Ministro Carrasquilla le tocó empezar a saltar matones y para ello recurrió a los malabarismos como gestión fiscal . Es más, de los $14 billones que aspiraba recaudar el Gobierno con dichas leyes sólo alcanzó los $7.5 billones. Ello puso en calzas prietas al Gobierno, alteró todas sus cuentas y ante la imposibilidad de cumplir con la Regla fiscal apeló a la contabilidad creativa. 
Como lo afirma el Profesor e investigador de la Facultad de economía de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter, se recurrió a “pagar gasto con TES sin contabilizarlo como gasto y, por tanto, sin que afecte el déficit… Si tuviéramos dinero para pagar esas cuentas eso no sería necesario, pero no hay forma de hacer esos pagos”  y advierte “si el Gobierno puede decidir qué se cuenta  y qué no como gasto y déficit, que un Comité le diga de qué tamaño puede tener el déficit es una pérdida de tiempo” . Por su parte Jorge Restrepo, catedrático de la Universidad Javeriana, dijo que “preocupa es que se vaya a usar deuda para financiar gasto corriente” . 
El recurso de la contabilidad creativa, pagando deuda como más deuda, emitiendo TES a tutiplén y haciendo pasar gasto por financiación para soslayar la Regla fiscal simulando su cumplimiento, como lo afirmó el ex ministro Guillermo Perry, miembro de la Comisión consultiva para la Regla fiscal,  “generan incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país” , como en efectivamente sucedió . Y añade Perry, “el Gobierno juega con candela al maquillar las cuentas fiscales para ocultar la dura realidad” . Si bien, a raiz de la pandemia el Gobierno se vió precisado, con la aquiescencia de la Comisión consultiva, a suspender la Regla fiscal, esta se había abandonado en la práctica antes de la pandemia.
Esta estrategia ha conducido a que la deuda pública se disparara. Como lo sostiene ANIF, “la deuda del Gobierno Nacional Central, como porcentaje del PIB, “estará pasando del 44% en 2014 hacia el 54.2% del PIB en 2022 (o a niveles superiores), el tener en cuenta la emisión de TES para pagar deudas flotantes de la salud y de demandas a la Nación”  incluso sin contar las novedades del Presupuesto del 2020. Y, de contera, las vigencias futuras son del orden de los $102 billones, el 10% del PIB (¡!).
En tales circunstancias, no es de extrañar que el mayor rubro del Proyecto de presupuesto para la vigencia de 2021 y el que más crece con respecto al 2020 es el servicio de la deuda ($75.9 billones), el 41.6%. Ello obedece más al perfil de vencimientos, la sustitución de pasivos por TES y el mayor endeudamiento en el transcurso del 2019 que a la pandemia del COVID-19. Colombia, desde antes de la pandemia, está al borde de perder la calificación inversionista de su deuda soberana.
Ahora bien, La financiación del déficit sólo tiene tres fuentes, el mayor recaudo de impuestos, para lo cual se requiere una reforma tributaria, el endeudamiento público, que ya está en el límite, que al final del día debera servirse  con mayor recaudo de impuestos. Y, el último recurso, la enajenación de activos. El Gobierno ha descartado la reforma tributaria a corto y a mediano plazo. Integró una Comisión de expertos que sólo rendirá su informe y dará a conocer sus recomendaciones a finales del año entrante.
En este contexto, no es de extrañar que el Ministro carrasquilla hubiera aprovechado la declaratoria de la Emergencia económica, social y ambiental para, al amparo de la misma, expedir el Decreto  811 del 4 de junio, facultando al Presidente de la República Iván Duque para enajenar “la participación accionaria del Estado…que posea en determinada empresa” listada en Bolsa. Ello tiene nombre propio: en la mira están fundamentalmente 
ECOPETROL, su filial CENIT y el 51% de su participación en ISA. Huelga decir, que estas dos últimas controlan un monopolio natural, CENIT en el transporte de crudo, ISA en el transporte de la energía eléctrica, el cual de enajenarse quedarían en manos privadas. Por lo demás, las utilidades registradas por CENIT actualmente han llegado a representar el 60% de las utilidades de su matriz ECOPETROL. Y, complementariamente, en el Proyecto de presupuesto para la vigencia 2021 se prevé como una de sus fuentes de financiación la enajenación de activos por $12 billones. No hay duda, entonces, del avieso propósito del Decreto de marras, así el Ministerio de Hacienda alegue ahora que no es aplicable a estas empresas. Los antecedentes y el contexto en el que se expidió, así como el alcance del mismo, disipan cualquier duda. La única salvedad que se hace en dicho Decreto es que los recursos obtenidos con la enajenación debe servir para financiar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), para pagar deuda contraída para atender la Emergencia y/o para fondear al Fondo Nacional de Garantías (FNG).   

ABRIR UN HUECO PARA TAPAR OTRO
En realidad, con la venta de estos activos del Estado, de lo que se trata en la práctica es de abrir un hueco para tapar otro, nada más ni nada menos. Ello es tanto más cierto habida consideración de que los activos del Estado sólo se pueden vender una vez, pues como dice el campesino uno no pueder pretender sacrificar la vaca para comer carne y seguir tomando leche de la misma vaca y el Estado tiene en ECOPETROL su vaca lechera!
A guisa de ejemplo, en el 2018 la Nación recibió por su participación accionaria $11 billones a título de dividendos correspondientes al ejercicio del año 2017, en el caso hipotético de haberse vendido el 8.49% habría recibido $500.000 millones menos, al tiempo que hubiera recibido por concepto de la venta $10.7 billones, aproximadamente. De hecho con la venta de ISAGEN la Nación dejó de recibir ingresos provenientes por concepto de sus dividendos en 2019 por valor de $903.580´088.505, amén de la extraordinaria valorización del 16.5% anual que se están embolsillando los privados. Si se venden en su totalidad las acciones del Estado en ECOPETROL se recibirían, según FASECOLDA entre $130 y $150 billones , obviamente por una sóla vez y la Nación dejaría de recibir, en promedio, $7.5 billones anuales por concepto de dividendos. De venderse el 51% de ISA, se recibiría $6.6 billones, aproximadamente y la Nación estaría renunciando a ingresos anuales por concepto de utilidades de la empresa de alrededor de $750.000 millones (!).
Y para colmos, este sería el peor momento para vender acciones de empresas energéticas, ya sea de ISA, de CENIT  o de ECOPETROL, pues en este momento, una acción de empresas tecnológicas como NETFLIX vale un 25% más que la de la ExxonMobil. Es más, el valor de mercado de TESLA, la compañía americana fabricante de vehículos eléctricos, es mayor que el de la TOYOTA y la VOLKSWAGUEN juntas.