Dec 09, 2021 Last Updated 5:48 PM, Nov 11, 2021

LOS JUEGOS NOVEDOSOS

Así como la propuesta contenida en el Proyecto de Plan de Desarrollo que se tramita en el Congreso de la República atinente al monopolio rentístico de los licores contraviene principios esenciales del derecho que rigen la tramitación y aprobación de las leyes, otra propuesta de la misma laya, esta vez referida al monopolio de los juegos de suerte y azar, particularmente en lo que hace relación a los juegos novedosos, incurre en el mismo desaguisado, que hace de ellas propuestas, además de improcedentes, inconvenientes. 

En este caso, como en el anterior, se acude al expediente de su inclusión en el Proyecto de Plan y no en una Ley específica de régimen propio como lo predica la Constitución Política en tratándose de monopolios rentísticos. El artículo 336 de la Constitución Política establece de manera taxativa que “la organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la Ley de iniciativa gubernamental”. 

Al tratar de legislar en esta materia a través del Plan de desarrollo se transgrede de manera flagrante la Norma de normas, que es la Constitución Política. Fue el propio Constituyente el que le dio este rango con característica específica de régimen propio, buscando con ello diferenciarla de cualesquier otra, dándole la singularidad que ahora se pretende soslayar. Y ello ha sido refrendado por parte de la Corte Constitucional en reiteradas sentencias.

Y, de contera, se viola también el principio de la unidad de materia que debe caracterizar la expedición de las leyes (artículo 158 de la CP). La Corte Constitucional ha sentado jurisprudencia sobre este particular, dejando en claro que dicho principio se quebranta siempre que el contenido de un precepto que se pretende introducir en el trámite de una Ley cualquiera carece  de toda relación, directa o indirecta, objetiva y razonable con la temática central o dominante de la cual se ocupa la misma. Y este es el caso. Por contravenir este principio la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 237 de la Ley 223 de 1995 (Sentencia  C – 149 de 1997) que reformó el Estatuto tributario.

Como si lo anterior fuera poco, en el caso particular de los juegos novedosos, concretamente de la Lotería instantánea y el Lotto preimpreso, la propuesta se lleva de calle el principio de la descentralización y la autonomía territorial. La Ley 1393 de 2010 determinó que “la explotación de estos juegos corresponde a los departamentos y al Distrito Capital, quienes harán la selección y la contratación del tercero operador a través de la entidad que agremie a los departamentos en el país”. Y, después de 4 años de larga espera de la expedición del Decreto  reglamentara su implementación y de los costosos estudios que adelantaron los departamentos para determinar su viabilidad, ahora se les sorprende con la propuesta presentada al Congreso de la República arrogándose la Nación la explotación de dichos juegos. Ello sería una manifestación más de la recentralización que se ha venido dando en el país en los últimos años, a despecho de lo prescrito en la Carta de 1991, lo cual de paso va en contravía de los principios del Buen gobierno. 

Ello resulta tanto más inaceptable para los departamentos en la medida que, de prosperar esta iniciativa, quedarían en el peor de los mundos, toda vez que al tiempo que COLJUEGOS asumiría la competencia  de la explotación de tales juegos (artículo 94), así como de la selección y la contratación del operador, en caso de existir errores en la proyección de ingresos de la concesión otorgada, son los departamentos lo que deberán responder con su propio patrimonio, como titulares que siguen siendo del monopolio rentístico, las reclamaciones a las que haya lugar por parte de los concesionarios y asumirían las eventuales pérdidas a las que haya lugar. Amén de que las rentas producto de la explotación del monopolio rentístico dejan de ser propias para convertirse en rentas cedidas a favor de los departamentos por parte de la Nación, con todas sus consecuencias.  

Huelga decir que COLJUEGOS (dependencia del Ministerio de Hacienda), pasa ahora a ser el organismo que, además de aprobar, evaluar la gestión de administradores y operadores de los juegos, de vigilarlos y controlarlos, pasaría ahora, además, a explotar estos juegos, lo cual sería un verdadero dislate. Se convertiría COLJUEGOS, merced a esta propuesta, en juez y parte, lo cual no sería lo más ortodoxo. En suma, esta propuesta es, además de improcedente, inconveniente y contraria a la Constitución Política. 

 

Amylkar D. Acosta M 

Bogotá, febrero 21 de 2015

www.fnd.org.co

 

 

LA CRUDA REALIDAD

La caída de los precios del crudo ha alertado y alarmado a los países que, como Colombia tienen una alta dependencia de las exportaciones del oro negro, por su alto impacto en la economía y las finanzas públicas. Pero, la real realidad es que la caída de los precios no se circunscribe sólo al petróleo; los otros comodities que, aunque no tienen su misma relievancia, son vitales para el país, como el carbón, el oro y el ferroníquel han corrido con la misma suerte. Entre los años 2010 y 2014 los precios del carbón cayeron el 51% y tanto el oro como el ferroníquel un 36%. Y sumados petróleo, carbón, oro y ferroníquel constituyen el 70% de nuestra canasta exportadora, víctima ahora de la destorcida de los precios, lo cual provoca por consiguiente el deterioro de los términos de intercambio de nuestro sector externo.   

DESBALANCE DEL SECTOR EXTERNO

En consecuencia, el primer impacto de la destorcida de los precios de tales transables es la Balanza de pagos, que se ve acentuada por la caída de la producción. Ello explica el enorme déficit de la Balanza comercial en el año 2014, del orden de los US $6.293 millones, un record histórico que supera con creces el más alto registrado en 1998, que fue de US $2.900 millones. Y ello, después de haber cerrado el año de 2013 con superávit de la Balanza comercial del orden de los US $2.203.3 millones. Entre tanto el déficit en la Cuenta corriente de la Balanza de Pagos para el mismo año se estima en un 5%, el cual explica en gran medida que el peso colombiano haya pasado de ser una de las monedas más revaluadas del mundo a ser ahora una de las más devaluadas (24.16% en 2014), después de Rusia y Ucrania. 

Dicho sea de paso, esta devaluación galopante ha encarecido la deuda externa de Colombia y, lógicamente, el servicio de la misma. La deuda pública externa (US $57.000 millones), creció un 44% en el período 2010 – 2014 al tiempo que la deuda externa del sector privado (US $41.300 millones) se incrementó en el mismo lapso de tiempo un 64%. Ahora merced a la maxidevaluación  del peso la deuda pública externa que representaba el 13.6% del PIB cuando la cotización del dólar estaba en $1.800, con el cambio de $2.400 pasó a representar el 18.2%. Como lo destaca el profesor Salomón Kalmanovitz, “tanto el Gobierno como los empresarios enfrentan pagos por intereses y amortización 33% más elevados que hace un año” 

A la vulnerabilidad de nuestro sector externo ha contribuido también y de qué manera la menos afluencia al país de Inversión Extranjera Directa (IED), que cayó el año anterior el 10.6%, al pasar de US $16.833 millones a US $15.033 millones. Y, aunque parezca paradójica fue menor la caída de la IED en el sector minero-energético (9.8%) que en el sector manufacturero (14.8%), lo que no deja de ser motivo de mucha preocupación, dado el descaecimiento del mismo. Irónicamente, mientras la IED se retrae la inversión de portafolio entra a rodos al país y se multiplicó prácticamente por tres, entre el 2013 y el 2014, al pasar de US $4.692 millones a US $12.437 millones, nos referimos a inversiones en TES y colocación de deuda externa, fundamentalmente. 

LA DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO

Y dado que la llamada Locomotora minero-energética ha perdido fuerza e impulso, ello ha ralentizado el crecimiento de la economía, que durante la década pasada, aupado por el auge minero-energético, superó el promedio histórico del 4.5%. Ahora con la contracción de los mercados externos y la caída de los precios la economía ha entrado en una franca desaceleración. Basta con decir que en el tercer trimestre del año anterior el sector de minas y canteras no sólo no creció sino que se convirtió en un lastre para un crecimiento mayor de la economía con una decrecimiento del 1%. Según el ex Director del DNP José Gómez, por cada US $10 que baja el precio del crudo la tasa de crecimiento de la economía disminuye 0.4 puntos porcentuales  y el desplome de los precios del crudo particularmente ha sido brutal, al punto que llegó a caer el 60% desde el precio más alto a mediados de junio del año anterior (US $107.95 el barril de la referencia WTI y US $115.19 del Brent. Así se explica la revisión a la baja de su proyección de crecimiento del PIB de Colombia para este año por parte del FMI, de 4.8% a 3.8% y de la propia Junta directiva del B de la R, que rectificó su estimativo pasando de 4.3% a 3.6%. 

Y, claro, a menor crecimiento menores ingresos públicos, se estima que por cada punto de menor crecimiento de la economía se dejan de percibir $2 billones, aproximadamente, amén de los menores ingresos por concepto de impuestos, dividendos y regalías. Y hablando de impuestos, por ejemplo, en el 2014 el recaudo por concepto del impuesto de renta fue de $39.3 billones, inferior a los $42.7 billones del año anterior. Con razón el Director de la DIAN Santiago Rojas manifestó que “ya se sienten los primeros efectos de la caída en la renta petrolera” . Y en la exposición de motivos de la Ley 1744 de 2014, mediante la cual se aprobó el Presupuesto bianual del Sistema General de Regalías (SGR), se presentía este impacto, dado que se calculaba que el recaudo de los impuestos pagados por Ecopetrol pasará de $2.9 billones en 2014 a $2.4 billones en 2015, 17.9% menos. En cuanto a los dividendos que recibe el Gobierno Nacional de manos de Ecopetrol, en el Marco Fiscal de Mediano (MFMP) Plazo que presentó el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República en junio del año pasado, cuando todavía el precio del crudo estaba en la cresta de la ola, se dijo que el Gobierno esperaba recibir por dicho concepto $8.4 billones, $2.3 billones menos que en 2014, es decir un 22% menos . 

LAS AULAGAS DE LAS REGIONES

En cuanto a las regalías se refiere, obviamente que también se van a ver impactadas. Se calcula que por cada dólar que baja el precio del crudo, y solamente estamos hablando de este, el SGR deja de percibir $80.000 millones. Pero, recordemos que no sólo han bajado los precios de los commodities sino también la producción de los mismos, lo cual hace que el efecto sea mayor. El Presupuesto del SGR para los años 2015 y 2016 se aprobó tomando como precio  base para el cálculo de sus ingresos US $85 y el precio de la referencia Brent, que es el que se utiliza para calcular el precio de nuestra canasta de crudo que se exporta se mantiene por debajo de los US $60 dólar el barril y a este precio se le debe restar US $12 para llegar al precio de dicha canasta. Dicho de otra manera, como lo reconoció recientemente el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, siendo realistas el precio que debe servir de base para hacer nuestras cuentas fiscales es de sólo US $48 el barril. Este fue el que se tuvo en cuenta finalmente para el Plan de Desarrollo Todos 2015 – 2018 por un nuevo país y que llevó al Ministro Cárdenas a recortar el Presupuesto de inversión anejo al PND $87 billones, al pasar de $790 billones a $703 billones y a disponer un recorte al Presupuesto Nacional de la vigencia 2015 de $6 billones. 

Aunque el Presupuesto del SGR es diferente e independiente del Presupuesto General de la Nación (PGN) son hermanos siameses y por ello mismo corre su misma suerte. Hasta ahora no se ha anunciado ningún recorte al Presupuesto del SGR, pero no habrá necesidad de hacerlo puesto que los recursos que se asignan a los proyectos viabilizados y aprobados a través de los Órganos Consultivos de Administración y Decisión (OCADs) se dan en la misma medida que se cuenta con la disponibilidad de los mismos. Lo cierto es que estamos muy lejos de las proyecciones alegres del ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri cuando, para sustentar la conveniencia de la reforma del régimen de regalías hablaba de la bonanza que le esperaba al país, pues, según él, después que se habían recibido regalías por un monto de $46.6 billones entre el 2000 y el 2011, ahora entre el 2012 y el 2020 se esperaba recibir la bicoca de $94.8 billones, un promedio de casi $10 billones (¡!).  Pero todo fue víspera de mucho y día de nada, porque así son las bonanzas, fugitivas, flor de un día y a quienes se engolosinan e ilusionan con ellas les pasa lo que le pasó al ex ministro Echeverri, que, como afirmara el célebre escritor mexicano Octavio Paz, se encontraba “a las afueras de la realidad”. 

Los departamentos y municipios del país, que tienen en el SGR su principal fuente de financiamiento de sus proyectos de inversión se encuentran en un grave predicamento dada la mengua inexorable de las regalías, que puede llegar a ser del orden del 40%. Aquí viene en auxilio de las entidades territoriales otra peculiaridad del Presupuesto del SGR que la diferencia con respecto al PGN y es que los recursos del SGR que no se alcancen a ejecutar en la respectiva vigencia pasan automáticamente a la subsiguiente. Este es el caso del Presupuesto bianual 2013 – 2014, el cual debido a las dificultades y obstáculos que se interpusieron en el camino de la tramitación, viabilización y aprobación de los proyectos se dio una baja ejecución. A consecuencia de esta, se encuentran disponibles en este momento $2.1 billones para su asignación a los proyectos a los que se les de luz verde a través de los OCADs. Este rezago en la ejecución se convierte en este momento en la tabla de salvación a departamentos y municipios ante la caída de los ingresos provenientes de las regalías.

No obstante, en la medida que, en promedio, se han venido comprometiendo anualmente $5 billones, dicha disponibilidad de recursos resulta insuficiente para financiar la enorme cantidad de proyectos de gran impacto para las regiones atascados, que siguen haciendo cola a la espera de recibir la asignación de los recursos necesarios y suficientes para su cabal ejecución. Es más, si está latente el riesgo que afrontan los proyectos en curso, imagínese la gran incertidumbre que rodea  a los nuevos proyectos, sobre todo aquellos de gran envergadura que demandan mayores recursos.

Pero, indudablemente, el mayor impacto  de este bajonazo en los ingresos del SGR se sentirá en los departamentos y municipios productores, debido a que el mismo coincide con el fin del período de transición previsto en el Acto legislativo 05 de 2011 y por ello desde este año empezaron a recibir sólo el 20% como asignación directa, después de recibir el 50% el primer año de su vigencia (2012), 35% en 2013 y 25% el año anterior. Por ello fue menester incluir en el Presupuesto del SGR 2015 – 2016 una compensación a favor de las regiones productoras de $1 billón .

Los gobernadores y alcaldes del país pasaron de la atonía, el asombro y la perplejidad al pánico, cuando conocieron de la iniciativa del Gobierno central contemplada en el Proyecto de Plan de Desarrollo Todos por una nueva Colombia que se tramita en estos momentos en el Congreso de la República en virtud del cual “el Gobierno Nacional, a través del DNP, podrá presentar a los OCADs proyectos de impacto regional, en beneficio del desarrollo de las regiones en los que concurran distintas fuentes de financiamiento público o privado  y con cargo a las asignaciones de los fondos de desarrollo regional y de compensación regional del SGR” . Esto ya es la tapa, era lo único que faltaba: que la Nación entre a competir por los menguados recursos del SGR, que son de las regiones , con sus propios proyectos. De esta manera tendremos una mayor presión sobre los limitados recursos del SGR. Esta insólita pretensión del Gobierno central transgrede flagrantemente los principios de la descentralización y la autonomía territorial. De materializarse este esperpento, el Gobierno Nacional no resistiría la tentación de tratar de descargar sobre el SGR el peso de aquellos proyectos propios que queden desfinanciados luego del recorte anunciado de $4.8 billones del rubro de inversión del PGN del 2015. Máxime cuando cuenta en la Ley del Presupuesto del SGR 2015 – 2016 con una alta discrecionalidad para la decisión en torno a la viabilidad de los proyectos a través de los OCADs al dejar en sus manos la calificación de los mismos a través de un sistema de puntajes , que viene a convertirse en otra traba más, por si faltara, para la ejecución de los recursos del SGR. .  

Ante este cuadro amenazador y en el interés de que no se vean afectados los programas sociales que benefician a la población más vulnerable y de que no se detenga la ejecución de proyectos esenciales, los cuales contribuyen a mantener a flote la economía nacional , reiteramos nuestra propuesta de desahorrar parte de  los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) para fondearlos. Ya se hizo a favor de los productores, que se van a ver favorecidos con el desahorro de $354.000 millones provenientes del FAE como parte de su compensación , ahora sólo resta que se haga lo propio en beneficio de los no productores. 

 

Inírida, febrero 26 de 2015

www.fnd.org.co

 

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