Oct 27, 2021 Last Updated 3:47 PM, Oct 9, 2021

¡ALBRICIAS!

Al cierre del año 2010 los colombianos recibieron la buena nueva del  magnífico desempeño de la estatal petrolera, ECOPETROL; esta, al fin y al cabo, sigue siendo patrimonio de todos. Con el aumento de sus reservas de crudo se espantaba el fantasma de la pérdida del autoabastecimiento de hidrocarburos y al coincidir con una coyuntura de precios al alza había contribuido a mejorar la balanza exterior y a aliviar el crónico déficit fiscal de la Nación.


Gracias a la mayor actividad exploratoria, que pasó de un promedio de 12 pozos perforados por año en la década de los 90 a más de 80 en los últimos tres años, se tradujo en una seguidilla de hallazgos que aunque menores han mejorado ostensiblemente la prospectividad del país. Esta a su vez se ha constituido en un gran atractivo para los inversionistas, de allí el éxito de la Ronda 2010 que abrió la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante la cual se adjudicaron 78 bloques para que en ellos se desarrollen la exploración y producción de hidrocarburos o efectúen estudios de evaluación técnica de los mismos.


A las mayores reservas producto de nuevos descubrimientos se vienen a sumar las que se han incorporado como resultado de la introducción de nuevas tecnologías de recuperación secundaria y hasta terciaria, optimizando la explotación aumentando sensiblemente la tasa de recobro de los campos ya descubiertos, muchos de ellos abandonados en el pasado. De esta manera se detuvo la caída de las reservas y la producción de hidrocarburos en el país que han tenido un repunte histórico. De un volumen de reservas de 1.137 millones de barriles con las que contaba ECOPETROL como grupo empresarial en 2008, se pasó a 1.538 millones en 2009 y en 2010 en lugar de bajar subieron nuevamente. Lo propio podemos decir de la producción, la cual superó con creces la meta de ECOPETROL en 2010 que era en promedio de 565.000 barriles diarios al alcanzar la cifra record de 785.000 barriles diarios; es decir, 39% por encima de lo esperado y un 16.9% superior al promedio del año anterior. Es de destacar que el índice de reposición de reservas este último año fue del 197%, lo cual se traduce en un coeficiente de reservas/producción de 9 años, aproximadamente de autosuficiencia.


En cuanto al comportamiento de los precios podemos decir que después de haber alcanzado el pico de los US $147.50 el barril en julio de 2008 se derrumbaron al mismo ritmo de la Gran crisis económica global hasta tocar el piso de los US $35.4 en diciembre de ese mismo año y desde entonces no ha hecho más que subir de manera sostenida, al punto que ha vuelto a rebasar en el último mes la cotización de los US $90 dólares el barril. Los precios en el mercado de futuros escalaron en la segunda semana de enero situándose en los US $92.39 el barril; es más, en Londres, en el IntercontinentalExchange, el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en febrero cerró a US $98.12. Hace un año Sintje Diek, analista petrolero del HSH Nordbank, vaticinó que los precios internacionales del crudo oscilarían en torno a los US $80 el barril en 2010 y erró su cálculo por sólo 40 centavos de dólar pues el promedio que se registró fue de US $79.61. Pues bien, él mismo se atreve a pronosticar ahora que se puede esperar “que este año sea más volátil que el 2010 y no descarto que veamos el crudo a más de US $100 el barril”.


Si la OPEP no cambia su política de los últimos dos años, caracterizada por una oferta limitada y al mismo tiempo se mantiene la voracidad de los países emergentes, encabezados por China, por los productos básicos, estaremos muy cerca de que se cumplan tales proyecciones. Empero, la Agencia Internacional de Energía (IE) activó las alarmas al advertir que tales niveles de precios pueden dar al traste con la débil recuperación de la economía global y por ello instó a la OPEP a revisar dicha política.  
ECOPETROL basó su plan de inversión para el 2010 en precio promedio del crudo a US $65 el barril, pero al final fue de US $79.53, lo cual lógicamente repercutió favorablemente en sus estados financieros y por consiguiente en el buen suceso para sus accionistas que se verán recompensados con mayores dividendos, empezando por la Nación que hoy posee el 89% de las acciones. Es indudable, entonces, que ECOPETROL está pasando por su mejor momento; no obstante, para que sea sostenible y se prolongue en el tiempo es absolutamente necesario dar con la aleatoria posibilidad de un nuevo hallazgo equiparable con Caño Limón siquiera y a ello le está apostando. Por lo pronto crucemos los dedos para que se nos cumpla este deseo. 

Riohacha, enero 23 de 2011
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SIN EL PAN Y SIN EL QUESO

Una vez más Colombia enfrenta el grave predicamento en sus relaciones comerciales con los EEUU de quedarse sin la ratificación del TLC que firmó en 2006 y sin la extensión de los beneficios arancelarios que se derivan de la ratificación de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA, por sus siglas en inglés) promulgada en agosto de 2002. Los mismos datan desde diciembre de 1991, cuando se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos su primera versión que fue la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés). Su vigencia inicial se prolongó por diez años, luego se renovaría cada cinco años; pero últimamente sus prórrogas fueron cada vez tan angustiosas como breves por el embeleco del TLC. Se le metió en la cabeza al entonces Ministro de Comercio, Industria y Comercio Luis Guillermo Plata que “extender las preferencias arancelarias por más de un año es inconveniente, porque eso puede convertirse  en un sustituto del tratado bilateral”. El sector privado lo secundó en esta frustránea estrategia y através de uno de sus más caracterizados voceros, el Presidente de ANALDEX Javier Diaz, manifestó el temor que abrigaba de que la ampliación por más tiempo de las preferencias “llegue a quitarle la urgencia y la prioridad que tiene el TLC”. Ellos se dieron por satisfechos y consideraron como un gran logro el que la última prórroga fuera por sólo seis semanas. Todo, para después estar haciendo fuerza y saltando matones, como está pasando ahora, debido a las  trabas que han impedido que el Congreso estadounidense extienda una vez más dichas preferencias.


VUELVE Y JUEGA

Pero, parece que no se escarmentara; Javier Díaz aseguró recientemente que “sobre la mesa hay una propuesta de extender el ATPDEA hasta julio porque se quiere presionar una aprobación del acuerdo comercial, debido a que en el segundo semestre hay de nuevo elecciones y se puede enredar, y este tema desaparece de la agenda”, para estar nuevamente en julio en el stress al que ahora están sometidos los exportadores. Lo cierto es que al no haberse tramitado oportunamente la prórroga del ATPDEA, desde el domingo 13 de febrero se perdieron sus beneficios y todas las exportaciones sin excepción están pagando aranceles para ingresar al mercado de los EEUU. Dado que el Congreso de los EEUU entró en receso por dos semanas desde el jueves 17, ello significa que dicha situación se prolongará por lo menos por un mes. Así como en su momento la Ley de Ajuste de Subsidios y Servicios, más conocida como la Trade Adjustment Assistance (TAA, por sus siglas en inglés) malogró el trámite de ratificación del TLC por parte del Congreso de los EEUU, ahora se ha convertido en la manzana de la discordia entre demócratas y republicanos impidiendo la aprobación de la extensión de los beneficios del ATPDEA que los demócratas han atado a la suerte del TAA al incluirlo en el mismo proyecto. Se trata de una norma que busca proteger a los trabajadores norteamericanos que supuestamente queden cesantes como consecuencia de la entrada en vigor de los TLC. Los republicanos aducen que no se pueden dar más ayudas porque se aprobó un seguro de desempleo. Su argumento es que no pueden existir dobles beneficios y los demócratas no ceden y exigen que el TAA y el ATPDEA se aprueben en simultánea. En este pulso entre demócratas y republicanos Colombia está atrapada entre dos fuegos sin saber qué hacer.


De nada ha valido ha valido la exhortación de Obama al Congreso para renovar el ATPDEA “lo más pronto posible”, ni la intervención del Embajador y Representenate Comercial de los EEUU adscrito a la Casa Blanca Ron Kirk instandolo “a extender estos tres programas (entre los cuales está el ATPDEA) lo más pronto posible y hacerlo más sustancialmente que por unos pocos meses”. Y fue más lejos al condolerse de la suerte del país considerado por Obama como su aliado estratégico, pues, según él “agricultores y trabajadores en Colombia perderán acceso al mercado estadounidense justo cuando se están recuperando de severas inundaciones” y remató diciendo “estoy decepcionado”.


REACCIÓN TARDÍA


La reacción por parte del Gobierno ha sido un tanto errática y contradictoria, pues el Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Diaz-Granados afirmó sibilinamente que “no quiero mandar el mensaje equivocado al Congreso de EEUU de que Colombia puede sobrevivir sin el ATPDEA, aunque es claro que podemos sobrevivir”; no, pero sí. Y ello, después de admitir que “no hemos dimensionado la magnitud del problema” planteado para enfrentar con éxito este “bache sin ATPDEA”. Por su parte el Embajador de Colombia en Washington Gabriel Silva en un aseguró que “para nosotros no hay Plan B ni segunda opción”; es decir, que Colombia se está jugando con el ATPDEA el todo por el todo.


Ante el hecho cumplido de que Colombia se ha quedado, no se sabe todavía por cuanto tiempo, sin el pan y sin el queso, sin TLC y sin ATPDEA, al Ministro Diaz-Granados le tocó salir a “ver cómo instrumentamos un Plan B, para ver si se reedita el tema de los reintegros de los aranceles pagados”. Esto es, que el Congreso de los EEUU apruebe la extensión del ATPDEA con retroactividad al 13 de febrero, de modo que se le reintegraría a los exportadores colombianos lo que hayan cancelado por concepto de aranceles durante dicho intervalo. Esta perspectiva no entusiasma mucho a los exportadores, toda vez que el Gobierno de los EEUU le giraría dicho valor a los importadores y son estos quienes deberán reembolsárselos a aquellos. Y no es para menos, es que ya en el pasado en idénticas circunstancias les han puesto conejo y los importadores norteamericanos se han quedado con dicho reintegro a expensas de los exportaciones colombianos.  Cabe recordar que en 2002 Estados Unidos dejó a Colombia siete meses sin ATPDEA, con todas sus consecuencias; la historia se podría repetir si el Gobierno Nacional no cambia de estrategia y hace valer la corresponsabilidad que le cabe al Gobierno de los EEUU en la lucha en contra de las drogas ilícitas, que fue la razón de ser de las preferencias arancelarias a favor de cinco de los países andinos (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia).


Ante el riesgo latente de que los exportadores se puedan ver perjudicados por la morosidad de los EEUU al extender los beneficios del ATPDEA, se han planteado por parte de ellos medidas tales como esta: que “en vez de pagar planteamos que los exportadores tengan una póliza de cumplimiento por semanas o meses por el monto de los aranceles, es decir, que no tenga que sacar la plata ahora. Si transcurre determinado plazo, y no hay retroactividad, se hace efectiva la garantía que asumiría el empresario”. Por lo demás, el reintegro de lo que se llegue a pagar por aranceles demora en darse; como lo recuerda el Presidente de la ANDI Luis Carlos Villegas. Según él “ya eso nos pasó hace unos años, el trámite para devolver esos aranceles cuando vuelvan a poner el ATPDEA en rigor se demoran fácilmente 7 u 8 meses. Uno cree que los trámites se demoran aquí en la DIAN, no, allá también”. A su vez el Gobierno Nacional, a través de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha contemplado la posibilidad de autorizar créditos blandos por parte de BANCOLDEX, con el fin de proporcionarle liquidez a los exportadores paran cumplir con el pago de los aranceles que se causen, los cuales serían pagados posteriormente con el reintegro de los mismos. Este es una especie de salvavidas para los exportadores. 

Ante la invectiva del Embajador Silva, manifestando su disgusto y dando a entender que a Colombia ya se le está agotando la paciencia por tanta mamadera de gallo, primero con la ratificación del TLC y ahora con la prórroga del ATDEA, Javier Díaz llama la atención sobre el hecho incontrovertible de que “Si uno no quiere perder el mercado tiene que acceder a pagar los impuestos, yo no cambio un mercado como Estados Unidos de la noche a la mañana, hay que seguir en la campaña de diversificación, independiente de lo que pase con el ATPDEA o el TLC”. En este caso, en lo que hace a la política de comercio exterior de Colombia, como en la paradoja de Huidobro, los árboles no les ha dejado ver el bosque a los responsables de la misma; la pregunta es hasta cuándo.


“No podemos resolver los problemas de
la misma manera que los creamos”
Albert Einstein



Riohacha, febrero 19 de 2011
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EL AMIGO IMAGINARIO

El recientemente liberado Mayor de la Policía Guillermo Solórzano dejó atónito al país cuando al narrar la odisea en que se le convirtió su secuestro por parte de las FARC contó que lo que hizo más llevadero su dantesco drama fue contar con un amigo imaginario que él mismo creó al que llamó Rodolfito. Ahora se sabe que este fenómeno es más común de lo que se cree y según la psicología infantil, los amigos imaginarios surgen como respuesta a las idealizaciones. Al parecer el gobierno colombiano tiene en los EEUU un amigo imaginario y no nos habíamos percatado de ello. Desde los remotos tiempos de la doctrina Monroe de América para los americanos, pasando por la Política del Gran Garrote de Theodore Roosevelt como su corolario, hasta la más reciente doctrina de la Seguridad Nacional, la política exterior de los EEUU, que se confunde con su paradigma del Destino Manifiesto, ha tenido como hilo conductor la sentencia de su primer Presidente George Washington que no puede ser mas lapidaria: “las naciones no tienen amigos sino intereses”.

De modo que todas esas declaraciones melifluas y grandilocuentes en el sentido que Colombia es el “aliado estratégico” de los Estados Unidos con quien mantiene una “relación especial” se han quedado sólo en la retórica. Después de los desencuentros entre Clinton y Samper se recompusieron las relaciones entre los dos países en el cuatrienio de Andrés Pastrana; pero, a pesar de que este se ufanaba de tener tan buena química con Clinton como con Tirofijo, fue muy poco lo que pudo avanzar el país en su acceso al mercado de los Estados Unidos. Lo único que le quedó para mostrar de este idilio fue el Plan Colombia, el cual fue aprobado a solicitud del ex presidente Pastrana, en el sentido que “es hora de que Estados Unidos mire a su patio trasero y lo ayude...”. Huelga decir que dicho Plan fue concebido y diseñado por el propio Estados Unidos como un componente básico de su fracasada estrategia antidrogas.


EL CRISTO DE ESPALDAS

Luego, vendrían los ocho años de la administración Uribe y a la sazón George W Bush era el Presidente de la gran potencia del Norte; entre uno y otro había una gran afinidad ideológica. El Presidente Uribe tuvo el privilegio de hacer parte del exclusivo club de personalidades de la política mundial que visitó a Bush en su rancho de Crawford, Texas. Y a pesar de ello, aunque Uribe logró negociar y firmar el TLC con su homólogo, ambos terminaron su período sin que lograra su cometido de la ratificación del mismo. Casi cinco años después de firmado su ratificación sigue en el limbo y cada vez más embolatada, pese a que según el Comité Consultivo para Políticas y Negociaciones de Comercio de los EEUU “el tratado con Colombia satisface o supera los logros acordados en otros tratados recientes, incluyendo los suscritos con Perú, Centro América y República Dominicana”. 

De hecho, en el Informe presentado en la primera semana de este mes al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos por el Senador republicano Richard Lugar se constata el desplazamiento de Estados Unidos en materia comercial en Suramérica, y en particular en Colombia, a favor de China, Mercosur, Chile, los países de la CAN, México y Canadá. Según sus cálculos, en los últimos dos años, Estados Unidos ha perdido US $1.000 millones de exportaciones agrícolas a Colombia, equivalente al 56 por ciento de su participación en el mercado nacional. Y si nos atenemos a las cifras que maneja la Cámara de Comercio Colombo – Americana, los exportadores de los EEUU le pagan a Colombia US $22 cada segundo por concepto de aranceles, unos US $2 millones diarios. A ojo de buen cubero, eso significa que desde la firma del texto negociado del TLC bilateral con los EEUU a hoy han tenido que cancelar una suma aproximada a los US $3.644 millones. Dicho de otra manera, de haberse ratificado el TLC por parte de los EEUU el fisco nacional habría dejado de recaudar esa misma suma por concepto de aranceles, el doble del estimativo del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla respecto al costo fiscal de la entrada en vigencia del TLC de US $300 millones anuales. Contrástese esa cifra con los US $350 millones, aproximadamente, que dejarán de pagar los exportadores colombianos por concepto de arancel a la entrada en vigencia del TLC con los EEUU, diez veces menos de lo que dejarán de pagar ellos (¡!). De allí la posición del Representante republicano Dave Camp, cabeza del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara baja, quien dejó en claro que “sin una fecha concreta para el TLC los conservadores no van a darle nuevo apoyo al ATPDEA, simplemente porque le reduce las tarifas a los exportadores colombianos sin reducirla a las exportaciones norteamericanas a Colombia como lo haría el TLC”.

EL EMPAREDADO DEL TLC

Pero, ocurre que entre los demócratas y republicanos existe una incompatibilidad de caracteres, pues al decir de Javier Tellagorri mientras los primeros ven aquello en lo que creen, los segundos creen en lo que ven. De allí su antagonismo, los demócratas propenden por el comercio justo, los republicanos por el libre comercio; dicha confrontación llevó al estancamiento del trámite y aprobación de la ratificación de los TLC firmados por parte de los EEUU con Panamá, Colombia y Corea. La elección de Barack Obama como Presidente complicó aún más las cosas, máxime cuando en un error imperdonable de la diplomacia colombiana esta tomó partido por el republicano MacKein. No obstante, por fuerza de las circunstancias, Obama abandonó su posición radical en contra de dichos tratados y se mostró dispuesto a impulsarlos. 

En efecto, en su discurso sobre el Estado de la Unión el 27 de enero de 2010 fue muy enfático al afirmar que “este año continuaremos fortaleciendo nuestros acuerdos comerciales con Asia y aliados clave como Corea del Sur, Panamá y Colombia”. Una vez más, en el discurso pronunciado por Obama el 26 de enero de este año sobre el Estado de la Unión, ratificó que “antes de asumir el mando, dejé en claro que íbamos a verificar el cumplimiento de nuestros acuerdos comerciales y que sólo suscribiría pactos que beneficiarán a los trabajadores estadounidenses y promovieran empleos en Estados Unidos. Eso fue lo que hicimos con Corea y eso es lo que pretendo hacer al procurar acuerdos con Panamá y Colombia, y continuar nuestras conversaciones comerciales con la región del pacífico de Asia y en el mundo”. Posteriormente sostuvo que “acabamos de cerrar un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur que representa un apoyo para 70.000 puestos de trabajo estadounidenses como mínimo, un acuerdo que contó con el apoyo sin precedentes de empresarios y sindicatos, demócratas y republicanos. Este es el tipo de acuerdo que buscaré en nuestras conversaciones comerciales con Panamá y Colombia”. Tal manifestación hizo revivir las esperanzas de que ahora sí se abriría paso la ansiada ratificación del TLC, pero ahora surgió un nuevo impasse, los republicanos han dejado en claro que no le darán paso a la ratificación del TLC con Corea si este no se tramita en simultánea con los de Panamá y Colombia. Amanecerá y veremos. 
El representante de Comercio Exterior estadounidense, Ron Kirk, dijo ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que había recibido “instrucciones del presidente Obama de intensificar los contactos con Colombia y Panamá, con el objetivo de resolver cuanto antes, este año, los asuntos pendientes, y someter inmediatamente a consideración del Congreso esos acuerdos”. El presidente del Comité, el republicano Dave Camp, le ripostó que agradecía sus buenas intenciones “pero ya el tiempo de las generalidades pasó… Estamos perdiendo mercados y necesitamos saber qué tiene que pasar para concretar esos tratados”. Kirk insistió en que “cualquier calendario estará supeditado a la resolución exitosa de temas muy serios, relacionados con la violencia contra el sindicalismo y los derechos laborales en Colombia” y anunció que para discutir esos asuntos con el gobierno Santos enviarían la una delegación de la Secretaría de Comercio a Bogotá. Recomendó además que las partes se sienten “a la mesa, preparados para tomar acciones significativas adicionales”, al tiempo que subrayó que el ejecutivo mantiene “serias preocupaciones” sobre el caso de Colombia que deben ser resueltas. Ello fue interpretado como el deseo por parte de los EEUU de renegociar los términos ya acordados del TLC que se firmó por las partes; el Embajador de Colombia en Washington Gabriel Silva se había anticipado a notificar al gobierno estadounidense que “acá no hay nada que negociar desde el punto de vista del Tratado. Ya fue aprobado por nuestro Congreso y no se va a reabrir” y lo remarcó el Presidente Santos: “no hay posibilidades de renegociar” lo ya firmado!
Todo este embrollo ha exasperado al Gobierno Nacional, al punto que el Presidente Santos aseguró que si la ratificación del TLC con los EEUU no se aprueba este año, su gobierno no seguirá insistiendo y buscará otros mercados. Esta declaración oficial fue seguida por otra de parte del Embajador en Washington que fue aún más lejos: “si en el 2011 no ocurre realmente la ratificación del TLC, es muy posible que sea Colombia la que decida que esto ya no va más”. Por su parte el Vicepresidente Angelino Garzón manifestó que “no nos vamos a poner a llorar si algún país libre y soberanamente toma la decisión de no aprobarnos el TLC”. Comparto con el analista y Decano de Economía de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria que tales declaraciones aunque altisonantes no pasan de ser baladronadas. Como afirma él “si se llegase a aprobar el TLC para el 2012, no creo que Colombia vaya a decir que no le interesa, que ya es un capítulo cerrado”. Lo que es claro es que Colombia no debe actuar llevado por el despecho o por el ánimo retaliatorio, como sucedió en su momento con Venezuela cuando, ante las invectivas de Chávez, se pensó que era muy fácil sustituir ese mercado por otro. 

Ya lo advertíamos a propósito de la celeridad con la que se venía negociando un TLC a las volandas con la Unión Europea (UE), dizque para presionar a los EEUU para que ratifiquen el TLC con Colombia si es que no se quieren ver desplazados por la UE. Ello sólo condujo en concepto del Presidente de Fedegan José Felix Lafaurie a un “mal cierre” de dichas negociaciones. Ojalá que ello no se vaya a repetir con otros TLC que se vienen negociando con la misma ligereza, como es el caso de Corea del Sur, del cual ha dicho el Presidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa) “llevaría a la suspención de la producción nacional de vehículos, lo que generaría el marchitamiento de la producción de autopartes”. Lo propio ha dicho la Directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI Juliana Rico: “además de ser una economía cerrada, tiene mucha fortaleza en manufacturas y hace dumping…Un TLC con Corea que no excluya este sector dará al traste con la producción colombiana orientada a la exportación”. Ojo, pues!  

GIRO POSITIVO DE LA POLÍTICA COMERCIAL

El Presidente Santos ha venido haciendo lo correcto; después del aislamiento diplomático y comercial al cual expuso al país la política parroquial y camorrista del ex presidente Uribe, él entendió la necesidad de abrirse al resto del mundo. Procedió a reabrir embajadas y representaciones consulares en países claves para una estrategia de expansión del comercio exterior, como es el caso del lejano y medio Oriente. El caso de Venezuela es patético, como afirmó el Presidente Santos “estábamos en el peor de los mundos: no había diálogo, no había relaciones diplomáticas, no había comercio, no pagaban las deudas y hasta sonaban tambores de guerra. Esa situación era inaguantable”. Lo propio podría decirse del Ecuador, enantes nuestro tercer mercado externo en importancia después de los EEUU y Venezuela. Recordemos que el prurito de tener un TLC con los EEUU llevó al Gobierno del ex presidente Uribe a provocar la desintegración andina, dejando lo cierto por lo dudoso. 

Poco a poco se han ido recomponiendo las relaciones con Venezuela y Ecuador, lo cual ha dado ya sus primeros frutos. Las exportaciones hacia Venezuela después de superar los US $6.000 millones en 2008 se desplomaron hasta registrar sólo US $1.257 millones en 2009(¡!). El primer paso a dar y ya se está dando es acordar con Venezuela un Tratado bilateral que reemplazaría su membresía a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a la que renunció en 2006, dado que a partir del 22 abril cesan sus obligaciones para con esta. Tanto el Gobierno como el gremio exportador coinciden en que dicho Tratado debe darse en el marco de ALADI, para evitar que el mismo sea considerado un nuevo acuerdo, en cuyo caso se vería forzado a extenderle a los EEUU, una vez sea ratificado el TLC, los beneficios arancelarios y aduaneros que se convengan. Lo cierto es que ya se han visto los primeros resultados de la distensión en las relaciones, al incrementarse las exportaciones a Venezuela el 45.1% situándose en los US $1.825 millones. Con el Ecuador, los resultados son más tangibles, habida cuenta que el año anterior las exportaciones alcanzaron un nuevo máximo histórico de US $1.825 millones, un 45.1% mayor que en 2009, con un saldo favorable a Colombia de US $1.010 millones.

Definitivamente, sin perder de vista el mercado regional, como bien lo aconseja el Director de Analdex Javier Díaz, “hay que seguir en la campaña de diversificación, independiente de lo que pase con el ATPDEA o el TLC”. Sí, diversificando la oferta exportadora, y diversificando los mercados de destino de la misma. Como lo muestra claramente el Índice de Herfindahl Hirschman indica, Colombia mantiene una elevadísima concentración exportadora (0.28 frente a un tope de 1, donde valores de “equilibrio” estarían alrededor de 0.18). Este sesgo lo producen Estados Unidos y Venezuela.  La preocupación es mayor si tenemos en cuenta la creciente reprimarización de la economía nacional y el predominio de los productos tradicionales en nuestra oferta exportadora. A ello ha contribuido, desde luego, la revaluación del peso frente al dólar. En el 2010 las exportaciones totales crecieron el 21.2% en dólares y 8.7% en volúmen, situándose en los US $39.820 millones. Pero, de ese total, más del 58% correspondieron a exportaciones tradicionales (petróleo, carbón y café, especialmente), las cuales crecieron un 41.2%, mientras las no tradicionales (especialmente manufacturas) –que son las mayores generadoras de empleo- se contrajeron el – 2.9% al pasar de US $14.900 millones a US $14.468 millones; si se excluyen los despachos de oro y esmeraldas, la caída de las exportaciones no tradicionales sería aún mayor, de –7.7%. Exportaciones como las de cuero y los textiles se desplomaron el año anterior el 17% y 37%, respectivamente. Pese a ese buen comportamiento de las exportaciones tradicionales, en el caso específico del café Colombia ha venido perdiendo terreno; después de ocupar el segundo lugar después de Brasil durante muchos años, primero fue desplazado por Vietnam al tercer lugar y el año anterior fue Indonesia la que la relegó a un cuarto lugar en importancia. Aunque parezca paradójico Colombia está pasando por una bonanza cafetera sin café al no lograr el año anterior la meta de producción de 11 millones de sacos, debiendo contentarse con sólo 8.9 millones. Es más, a pesar del buen comportamiento de las exportaciones la balanza exterior deel 2010 cerró con un déficit en cuenta corriente del – 2%  del PIB. 

EL CUENTO CHINO

El cierre de los mercados de Ecuador y Venezuela obligó a los exportadores colombianos a explorar nuevos mercados con relativo éxito, al punto que China se convirtió en nuestro segundo mercado después de los EEUU desbancando a Venezuela. Pero, no nos hagamos ilusiones, pues si bien es cierto las exportaciones a China el año pasado subieron el 107.1% con respecto al año anterior, representando el 4.9%, estamos hablando de sólo US $1.966 millones, muy lejos de los US $16.918 millones que tuvieron por destino el mercado de los EEUU, de las cuales el 70.8% fueron de petroleo y sus derivados. Es de anotar que las exportaciones latinoamericanas a China representan en promedio el 8%, casi el doble de la participación en las de Colombia. Además, un alto porcentaje (86.5%) de las exportaciones colombianas a China está representado por productos básicos, léase petróleo, carbón y ferroniquel, entre otros. Ahora bien, sumadas las exportaciones a Japón, Singapur y Corea ascendieron en el 2010 a US$1.305 millones, de tal suerte que el gran agregado de las exportaciones colombianas al Asia representaron el año pasado el 8.2% de sus exportaciones totales. Pero, estamos todavía muy lejos de lograr un gran posicionamiento en dicho mercado, el más codiciado del mundo, máxime cuando el saldo de la balanza comercial con los países asiáticos en 2010 fué desfavorable para Colombia en US $4.722 millones, aproximadamente. Hace muy bien el actual Gobierno en propugnar por su ingreso al Foro de Cooperación Asia – Pacífico (APEC), al que ya pertenecen Chile y Perú, para franquear la puerta a ese gran mercado. 

En mayo del año pasado se le dio al ex presidente del Banco HSBC Michael Geoghegan en un evento internacional en Hong Kong por lanzar a Colombia al estrellato, al considerar que este país tenía méritos para hacer parte del nuevo grupo de países emergentes conocido como CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Turquía y Sudáfrica). Esta nueva sigla fue acuñada por Robert Ward, al caracterizar a los países que la integran por sus buenas perspectivas y por considerar que “tendrán un dinamismo especial en los próximos años”. Sin embargo, más recientemente fuimos sorprendidos por la noticia que le dio la vuelta al mundo, en el sentido que “entre los CIVETS, Colombia es el que menos seduce a los inversionistas”. En el mismo despacho de prensa se da cuenta del sondeo realizado por la knowledge@wharton/fleishman-hillard entre 153 ejecutivos de multinacionales y del mismo se concluyó que aunque 42% de los encuestados prevé que en una década los CIVETS representarán el mismo nivel de oportunidades que los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en la economía global, Colombia ocupa el último lugar en el grupo, cuando se les pregunta cuál de los 6 países presenta un mayor volúmen de opciones de negocio. De hecho, según reciente reporte, ya Indonesia dio el salto de los CIVETS al grupo BRIC. Claro que el principal atractivo que ofrecen estos países aon la mano de obra barata, los bajos costos de producción y el crecimiento de los mercados internos, que no es el caso de Colombia. Los mismos profesores de Warton  lo destacan, al señalar que “después de años de guerra contra el narcotráfico Colombia continúa siendo un mercado pequeño”.

LA DÉCADA DE AMÉRICA LATINA

A ello se refiere también Andrés Oppenheimer, autor del best seller Basta de historias, al considerar que “esta es la década de América Latina” que augura el Presidente del BID Luis Alberto Moreno. Él admite que “estamos pasando por un buen momento económico, y tenemos una excelente oportunidad para hacer de esta nuestra década, pero me temo que no lo estamos aprovechando para invertir en calidad educativa, ciencia y tecnología e innovación”. Y este es el caso de Colombia, que acusa un rezago enorme en calidad de la educación y ni se diga en cuanto a ciencia, tecnología e innovación (C + T + I), en lo cual invierte un irrisorio 0.18% del PIB, en contraste con los países europeos que invierten entre el 3% y el 5%, Corea del Sur 3%, Estados Unidos el 2.7%, Brasil el 1.2% y Chile el 1%. La meta fijada en el proyecto de Plan de Desarrollo 2010 – 2014 es de sólo 0.7%; pero bueno, algo es algo. Y el secreto del éxito de los países emergentes ha sido invertir en C + T + I; sino veamos lo que nos dice Oppenheimer: “Corea del Sur, que hace 50 años era mucho más pobre que todos los estados latinoamericanos, registra más de 7.500 patentes por año, el que le sigue Brasil 100, México 60, Argentina 30 y Colombia 7, según la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU. Nos están pasando como aviones”. Pero, al rezago en educación y C + T + I se viene a añadir el enorme rezago en materia de infraestructura, la cual según el  Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) Daniel Flórez Pérez es de más de 30 años. Anota él que “no tenemos carreteras, no hay infraestructura adecuada. La Nación es poco competitiva y eso explica la realidad de un encierro en sí misma…Nuestras costas están lejos de los centros de producción y consumo”. Con razón en los registros sobre competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia figura en el puesto 83 entre 133 países evaluados. De allí la pertinencia y oportunidad de volver sobre la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIPC) de la quer ya dispone el país, pero que se echa de menos en la agenda de gobierno. 

Queremos insistir en que para alcanzar las metas de crecimiento sostenido del PIB del 6.2% y una tasa de desempleo abierto de un solo dígito planteado en el Plan de Desarrollo de este cuatrienio es fundamental e imprescindible ampliar y diversificar la base productiva del país, empezando por la reconversión del sector agropecuario, ampliar y diversificar la oferta exportadora, ampliar y diversificar los mercados externos y, lo que es más importante, ampliar y profundizar el mercado interno y por qué no volcarse sobre el mercado regional. Como bien lo dice Oppenheimer, “Colombia está demasiado obsesionada con el TLC y poco obsesionada con la productividad” . Y al fin y al cabo, como lo ha sostenido el Nobel de Economía Paul Krugman, al hablar de competitividad “la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo”. No podemos pensar con el deseo que, con lo que tenemos, “podemos conquistar el mundo”; dicho eslogan, además de demagógico sólo sirve para generar falsas expectativas, ya que “por el simple firmar el TLC, de un día para otro, el país no va a ser más competitivo, ni va a duplicar su oferta productiva, ni algunos sectores lograrán el éxito en los mercados internacionales”. Bien dijo el Ministro de Comercio Jorge H Botero, el mismo que en calidad de tal orientó las negociaciones del TLC con los EEUU, “el acuerdo con EEUU abre oportunidades, pero no las garantiza”. Como estamos actualmente no tenemos una oferta exportadora lo suficientemente robusta para aprovechar los nuevos mercados que se abren con los acuerdos comerciales y si la tuviéramos no tendríamos la infraestructura adecuada para exportar competitivamente. De modo, que orden tienen las cosas y el país debe comprometerse en un serio esfuerzo de largo aliento para superar nuestras falencias através de la transformación productiva y la mayor competitividad. 

Bopgotá, febrero, 28 de 2011
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LOS INTERESES CREADOS

Con ocasión de los insistentes reparos de la Unión Europea (UE) a las normas vigentes en Colombia en materia de biocombustibles, los detractores de estos han vuelto a la carga, no propiamente en defensa de los intereses nacionales. Este ha sido uno de los obstáculos que se han interpuesto en el camino de la ratificación del TLC suscrito entre Colombia y la UE y hay quienes con su postura le están haciendo el juego a los mezquinos intereses de ciertas y determinadas marcas de vehículos que se resisten a innovar para que sus motores sean más eficientes y amigables con el medio ambiente. Es bien sabido que Colombia después de Brasil es uno de los países que está a la vanguardia en el uso de las mezclas del etanol con la gasolina y del aceite con el ACPM, en proporciones por ahora del 8% y el 10% respectivamente. Pero, pensando con un criterio futurista y no sin antes realizar las pruebas de rigor se apresta a aumentar el porcentaje de dichas mezclas hasta el 15% en el caso de la biogasolina y del 20% en el del biodiesel. 

Mediante el Decreto 1135 de 2009, modificatorio del Decreto 2629 de 2009 se estableció un cronograma para la introducción de manera gradual de los vehículos dotados con sistema Flex – Fuel E – 85, esto es, que puedan funcionar normalmente utilizando indistintamente gasolinas básicas o mezclas, compuestas por gasolina básica de origen fósil con al menos 85% de alcohol carburante”. Con tal fin se estableció un cronograma que va desde el 60% en 2012 hasta el 100% en 2016 de la provisión anual de vehículos por parte de cada una de las marcas. Ahora se pretende su derogatoria por parte de los voceros del bloque comunitario, por considerar que el mismo se constituiría en una barrera que impediría el acceso al mercado colombiano de algunas marcas de vehículos producidos en el viejo continente. Tan pronto fue expedido Juergen Deforth, Gerente general de Audi para la región, se vino lanza en ristre contra el mismo y sin pestañear siquiera afirmó contra toda evidencia que “no hay la tecnología para hacer funcionar un automóvil con 85% de etanol”. O está atrás de noticia o en su aseveración hay mala fe, una de dos. Resulta pertinente recordar que el primer vehículo comercial de combustible flexible vendido en el mundo fue el Ford T, producido desde 1908 hasta 1927, así como el motor inventado por Rudolf Diesel empezó consumiendo aceite de maní y no ACPM. El motor del Ford T contaba con una carburador de inyección ajustable, que permitía el uso de gasolina, etanol o una combinación de ambos. 

Los hechos son tozudos: en el 2008 circularon en el mundo más de 14 millones de vehículos dotados de motor flexible, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Canadá y en la propia UE, encabezada por Suecia. De modo que nos parece traído de los cabellos el argumento esgrimido por José Clopatofsky, Director de la revista Motor de El Tiempo, al afirmar desatentadamente, asumiendo la vocería de fabricantes, importadores y ensambladores renuentes, que tal disposición dizque se sitúa “por encima de la técnica mundial de los combustibles”. En auxilio de su aseveración aduce que “conversando con Gordon Excel, vicepresidente de Cummins, uno de los mayores fabricantes del mundo de motores diesel, nos reafirmó que una mezcla de bio superior al siete por ciento no es compatible con las máquinas actuales”. Cabe advertir que la expedición del Decreto 1135 no es arbitraria o caprichosa como se sugiere; el Gobierno está en capacidad de tomar las provisiones necesarias tendientes a asegurar la calidad de sus exportaciones e importaciones, la protección de la salud y la vida de las personas, así como la protección del medio ambiente. Se fundamenta para ello en la Ley 170 de 1994, mediante la cual el país se adhirió al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial de la Comercio (OMC), así como también en la decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de 1997.  

Lo que está en juego es mucho más que una insensata “terquedad”, como se quiere hacer ver. En efecto, lo que está en juego no es un asunto de poca monta; se trata nada menos de la suerte que habrá de correr la industria de los biocombustibles, la cual genera actualmente 23.854 empleos directos a lo largo de toda la cadena y un estimado de 48.000 indirectos, que equivale a decir que 286 mil personas derivan su sustento de esta agroindustria. Es más, según las proyecciones de la Federación Nacional de Biocombustibles, “al sembrarse 3.45 millones de hectáreas más, ello representaria sólo el 9.4% de las tierras ganaderas subutilizadas. Esos nuevos cultivos agregarían a las cifras anteriores otros 493 mil empleos directos”. La producción actual de 2.4 millones de litros diarios de etanol y biodiesel mueve $1.84 billones en números redondos al año, cifra esta que no es despreciable, la cual se irriga en gran medida en el campo colombiano. Ceder ante las presiones de la UE sería una pésima señal, puesto que ello significaría ponerle el freno de mano al avance de este importante renglón de la producción a la espera de su aquiescencia para poder escalar en mayor medida esta floreciente aunque incipiente industria, lo cual sería un despropósito. 

PRUEBAS AL CANTO
El mismo Clopatofsky cuando el país se disponía a poner en marcha el programa de la mezcla del etanol con la gasolina vaticinó su fracaso, porque según él “se sabe que es altamente corrosivo y en poco tiempo derrite carburadores, empaques, mangueras, inyectores y otras piezas si se exceden los porcentajes…”. Pues nada de ello ha sucedido aquí en Colombia, como tampoco en Brasil en donde el porcentaje de la mezcla obligatoria va hasta el 24%  ni en los EEUU, en donde la Agencia de Protección Ambiental (EPA) autorizó el 15% recientemente. Pruebas de larga duración realizadas por la Universidad Tecnológica de Pereira y validadas por el Instituto Colombiano de Petróleo (ICP) de la mezcla E – 15 y por parte de la Universidad de Antioquia  del B – 20, exitosas todas ellas, constituyen el respaldo técnico de este paso que pretende dar el país. Estas son las pruebas que Colombia estaría dispuesta y en condiciones de compartir con otros países entre ellos los de la UE para su homologación, sin encontrar eco hasta el momento ni entre sus voceros ni entre sus concesionarios en Colombia. No estamos, entonces, dando palos de ciego ni implementando esta política “a punta de decretos que van contra la tecnología aceptada en el resto del mundo” como sostiene el Director de la revista Motor. Nadie la ha querido “imponer, a la brava” esta política, como él lo afirma sibilinamente y esta nunca ha estado “movida por intereses diferentes a los técnicos” sino consultando los más altos intereses del país.

Se dice que el Decreto 1135 pretende “elevar el etanol a un 85% en la gasolina…para el consumo masivo en todos los vehículos del país”, para concluir que “no existe a corto plazo la forma de implementarla”. Es claro que no son todos los vehículos que circulan en Colombia los que estarían sujetos al mismo, sino los que se importen o ensamblen en el futuro y es obvio de toda obviedad que su aplicación no puede ser inmediata. Cómo es de fácil construir un muñeco de paja para después solazarse destruyéndolo a manotazos! Se nos dice que los fabricantes que cuestionan esta norma “no hacen esos planteamientos caprichosamente o por defender unas ventas que, si bien son importantes en sus balances mundiales, son de muy poco porcentual (sic!) en la totalidad de las operaciones”; pero qué otra motivación pueden tener distinta a salvaguardar sus intereses frente al de sus competidores?

EL MOTOR DE LA LOCOMOTORA AGRÍCOLA

Bien ha dicho el Ministro de Comercio, Desarrollo y Turismo Sergio Díaz-granados que este nuevo cluster, el de los combustibles es “un importante motor de la locomotora agrícola” y no le falta razón, pues imperceptiblemente se ha constituido en la base primordial de la reconversión del descaecido sector agrícola. Adicionalmente, va en la dirección correcta de reducir la dependencia con respecto a los combustibles de origen fósil, cada vez más escasos y costosos, amén de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Así se entiende la formulación contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 que acaba de aprobar el Congreso de la República, en el sentido de “fomentar y fortalecer la estructuración agrícola e industrial de nuevos proyectos de biocombustibles, en zonas promisorias en todo el territorio nacional”. El Presidente Santos en respuesta a las presiones tendientes a desmontar o a obstruir el desarrollo de esta agroindustria ha dicho categóricamente que “no vamos a renunciar a los biocombustibles”, aunque dejó entreabierta la puerta al anunciar a renglón seguido “pero vamos a revisar el tema”. Y es allí en donde está el riesgo, de que el Gobierno en aras de obtener la ratificación del TLC con la UE termine sacrificándola, como ya lo hizo la administración Uribe con el sector lácteo por la premura en cerrar a cualquier precio la negociación del mismo. Como en la célebre obra de Jacinto Benavente, los intereses creados siempre tratan de imponerse recurriendo a toda suerte de ardides; este es el caso, ojalá esta vez, para fortuna del país, no se salgan con la suya. 

Bogotá, mayo 15 de 2011
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UN PASO HISTÓRICO

LA LOCOMOTORA AGRÍCOLA

El Presidente Santos se ha propuesto alcanzar una tasa de crecimiento sostenido del PIB por encima del 6% y así quedó consignado en su Plan de Desarrollo Prosperidad para todos, como premisa para reducir la tasa de desempleo abierto a un solo dígito. Al definir la estrategia para alcanzar tales objetivos identificó con su equipo económico cinco sectores con alto potencial de crecimiento, llamadas metafóricamente locomotoras del crecimiento. Se destaca entre ellas la agricultura, sector este que no obstante ofrecer un gran potencial de crecimiento se ha mantenido por décadas rezagado con respecto a los demás. Según el experto Juan José Perfetti, “la producción creció durante la primera parte de la anterior década colocándose por encima de la registrada en el período 1990-1999, pero desde el año 2005 la producción agrícola total se mantiene alrededor de los 25 millones de toneladas”. Particularmente entre 2002 y 2010 su crecimiento se contrajo a la mitad del crecimiento del PIB total, su raquitismo fue tal que fue el sector que menos aportó a este último, a tal punto que su crecimiento el año anterior fue nulo. Y no es para menos, habida cuenta que de 21.5 millones de hectáreas aptas para la agricultura, a duras penas se cultivan 4.2 millones.


REFORMA Y CONTRAREFORMA AGRARIA

Para reactivar este sector es menester una reformulación de la política agrícola, la cual pasa por una reforma agraria de fondo que contrarreste los nefastos efectos de la contrarreforma agraria que se gestó con el malhadado Acuerdo de Chicoral, que dio al traste con la Ley 135 de 1961 de la administración Lleras Restrepo, último intento de una reforma agraria integral y democrática. Ello es tanto más urgente e inaplazable luego de la tragedia humanitaria, como calificó las Naciones Unidas el despojo a sangre y fuego entre 1980 y julio de 2010 de por lo menos 6’638.195. Ello explica en gran medida la gran concentración de la tenencia de la tierra en Colombia; el mejor indicador es el coeficiente Gini de la propiedad rural que alcanzó el 0.875 en 2010, sólo superado en la región por Paraguay. Es muy diciente que mientras en 1954 el 3% de los propietarios  concentraba el 55% de las tierras, en el 2005 el 0.4% se ha hecho acapara el 62.8% (¡!) de las mismas. 

Concomitantemente, aparejado al despojo de tierras en el último cuarto de siglo (1985 – 2010) se dio en Colombia el mayor éxodo del campo en toda su historia. Al fin y al cabo, según el Banco Mundial, el 60% de quienes se vieron forzados a cambiar de residencia era propietario de las tierras que les fueron arrebatadas violentamente. Según cifras de la ONG Consultora para los derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES), por lo menos 5’195.620 personas fueron desplazadas en Colombia por cuenta de la violencia, ya que su vida, su integridad física y su libertad corrían serio peligro. Sólo en el 2010 se vio desplazado un total de 280.041 compatriotas a causa del conflicto armado interno, así como de otras manifestaciones de la violencia política y social, más cruel y cruenta que la que se desató en 1948 luego del aleve asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán. Esto significa que en los últimos 25 años 208.000 personas en promedio han padecido el desplazamiento forzado; casi 12 colombianos de cada 100 ha sido víctima de este ominoso flagelo; con razón, Colombia ocupa el ignominioso primer lugar en el mundo en desplazamiento interno de su población.  


SÍ HAY CONFLICTO ARMADO INTERNO

Durante el prolongado gobierno del ex presidente Alvaro Uribe nunca se reconoció la existencia del conflicto armado interno, por considerarlo “como equivalente técnico del concepto guerra civil” pues para él de lo que se trataba era de una amenaza terrorista. Y claro, para ser coherentes, si aquí no hay conflicto armado interno tampoco puede haber desplazamiento que es una de sus consecuencias; por ello, el Asesor presidencial e ideólogo de la “doctrina” uribista José Obdulio Gaviria afirmó sin pestañear, contra toda evidencia, que “nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración”. Esta extravagante tesis llevó al Gobierno Nacional a invisibilizar el fenómeno del desplazamiento y tuvo que intervenir la Corte Constitucional para modo de que se le prestara la atención debida a quienes sufren este drama tan dantesco. 

No es casual, entonces, que el reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno se convirtiera en el busilis del trámite de la Ley 1448 de 2011 de restitución de tierras y reparación de víctimas que acaba de ser sancionada por el Presidente Santos. “Hace rato que hay conflicto armado en este país”, aseveró el Presidente Santos, marcando distancia con su antecesor, quien insiste contumazmente en solitario en que aquí “no hay conflicto, no hay guerra, vivimos una amenaza terrorista”. Este aspecto junto con el reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado para efectos de la reparación de estas, estuvieron a punto de hacer naufragar esta importante iniciativa por segunda vez. Al final, se impuso la sensatez y gracias a ello el país ha dado un paso histórico, apenas equiparable con aquel momento cenital de la historia de Colombia cuando el entonces Presidente Alfonso López Pumarejo en el curso de su Revolución en Marcha expidió la Ley 200 de 1936. Con esta Ley la administración Santos retoma el hilo conductor de la tradición del Partido Liberal; por ello, no exagera la revista Semana al señalar que “Santos se juega su puesto en la historia” con esta ambiciosa Ley. Y él así lo entendió, cuando expresó al momento de radicar personalmente el proyecto ahora convertido en Ley que “si esta Ley se aprueba, habrá valido la pena ser Presidente”. 

DURA Y ARRIESGADA APUESTA

Pero, la tarea apenas empieza y no estará exenta de tropiezos y obstáculos; no hay que caer en el fetichismo normativo, al pensar que basta con cambiar la norma para cambiar la realidad. Ya se ha hecho sentir la férrea resistencia a la misma por parte de los usurpadores y seguramente seguirán tratando de atravesarle palos a las ruedas de la historia tratando de detenerla. De hecho, en lo que va de este período de Gobierno han sido asesinados 22 líderes defensores del proceso de restitución de tierras; esta misma semana fue asesinada Ana Fabricia Córdoba, una de las más caracterizadas y corajudas líderes de quienes luchan por la restitución de tierras en la convulsionada región del Urabá. También hay enemigos agazapados de la Ley que estarán al acecho a la espera de ver el modo de entorpecer su cabal ejecución. Ya habíamos advertido sobre el riesgo que entraña el proyecto de acto legislativo que está para sanción presidencial, mediante el cual se establece como principio (ahora como criterio) constitucional la sostenibilidad fiscal. No obstante que ni este proyecto ha sido sancionado, ni el proyecto de Ley a través de la cual se establece la Regla fiscal tampoco y ya quedó establecido en esta Ley para efectos de su aplicación se debe “tener en cuenta la sostenibilidad fiscal”. También se advierte que en desarrollo de la esta Ley se “creará un Plan Nacional de Financiación mediante un documento CONPES que propenda por la sostenibilidad de la ley” Este hecho llevó a espetar al Senador de la U Roy Barreras que se había salido con la suya, pues “aprobando la sostenibilidad fiscal, dejando sin piso la Ley de víctimas”. En efecto, la sostenibilidad fiscal puede llegar a convertirse en el freno de mano que impida la marcha de esta Ley con la celeridad esperada. Por lo demás, no basta con garantizar la restitución de las tierras y con asegurar el retorno de quienes fueron sometidos al desarraigo y al extrañamiento, tales medidas deben ser complementadas con otras que les permita a estos cultivar la tierra y de esta manera ampliar la frontera agrícola que tanto requiere el país. Nada de ello será posible sin la depuración y fortalecimiento de las instituciones del Estado, cooptadas y copadas en muchas regiones del país por los violentos de toda laya y condición. Este es un compromiso insoslayable de todas las fuerzas democráticas del país, porque lo que está en juego es el futuro de este país, escarnecido y asolado por la violencia de todas las pelambres.

Al ponderar la importancia y trascendencia de esta Ley, el Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, invitado de honor y testigo de excepción de la sanción presidencial de esta Ley, manifestó que el paso dado por Colombia es “fundamental para comenzar a resolver el conflicto que el pueblo colombiano ha soportado durante décadas” y la consideró además como “un camino para construir una paz verdadera”. El Presidente Santos, que se precia de ser un buen jugador de poker, tiene en esta Ley una dura y arriesgada apuesta. Por el bien de Colombia hacemos votos por la implementación exitosa de esta osada iniciativa legal, en la que Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, Senador y Representante por el Partido Liberal respectivamente, se jugaron todo su capital político y el de la colectividad roja para sacarla adelante. Lo propio podemos decir de los ministros de agricultura e Interior y Justicia, Juan Camilo Restrepo y Germán Vargas, respectivamente. A todo señor todo honor. Enhorabuena!

Bogotá, junio 11 de 2011
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EL FANTASMA DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL

REFORMAS A PORRILLO

Acaba de concluir el segundo período de la primera legislatura del actual Congreso; el Gobierno se declaró tan satisfecho por sus resultados que el Ministro del Interior y Justicia Germán Vargas no dudó en destacar que “el Congreso responde al cien por ciento” a la agenda legislativa del ejecutivo. Y no es para menos, habida consideración del cúmulo de proyectos de ley y de actos legislativos que fueron tramitados y aprobados, en su inmensa mayoría de iniciativa gubernamental. A las 29 enmiendas que había acumulado la Constitución de 1991 hasta el 2010 (13 de ellas durante los dos períodos de Uribe), a través de las cuales se reformaron 49 artículos de la misma, unas anodinas y otras dañinas, se vienen a sumar ahora seis más. Entre los proyectos de actos legislativos que pasaron a sanción presidencial, para de este modo reformar por enésima vez la veinteañera Constitución Nacional, se destaca el que establece como “criterio” constitucional la sostenibilidad fiscal. Sobre este último adujo el Presidente Santos que tiene “un sentido bien definido: no limitar derechos sino hacerlos más eficaces y equitativos”. Sólo que hay que develar sus contenidos para observar la procesión que va por dentro.

Adujo el Presidente Santos en el curso del acto de su promulgación en la Casa de Nariño que “también es un derecho de todos los colombianos tener una economía sana, una economía saludable porque solamente así se pueden garantizar el resto de los derechos…Con la introducción de la sostenibilidad fiscal como criterio, se va a tener que tomar en cuenta la repercusión sobre la salud económica y fiscal del país de muchos fallos”. Olvidó el Presidente que el intento de convertir la sostenibilidad fiscal en “derecho de todos los colombianos” no prosperó en el Congreso y que este optó más bien por matizar la iniciativa gubernamental consagrándolo sólo como criterio. Insiste el Presidente  en el sermón del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, en el vano intento de hacer creer que con la misma no se trata de “limitar derechos sino hacerlos más eficaces y equitativos”. Muy sutilmente se trata de plantear un dilema entre los derechos fundamentales que son individuales y este otro que se reputa como colectivo, insinuando de esta manera que retornemos al viejo paradigma de que prima el interés general sobre el particular, lo cual es contrario al espíritu de la Carta. Ello es tanto más peligroso en el contexto en el que nos movemos, toda vez que la anterior administración dejó sentada la doctrina de que ni siquiera existen los derechos adquiridos, pues estos han devenido en expectativa de derechos.


DE DERECHO A CRITERIO

En efecto, la propuesta inicial fue la de entronizar la Sostenibilidad Fiscal como derecho fundamental en la Constitución, pero los expertos le hicieron ver al Gobierno que los derechos fundamentales son individuales; luego intentaron establecerlo como derecho colectivo y tampoco les funcionó, lo cual los llevó a optar por establecerlo como principio constitucional. Esto último era peor, pues significaba nada menos que equiparar el principio de la sostenibilidad fiscal con el del Estado Social de Derecho, entrando en conflicto el uno con el otro, lo cual era a todas luces absurdo. Estos bandazos llegaron a comprometer la suerte misma del proyecto en su trámite congresional, amén de que la firme posición que hasta entonces había asumido el Partido Liberal, el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo le impedía contar con los votos necesarios para la aprobación de este esperpento.  Se planteó entonces que el manido “marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva y programática los objetivos del Estado Social de Derecho”. La discusión se centró en la semántica del alcance del término fungir y empantanó el debate. 
En este momento fue cuando surgió la fórmula conciliadora, que a la postre se convirtió en su salvavidas: el senador Jesús Ignacio García, planteó que en vez de principio, la sostenibilidad fiscal sea sólo un criterio. "El criterio desarrolla la colaboración armónica de los poderes para evaluar el impacto fiscal de las inversiones. Cuando haya una decisión judicial que afecte las finanzas se podrá negociar para que la sentencia sea modulada", explicó el senador Luis Fernando Velasco. Y para tranquilizar o adormecer los espíritus de quienes aún se mostraban renuentes a aprobar esta entelequia, se añadió un parágrafo al artículo primero en estos términos: “bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales”.  Y así fue, con fórceps, cómo se logró dar a luz este esperpento jurídico. En todo caso, como lo afirma el ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, “Este proyecto, no hay duda de que es negativo desde el punto de vista de la autonomía de los jueces”. La Ley 270 de 1996 dispone sabiamente que nadie puede “insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias” y ello es lo que en últimas está en juego. Ello es tanto más cierto, en la medida que, como lo advierte El Espectador, “el criterio de sostenibilidad fiscal podría entrar a reñir con la llamada doctrina de ‘persistencia del estado inconstitucional de cosas’, que se refiere no a la violación de los derechos de un individuo, sino a la violación sistemática de derechos fundamentales. Doctrina en la cual se basó, por lo demás, la Sentencia T – 025 de 2004 con la cual la Corte Constitucional obligó al Gobierno a asistir a los desplazados del conflicto armado…Su capacidad de control, puede verse ahora disminuida”. Se pretende por esta vía obligar a los magistrados y a los jueces a modular sus fallos o a diferir su aplicación y, como bien lo advierte el ex constituyente Gustavo Zafra, “la vía de las ´Sentencias  moduladoras´ que utiliza la Corte para proteger la integralidad de los derechos no ha resultado efectiva. ´se obedece pero no se cumple´fue la respuesta del Banco de la República ante sentencias tan significativas como la del UPAC, la de objetivos múltiples (no sólo reducir la inflación) y otras de keynesianismo moderado. Lo mismo harían los tecnócratas de todos los gobiernos, si se les deja el campo libre”.
Si de lo que se trataba era de hacer “más eficaces y equitativos” tales derechos no era absolutamente necesario reformar la Constitución para procurarlo. Como lo han hecho otros países, es el caso de Chile, bastaba con establecerlo por ministerio de la Ley. Como lo señala El Espectador  “La idea general detrás de la sostenibilidad fiscal tiene sentido: el Estado no puede adoptar sendas de gasto en el presente que impidan su capacidad de seguir gastando en el futuro;  la necesidad de garantizar la viabilidad del Estado es irrefutable”, ello se cae de su peso, pero es acaso este el camino más indicado? Es obvio, como nos lo explica el jurista Gustavo Gallón que “nunca hay suficiente dinero para satisfacer todas las necesidades de una sociedad. Esa es una regla universal. El dilema entonces es a qué gasto se le da prelación”. Este es el qüid del asunto. Y tal como está planteado en la Ley que establece la Regla Fiscal, hermana siamés del proyecto de marras, se sigue que “la limitación de los gastos del Estado a los recursos presupuestados, sería la condición ´para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho´…A pesar de que falta mucho para asegurar en Colombia la realización de estos derechos, ya algunos se han reconocido como obligatorios, y en eso no puede haber retrocesos, pues sería contrario al bloque de constitucionalidad”. 
DURA LEX, SED LEX
Los mismos fines, los mismos propósitos que se plantean ahora tanto con la sostenibilidad como con la Regla fiscal fueron los que se en su momento se invocaron para expedir la Ley de saneamiento fiscal (Ley 617 de 2000) y la Ley de Responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003), que también son reglas fiscales y ambas buscan garantizar la sostenibilidad fiscal. Lo único que ha faltado, además de la disciplina fiscal es la voluntad política para meter en cintura el gasto y salvaguardar los ingresos públicos.  El Ministro Echeverry se ha planteado una “meta para alcanzar el equilibrio fiscal adecuado. Encontramos un déficit del 3.6% y lo vamos a llevar, en 2014, al 0.6%  La Regla especifica la senda para pasar de una situación a otra”. Cómo lograr tal cometido? Cuando se recurre a la Sostenibilidad Fiscal, ya sea como derecho o como criterio, se parte de una premisa falsa, cual es la de endilgarle la responsabilidad del crónico desbarajuste fiscal del Gobierno Central a los fallos judiciales que amparan el efectivo goce de los derechos económicos y sociales prescritos en la Constitución. 
Como lo sostiene el ex ministro de Hacienda e investigador de Fedesarrollo Guillermo Perry, “la Corte Constitucional, al caracterizar como fundamentales algunos derechos económicos y sociales y al entrometerse en las funciones del poder legislativo en estos campos, ha causado traumatismos graves en el funcionamiento y la viabilidad financiera del sistema de aseguramiento de salud y del mercado de crédito a la vivienda, así como en las finanzas del Estado”. Por ello, no quedó contento con el texto final, pues, para él “lo adecuado hubiera sido reconocer expresamente que la sostenibilidad fiscal es un derecho de carácter colectivo”.  Ah, con que esas tenemos, es la Corte la responsable de los graves traumatismos que acusa el sistema de aseguramiento de salud y no la corrupción que se empotró en el mismo; fue la Corte la responsable de la crisis del sistema UPAC y no las desatinadas decisiones que tomó en su momento la Junta directiva del Banco de la República, amén de la improvidencia del sistema financiero. Él coincide con Mauricio Reina, también investigador de Fedesarrollo, quien teme que al haber trocado la sostenibilidad fiscal de “principio” a “criterio”  le reste su efectividad “…para controlar el gasto público que alegremente suelen ordenar los poderes legislativo y judicial”. En la misma línea está la Revista Dinero; para esta, a través de este Acto legislativo se “podría limitar el alcance de las sentencias de la Corte, que es uno de los caminos por los cuales el Estado se ha visto obligado a aumentar significativamente el gasto público…La Ley de sostenibilidad fiscal busca, precisamente, ponerle coto a esa chequera abierta de la Corte, sobre la cual puede girar libremente y sin límite y sin la necesidad de sopesar los distintos gastos”, aunque admite que “no es evidente que el Ejecutivo asigne el gasto mejor o más razonablemente que la Corte”. Si los ciudadanos han tenido que recurrir a los jueces y estos han tenido que salvaguardar sus derechos económicos y sociales, es porque estos les han sido conculcados; la Corte Constitucional no se puede cruzar de brazos ante tanto desafuero, pues al fin y al cabo es la guardiana de la Constitución Política y esta es garantista, mal que le pese a sus detractores; lo que ha hecho la Corte es corregirle la plana al Gobierno y el Congreso de la República cuando estos han faltado al mandato constitucional. Sí, “la Constitución cavernaria que (de hecho) nos rige en lo económico y social”, según el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que tanto la abomina. Dura lex, sed lex!
Es evidente, entonces, que este Acto legislativo tiene en la mira es a la Corte Constitucional y a la Rama judicial, particularmente en lo tocante con las tutelas que amparan los derechos sociales y económicos. Uno de los asesores de Palacio en esta materia, el ex magistrado de dicha Corte, Eduardo Montealegre, le da sustento a esta embestida. Según él, “en el derecho moderno hay una corriente muy importante que se llama el consecuencialismo, que dice que el efecto e impacto económico que tenga un determinado fallo judicial, debe ser un elemento de valoración al momento de la protección de los derechos… los derechos económicos y sociales son de realización progresiva, es decir, que el Estado tiene que darle satisfacción a esos derechos económicos y sociales en la medida en que  las condiciones sociales del país lo permitan”. De allí el rechazo que ha despertado esta iniciativa entre los entendidos, puesto que atenta contra el efectivo goce de los derechos económicos y sociales, esto es, contra el Estado Social de Derecho, quintaesencia de la Constitución de 1991. Por ello, en nuestro concepto, le asiste toda la razón al ex constituyente Gustavo Zafra cuando afirma que “así como en el pasado llamamos ´Convivir´ a la máquina de la muerte de los derechos civiles, ahora aparecen el ´Principio de Sostenibilidad´ y ´La Regla Fiscal´ como la máquina de la muerte de los derechos económicos y sociales”. En el  mismo sentido se pronunció el ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández: “la función de las autoridades consistente en ‘asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’ será tan sólo una ilusión, porque siempre tropezará con el fantasma de lo fiscalmente sostenible. Ha quedado en el limbo lo proclamado por el artículo 366 de la Constitución, a cuyo tenor ‘el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades del Estado’. Y obviamente, ya no será objetivo fundamental de su actividad”, lo cual es muy grave.  
LA ECUACIÓN COMPLETA
Concordamos con la ex ministra Cecilia López en que “nadie sensato puede aprobar el ya histórico descuadre de las finanzas públicas y oponerse a la necesidad de tener políticas anti-cíclicas y no procíclicas como las del largo periodo Uribe, pero hay muchas formas de ‘cuadrar caja’, reduciendo gastos o aumentando ingresos. Con la mano en el corazón (el del lado izquierdo) dígame, ¿a usted le parece manejable un país donde la carga de impuestos sobre PIB es del 13,5%? ¿Le parece justo que los ricos no paguen impuestos y todos sus gastos aparezcan como costos de sus empresas? ¿Y qué opina de los trucos de algunos exportadores que exportan a una de esas famosas islas al costo y de allí si exportan al precio real para evadir impuestos en Colombia? Nadie quiere espantar a las empresas con más impuestos, ni subirle más a los asalariados, pero, ¿considera justo más IVA en un país lleno de pobres?”. La Corte Constitucional ha sido enfática al dejar claramente establecido que “la carta Política no ha acogido un modelo económico determinado, exclusivo y excluyente” como el que ahora se pretende imponer por la puerta de atrás so pretexto de que “la política social y la sostenibilidad es lo mismo”.
Estos son asuntos contenciosos, de la mayor importancia y su discusión no se puede seguir eludiendo por más tiempo. Se pregunta ella también “¿por qué los derechos y no los gastos de guerra? Si la estamos ganando, ¿por qué gastamos lo mismo que cuando la estábamos perdiendo?”. De hecho Colombia destina en promedio $50 billones anuales para inversiones y la Seguridad y la Defensa absorben buena parte de ellos, unos $14 billones cada año aproximadamente, muy por encima de otros rubros como educación y salud. Es más, “de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigaciones de Paz, de Estocolmo, Colombia  está entre los 20 países con mayor gasto en defensa del mundo, con un volúmen anual superior a los $20 billones, equivalentes a 3.7% del PIB”. Para Ricardo Ávila, Director de Portafolio, “especialmente llamativo es el rubro de intereses, pues los correspondientes a la deuda externa se reajustarán en 30% y los de la interna en 13%, a pesar del comportamiento de la tasa de cambio y de la abundante liquidez internacional. El cálculo es que al cierre del 2011 el fisco habrá pagado $17.7 billones por este concepto”.
Insistimos en la importancia de tomar en consideración los dos miembros de la ecuación de las finanzas públicas: ingresos y gastos. Y hablando de ingresos, sigue siendo motivo de preocupación la tronera que le ha significado al fisco la profusión de gabelas impositivas al gran capital. Según el más reciente reporte del Ministerio de Hacienda, a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) ajustado,  “las arcas del Estado dejaron de recibir tributos por 9.1 billones de pesos el año pasado” por cuenta de las mismas. Esta cifra se aproxima a todos los ingresos que aspira a recibir el país por concepto de regalías hacia el año 2013 (¡!). Con menos de eso, espera el Gobierno Nacional llevarle acueducto y alcantarillado a 5 millones de colombianos que carecen de tan vitales servicios básicos. Y eso que se quedó corto el MFMP en el cumplimiento de la Ley 819 de 2003, pues omitió el costo fiscal de las zonas francas o el costo fiscal que representan las 19 exenciones existentes al Gravámen a los Movimientos Financieros (GMF), 4 X 1.000. Como lo advierte el consultor Mauricio Cabrera, “con la eliminación de algunas de estas exenciones, que se hizo en diciembre pasado, el recaudo esperado para el 2011 pasó de $3.2 billones a $4.5 billones, lo cual significa que el costo fiscal de las exenciones eliminadas era de $1.3 billones. Falta ver cuánto valen las exenciones que todavía quedan”. 


Al desglosar dicha cifra podemos establecer que $8.53 billones corresponde al costo fiscal de los beneficios otorgados en impuesto de renta, equivalente a 1.6 puntos del PIB. El mayor peso de tales prerogativas con el 46.3%, es decir $3.9 billones, hace relación a la deducción por inversión en activos fijos, le siguen en su orden las rentas exentas con el 47.9% y finalmente los descuentos tributarios con el 5.8%. Entre tanto, el costo fiscal en materia de IVA (entre bienes y servicios exentos y ecluidos)  asciende en números redondos a la suma de $573.000 millones, equivalente a 0.1 punto del PIB. Vale la pena resaltar el hecho que, pese a la dismunición en 10 puntos en el beneficio de la decucción por inversión en activos fijos que pasó del 40% al 30%, lo que la Nación dejó de recaudar se incrementó en un billón de pesos con respecto al año gravable 2009. Pero, también pone de manifiesto que tal medida no resintió la inversión sino que “por el contrario, se incrementaron en una tasa cercana al 28%”. Ahora bien, lo más preocupante es que tales cambios no afectan a aquellas empresas que se acogieron a los contratos de estabilidad jurídica, de los cuales se han aprobado 67 desde 2006, las cuales hacen parte del club de las intocables,  y están haciendo cola para su aprobación 162. 
APRETADITOS
En tales circunstancias asombran los anuncios del Ministro de Hacienda, en el sentido que está pensando seriamente en bajar tarifas impositivas. Pero, cuáles? En concepto del Ministro, “aquellas que afectan la rentabilidad de los empresarios. Esta es una reforma para atraer, expandir, más volúmen de negocios. La reforma deberá ayudarnos a bajar el desempleo a un dígito, paulatinamente”. Con esta misma disculpa, pretextando el estímulo a la inversión productiva y la generación de empleo, es como se ha reducido ostensiblemente la carga impositiva al gran capital al tiempo que se le carga la mano a las rentas de trabajo y sobre todo a los impuestos indirectos, que son por naturaleza regresivos, especialmente al IVA. Por esta vía, el Estatuto tributario se seguirá apartando de los prescrito en la Constitución, en el sentido que debe ser equitativo, eficiente y progresivo. Ya se está hablando de “unificación” y “nivelación”, seguramente por lo alto, de las tarifas del IVA, en lugar de taponar la gran evasión que supera los $7 billones anuales y evitar que quienes lo recauden se los embolsillen. Este es el mismo socorrido argumento, en el cual insisten ANIF, la ANDI y Fedesarrollo, para desmontar la “carga” parafiscal, por considerar que es esta la causa de los altos índices de informalidad laboral.  Y ello, a pesar de que, como lo hace notar un Informe reciente de la OIT y la CEPAL “el poder de compra de los salarios en el país tuvo un escaso crecimiento en el año completo terminado en marzo, superado por cinco países del ocho del continente”. Y esto en un país que es el campeón en inequidad en el concierto de naciones. Según la prestigiosa revista The Economist “el 10% más pobre de la población en Colombia tiene ingresos veinticinco veces menores que el 10% más rico”. Ello es inquietante. Una pregunta para el Presidente Santos: hasta donde las propuestas del Ministro de Hacienda se compaginan con la Cartilla de la Tercera Vía. Hasta ahora su diagnóstico, recetas y prescripciones van más en la línea del fracasado Consenso de Washington y los hechos son tozudos.
LA APERTURA HACIA ADENTRO
Al parecer el Ministro de Hacienda abriga la esperanza que la tan cacareada bonanza minero-energética lo saque de apuros y le ayude a superar las aulagas fiscales que ya se avizoran, porque a la anunciada rebaja de impuestos a las empresas, le vino a sumar la desgravación arancelaria que decretó recientemente. A través de los decretos 4114 y 4115 de 2010 el Gobierno Nacional rebajó unilateralmente el arancel nominal del país de un promedio del 12.2% al 8.3%.  Supuestamente esta reforma aceleraría el crecimiento en un 0.22%, crearía 150.000 nuevos empleos y elevaría las importaciones en US $2.500 millones (un 7% en dólares). Desde luego, nada de ello ha sucedido y como siempre nos quedamos con el pecado y sin la gracia.  Este paso que se acaba de dar es apenas comparable con la desgravación arancelaria de la década de 1990 cuando se recortó el arancel de 22.5% a cerca de 11% y se llevó la gran mayoría (98%) de las posiciones arancelarias a libre importación. Huelga decir que, como lo señala ANIF, “este tipo de medidas deja sin algo de piso las negociaciones de los TLC…dando dádivas a cambio de ningún esfuerzo de las contrapartes”. Ello resulta más inverosimil, en momentos  en que en el resto del mundo soplan vientos proteccionistas. Según Andrés Espinosa Fenwarth, Asesor del despacho del Ministro de Agricultura, “la OMC encontró que entre octubre de 2010 y abril de 2011, los miembros del G – 20 impusieron 122 nuevas restricciones comerciales equivalentes al 0.5% del comercio mundial, el doble de lo registrado en el período de mayo a octubre del 2010. Después del estallido de la crisis global desatada por la quiebra de Lechman Brothers en septiembre de 2008, las econonomías del G- 20 han impuesto 550 medidas que restringen de manera preocupante el comercio global. A nivel sectorial, el 16.5% golpea la agricultura y el restante 83.5% a la industria. ¿ Y en qué estamos en Colombia? A la penúltima moda”.
Este paso en falso de la política de comercio exterior además de inoportuno tiene un costo fiscal nada despreciable, del orden de $1 billón, equivalente a 0.2% del PIB. Concomitantemente se le ha asestado un duro golpe a la producción y a la industria nacional. De acuerdo con ANIF, “se desgravaron productos sensibles, tales como textiles, productos metálicos y productos de caucho y plástico, entre otros, enfrentándolos a la feroz competencia de China y EEUU, en momentos en que la tasa de cambio real continúa sobreapreciada en cerca de un 10%-15% y no hay posibilidad de compensar a sus empresarios reduciéndoles sus sobrecostos de transporte por graves atrasos en la Agenda Interna…con una tasa de cambio sobrevaluada en un 10%-15%, se sustituiría producción nacional por extranjera, especialmente de fabricación china. Este efecto puede entonces acelerar la desindustrialización causada por el auge minero-energético”. Así se entiende la razón por la cual se han disparado en más de un 37.6% (con un aporte de 4.5 puntos porcentuales  a la variación total) en los primeros cuatro meses del año con respecto a igual período del año pasado las importaciones provenientes de China, convirtiéndose en unos de sus mayores proveedores. Los fabricantes de calzado en Colombia están aterrados; como dijo Luis Gustavo Flórez, Presidente del gremio, “nos tienen perplejos y con una gran preocupación”. Y no es para menos, pues las importaciones de calzado crecieron en los primeros cuatro meses del año el 68% (¡!) y, lo más atortolante, uno de cada cinco pares de zapato importados legalmente durante dicho lapso costaba un dólar o menos puesto en el mercado nacional. Durante los primeros cuatro meses del año las importaciones originarias de China acumularon un crecimiento de 50% (¡!), las de Japón 58.2% (¡!) y las de Corea 27.1%. Para este mismo período, el 12.7% del total de las compras externas realizadas por Colombia fueron originarias de China, 3%  de Japón y 2.2% de Corea, para un acumulado de 17.9%. Se ufanarán los aperturistas de que estamos llegando a los mercados del lejano Oriente, pero no para vender sino para comprar; se repite la historia de los años 90, la apertura hacia adentro: las compras externas originadas en el país asiático alcanzaron los US $522.6 millones, las de Japón US $119.2 millones y las de la República de Corea US $100.5 millones. 
LA VENA ROTA DE LA CORRUPCIÓN
Si las gabelas impositivas conspiran y de qué manera en contra de la sostenibilidad fiscal, igual que lo hace esta atolondrada y costosa desgravación arancelaria, qué decir de esa vena rota en que se ha convertido la corrupción en el país. Esta, además de su efecto deletéreo y devastador desde el punto de vista ético, la corrupción conlleva un alto costo económico que se ha llegado a calcular en 4 puntos del PIB, el cual curiosamente  tiene el mismo peso del tributo que tiene que pagar año tras año nuestro atribulado país por cuenta de la violencia que lo agobia y asola. En un Informe que rindió el entonces Zar Anticorrupción Oscar Enrique Ortíz Gonzalez, dijo: “hicimos una aproximación a partir de un estudio de 2008 de la Universidad Externado de Colombia y Transparencia por Colombia. Según esa Encuesta, el promedio del valor de un soborno para acceder a la contratación pública era del 12.9%. Al aplicar ese porcentaje  al presupuesto de inversión de la Nación para 2009, que es de $30 billones, el resultado es de $3.9 billones a precios reales de hoy”. En uno de los episodios más recientes de esa seguidilla de escándalos de la contratación pública, destacaba el Contralor Delegado  de la CGR para Infraestructura Nelson Isaziga cómo adiciones por cerca de $13 billones fueron detectadas en 18 concesiones del INCO. Explicó que los contratos tenían un costo de del orden de los $11 billones y que estas adiciones superaron el límite legal (Ley 1150). Y fue más lejos al denunciar “concesiones de $100.000 millones con una adición de $1 billón”. Bien dijo la Contralora General de la República Sandra Morelly,  “la dimensión económica de la corrupción podría, de seguir su dinámica actual, poner en riesgo la sostenibilidad financiera del país”. 
PRUEBA DE FUEGO

La primera prueba de fuego de este recién aprobado acto legislativo la tendrá en la Corte Constitucional, la cual habrá de determinar hasta dónde el mismo “va en contravía de ese paradigma de Estado Constitucional y Social de Derecho, consagrado en la Carta Magna de 1991, cambia la jerarquía natural de sus principios y constituye por ello una sustitución de la esencia de nuestra Constitución, la que está siendo cambiada para poner la sociedad al servicio de la economía y no al revés”. Porque, de ser así la Corte no dudaría en declarar su inexequibilidad, al considerar que “el poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene límites materiales, pues la facultad de reformar la Constitución no tiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla”. En sus 20 años de vigencia la Constitución Política expedida en 1991 enfrenta con este Acto legislativo su mayor prueba.

Bogotá, julio 5 de 2011
www.amylkaracosta.net

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