Oct 27, 2021 Last Updated 3:47 PM, Oct 9, 2021

¡ALBRICIAS!

Al cierre del año 2010 los colombianos recibieron la buena nueva del  magnífico desempeño de la estatal petrolera, ECOPETROL; esta, al fin y al cabo, sigue siendo patrimonio de todos. Con el aumento de sus reservas de crudo se espantaba el fantasma de la pérdida del autoabastecimiento de hidrocarburos y al coincidir con una coyuntura de precios al alza había contribuido a mejorar la balanza exterior y a aliviar el crónico déficit fiscal de la Nación.


Gracias a la mayor actividad exploratoria, que pasó de un promedio de 12 pozos perforados por año en la década de los 90 a más de 80 en los últimos tres años, se tradujo en una seguidilla de hallazgos que aunque menores han mejorado ostensiblemente la prospectividad del país. Esta a su vez se ha constituido en un gran atractivo para los inversionistas, de allí el éxito de la Ronda 2010 que abrió la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante la cual se adjudicaron 78 bloques para que en ellos se desarrollen la exploración y producción de hidrocarburos o efectúen estudios de evaluación técnica de los mismos.


A las mayores reservas producto de nuevos descubrimientos se vienen a sumar las que se han incorporado como resultado de la introducción de nuevas tecnologías de recuperación secundaria y hasta terciaria, optimizando la explotación aumentando sensiblemente la tasa de recobro de los campos ya descubiertos, muchos de ellos abandonados en el pasado. De esta manera se detuvo la caída de las reservas y la producción de hidrocarburos en el país que han tenido un repunte histórico. De un volumen de reservas de 1.137 millones de barriles con las que contaba ECOPETROL como grupo empresarial en 2008, se pasó a 1.538 millones en 2009 y en 2010 en lugar de bajar subieron nuevamente. Lo propio podemos decir de la producción, la cual superó con creces la meta de ECOPETROL en 2010 que era en promedio de 565.000 barriles diarios al alcanzar la cifra record de 785.000 barriles diarios; es decir, 39% por encima de lo esperado y un 16.9% superior al promedio del año anterior. Es de destacar que el índice de reposición de reservas este último año fue del 197%, lo cual se traduce en un coeficiente de reservas/producción de 9 años, aproximadamente de autosuficiencia.


En cuanto al comportamiento de los precios podemos decir que después de haber alcanzado el pico de los US $147.50 el barril en julio de 2008 se derrumbaron al mismo ritmo de la Gran crisis económica global hasta tocar el piso de los US $35.4 en diciembre de ese mismo año y desde entonces no ha hecho más que subir de manera sostenida, al punto que ha vuelto a rebasar en el último mes la cotización de los US $90 dólares el barril. Los precios en el mercado de futuros escalaron en la segunda semana de enero situándose en los US $92.39 el barril; es más, en Londres, en el IntercontinentalExchange, el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en febrero cerró a US $98.12. Hace un año Sintje Diek, analista petrolero del HSH Nordbank, vaticinó que los precios internacionales del crudo oscilarían en torno a los US $80 el barril en 2010 y erró su cálculo por sólo 40 centavos de dólar pues el promedio que se registró fue de US $79.61. Pues bien, él mismo se atreve a pronosticar ahora que se puede esperar “que este año sea más volátil que el 2010 y no descarto que veamos el crudo a más de US $100 el barril”.


Si la OPEP no cambia su política de los últimos dos años, caracterizada por una oferta limitada y al mismo tiempo se mantiene la voracidad de los países emergentes, encabezados por China, por los productos básicos, estaremos muy cerca de que se cumplan tales proyecciones. Empero, la Agencia Internacional de Energía (IE) activó las alarmas al advertir que tales niveles de precios pueden dar al traste con la débil recuperación de la economía global y por ello instó a la OPEP a revisar dicha política.  
ECOPETROL basó su plan de inversión para el 2010 en precio promedio del crudo a US $65 el barril, pero al final fue de US $79.53, lo cual lógicamente repercutió favorablemente en sus estados financieros y por consiguiente en el buen suceso para sus accionistas que se verán recompensados con mayores dividendos, empezando por la Nación que hoy posee el 89% de las acciones. Es indudable, entonces, que ECOPETROL está pasando por su mejor momento; no obstante, para que sea sostenible y se prolongue en el tiempo es absolutamente necesario dar con la aleatoria posibilidad de un nuevo hallazgo equiparable con Caño Limón siquiera y a ello le está apostando. Por lo pronto crucemos los dedos para que se nos cumpla este deseo. 

Riohacha, enero 23 de 2011
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SIN EL PAN Y SIN EL QUESO

Una vez más Colombia enfrenta el grave predicamento en sus relaciones comerciales con los EEUU de quedarse sin la ratificación del TLC que firmó en 2006 y sin la extensión de los beneficios arancelarios que se derivan de la ratificación de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA, por sus siglas en inglés) promulgada en agosto de 2002. Los mismos datan desde diciembre de 1991, cuando se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos su primera versión que fue la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés). Su vigencia inicial se prolongó por diez años, luego se renovaría cada cinco años; pero últimamente sus prórrogas fueron cada vez tan angustiosas como breves por el embeleco del TLC. Se le metió en la cabeza al entonces Ministro de Comercio, Industria y Comercio Luis Guillermo Plata que “extender las preferencias arancelarias por más de un año es inconveniente, porque eso puede convertirse  en un sustituto del tratado bilateral”. El sector privado lo secundó en esta frustránea estrategia y através de uno de sus más caracterizados voceros, el Presidente de ANALDEX Javier Diaz, manifestó el temor que abrigaba de que la ampliación por más tiempo de las preferencias “llegue a quitarle la urgencia y la prioridad que tiene el TLC”. Ellos se dieron por satisfechos y consideraron como un gran logro el que la última prórroga fuera por sólo seis semanas. Todo, para después estar haciendo fuerza y saltando matones, como está pasando ahora, debido a las  trabas que han impedido que el Congreso estadounidense extienda una vez más dichas preferencias.


VUELVE Y JUEGA

Pero, parece que no se escarmentara; Javier Díaz aseguró recientemente que “sobre la mesa hay una propuesta de extender el ATPDEA hasta julio porque se quiere presionar una aprobación del acuerdo comercial, debido a que en el segundo semestre hay de nuevo elecciones y se puede enredar, y este tema desaparece de la agenda”, para estar nuevamente en julio en el stress al que ahora están sometidos los exportadores. Lo cierto es que al no haberse tramitado oportunamente la prórroga del ATPDEA, desde el domingo 13 de febrero se perdieron sus beneficios y todas las exportaciones sin excepción están pagando aranceles para ingresar al mercado de los EEUU. Dado que el Congreso de los EEUU entró en receso por dos semanas desde el jueves 17, ello significa que dicha situación se prolongará por lo menos por un mes. Así como en su momento la Ley de Ajuste de Subsidios y Servicios, más conocida como la Trade Adjustment Assistance (TAA, por sus siglas en inglés) malogró el trámite de ratificación del TLC por parte del Congreso de los EEUU, ahora se ha convertido en la manzana de la discordia entre demócratas y republicanos impidiendo la aprobación de la extensión de los beneficios del ATPDEA que los demócratas han atado a la suerte del TAA al incluirlo en el mismo proyecto. Se trata de una norma que busca proteger a los trabajadores norteamericanos que supuestamente queden cesantes como consecuencia de la entrada en vigor de los TLC. Los republicanos aducen que no se pueden dar más ayudas porque se aprobó un seguro de desempleo. Su argumento es que no pueden existir dobles beneficios y los demócratas no ceden y exigen que el TAA y el ATPDEA se aprueben en simultánea. En este pulso entre demócratas y republicanos Colombia está atrapada entre dos fuegos sin saber qué hacer.


De nada ha valido ha valido la exhortación de Obama al Congreso para renovar el ATPDEA “lo más pronto posible”, ni la intervención del Embajador y Representenate Comercial de los EEUU adscrito a la Casa Blanca Ron Kirk instandolo “a extender estos tres programas (entre los cuales está el ATPDEA) lo más pronto posible y hacerlo más sustancialmente que por unos pocos meses”. Y fue más lejos al condolerse de la suerte del país considerado por Obama como su aliado estratégico, pues, según él “agricultores y trabajadores en Colombia perderán acceso al mercado estadounidense justo cuando se están recuperando de severas inundaciones” y remató diciendo “estoy decepcionado”.


REACCIÓN TARDÍA


La reacción por parte del Gobierno ha sido un tanto errática y contradictoria, pues el Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Diaz-Granados afirmó sibilinamente que “no quiero mandar el mensaje equivocado al Congreso de EEUU de que Colombia puede sobrevivir sin el ATPDEA, aunque es claro que podemos sobrevivir”; no, pero sí. Y ello, después de admitir que “no hemos dimensionado la magnitud del problema” planteado para enfrentar con éxito este “bache sin ATPDEA”. Por su parte el Embajador de Colombia en Washington Gabriel Silva en un aseguró que “para nosotros no hay Plan B ni segunda opción”; es decir, que Colombia se está jugando con el ATPDEA el todo por el todo.


Ante el hecho cumplido de que Colombia se ha quedado, no se sabe todavía por cuanto tiempo, sin el pan y sin el queso, sin TLC y sin ATPDEA, al Ministro Diaz-Granados le tocó salir a “ver cómo instrumentamos un Plan B, para ver si se reedita el tema de los reintegros de los aranceles pagados”. Esto es, que el Congreso de los EEUU apruebe la extensión del ATPDEA con retroactividad al 13 de febrero, de modo que se le reintegraría a los exportadores colombianos lo que hayan cancelado por concepto de aranceles durante dicho intervalo. Esta perspectiva no entusiasma mucho a los exportadores, toda vez que el Gobierno de los EEUU le giraría dicho valor a los importadores y son estos quienes deberán reembolsárselos a aquellos. Y no es para menos, es que ya en el pasado en idénticas circunstancias les han puesto conejo y los importadores norteamericanos se han quedado con dicho reintegro a expensas de los exportaciones colombianos.  Cabe recordar que en 2002 Estados Unidos dejó a Colombia siete meses sin ATPDEA, con todas sus consecuencias; la historia se podría repetir si el Gobierno Nacional no cambia de estrategia y hace valer la corresponsabilidad que le cabe al Gobierno de los EEUU en la lucha en contra de las drogas ilícitas, que fue la razón de ser de las preferencias arancelarias a favor de cinco de los países andinos (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia).


Ante el riesgo latente de que los exportadores se puedan ver perjudicados por la morosidad de los EEUU al extender los beneficios del ATPDEA, se han planteado por parte de ellos medidas tales como esta: que “en vez de pagar planteamos que los exportadores tengan una póliza de cumplimiento por semanas o meses por el monto de los aranceles, es decir, que no tenga que sacar la plata ahora. Si transcurre determinado plazo, y no hay retroactividad, se hace efectiva la garantía que asumiría el empresario”. Por lo demás, el reintegro de lo que se llegue a pagar por aranceles demora en darse; como lo recuerda el Presidente de la ANDI Luis Carlos Villegas. Según él “ya eso nos pasó hace unos años, el trámite para devolver esos aranceles cuando vuelvan a poner el ATPDEA en rigor se demoran fácilmente 7 u 8 meses. Uno cree que los trámites se demoran aquí en la DIAN, no, allá también”. A su vez el Gobierno Nacional, a través de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha contemplado la posibilidad de autorizar créditos blandos por parte de BANCOLDEX, con el fin de proporcionarle liquidez a los exportadores paran cumplir con el pago de los aranceles que se causen, los cuales serían pagados posteriormente con el reintegro de los mismos. Este es una especie de salvavidas para los exportadores. 

Ante la invectiva del Embajador Silva, manifestando su disgusto y dando a entender que a Colombia ya se le está agotando la paciencia por tanta mamadera de gallo, primero con la ratificación del TLC y ahora con la prórroga del ATDEA, Javier Díaz llama la atención sobre el hecho incontrovertible de que “Si uno no quiere perder el mercado tiene que acceder a pagar los impuestos, yo no cambio un mercado como Estados Unidos de la noche a la mañana, hay que seguir en la campaña de diversificación, independiente de lo que pase con el ATPDEA o el TLC”. En este caso, en lo que hace a la política de comercio exterior de Colombia, como en la paradoja de Huidobro, los árboles no les ha dejado ver el bosque a los responsables de la misma; la pregunta es hasta cuándo.


“No podemos resolver los problemas de
la misma manera que los creamos”
Albert Einstein



Riohacha, febrero 19 de 2011
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EL AMIGO IMAGINARIO

El recientemente liberado Mayor de la Policía Guillermo Solórzano dejó atónito al país cuando al narrar la odisea en que se le convirtió su secuestro por parte de las FARC contó que lo que hizo más llevadero su dantesco drama fue contar con un amigo imaginario que él mismo creó al que llamó Rodolfito. Ahora se sabe que este fenómeno es más común de lo que se cree y según la psicología infantil, los amigos imaginarios surgen como respuesta a las idealizaciones. Al parecer el gobierno colombiano tiene en los EEUU un amigo imaginario y no nos habíamos percatado de ello. Desde los remotos tiempos de la doctrina Monroe de América para los americanos, pasando por la Política del Gran Garrote de Theodore Roosevelt como su corolario, hasta la más reciente doctrina de la Seguridad Nacional, la política exterior de los EEUU, que se confunde con su paradigma del Destino Manifiesto, ha tenido como hilo conductor la sentencia de su primer Presidente George Washington que no puede ser mas lapidaria: “las naciones no tienen amigos sino intereses”.

De modo que todas esas declaraciones melifluas y grandilocuentes en el sentido que Colombia es el “aliado estratégico” de los Estados Unidos con quien mantiene una “relación especial” se han quedado sólo en la retórica. Después de los desencuentros entre Clinton y Samper se recompusieron las relaciones entre los dos países en el cuatrienio de Andrés Pastrana; pero, a pesar de que este se ufanaba de tener tan buena química con Clinton como con Tirofijo, fue muy poco lo que pudo avanzar el país en su acceso al mercado de los Estados Unidos. Lo único que le quedó para mostrar de este idilio fue el Plan Colombia, el cual fue aprobado a solicitud del ex presidente Pastrana, en el sentido que “es hora de que Estados Unidos mire a su patio trasero y lo ayude...”. Huelga decir que dicho Plan fue concebido y diseñado por el propio Estados Unidos como un componente básico de su fracasada estrategia antidrogas.


EL CRISTO DE ESPALDAS

Luego, vendrían los ocho años de la administración Uribe y a la sazón George W Bush era el Presidente de la gran potencia del Norte; entre uno y otro había una gran afinidad ideológica. El Presidente Uribe tuvo el privilegio de hacer parte del exclusivo club de personalidades de la política mundial que visitó a Bush en su rancho de Crawford, Texas. Y a pesar de ello, aunque Uribe logró negociar y firmar el TLC con su homólogo, ambos terminaron su período sin que lograra su cometido de la ratificación del mismo. Casi cinco años después de firmado su ratificación sigue en el limbo y cada vez más embolatada, pese a que según el Comité Consultivo para Políticas y Negociaciones de Comercio de los EEUU “el tratado con Colombia satisface o supera los logros acordados en otros tratados recientes, incluyendo los suscritos con Perú, Centro América y República Dominicana”. 

De hecho, en el Informe presentado en la primera semana de este mes al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos por el Senador republicano Richard Lugar se constata el desplazamiento de Estados Unidos en materia comercial en Suramérica, y en particular en Colombia, a favor de China, Mercosur, Chile, los países de la CAN, México y Canadá. Según sus cálculos, en los últimos dos años, Estados Unidos ha perdido US $1.000 millones de exportaciones agrícolas a Colombia, equivalente al 56 por ciento de su participación en el mercado nacional. Y si nos atenemos a las cifras que maneja la Cámara de Comercio Colombo – Americana, los exportadores de los EEUU le pagan a Colombia US $22 cada segundo por concepto de aranceles, unos US $2 millones diarios. A ojo de buen cubero, eso significa que desde la firma del texto negociado del TLC bilateral con los EEUU a hoy han tenido que cancelar una suma aproximada a los US $3.644 millones. Dicho de otra manera, de haberse ratificado el TLC por parte de los EEUU el fisco nacional habría dejado de recaudar esa misma suma por concepto de aranceles, el doble del estimativo del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla respecto al costo fiscal de la entrada en vigencia del TLC de US $300 millones anuales. Contrástese esa cifra con los US $350 millones, aproximadamente, que dejarán de pagar los exportadores colombianos por concepto de arancel a la entrada en vigencia del TLC con los EEUU, diez veces menos de lo que dejarán de pagar ellos (¡!). De allí la posición del Representante republicano Dave Camp, cabeza del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara baja, quien dejó en claro que “sin una fecha concreta para el TLC los conservadores no van a darle nuevo apoyo al ATPDEA, simplemente porque le reduce las tarifas a los exportadores colombianos sin reducirla a las exportaciones norteamericanas a Colombia como lo haría el TLC”.

EL EMPAREDADO DEL TLC

Pero, ocurre que entre los demócratas y republicanos existe una incompatibilidad de caracteres, pues al decir de Javier Tellagorri mientras los primeros ven aquello en lo que creen, los segundos creen en lo que ven. De allí su antagonismo, los demócratas propenden por el comercio justo, los republicanos por el libre comercio; dicha confrontación llevó al estancamiento del trámite y aprobación de la ratificación de los TLC firmados por parte de los EEUU con Panamá, Colombia y Corea. La elección de Barack Obama como Presidente complicó aún más las cosas, máxime cuando en un error imperdonable de la diplomacia colombiana esta tomó partido por el republicano MacKein. No obstante, por fuerza de las circunstancias, Obama abandonó su posición radical en contra de dichos tratados y se mostró dispuesto a impulsarlos. 

En efecto, en su discurso sobre el Estado de la Unión el 27 de enero de 2010 fue muy enfático al afirmar que “este año continuaremos fortaleciendo nuestros acuerdos comerciales con Asia y aliados clave como Corea del Sur, Panamá y Colombia”. Una vez más, en el discurso pronunciado por Obama el 26 de enero de este año sobre el Estado de la Unión, ratificó que “antes de asumir el mando, dejé en claro que íbamos a verificar el cumplimiento de nuestros acuerdos comerciales y que sólo suscribiría pactos que beneficiarán a los trabajadores estadounidenses y promovieran empleos en Estados Unidos. Eso fue lo que hicimos con Corea y eso es lo que pretendo hacer al procurar acuerdos con Panamá y Colombia, y continuar nuestras conversaciones comerciales con la región del pacífico de Asia y en el mundo”. Posteriormente sostuvo que “acabamos de cerrar un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur que representa un apoyo para 70.000 puestos de trabajo estadounidenses como mínimo, un acuerdo que contó con el apoyo sin precedentes de empresarios y sindicatos, demócratas y republicanos. Este es el tipo de acuerdo que buscaré en nuestras conversaciones comerciales con Panamá y Colombia”. Tal manifestación hizo revivir las esperanzas de que ahora sí se abriría paso la ansiada ratificación del TLC, pero ahora surgió un nuevo impasse, los republicanos han dejado en claro que no le darán paso a la ratificación del TLC con Corea si este no se tramita en simultánea con los de Panamá y Colombia. Amanecerá y veremos. 
El representante de Comercio Exterior estadounidense, Ron Kirk, dijo ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que había recibido “instrucciones del presidente Obama de intensificar los contactos con Colombia y Panamá, con el objetivo de resolver cuanto antes, este año, los asuntos pendientes, y someter inmediatamente a consideración del Congreso esos acuerdos”. El presidente del Comité, el republicano Dave Camp, le ripostó que agradecía sus buenas intenciones “pero ya el tiempo de las generalidades pasó… Estamos perdiendo mercados y necesitamos saber qué tiene que pasar para concretar esos tratados”. Kirk insistió en que “cualquier calendario estará supeditado a la resolución exitosa de temas muy serios, relacionados con la violencia contra el sindicalismo y los derechos laborales en Colombia” y anunció que para discutir esos asuntos con el gobierno Santos enviarían la una delegación de la Secretaría de Comercio a Bogotá. Recomendó además que las partes se sienten “a la mesa, preparados para tomar acciones significativas adicionales”, al tiempo que subrayó que el ejecutivo mantiene “serias preocupaciones” sobre el caso de Colombia que deben ser resueltas. Ello fue interpretado como el deseo por parte de los EEUU de renegociar los términos ya acordados del TLC que se firmó por las partes; el Embajador de Colombia en Washington Gabriel Silva se había anticipado a notificar al gobierno estadounidense que “acá no hay nada que negociar desde el punto de vista del Tratado. Ya fue aprobado por nuestro Congreso y no se va a reabrir” y lo remarcó el Presidente Santos: “no hay posibilidades de renegociar” lo ya firmado!
Todo este embrollo ha exasperado al Gobierno Nacional, al punto que el Presidente Santos aseguró que si la ratificación del TLC con los EEUU no se aprueba este año, su gobierno no seguirá insistiendo y buscará otros mercados. Esta declaración oficial fue seguida por otra de parte del Embajador en Washington que fue aún más lejos: “si en el 2011 no ocurre realmente la ratificación del TLC, es muy posible que sea Colombia la que decida que esto ya no va más”. Por su parte el Vicepresidente Angelino Garzón manifestó que “no nos vamos a poner a llorar si algún país libre y soberanamente toma la decisión de no aprobarnos el TLC”. Comparto con el analista y Decano de Economía de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria que tales declaraciones aunque altisonantes no pasan de ser baladronadas. Como afirma él “si se llegase a aprobar el TLC para el 2012, no creo que Colombia vaya a decir que no le interesa, que ya es un capítulo cerrado”. Lo que es claro es que Colombia no debe actuar llevado por el despecho o por el ánimo retaliatorio, como sucedió en su momento con Venezuela cuando, ante las invectivas de Chávez, se pensó que era muy fácil sustituir ese mercado por otro. 

Ya lo advertíamos a propósito de la celeridad con la que se venía negociando un TLC a las volandas con la Unión Europea (UE), dizque para presionar a los EEUU para que ratifiquen el TLC con Colombia si es que no se quieren ver desplazados por la UE. Ello sólo condujo en concepto del Presidente de Fedegan José Felix Lafaurie a un “mal cierre” de dichas negociaciones. Ojalá que ello no se vaya a repetir con otros TLC que se vienen negociando con la misma ligereza, como es el caso de Corea del Sur, del cual ha dicho el Presidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa) “llevaría a la suspención de la producción nacional de vehículos, lo que generaría el marchitamiento de la producción de autopartes”. Lo propio ha dicho la Directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI Juliana Rico: “además de ser una economía cerrada, tiene mucha fortaleza en manufacturas y hace dumping…Un TLC con Corea que no excluya este sector dará al traste con la producción colombiana orientada a la exportación”. Ojo, pues!  

GIRO POSITIVO DE LA POLÍTICA COMERCIAL

El Presidente Santos ha venido haciendo lo correcto; después del aislamiento diplomático y comercial al cual expuso al país la política parroquial y camorrista del ex presidente Uribe, él entendió la necesidad de abrirse al resto del mundo. Procedió a reabrir embajadas y representaciones consulares en países claves para una estrategia de expansión del comercio exterior, como es el caso del lejano y medio Oriente. El caso de Venezuela es patético, como afirmó el Presidente Santos “estábamos en el peor de los mundos: no había diálogo, no había relaciones diplomáticas, no había comercio, no pagaban las deudas y hasta sonaban tambores de guerra. Esa situación era inaguantable”. Lo propio podría decirse del Ecuador, enantes nuestro tercer mercado externo en importancia después de los EEUU y Venezuela. Recordemos que el prurito de tener un TLC con los EEUU llevó al Gobierno del ex presidente Uribe a provocar la desintegración andina, dejando lo cierto por lo dudoso. 

Poco a poco se han ido recomponiendo las relaciones con Venezuela y Ecuador, lo cual ha dado ya sus primeros frutos. Las exportaciones hacia Venezuela después de superar los US $6.000 millones en 2008 se desplomaron hasta registrar sólo US $1.257 millones en 2009(¡!). El primer paso a dar y ya se está dando es acordar con Venezuela un Tratado bilateral que reemplazaría su membresía a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a la que renunció en 2006, dado que a partir del 22 abril cesan sus obligaciones para con esta. Tanto el Gobierno como el gremio exportador coinciden en que dicho Tratado debe darse en el marco de ALADI, para evitar que el mismo sea considerado un nuevo acuerdo, en cuyo caso se vería forzado a extenderle a los EEUU, una vez sea ratificado el TLC, los beneficios arancelarios y aduaneros que se convengan. Lo cierto es que ya se han visto los primeros resultados de la distensión en las relaciones, al incrementarse las exportaciones a Venezuela el 45.1% situándose en los US $1.825 millones. Con el Ecuador, los resultados son más tangibles, habida cuenta que el año anterior las exportaciones alcanzaron un nuevo máximo histórico de US $1.825 millones, un 45.1% mayor que en 2009, con un saldo favorable a Colombia de US $1.010 millones.

Definitivamente, sin perder de vista el mercado regional, como bien lo aconseja el Director de Analdex Javier Díaz, “hay que seguir en la campaña de diversificación, independiente de lo que pase con el ATPDEA o el TLC”. Sí, diversificando la oferta exportadora, y diversificando los mercados de destino de la misma. Como lo muestra claramente el Índice de Herfindahl Hirschman indica, Colombia mantiene una elevadísima concentración exportadora (0.28 frente a un tope de 1, donde valores de “equilibrio” estarían alrededor de 0.18). Este sesgo lo producen Estados Unidos y Venezuela.  La preocupación es mayor si tenemos en cuenta la creciente reprimarización de la economía nacional y el predominio de los productos tradicionales en nuestra oferta exportadora. A ello ha contribuido, desde luego, la revaluación del peso frente al dólar. En el 2010 las exportaciones totales crecieron el 21.2% en dólares y 8.7% en volúmen, situándose en los US $39.820 millones. Pero, de ese total, más del 58% correspondieron a exportaciones tradicionales (petróleo, carbón y café, especialmente), las cuales crecieron un 41.2%, mientras las no tradicionales (especialmente manufacturas) –que son las mayores generadoras de empleo- se contrajeron el – 2.9% al pasar de US $14.900 millones a US $14.468 millones; si se excluyen los despachos de oro y esmeraldas, la caída de las exportaciones no tradicionales sería aún mayor, de –7.7%. Exportaciones como las de cuero y los textiles se desplomaron el año anterior el 17% y 37%, respectivamente. Pese a ese buen comportamiento de las exportaciones tradicionales, en el caso específico del café Colombia ha venido perdiendo terreno; después de ocupar el segundo lugar después de Brasil durante muchos años, primero fue desplazado por Vietnam al tercer lugar y el año anterior fue Indonesia la que la relegó a un cuarto lugar en importancia. Aunque parezca paradójico Colombia está pasando por una bonanza cafetera sin café al no lograr el año anterior la meta de producción de 11 millones de sacos, debiendo contentarse con sólo 8.9 millones. Es más, a pesar del buen comportamiento de las exportaciones la balanza exterior deel 2010 cerró con un déficit en cuenta corriente del – 2%  del PIB. 

EL CUENTO CHINO

El cierre de los mercados de Ecuador y Venezuela obligó a los exportadores colombianos a explorar nuevos mercados con relativo éxito, al punto que China se convirtió en nuestro segundo mercado después de los EEUU desbancando a Venezuela. Pero, no nos hagamos ilusiones, pues si bien es cierto las exportaciones a China el año pasado subieron el 107.1% con respecto al año anterior, representando el 4.9%, estamos hablando de sólo US $1.966 millones, muy lejos de los US $16.918 millones que tuvieron por destino el mercado de los EEUU, de las cuales el 70.8% fueron de petroleo y sus derivados. Es de anotar que las exportaciones latinoamericanas a China representan en promedio el 8%, casi el doble de la participación en las de Colombia. Además, un alto porcentaje (86.5%) de las exportaciones colombianas a China está representado por productos básicos, léase petróleo, carbón y ferroniquel, entre otros. Ahora bien, sumadas las exportaciones a Japón, Singapur y Corea ascendieron en el 2010 a US$1.305 millones, de tal suerte que el gran agregado de las exportaciones colombianas al Asia representaron el año pasado el 8.2% de sus exportaciones totales. Pero, estamos todavía muy lejos de lograr un gran posicionamiento en dicho mercado, el más codiciado del mundo, máxime cuando el saldo de la balanza comercial con los países asiáticos en 2010 fué desfavorable para Colombia en US $4.722 millones, aproximadamente. Hace muy bien el actual Gobierno en propugnar por su ingreso al Foro de Cooperación Asia – Pacífico (APEC), al que ya pertenecen Chile y Perú, para franquear la puerta a ese gran mercado. 

En mayo del año pasado se le dio al ex presidente del Banco HSBC Michael Geoghegan en un evento internacional en Hong Kong por lanzar a Colombia al estrellato, al considerar que este país tenía méritos para hacer parte del nuevo grupo de países emergentes conocido como CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Turquía y Sudáfrica). Esta nueva sigla fue acuñada por Robert Ward, al caracterizar a los países que la integran por sus buenas perspectivas y por considerar que “tendrán un dinamismo especial en los próximos años”. Sin embargo, más recientemente fuimos sorprendidos por la noticia que le dio la vuelta al mundo, en el sentido que “entre los CIVETS, Colombia es el que menos seduce a los inversionistas”. En el mismo despacho de prensa se da cuenta del sondeo realizado por la knowledge@wharton/fleishman-hillard entre 153 ejecutivos de multinacionales y del mismo se concluyó que aunque 42% de los encuestados prevé que en una década los CIVETS representarán el mismo nivel de oportunidades que los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en la economía global, Colombia ocupa el último lugar en el grupo, cuando se les pregunta cuál de los 6 países presenta un mayor volúmen de opciones de negocio. De hecho, según reciente reporte, ya Indonesia dio el salto de los CIVETS al grupo BRIC. Claro que el principal atractivo que ofrecen estos países aon la mano de obra barata, los bajos costos de producción y el crecimiento de los mercados internos, que no es el caso de Colombia. Los mismos profesores de Warton  lo destacan, al señalar que “después de años de guerra contra el narcotráfico Colombia continúa siendo un mercado pequeño”.

LA DÉCADA DE AMÉRICA LATINA

A ello se refiere también Andrés Oppenheimer, autor del best seller Basta de historias, al considerar que “esta es la década de América Latina” que augura el Presidente del BID Luis Alberto Moreno. Él admite que “estamos pasando por un buen momento económico, y tenemos una excelente oportunidad para hacer de esta nuestra década, pero me temo que no lo estamos aprovechando para invertir en calidad educativa, ciencia y tecnología e innovación”. Y este es el caso de Colombia, que acusa un rezago enorme en calidad de la educación y ni se diga en cuanto a ciencia, tecnología e innovación (C + T + I), en lo cual invierte un irrisorio 0.18% del PIB, en contraste con los países europeos que invierten entre el 3% y el 5%, Corea del Sur 3%, Estados Unidos el 2.7%, Brasil el 1.2% y Chile el 1%. La meta fijada en el proyecto de Plan de Desarrollo 2010 – 2014 es de sólo 0.7%; pero bueno, algo es algo. Y el secreto del éxito de los países emergentes ha sido invertir en C + T + I; sino veamos lo que nos dice Oppenheimer: “Corea del Sur, que hace 50 años era mucho más pobre que todos los estados latinoamericanos, registra más de 7.500 patentes por año, el que le sigue Brasil 100, México 60, Argentina 30 y Colombia 7, según la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU. Nos están pasando como aviones”. Pero, al rezago en educación y C + T + I se viene a añadir el enorme rezago en materia de infraestructura, la cual según el  Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) Daniel Flórez Pérez es de más de 30 años. Anota él que “no tenemos carreteras, no hay infraestructura adecuada. La Nación es poco competitiva y eso explica la realidad de un encierro en sí misma…Nuestras costas están lejos de los centros de producción y consumo”. Con razón en los registros sobre competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia figura en el puesto 83 entre 133 países evaluados. De allí la pertinencia y oportunidad de volver sobre la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIPC) de la quer ya dispone el país, pero que se echa de menos en la agenda de gobierno. 

Queremos insistir en que para alcanzar las metas de crecimiento sostenido del PIB del 6.2% y una tasa de desempleo abierto de un solo dígito planteado en el Plan de Desarrollo de este cuatrienio es fundamental e imprescindible ampliar y diversificar la base productiva del país, empezando por la reconversión del sector agropecuario, ampliar y diversificar la oferta exportadora, ampliar y diversificar los mercados externos y, lo que es más importante, ampliar y profundizar el mercado interno y por qué no volcarse sobre el mercado regional. Como bien lo dice Oppenheimer, “Colombia está demasiado obsesionada con el TLC y poco obsesionada con la productividad” . Y al fin y al cabo, como lo ha sostenido el Nobel de Economía Paul Krugman, al hablar de competitividad “la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo”. No podemos pensar con el deseo que, con lo que tenemos, “podemos conquistar el mundo”; dicho eslogan, además de demagógico sólo sirve para generar falsas expectativas, ya que “por el simple firmar el TLC, de un día para otro, el país no va a ser más competitivo, ni va a duplicar su oferta productiva, ni algunos sectores lograrán el éxito en los mercados internacionales”. Bien dijo el Ministro de Comercio Jorge H Botero, el mismo que en calidad de tal orientó las negociaciones del TLC con los EEUU, “el acuerdo con EEUU abre oportunidades, pero no las garantiza”. Como estamos actualmente no tenemos una oferta exportadora lo suficientemente robusta para aprovechar los nuevos mercados que se abren con los acuerdos comerciales y si la tuviéramos no tendríamos la infraestructura adecuada para exportar competitivamente. De modo, que orden tienen las cosas y el país debe comprometerse en un serio esfuerzo de largo aliento para superar nuestras falencias através de la transformación productiva y la mayor competitividad. 

Bopgotá, febrero, 28 de 2011
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LOS INTERESES CREADOS

Con ocasión de los insistentes reparos de la Unión Europea (UE) a las normas vigentes en Colombia en materia de biocombustibles, los detractores de estos han vuelto a la carga, no propiamente en defensa de los intereses nacionales. Este ha sido uno de los obstáculos que se han interpuesto en el camino de la ratificación del TLC suscrito entre Colombia y la UE y hay quienes con su postura le están haciendo el juego a los mezquinos intereses de ciertas y determinadas marcas de vehículos que se resisten a innovar para que sus motores sean más eficientes y amigables con el medio ambiente. Es bien sabido que Colombia después de Brasil es uno de los países que está a la vanguardia en el uso de las mezclas del etanol con la gasolina y del aceite con el ACPM, en proporciones por ahora del 8% y el 10% respectivamente. Pero, pensando con un criterio futurista y no sin antes realizar las pruebas de rigor se apresta a aumentar el porcentaje de dichas mezclas hasta el 15% en el caso de la biogasolina y del 20% en el del biodiesel. 

Mediante el Decreto 1135 de 2009, modificatorio del Decreto 2629 de 2009 se estableció un cronograma para la introducción de manera gradual de los vehículos dotados con sistema Flex – Fuel E – 85, esto es, que puedan funcionar normalmente utilizando indistintamente gasolinas básicas o mezclas, compuestas por gasolina básica de origen fósil con al menos 85% de alcohol carburante”. Con tal fin se estableció un cronograma que va desde el 60% en 2012 hasta el 100% en 2016 de la provisión anual de vehículos por parte de cada una de las marcas. Ahora se pretende su derogatoria por parte de los voceros del bloque comunitario, por considerar que el mismo se constituiría en una barrera que impediría el acceso al mercado colombiano de algunas marcas de vehículos producidos en el viejo continente. Tan pronto fue expedido Juergen Deforth, Gerente general de Audi para la región, se vino lanza en ristre contra el mismo y sin pestañear siquiera afirmó contra toda evidencia que “no hay la tecnología para hacer funcionar un automóvil con 85% de etanol”. O está atrás de noticia o en su aseveración hay mala fe, una de dos. Resulta pertinente recordar que el primer vehículo comercial de combustible flexible vendido en el mundo fue el Ford T, producido desde 1908 hasta 1927, así como el motor inventado por Rudolf Diesel empezó consumiendo aceite de maní y no ACPM. El motor del Ford T contaba con una carburador de inyección ajustable, que permitía el uso de gasolina, etanol o una combinación de ambos. 

Los hechos son tozudos: en el 2008 circularon en el mundo más de 14 millones de vehículos dotados de motor flexible, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Canadá y en la propia UE, encabezada por Suecia. De modo que nos parece traído de los cabellos el argumento esgrimido por José Clopatofsky, Director de la revista Motor de El Tiempo, al afirmar desatentadamente, asumiendo la vocería de fabricantes, importadores y ensambladores renuentes, que tal disposición dizque se sitúa “por encima de la técnica mundial de los combustibles”. En auxilio de su aseveración aduce que “conversando con Gordon Excel, vicepresidente de Cummins, uno de los mayores fabricantes del mundo de motores diesel, nos reafirmó que una mezcla de bio superior al siete por ciento no es compatible con las máquinas actuales”. Cabe advertir que la expedición del Decreto 1135 no es arbitraria o caprichosa como se sugiere; el Gobierno está en capacidad de tomar las provisiones necesarias tendientes a asegurar la calidad de sus exportaciones e importaciones, la protección de la salud y la vida de las personas, así como la protección del medio ambiente. Se fundamenta para ello en la Ley 170 de 1994, mediante la cual el país se adhirió al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial de la Comercio (OMC), así como también en la decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de 1997.  

Lo que está en juego es mucho más que una insensata “terquedad”, como se quiere hacer ver. En efecto, lo que está en juego no es un asunto de poca monta; se trata nada menos de la suerte que habrá de correr la industria de los biocombustibles, la cual genera actualmente 23.854 empleos directos a lo largo de toda la cadena y un estimado de 48.000 indirectos, que equivale a decir que 286 mil personas derivan su sustento de esta agroindustria. Es más, según las proyecciones de la Federación Nacional de Biocombustibles, “al sembrarse 3.45 millones de hectáreas más, ello representaria sólo el 9.4% de las tierras ganaderas subutilizadas. Esos nuevos cultivos agregarían a las cifras anteriores otros 493 mil empleos directos”. La producción actual de 2.4 millones de litros diarios de etanol y biodiesel mueve $1.84 billones en números redondos al año, cifra esta que no es despreciable, la cual se irriga en gran medida en el campo colombiano. Ceder ante las presiones de la UE sería una pésima señal, puesto que ello significaría ponerle el freno de mano al avance de este importante renglón de la producción a la espera de su aquiescencia para poder escalar en mayor medida esta floreciente aunque incipiente industria, lo cual sería un despropósito. 

PRUEBAS AL CANTO
El mismo Clopatofsky cuando el país se disponía a poner en marcha el programa de la mezcla del etanol con la gasolina vaticinó su fracaso, porque según él “se sabe que es altamente corrosivo y en poco tiempo derrite carburadores, empaques, mangueras, inyectores y otras piezas si se exceden los porcentajes…”. Pues nada de ello ha sucedido aquí en Colombia, como tampoco en Brasil en donde el porcentaje de la mezcla obligatoria va hasta el 24%  ni en los EEUU, en donde la Agencia de Protección Ambiental (EPA) autorizó el 15% recientemente. Pruebas de larga duración realizadas por la Universidad Tecnológica de Pereira y validadas por el Instituto Colombiano de Petróleo (ICP) de la mezcla E – 15 y por parte de la Universidad de Antioquia  del B – 20, exitosas todas ellas, constituyen el respaldo técnico de este paso que pretende dar el país. Estas son las pruebas que Colombia estaría dispuesta y en condiciones de compartir con otros países entre ellos los de la UE para su homologación, sin encontrar eco hasta el momento ni entre sus voceros ni entre sus concesionarios en Colombia. No estamos, entonces, dando palos de ciego ni implementando esta política “a punta de decretos que van contra la tecnología aceptada en el resto del mundo” como sostiene el Director de la revista Motor. Nadie la ha querido “imponer, a la brava” esta política, como él lo afirma sibilinamente y esta nunca ha estado “movida por intereses diferentes a los técnicos” sino consultando los más altos intereses del país.

Se dice que el Decreto 1135 pretende “elevar el etanol a un 85% en la gasolina…para el consumo masivo en todos los vehículos del país”, para concluir que “no existe a corto plazo la forma de implementarla”. Es claro que no son todos los vehículos que circulan en Colombia los que estarían sujetos al mismo, sino los que se importen o ensamblen en el futuro y es obvio de toda obviedad que su aplicación no puede ser inmediata. Cómo es de fácil construir un muñeco de paja para después solazarse destruyéndolo a manotazos! Se nos dice que los fabricantes que cuestionan esta norma “no hacen esos planteamientos caprichosamente o por defender unas ventas que, si bien son importantes en sus balances mundiales, son de muy poco porcentual (sic!) en la totalidad de las operaciones”; pero qué otra motivación pueden tener distinta a salvaguardar sus intereses frente al de sus competidores?

EL MOTOR DE LA LOCOMOTORA AGRÍCOLA

Bien ha dicho el Ministro de Comercio, Desarrollo y Turismo Sergio Díaz-granados que este nuevo cluster, el de los combustibles es “un importante motor de la locomotora agrícola” y no le falta razón, pues imperceptiblemente se ha constituido en la base primordial de la reconversión del descaecido sector agrícola. Adicionalmente, va en la dirección correcta de reducir la dependencia con respecto a los combustibles de origen fósil, cada vez más escasos y costosos, amén de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Así se entiende la formulación contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 que acaba de aprobar el Congreso de la República, en el sentido de “fomentar y fortalecer la estructuración agrícola e industrial de nuevos proyectos de biocombustibles, en zonas promisorias en todo el territorio nacional”. El Presidente Santos en respuesta a las presiones tendientes a desmontar o a obstruir el desarrollo de esta agroindustria ha dicho categóricamente que “no vamos a renunciar a los biocombustibles”, aunque dejó entreabierta la puerta al anunciar a renglón seguido “pero vamos a revisar el tema”. Y es allí en donde está el riesgo, de que el Gobierno en aras de obtener la ratificación del TLC con la UE termine sacrificándola, como ya lo hizo la administración Uribe con el sector lácteo por la premura en cerrar a cualquier precio la negociación del mismo. Como en la célebre obra de Jacinto Benavente, los intereses creados siempre tratan de imponerse recurriendo a toda suerte de ardides; este es el caso, ojalá esta vez, para fortuna del país, no se salgan con la suya. 

Bogotá, mayo 15 de 2011
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UN PASO HISTÓRICO

LA LOCOMOTORA AGRÍCOLA

El Presidente Santos se ha propuesto alcanzar una tasa de crecimiento sostenido del PIB por encima del 6% y así quedó consignado en su Plan de Desarrollo Prosperidad para todos, como premisa para reducir la tasa de desempleo abierto a un solo dígito. Al definir la estrategia para alcanzar tales objetivos identificó con su equipo económico cinco sectores con alto potencial de crecimiento, llamadas metafóricamente locomotoras del crecimiento. Se destaca entre ellas la agricultura, sector este que no obstante ofrecer un gran potencial de crecimiento se ha mantenido por décadas rezagado con respecto a los demás. Según el experto Juan José Perfetti, “la producción creció durante la primera parte de la anterior década colocándose por encima de la registrada en el período 1990-1999, pero desde el año 2005 la producción agrícola total se mantiene alrededor de los 25 millones de toneladas”. Particularmente entre 2002 y 2010 su crecimiento se contrajo a la mitad del crecimiento del PIB total, su raquitismo fue tal que fue el sector que menos aportó a este último, a tal punto que su crecimiento el año anterior fue nulo. Y no es para menos, habida cuenta que de 21.5 millones de hectáreas aptas para la agricultura, a duras penas se cultivan 4.2 millones.


REFORMA Y CONTRAREFORMA AGRARIA

Para reactivar este sector es menester una reformulación de la política agrícola, la cual pasa por una reforma agraria de fondo que contrarreste los nefastos efectos de la contrarreforma agraria que se gestó con el malhadado Acuerdo de Chicoral, que dio al traste con la Ley 135 de 1961 de la administración Lleras Restrepo, último intento de una reforma agraria integral y democrática. Ello es tanto más urgente e inaplazable luego de la tragedia humanitaria, como calificó las Naciones Unidas el despojo a sangre y fuego entre 1980 y julio de 2010 de por lo menos 6’638.195. Ello explica en gran medida la gran concentración de la tenencia de la tierra en Colombia; el mejor indicador es el coeficiente Gini de la propiedad rural que alcanzó el 0.875 en 2010, sólo superado en la región por Paraguay. Es muy diciente que mientras en 1954 el 3% de los propietarios  concentraba el 55% de las tierras, en el 2005 el 0.4% se ha hecho acapara el 62.8% (¡!) de las mismas. 

Concomitantemente, aparejado al despojo de tierras en el último cuarto de siglo (1985 – 2010) se dio en Colombia el mayor éxodo del campo en toda su historia. Al fin y al cabo, según el Banco Mundial, el 60% de quienes se vieron forzados a cambiar de residencia era propietario de las tierras que les fueron arrebatadas violentamente. Según cifras de la ONG Consultora para los derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES), por lo menos 5’195.620 personas fueron desplazadas en Colombia por cuenta de la violencia, ya que su vida, su integridad física y su libertad corrían serio peligro. Sólo en el 2010 se vio desplazado un total de 280.041 compatriotas a causa del conflicto armado interno, así como de otras manifestaciones de la violencia política y social, más cruel y cruenta que la que se desató en 1948 luego del aleve asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán. Esto significa que en los últimos 25 años 208.000 personas en promedio han padecido el desplazamiento forzado; casi 12 colombianos de cada 100 ha sido víctima de este ominoso flagelo; con razón, Colombia ocupa el ignominioso primer lugar en el mundo en desplazamiento interno de su población.  


SÍ HAY CONFLICTO ARMADO INTERNO

Durante el prolongado gobierno del ex presidente Alvaro Uribe nunca se reconoció la existencia del conflicto armado interno, por considerarlo “como equivalente técnico del concepto guerra civil” pues para él de lo que se trataba era de una amenaza terrorista. Y claro, para ser coherentes, si aquí no hay conflicto armado interno tampoco puede haber desplazamiento que es una de sus consecuencias; por ello, el Asesor presidencial e ideólogo de la “doctrina” uribista José Obdulio Gaviria afirmó sin pestañear, contra toda evidencia, que “nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración”. Esta extravagante tesis llevó al Gobierno Nacional a invisibilizar el fenómeno del desplazamiento y tuvo que intervenir la Corte Constitucional para modo de que se le prestara la atención debida a quienes sufren este drama tan dantesco. 

No es casual, entonces, que el reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno se convirtiera en el busilis del trámite de la Ley 1448 de 2011 de restitución de tierras y reparación de víctimas que acaba de ser sancionada por el Presidente Santos. “Hace rato que hay conflicto armado en este país”, aseveró el Presidente Santos, marcando distancia con su antecesor, quien insiste contumazmente en solitario en que aquí “no hay conflicto, no hay guerra, vivimos una amenaza terrorista”. Este aspecto junto con el reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado para efectos de la reparación de estas, estuvieron a punto de hacer naufragar esta importante iniciativa por segunda vez. Al final, se impuso la sensatez y gracias a ello el país ha dado un paso histórico, apenas equiparable con aquel momento cenital de la historia de Colombia cuando el entonces Presidente Alfonso López Pumarejo en el curso de su Revolución en Marcha expidió la Ley 200 de 1936. Con esta Ley la administración Santos retoma el hilo conductor de la tradición del Partido Liberal; por ello, no exagera la revista Semana al señalar que “Santos se juega su puesto en la historia” con esta ambiciosa Ley. Y él así lo entendió, cuando expresó al momento de radicar personalmente el proyecto ahora convertido en Ley que “si esta Ley se aprueba, habrá valido la pena ser Presidente”. 

DURA Y ARRIESGADA APUESTA

Pero, la tarea apenas empieza y no estará exenta de tropiezos y obstáculos; no hay que caer en el fetichismo normativo, al pensar que basta con cambiar la norma para cambiar la realidad. Ya se ha hecho sentir la férrea resistencia a la misma por parte de los usurpadores y seguramente seguirán tratando de atravesarle palos a las ruedas de la historia tratando de detenerla. De hecho, en lo que va de este período de Gobierno han sido asesinados 22 líderes defensores del proceso de restitución de tierras; esta misma semana fue asesinada Ana Fabricia Córdoba, una de las más caracterizadas y corajudas líderes de quienes luchan por la restitución de tierras en la convulsionada región del Urabá. También hay enemigos agazapados de la Ley que estarán al acecho a la espera de ver el modo de entorpecer su cabal ejecución. Ya habíamos advertido sobre el riesgo que entraña el proyecto de acto legislativo que está para sanción presidencial, mediante el cual se establece como principio (ahora como criterio) constitucional la sostenibilidad fiscal. No obstante que ni este proyecto ha sido sancionado, ni el proyecto de Ley a través de la cual se establece la Regla fiscal tampoco y ya quedó establecido en esta Ley para efectos de su aplicación se debe “tener en cuenta la sostenibilidad fiscal”. También se advierte que en desarrollo de la esta Ley se “creará un Plan Nacional de Financiación mediante un documento CONPES que propenda por la sostenibilidad de la ley” Este hecho llevó a espetar al Senador de la U Roy Barreras que se había salido con la suya, pues “aprobando la sostenibilidad fiscal, dejando sin piso la Ley de víctimas”. En efecto, la sostenibilidad fiscal puede llegar a convertirse en el freno de mano que impida la marcha de esta Ley con la celeridad esperada. Por lo demás, no basta con garantizar la restitución de las tierras y con asegurar el retorno de quienes fueron sometidos al desarraigo y al extrañamiento, tales medidas deben ser complementadas con otras que les permita a estos cultivar la tierra y de esta manera ampliar la frontera agrícola que tanto requiere el país. Nada de ello será posible sin la depuración y fortalecimiento de las instituciones del Estado, cooptadas y copadas en muchas regiones del país por los violentos de toda laya y condición. Este es un compromiso insoslayable de todas las fuerzas democráticas del país, porque lo que está en juego es el futuro de este país, escarnecido y asolado por la violencia de todas las pelambres.

Al ponderar la importancia y trascendencia de esta Ley, el Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, invitado de honor y testigo de excepción de la sanción presidencial de esta Ley, manifestó que el paso dado por Colombia es “fundamental para comenzar a resolver el conflicto que el pueblo colombiano ha soportado durante décadas” y la consideró además como “un camino para construir una paz verdadera”. El Presidente Santos, que se precia de ser un buen jugador de poker, tiene en esta Ley una dura y arriesgada apuesta. Por el bien de Colombia hacemos votos por la implementación exitosa de esta osada iniciativa legal, en la que Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, Senador y Representante por el Partido Liberal respectivamente, se jugaron todo su capital político y el de la colectividad roja para sacarla adelante. Lo propio podemos decir de los ministros de agricultura e Interior y Justicia, Juan Camilo Restrepo y Germán Vargas, respectivamente. A todo señor todo honor. Enhorabuena!

Bogotá, junio 11 de 2011
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EL FANTASMA DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL

REFORMAS A PORRILLO

Acaba de concluir el segundo período de la primera legislatura del actual Congreso; el Gobierno se declaró tan satisfecho por sus resultados que el Ministro del Interior y Justicia Germán Vargas no dudó en destacar que “el Congreso responde al cien por ciento” a la agenda legislativa del ejecutivo. Y no es para menos, habida consideración del cúmulo de proyectos de ley y de actos legislativos que fueron tramitados y aprobados, en su inmensa mayoría de iniciativa gubernamental. A las 29 enmiendas que había acumulado la Constitución de 1991 hasta el 2010 (13 de ellas durante los dos períodos de Uribe), a través de las cuales se reformaron 49 artículos de la misma, unas anodinas y otras dañinas, se vienen a sumar ahora seis más. Entre los proyectos de actos legislativos que pasaron a sanción presidencial, para de este modo reformar por enésima vez la veinteañera Constitución Nacional, se destaca el que establece como “criterio” constitucional la sostenibilidad fiscal. Sobre este último adujo el Presidente Santos que tiene “un sentido bien definido: no limitar derechos sino hacerlos más eficaces y equitativos”. Sólo que hay que develar sus contenidos para observar la procesión que va por dentro.

Adujo el Presidente Santos en el curso del acto de su promulgación en la Casa de Nariño que “también es un derecho de todos los colombianos tener una economía sana, una economía saludable porque solamente así se pueden garantizar el resto de los derechos…Con la introducción de la sostenibilidad fiscal como criterio, se va a tener que tomar en cuenta la repercusión sobre la salud económica y fiscal del país de muchos fallos”. Olvidó el Presidente que el intento de convertir la sostenibilidad fiscal en “derecho de todos los colombianos” no prosperó en el Congreso y que este optó más bien por matizar la iniciativa gubernamental consagrándolo sólo como criterio. Insiste el Presidente  en el sermón del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, en el vano intento de hacer creer que con la misma no se trata de “limitar derechos sino hacerlos más eficaces y equitativos”. Muy sutilmente se trata de plantear un dilema entre los derechos fundamentales que son individuales y este otro que se reputa como colectivo, insinuando de esta manera que retornemos al viejo paradigma de que prima el interés general sobre el particular, lo cual es contrario al espíritu de la Carta. Ello es tanto más peligroso en el contexto en el que nos movemos, toda vez que la anterior administración dejó sentada la doctrina de que ni siquiera existen los derechos adquiridos, pues estos han devenido en expectativa de derechos.


DE DERECHO A CRITERIO

En efecto, la propuesta inicial fue la de entronizar la Sostenibilidad Fiscal como derecho fundamental en la Constitución, pero los expertos le hicieron ver al Gobierno que los derechos fundamentales son individuales; luego intentaron establecerlo como derecho colectivo y tampoco les funcionó, lo cual los llevó a optar por establecerlo como principio constitucional. Esto último era peor, pues significaba nada menos que equiparar el principio de la sostenibilidad fiscal con el del Estado Social de Derecho, entrando en conflicto el uno con el otro, lo cual era a todas luces absurdo. Estos bandazos llegaron a comprometer la suerte misma del proyecto en su trámite congresional, amén de que la firme posición que hasta entonces había asumido el Partido Liberal, el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo le impedía contar con los votos necesarios para la aprobación de este esperpento.  Se planteó entonces que el manido “marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva y programática los objetivos del Estado Social de Derecho”. La discusión se centró en la semántica del alcance del término fungir y empantanó el debate. 
En este momento fue cuando surgió la fórmula conciliadora, que a la postre se convirtió en su salvavidas: el senador Jesús Ignacio García, planteó que en vez de principio, la sostenibilidad fiscal sea sólo un criterio. "El criterio desarrolla la colaboración armónica de los poderes para evaluar el impacto fiscal de las inversiones. Cuando haya una decisión judicial que afecte las finanzas se podrá negociar para que la sentencia sea modulada", explicó el senador Luis Fernando Velasco. Y para tranquilizar o adormecer los espíritus de quienes aún se mostraban renuentes a aprobar esta entelequia, se añadió un parágrafo al artículo primero en estos términos: “bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales”.  Y así fue, con fórceps, cómo se logró dar a luz este esperpento jurídico. En todo caso, como lo afirma el ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, “Este proyecto, no hay duda de que es negativo desde el punto de vista de la autonomía de los jueces”. La Ley 270 de 1996 dispone sabiamente que nadie puede “insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias” y ello es lo que en últimas está en juego. Ello es tanto más cierto, en la medida que, como lo advierte El Espectador, “el criterio de sostenibilidad fiscal podría entrar a reñir con la llamada doctrina de ‘persistencia del estado inconstitucional de cosas’, que se refiere no a la violación de los derechos de un individuo, sino a la violación sistemática de derechos fundamentales. Doctrina en la cual se basó, por lo demás, la Sentencia T – 025 de 2004 con la cual la Corte Constitucional obligó al Gobierno a asistir a los desplazados del conflicto armado…Su capacidad de control, puede verse ahora disminuida”. Se pretende por esta vía obligar a los magistrados y a los jueces a modular sus fallos o a diferir su aplicación y, como bien lo advierte el ex constituyente Gustavo Zafra, “la vía de las ´Sentencias  moduladoras´ que utiliza la Corte para proteger la integralidad de los derechos no ha resultado efectiva. ´se obedece pero no se cumple´fue la respuesta del Banco de la República ante sentencias tan significativas como la del UPAC, la de objetivos múltiples (no sólo reducir la inflación) y otras de keynesianismo moderado. Lo mismo harían los tecnócratas de todos los gobiernos, si se les deja el campo libre”.
Si de lo que se trataba era de hacer “más eficaces y equitativos” tales derechos no era absolutamente necesario reformar la Constitución para procurarlo. Como lo han hecho otros países, es el caso de Chile, bastaba con establecerlo por ministerio de la Ley. Como lo señala El Espectador  “La idea general detrás de la sostenibilidad fiscal tiene sentido: el Estado no puede adoptar sendas de gasto en el presente que impidan su capacidad de seguir gastando en el futuro;  la necesidad de garantizar la viabilidad del Estado es irrefutable”, ello se cae de su peso, pero es acaso este el camino más indicado? Es obvio, como nos lo explica el jurista Gustavo Gallón que “nunca hay suficiente dinero para satisfacer todas las necesidades de una sociedad. Esa es una regla universal. El dilema entonces es a qué gasto se le da prelación”. Este es el qüid del asunto. Y tal como está planteado en la Ley que establece la Regla Fiscal, hermana siamés del proyecto de marras, se sigue que “la limitación de los gastos del Estado a los recursos presupuestados, sería la condición ´para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho´…A pesar de que falta mucho para asegurar en Colombia la realización de estos derechos, ya algunos se han reconocido como obligatorios, y en eso no puede haber retrocesos, pues sería contrario al bloque de constitucionalidad”. 
DURA LEX, SED LEX
Los mismos fines, los mismos propósitos que se plantean ahora tanto con la sostenibilidad como con la Regla fiscal fueron los que se en su momento se invocaron para expedir la Ley de saneamiento fiscal (Ley 617 de 2000) y la Ley de Responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003), que también son reglas fiscales y ambas buscan garantizar la sostenibilidad fiscal. Lo único que ha faltado, además de la disciplina fiscal es la voluntad política para meter en cintura el gasto y salvaguardar los ingresos públicos.  El Ministro Echeverry se ha planteado una “meta para alcanzar el equilibrio fiscal adecuado. Encontramos un déficit del 3.6% y lo vamos a llevar, en 2014, al 0.6%  La Regla especifica la senda para pasar de una situación a otra”. Cómo lograr tal cometido? Cuando se recurre a la Sostenibilidad Fiscal, ya sea como derecho o como criterio, se parte de una premisa falsa, cual es la de endilgarle la responsabilidad del crónico desbarajuste fiscal del Gobierno Central a los fallos judiciales que amparan el efectivo goce de los derechos económicos y sociales prescritos en la Constitución. 
Como lo sostiene el ex ministro de Hacienda e investigador de Fedesarrollo Guillermo Perry, “la Corte Constitucional, al caracterizar como fundamentales algunos derechos económicos y sociales y al entrometerse en las funciones del poder legislativo en estos campos, ha causado traumatismos graves en el funcionamiento y la viabilidad financiera del sistema de aseguramiento de salud y del mercado de crédito a la vivienda, así como en las finanzas del Estado”. Por ello, no quedó contento con el texto final, pues, para él “lo adecuado hubiera sido reconocer expresamente que la sostenibilidad fiscal es un derecho de carácter colectivo”.  Ah, con que esas tenemos, es la Corte la responsable de los graves traumatismos que acusa el sistema de aseguramiento de salud y no la corrupción que se empotró en el mismo; fue la Corte la responsable de la crisis del sistema UPAC y no las desatinadas decisiones que tomó en su momento la Junta directiva del Banco de la República, amén de la improvidencia del sistema financiero. Él coincide con Mauricio Reina, también investigador de Fedesarrollo, quien teme que al haber trocado la sostenibilidad fiscal de “principio” a “criterio”  le reste su efectividad “…para controlar el gasto público que alegremente suelen ordenar los poderes legislativo y judicial”. En la misma línea está la Revista Dinero; para esta, a través de este Acto legislativo se “podría limitar el alcance de las sentencias de la Corte, que es uno de los caminos por los cuales el Estado se ha visto obligado a aumentar significativamente el gasto público…La Ley de sostenibilidad fiscal busca, precisamente, ponerle coto a esa chequera abierta de la Corte, sobre la cual puede girar libremente y sin límite y sin la necesidad de sopesar los distintos gastos”, aunque admite que “no es evidente que el Ejecutivo asigne el gasto mejor o más razonablemente que la Corte”. Si los ciudadanos han tenido que recurrir a los jueces y estos han tenido que salvaguardar sus derechos económicos y sociales, es porque estos les han sido conculcados; la Corte Constitucional no se puede cruzar de brazos ante tanto desafuero, pues al fin y al cabo es la guardiana de la Constitución Política y esta es garantista, mal que le pese a sus detractores; lo que ha hecho la Corte es corregirle la plana al Gobierno y el Congreso de la República cuando estos han faltado al mandato constitucional. Sí, “la Constitución cavernaria que (de hecho) nos rige en lo económico y social”, según el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que tanto la abomina. Dura lex, sed lex!
Es evidente, entonces, que este Acto legislativo tiene en la mira es a la Corte Constitucional y a la Rama judicial, particularmente en lo tocante con las tutelas que amparan los derechos sociales y económicos. Uno de los asesores de Palacio en esta materia, el ex magistrado de dicha Corte, Eduardo Montealegre, le da sustento a esta embestida. Según él, “en el derecho moderno hay una corriente muy importante que se llama el consecuencialismo, que dice que el efecto e impacto económico que tenga un determinado fallo judicial, debe ser un elemento de valoración al momento de la protección de los derechos… los derechos económicos y sociales son de realización progresiva, es decir, que el Estado tiene que darle satisfacción a esos derechos económicos y sociales en la medida en que  las condiciones sociales del país lo permitan”. De allí el rechazo que ha despertado esta iniciativa entre los entendidos, puesto que atenta contra el efectivo goce de los derechos económicos y sociales, esto es, contra el Estado Social de Derecho, quintaesencia de la Constitución de 1991. Por ello, en nuestro concepto, le asiste toda la razón al ex constituyente Gustavo Zafra cuando afirma que “así como en el pasado llamamos ´Convivir´ a la máquina de la muerte de los derechos civiles, ahora aparecen el ´Principio de Sostenibilidad´ y ´La Regla Fiscal´ como la máquina de la muerte de los derechos económicos y sociales”. En el  mismo sentido se pronunció el ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández: “la función de las autoridades consistente en ‘asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’ será tan sólo una ilusión, porque siempre tropezará con el fantasma de lo fiscalmente sostenible. Ha quedado en el limbo lo proclamado por el artículo 366 de la Constitución, a cuyo tenor ‘el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades del Estado’. Y obviamente, ya no será objetivo fundamental de su actividad”, lo cual es muy grave.  
LA ECUACIÓN COMPLETA
Concordamos con la ex ministra Cecilia López en que “nadie sensato puede aprobar el ya histórico descuadre de las finanzas públicas y oponerse a la necesidad de tener políticas anti-cíclicas y no procíclicas como las del largo periodo Uribe, pero hay muchas formas de ‘cuadrar caja’, reduciendo gastos o aumentando ingresos. Con la mano en el corazón (el del lado izquierdo) dígame, ¿a usted le parece manejable un país donde la carga de impuestos sobre PIB es del 13,5%? ¿Le parece justo que los ricos no paguen impuestos y todos sus gastos aparezcan como costos de sus empresas? ¿Y qué opina de los trucos de algunos exportadores que exportan a una de esas famosas islas al costo y de allí si exportan al precio real para evadir impuestos en Colombia? Nadie quiere espantar a las empresas con más impuestos, ni subirle más a los asalariados, pero, ¿considera justo más IVA en un país lleno de pobres?”. La Corte Constitucional ha sido enfática al dejar claramente establecido que “la carta Política no ha acogido un modelo económico determinado, exclusivo y excluyente” como el que ahora se pretende imponer por la puerta de atrás so pretexto de que “la política social y la sostenibilidad es lo mismo”.
Estos son asuntos contenciosos, de la mayor importancia y su discusión no se puede seguir eludiendo por más tiempo. Se pregunta ella también “¿por qué los derechos y no los gastos de guerra? Si la estamos ganando, ¿por qué gastamos lo mismo que cuando la estábamos perdiendo?”. De hecho Colombia destina en promedio $50 billones anuales para inversiones y la Seguridad y la Defensa absorben buena parte de ellos, unos $14 billones cada año aproximadamente, muy por encima de otros rubros como educación y salud. Es más, “de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigaciones de Paz, de Estocolmo, Colombia  está entre los 20 países con mayor gasto en defensa del mundo, con un volúmen anual superior a los $20 billones, equivalentes a 3.7% del PIB”. Para Ricardo Ávila, Director de Portafolio, “especialmente llamativo es el rubro de intereses, pues los correspondientes a la deuda externa se reajustarán en 30% y los de la interna en 13%, a pesar del comportamiento de la tasa de cambio y de la abundante liquidez internacional. El cálculo es que al cierre del 2011 el fisco habrá pagado $17.7 billones por este concepto”.
Insistimos en la importancia de tomar en consideración los dos miembros de la ecuación de las finanzas públicas: ingresos y gastos. Y hablando de ingresos, sigue siendo motivo de preocupación la tronera que le ha significado al fisco la profusión de gabelas impositivas al gran capital. Según el más reciente reporte del Ministerio de Hacienda, a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) ajustado,  “las arcas del Estado dejaron de recibir tributos por 9.1 billones de pesos el año pasado” por cuenta de las mismas. Esta cifra se aproxima a todos los ingresos que aspira a recibir el país por concepto de regalías hacia el año 2013 (¡!). Con menos de eso, espera el Gobierno Nacional llevarle acueducto y alcantarillado a 5 millones de colombianos que carecen de tan vitales servicios básicos. Y eso que se quedó corto el MFMP en el cumplimiento de la Ley 819 de 2003, pues omitió el costo fiscal de las zonas francas o el costo fiscal que representan las 19 exenciones existentes al Gravámen a los Movimientos Financieros (GMF), 4 X 1.000. Como lo advierte el consultor Mauricio Cabrera, “con la eliminación de algunas de estas exenciones, que se hizo en diciembre pasado, el recaudo esperado para el 2011 pasó de $3.2 billones a $4.5 billones, lo cual significa que el costo fiscal de las exenciones eliminadas era de $1.3 billones. Falta ver cuánto valen las exenciones que todavía quedan”. 


Al desglosar dicha cifra podemos establecer que $8.53 billones corresponde al costo fiscal de los beneficios otorgados en impuesto de renta, equivalente a 1.6 puntos del PIB. El mayor peso de tales prerogativas con el 46.3%, es decir $3.9 billones, hace relación a la deducción por inversión en activos fijos, le siguen en su orden las rentas exentas con el 47.9% y finalmente los descuentos tributarios con el 5.8%. Entre tanto, el costo fiscal en materia de IVA (entre bienes y servicios exentos y ecluidos)  asciende en números redondos a la suma de $573.000 millones, equivalente a 0.1 punto del PIB. Vale la pena resaltar el hecho que, pese a la dismunición en 10 puntos en el beneficio de la decucción por inversión en activos fijos que pasó del 40% al 30%, lo que la Nación dejó de recaudar se incrementó en un billón de pesos con respecto al año gravable 2009. Pero, también pone de manifiesto que tal medida no resintió la inversión sino que “por el contrario, se incrementaron en una tasa cercana al 28%”. Ahora bien, lo más preocupante es que tales cambios no afectan a aquellas empresas que se acogieron a los contratos de estabilidad jurídica, de los cuales se han aprobado 67 desde 2006, las cuales hacen parte del club de las intocables,  y están haciendo cola para su aprobación 162. 
APRETADITOS
En tales circunstancias asombran los anuncios del Ministro de Hacienda, en el sentido que está pensando seriamente en bajar tarifas impositivas. Pero, cuáles? En concepto del Ministro, “aquellas que afectan la rentabilidad de los empresarios. Esta es una reforma para atraer, expandir, más volúmen de negocios. La reforma deberá ayudarnos a bajar el desempleo a un dígito, paulatinamente”. Con esta misma disculpa, pretextando el estímulo a la inversión productiva y la generación de empleo, es como se ha reducido ostensiblemente la carga impositiva al gran capital al tiempo que se le carga la mano a las rentas de trabajo y sobre todo a los impuestos indirectos, que son por naturaleza regresivos, especialmente al IVA. Por esta vía, el Estatuto tributario se seguirá apartando de los prescrito en la Constitución, en el sentido que debe ser equitativo, eficiente y progresivo. Ya se está hablando de “unificación” y “nivelación”, seguramente por lo alto, de las tarifas del IVA, en lugar de taponar la gran evasión que supera los $7 billones anuales y evitar que quienes lo recauden se los embolsillen. Este es el mismo socorrido argumento, en el cual insisten ANIF, la ANDI y Fedesarrollo, para desmontar la “carga” parafiscal, por considerar que es esta la causa de los altos índices de informalidad laboral.  Y ello, a pesar de que, como lo hace notar un Informe reciente de la OIT y la CEPAL “el poder de compra de los salarios en el país tuvo un escaso crecimiento en el año completo terminado en marzo, superado por cinco países del ocho del continente”. Y esto en un país que es el campeón en inequidad en el concierto de naciones. Según la prestigiosa revista The Economist “el 10% más pobre de la población en Colombia tiene ingresos veinticinco veces menores que el 10% más rico”. Ello es inquietante. Una pregunta para el Presidente Santos: hasta donde las propuestas del Ministro de Hacienda se compaginan con la Cartilla de la Tercera Vía. Hasta ahora su diagnóstico, recetas y prescripciones van más en la línea del fracasado Consenso de Washington y los hechos son tozudos.
LA APERTURA HACIA ADENTRO
Al parecer el Ministro de Hacienda abriga la esperanza que la tan cacareada bonanza minero-energética lo saque de apuros y le ayude a superar las aulagas fiscales que ya se avizoran, porque a la anunciada rebaja de impuestos a las empresas, le vino a sumar la desgravación arancelaria que decretó recientemente. A través de los decretos 4114 y 4115 de 2010 el Gobierno Nacional rebajó unilateralmente el arancel nominal del país de un promedio del 12.2% al 8.3%.  Supuestamente esta reforma aceleraría el crecimiento en un 0.22%, crearía 150.000 nuevos empleos y elevaría las importaciones en US $2.500 millones (un 7% en dólares). Desde luego, nada de ello ha sucedido y como siempre nos quedamos con el pecado y sin la gracia.  Este paso que se acaba de dar es apenas comparable con la desgravación arancelaria de la década de 1990 cuando se recortó el arancel de 22.5% a cerca de 11% y se llevó la gran mayoría (98%) de las posiciones arancelarias a libre importación. Huelga decir que, como lo señala ANIF, “este tipo de medidas deja sin algo de piso las negociaciones de los TLC…dando dádivas a cambio de ningún esfuerzo de las contrapartes”. Ello resulta más inverosimil, en momentos  en que en el resto del mundo soplan vientos proteccionistas. Según Andrés Espinosa Fenwarth, Asesor del despacho del Ministro de Agricultura, “la OMC encontró que entre octubre de 2010 y abril de 2011, los miembros del G – 20 impusieron 122 nuevas restricciones comerciales equivalentes al 0.5% del comercio mundial, el doble de lo registrado en el período de mayo a octubre del 2010. Después del estallido de la crisis global desatada por la quiebra de Lechman Brothers en septiembre de 2008, las econonomías del G- 20 han impuesto 550 medidas que restringen de manera preocupante el comercio global. A nivel sectorial, el 16.5% golpea la agricultura y el restante 83.5% a la industria. ¿ Y en qué estamos en Colombia? A la penúltima moda”.
Este paso en falso de la política de comercio exterior además de inoportuno tiene un costo fiscal nada despreciable, del orden de $1 billón, equivalente a 0.2% del PIB. Concomitantemente se le ha asestado un duro golpe a la producción y a la industria nacional. De acuerdo con ANIF, “se desgravaron productos sensibles, tales como textiles, productos metálicos y productos de caucho y plástico, entre otros, enfrentándolos a la feroz competencia de China y EEUU, en momentos en que la tasa de cambio real continúa sobreapreciada en cerca de un 10%-15% y no hay posibilidad de compensar a sus empresarios reduciéndoles sus sobrecostos de transporte por graves atrasos en la Agenda Interna…con una tasa de cambio sobrevaluada en un 10%-15%, se sustituiría producción nacional por extranjera, especialmente de fabricación china. Este efecto puede entonces acelerar la desindustrialización causada por el auge minero-energético”. Así se entiende la razón por la cual se han disparado en más de un 37.6% (con un aporte de 4.5 puntos porcentuales  a la variación total) en los primeros cuatro meses del año con respecto a igual período del año pasado las importaciones provenientes de China, convirtiéndose en unos de sus mayores proveedores. Los fabricantes de calzado en Colombia están aterrados; como dijo Luis Gustavo Flórez, Presidente del gremio, “nos tienen perplejos y con una gran preocupación”. Y no es para menos, pues las importaciones de calzado crecieron en los primeros cuatro meses del año el 68% (¡!) y, lo más atortolante, uno de cada cinco pares de zapato importados legalmente durante dicho lapso costaba un dólar o menos puesto en el mercado nacional. Durante los primeros cuatro meses del año las importaciones originarias de China acumularon un crecimiento de 50% (¡!), las de Japón 58.2% (¡!) y las de Corea 27.1%. Para este mismo período, el 12.7% del total de las compras externas realizadas por Colombia fueron originarias de China, 3%  de Japón y 2.2% de Corea, para un acumulado de 17.9%. Se ufanarán los aperturistas de que estamos llegando a los mercados del lejano Oriente, pero no para vender sino para comprar; se repite la historia de los años 90, la apertura hacia adentro: las compras externas originadas en el país asiático alcanzaron los US $522.6 millones, las de Japón US $119.2 millones y las de la República de Corea US $100.5 millones. 
LA VENA ROTA DE LA CORRUPCIÓN
Si las gabelas impositivas conspiran y de qué manera en contra de la sostenibilidad fiscal, igual que lo hace esta atolondrada y costosa desgravación arancelaria, qué decir de esa vena rota en que se ha convertido la corrupción en el país. Esta, además de su efecto deletéreo y devastador desde el punto de vista ético, la corrupción conlleva un alto costo económico que se ha llegado a calcular en 4 puntos del PIB, el cual curiosamente  tiene el mismo peso del tributo que tiene que pagar año tras año nuestro atribulado país por cuenta de la violencia que lo agobia y asola. En un Informe que rindió el entonces Zar Anticorrupción Oscar Enrique Ortíz Gonzalez, dijo: “hicimos una aproximación a partir de un estudio de 2008 de la Universidad Externado de Colombia y Transparencia por Colombia. Según esa Encuesta, el promedio del valor de un soborno para acceder a la contratación pública era del 12.9%. Al aplicar ese porcentaje  al presupuesto de inversión de la Nación para 2009, que es de $30 billones, el resultado es de $3.9 billones a precios reales de hoy”. En uno de los episodios más recientes de esa seguidilla de escándalos de la contratación pública, destacaba el Contralor Delegado  de la CGR para Infraestructura Nelson Isaziga cómo adiciones por cerca de $13 billones fueron detectadas en 18 concesiones del INCO. Explicó que los contratos tenían un costo de del orden de los $11 billones y que estas adiciones superaron el límite legal (Ley 1150). Y fue más lejos al denunciar “concesiones de $100.000 millones con una adición de $1 billón”. Bien dijo la Contralora General de la República Sandra Morelly,  “la dimensión económica de la corrupción podría, de seguir su dinámica actual, poner en riesgo la sostenibilidad financiera del país”. 
PRUEBA DE FUEGO

La primera prueba de fuego de este recién aprobado acto legislativo la tendrá en la Corte Constitucional, la cual habrá de determinar hasta dónde el mismo “va en contravía de ese paradigma de Estado Constitucional y Social de Derecho, consagrado en la Carta Magna de 1991, cambia la jerarquía natural de sus principios y constituye por ello una sustitución de la esencia de nuestra Constitución, la que está siendo cambiada para poner la sociedad al servicio de la economía y no al revés”. Porque, de ser así la Corte no dudaría en declarar su inexequibilidad, al considerar que “el poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene límites materiales, pues la facultad de reformar la Constitución no tiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla”. En sus 20 años de vigencia la Constitución Política expedida en 1991 enfrenta con este Acto legislativo su mayor prueba.

Bogotá, julio 5 de 2011
www.amylkaracosta.net

LA MALA HORA

CRECIMIENTO DESACELERADO

Hace apenas un mes largo el diario La República tituló su crónica sobre la coyuntura por la cual atravesaba la economía colombiana con este sugestivo encabezamiento: “los decanos piensan que la economía local está navegando a una velocidad de crucero”. Tal vez se aludía al buen deseo del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri de “llevar la economía a velocidad de crucero”, animado por los resultados al cierre del año anterior cuando la economía creció el 5.9%. Lo más extraño de esta conclusión a la que arribó el corresponsal, a partir del test que respondieron varios decanos de economía de prestigiosas universidades, es que ya se habían dado a conocer por parte del DANE las cifras atinentes al desempeño de la economía en el primer trimestre de 2012. Y estas no eran para nada alentadoras, si las miramos en perspectiva: crecimiento del PIB 4.7%, jalonado fundamentalmente por el sector de minas y canteras, el cual creció el 12.4%. El crecimiento registrado del 4.7% era relativamente razonable, sobre todo en un contexto en el que las principales economías del mundo están atravesando por momentos difíciles, pero “decepcionante frente al rango 5% - 5.5% que esperaba meses atrás el grueso de los analistas locales e internacionales”.  
Para ejemplificar la diferencia de prisma del optimista con respecto al pesimista, se suele decir que mientras el uno ve el vaso medio lleno el otro lo ve medio vacío. Pero, en economía lo que importa no es si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino si se está llenando o se está vaciando; esto es, cuál es la tendencia que prima. Y este es justamente el punto a examinar. La economía colombiana después de una caída del crecimiento del PIB del 3.5% en 2008 al 1.7% en 2009 se venía recuperando rápidamente hasta alcanzar un crecimiento del PIB del 4% en 2010 y 5.9% en 2011. Pero, este último año, a pesar de que dicha tasa de crecimiento fue alta, inclusive por primera vez en muchos años por encima del promedio del crecimiento en Latinoamérica, terminó en baja marcando un cambio de tendencia. En efecto, mientras en el tercer trimestre de 2011 el crecimiento del PIB fue de 7.5% el último trimestre fue de 6.1% y comenzamos este año en las mismas. De modo que el primer trimestre de este año es el segundo trimestre en el que el ritmo de crecimiento de la economía decae; de ello es fácil colegir que estamos en presencia de una desaceleración de la economía. Que no es tan “leve”, como lo estima la Junta directiva del Banco de la República, si tenemos en cuenta que si se compara el crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año con el crecimiento del PIB del último trimestre del año anterior, es fácil concluir que el incremento fue de sólo 0.27% (¡!). Sólo Brasil creció menos que Colombia en la región, con el 0.2%. Entre tanto el crecimiento del PIB en el primer trimestre del año pasado, ese mismo incremento fue de 1.6%,  es decir 6 veces mayor (¡!), luego, como lo advierte el analista Mauricio Cabrera “sí se puede afirmar que ha habido un abrupto cambio de tendencia…Se trata de un frenazo en seco que se acerca a los límites de la recesión”.
CRECIMIENTO PIB
(2011/I trimestre - 2012/I trimestre)

MEDIOCRE DESEMPEÑO

Sorprende sobremanera y resulta tan irónico como difícil de explicarse cómo es que siendo el atraso en infraestructura el mayor cuello de botella para la competitividad del país, según las cifras del DANE sobre crecimiento del PIB, es precisamente el rubro de las obras civiles el que acusa una caída estrepitosa del 8.1% en el primer trimestre de este año. Y de contera, el año anterior fue este mismo sector el que mostró un mayor rezago en la ejecución del presupuesto de inversión, con sólo el 60%. Y a propósito de infraestructura, algo como para Ripley: después de 50 años de espera, cuando por fin se decidió en el anterior gobierno construir el túnel de La Línea que habrá de conectar al municipio de Cajamarca (Tolima) con el municipio de Calarcá (Quindío), considerado una de los megaproyectos para la competitividad, se contrata su construcción, pero, pásmese,  en un solo sentido y se prevé que, si no hay mayores contratiempos, sólo en el 2017 se empezará a construir el túnel de retorno. Ello denota improvisación e imprevisión; pero tanto o más grave que este desaguisado es que sólo ahora se percataron que cuando se concluyan las obras que se están adelantando y que deberán concluir en septiembre del año entrante, no habrá luz al final del túnel. La razón? Increíble, pero cierto: se les olvidó contratar el tramo de 2.5 kilómetros que lo separan de Calarcá. Por este “detalle” el túnel en construcción sólo estará habilitado hacia mediados del 2015. Cabe preguntarse, cuánto le va a costar al país, en términos de eficiencia y competitividad este craso error y dónde están los responsables de este despropósito.

Podemos decir que el débil crecimiento del sector industrial en este primer trimestre, de sólo 0.6% frente al 4.5% de igual período de 2011 y la recaída del agro (- 0.4%) y la construcción (- 0.6%) se constituyen en alertas tempranas ante la amenaza que se cierne por un entorno internacional adverso. Esta tendencia se confirma con el registro de la caída de la producción industrial en marzo de - 0.9% y en abril del - 1.6%, que contrasta con el crecimiento del 2% en abril de 2011. Ello es tanto más preocupante, habida cuenta que aún no se han sentido mayormente los coletazos de la onda recesiva que cobra fuerza en la economía global y el hecho de tener que enfrentar los desafíos de la entrada en vigencia de los TLCs -los cuales conllevan la desgravación arancelaria generalizada- en medio de una revaluación del peso que ya supera en lo corrido del año el 8%. Hasta ahora las causas del desplome de la actividad económica responden más a causas endógenas que exógenas. La demanda interna, que venía siendo uno de los mayores impulsores del crecimiento, ha empezado a perder tracción; aunque todavía en este primer trimestre tuvo un buen comportamiento, con un aumento de 6.1%, estuvo por debajo del 8.8% del primer trimestre de 2011. Por su parte las exportaciones crecieron sólo el 3%  contra el 47.2% de 2011, en tanto que las importaciones crecieron el 13%, mucho más que las exportaciones y la demanda interna. Lo que quiere decir “que buena parte de las compras de los hogares son productos importados, poniéndole otro freno al crecimiento”. Y no nos hagamos ilusiones con que ahora que ha entrado en vigencia el TLC con EEUU la economía dizque va a crecer más; que más prueba en contrario que México, cuya economía creció a un ritmo promedio del 6.6% entre 1950 y 1980 y lo que hace que entró en vigor su TLC con EEUU (NAFTA) sólo crece al 2.6% (¡!).

EL CONTAGIO DE LA CRISIS DE LA EUROZONA

Según Luis Fernando Ramírez, decano de Economía de la Universidad de La Salle, “la desaceleración en los tres primeros meses de 2012 es producto de las medidas que ha tomado el Banco, como el retiro gradual del estímulo monetario que hizo desde febrero de 2011”. No obstante, si bien el Banco Emisor metió la mano a través de sucesivas alzas en las tasas de intervención tratando de “enfriar” la economía, que según ellos estaba “recalentada”, es indudable que la desaceleración que acusa la economía colombiana está determinada en muy buena medida por la turbulencia de la economía global. Es bien sabido que la Eurozona en particular y la Unión Europea (UE) en general está atravesando por una crisis de enormes proporciones. El diagnóstico de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, es muy claro: estamos en presencia de "un círculo negativo entre la debilidad de los deudores soberanos, la fragilidad de los mercados financieros y una economía real en desaceleración no parece haberse roto". A poco andar, la crisis de la deuda soberana, que tuvo en Grecia su detonante, devino en una profunda crisis financiera que puso a tambalear el Euro, mientras las bases mismas de la Unión empezaron a crujir. 

En un primer momento la dupla Merkel – Sarkosy trato de imponer una férrea disciplina fiscal y su apuesta era por la austeridad y sólo por la austeridad, considerada por ellos como el camino para lograr la meta de la estabilidad y por esta vía conjurar la crisis. Pero, como era de esperarse la medicina resultó peor que la enfermedad y esta siguió propagándose, se extendió a España e Italia, acompañada de una convulsión  política enorme, porque la estabilidad no se puede concebir sin crecimiento. Su aversión por la política contracíclica keynesiana llevó a la Merkel a una oposición feroz a los estímulos fiscales para salir del callejón sin salida en el que se encontraba la economía del viejo continente. Los resultados de su insensatez saltan a la vista: la UE está abocada a su segunda recesión en apenas tres años; de hecho, con Gran Bretaña, suman 11 las economías europeas que se encuentran en recesión, además de Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Portugal y República Checa. El Nobel de economía Paul Krugman llamó la atención a la UE en el sentido que la caída de España podría desencadenar un escenario similar a lo ocurrido en 1931. Y a consecuencia de esta recesión el desempleo alcanzó en la zona Euro una tasa de desempleo abierto record de 11.1 y de 10.3% para toda la UE, elevándose la cifra de desempleados a la friolera de 17.5 millones en la Eurozona y 24.8 millones en la UE.  Los más afectados, desde luego, por el flagelo del desempleo son Grecia con el 21.9% y España con el 24.6%, aunque el “paro”, como catalogan ellos el desempleo. Entre los jóvenes menores de 25 años es del 52.1% (¡!). Este es el nido de los indignados!

RELEVO Y VIRAJE

Por fortuna, con el relevo del obsecuente Sarkosy en Francia por el díscolo socialista Francois Hollande empezaron a soplar otros vientos. El nuevo inquilino del Palacio del Elíseo no estaba dispuesto a dejarse imponer la cartilla de parte de la dama de hierro de Alemania y entró pisando duro. De entrada, en su discurso de posesión fue claro en que  "no puede haber cada vez más sacrificios para unos y más privilegios para otros", que estos tenían un límite que no se podía traspasar y abogó por medidas tendientes a buscar la reactivación de la economía. En la Cumbre del G – 20 en Los Cabos, México, el Presidente Hollande y el Presidente Obama encontraron no uno sino dos aliados inesperados, los presidentes de España Mariano Rajoy y de Italia Mario Monti. Obama ha sido reiterativo que no se puede salir de la crisis sólo con medidas de austeridad, que estas deben acompasarse con estímulos fiscales que contribuyan al crecimiento. Y esta posición ha terminado por imponerse, al punto que el Banco Central Europeo (BCE) acaba de anunciar un recorte de 25 puntos básicos en su tasa de refinanciamiento, para llegar a su punto históricamente más bajo de 0.75% y de esta forma inyectarle circulante a la economía para reanimarla.  

El Banco Popular Chino anunció también que recortaría la tasa de interés de préstamos a corto plazo, fijándolas en un 6%. Como sostiene Nick Chamie, del RBC Capital Markets, “esta acción agresiva en la política monetaria refleja una preocupación cada vez mayor entre los funcionarios de que la economía todavía no toca fondo y necesita de más estímulos para recuperarse”. La Banca central está convencida que el abaratamiento del crédito induce a las empresas y a los hogares a tomar préstamos y así poder invertir y gastar más galvanizando la economía. No obstante, como lo afirma Bruce Kasman, economista Jefe de J. P. Morgan Chase & Co., “estamos en un ciclo de relajación global, pero en uno particularmente limitado” y además, el mensaje del cual es portador esta medida es de exasperación ante la gravedad de la crisis y da la sensación de que las autoridades económicas están quemando los últimos cartuchos. El analista del banco ING Martín Van Vliet, es muy pesimista con respecto a la eficacia de las medidas convenidas por los líderes de la Eurozona, que pueden haberse quedado cortas, según él, al considerar que “cabe esperar que el pacto de crecimiento acordado por la dirigencia de la UE la semana pasada no bastará para instaurar una recuperación duradera y que habrá que ir más allá”, empezando por la reducción de las tasas de interés que dispuso el BCE el pasado 5 de julio.

OBAMA Y EL “PRECIPICIO FISCAL”

El Presidente Barack Obama tiene razón para estar preocupado, pues la recesión de la economía de la UE está impactando la economía estadounidense, haciendo más lenta su recuperación y es consabido que es en el terreno de la economía en el que se habrá de dirimir la contienda electoral por la Presidencia de EEUU el 6 de noviembre próximo. El primer trimestre de este año su PIB creció un anémico 1.9%, después de haber registrado un crecimiento del 3% en el trimestre anterior. El consumo interno en EEUU anda de capa caída, en abril y mayo se estancó su crecimiento en un exiguo 0.1% y el mismo representa dos terceras partes de la actividad económica, lo que da para pensar que la lenta recuperación de su economía se está desinflando. Port algo la Reserva Federal revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para este año de 2.9% a 2.4%. Con razón conceptúa el FMI que “la recuperación estadounidense sigue siendo apática y está sometida a riesgos elevados, teniendo en cuenta las tensiones financieras en la Zona Euro y la incertidumbre que rodea a los proyectos de presupuesto en EEUU”. Se refiere al peligro que entraña lo que se conoce como “precipicio fiscal” al vencerse el 31 de diciembre un paquete de recortes de impuestos impuesto por las mayorías republicanas en las postrimerías de la administración de George W Bush. De no lograrse un acuerdo entre Obama y el Congreso Federal entraría en vigor el aumento de impuestos y recortes del gasto público por valor de US $4.000 millones, lo cual sería totalmente contraproducente en las actuales circunstancias. De allí la pertinencia de la observación del FMI, en el sentido que “es críticamente importante eliminar la incertidumbre creada por el ‘precipicio fiscal’ y elevar de nuevo lo antes posible el techo legal de la deuda”. Lo cierto es que esta crisis lejos de amainar se recrudece; todo indica que va a ser mucho más prolongada que la que se precipitó en 2008 y por consiguiente su impacto será más devastador. Sin hipérboles, podemos afirmar con el columnista José Roberto Acosta que “la destrucción de riqueza a la que estamos asistiendo no tiene precedente” ni parangón alguno. Al igual que ocurrió en el naufragio del Titanic el número de botes salvavidas resultan insuficientes para poner a salvo a todos sus ocupantes. 

LA DESTORCIDA DE LOS PRECIOS DE LOS COMMODITIES

La caída de la economía de la UE y el freno de crecimiento de la economía de EEUU han terminado por afectar el crecimiento de la economía china y la de la India, consideradas las dos locomotoras de la economía global. La economía china viene hace rato en un franco proceso de desaceleración de su crecimiento, de tasas anuales superiores al 9% se pronostica que para este año puede estar bordeando el 7.5%. Por su parte la economía de la India, que afronta una crisis energética sin par, creció el primer trimestre de este año el 5.3%, el ritmo más bajo casi una década y muy lejos de la meta para el 2012 del 9%. Y no es para menos, dado que estas dos economías tienen en EEUU y UE sus dos principales mercados de exportación. Y, claro, al bajar el ritmo de crecimiento de la producción de las economías de China y la India, baja la demanda de estas por materias primas y de paso arrastran a la baja los precios a los cuales se cotizan las mismas. Y América Latina en general y Colombia en particular han experimentado en los últimos años un vertiginoso proceso de reprimarización de su economía y dependen cada vez más de las exportaciones de productos primarios (léase commodities), afectados ahora por la baja en la demanda por los mismos y la destorcida de sus precios a que ella da lugar. Ello, lógicamente está repercutiendo en la desaceleración de sus economías, que se alejan cada vez más de sus metas de crecimiento y se teme que la burbuja en la que se había convertido el boom minero – energético esté llegando a su fin. Ello hace mucho más pertinente nuestro llamado sobre la necesidad de replantear el modelo de desarrollo estimulando la diversificación del aparato productivo, para de esta forma diversificar nuestra producción, diversificar las exportaciones y los mercados y profundizar el mercado interno y regional. 

Además de su gran vulnerabilidad, por la exagerada dependencia con respecto a las exportaciones de materias primas, los países de Latinoamérica se encuentran hoy en una posición mucho menos sólida que cuando sobrevino la crisis de 2008, pues “en términos generales se han deteriorado. Esto le quita margen de maniobra para estimular sus economías con gasto público”. En otras palabras sus posibilidades son limitadas para la implementación de una política contracíclica basada en la inversión pública. Esta aseveración es mucho más cierta en el caso de Colombia, que fue el único país de la región que no supo corregir su déficit fiscal aprovechando el llamado Quinquenio virtuoso (2003 – 2007) durante el cual los  productos básicos se beneficiaron de la espiral alcista de sus precios y sigue aprisionada por los déficits gemelos. 

Ahora la espiral alcista de los precios de los commodities se está revirtiendo debido al declive de la economía global, lo cual ha provocado el mayor y más amplio descenso de los precios de los commodities desde la Gran crisis de 2008, sorprendiendo a los productores y exportadores y creando un aumento desmesurado en la oferta y los inventarios de materias primas en todo el mundo entre finales de febrero y mediados de junio. Este brusco giro ha trastornado el mercado de productos básicos y sus consecuencias no se han hecho esperar. Ahora bien, sus repercusiones serán muy graves para el país, porque un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones de Colombia son productos básicos. El país ha venido experimentando una especie de involución, pues “Colombia hizo un interesante esfuerzo diversificador durante los años 1965 – 1974…las exportaciones no tradicionales (especialmente manufacturas) llegaron a pesar cerca de un 50% en el total exportado…De hecho, las exportaciones tradicionales de commodities han vuelto a representar un 70%, generando una peligrosa dependencia de dichos productos…En cambio las exportaciones no tradicionales se han estancado en niveles de US $17.000 millones al cierre del 2011, cifra inferior a los US $18.000 millones de 2008”. 

LA BURBUJA DEL BOOM MINERO - ENERGÉTICO

Es muy diciente que, de acuerdo con cifras del DANE, el petróleo aportó 97 de cada 100 dólares de aumento de las exportaciones durante el mes de enero. Es decir que si prescindiera del petróleo, el incremento de las ventas al exterior habría sido de sólo 0.7% y no del 24%, que fue el aumento del total de las exportaciones ese mes. En el mes de marzo las exportaciones no tradicionales sólo se incrementaron 0.1%, en contraste con el incremento de las tradicionales que fue del orden del 21.7%. En suma, las exportaciones de productos mineros – energéticos acaparan el 70% de las exportaciones totales, lo cual es una barbaridad. En el año 2011 las exportaciones colombianas alcanzaron el record de US $56.000 millones, lo cual le permitió ganar tres puntos en su participación en el PIB al pasar de 15.8% en 2010 a 18.9% en el 2011. Pero aún así, se situó muy lejos del promedio en Latinoamérica, que es del 33% y aparte de ello, con dicho registro ocurre igual que con la tasa de crecimiento cercana al 6% del año pasado y el fugaz registro de una tasa de desempleo de un solo dígito, que sólo fueron flor de un día. Y son tan efímeros esos éxitos porque la estructura y la dinámica de la economía los hace insostenibles, tanto más cuanto la economía colombiana viene padeciendo de la enfermedad holandesa, la misma que para el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri sigue siendo una mera amenaza. 

LOS TLC: OPORTUNIDAD O AMENAZA

Con razón el Presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (ANALDEX) Javier Díaz se cuestiona, a propósito del rosario de TLCs que sigue negociando y firmando el Gobierno a tontas y a locas por doquier, qué vamos a exportar. Y señala categóricamente que “infortunadamente, la oferta exportable no surge espontáneamente…En el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno del Presidente Santos había establecido cinco locomotoras que jalonarían el desarrollo económico del país. Infortunadamente, después de dos años, no se percibe que ellas hayan arrancado y se podría estar perdiendo la oportunidad de sembrar productivamente la bonanza minero energética que ha vivido el país por cuenta de la gran demanda que por estos productos ha tenido la economía internacional”. Y lo más grave es, como ya quedó dicho, que este cuarto de hora está a punto de terminar, sin alternativa a la vista porque se ha desindustrializado el país y se ha agostado el sector agropecuario del país, ahora asediados por la avalancha de las importaciones merced al embeleco del atolondrado aperturismo. Y la advertencia de Díaz puede ser premonitoria: “podríamos correr el riesgo de tener unos TLC de una sola vía, por la cual los empresarios traigan para su comercialización en el país, aquellos bienes que antes producían y los cuales ahora simplemente resulta más beneficioso importar para su venta en el mercado local”. Y no estamos en el campo de las suposiciones o de manifestaciones tremendistas, CAUCHOSOL, fabricante de calzados, una de las empresas insignias de Colombia, pasó de producirlos a importar botas desde el Brasil para comercializarlas en el país. Carlos Arturo Zuluaga, hermano del ex ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga y Presidente de ACESCO, no tuvo empacho en afirmar sin rodeos que por desgracia con el TLC “la solución óptima pasa por convertirse en importador”. Así de claro!
Por el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo: entre enero y abril de este año las exportaciones totales fueron del orden den los US $20.300 millones, de los cuales US $10.900 millones corresponden a petróleo y sus derivados; los US $9.400 millones restantes corresponde a una cifra prácticamente igual del año pasado, lo cual quiere decir que los demás renglones se estancaron o estacaron. En sólo mes de abril, las exportaciones totalizaron US $4.885 millones, de las cuales US $2.800 millones corresponden a petróleo y sus derivados y US $2.085 millones, el resto, es una cifra que está por debajo en un 10% al dato correspondiente al mismo mes en 2011. Por lo demás, las exportaciones del sector agropecuario han caído en lo corrido del año 14% y en abril el desplome fue estruendoso, 30 puntos (¡!). Es decir, que la economía nacional pende de las exportaciones de crudo, las cuales están seriamente amenazadas por la caída del orden del 24% de los precios internacionales hasta la fecha y por la precariedad de las reservas probadas del oro negro. Lo mismo podríamos decir con respecto al carbón, cuyo precio ha caído más del 30% el último año, poniendo en riesgo los anunciados planes de expansión de la producción que han anunciado varias de las empresas que lo extraen para la exportación.  

Y qué decir del café, por muchos años nuestro principal renglón de exportación de Colombia, que fue un  jugador de peso en las grandes ligas y que ahora ha venido a menos en los mercados internacionales, en donde la participación de Colombia llegó a representar un envidiable 20% en los años 60 - 70. Se dolía el Presidente Juan Manuel Santos, en su discurso en el acto especial con motivo de los 85 años de existencia de la Federación Nacional de Cafeteros, que “hemos pasado de una participación porcentual de nuestro grano en el mercado mundial, de más del 15% en 1980, a apenas el 6.2% el año pasado”. Después de ser monoexportador de café, renglón este que por muchos años fue el primero, el año pasado quedó de quinto con un insignificante 4.6% del valor total de nuestras exportaciones. De un potencial de producción de 12 millones de sacos sólo se alcanzó a producir el año pasado 7.8 millones y este año se espera llegar, apurados, a los 8 millones. Hemos llegado al extremo de tener que importar café para el consumo doméstico y así poder cumplir los compromisos con nuestros clientes en el exterior; somos en este momento el principal importador de café del Perú con el 24%. El año anterior se importaron a Colombia 956.683 sacos de café para satisfacer el consumo doméstico de 1.2 millones que se consumen; es decir, que aproximadamente el 79% del consumo interno de café (¡!) se atendió con importaciones de Perú, Ecuador, Vietnam y otros países. 

CUADRO TÉTRICO

El cuadro anteriormente descrito mueve a la preocupación y no es para ufanarse de la política económica que está conduciendo al país a una verdadera hecatombe, así el Ministro Echeverri saque pecho por la calificación interesada del The Banker Global Financial Intelligence Since como el mejor Ministro de Hacienda de las Américas y el Presidente Santos se ufane, chicaneando a su arribo a México para asistir a la Cumbre del G – 20, de “una política macroeconómica que está siendo exaltada en el mundo entero”. Otra cosa opinan los ciudadanos, quienes al ser consultados para la gran encuesta de Gallup Colombia, sienten que el país en lugar de ir mejorando está empeorando en materia económica, al descender del 54% al 41% la opinión positiva, mientras que la negativa subió del 35% al 50% (¡!). Ya va siendo hora, entonces, de repensar y reformular el modelo económico, así como de revisar la política económica. Por nuestra parte, hemos sido reiterativos en que el único camino para alcanzar la meta planteada en el Plan de Desarrollo de Santos de un crecimiento sostenido por encima del 6% y una tasa de desempleo por de un solo dígito, es sobre la base de la ampliación y diversificación de la base productiva mediante la promoción de la industria, la ampliación y diversificación de las exportaciones y de los mercados objetivo de estas, así como también la profundización del mercado interno a través de la formalización del empleo y la drástica disminución de la pobreza y la desigualdad, dos lacras sociales que no sólo deben avergonzar al Presidente de la República sino a todos los colombianos. No hay otro camino!

Al Presidente Santos se le acabó la luna de miel, que se prolongó prácticamente por dos años, interrumpida abruptamente por el escándalo propiciado por el sórdido conciliábulo que terminó hundiendo la reforma de la justicia bajo el peso de la indignación nacional. Como lo señala la columnista María Isabel Rueda, “en menos de dos años de gobierno, el Presidente Santos ha gastado el 30% de su capital político”. Aunque el Presidente Santos crea que esta crisis ha quedado atrás y diga que “se me cayó el Ministro de Justicia…bajé 15 puntos (en las encuestas)” y se pregunta “qué más quieren”, dando a entender que ya ha saldado el costo político por este sórdido episodio. Pero, su luna de hiel apenas empieza! El Gobierno después que mató el tigre se asustó con el cuero y como Pilatos quiso lavarse las manos, arrojándole toda el agua sucia al Congreso de la República, malquistándose con este y averiando la hasta entonces sólida coalición de la Unidad Nacional. Esta crisis es diferente de las anteriores, porque se trata de una crisis de confianza, tanto entre los poderes públicos entre sí como entre el país político y el país nacional, que tardará en restablecerse. Ya se puede columbrar un período de gran polarización política, algunos analistas hablan incluso de un póker sangriento entre el Presidente Santos y el ex presidente, ahora en trance de opositor al Gobierno, Uribe Vélez. 

La confluencia de esta crisis política con la crisis, aún en ciernes, de la economía, en medio de un clima de crispación y el recrudecimiento de la violencia de todos los pelambres perturba y hace mucho más compleja la gobernabilidad del país. El mal performance de la economía y la política plantea una seria encrucijada para el país que obliga a replanteamientos en ambos frentes. El Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil deben tomar atenta nota de ello, pues la capacidad  de resiliencia  de esta tiene un límite. Y no hay que perder de vista que la economía y la política son inseparables, la una sigue la suerte de la otra, pretender aislarla es como intentar aplaudir con una sola mano. Ojo, pues, no se puede jugar con candela sin chamuscarse.    

Bogotá, julio 7 de 2012
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EL TRANCÓN DE LAS REGALÍAS

EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS

En momentos en que se debatía en el Congreso de la República la Ley 1530 de 2012, que reglamenta el Acto legislativo 05 de 2011 a través del cual se modificó el régimen de regalías, para presionar su aprobación el Director del DNP Mauricio Santamaría manifestó que se encontraban “listos” 200 proyectos para ser financiados con los recursos de los fondos del SGR. Pero, a estas alturas del año no hay un solo proyecto aprobado para ser financiado con tales recursos. Como lo afirmó el Presidente de la ANDI Luis Carlos Villegas, estamos ya “a mitad del año, en materia de gasto de regalías no se ve en las regiones ningún programa…Pasamos de las piscinas de olas a la nada”. Y esa es la gran verdad, los grandes anuncios del Gobierno de untar la mermelada en toda la tostada nacional se quedan en sólo eso, anuncios; lo que nadie sabía es que la mermelada era de-mora. Víspera de mucho y día de nada!

Las quejas y los reclamos no se han hecho esperar por parte de gobernadores y alcaldes de todo el país, porque ello tiene frenada la inversión regional y prácticamente esta va a pasar en blanco en el primero de sus cuatro años de gobierno. Los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) correspondientes a los fondos de Compensación regional, Ciencia y tecnología,  así como los del Fondo de Desarrollo Regional, más aquellos correspondientes a la Participación directa de los municipios y departamentos productores, que sumados ascienden a $6 billones, siguen congelados en los bancos. El Director de Planeación se lava las manos diciendo que “el Gobierno ha cumplido la tarea de poner a funcionar a lo ancho y largo del país los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD, locales y departamentales, que son los que aprueban los proyectos de inversión”. Y es que en la práctica los OCAD, denominados por el Gobierno como los triángulos de buen gobierno, se han convertido en el triángulo de las Bermudas.

CUNDE EL DESCONCIERTO Y LA INCONFORMIDAD
Los OCAD, que tienen cuatro niveles (uno nacional, otro departamental, otro municipal y otro para las ciudades rivereñas del Río Magdalena) han resultado hasta ahora inoperantes, lerdos y lentos en su funcionamiento, pese a su pesada nómina de más de 100 funcionarios de apoyo con los que cuenta y nada que arrancan. Primero, se demoró la integración de los mismos, luego se tardó en convocarlos para su instalación y aún no operan. La desesperada Gobernadora del Huila Cielo González se tuvo que quejar ante el Gobierno central, que es quien tiene la sartén por el mango, por el aplazamiento en cuatro oportunidades la instalación del OCAD en su Departamento, por considerarlo una burla para su región. En su orden el OCAD nacional dispone de más de $800.000 millones para financiar proyectos en Ciencia y Tecnología, el regional a su turno cuenta con alrededor de $2.2 billones, el departamental $3 billones, pero hasta ahora no se ha girado un solo peso. 

Según el Director de Planeación “ahora sólo falta que las regiones cumplan su parte presentando proyectos para su aprobación”, sólo eso. Entre tanto, como lo afirma el Alcalde de Yopal Wilman Celemín, “hemos perdido siete meses y nada que llegan los dineros, y mientras tanto el Gobierno sigue sacando decretos y reglamentaciones”. Ya habíamos llamado la atención sobre el exceso de trámites, la complejidad del nuevo SGR, verdaderamente laberíntico, que dificultaría el flujo de los recursos de los fondos creados. Dicho y hecho, en días pasados daba cuenta la prensa de la alerta que se había disparado en el alto gobierno por la proliferación de “oficinas de asesoría” a la caza de alcaldes incautos o despistados dizque para ayudarles a gestionar el giro de los recursos atrapados en el SGR. En las regiones, especialmente aquellas que fueron despojadas de sus regalías directas hay un gran descontento y una gran inconformidad con el Gobierno central, pues todas ellas tienen la percepción de que el Gobierno central les puso conejo, que les dijo que podían estar tranquilos, pues una vez aprobada la reforma las regalías que le quitaban a las regiones volverían a ellas a través de otro mecanismo más eficiente y transparente, pero el Gobierno terminó quedándose con ellas. 

Y es más, como lo sostuvo recientemente el Gobernador de Bolivar Juan Carlos Gossaín, “cada vez que se trata de pedir recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para algún proyecto, le piden a uno que lo gestione a través del SGR y nadie sabe qué están haciendo con los recursos del Gobierno central”. Esto ya lo habíamos anticipado, cuando denunciamos que el SGR es el truco del cual se ha valido el Gobierno Central para liberar recursos del PGN, que de otra manera habría tenido que comprometer para financiar muchos de los proyectos de impacto regional. Esta es una forma sutil, pero muy efectiva, de seguir concentrando y centralizando los mayores recursos fiscales por parte de la Nación. Ya pudimos ver con qué grado de discrecionalidad y liberalidad el Presidente Santos comprometió recursos del orden de $10 billones de los $12 billones que cuesta el megaproyecto Autopistas de la Montaña en Antioquia, que ahora fue bautizada para tales efectos como “Autopistas para la prosperidad”, sin que tuviera que pasar siquiera por el Congreso de la República y sin respaldo en el Plan General de Desarrollo. Ya lo había aconsejado previamente, con mucha perspicacia, el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes al referirse a esta iniciativa: “hay que aprovechar el aumento en los recaudos fiscales y el espacio que dejan las mayores regalías, para concretar una idea que beneficiaría, más que a un Departamento, a la economía colombiana”. 

EL DIABLO ROJO

El ex presidente Cesar Gaviria clama y reclama del Gobierno “que las regalías lleguen a las regiones…Si el Gobierno no asume una actitud muy activa, no se van a invertir las regalías en un buen rato, y eso va a terminar haciéndole daño al Presidente”. Y no es para menos, dado que es inadmisible que mientras los recursos siguen embolatados en los vericuetos del SGR, gobernadores y alcaldes andan saltando matones, pasando el Niágara en bicicleta. Y lo más grave es que no es por falta de recursos, por que los recursos están allí; lo admite el propio Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri cuando afirma sin rodeos que “la plata está disponible y no se ejecuta, estamos llenos de procedimientos, de procesos, de trabas”. Y es que la falla del Gobierno en su capacidad de ejecución no se limita a los recursos provenientes de las regalías; recientemente denunciaba el Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción Juan Martín Caicedo Ferrer que la ejecución del presupuesto del INVÍAS “a julio del presente año, era sólo de 26.5%”. Por Dios, en el INVÍAS, la entidad responsable de la infraestructura vial del país, que es en donde el país acusa sus mayores falencias en materia de competitividad! El Ministro Echeverry, muy dado a utilizar ciertas metáforas dijo que "hay sitios donde necesitamos diablo rojo para destapar la tubería de trabas y trabas"; pues que empiece por el SGR, no hay más tiempo qué perder, pues al paso que vamos la ejecución de estos recursos al finalizar el año va a ser muy pobre. 

LA CAMISA DE FUERZA

Pero, me temo que esta parsimonia exasperante en la ejecución del gasto sea deliberada y que responde a una política fiscal contraccionista, que de mantenerse puede acentuar la desaceleración del crecimiento de la economía que ya es ostensible. Al fin y al cabo, el Acto Legislativo 05 de 2011 es hermano siamés del Acto Legislativo 03 de 2011 mediante el cual se estableció la sostenibilidad fiscal como principio constitucional y desarrollado a través de Ley 1473 de 2011, de la Regla fiscal. Y esta no es otra cosa que una camisa de fuerza para cuerdos, que le establece un techo al gasto público a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual lo expide el Consejo de Política Fiscal (CONFIS). No se contentan, entonces, con forzar un ahorro en el Fondos de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET), que hacen parte del SGR, del orden de $3.1 billones para el 2012, sino que los $6 billones disponibles para inversión se gastarán a cuentagotas. De lo que se trata, entonces, es de que el Ministro de Hacienda le quite el freno de mano al gasto y le ponga el acelerador a fondo a la inversión, medida esta que por lo demás contribuiría a contrarrestar la caída del crecimiento a través de una política fiscal más proactiva y contracíclica. 

Bogotá, agosto 16 de 2012
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EL TRANCÓN SIGUE

Ya nos habíamos referido al trancón de las regalías y no sólo de las regalías sino de todos los recursos asignados para la inversión pública en el país y citamos al respecto las declaraciones del saliente Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri en el sentido que “la plata está disponible y no se ejecuta, estamos llenos de procedimientos, de procesos, de trabas”. El columnista Mauricio Vargas señala, refiriéndose a las regalías, que “en el 2012, el trancón se volvió gigantesco debido a la incapacidad de Planeación Nacional de poner a andar el complicadísimo sistema ideado para aprobar los giros a las regiones”. Y augura que, ahora, luego del revolcón ministerial, el Gobierno “sea capaz de despertar la sensibilidad que hasta ahora le ha faltado al equipo económico de Santos, dedicado mucho más a trancar la inversión en obras públicas y proyectos sociales, que a estimularla”. Por cuenta de esta negligencia, millares de niños han desertado de escuelas y colegios, a los que muchos de ellos nunca volverán, a falta de refrigerio, comedores escolares y transporte escolar, que se financiaban con regalías en las entidades territoriales a las que se las arrebataron de un solo manotazo.


Como decíamos ayer, “me temo que esta parsimonia exasperante en la ejecución del gasto sea deliberada y que responde a una política fiscal contraccionista, que de mantenerse puede acentuar la desaceleración del crecimiento de la economía que ya es ostensible”. Es más, advertíamos que “no se contentan, entonces, con forzar un ahorro en el fondos de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET), que hacen parte del SGR, del orden de $3.1 billones para el 2012, sino que los $6 billones disponibles para inversión se gastarán a cuentagotas”. Pues bien, mi temor se ha visto confirmado por el propio Ministro Echeverri. Al preguntársele por parte del periodista Yamid Amad, “¿de dónde salió la plata de las reservas por 500 millones de dólares que acaban de comprar para defender el dólar?”, esta fue su respuesta: “de las regalías. Como todo el proceso legislativo y normativo de las regalías solo estuvo listo en junio, se acumularon seis meses. Eran 500 millones de dólares que ahora quedan ahorrados”. Más claro no canta un gallo, como lo admitió el Ministro de Hacienda, “desde el 7 de agosto del 2010 me desvela la tasa de cambio” y “si no ahorramos no habrá quien controle la tasa de cambio”. Tratando de espantar el fantasma de la enfermedad holandesa a expensas de la felicidad de la gente. Ni más ni menos, sacrificando un mundo para pulir un verso!


Pero, lo peor estaba por saberse y cuando la opinión pública no terminaba de salir de su asombro ante tal desaguisado, se vino a reconocer abiertamente por parte de la Directora de regalías del DNP Amparo García que, no sólo seguían congelados los $6 billones correspondientes a los fondos que integran el Sistema General de Regalías (SGR), asignados para ser invertidos en la vigencia del año 2012 (Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional). Afirmó la doctora Amparo que el monto de “los recursos que tienen apropiados los 194 entes territoriales es de 1.2 billones de pesos…de esta cifra, 530 mil millones ya fueron girados y 700 mil se encuentran congelados por irregularidades en la entrega de la información requerida”. Léase bien, “por irregularidades en la entrega de la información requerida”, no por corrupción, que pueden ser subsanables y estamos hablando no de los recursos del SGR de este año, sino de regalías directas causadas el año anterior con el antiguo régimen de regalías.  Los más afectados por esta demora en el giro de tales recursos han sido el Departamento de  Casanare, La Jagua de Ibirico (Cesar), Montelíbano (Córdoba), Cantagallo (Bolivar) y Castilla La Nueva (Meta).


Como si lo anterior fuera poco, informó la Directora de Regalías que 
“un total de 1640 proyectos se encuentran listos para ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías que se encuentra en liquidación. El monto es de dos billones de pesos”. Es decir que, además de los $6 billones de los fondos del Sistema General de Regalías (SGR) dispuestos para invertir en 2012 – Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Compensación Regional - , ahora se sabe que entre las regalías directas congeladas y las indirectas del Fondo Nacional de regalías (FNR) en liquidación, también congeladas, suman $2’7 billones congelados. Por Dios!


Esta semana, ante la enorme presión para que se destrabara el trámite del cúmulo de proyectos que siguen a la espera de su aprobación por parte de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) para que los recursos del SGR fluyan, se le hizo un gran anuncio al país por parte del propio Presidente Santos. En efecto, dijo el Presidente, al término de la reunión del OCAD del Departamento del Meta realizado en el Despacho del Ministerio de Hacienda, que “en este OCAD, en la reunión de hoy se aprobaron inversiones por cerca de 223 mil millones de pesos, unas inversiones muy importantes para el departamento”. Pero, en medio de los aspavientos por esta decisión pudimos establecer que los proyectos aprobados por el OCAD son aquellos a financiar con los recursos que le corresponden al Departamento del Meta por participación directa y no con cargo a los fondos del SGR. Es decir, que los recursos aforados en el presupuesto de del SGR de 2012 en las subcuentas que poseen las entidades territoriales en ellos siguen allí atrapados sin salida; dicho de otra manera, el trancón de las regalías sigue. Lo demás son sólo sofismas de distracción que sólo sirven para dorar la píldora.

Bogotá, septiembre 1 de 2012
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PARAFISCALIDAD Y COMPETITIVIDAD

LA DISFUNCIONALIDAD ENTRE CRECIMIENTO Y EMPLEO

Entre las principales metas que se planteó el Presidente Juan Manuel Santos en su programa de gobierno están la de alcanzar un mayor crecimiento de la economía y reducir sustancialmente la tasa de desempleo. En su Plan de Desarrollo Prosperidad para todos se hizo la apuesta por un crecimiento sostenido del PIB superior al 6% y una tasa de desempleo de un solo dígito. Se partió de la tesis okuniana a rajatabla, que el mayor crecimiento per se garantiza la disminución del desempleo, fundados en la teoría del economista estadounidense Arthur Okun, según la cual entre uno y otro existe una gran correlación y simetría. No obstante, en la última década en Colombia ha hecho carrera un modelo caracterizado por el crecimiento sin empleo, también conocido en otras latitudes como Jobless Recovery (Recuperación sin empleo). A despecho de la teoría de marras en Colombia la generación de empleo no responde a los estímulos del crecimiento, a tal punto que ni siquiera en el 2007, cuando la economía colombiana alcanzó el mayor pico en su crecimiento, cedió el desempleo, debiendo soportar el país una tasa de desempleo del 11.4%, que no se compadece con una tasa de crecimiento del PIB del 7.5%. Entre 2004 – 2007 el crecimiento promedio del PIB fue de 6.2%, muy por encima del promedio histórico del 4%, sin embargo la tasa de desempleo se mantuvo en el 12%. Paradójicamente, el desempleo “baja muy poco cuando la economía está en auge y sube muy rápido cuando llegan los tropiezos”.

En los últimos tres años, después de un magro crecimiento del PIB en 2009 a consecuencia de la Gran crisis global (1.7%), la economía tuvo un repunte en el 2010 con un crecimiento del PIB de 4% y cerró el 2011 con un esforzado 5.9%. Pero esta mayor dinámica en el crecimiento del PIB no se vio reflejado en un descenso significativo de la tasa de desempleo para esos mismos años, la cual se situó obstinadamente en el 11.8% en 2010 y 10.8% en 2011, contra un 11.3% de 2009, que fue un pésimo año para la economía. El Gobierno se apresuró a celebrar el hecho de que en el mes de septiembre del año anterior se había alcanzado el objetivo de una tasa de desempleo de un solo dígito (9.7%), pero la dicha sólo se prolongó hasta el mes de diciembre, al consolidarse al final del año 2011 en dos dígitos nuevamente. Arrancamos enero de este año con una tasa de desempleo del 12.5% y los datos más recientes reportados por el DANE nos alejan cada vez más de la meta de un solo dígito en la tasa de desempleo.


En muy buena medida esta disfuncionalidad entre la tasa de crecimiento y la generación de empleo se explica porque el mayor crecimiento de la economía en la última década ha descansado sobre sectores que son intensivos en capital y no en trabajo, como es el sector de minas y petróleo. Este sector ha experimentado un hipertrofiamento en los últimos años, merced al auge de la demanda en los mercados internacionales de productos básicos y a la espiral alcista de sus precios, dando lugar a un peligroso proceso de reprimarización de la economía. En efecto, según el más reciente reporte del DANE se obtuvo un inesperado crecimiento del PIB en el segundo trimestre de este año del 4.9%, pero deslucido por una caída de la industria manufacturera del 0.6% para dicho trimestre y del 0.2% para todo el primer semestre. Lo cierto es que, como el sector de minas genera tan poco valor agregado, dado que se comporta como enclave, a pesar de que en los años 2010 y 2011 creció el 12% y el 14%, respectivamente, su desempeño sólo explica a duras penas el 24% del crecimiento del PIB.

De hecho la participación del empleo del sector industrial en el empleo total pasó de 25.4% entre 1975 – 1980 a 23.5% entre 1990 – 1994 y a sólo el 13.1% entre 2005 – 2008. Entre tanto el sector minero – energético, con todo el boom de la última década sólo participa con el 3% del empleo total y no es para menos dado que mientras para producir $1 billón en la agricultura, a guisa de ejemplo, hay que enganchar 134 mil trabajadores, en la minería sólo se requerirían 11.900. En su punto más alto, entre 2004 – 2011, el sector minero, en el que se viene concentrado el 65% de la inversión extranjera directa (IED), a duras penas creó 8.000 plazas. No es casual que en los últimos boletines del DANE se da cuenta de que el desempleo y la informalidad se vienen concentrando en las 13 principales áreas metropolitanas; allí la informalidad es del 50.4% y el desempleo en julio el 11.5%, 0.2 puntos porcentuales más que en igual período en 2011 y 0.6% más que el promedio nacional. Claro, el 47% del empleo urbano se da en las actividades industriales y de comercio, las cuales vienen siendo afectadas por la desaceleración del crecimiento de la economía. 

Como si lo anterior fuera poco, las exportaciones del sector industrial crecen cada vez menos y pierden paulatinamente participación en el total de las ventas al exterior; entre enero y julio de este año las exportaciones del sector minero – energético crecieron el 17%, mientras que las exportaciones manufactureras crecieron sólo el 8% y ello gracias a que se incluyen las reexportaciones de aviones por importación temporal, ensamble y reparación. Por lo demás, durante dos meses consecutivos (junio y julio) fueron mayores las importaciones que las exportaciones, a causa de la caída de estas. En el mes de julio, según el DANE, las importaciones crecieron el 13% y las exportaciones cayeron el 4%.

Como lo señala el profesor Jorge Iván González, “el equipo económico de Santos debe reinterpretar esta mirada ingenua de la Ley de Okun. Solamente habrá simetría entre los cambios en el producto y las variaciones en el desempleo, si el producto aumenta en actividades que efectivamente generan puestos de trabajo como la agricultura y la industria, por ejemplo. Un crecimiento basado en la extracción de minerales y en la especulación financiera no favorece la creación de empleo”. Y aún, en tratándose de estos otros sectores se presenta una gran desproporción entre su crecimiento y el empleo. Es muy diciente que en los últimos doce años mientras el sector manufacturero creció el 52%, en el mismo lapso el empleo, en lugar de ser mayor, cayó el 16%. 
Con las disquisiciones anteriores no queremos subestimar la importancia del crecimiento en la generación de empleo, sólo queremos justipreciarla, en el entendido que el crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente para la generación de empleo. Una de las conclusiones más importantes de la Misión de Empleo que coordinó el profesor Chénery a finales de los años 80 fue una verdad que parece de Perogrullo: “el empleo crece sólo si la demanda aumenta” y esta es función del ingreso, el cual a su vez está muy ligado a la calidad del empleo.


ENTRE EL DESEMPLEO Y LA INFORMALIDAD
En Colombia tan grave como el desempleo es el subempleo y la informalidad; en el mes de julio, además del desempleo del 10.9%, según el DANE el subempleo subjetivo del 33.7% se vino a sumar al subempleo objetivo del 13.2%, lo cual significa que casi el 47% de la población activa se considera inconforme con el trabajo que desempeña (10´783.000). Y lo más preocupante es que la informalidad es creciente, basta con decir que entre 2001 a esta parte aproximadamente 2.5 millones de personas se han venido a sumar a la escalofriante cifra de la informalidad, equivalente al número también creciente de desempleados en el país. En concepto del Ministerio del Trabajo, si nos atenemos al registro de cotizantes al sistema de pensiones llegaríamos a la conclusión que alrededor del 70% estaría en la informalidad laboral. Y esta circunstancia afecta de paso la sostenibilidad financiera tanto del Sistema Nacional de salud como también el de pensiones, que ven así erosionada su propia base en la que se sustenta.


La cifra de la informalidad enmascara en gran medida el drama del desempleo; es así cómo entre octubre y diciembre de 2011 los ocupados aumentaron en un número de 1.34 millones con respecto a los de un año atrás, pero de ellos entre los cuenta propia y los trabajadores sin remuneración alguna sumaron 900 mil (¡!). Es más, los llamados trabajadores por cuenta propia, que según el DANE constituyen el 43.4% del total de trabajadores, en su inmensa mayoría en actividades de rebusque, lideraron el número de ocupados en el último trimestre del 2011, “tienen una tasa de informalidad del 89.5%”, según el Ministro del Trabajo Rafael Pardo. Ello explica el hecho de que últimamente sube el empleo, pero este es cada vez más precario, lo cual empuja a que un mayor número de personas del núcleo familiar salga a buscar trabajo. Este es un fenómeno propio de Colombia, pero que se extiende al resto de Latinoamérica, como lo señala la OIT “esto reflejaría que la creación de empleo no respondió tan marcadamente a una dinámica de la demanda laboral asalariada y muchos trabajadores recurrieron a la generación de ingresos laborales de manera independiente e iniciaron actividades por cuenta propia”. Como lo anota el Decano de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Jaime Tenjo, “se crea empleo, pero entra más gente al mercado laboral. Lo que hay es un empate técnico. No sube, pero tampoco cae”  la tasa de desempleo.


Según un estudio preparado por el profesor Julio Silva Colmenares, Director del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Colombia “un par de cifras muestran la precariedad del mercado laboral. Si tomamos un período reciente (1994 – 2010), mientras el total de la población pasó de 13.5 millones a 19.6 millones, para un aumento del 45% en los 16 años, los asalariados, incluyendo los jornaleros, sólo aumentaron de 7.7 millones a 8.3 millones, apenas 8%, al tiempo que los trabajadores calificados como ´cuenta propia´, en donde se esconde la informalidad, pasaron de 3.8 millones a 8.5 millones, para un impresionante aumento del 120%”.  

El alto grado de informalidad, a su vez, induce a un aumento de la tasa global de participación (TGP), la cual llegó en el trimestre diciembre de 2011 – febrero de 2012 al 64.4%. La TGP no ha bajado del 60% en los últimos 4 años y alcanzó el récord en octubre de 2011 con el 66.9%. Ello, junto con la precariedad de los ingresos de quienes se debaten en la informalidad, explica en gran medida, según el DANE la enorme presión de la oferta de trabajadores en el mercado laboral. Esta situación ya de por sí preocupante se traduce en la baja relación de contribuyentes a seguridad social/población económicamente activa, la cual se ha mantenido en el 33% durante los últimos 5 años. Es más, si tomamos en cuenta únicamente a quienes cotizan doce meses continuos, dicha relación se reduce a sólo el 15%, lo cual es una barbaridad. Lo propio puede afirmarse en relación a quienes cotizan para pensiones; de acuerdo con el Presidente de TG Consultores Carlos Díaz, de los 17.2 millones de afiliados sólo cotizan 6.2 millones. 

REFORMA TRIBUTARIA O LABORAL
Como dijo Marroquín, es flaca sobremanera toda humana previsión y en más de una ocasión sale lo que no se espera. Pues bien, después que el Gobierno había descartado la presentación del proyecto de reforma tributaria, por lo menos en este segundo semestre, debido al fiasco del hundimiento de la reforma de Justicia, después de muchos ires y venires, vueltas y revueltas, el nuevo Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas ha anunciado que la presentará a la consideración del Congreso de la República el próximo lunes. En lo que sí coincidían los ministros entrante y saliente, Juan Carlos Echeverri, es que dicho proyecto de reforma no tendría pretensión distinta a simplificar el farragoso estatuto tributario. Según el Ministro Cárdenas, “desde la Constitución del 91 es la primera vez que se introduce una reforma tributaria en la que el objetivo no es aumentar el recaudo sino corregir problemas”. Pero, a medida que pasan las horas más parece una caja de Pandora que una reforma anodina, de donde se van sacando una a una prendas que uno podría considerar ajenas al mismo. Se habla de reducir tarifas del IVA, que puede terminar en una nivelación por lo alto de las mismas. Se dice que hay que rebajar la tarifa al impuesto de renta a las empresas del 33% al 27% supuestamente “para que haya más empleo formal” y de contera se propone el desmonte de los parafiscales, que no son otros que los aportes de las empresas al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar. Así las cosas, este proyecto de reforma tributaria ha terminado trastocándose por arte de birlibirloque en una reforma laboral de hondo calado.


De acuerdo con las declaraciones del Ministro de Hacienda “el Gobierno está convencido de que la única forma de elevar la competitividad y la formalidad es reduciendo las barreras de entrada al mundo formal, a la economía moderna”. Y para él, entre las principales “barreras de entrada al mundo formal” están las que consideran como “cargas” parafiscales, que no son otras que las prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar. A juicio del Ministro Cárdenas, “propuestas como descargar a las empresas de algunos pagos, como los parafiscales o contribuciones a la salud, para estimular el empleo formal, son opciones que hay que evaluar”.


En todo caso, hace la salvedad de que cualquier decisión que se tome para hacer más competitiva la contratación de mano de obra productiva y bien remunerada “no se hará a expensas de los beneficios que hoy tienen los trabajadores (salud, pensiones, afiliación a las cajas), pues de lo que se trata es de ver cómo se financia la política social”. Y este es el gran problema; no han faltado quienes, como Fedesarrollo o el profesor Salomón Kalmanovitz, planteen que la alternativa sería financiar este “extracosto” laboral a través de Presupuesto General de la Nación. Pero, no estamos hablando de montos irrisorios; sólo por concepto del 9% de aportes al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación se hicieron erogaciones el año anterior del orden de los $7.8 billones (¡!). De dónde saldrían estos recursos, si el mismo Kalmanovitz considera que los $86.6 billones recaudados por el Gobierno central en 2011, que representan el 14.4% del PIB y marcan el punto más alto aupados por el boom minero-energético, son insuficientes para corregir el déficit crónico de sus finanzas. De descargarle al presupuesto esta nueva obligación haría aún más insostenibles las finanzas del gobierno central en el largo plazo, lo cual sería irresponsable. Al Ministro de Hacienda le hicieron la pregunta y esta fue su respuesta: “estamos haciendo todas las cuentas para responder esta pregunta, lograr ganar por unos lados para sacrificar por otros (Sic!)”. Así las cosas, este sería un salto al vacío que pondría en riesgo la estabilidad y hasta la supervivencia de estas entidades tan caras para el país nacional. Y, entre otras cosas, según providencia de la Corte Constitucional, el subsidio familiar le ha sido reconocido el carácter de derecho fundamental, ligado al concepto de mínimo vital que prescribe la Carta.


Un estudio reciente de la Universidad EAFIT concluyó que “en cuanto a la eliminación de los aportes parafiscales, generará en promedio 224 mil empleos, reduciendo la tasa de desempleo en 1.6% en el primer año. Pero ello a costa de un aumento del déficit fiscal de 0.7 puntos del PIB, haciendo más complejo el manejo fiscal…Si se toman medidas compensatorias para evitar el deterioro fiscal, los efectos se reducen considerablemente generando apenas 128 mil empleos en promedio. De esta forma, la medida (aunque atractiva desde el punto de vista de la simplificación de los mercados laborales) produce efectos más bien marginales, que distan de representar una gran revolución que transforme el mercado de trabajo en Colombia”

OBSESIONES Y DESPISTES
No se de dónde saca el Ministro Cárdenas que “la única forma de elevar la competitividad y la formalidad” es “descargar a las empresas de algunos pagos, como los parafiscales o contribuciones a la salud”. En el más reciente Informe del Foro Económico Mundial (FEM) 2012 – 2013, a Colombia le fue requetemal en el ranking de competitividad que mide esta corporación. Colombia, en lugar de progresar en competitividad retrocedió al bajar del puesto 68 al 69 entre 144 países; perdimos 3 puestos en eficiencia (se pasó del puesto 60 al 63), 5 puestos en innovación (del 61 al 66). Y en lo que peor nos fue, fue en el indicador de las instituciones con una caída vertiginosa de 9 casillas, cayendo al lugar 109. Y entre los 12 pilares y las 114 variables que sustentan el Índice de Competitividad, no resulta relevante en la calificación o mejor descalificación que acaba de recibir Colombia lo atinente a las “cargas” de los aportes y contribuciones a través de la nómina. La única referencia que se hace al aspecto laboral es a la preocupación que despierta el deterioro en las relaciones obreros patronales (del 46 al 65), la pérdida de flexibilidad para determinar los salarios (del 50 al 80), contratar o despedir ( del 70 al 88) y a la menor participación de la mujer en el mercado laboral (del 54 al 95). En la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial Conjunta de la ANDI, al indagar por los factores que más afectan negativamente la productividad, se destacan la volatilidad de la demanda, abastecimiento de materias primas, logística, falta de mano de obra capacitada, costo de materias primas, alta competencia, clima, en ninguna parte se alude a los altos costos salariales.


De lejos, constituye un escollo mayor para la competitividad el aberrante retraso en materia de infraestructura que los mayores costos que representan para los empresarios tales cargas. Con razón el experto Andrés Espinosa, al comentar el desastroso panorama que nos pinta el FEM dice que: “el país nacional y el país político deben tomar conciencia del asombroso descalabro de la competitividad, que va más allá de la revaluación, para corregirlo antes de que sea tarde”. Desafortunadamente, como lo sostiene Andrés Oppenheimer “Colombia está demasiado obsesionada con el TLC y poco obsesionada con la productividad” y ello es muy grave. Y a las falencias anteriores se viene a sumar las que acusa el país en materia logística. En este Índice no está mejor el país, según el ranking del Banco Mundial Colombia ocupa en el mismo el puesto 72. Al respecto dijo recientemente el Director de ANALDEX Javier Díaz que “ya nos equiparamos en términos de aranceles con nuestros competidores para llegar a los mercados, pero los extracostos logísticos nos matan”, no los extracostos laborales.

Es innegable, entonces, que Colombia tiene un largo camino que recorrer para recuperar el tiempo y el espacio perdido en materia de competitividad, la cual está íntimamente ligada a la productividad. Como lo afirma el Nobel de Economía Paul Krugman, En materia de competitividad “La productividad no lo es todo; pero, a largo plazo, lo es casi todo”. Con respecto a EEUU, que sigue siendo nuestro principal socio comercial, que se convirtió en nuestro principal competidor con la entrada en vigencia del TLC, Colombia un gran rezago en productividad que nos puede costar muy caro. En efecto, la productividad promedio de la economía colombiana apenas sí alcanza el 23.8% de la productividad de la economía de EEUU. Dicho de otra manera, lo que se demora en producir en EEUU en una hora, en Colombia se toma cuatro horas. 

Huelga decir que los tiempos aquellos en que se alegaba que el éxito de los tigres asiáticos y luego del dragón chino se debía fundamentalmente a las diferencias salariales, que hasta hace diez años eran abismales. Pero, ello ha cambiado sensiblemente y mientras los salarios en Colombia se han estancado los de China, que hoy es la segunda potencia económica del mundo, han mejorado ostensiblemente. Colombia ha terminado nivelándose por lo bajo con China, por lo menos así se desprende de un Informe de la OIT publicado por la BBC de Londres. Según este Colombia y China, junto con México, Egipto, la India y República Dominicana, se cuentan entre los 20 coleros en el Ranking con los peores salarios de una muestra de 70 países. Mientras en Colombia el salario promedio no alcanza a llegar al 1'300.000 pesos, en China es de 656 dólares (1'176.208 pesos); México, 609 dólares (1'091.937 pesos); Egipto, 548 dólares (982.564 pesos); República Dominicana, 462 dólares (828.366 pesos), e India, 295 dólares (258.935 pesos). Muy lejos de los 1.480 dólares, equivalentes a $2.564.000 que es el salario promedio a nivel mundial. Vale la pena aclarar que para equiparar unos salaries con otros se partió de la paridad de poder adquisitivo (PPA) en dólares y solo incluye a los trabajadores que perciben un salario formal y deja de lado a los trabajadores independientes, por cuenta propia o que son beneficiarios de subsidios. Cabe resaltar que el salario promedio en China pasó en la última década de US 60 centavos de dólar la hora, incluyendo prestaciones sociales, a 2.50 dólares la hora. 
La misma cantaleta


Hace más de 20 años distintos exponentes del pensamiento económico neoliberal vienen con la cantaleta de que “conviene que bajen los salarios en términos reales para hacer caer el empleo” y con este argumento se han promovido varias reformas tendientes a la flexibilización de la legislación laboral. Se cuentan entre ellas la madre de las reformas laborales la Ley 50 de 1990, que fue reforzada posteriormente en sus propósito y fines por la Ley 590 de 2000 y la Ley 789 de 2002 y más recientemente por la Ley 1429 de diciembre de 2010. Todas ellas del mismo corte y la misma estirpe y han tenido la misma suerte, han terminado en el más rotundo fracaso, por una sola razón, porque como afirmó Albert Einstein “no podemos resolver los problemas de la misma manera que los creamos”. 
Aquí hagamos una digresión para dar cabida a la excelente bisección que le hizo en el año 2000 el PNUD – DNP a la reforma laboral que se aprobó por parte del Congreso de la República a través de la Ley 50 de 1990 al término de sus diez años de vigencia. Según su Informe,  “en la historia reciente del país la transformación más importante introducida en materia laboral, se condensa en la ley 50 de 1990 o Reforma Laboral. La ley es una respuesta a las críticas planteadas a la legislación vigente hasta ese entonces. Se afirmaba que los altos costos laborales obstaculizaban la generación de empleo. La retroactividad de las cesantías y la subjetividad que se presenta en el momento de entablar un proceso judicial, aparecen como ejemplos de los inconvenientes conexos al régimen laboral previo a la adopción de la reforma. En la exposición de motivos se justifica la flexibilización laboral, por la necesidad de introducir a la economía en el proceso de internacionalización.


Se argumenta que este proceso requiere de una economía competitiva, y ello únicamente es posible si se disminuyen los costos laborales. Al parecer, la legislación a esa fecha había elevado los costos laborales al intentar proteger a los trabajadores de despidos injustificados y asegurarles estabilidad. Los resultados fueron opuestos a lo esperado, en la medida en que se frenó la generación de empleo y se inmovilizó la mano de obra frente al uso de otros factores. En suma, se detuvo la contratación de trabajadores permanentes y se incentivaron los despidos prematuros y el empleo temporal. La apertura económica de comienzos de los noventa se realiza en un contexto legal favorable a la flexibilización del mercado laboral. Y no obstante, los resultados están muy lejos de los objetivos inicialmente propuestos y en especial del de aumentar la competitividad de la economía nacional”. La justificación de la reforma laboral de 1990 así como sus objetivos, fueron los mismos de las reformas posteriores y se parecen tanto como una gota de agua a otra gota de agua a los alegatos de ahora, es la misma cantaleta para tratar de hacer lo mismo. Y no hay razones para pensar que esta vez los resultados sean diferentes a los nefastos efectos de las anteriores frustráneas reformas.


Un estudio realizado por el ex decano de Economía de la Universidad de los Andes y ahora Ministro de Salud Alejandro Gaviria y la Asistente de Investigación María Del Pilar Palau “las estimaciones sobre las ganancias de empleo deben contrastarse con el fracaso del llamado Régimen Especial de Aportes, instaurado por le Ley 789 de 2002, por medio del cual se eximían de contribuciones parafiscales a las empresas que contrataran trabajadores vulnerables. Esta exención no generó la demanda esperada por el legislador”. Y, en cuanto a la 1429 de 2010, su súbito fracaso se ha hecho evidente, al insistir erróneamente en tratar de medir su éxito en la creación de nuevas empresas y no en la generación de nuevos empleos formales con cotización a la seguridad social, lo cual ha dado pié a la aparición de muchas empresas fantasmas que sólo buscan pescar en río revuelto quedándose con el beneficio sin generar empleo alguno. Esta receta no ha funcionado aquí, como no ha funcionado en México ni en otros países de América Latina, sin embargo se insiste en ella por parte de las autoridades con terquedad aragonesa.  Como aquel brillante escritor y orador Carlista, Vásquez De Mella, podrían aceptar “estar en el error, pero, eso sí, firme”!


UNAS SON DE CAL Y OTRAS SON DE ARENA
No hay tal, entonces, que los costos salariales se hayan convertido en un pesado fardo que lastra la economía colombiana y que se constituyan en “las barreras de entrada al mundo formal, a la economía moderna”. Tampoco se le puede endilgar la responsabilidad de los altos niveles de desempleo e informalidad. Un estudio del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia dirigido por el profesor Stefano Farné, concluyó que “los sobrecostos laborales no pueden considerarse la principal causa del desempleo” y lo acaba de reiterar, “los parafiscales pesan muy poco en el costo total de la nómina. Los empleadores no cambian sus decisiones de contratar por pequeños costos. Hay que pensar bien si vale la pena el cambio” propuesto. Además, una investigación adelantada por la firma Ernest & Young y Proexport en torno a la legislación comparada de siete países latinoamericanos es concluyente cuando advierte que Colombia es “altamente competitivo, respecto a los demás países, en cuanto a costos laborales se refiere”.


Lo que sí ha sucedido en Colombia es que a consecuencia de la enfermedad holandesa el peso es hoy por hoy la moneda más revaluada del mundo, lo cual le resta competitividad a las exportaciones no tradicionales, especialmente a las manufacturas. Uno de sus efectos perversos ha sido el aumento de los costos laborales, así: el costo mensual de contratar un empleado de salario mínimo equivalía en 2003 a US $200. Para 2008 ese costo se había duplicado y ascendía a US $404, por cuenta de la revaluación del peso con respecto al dólar. En 2012, calculando la tasa de cambio promedio de lo corrido del año (8%, aproximadamente) alcanzaría los US $557. Actualmente “ese costo es poco menos de la mitad del salario mínimo vigente en EEUU, pese a que el nivel de ingreso de ese país es 7 veces el de Colombia”. Es decir, que este aumento en los costos laborales son una consecuencia de la revaluación, no imputables a excesivas “cargas” sobre la nómina. Pese a sus estragos, las autoridades colombianas han sido tímidas a la hora de tomar medidas para frenar dicha revaluación, como no lo han sido Brasil, Ecuador y Perú, por ejemplo.


Pero, hay que ver las dos caras de la moneda; porque si bien es cierto que la apreciación de la moneda pone en desventaja no sólo a nuestras exportaciones sino también a la producción nacional que compite con los bienes importados, también es verdad que abarata las importaciones de equipos, maquinarias e insumos importados. Y esto último beneficia claramente al aparato productivo, que ha sabido aprovechar tal circunstancia para modernizar y ensanchar sus factorías a bajo costo, lo cual le ha permitido ganar en productividad y competitividad. Como si lo anterior fuera poco, el Estado les ha compensado, así sea parcialmente, el efecto de la revaluación a través de un gran esfuerzo fiscal con medidas tales como la deducción sobre el impuesto de renta del 40% de la inversión en activos fijos, así como los beneficios que se derivan de la constitución de zonas francas a las plantas que operen al amparo de la misma. A este se viene a sumar la decisión del Gobierno de desgravar las importaciones de aquellos equipos y materias primas que no se producen en el país. Gracias a la reducción a cero en 3.300 partidas arancelarias decretada por el Gobierno, “los empresarios nacionales podrán ahorrar 340 millones de dólares (durante el año de vigencia del mismo), ahorro que se traducirá en mayor competitividad” y en menores recaudos. 
A ello se vienen a añadir una serie de costosos beneficios tributarios y fiscales adicionales dispensados por el Estado a favor de las empresas, los cuales se han traducido en mayores ganancias para las empresas. Medidas como el desmonte de la sobretasa a la tarifa de energía eléctrica que se cobraba a la industria del 20% y la del gas natural del 5.8%, además de la liberación del precio del gas de La guajira, le han significado a las empresas un alivio en sus costos operacionales. El sólo desmonte de la sobretasas a la energía eléctrica le va a costar al Estado este año la suma de $697.262 millones, aproximadamente. No obstante, el sector manufacturero sigue insatisfecho, porque a pesar de este alivio en Colombia se sigue pagando por parte de la industria una de las tarifas más altas, por no decir que la más alta, en el continente. La tarifa que se cobra en Colombia a la industria oscila entorno a los 17.6 centavos de dólar el KW/H, muy superior a los 11.1 centavos de dólar de Brasil, 6.9 centavos de dólar en EEUU, 6.6 centavos de dólar en Perú e incluso a la que se paga en el Ecuador, al cual Colombia le vende energía, que es de 6 centavos de dólar. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) debe estudiar medidas tendientes a reducir las tarifas de energía en el país, porque no hay derecho a que en Colombia, en donde el 65% de la energía que se genera es de origen hídrico, tenga tarifas más elevadas que aquellos en donde la generación es predominantemente térmica, que es más costosa. 

La Presidenta de Brasil Dilma Rousseff acaba de anunciar una drástica reducción de las tarifas de energía, del 16.2% para los usuarios residenciales y hasta de un 28% la que se cobra a la industria. Con esta medida “busca incentivar el consumo y el crecimiento económico y mejorar la competitividad de la industria nacional”. Y el argumento para tomar dicha medida es contundente: “las inversiones hechas atrás por esas empresas (generadoras, transportadoras y distribuidoras de la energía) para construir las hidroeléctricas y ampliar las líneas de transmisión y distribución ya fueron pagadas por los consumidores en sus cuentas de luz”. Por lo tanto, ahora que se vencen las concesiones a dichas empresas por parte del Estado entre 2015 y 2017, “el Gobierno está ofreciéndole a esas empresas la oportunidad de renovar las concesiones con una condición: que lo que ya fue pago sea retirado de la cuenta de la luz”, refiriéndose a la inversión ya depreciada y amortizada. Por qué no examinar la aplicabilidad en Colombia de medidas que como estas hacen mucho sentido. 
Además, tampoco es que anden tan mal las empresas, cuando la prensa da cuenta de que, en medio de un entorno de la economía internacional tan adverso como el actual, sus utilidades están disparadas. Daba cuenta el diario económico Portafolio que “el aumento al doble o al triple de las ganancias en grandes empresas colombianas se convirtió en algo normal durante el primer trimestre del presente año”. Y ya en 2011, según la Superintendencia de Sociedades, las utilidades netas de las empresas en Colombia crecieron el 31%, alcanzando la friolera de $33.2 billones. Claro que de las 24.282 empresas que reportan a la Superintendencia 723 de ellas (con ingresos operacionales mayores a los $100.000 millones) concentran el 60% de los ingresos operacionales totales y acaparan el 96% del consumo total y 1.2 veces el consumo de los hogares, de tal suerte que los buenos balances de las mismas puede estar traslapando la tragedia de las MIPYMES.


Un aspecto que generalmente pasa por desapercibido a la hora de establecer los costos de producción son aquellos atribuibles a los altos costos de la intermediación financiera en Colombia, los cuales superan a los de los demás países de la región. Ya en el 2010 abordamos este tema e indicábamos cómo “mientras la tasa de interés de captación, esto es la que se le paga al ahorrador, oscila entre el 5% y el 6% efectivo anual, los intereses de colocación no bajan del 24%. Estos 18 puntos de diferencia que es la tasa de intermediación hacen de esta la más alta de los mercados financieros de Latinoamérica y la tercera más alta entre los países en desarrollo. Esto es increíble. Precisamente los costos financieros se han constituido en un freno a la competitividad de las empresas, basta con cotejar el peso de las tasas de interés sobre las ventas en Colombia y en los EEUU. Mientras en el primero las tasas de interés sobre las ventas sobrepasan el 20% en el segundo no supera el 4%”. Y resaltamos de cómo las MIPYMES llevan la peor parte, dado que ellas no tienen la posibilidad de financiarse emitiendo bonos o acciones y por ello están obligadas a recurrir al crédito bancario. Y para ellas “los microcréditos con plazo entre un mes y un año pasaron en promedio entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre de 30.85% a 33.49%, los de tesorería con plazo entre 6 y 14 días subieron de 10.95% a 13.52%, al tiempo que para el crédito a las medianas y grandes empresas entre tres y cinco años aumentaron de 15.56% a 16.95%”. Actualmente un crédito bancario a una MIPYME, a pesar de la baja en las tasa de interés aprobadas por el B de la R, no baja del DTF (5.20%) + 9 puntos porcentuales, es decir 14.20%, casi tres veces la tasa de inflación!


SE EXACERBA LA DESIGUALDAD
Cabe preguntarse, a dónde conduce este modelo que propicia la reprimarización de la economía, que convive con la secuela de la enfermedad holandesa que ella provoca, que sigue a pié juntillas la teoría de  Okun y abraza la concepción neoliberal de la flexibilización del mercado laboral dizque para superar las barreras que impiden la generación de más empleo? El más favorecido por este sesgo de las políticas públicas ha sido el gran capital. Ya lo recordábamos en un estudio anterior, que “esta dinámica diabólica explica el hecho de que en las dos últimas décadas las rentas de trabajo apenas sí aumentaron un 2%, rezagándose con respecto a las rentas de capital que lo hicieron a un ritmo del 59%. A consecuencia de este sesgo a favor del capital y en detrimento del trabajo este último bajó su participación en dicho lapso del 30% a menos del 10% del PIB”.


En el caso específico de Colombia, al analizar la distribución funcional del ingreso nacional, esto es la participación de los diferentes factores de producción en el PIB, nos topamos con este dato del DANE: entre 2000 – 2007 la remuneración de los trabajadores perdieron 3.5 puntos porcentuales en la participación en el PIB. Y claro, este es un juego de suma cero, en donde lo que pierde el trabajo lo gana el capital. Ello ha contribuido a una mayor concentración del ingreso, que ha terminado por convertir a Colombia en el campeón de la inequidad en una región como la latinoamericana que se destaca como la más desigual del planeta. Valga decir que en Colombia el ingreso del 20% de los hogares más ricos es 25 veces mayor que el ingreso del quintil más pobre, lo cual es aberrante. 

Según el estudio adelantado por el profesor Julio Silva-Colmenares, “en la tabla anexa se observa la distribución primaria del PIB para los mismos años de 1994, final del gobierno Gaviria Trujillo y 2010, final de la segunda administración Uribe Vélez. Aunque el monto del PIB que correspondió a los asalariados aumentó en más de un 50%, su participación relativa disminuyó del 35.2% en 1994 al 32.8% en 2010, al tiempo que el excedente bruto de explotación (ingreso de todas las formas de capital) casi aumentó en el 100% y su participación relativa creció del 27.7% al 34.0% en el mismo lapso; es decir, su parte de la ´torta´ aumentó casi en una cuarta parte”

En un reciente estudio del B de la R, su autor Oscar Ávila asegura que “si se quiere reducir la diferencia entre ricos y pobres es necesario que el Gobierno financie (total o parcialmente) la acumulación de capital humano de los individuos con menores recursos. El mayor gasto implicaría un incremento en los impuestos, situación que podría restar dinamismo a la economía en la medida que afecte el comportamiento de los agentes. Dado lo anterior, es de esperarse que exista una disyuntiva entre reducir la desigualdad y maximizar el crecimiento económico…Llegar a un nivel de desigualdad cero es costoso en términos de producción”. Esta es una falsa disyuntiva, pues como lo sostiene Gustavo Yamada, Jefe de la Unidad de Pobreza y Desigualdad del BID, “cuanto más desigual es un país menos efectivo es el crecimiento para reducir la pobreza”. Y nos lo corrobora el Director de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) Samuel Azout para el caso colombiano. El es categórico en afirmar que “en nuestro país los altos niveles de desigualdad se han convertido en un obstáculo al crecimiento y a la reducción de la pobreza”. Y en momentos en que soplan vientos favorables para encontrar una salida negociada al sempiterno conflicto armado en Colombia, es menester desactivar concomitantemente el conflicto social, pues a juicio del pensador Francis Fukuyama, “la desigualdad deslegitima el sistema político, da origen a movimientos sociales y a actores políticos antisistémicos, configura el escenario para conflictos sociales fuertemente polarizados y para una lucha por beneficios”. 
La afirmación de Ávila es tanto más absurda si se tiene en cuenta que según el Inclusive Wealth Report, resultado de un estudio preparado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que “analiza el gasto de capital natural (explotación de recursos naturales) de varios países entre 1990 y 2008 y lo compara con las inversiones que hicieron en capital físico y humano en el mismo período. Si esas economías invirtieron más de lo que gastaron, aumentaron su riqueza neta, si no, la disminuyeron y se convirtieron en naciones más pobres. El estudio analiza una muestra de 20 países del mundo y concluye que sólo dos redujeron su riqueza en ese período: Venezuela y Colombia”. Con ideas como esas de las que es portador iremos con los ojos abiertos hacia el precipicio; esta es de aquellas que llama Jeffrey Sachs economis malpractice.


En la creencia de que, como afirma Simón Kuznets, la brecha de la desigualdad sería el precio del despegue económico en las primeras etapas del desarrollo, nada se ha hecho para evitarlo y por ello tiende a ensancharse, contrariando su hipótesis de que después (ahora que aspiramos a hacer parte del exclusivo Club de la OCDE) tendería a cerrarse. Un estudio comparativo reciente del Banco Mundial pudo establecer que, en promedio, la reducción de la pobreza entre 2000 y 2009 en los países de América Latina se debió 46% a crecimiento económico y 54% a efectos redistributivos. En Colombia, en cambio, 97% correspondió al crecimiento y sólo 3% a efectos redistributivos, amén de que su reducción de la pobreza fue muy discreta en comparación con los demás países de la región. 
Y a propósito de la desigualdad, con posterioridad a la Ley 50 de 1990, como consta en el Informe del PNUD y el DNP del Desarrollo Humano en el año 2000, “a lo largo de los años considerados, la situación de los trabajadores que perciben más de diez salarios mínimos es opuesta a la del grupo con menores ingresos. Quienes más reciben, no sólo reducen el número promedio de horas laboradas, sino que además aumentan sus ingresos. Los que ganan menos de dos salarios mínimos incrementan el número de horas trabajadas y su remuneración media disminuye. En estas condiciones, no es de extrañar que se presente un empeoramiento de la distribución del ingreso…La situación de los trabajadores más pobres se empeora: menos salario y más horas de trabajo. El mercado laboral se ha informalizado y las posibilidades de asociación se han reducido. Además, la desigualdad en la distribución del ingreso ha empeorado. Y todo ello, sin que se hayan producido los efectos esperados a favor de la competitividad de la economía”. Es decir, nos quedamos con el pecado y sin la gracia.


HACIA UN NUEVO MODELO
Suele ocurrir que un problema que no encuentra solución es un problema mal planteado y este es el caso; se precisa, entonces replantearlo para salir de la actual encrucijada. Como afirma el experto Peter Drucker, tenemos que “pasar de hacer las cosas correctamente a hacer las cosas correctas”. Como lo afirma el Director de Desarrollo Económico de la CEPAL, el argentino Oswaldo Kacef, “en la medida en que el crecimiento se asiente cada vez más en los recursos naturales, se dificultará transformarlo en desarrollo…la razón es que el crecimiento no se trasladó a toda la economía”. Y plantea el desafío que tiene ante sí Latinoamérica: “o el desarrollo es más inclusivo, con más participación de la manufactura y las Pymes, que generan más empleo productivo, o se discute cómo distribuir las ganancias de la explotación de recursos naturales mediante impuestos y políticas públicas”.


La advertencia de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcenas a los países de Latinoamérica no puede ser más preocupante: “nos convertimos en exportadores de materias primas, volvimos a esquemas que creíamos superados…Nos estamos asociando con China, que será la primera economía del mundo en el 2016, con un modelo en el que vendemos materia prima e importamos manufacturas. Así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento”. El ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes conceptúa que “la estructura de producción determina en parte la productividad de la economía. El crecimiento económico y la capacidad de un país para desarrollar su economía dependen del aumento en productividad y para que este tenga lugar es esencial que el sector industrial, el de mayor productividad, aumente su participación en la generación de valor agregado. En Colombia esa participación se esta reduciendo".


Una de las conclusiones del Foro Económico Mundial reciente fue que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía. De allí que el mayor desafío que enfrenta la economía colombiana, como lo dijo el reputado economista Dani Rodrik,  “no es la demanda externa, sino el cambio estructural interno. El problema de los países pobres es que no producen los bienes adecuados. Deben emprender una restructuración en la que se sustituyan los productos primarios por actividades de mayor productividad”. Bien ha dicho el profesor de Economía de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann, “una condición para el desarrollo está en que la base productiva sea diversa y, sobre todo, sofisticada. A Colombia claramente le falta de los dos elementos…El aumento en la productividad de los factores, que fue de algo más de 1% entre 2003 y 2011, no sirve para sostener una tasa de crecimiento del PIB del 6%”.


Por nuestra parte, hemos sido reiterativos en que el único camino para alcanzar la meta planteada en el Plan de Desarrollo de Santos de un crecimiento sostenido por encima del 6% y una tasa de desempleo por de un solo dígito, es sobre la base de la ampliación y diversificación de la base productiva mediante la promoción de la industria, la ampliación y diversificación de las exportaciones y de los mercados objetivo de estas, así como también la profundización del mercado interno a través de la formalización del empleo y la drástica disminución de la pobreza y la desigualdad, dos lacras sociales que no sólo deben avergonzar al Presidente de la República sino a todos los colombianos. No hay otro camino!

No dejan de ser esperanzadoras las declaraciones del Ministro Cárdenas al asumir el cargo en el sentido que “lo deseable es que haya un crecimiento balanceado de toda la economía. Cuando a nosotros nos dicen que el sector ha aumentado su participación en el PIB y que pesa lo mismo que la industria, o que es el 75 por ciento de las exportaciones, eso no necesariamente es una buena noticia. Queremos que el sector crezca muy dinámicamente, pero no más que los otros. Lo ideal es que todos crezcan…Lo más importante aquí es la industria…en los países donde los encadenamientos han tenido éxito ha habido incentivos. Los encadenamientos no surgen por generación espontánea, sino que en las licitaciones y convocatorias hay que incluir unos puntos de más a los proveedores locales para que puedan tener más capacidad de ganarse los contratos. Creo en una política activa para estimular a la industria local”. Ojalá su anuncio sea el preludio de un giro en la dirección correcta de la política económica de este gobierno, que prosiguió sin solución de continuidad la nefasta política de la anterior administración.          


Amylkar D. Acosta M
Bogotá, septiembre 25 de 2012
www.amylkaracosta.net

Lectura recomendada: Amylkar D. Acosta M. Desempleo & Pobreza. Julio de 2001. Lo puedes bajar de mi página Web/

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