Aug 02, 2021 Last Updated 4:33 PM, Jul 26, 2021

UNA PROFECÍA AUTOCUMPLIDA

Visto: 427 times

Se entiende por profesía autocumplida la previsión o predicción que termina por convertirse por sí misma en la causa eficiente de su materialización. En ello juega un papel de la mayor importancia la percepción de los agentes de la economía, que es la que en última instancia determina su comportamiento.

Se fundamenta en el conocido Teorema de Thomas, un principio fundamental en sociología que se debe a William I. Thomas según el cual “si las personas definen situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias” . Este teorema tiene una connotación similar a la teoría de las “expectativas racionales” del Nobel de economía, el austríaco Friedrich Hayek. Traemos a colación este concepto a propósito de la pérdida reciente de la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia.

DE DÓNDE VENIMOS
Como antecedente es importante advertir que la calificación de la deuda se venía degradando mucho antes de que la economía y las finanzas del Estado entraran en barrena a consecuencia de la crisis pandémica que se desató a partir del segundo trimestre del año anterior, la cual no da trazas de amainar. Colombia, después de sortear con éxito la década perdida de los años 80 y salir indemne de la misma tuvo un traspié en 1999 que se tradujo en una contracción de la economía de 4.5%. Ello le valió la pérdida de la calificación inversionista de su deuda, que sólo pudo recuperar 12 años después, en 2011.

Moody´s Investors Service le rebajó su perspectiva de la deuda soberana, con la calificación Baa2, su segunda calificación dentro del rango de inversión más baja en los último años, de estable a negativa en el mes de febrero de 2018, advirtiendo que “las calificaciones de Colombia se rebajarían si los resultados de crecimiento se mantuvieran por debajo del potencial y si el nuevo Gobierno no pudiera presentar un plan creíble para la consolidación fiscal a medio plazo, o no pudiera obtener apoyo en el Congreso para las medidas fiscales adicionales bajo tal plan” .
Por su parte Standard & Poor´s (S & P), ya en el 2017 había bajado dicha calificación desde BBB a BBB- y finalizando el año 2018, al tiempo que ratificó su calificación en BBB- con perspectiva estable, al borde del grado especulativo, alertó que podría “degradar a Colombia en los próximos uno o dos años si nuestras proyectadas mejorías en su perfil externo, particularmente su apretado balance de deuda externa neta se estanca o da marcha atrás” .

LA ESPADA DE DAMOCLES
En marzo de 2020 S & P, aunque mantuvo la calificación anterior varió la perspectiva desde estable hasta negativa de la deuda soberana de la Nación, advirtiendo que “la perspectiva negativa indica nuestra visión de los riesgos a la baja para las métricas fiscales y externas de Colombia durante los próximos 18 meses” . Fitch, también le rebajó la calificación equiparándola con la de S & P, aduciendo que "la rebaja refleja el probable debilitamiento de las métricas fiscales claves, a raíz de la recesión económica causada por una combinación de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus" . Estábamos, entonces, advertidos de factores estructurales de vulnerabilidad ligados a la excesiva dependencia de la economía de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, los cuales conspiraban contra la sostenibilidad fiscal .
Así lo reconoció el Ministerio de Hacienda para justificar el fallido proyecto de reforma tributaria, al dejar claramente establecido que “la volatilidad en los precios del petróleo y su impacto en los ingresos petroleros, está inversamente correlacionado con el costo de financiamiento de la nación. Históricamente los precios del petróleo han estado correlacionados con el spread de deuda colombiana, de tal forma que caídas en el precio del commodity afectan el costo de financiamiento, ya que los acreedores exigen una mayor compensación por el riesgo de default (cesación de pagos) al estar la Nación expuesta al riesgo ocasionado por menores precios del petróleo” .

Cuando se precipitó la pandemia la calificación de la deuda soberana estaba a un solo escalón de perder la calificación inversionista y como se recordará en el primer trimestre del 2020 Colombia tuvo un choque externo muy fuerte con el desplome de los precios del petróleo y ya los precios del carbón venían en picada configurándose así la tormenta perfecta. A ello se vino a añadir la pérdida de confianza de las calificadoras de riesgo en las cifras oficiales que reportaba el Gobierno Nacional, debido a los malabarismos a los que había recurrido el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para mimetizar el déficit fiscal . El éxtasis y la autocomplacencia del Ministro lo llevaron a afirmar que, por primera vez en Colombia se registraba un superávit primario de 0.6% del PIB para el 2019 y una previsión de 0.7% para el 2020 . Pero, el escepticismo de las firmas calificadoras de riesgo en torno a las cifras oficiales era cada vez mayor.
Otro factor que contribuyó a la baja de la calificación de la deuda soberana fue el ascenso vertiginoso de la deuda y el endeudamiento público, el cual se aceleró con la estrategia seguida por el ex ministro Carrasquilla de emitir TES a tutiplén para saldar deudas y de esta manera hacer pasar gasto corriente por financiamiento para no afectar, en apariencia, el déficit fiscal. La justificó afirmando que “le vamos a decir a los mercados que la deuda que debemos estar amortizando no la podemos pagar toda, sino que necesitamos que nos hagan un préstamo de los vencimientos de capital y esa es otra gran fuente de financiamiento de los $271 billones” del Presupuesto del 2020. Ello explica en gran medida que la deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) pasara de representar el 44.9% en 2017 al 47.2% en 2018 cerró el 2019 en 52.3%, elevándose posteriormente al 61.% y se proyecta que puede llegar al 70% en 2021(¡!).
Desde luego, a consecuencia de la pandemia y la virtual parálisis de la actividad económica a consecuencia de las medidas de prevención, contención y mitigación de la misma, se afectaron todo los indicadores económicos, sociales y desde luego las cuentas del fisco, tanto nacional como territorial. El déficit fiscal, según el Ministerio de Hacienda, pasó del 2.5% en 2019 al 7.8% en 2020 y se proyecta en 8.1% para el 2021. Como la pandemia se ha convertido en el muro de las lamentaciones, el Gobierno le atribuye toda la responsabilidad del desbarajuste fiscal, en momentos en los que la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana se había convertido en una especie de espada de Damocles que pendía sobre la misma.

LA BAJA DE LA CALIFICACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS
El ex ministro Carrasquilla, en su afán de forzar el trámite por parte del Congreso de la República del fallido proyecto de reforma tributaria, a riesgo de perder la calificación inversionista sino la aprobaban, fue más lejos al afirmar que el Gobierno tenía caja sólo “para unas seis o siete semanas y por lo tanto, tenemos que estar constantemente en el mercado buscando recursos” de crédito. Por su parte el jefe natural del Centro democrático, el partido de Gobierno, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, twiteó que “sin los $90 billones que se requieren en 2021, no hay cómo pagar salarios del Estado”. Según el ex ministro carrasquilla, “lo peor que nos podría pasar como país sería una segunda oleada” de la pandemia y estamos en la meseta de la tercera.
Así las cosas no era de extrañar que las firmas calificadoras de riesgo, que se han arrogado, con el consentimiento de las autoridades económicas, la facultad de calificar y descalificar la deuda soberana del país, volvieran a revisar a la baja dicha calificación, como lo acaba de hacer S & P. Esta redujo la calificación desde BBB- con perspectiva negativa a BB+ con perspectiva estable, “en un contexto de elevadas presiones de gasto, que se ha traducido en una probabilidad significativamente menor de que Colombia mejore su posición fiscal luego de un deterioro reciente y marcado” . Según esta agencia, que se reputa como la principal en su género, "la pandemia de covid-19 exacerbó la debilidad del perfil fiscal de Colombia, aunque la tendencia al empeoramiento estuvo presente durante la mayor parte de la última década” . Utilizando el argot futbolístico, ello es tanto como si un equipo profesional descendiera de la categoría A a la categoría B!
Así no compartamos el odioso papel de cancerberas del gran capital que cumplen las calificadoras de riesgo, así como la oportunidad de bajar la nota por parte de S & P, haciendo abstracción de la contingencia de la pandemia y su impacto, lo cierto es que la nota asignada por ellos a la deuda soberana envía un mensaje del cual toman nota los inversionistas y los fondos de inversión, especialmente los extranjeros, con la consiguiente mayor depreciación del peso frente al dólar, amén del mayor costo de la deuda pública que se contraiga en adelante. En la práctica ello se traducirá en una mayor spread de la deuda, en un aumento en la prima de riesgo país y más altas tasas de interés a pagar por entrar a la categoría denominada irónicamente de “alto rendimiento” (high yield).

Por ello con la pérdida de la calificación inversionista de la deuda esta pasa a ser especulativa, muy próxima a los bonos “basura”, con todas sus consecuencias. Además, ello puede dar lugar a una estampida de los inversores y las inversiones, especialmente las de portafolio, dado que a muchos fondos de inversión, sobre todo aquellos de “renta fija”, les está vedado invertir en países que no gocen de la calificación inversionista, debido a la percepción de un mayor riesgo – país.
Es importante destacar que el efecto dominó y las consecuencias de la pérdida de la calificación inversionista se extiendió no sólo a las demás entidades y empresas estatales sino también al sector privado. De hecho, en la misma decisión en la que le rebajaron la nota a la deuda del GNC, también le bajaron la calificación a diez de ellas, entre las cuales se destacan Bogotá Distrito Capital, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), a la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), a ECOPETROL y a privadas como ISAGEN, el Grupo de Inversiones Suramericana (SURA) y DAVIVIENDA. Indudablemente este es un duro golpe a la economía y a las finanzas públicas, convirtiéndose además en un freno al proceso de recuperación y de reactivación.

A REPENSAR LA REGLA FISCAL Y EL MODELO ECONÓMICO
Finalmente, quiero llamar la atención sobre dos circunstancias que deben ser analizadas concienzudamente por parte del Gobierno y no solamente por parte del Gobierno sino también por parte de la Academia y los centros de pensamiento en orden a enfrentar con éxito este reto. En primer lugar, es indispensable repensar, replantear y reconsiderar la Regla fiscal, su funcionamiento y operatividad, así como la integración de la Comisión consultiva de la misma, para que esta deje de ser un apéndice del Ministerio de Hacienda.
Un aspecto a considerar, a propósito de la Regla fiscal, tiene que ver con la deuda, porque, como lo acota el ex vicepresidente de ANIF Nelson Vera, al tener como único objetivo la reducción del déficit fiscal “la deuda pública en cabeza del GNC prácticamente se ha duplicado del 35% al 60% del PIB y se perfila hacia el 70% del PIB en los próximos años, razón por la que es necesario que la Regla gire hacia un esquema de deuda objetivo, haciendo la analogía con la inflación objetivo del Banco de la República” .
De otra parte, el único camino que nos permitirá no sólo recobrar la calificación inversionista de la deuda, espantar el fantasma de la pérdida de la misma y sobre todo recobrar la menguada confianza inversionista bien entendida, así como garantizar hacia el futuro la solidez y consistencia de las finanzas públicas, es el de la diversificación del aparato productivo del país, para lo cual se requiere una estrategia de Transformación productiva de largo aliento, desmarcándose del modelo económico dependiente en exceso de la actividad extractiva, siempre expuesta a los altibajos de sus ciclos y a la volatilidad de los precios de los commodities. Este debe ser el Norte que nos conduzca a una nueva normalidad, de una economía con un mayor ritmo de crecimiento, contando con un Modelo que promueva la cohesión y la inclusión social. Ello amerita y es mi llamado pactar un nuevo contrato social!

Bogotá, mayo 28 de 2021
www.amylkaracosta.net


Los más destacados

EL ENVIADO ESPECIAL

26 Jul 2021 Opinión

LA MOVIDA EN EL CERREJÓN

26 Jul 2021 Opinión

¿HASTA CUÁNDO?

26 Jul 2021 La Guajira

LA CAF: UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD

26 Jul 2021 Economía Internacional

LA GUAJIRA: VISIÓN 2050

26 Jul 2021 La Guajira

Sígueme en Facebook