Dec 09, 2021 Last Updated 5:48 PM, Nov 11, 2021

¡HASTA ENTONCES!

Después de 26 años como servidor público, ora como docente universitario, como Secretario de Planeación de mi Departamento, como Coordinador de la Región de Planificación (CORPES) del Caribe Colombiano, Viceministro de Minas y Energía, ora como Senador de la República en tres períodos consecutivos, resolví en el año 2002 hacer uso de mi buen retiro. Desde entonces me replegué a mis actividades académicas, las que nunca abandoné aún en los momentos de mayor atafago, como cuando ostenté la dignidad de Presidente del Congreso de la República. Pasé de una vida agitada, frenética, excitante a otra más apacible y tranquila, hogareña, alegrada con la llegada de mis primeras tres nietas.

De pronto, una llamada telefónica me cambió el curso de la vida y me trajo intempestiva e impensadamente de vuelta al servicio público. Inesperadamente, sin vísperas y sin rodeos el Presidente Juan Manuel Santos me llamó para ofrecerme la cartera de Minas y Energía. Ante semejante propuesta no tenía sino dos caminos, desecharla o aceptarla y opté por esta última, por una sola razón: porque la vi como una ventana de oportunidad, no para mí, que ya las he tenido todas, sino como la oportunidad de servirle a mi región y por ende a todas las regiones de Colombia. Al fin y al cabo, cuando uno hace parte de la reserva activa, debe estar presto a enrolarse cuando lo llaman a filas a prestar nuevamente el servicio. Por lo demás, siempre he dicho que el éxito en la vida es un cruce de caminos entre la oportunidad y la preparación y yo me he venido preparando durante más de 30 años en todos los temas atañederos a la cartera que ahora ocupo.

Al momento de formalizar nuestra designación y luego al momento de posesionarnos el señor Presidente de la República fue enfático en que este nuevo gabinete para la recta final de su mandato es el de la unidad para la paz. Y no puede concebirse la unidad y mucho menos la paz sin la inclusión de la diferencia y así entiendo el paso dado por el Presidente Santos al incorporarme a su gabinete, al cual no llego por vía de la adulación, la lisonja y mucho menos de la apostasía. Quiso él tener otra mirada, otros puntos de vista distintos a los suyos propios, para ver de enderezar la nave del Estado que se vio zarandeada por los últimos acontecimientos. Sólo de esta manera he entendido mi llegada al alto gobierno, como alguien que no traga entero, que no disimula las razones de su disentimiento, que como buen liberal abomina el unanimismo y que por ello mismo le puedo ser útil en esta nueva etapa.

El señor Presidente calificó la gran eclosión de los movimientos sociales, que llegaron a su paroxismo con el paro nacional agrario, como una tormenta que había que enfrentar atendiendo las dolamas que dieron lugar a ellos en lugar de reprimirlos. La verdad sea dicha, el Gobierno fue sorprendido por las características y por la magnitud de la protesta, la cual se subestimó en un primer momento. Esto no debe volver a repetirse y se deben aplicar las lecciones aprendidas: el Gobierno debe sintonizarse con el país nacional sino quiere afrontar nuevamente sorpresas desagradables. Los ministros debemos ser el polo a tierra del Ejecutivo, debemos constituirnos en las torrenteras a través de las cuales se canalice el descontento y la inconformidad ciudadana, al tiempo que estas encuentren salidas prontas y eficaces por la vía de la institucionalidad.

Ciertamente arribamos al Gobierno en momentos difíciles para la Nación, pero siempre he dicho que las cosas fáciles ya las hizo otro y quedan por hacer las difíciles. Este es el desafío, bien dijo Thomas Carlyle “nos tocó una época difícil, pues bien estamos aquí para mejorarla” y pondremos todo nuestro empeño en tal propósito, tendiente a contribuir a allanar el camino para alcanzar el más preciado, el bien supremo de la Nación, la paz. Nada más, pero tampoco nada menos; si al final del día hemos sido capaces de  poner nuestro grano de arena para hacerla posible nos podremos dar por bien servidos. Sólo ello justifica mi paso por el gabinete ministerial y el sacrificio que para mí significa dejar de escribir y publicar mis columnas semanales, con la ambición de poderlas retomar en medio del post conflicto y no en medio de esta cruenta y cincuentenaria guerra que asola al país. Hasta entonces!

 

Bogotá, septiembre 14 de 2013

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[1]Ministro de Minas y Energía

LA REGIÓN Y SÍSIFO

Muy seguramente pensando en que no hay peor castigo para los mortales que someterlos al inútil esfuerzo como suplicio y purgar de esta manera su desprecio por los dioses, Sísifo fue obligado a subir una pesada roca hasta la cima de una montaña y cuando ya estaba a punto de lograrlo la roca rodaba hasta el fondo del precipicio, desde donde debía insistir, resistir y persistir una y otra vez en el vano intento de lograr su cometido. Traigo a colación esta pieza de la mitología griega porque le viene como anillo al dedo a propósito del empeño de las regiones colombianas en pos de consolidar la descentralización y reivindicar la autonomía prescritas en la Constitución Nacional. Los avances alcanzados son siempre seguidos de retrocesos que obligan a recomenzar, a nuevos intentos. 

Después de dejar atrás la conquista de las regiones de planificación, más conocidas como CORPES, que luego fueron disueltos de la peor manera y de la frustrante expedición de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) light, tenemos en ellos hitos importantes de la larga marcha, en procura esta vez de que lo prescrito en la Constitución de 1991 no quede en la Carta como un simple saludo a la bandera. Colombia que desde siempre ha sido un país de regiones por primera vez en su historia republicana lo reconoció y fue más lejos al consagrar su autonomía como principio fundamental. Pero más parece que estuviéramos en su sesión de aeróbicos desplegando un gran esfuerzo para imprimirle velocidad a una bicicleta, pero al ser esta aerostática no avanzamos un ápice. 

Le hemos escuchado decir al novel Director de Planeación Nacional (DNP) Simón Gaviria que el Plan Nacional de Desarrollo para este nuevo cuatrienio (2014 – 2018) “se construirá desde las regiones”, lo cual nos parece muy plausible, creo que se le debe coger la flota, máxime cuando, como el lo ha sostenido, este Plan “contendrá las estrategias para reducir las brechas sociales y el rezago que se presenta entre las zonas rurales y urbanas”. Ello es tanto más urgente habida cuenta de las enormes brechas tanto interregional como intrarregional que acusa el territorio colombiano, lo cual amerita una especial atención en aras de la equidad. Es la oportunidad, además, de que cada región del país se de su propio Plan de desarrollo y de esta manera este pueda insertarse en el Plan Nacional de Desarrollo como lo manda la Ley Orgánica de Planeación. 

 

 

Aunque el propósito último de las regiones debe seguir siendo el poder constituirse en entidades territoriales, como lo prevé la Carta y lo elude la LOOT vigente, las demás regiones del país deben seguir el ejemplo de la región centro encabezado por el Distrito Especial de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, que ya dio un primer paso de la mayor importancia al constituirse como Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE). El resto de regiones debe hacer lo propio, debe organizarse y para ello lo único que hace falta es voluntad política. Y para luego es tarde!

Así como nos lamentamos del hecho que al expedirse la LOOT se hubiera omitido toda referencia a las entidades territoriales indígenas (ETIs) previstas en la Constitución, tenemos ahora que ponderar la importancia del paso que acaba de dar el  Gobierno Nacional a través del Decreto 1953 del 7 de octubre, al reconocerlas al tiempo que se le dan funciones y competencias y se le asignan los recursos para que las ejerzan autónomamente. De ahora en adelante los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que por ministerio de la Ley les corresponde le llegarán a sus autoridades tradicionales, sin intermediarios y serán estas las que dispondrán de dichos recursos para atender sus requerimientos en materia de salud, educación y saneamiento básico. Con ello, además, se hace justicia a las comunidades indígenas

 

Medellín, octubre 13 de 2014

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EL CARIBE Y SÍSIFO

Muy seguramente pensando en que no hay peor castigo para los mortales que someterlos al inútil esfuerzo como suplicio y purgar de esta manera su desprecio por los dioses, Sísifo fue obligado a subir una pesada roca hasta la cima de una montaña y cuando ya estaba a punto de lograrlo la roca rodaba hasta el fondo del precipicio, desde donde debía insistir, resistir y persistir una y otra vez en el vano intento de lograr su cometido. Traigo a colación esta pieza de la mitología griega porque le viene como anillo al dedo a la región Caribe, en su Día clásico, a propósito de su denodado empeño en alcanzar su integración y su autonomía. El 10 de octubre de 2011 se reunieron en Cartagena gobernadores, alcaldes, historiadores y artistas connotados de la región para celebrar por primera vez el Día de la Región Caribe. La escogencia de la fecha fue una alegoría a la gran gesta del prócer guajiro José Prudencio Padilla, quien en un día como hoy en 1821 logró coronarse de gloria una vez más expulsando desde tierras cartageneras a los últimos reductos de quienes le profesaban una fidelidad canina a la Corona Española, que vieron de esta manera hecha añicos su osada empresa de reconquistarla. 

Después de dejar atrás ensayos como el Sistema de Integración y Planificación Urbana y Regional (SIPUR) y conquistar las regiones de planificación, más conocido como CORPES, para luego verlos disueltos de la peor manera, de haber formulado el primer Plan regional de desarrollo en el país, Un viaje hacia el futuro, que se quedó escrito en el papel y de la frustrante expedición de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) light, tenemos en ellos hitos importantes de la larga marcha, en procura esta vez de que lo prescrito en la Constitución de 1991 no quede en la Carta como un simple saludo a la bandera. Colombia que desde siempre ha sido un país de regiones por primera vez en su historia republicana lo reconoció y fue más lejos al consagrar su autonomía como principio fundamental. Pero más parece que estuviéramos en su sesión de aeróbicos desplegando un gran esfuerzo para imprimirle velocidad a una bicicleta, pero al ser esta aerostática no avanzamos un ápice. 

Le hemos escuchado decir al novel Director de Planeación Nacional (DNP) Simón Gaviria que el Plan Nacional de Desarrollo para este nuevo cuatrienio (2014 – 2018) “se construirá desde las regiones”, lo cual nos parece muy plausible, creo que se le debe coger la flota, máxime cuando, como el lo ha sostenido, este Plan “contendrá las estrategias para reducir las brechas sociales y el rezago que se presenta entre las zonas rurales y urbanas”. La región Caribe junto con la región Pacífica son las más urgidas de cerrar esas brechas, además de la gran brecha interregional e intrarregional que las agobian. A este propósito es menester dejar en claro que la región Caribe no es un lienzo en blanco en materia de diagnóstico y planificación; es mucho cuanto se ha avanzado en ello, de lo que se trata entonces es de unificar criterios por parte de parte de sus líderes políticos, sociales y comunales, así como de los gremios y la academia, antes de tener esa interlocución con Planeación Nacional. El Observatorio del Caribe, que goza de un gran reconocimiento y credibilidad en la región, puede jugar el papel de integrador y facilitador en este proceso, que nos debe conducir a volver a contar con nuestro propio Plan de Desarrollo de la Región Caribe que nos sirva de brújula en medio de tantos desvaríos como los que estamos presenciando y, lo que es más importante, lograr su inserción en el Plan Nacional de Desarrollo como lo manda la Ley Orgánica de Planeación.

El Voto Caribe en las elecciones parlamentarias de 2010 sentó un precedente en este país, toda una región se pronunció de manera contundente “a favor de la Constitución de la Región Caribe como una Entidad territorial de derecho público, con autonomía para la gestión de sus intereses, que promueva el desarrollo económico y social de nuestro territorio dentro del Estado y la Constitución colombiana”. Nada más, pero tampoco nada menos! 

Sin renunciar a este cometido, la región Caribe debe seguir el ejemplo del centro del país encabezado por el Distrito Especial de Bogotá y Cundinamarca, que ya dio un primer paso de la mayor importancia al constituirse como Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE). El Caribe no se puede quedar a la zaga después de haber estado a la vanguardia de esta lucha de las regiones por su reivindicación. Lo único que hace falta para ello es voluntad política y para luego es tarde!

La región Caribe debe saber aprovechar este cuarto de hora, en el que parece se hubieran alineado los astros: presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, dos y casi tres ministras con cartera, con la titular del Departamento para la prosperidad social (DPS), con Directora de la ESAP, con Contralor General de la República. Ah falta que nos va a hacer el patricio liberal Aníbal Martínez Zuleta (q. e. p. d), cuya partida constituye una sensible pérdida para la causa de la autonomía regional. No se puede malograr esta oportunidad única y feliz, porque, además, el que espera desespera!

 

Medellín, octubre 10 de 2014

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DE LAS VACAS GORDAS A LAS VACAS FLACAS

EL FIN DE UN CICLO

Después de un largo ciclo, que se prolongó por una década (2003 – 2012), el boom del sector minero – energético, caracterizado por los altos precios del carbón, el oro, el ferroníquel y el petróleo, ahora estamos de vuelta por cuenta de la contracción de sus mercados y la destorcida de sus precios. Los precios del carbón ha caído más del 38%, los del oro y el ferroníquel más del 24% y los últimos en caer han sido los del petróleo, cuyo desplome es mayor, en más del 50%, debido a su represamiento. Ello tiene un alto impacto en la economía y en las finanzas nacionales, empezando por el deterioro de los términos de intercambio que redunda en un déficit que se acrecienta mes a mes de la Balanza de pagos del país. Después de tener una Balanza comercial superavitaria de US 1.646 millones entre enero y noviembre de 2013, para el mismo período del año 2014 arroja un déficit de US $4.807 millones, con una variación negativa del orden de los US $6.454 millones (¡!). Entre tanto el déficit en Cuenta corriente de la Balanza de pagos se amplía y se estima que pudo haber cerrado el 2014 en un 4.8% (¡!). 

Desde luego, ello también ha repercutido en la caída de la inversión extranjera directa en un 10.7% en 2014, lo que resulta más preocupante aún al registrar que, contrariamente a lo esperado, en otros sectores, como el industrial, cayó más que en el sector de minas y petróleos, 14.8% y 9.7%, respectivamente. Esta circunstancia y al mayor déficit de la Balanza de pagos han contribuido a acentuar la devaluación del peso frente al dólar, que se ha venido fortaleciendo aupado por la caída del precio del crudo, que se cotiza en dicha moneda, así como por el recorte de la liquidez por parte de la Reserva Federal de EEUU (FED), al poner coto a las ayudas anabólicas que se implementaron en su momento para capear los estragos de la crisis hipotecaria que se desató en 2008. Ello ha hecho del peso colombiano la moneda más devaluada del mundo (24.2% en 2014) después de Rusia y Ucrania. 

Este revés en el sector externo incide en la ralentización del crecimiento de la economía; solamente la baja en la cotización del petróleo en un 10% se traduce en una reducción del potencial de crecimiento de la economía en 0.2 punto porcentual del PIB y, ya dijimos, la caída ha sido superior al 50%. Ello explica en gran medida la revisión a la baja del crecimiento de la economía colombiana por parte del FMI, de 4.8%, que fue su pronóstico en octubre pasado, a 3.8%. Por su parte el Banco de la República acaba de corregir, también a la baja, su proyección de crecimiento del PIB para este año, de 4.3% a un modesto 3.6%; entre tanto el Gobierno mantiene la suya de un 4.2%. Y, como es obvio, con un menor crecimiento se verán afectadas las metas de recaudo de impuestos y también la generación de empleo, poniendo en riesgo los avances logrados en la reducción de la pobreza.

 

EL GOLPE A LAS FINANZAS PÚBLICAS

 

Con la descolgada de los precios del petróleo, especialmente, reducen  sensiblemente los ingresos del Estado, tanto por concepto de recaudo de impuestos, como por el pago de dividendos por parte de la estatal ECOPETROL y de las regalías que van al Sistema General de Regalías (SGR). Ya el Gobierno Nacional, en la exposición de motivos del Proyecto de ley del Presupuesto bianual de regalías (2015 – 2016) había estimado que los impuestos a pagar por parte de ECOPETROL en el 2014 serían de $2.4 billones, un 17.9% menor que en 2014 cuando pagó $2.9 billones. Y todavía para entonces la caída de los precios del petróleo no era tan pronunciada. En cuanto a las utilidades de ECOPETROL podemos decir que sólo faltando el último trimestre del año anterior sus utilidades se cifraban en $8.42 billones, un 24% menor que para igual período del año anterior. 

Además, el mismo Ministerio de Hacienda, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) dado a conocer en junio pasado calculó los ingresos que espera recibir este año por concepto de los dividendos que repartirá ECOPETROL en su Asamblea de marzo próximo en $8.4 billones, 22% menos que el año pasado.  Y, de contera, según un estudio que acaba de realizar FEDESARROLLO, se estima que en 2014 se recibirán menores ingresos por concepto de regalías del orden del billón de pesos, sólo a consecuencia de la caída de los precios del crudo. Si extrapolamos estos resultados a toda la industria, es de esperarse que  los ingresos del estado por todo concepto se pueden ver disminuidos en un 20%, por lo menos. 

 

LAS REGIONES LLEVAN LA PEOR PARTE

 

Indudablemente que el mayor impacto y el más inmediato de este cuadro tan desolador como amenazador recaerá sobre las regiones, especialmente los departamentos, las cuales verán menguados ostensiblemente sus ingresos. La afectación en las finanzas territoriales se dará por partida doble, por las menores transferencias vía Sistema General de Participaciones (SGP), toda vez que los ingresos corrientes de la Nación, que son la base de cálculo y liquidación de las mismas, se reducirán severamente y también por los menores recursos provenientes de las regalías que captará el SGR, fuente principal de financiamiento de sus proyectos de inversión. A diferencia de lo que pasó con el Presupuesto General de la Nación, que se aforó ( $18.269.824´762.110) tomando como base un precio del crudo de US $97 el barril de petróleo, en el caso del presupuesto para 2015 – 2016 del SGR se tuvo el cuidado de revisar a la baja el precio de referencia del crudo pasando de US $94 el barril para el 2015 y US $91 para 2016 a US $85 para los dos años, precio este todavía luce muy alejado de la cruda realidad.

En medio de estas aulagas el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas al estimar en $9 billones los menores ingresos que se recibirán este año a consecuencia de la destorcida de los precios del petróleo, manifestó que $4.5 billones de este faltante se esperan financiar a través de la reforma tributaria recientemente expedida y los otros $4.5 billones aumentando el déficit, el cual se cubrirá, como dijo el Ministro, “con un poco de endeudamiento, para no incurrir en una reducción abrupta de la inversión pública”  . Afortunadamente la deuda soberana de Colombia ha recibido las mejores notas de parte de las firmas calificadoras de riesgo recientemente, lo cual abarata el costo de este mayor endeudamiento, aunque con la gran devaluación reciente del peso con respecto al dólar, se ha encarecido desproporcionadamente. Además, en el transcurso de 2014 el Gobierno adelantó operaciones para reducir las amortizaciones programadas y las necesidades de financiamiento, lo cual le abre un amplio espacio a los requerimientos que ahora se plantean. Huelga decir que estos recursos, los del endeudamiento, no hacen parte de los ingresos corrientes de la Nación y en consecuencia no cuentan para el giro de las transferencias a las regiones. 

Ahora bien, el Gobierno Nacional ha sido consciente de los apremios a que se van a ver enfrentados los departamentos productores por el bajonazo que se veía venir del monto de las asignaciones directas que le corresponden en virtud del Acto legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012, debido a que el año anterior concluyó el período de transición (2012 – 2014) y a partir de este año las mismas se reducen a sólo el 20% remanente del SGR, después de deducir los porcentajes correspondientes del Fondo de Ahorro y Estabilización (30%), el Fondo de Ciencia y Tecnología (10%) y el Fondo de Pensiones Territorial (10%). Para atenuar el impacto en dicho tránsito del régimen transitorio al permanente y con el ánimo de compensarlos así sea parcialmente, el Gobierno se anticipo a incluir en el Presupuesto bianual del SGR aprobado por el Congreso de la Republica (2015 – 2016) la apropiación de $2.2 billones adicionales al que le correspondía a departamentos y municipios productores con destinación a las asignaciones directas para este año 2015, pasando de $1.9 billones a $4.1 billones. Para ello echó mano de los rendimientos en la Cuenta Única en la Tesorería General de la Nación de los recursos provenientes de las regalías, se desahorraron parte de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, amén de los recursos de compensación provenientes del Fondo de Desarrollo Regional previsto en la norma transitoria, la cual prevé que se les debe garantizar a los productores como asignación directa por lo menos el 40% del promedio histórico de lo que recibieron entre 2007 y 2010. Estos recursos los podrán utilizar desde el primer año de vigencia del Presupuesto y no tendrá que esperarse hasta el año vencido, como prescribía la norma. También se liberaron recursos del Fondo de Pensiones Territorial e incluso se apretó el cinturón el Gobierno Nacional disponiéndose para tal efecto de parte de los recursos que le corresponden por ministerio de la Ley al funcionamiento del SGR. Adicionalmente, el Gobierno Nacional se desprendió del 50% que le corresponde de los recursos provenientes del margen de comercialización a favor de los productores.

 

QUÉ HACER

 

Celebramos que el señor Ministro de Hacienda se haya resistido a la tentación de proceder a hacer recortes draconianos en los presupuestos, como lo acaba de hacer el Presidente Enrique Peña Nieto en México, que ordenó un recorte de US $9.000 millones, equivalente al 0.7% del PIB. Ello es tanto más importante porque evita la parálisis de la inversión, especialmente en las regiones, que es la que podrá mantener a flote la economía y evitar que esta entre en barrena. Desde la Federación Nacional de Departamentos le hemos propuesto al Gobierno apelar a los recursos que por más de $6 billones están ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización, que se creo en su momento con el objetivo de guardar parte de las regalías generadas por la actividad extractiva en la época de las vacas gordas para poder contar con ellos cuando sobreviniera la época de las vacas flacas y este es el caso. En este momento es preferible desahorrar parte de ellos para invertirlos en la infraestructura que requiere el país a tener esos recursos invertidos en el exterior rentando nada, porque es bien sabido que los rendimientos son nimios toda vez que las tasas de interés en los EEUU y en la Unión Europea están en el piso, 0.25% y por debajo del 1%, respectivamente.

Claro que, de aquí en adelante, se impone la austeridad en el gasto público, toca ganar en eficiencia haciendo más con menos, pero sin caer en la trampa de tomar medidas austericidas de corte Merkeliano; la sindéresis aconseja que es mejor aplicar la receta keynesiana tomando medidas contracíclicas, para evitar que la economía se deslice por el tobogán de una maldita recesión. Se deberán tomar medidas complementarias para lograr este cometido, como son las Alianzas Público – Privadas (APP) para acometer aquellas obras de mayor envergadura. Y, ante la proximidad de la entrada en vigor de la Ley de garantías, que congela la inversión, se deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a agilizar los trámites de viabilización y aprobación de los proyectos en los OCADs y asignarle rápidamente los recursos para, de esta manera, garantizar su pronta y cumplida ejecución. Y, a propósito de los OCADs, el Gobierno está en mora de presentar al Congreso de la República su propuesta de prescindir de ellos cuando se trate de la ejecución de los recursos de regalías correspondientes a las asignaciones directas a los departamentos y municipios productores, como lo prometió en el curso de su campaña que le dio el triunfo para ejercer su segundo mandato y, de esta manera, honrar su compromiso. Claro está, que ello se debe dar sin perjuicio de la necesaria vigilancia y control para garantizar la transparencia de los procesos de contratación y ejecución de los proyectos, así como el necesario rigor técnico para la identificación, priorización y estructuración de los mismos.  

Nos preocupa sobremanera como Federación la norma que quedó consagrada en la Ley del Presupuesto bianual del SGR (2015 – 2016), en el sentido que “el DNP definirá los criterios de priorización de los proyectos que se aprueben en los OCADs, porque ello puede prestarse para la obstrucción del trámite y aprobación de los proyectos y tiene cierto tufillo centralista. Pero, nos preocupa aún más la resurrección del fantasma del poder de veto en las decisiones que se toman en los OCADs. Se recordará que en la Ley de Presupuesto bianual (2013 – 2014) quedó consagrado el poder de veto por parte del Gobierno central, sin su voto afirmativo no se podía impartir aprobación a ningún proyecto (Ley 1606, artículo 31) y la Corte Constitucional lo declaró inexequible (C–624 de 2013) por considerar que ello sacrificaba “de manera desproporcionada los principios democráticos, de descentralización y autonomía, así como los mandatos del artículo 361 de la Carta”. 

Ahora quedó peor, porque al requerir prácticamente el consenso en el seno de los OCADs a la hora de la toma de las decisiones, la reticencia de cualquiera de sus miembros es suficiente para impedir la aprobación de un proyecto y eso es grave, pues puede bloquear cualquier decisión, lo que conduciría a una virtual parálisis de los OCADs, justo en el momento que más se requiere de la agilidad en sus decisiones. Ello va en contravía de las declaraciones del Director del DNP, Simón Gaviria, en el sentido que “hay que mejorar el sistema en eficiencia, planificación, eliminación de trámites y uso racional”  de los recursos. Tan pronto trascendió la noticia de la existencia de este endriago en la Ley de presupuesto del SGR los gobernadores y alcaldes pusieron el grito en el cielo y con razón; este entuerto debe ser corregido cuanto antes. No hay derecho!

 

Riohacha, enero 31 de 2015

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INJUSTA E INEQUITATIVA

Como injusta e inequitativa ha sido calificado por parte de la dirigencia de la región Caribe el alza súbita y desproporcionada del precio del gas natural, un aumento en el precio que afecta por igual tanto a los usuarios domiciliarios, como a la industria y a los propietarios de la flota de vehículos convertidos a gas. Y no es para menos, es que un alza que puede llegar a sobrepasar el 34% en el precio del gas natural no tiene comparación en el país con ninguna otra, es que estamos hablando de un incremento porcentual equivalente a casi diez veces la inflación causada el año anterior, que fue de 3.66%. Eso es un despropósito. Todos al unísono demandan del Gobierno Nacional la revisión de la norma regulatoria que ha dado pié a esta desmesura, que al tiempo que atenta contra el bolsillo de los usuarios pone en grave riesgo la competitividad regional.

Todo se origina en un indexador del precio del gas natural en los contratos a 5 años firmados entre los oferentes, que son sólo dos (Ecopetrol y Chevron) y los demandantes, entre los cuales priman los generadores térmicos, los cuales representan más del 80% de la capacidad de generación de la región. En su momento se acordó el precio para el primer año y para los subsiguientes se tomaría como base el que se llegara a convenir entre las partes para los contratos bilaterales a un año. Este precio, entonces, se convierte en el marcador para su fijación en el caso de los otros contratos de largo plazo. 

Lo que nadie previó es que hemos pasado de un mercado con cierta holgura en la oferta de gas natural a otro en el que este escasea, debido a la declinación de los campos de La guajira y, de contera, que ante la inminencia del fenómeno del niño se iba a disparar la demanda de las térmicas por gas natural. Y justamente la combinación de estos dos factores, aunado al hecho de que los únicos dos proveedores del gas natural ejercen un poder dominante en el mercado, hicieron que se treparan los precios hasta límites insospechados. Como ya lo hemos dicho , el parque térmico de la región Caribe representa más del 52% de la capacidad de generación térmica del país y le sirve de respaldo a todo el Sistema, no sólo al de la región, para garantizar la confiabilidad y firmeza en la prestación del servicio. Dicho sea  de paso, la incidencia de las exportaciones a Venezuela en este momento no es relevante, ya que las mismas se han reducido a sólo 50 millones de pies cúbicos diarios y la extensión del contrato de venta sólo se hizo hasta junio de este año. Y es de esperar que, mientras los nuevos esfuerzos exploratorios arrojan resultados positivos, con la entrada en operación el año entrante de la Planta regasificadora el panorama sea otro. 

Es un hecho que, contrariamente a lo que se presume cuando se expiden las normas regulatorias, que no contamos con una mercado homogéneo del gas en Colombia, el mercado está segmentado y así, aunque no dejan de existir vasos comunicantes entre los dos, el mercado natural para el gas de La guajira es la región Caribe como el mercado natural del gas de los llanos es el interior del país, máxime con las restricciones que tenemos en la capacidad de transporte entre uno y otro. Ello explica, pero no justifica, la discriminación de precios a la que ha dado lugar el indexador de marras, de modo tal que mientras en la región Caribe se chilla por esta alza inusitada, en el interior del país reciben con alivio la noticia de una rebaja entre el 3% y el 4% de la misma molécula de gas. Esto no puede ser!

Afortunadamente el Gobierno Nacional ha sido receptivo al reclamo de la región Caribe y el Ministro de Minas y Energía Tomás González se ha comprometido a que en un plazo no mayor a tres meses se estaría enderezando este entuerto. Es claro y es entendible que ante una coyuntura de escasez el precio del gas natural suba y ello es ineluctable, pero no en esa proporción; nadie esta pidiendo que se congele el precio, porque ello a la larga sería insostenible y le daría una pésima señal a los productores, exponiéndonos a una mayor escasez hacia el futuro, ello sería utópico siquiera pensarlo; pero que, si hay lugar a un aumento, este debe ser razonable. 

La revisión del indexador es inaplazable porque este aumento de precio que ha despertado la repulsa colectiva en la región Caribe está empezando a afectar a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica y esto no se ha dicho. Al aumentar el costo de generación de las térmicas con el alza del precio del gas sube el umbral del precio para salir despachados los generadores en Bolsa y ello arrastra hacia arriba el precio al que pueden ofertar los generadores hidráulicos despachados, capturando de esta manera una renta extraordinaria sin esfuerzo alguno. El usuario es el que termina siendo el paganine de esta distorsión de precios en el mercado.

 

Barranquilla, febrero 8 de 2015

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LICORERAS EN ASCUAS

Entre los piélagos del voluminoso y farragoso texto del Proyecto de Plan de Desarrollo Todos por un nuevo país para el segundo cuatrienio de la administración Santos (2014 – 2018) que se tramita en el Congreso de la República, nos topamos con la presencia allí de 9 artículos (191 – 199) atinentes al régimen que rige el monopolio de los licores en el país que, tal como están concebidos, podrían dar al traste con la estabilidad financiera de las 6 fábricas departamentales de licores que aún subsisten y de paso erosionar las finanzas territoriales. La preocupación que invade a los departamentos que se verían afectados con tales disposiciones es tanto mayor habida cuenta que los recursos que se birlarían tienen por ministerio de la Ley como destinación específica la salud y la educación.

Esta propuesta, además de improcedente, es altamente inconveniente para los fiscos departamentales que tienen en el monopolio rentístico de licores una de sus principales fuentes de recursos para su financiamiento. Decimos que es improcedente porque dicho articulado resulta extraño al cuerpo y al espíritu del Plan de Desarrollo y por ello mismo nos atrevemos a afirmar que no hay unidad de materia, lo cual vicia su trámite por esta vía. Pero, además, está claramente consagrado en la Constitución Nacional que “la organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio fijado por la Ley de origen gubernamental” . 

Si la propuesta se limitara a establecer que “en el marco del monopolio de licores como arbitrio rentístico y del impuesto al consumo, todos los licores nacionales o importados tendrán el mismo trato en materia impositiva, de acceso a mercados y requisitos para su introducción y comercialización” , vaya y venga. Pero se va mucho más lejos, cuando so pretexto de “superar las barreras de acceso no automáticas y discriminatorias a los licores importados y nacionales al ser introducidos a departamentos distintos de su lugar de producción” , se enerva hasta hacer nugatorio el ejercicio del monopolio rentístico consagrado en la propia Constitución. 

Y no lo decimos a humo de paja, es que aduciendo la falta de un estándar para interpretar el monopolio como arbitrio rentístico”  terminan aboliendo de un solo plumazo dicho monopolio. No de otra manera se puede interpretar lo consagrado en el texto de marras, cuando dispone taxativamente que “los departamentos no podrán prohibir o limitar de forma alguna la introducción, distribución y venta en su jurisdicción ni negar el registro” , que sería el único requisito para la libre introducción, distribución y venta para los licores importados. 

Es de anotar que el monopolio rentístico de los licores representa para los departamentos, además de participaciones económicas por cuenta del recaudo del impuesto al consumo, utilidades de las Empresas Licoreras, que en últimas van a las faltriqueras de los departamentos. Estos recursos representan hoy día en conjunto alrededor de 1,6 billones de pesos, de modo que con la desaparición del monopolio dichas empresas quedan en un grave predicamento, pues para ellas significaría la extremaunción, sólo restaría aplicarle los santos óleos y levantarles el acta de defunción. Sus días estarían contados, pues no estarían en condiciones de competir en franca lid con los licores importados libremente, sin ninguna cortapisa al país. Ello se traduciría en un detrimento de sus ingresos, que el mayor recaudo que se espera obtener de la modificación de la estructura impositiva que se propone no alcanzaría a compensar. 

Se argumenta que con esta propuesta se soluciona “la situación actual de distorsión al mercado de licores, en los términos observados por OCDE, es el trato nacional local” . Se esgrime, además, por parte de quienes prohijaron esta iniciativa, que “la inclusión de estas dos disposiciones es fundamental para cumplir con el artículo III.4 del Acuerdo GATT de 1994 de la OMC, los TLCs, las obligaciones a nivel de la CAN, en incumplimiento desde el año 1998, así como para ingresar a la OCDE” . Nada más alejado de la real realidad, a todas luces, esta propuesta va mucho más allá de las exigencias de los TLCs y contraviene lo dispuesto por el Tribunal Andino de Justicia . Como lo afirma el ex embajador de Colombia en Washington Gabriel Silva, “si unos lo practican y otros no, quienes se pliegan ciegamente a la fe del libre comercio salen perdiendo”  y remata diciendo que “en Colombia en esas materias somos más papistas que el Papa” .

Es claro que los monopolios, aún como arbitrio rentístico, constituyen una excepción al libre ejercicio  de actividades empresariales y comerciales, por ello su ejercicio no puede condicionarse a las normas internacionales que consagran la libertad de comercio, como son los TLCs, normas de trato nacional, OMC, etc. Es por esto que en los tratados de libre comercio suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea, de manera explícita se señala que el monopolio rentístico de licores y alcoholes se encuentra por fuera del cumplimiento de las normas de libre comercio internacional.

Tal idea es respaldada por  la sentencia proferida el 8 de diciembre del año 1998 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , en la cual se sostiene que el monopolio reconocido constitucionalmente en los países no es contrario al cumplimiento de las normas internacionales de comercio, siempre y cuando: las reglas que determinen las restricciones de acceso a los mercados sean iguales para todos los productos y no representen ningún tipo de discriminación fiscal o administrativa, sin importar si son productos nacionales o importados. Más claro no canta un gallo. 

 

Cota, febrero 15 de 2015

www.fnd.org.co

 

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