LA ADVERTENCIA DE XM
Una vez más me veo en la penosa necesidad de referirme a la problemática planteada por la sucesión sucesiva de sucesivos aplazamientos de la entrada en operación del megaproyecto de HIDROITUANGO, para tratar de desentrañar sus causas y consecuencias. Como se recordará este proyecto, caracterizado y catalogado, dada su envergadura, fue declarado  como de interés estratégico nacional (PINE), a la luz del documento CONPES 3762 de 2013. 

Y no era para menos, dada su capacidad de generación de 2.400 MW de potencia, disponiendo de 8 unidades con capacidad de generación de 300 MW cada una de ellas. Está en juego nada menos que el 17% de la demanda de energía eléctrica del país. Para el Plan de expansión eléctrica de la Unidad de Planeación Minero – energética (UPME) este proyecto es clave para garantizar la confiabilidad y firmeza del Sistema interconectado nacional (SIN). Su atraso ha venido estresándolo y presionando al alza los precios y las tarifas de energía a los usuarios, a quienes se les trasladan los costos de las restricciones provocadas  y exponiendo al país al riesgo de un eventual racionamiento del servicio de energía en los próximos años. 

En efecto, lo acaba de advertir XM, la empresa responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM): “en dos años, si hay un fenómeno del Niño, HIDROITUANGO no entra, las renovables se siguen retrasando y la demanda crece por encima del escenario medio de la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME), vamos a racionar. Desde ya lo decimos” . No hay que perder de vista que los episodios que ha tenido el país de racionamiento del servicio de energía, todo ellos, han tenido como causa – raíz el atraso en la ejecución de proyectos tan importantes como lo son estos dos. En todos los casos lo que precipitó el racionamiento fue el fenómeno del Niño, fenómeno extremo que se debe al Cambio climático, que es recurrente, cada vez más frecuente, más intenso y duradero. A ello estamos expuestos nuevamente y no contamos con un Plan B . 

¿Y DE LA LICENCIA MBIOENTAL QUÉ?
Hace cuatro años, en abril de 2018, cuando se presentó la contingencia que paralizó el proyecto este tenía un avance del 84.3% y la misma lo reversó hasta el 60%, representando un enorme reto su superación y recuperación. Ello trajo, entre otras consecuencias la expedición por parte de la Autoridad de licencias ambientales (ANLA) la Resolución 820 del 1º de junio del mismo año, mediante la cual suspendió la Licencia ambiental que le había otorgado. En dicha Resolución se dispuso, como medida cautelar “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto” . Sólo le es permitido al consorcio constructor adelantar las actividades y trabajos tendientes a “prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia presentada” , tales como poner a funcionar el vertedero o la recuperación de la casa de máquinas.

En el mismo acto administrativo le requirió a EPM de Medellín presentarle un dictamen pericial como requisito sine qua nom para reconsiderar la medida . Para tal efecto y dando cumplimiento al mismo se contrató a la consultora chilena Pöyry, la cual produjo un Informe muy prolijo, el cual le fue presentado a la ANLA para su consideración. Según el vocero de esta, “con base en sus propios análisis, la ANLA definirá si lo consignado en el documento de Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual levantamiento de la medida preventiva impuesta a HIDROITUANGO” .

Continúa diciendo la ANLA que “teniendo en cuenta el propósito de las medidas preventivas de suspensión de actividades, de acuerdo con lo dicho y sustentado técnica y jurídicamente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, la medida preventiva aquí impuesta únicamente será levantada cuando se verifique técnicamente la superación de los hechos o causas que dieron origen a su imposición, atendiendo al cumplimiento de cada una de las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

Dicho propósito se logrará una vez sea posible expedir un acto administrativo que determine el cumplimiento de los requisitos para su levantamiento, previo el escrutinio técnico de la totalidad de la documentación entregada a esta Autoridad, y las verificaciones técnicas a que haya lugar en las que se determine que con su ejecución no se ponen en riesgo los recursos naturales” . Como bien lo dijo, con toda claridad, el equipo que destacó la Autoridad de licencias ambientales para este caso, con ocasión de su visita de campo al proyecto, “la ANLA realiza los pronunciamientos a través de actos administrativos” . Y que se sepa, este acto administrativo “que determine el cumplimiento de los requisitos”  para el levantamiento de la suspensión de la Licencia ambiental no se ha expedido.
Si este es el caso, sería muy grave, puesto que estaríamos en presencia de semejante proyecto en plena ejecución sin contar con la Licencia ambiental, porque la misma sigue suspendida y la medida cautelar dispuesta por la ANLA está en pleno vigor. Esto es insólito y no tiene precedentes (¡!). EPM y sobre todo la ANLA deberían hacer claridad sobre este particular, ya que se puede pecar por acción en el primer caso y también por conducta omisiva en el segundo. 

Y LA CREG AHÍ
Como se recordará la CREG, mediante la Resolución 154 de 2019, debido al “incumplimiento grave e insalvable”, sancionó a EPM con la pérdida de la Oferta de energía firme (OEF) para el cargo por confiabilidad asignada en la subasta convocada por ella mediante la Resolución 031 de 2017 por 1.085 GWH/año por la no entrada en operación de HIDROITUANGO el 1º de diciembre de 2018, como estaba previsto. Ello implicó la pérdida del ingreso asociado a la obligación contraída y la ejecución de una garantía bancaria por valor de US $43.1 millones, la cual hizo efectiva la Operadora y administradora del Sistema Interconectado Nacional (SIN) XM en diciembre de 2019. Por su parte la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso a EPM una sanción en modalidad de multa el 18 de noviembre de 2021 por valor de $1.817.052.000 por el mismo motivo. 

El Informe de la consultora Pöyry presentado a la ANLA puso el dedo en la llaga, encendió todas las alarmas al revelar cinco hallazgos críticos que detectó en la ejecución del proyecto y los riesgos inherentes a los mismos. No obstante, conceptuó que el proyecto era “técnicamente recuperable”, que no se trataba de un proyecto fallido. Y entre sus recomendaciones planteó la premura en la entrada en operación del mismo, obviamente en forma segura, pues sólo de este modo se podría alcanzar su mejor desempeño y el acoplamiento óptimo en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

El mayor riesgo de la dilación de la entrada en operación de este proyecto está en el indebido uso que se le viene dando al vertedero, sometido como está al flujo y a la presión continua del caudal del río Cauca, toda vez que no está diseñado para ello sino sólo para su uso esporádico. Esta es una bomba de tiempo a punto de estallar, cada día que pasa, sin que se le ponga correctivo a esta anomalía el riesgo crece exponencialmente.

Es de anotar que EPM se vió favorecida por una Resolución que expidió la CREG, la 075  de 2021, la cual aunque no era aplicable especificamente a HIDROITUANGO, sólo este proyecto terminó beneficiándose de una tregua, pues era el único en ese momento que cumplía con el requisito para acogerse a la misma y de este modo se le extendió el plazo a EPM, que estaba a punto de vencerse, hasta el 30 de noviembre de este año. Con ello EPM se libró de pagar una multa de US$150 millones. Huelga decir que, según la superintendencia de servicios públicos, si HIDROITUANGO hubiera estado disponible en el 2021, como se tenía previsto, “la operación del sistema habría sido más eficiente en un 11.15%, aproximadamente” .
 
De no cumplir con este nuevo plazo se expone EPM primero a que la CREG le ejecute la garantía, como lo prevé su Resolución 075 de 2021, al no conectarse en el nuevo plazo estipulado por la Resolución 194 de 2020, en este caso a la cero hora del 1º de diciembre, “con al menos el 90% de la capacidad asignada”. Dicha póliza de garantía es del orden de los US $170 millones. En segundo lugar, dado que EPM adquirió, según la Resolución 101 del 30 de agosto de 2019, la obligación de energía firme (OEF) por 4.623 GWH/año para 2023 – 2024 y 2024 - 2025, su incumplimeiento le acarrea como consecuencia la pérdida  de la remuneración asociada a la misma, que es del orden de los US $900 millones (¡!). 

EL CORTO CIRCUITO ENTRE EL ALCALDE Y CCI
La marcha del proyecto se ha visto entorpecida por la trifulca en que se ha trenzado el Alcalde de Medellín Daniel Quintero con el Consorcio CCI constructor de la obra , pues el burgomaestre se ha empecinado en el cambio de constructor para la contiuación y finalización de la ejecución del proyecto. Y ello,  contrapelo de lo aconsejado por el Informe de Pöyry, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Ingeniería, amén del pronunciamiento de 7 decanos de facultades de ingeniería de Antioquia, que coincidieron en la inconveniencia de dicho cambio. Cambiar de montura en la mitad del río se convirtió en un punto de honor para el Alcalde. Persistir en ello es un exabrupto.

El Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) Germán Pardo, quien además es especialista en gerencia de proyectos y MSc en túneles y obras subterráneas conceptuó lo siguiente:  “personalmente considero que mantener los contratistas ahorra tiempo y ahorra riesgos porque traer unos nuevos nos demandaría un año más para aprender a manejar el riesgo. Una manera de reducir los riesgos contractuales es mantener los contratistas y las obras que se están haciendo… El respeto por la ingeniería debe ser total, pensando siempre en evitar el colapso de las estructuras” .

En el entretanto y como las obras no se podían detener, en diciembre pasado, a regañadientes, EPM firmó con el Consorcio CCI una próroga de su contrato sólo por 11 meses, que expiran el mismo 30 de noviembre, que es la fecha límite para que entren en operación las primeras dos unidades. Se estipuló en dicha próroga que los últimos 3 meses de los 11 deberían emplearse por parte del Consorcio para el empalme con el nuevo constructor. En una declaración de parte del representante legal del Consorcio CCI Santiago García, a menos de un mes de vencerse el término, afirmó que “no nos han indicado con quien hacer algún empalme, no tenemos indicaciones al respecto” . Esto no es serio.

En el afán de justificar el relevo del actual constructor se inventaron una supuesta segunda “fase” de un proyecto que, dada su integralidad, no tiene solución de continuidad, máxime cuando el grado de avance, según EPM, es del 88.1%. Pues bien, órdenes son órdenes y EPM procedió a abrir la licitación y con tal fin publicó el pliego de condiciones y luego de tres intentos y adendos a los mismos no ha sido posible adjudicar la contratación de las obras civiles finales.  Y la razón es muy sencilla, las empresas interesadas no han podido dar con una compañía aseguradora que le extienda una póliza por todo riesgo para ejecutar un proyecto que el mismo dueño asegura que está “siniestrado”.
 
En medio de semejante embrollo , lo único que se le ocurrió al Alcalde Quintero fue pedir a la Contraloría General de la República (CGR) “reabrir nuevamente el proceso fiscal por HIDROITUANGO, actualizando los valores y llamando nuevamente a los responsables, los condenados y los que faltan por condenar” . Ello, pese a que la CGR cerró el juicio de responsabilidad fiscal que adelantó por considerar que “se logró el resarcimiento total del daño”  infligido. Esta improvisación y tanto chamboneo le puede salir caro a EPM. 

LA PROCRASTINACIÓN COMO RECURSO
Han sido varios los anuncios de las fechas que se han fijado para encender las primeras dos unidades por parte de EPM, la primera de ellas fue el 26 de julio, que coincidía con el cumpleaños del Alcalde. Hasta el Presidente Iván Duque cayó en el garlito por su afán de cortar la cinta antes de hacer dejación de la primera magistratura de la Nación. La fiesta se agüó porque el Vicepresidente de Generación de Energía de EPM William Giraldo les compartió la mala noticia de que se habían visto precisados  a postergarlo debido a que “cuando pusimos a circular el agua por esos túneles, se comió la roca y los terminó destruyendo. Tuvimos que llenar todo eso con 66.000 m3 de concreto y tomamos la decisión de hacer un revestimiento en metal para poder librarnos del problema de la seguridad del macizo” . 

Después se recurriría al ardid de anunciar pruebas “en seco”, para luego hacerlas en “aguas dinámicas” y se fijó como fecha para el primer hito, consistente en el arranque de las dos primeras unidades, primero el 15 de octubre y luego el 15 de noviembre. En esas estaban cuando se conoció el Informe de un panel de expertos internacionales que contrató EPM para que conceptuara sobre el camino a seguir, quienes no dudaron en decirle que “no es seguro prender las turbinas”  ya que en su opinión “las vibraciones inducidas por la operación de las turbinas se transmiten, a través de la masa rocosa circundante generando cargas (…)” . Añaden en su Informe la recomendación de “una serie de pruebas, ensayos, monitoreos y análisis adicionales a los requeridos para la puesta en marcha de una central de generación de energía, estimados en 8 semanas adicionales a los tiempos requeridos normalmente” . Dicho de otra manera, no se podría cumplir con el plazo perentorio para el arranque de las dos primeras unidades antes del 1º de diciembre de este año. 

La primera reacción del Alcalde Quintero frente a la conclusión de los expertos fue su desestimarla, al advertir que “una Junta de directores internacionales hace unas recomendaciones que son importantes, pero no obligatorias” . No obstante para el directamente responsable de la suerte del proyecto, el Vicepresidente de generación William Giraldo, asistido por una gran dósis de sindéresis, este “es un proceso delicado que no se puede hacer a la carrera” . Y lo secundó el Gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo diciendo que “las pruebas se van a hacer todas, diga lo que diga quien lo diga. Este es un proyecto que ya tuvo un siniestro, donde quisiéramos tener más holgura para poder tener unas pruebas, pero eso nos lo den o no nos lo den, vamos a hacer las pruebas completas” .

Pero, ante los requerimientos de la nueva administración, especialmente por parte de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, quien le solicitó a EPM “de manera oficial que nos muestre todos los análisis de riesgo” , una vez más se pospuso la entrada en operación de las dos unidades. Por su parte el Gobernador de Antioquia, cuyo departamento es propietario a través del IDEA del 50.74% de este proyecto, Anibal Gaviria, fue enfático al señalar que “el inicio de operaciones de HIDROITUANGO debe realizarse sin ningún tipo de presión” . Se dolió el Alcalde de “no haber recibido de parte del gobierno Nacional el apoyo que esperábamos, en especial de la Ministra de Minas y de la Ministra de Ambiente. Lo que hemos visto es como una especie de presión para que corramos en el proceso. Ellas de alguna manera pareciera que quisieran que sancionaran a EPM” .

De pronto, de la nada, el Alcalde apareció levantado los brazos, exultante y jubiloso, ante los medios y para pasmo de todos anunció: “estoy muy feliz de anunciar que hemos logrado con el gobierno nacional un acuerdo para garantizar el inicio seguro de HIDROITUANGO. Hoy estamos más tranquilos con relación a las sanciones, gracias a las conversaciones con el gobierno nacional” . Los primeros sorprendidos con sus declaraciones fueron los expertos comisionados de la CREG, que es la competente para determinar si acoge o no la solicitud que se le presenta por la parte interesada, en este caso EPM, de que no se le haga efectiva la garantía por incumplimiento El Alcalde recurrió al espejo retrovisor y advierte, que “tenemos la amenaza de una sanción si el 30 de noviembre no salimos a operar. Vamos bien, pero obviamente si nos sancionan no va a haber recursos porque el impacto el impacto es de $3 billones, por eso nos hemos unido para que no multen a EPM…Antes de que nosotros llegáramos, las administraciones anteriores se comprometieron a vender una energía, a pesar de que el proyecto estaba mal y tenía todos estos problemas. Cuando uno no cumple esos compromisos, le toca pagar” . 

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el Gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo informó que estaban “listos para iniciar el funcionamiento el 30 de noviembre, pero con los requerimientos que tenemos es necesario un plazo adicional que nos permita hacer todo sin contratiempos” . A renglón seguido dio cuenta de la decisión tomada por la empresa de solicitar a la CREG “que se amplíe la fecha límite de entrada en operación de las dos primeras unidades del proyecto, que cubren las obligaciones de energía en firme, por el tiempo necesario para atender nuevos requerimientos fijados por las autoridades” . De lo que se trata es de correr la Fecha de Puesta en Operación (FPO) de las dos primeras turbinas.

En efecto la CREG recibió dicha solicitud, la cual fue radicada, urgiendo el trámite de la misma, el pasado 10 de noviembre, pero, según la Ministra Irene Vélez, quien la preside, le fue devuelta a EPM para que “explique en mayor detalle cuál es el requerimiento y con qué sustento se está realizaron dicho requerimiento” . Y mientras tanto el tiempo corre, porque las manecillas del reloj no se detiene. 
Hasta el momento la CREG no ha tomado ninguna decisión al respecto, empero el Alcalde informó que la empresa XM le había certificado que todo estaba dispuesto para que las dos primeras unidades entraran en operación  y que si EPM no procedía en consecuencia era debido a“nuevos requerimientos fijados por las autoridades”, aludiendo especialmente la Resolución 1056 expedida el 4 de noviembre por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de desastres (UNGRD) y lo dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía para evacuar algunas poblaciones, así como el pedido de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de la actualización del plan de contingencias y unas peticiones de la Procuraduría para hacer simulacros de evacuación. 

A través de un comunicado oficial XM desmintió la declaración del Alcalde y dejó en claro que no ha emitido ninguna certificación al respecto, lo que además no es de su competencia y que “si bien las unidades cumplen con los requisitos para iniciar la etapa de pruebas, aún se tienen pendientes para ser declaradas en operación comercial por parte de EPM”. Así de claro!

Lo ha dicho de manera muy diáfana el Director de la UNGRD Javier Pava: “yo actúo en el marco de la competencia que me establece la ley 1523 de la política nacional de gestión del riesgo. Si EPM quiere asumir el riesgo, ellos serían directamente los responsables. Esperamos que al final no suceda, pero nuestro deber es advertir. Nosotros estamos recomendando y exigiendo que se hagan las evacuaciones preventivas sobre todo en el sitio que hemos considerado de alerta roja y donde está muy próximo a la zona del proyecto” . El gerente de EPM le ripostó diciendo que no abriga ningún temor, que “incluso el día que esto prenda me les paro aquí si quieren. El proyecto está controlado y solo va a entrar en operación cuando esté seguro y estable. El mensaje es para no paniquearse, ni alarmarse” . 

En otra movida por parte del Alcalde Quintero, en línea con el alegato de EPM ante la CREG, ha planteado que EPM tiene todo dispuesto para que HIDROITUANGO entre en operación con las dos primeras unidades, sólo lo impide el requerimiento de la UNGRD y que, en consecuencia debe ser la Presidencia de la República la que fije la nueva fecha de entrada en operación de las primeras dos unidades . Pero, al mismo tiempo urge destrabar dicha decisión, alegando que “prender HIDROITUANGO puede bajar las tarifas de energía un 5%” , automáticamente. Y añadió, “nadie que defienda la vida debe decir que no se debe poner a funcionar en este momento HIDROITUANGO, porque si falla ese vertedero en tonces lo habremos advertido. Habremos advertido que estamos listos para entrar en operación y algo o alguien nos lo impidió” . 

¿QUÉ HACER?
Yo concuerdo con el Centro de Pensamiento en Competitividad y Sostenibilidad de la Universidad EIA de Antioquia en que “el criterio fundamental para decidir la fecha de la puesta en operación del proyecto debe ser el de garantizar la seguridad y sostenibilidad del mismo, priorizando la vida y el medio ambiente, y un manejo adecuado de riesgos, especialmente por las comunidades localizadas aguas abajo del proyecto y con potencial riesgo… 

Es necesario exigir también que las autoridades tengan un manejo transparente y objetivo de los temas del proyecto, que permita a la ciudadanía estar adecuadamente informada, y tener la tranquilidad que las decisiones del proyecto se toman con seriedad y responsabilidad respetando las prioridades de la vida y el medio ambiente y con un adecuado manejo de riesgos. Conviene recordar y enfatizar que para la estabilidad de las obras del proyecto es determinante contar con todas las unidades en operación lo antes posible, tal como se ha expresado en anteriores pronunciamientos de este Centro de Pensamiento, en la opinión de expertos y en las recomendaciones consignadas en el informe oficial del consultor Pöyry…

Difícil imaginar hasta hace poco tiempo que a una empresa de las calidades de EPM le pudiera ocurrir algo como lo que ahora sucede. Hidroituango y EPM han sido víctimas de un manejo errático, mediático y personalizado, con grandes anuncios y promesas que se desvanecen, lo que solo ha producido incertidumbre y entorpecimiento del desarrollo del proyecto con presiones e indefiniciones que se terminan reflejando en las decisiones” . 

Es importante advertir, independientemente de la decisión que tome la CREG, que, tal como lo dejó establecido el Vicepresidente de Generación de Energía de EPM William Giraldo, “así pongamos en operación las dos turbinas antes del 30 de noviembre, eso no quiere decir que no siga el riesgo, si en 2023 no entran las turbinas 3 y 4 también toca pagar” . Ello es tan claro como el agua, no se librarían de la multa, si así lo decide la CREG, porque con sólo dos unidades no se alcanza a cumplir por parte de EPM con la totalidad de la OEF que le asignaron. Ahora bien, todos los reflectores están puestos sobre la entrada en operación de las dos primeras unidades, pero qué va a pasar con las restantes, habida cuenta que el contrato con el Consorcio constructor CCI fenece el 30 de este mes y como ya quedó dicho, no se sabe quien va a asumir la continuación de las obras a partir del 1º de diciembre. 

La CREG se encuentra en un grave predicamento frente a la solicitud de EPM de que no le hagan efectiva la garantía si reincide en el incumplimiento de sus OEF. Ello, en cuanto que la regulación es muy clara al respecto, dado que la laxitud en su aplicación atenta contra la confianza legítima y la estabilidad de las reglas de juego y el cargo se quedaría sin confiabilidad, poniendo en riesgo la estabilidad del mismo. Además, se sentaría un precedente nefasto, pues ello puede dar lugar a una especie de riesgo moral, pues si hoy ceden ante las presiones de EPM mañana aspirarán los demás a que se les aplique el mismo rasero. 

Como lo afirma Alejandro Piñeros, Coordinador Regulatorio en Óptima Consultores, “cambios regulatorios con nombre propio no sólo serían una mala señal para el sector, sino que podrían implicar demandas para el Estado de parte de aquellos proyectos que, tras una modificación como la que podría darse para favorecer a HIDROITUANGO consideren que deben o debieron ser tratados con la misma lógica” .
Mariana Villegas, Asociada senior de Energía en Baker Mckenzie, que “un camino a seguir para que el proyecto pueda ingresar al sistema es que cambie su Fecha de Puesta en Operación (FPO), se le ejecute la garantía y quizá reciba una sanción de la Superintendencia de Servicios, pero no pierda el punto de conexión. Esto, dado que de perder el punto, la energía no podría entrar al sistema hasta 12 meses después de la liberación de la capacidad” . Este sería una especie de premio de consolación. 

Finalmente, volviendo sobre los riesgos que entraña la no entrada de HIDROITUANGO o la prolongación de la demora en hacerlo, no se escapa a nuestra consideración que los 2.400 MW de las 8 unidades previstas de este megaproyecto se necesitan y ya están comprometidos. La demanda por energía está creciendo por encima de la media de los últimos cinco años, lo cual requiere la entrada de nuevos proyectos y este es uno y no cualquiera de ellos. Se estima que se requiere la entrada de 600 MW anualmente para responder a la misma.  La dilación y la incertidumbre que ha rodeado la marcha de este proyecto ha conducido a que no se hayan convocado nuevas subastas, en este caso de reconfiguración, por parte de la UPME. Y ya estamos sobre el tiempo, pues un proyecto no tarda menos de cuatro años para entrar al sistema si cronometramos el tiempo a partir de la apertura de una subasta.