Oct 27, 2021 Last Updated 3:47 PM, Oct 9, 2021

S.O.S POR LA GUAJIRA

En lo que va corrido de este mes La guajira ha recibido dos noticias que la trascienden, una buena y otra mala, muy mala. La primera de ellas, la declaratoria por parte de la UNESCO del Vallenato, que es su música vernácula, como Patrimonio inmaterial de la humanidad, como una “acción para preservarlo para siempre” y la otra, infausta, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretando unas medidas cautelares, mediante Resolución 60 del 11 de los corrientes mes y año, tendientes a “preservar la vida y la integridad” de niños y adolescentes en los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, amenazados por el flagelo del hambre y la desnutrición. 

Se entiende su decisión, en la medida que la CIDH tiene por finalidad salvaguardar los derechos esenciales de la persona humana y en la medida que Colombia es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), la misma tiene carácter vinculante y por ello mismo de obligatorio cumplimiento, máxime cuando los derechos que protege preventivamente hacen parte del bloque de constitucionalidad, según lo prevé el artículo 93 de la Constitución Política. Además, la Corte Constitucional, máxima guardiana de la Carta, así lo ha reiterado  en varias de sus sentencias, desde la T-558 del 2003 hasta la más reciente, la T -078 de 2013.  

En efecto, en respuesta a la demanda interpuesta ante la CIDH por parte de Javier Rojas, representante de la Asociación de autoridades indígenas Wayüu y la abogada Carolina Sáchica, la misma aduce como sustentación de dichas medidas que “tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información, en principio, demuestra que los miembros de estas comunidades se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían amenazadas” y pone en “riesgo de salud por desnutrición y por la falta de agua” a la población infantil en la región. Sustenta, además, su determinación en el hecho que, según sus cifras, en los últimos 8 años han perecido 4.700 niños de la comunidad Wayüu en La guajira atribuible a causas asociadas con la desnutrición. Se trata, entonces, de que el Estado tome las medidas conducentes “para preservar la vida y la integridad personal” de los niños, niñas y adolescentes indígenas de tales comunidades. Según Sáchica, esta es “una luz de esperanza para el pueblo Wayüu, frente al abandono en el que están”. 

La verdad sea dicha, Colombia es el país de las desigualdades, no sólo en ingresos y oportunidades sino también interregionales e intrarregionales, con unas enormes e irritantes brechas. Una de las metas del Milenio que Colombia no alcanzó y que ahora se reitera en los Objetivos del Desarrollo Sostenible es la de la erradicación de la desnutrición infantil. La realidad que se delata en el proveído de la CIDH y las circunstancias que la rodean no son una novedad; duele decirlo y reconocerlo pero son, además de incontrastables, inveterados. 

En un estudio realizado por Karina Acosta Ordóñez para el Banco de la República se pudo establecer que La guajira en la región Caribe y el Vaupés tienen alrededor de una tercera parte de niños en edad escolar que sufren de desnutrición. Pero, además, se pudo verificar que cuando se excluye a la población indígena “los niveles de desnutrición se reducen en algo más del 50%”, lo cual pone de manifiesto que es este el segmento poblacional más afectado por esta lacra social. Esta situación es intolerable y amerita correctivos prontos y eficaces para evitar males mayores, dado que según el médico Nicolás Ramos, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, “la adecuada alimentación durante los primeros 1.000 días es fundamental para el crecimiento cerebral y, por ende, para de el desarrollo de capacidades cognitivas, aprendizaje y motrices”. De manera que, de seguir como vamos, lo peor para esas criaturas estaría por venir, como baldón para una sociedad indolente con su suerte. 

Valga decir que son múltiples las circunstancias que han llevado a tan lamentable situación, destacándose entre ellas el abandono secular por parte del Estado, que sólo recientemente, sobre todo  durante la administración Santos, se ha apercibido de ella y ha venido tomando medidas que, aunque bien intencionadas, resultan insuficientes para encarar esta tragedia humanitaria dada su magnitud. En ello también ha influido la honda crisis administrativa que sacude al Departamento, la cual incide en el deterioro se su gobernabilidad, al punto que en los últimos cuatro años ha tenido cuatro gobernadores al mando. También ha contribuido a ello la corrupción que carcome las instituciones, que deberían estar al servicio de las comunidades y no servirse de ellas por parte de quienes las detenten. 

Se requiere, para dar cumplimiento a las medidas cautelares dispuestas por la CIDH, que el Gobierno tome medidas de mayor contundencia, redoble los esfuerzos y, sobre todo, que sean sostenibles en el tiempo. Es bien sabido que son muchas las entidades y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como agencias de cooperación, tanto nacional como extranjeras, que han acudido en su ayuda ante el llamado clamoroso de la comunidad Wayüu, pero las mismas actúan sin orden ni concierto, cada quien por su lado. Los esfuerzos aislados, dispersos, puntuales, inconexos y sin mayor planeación y concertación con las autoridades tradicionales sirven de poco, máxime cuando muchos de ellos son esporádicos y de bajo impacto. Se requiere que el Gobierno asuma dicha coordinación, con el fin de que la acción sea más eficaz e integral, porque la problemática como está planteada tiene tres aristas, como son la cobertura en salud y saneamiento básico, el abastecimiento de agua y suministro de alimentos. La clave del éxito de dicha intervención está en la integralidad y sostenibilidad de la misma.

Creo que ha llegado la hora de acometer una estrategia envolvente, integradora de esfuerzos, incluyente de las comunidades y de focalización de la intervención por parte del Estado en sus distintos niveles a través de un Plan de choque, que bien lo puede delinear e instrumentar el Gobierno Nacional a través de una Directiva presidencial que expida el Presidente Santos. Además, se debe implementar en los municipios aludidos el nuevo Modelo de atención en salud establecido por el Gobierno Nacional aplicable a zonas aisladas y dispersas, como estos y dar curso al Documento CONPES para la erradicación de la pobreza en La guajira, el cual después de haber sido concertado se quedó en el borrador y hoy más que nunca resulta pertinente.  

 

Medellín, diciembre 21 de 2015

www.fnd.org.co

 

LAS CABAÑUELAS PETROLERAS

Amylkar D. Acosta M Si nos atenemos a la tradición de las cabañuelas, que supuestamente sirven para pronosticar el estado del tiempo durante el año calendario con base en el comportamiento de los primeros días de enero, aplicadas esta vez al mercado petrolero, este será un año en el que los precios del crudo se mantendrán igual de deprimidos a como comenzaron este año 2016.

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LA NUEVA NORMALIDAD

Nos tenemos que ir acostumbrando al petróleo barato, lo cual beneficia a los países consumidores, pero perjudica a los productores y exportadores, dando lugar a un juego de suma cero. No obstante, para el Nobel de economía Joseph Stiglitz sus efectos macroeconómicos si no suman cero, debido a la asimetría de la respuesta de unos y otros.

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APROBADA LEY DE LICORES

25 años después se expedirá la Ley de régimen propio de los licores.

➢Se espera una mejora en el recaudo de impuestos al consumo por parte de los departamentos

•Con la aprobación de la Ponencia del Proyecto de ley de licores en su último debate en la Plenaria del Senado de la República, pasa a sanción presidencial la Ley de régimen propio prevista en el artículo 336 de la Constitución Política, mediante el cual se regula lo atinente al mopnopolio rentístico de los licores .

•Uno de los aspectos más controvertidos de este Proyecto fue lo concerniente al ejercicio de dicho monopolio, el cual además de tener el caráter de utilidad pública e interés social  y cobija no sólo a la producción de licores, sino su comercialización y distribución y así quedó consignado en el texto final. Los departamentos contratarán la distribución a través de licitación pública, lo cual le dará mayor transparencia a su adjudicación.

•Quedó establecida una protección especial  para el aguardiente producido en el país, de manera que los departamentos podrán restringir la entrada del mismo y podrán suspender hasta por 6 años prorogables de permisos para su introducción. Hacia el futuro y con el propósito de dotar de un mayor blindaje del mismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyará los trámites necesarios para ampararlo mediante la denominación de origen. 

•Un aspecto clave de esta Ley es el relativo a la nueva estructura impositiva de los licores, ya que la actual pone en desventaja a los licores nacionales frente a los importados, dado que hoy se rigen por un solo gravámen específico, según el grado alcoholimétrico de los mismos, de $297 si es inferior a los 35 grados y de $487 si es superior por botella de 750 cc. 

•En el nuevo esquema se establece una combinación de un impuesto específico de $220 por grado alcoholimétrico y un impuesto ad-valoren del 25% del precio que debe pagar el consumidor final, descontándole el impuesto específico. De esta manera se nivela la “cancha”, pues los licores importados, que son más caros por ser de alta gama, pagarán proporcionalmente más de lo que venían pagando. El vino, por ser un aperitivo y además fermentado, a diferencia del licor que es destilado, se le dio un tratamiento diferenciado, con un impuesto específico de $150 y un ad-valoren del 20%. 

•Según los cálculos y proyecciones de la Federación de Departamentos y ACIL, que agrupa y representa a las fábricas de licores nacionales, según los análisis de sensibilidad y las simulaciones efectuadas, lleva a concluir que los departamentos se verán beneficiados por este nuevo esquema, el cual le significará un incremento del recaudo de impuestos al consumo entre el 18% y el 20% . Ello es tanto más importante si tenemos en cuenta que esta constituye la principal fuente de sus ingresos propios, como que representa el 41.2% de los mismos, que pasarían de $1.4 billones a  $1.8 billones (¡!). Adicionalmente los departamentos recibirán otro ingreso por concepto del 2% por derecho de explotación, el cual será incluido en los contratos que se firmen con los distribuidores. Es de anotar que estos recursos tienen como destinación específica la salud y la educación.

•Adicionalmente, se establece un IVA del 5%, descontable para la industria nacional que incurre en el mismo por cuenta de la fabricación de los envases, las tapas, etiquetas y demás, no así para los licores importados. Ello beneficia directamente a la producción nacional. 

•Para evitar que el mayor precio al consumidor final de los licores redunde en una caida de los ingresos por impuesto al consumo, además de estimular la ilegalidad, que hoy representa el 24%, de la cual la adulteración de licores participa con 17 puntos porcentuales y el contrabando con los 7 adicionales, se contemplan en la Ley varias medidas tendientes a contrarrestar estas actividades ilícitas. Se destacan entre estas:

a)En ejercicio del monopolio, los departamentos ejercerán el control no sólo de los licores sino del alcohol potable que sirve de materia prima para su fabricación.

b)El alcohol no potable que se produzca o se importe al país se desnaturalizará para evitar que el mismo termine en los alambiques como materia prima de la empresa criminal de la adulteración.  

c)Se dispondrá de bodegas, debidamente registradas y bajo la vigilancia de los departamentos, para el almacenamiento de los licores tanto importados como producidos en el país.

d)Se establece la prohibición de la compra-venta de los envases vacíos y al desecharlos los productores e importadores se obligan a su destrucción.

e)Los licores se catalogan como “producto sensible” que, al tenor del artículo 47 de la Ley anticontrabando 1762 de 2015 significa una mayor severidad en las penas y sanciones aplicables a los responsables de la comisión del delito de contrabando. 

f)El Ministerio de Hacienda tendrá un plazo de 6 meses para la implementación del Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR) para poder monitorear, hacerle seguimiento y registrar la trazabilidad de los licores que se comercialicen y distribuyan en todo el territorio nacional. 

g)Tanto los licores importados como los producidos en el país deberan ser objeto de marcación por parte de sus comercializadores y distribuidores, etiquetándolos con el nombre de la empresa responsable. 

h)En caso de la aprehensión y/o decomiso de licores de contrabando, quien lo comercialice se obliga a suministrar al Departamento que lo haga la información técnica y contable a efectos de establecer responsabilidades. 

 

Amylkar D. Acosta Medina

Diorector ejecutivo

Federación Nacional de Departamentos

Bogotá, octubre 4 de 2016

www.fnd.org.co

 

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