Jan 20, 2022 Last Updated 12:41 PM, Dec 31, 2021

EL FANTASMA DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL

Categoría: Economía Nacional
Visto: 1169 times

REFORMAS A PORRILLO

Acaba de concluir el segundo período de la primera legislatura del actual Congreso; el Gobierno se declaró tan satisfecho por sus resultados que el Ministro del Interior y Justicia Germán Vargas no dudó en destacar que “el Congreso responde al cien por ciento” a la agenda legislativa del ejecutivo. Y no es para menos, habida consideración del cúmulo de proyectos de ley y de actos legislativos que fueron tramitados y aprobados, en su inmensa mayoría de iniciativa gubernamental. A las 29 enmiendas que había acumulado la Constitución de 1991 hasta el 2010 (13 de ellas durante los dos períodos de Uribe), a través de las cuales se reformaron 49 artículos de la misma, unas anodinas y otras dañinas, se vienen a sumar ahora seis más. Entre los proyectos de actos legislativos que pasaron a sanción presidencial, para de este modo reformar por enésima vez la veinteañera Constitución Nacional, se destaca el que establece como “criterio” constitucional la sostenibilidad fiscal. Sobre este último adujo el Presidente Santos que tiene “un sentido bien definido: no limitar derechos sino hacerlos más eficaces y equitativos”. Sólo que hay que develar sus contenidos para observar la procesión que va por dentro.

Adujo el Presidente Santos en el curso del acto de su promulgación en la Casa de Nariño que “también es un derecho de todos los colombianos tener una economía sana, una economía saludable porque solamente así se pueden garantizar el resto de los derechos…Con la introducción de la sostenibilidad fiscal como criterio, se va a tener que tomar en cuenta la repercusión sobre la salud económica y fiscal del país de muchos fallos”. Olvidó el Presidente que el intento de convertir la sostenibilidad fiscal en “derecho de todos los colombianos” no prosperó en el Congreso y que este optó más bien por matizar la iniciativa gubernamental consagrándolo sólo como criterio. Insiste el Presidente  en el sermón del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, en el vano intento de hacer creer que con la misma no se trata de “limitar derechos sino hacerlos más eficaces y equitativos”. Muy sutilmente se trata de plantear un dilema entre los derechos fundamentales que son individuales y este otro que se reputa como colectivo, insinuando de esta manera que retornemos al viejo paradigma de que prima el interés general sobre el particular, lo cual es contrario al espíritu de la Carta. Ello es tanto más peligroso en el contexto en el que nos movemos, toda vez que la anterior administración dejó sentada la doctrina de que ni siquiera existen los derechos adquiridos, pues estos han devenido en expectativa de derechos.


DE DERECHO A CRITERIO

En efecto, la propuesta inicial fue la de entronizar la Sostenibilidad Fiscal como derecho fundamental en la Constitución, pero los expertos le hicieron ver al Gobierno que los derechos fundamentales son individuales; luego intentaron establecerlo como derecho colectivo y tampoco les funcionó, lo cual los llevó a optar por establecerlo como principio constitucional. Esto último era peor, pues significaba nada menos que equiparar el principio de la sostenibilidad fiscal con el del Estado Social de Derecho, entrando en conflicto el uno con el otro, lo cual era a todas luces absurdo. Estos bandazos llegaron a comprometer la suerte misma del proyecto en su trámite congresional, amén de que la firme posición que hasta entonces había asumido el Partido Liberal, el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo le impedía contar con los votos necesarios para la aprobación de este esperpento.  Se planteó entonces que el manido “marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva y programática los objetivos del Estado Social de Derecho”. La discusión se centró en la semántica del alcance del término fungir y empantanó el debate. 
En este momento fue cuando surgió la fórmula conciliadora, que a la postre se convirtió en su salvavidas: el senador Jesús Ignacio García, planteó que en vez de principio, la sostenibilidad fiscal sea sólo un criterio. "El criterio desarrolla la colaboración armónica de los poderes para evaluar el impacto fiscal de las inversiones. Cuando haya una decisión judicial que afecte las finanzas se podrá negociar para que la sentencia sea modulada", explicó el senador Luis Fernando Velasco. Y para tranquilizar o adormecer los espíritus de quienes aún se mostraban renuentes a aprobar esta entelequia, se añadió un parágrafo al artículo primero en estos términos: “bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales”.  Y así fue, con fórceps, cómo se logró dar a luz este esperpento jurídico. En todo caso, como lo afirma el ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, “Este proyecto, no hay duda de que es negativo desde el punto de vista de la autonomía de los jueces”. La Ley 270 de 1996 dispone sabiamente que nadie puede “insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias” y ello es lo que en últimas está en juego. Ello es tanto más cierto, en la medida que, como lo advierte El Espectador, “el criterio de sostenibilidad fiscal podría entrar a reñir con la llamada doctrina de ‘persistencia del estado inconstitucional de cosas’, que se refiere no a la violación de los derechos de un individuo, sino a la violación sistemática de derechos fundamentales. Doctrina en la cual se basó, por lo demás, la Sentencia T – 025 de 2004 con la cual la Corte Constitucional obligó al Gobierno a asistir a los desplazados del conflicto armado…Su capacidad de control, puede verse ahora disminuida”. Se pretende por esta vía obligar a los magistrados y a los jueces a modular sus fallos o a diferir su aplicación y, como bien lo advierte el ex constituyente Gustavo Zafra, “la vía de las ´Sentencias  moduladoras´ que utiliza la Corte para proteger la integralidad de los derechos no ha resultado efectiva. ´se obedece pero no se cumple´fue la respuesta del Banco de la República ante sentencias tan significativas como la del UPAC, la de objetivos múltiples (no sólo reducir la inflación) y otras de keynesianismo moderado. Lo mismo harían los tecnócratas de todos los gobiernos, si se les deja el campo libre”.
Si de lo que se trataba era de hacer “más eficaces y equitativos” tales derechos no era absolutamente necesario reformar la Constitución para procurarlo. Como lo han hecho otros países, es el caso de Chile, bastaba con establecerlo por ministerio de la Ley. Como lo señala El Espectador  “La idea general detrás de la sostenibilidad fiscal tiene sentido: el Estado no puede adoptar sendas de gasto en el presente que impidan su capacidad de seguir gastando en el futuro;  la necesidad de garantizar la viabilidad del Estado es irrefutable”, ello se cae de su peso, pero es acaso este el camino más indicado? Es obvio, como nos lo explica el jurista Gustavo Gallón que “nunca hay suficiente dinero para satisfacer todas las necesidades de una sociedad. Esa es una regla universal. El dilema entonces es a qué gasto se le da prelación”. Este es el qüid del asunto. Y tal como está planteado en la Ley que establece la Regla Fiscal, hermana siamés del proyecto de marras, se sigue que “la limitación de los gastos del Estado a los recursos presupuestados, sería la condición ´para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho´…A pesar de que falta mucho para asegurar en Colombia la realización de estos derechos, ya algunos se han reconocido como obligatorios, y en eso no puede haber retrocesos, pues sería contrario al bloque de constitucionalidad”. 
DURA LEX, SED LEX
Los mismos fines, los mismos propósitos que se plantean ahora tanto con la sostenibilidad como con la Regla fiscal fueron los que se en su momento se invocaron para expedir la Ley de saneamiento fiscal (Ley 617 de 2000) y la Ley de Responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003), que también son reglas fiscales y ambas buscan garantizar la sostenibilidad fiscal. Lo único que ha faltado, además de la disciplina fiscal es la voluntad política para meter en cintura el gasto y salvaguardar los ingresos públicos.  El Ministro Echeverry se ha planteado una “meta para alcanzar el equilibrio fiscal adecuado. Encontramos un déficit del 3.6% y lo vamos a llevar, en 2014, al 0.6%  La Regla especifica la senda para pasar de una situación a otra”. Cómo lograr tal cometido? Cuando se recurre a la Sostenibilidad Fiscal, ya sea como derecho o como criterio, se parte de una premisa falsa, cual es la de endilgarle la responsabilidad del crónico desbarajuste fiscal del Gobierno Central a los fallos judiciales que amparan el efectivo goce de los derechos económicos y sociales prescritos en la Constitución. 
Como lo sostiene el ex ministro de Hacienda e investigador de Fedesarrollo Guillermo Perry, “la Corte Constitucional, al caracterizar como fundamentales algunos derechos económicos y sociales y al entrometerse en las funciones del poder legislativo en estos campos, ha causado traumatismos graves en el funcionamiento y la viabilidad financiera del sistema de aseguramiento de salud y del mercado de crédito a la vivienda, así como en las finanzas del Estado”. Por ello, no quedó contento con el texto final, pues, para él “lo adecuado hubiera sido reconocer expresamente que la sostenibilidad fiscal es un derecho de carácter colectivo”.  Ah, con que esas tenemos, es la Corte la responsable de los graves traumatismos que acusa el sistema de aseguramiento de salud y no la corrupción que se empotró en el mismo; fue la Corte la responsable de la crisis del sistema UPAC y no las desatinadas decisiones que tomó en su momento la Junta directiva del Banco de la República, amén de la improvidencia del sistema financiero. Él coincide con Mauricio Reina, también investigador de Fedesarrollo, quien teme que al haber trocado la sostenibilidad fiscal de “principio” a “criterio”  le reste su efectividad “…para controlar el gasto público que alegremente suelen ordenar los poderes legislativo y judicial”. En la misma línea está la Revista Dinero; para esta, a través de este Acto legislativo se “podría limitar el alcance de las sentencias de la Corte, que es uno de los caminos por los cuales el Estado se ha visto obligado a aumentar significativamente el gasto público…La Ley de sostenibilidad fiscal busca, precisamente, ponerle coto a esa chequera abierta de la Corte, sobre la cual puede girar libremente y sin límite y sin la necesidad de sopesar los distintos gastos”, aunque admite que “no es evidente que el Ejecutivo asigne el gasto mejor o más razonablemente que la Corte”. Si los ciudadanos han tenido que recurrir a los jueces y estos han tenido que salvaguardar sus derechos económicos y sociales, es porque estos les han sido conculcados; la Corte Constitucional no se puede cruzar de brazos ante tanto desafuero, pues al fin y al cabo es la guardiana de la Constitución Política y esta es garantista, mal que le pese a sus detractores; lo que ha hecho la Corte es corregirle la plana al Gobierno y el Congreso de la República cuando estos han faltado al mandato constitucional. Sí, “la Constitución cavernaria que (de hecho) nos rige en lo económico y social”, según el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que tanto la abomina. Dura lex, sed lex!
Es evidente, entonces, que este Acto legislativo tiene en la mira es a la Corte Constitucional y a la Rama judicial, particularmente en lo tocante con las tutelas que amparan los derechos sociales y económicos. Uno de los asesores de Palacio en esta materia, el ex magistrado de dicha Corte, Eduardo Montealegre, le da sustento a esta embestida. Según él, “en el derecho moderno hay una corriente muy importante que se llama el consecuencialismo, que dice que el efecto e impacto económico que tenga un determinado fallo judicial, debe ser un elemento de valoración al momento de la protección de los derechos… los derechos económicos y sociales son de realización progresiva, es decir, que el Estado tiene que darle satisfacción a esos derechos económicos y sociales en la medida en que  las condiciones sociales del país lo permitan”. De allí el rechazo que ha despertado esta iniciativa entre los entendidos, puesto que atenta contra el efectivo goce de los derechos económicos y sociales, esto es, contra el Estado Social de Derecho, quintaesencia de la Constitución de 1991. Por ello, en nuestro concepto, le asiste toda la razón al ex constituyente Gustavo Zafra cuando afirma que “así como en el pasado llamamos ´Convivir´ a la máquina de la muerte de los derechos civiles, ahora aparecen el ´Principio de Sostenibilidad´ y ´La Regla Fiscal´ como la máquina de la muerte de los derechos económicos y sociales”. En el  mismo sentido se pronunció el ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández: “la función de las autoridades consistente en ‘asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’ será tan sólo una ilusión, porque siempre tropezará con el fantasma de lo fiscalmente sostenible. Ha quedado en el limbo lo proclamado por el artículo 366 de la Constitución, a cuyo tenor ‘el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades del Estado’. Y obviamente, ya no será objetivo fundamental de su actividad”, lo cual es muy grave.  
LA ECUACIÓN COMPLETA
Concordamos con la ex ministra Cecilia López en que “nadie sensato puede aprobar el ya histórico descuadre de las finanzas públicas y oponerse a la necesidad de tener políticas anti-cíclicas y no procíclicas como las del largo periodo Uribe, pero hay muchas formas de ‘cuadrar caja’, reduciendo gastos o aumentando ingresos. Con la mano en el corazón (el del lado izquierdo) dígame, ¿a usted le parece manejable un país donde la carga de impuestos sobre PIB es del 13,5%? ¿Le parece justo que los ricos no paguen impuestos y todos sus gastos aparezcan como costos de sus empresas? ¿Y qué opina de los trucos de algunos exportadores que exportan a una de esas famosas islas al costo y de allí si exportan al precio real para evadir impuestos en Colombia? Nadie quiere espantar a las empresas con más impuestos, ni subirle más a los asalariados, pero, ¿considera justo más IVA en un país lleno de pobres?”. La Corte Constitucional ha sido enfática al dejar claramente establecido que “la carta Política no ha acogido un modelo económico determinado, exclusivo y excluyente” como el que ahora se pretende imponer por la puerta de atrás so pretexto de que “la política social y la sostenibilidad es lo mismo”.
Estos son asuntos contenciosos, de la mayor importancia y su discusión no se puede seguir eludiendo por más tiempo. Se pregunta ella también “¿por qué los derechos y no los gastos de guerra? Si la estamos ganando, ¿por qué gastamos lo mismo que cuando la estábamos perdiendo?”. De hecho Colombia destina en promedio $50 billones anuales para inversiones y la Seguridad y la Defensa absorben buena parte de ellos, unos $14 billones cada año aproximadamente, muy por encima de otros rubros como educación y salud. Es más, “de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigaciones de Paz, de Estocolmo, Colombia  está entre los 20 países con mayor gasto en defensa del mundo, con un volúmen anual superior a los $20 billones, equivalentes a 3.7% del PIB”. Para Ricardo Ávila, Director de Portafolio, “especialmente llamativo es el rubro de intereses, pues los correspondientes a la deuda externa se reajustarán en 30% y los de la interna en 13%, a pesar del comportamiento de la tasa de cambio y de la abundante liquidez internacional. El cálculo es que al cierre del 2011 el fisco habrá pagado $17.7 billones por este concepto”.
Insistimos en la importancia de tomar en consideración los dos miembros de la ecuación de las finanzas públicas: ingresos y gastos. Y hablando de ingresos, sigue siendo motivo de preocupación la tronera que le ha significado al fisco la profusión de gabelas impositivas al gran capital. Según el más reciente reporte del Ministerio de Hacienda, a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) ajustado,  “las arcas del Estado dejaron de recibir tributos por 9.1 billones de pesos el año pasado” por cuenta de las mismas. Esta cifra se aproxima a todos los ingresos que aspira a recibir el país por concepto de regalías hacia el año 2013 (¡!). Con menos de eso, espera el Gobierno Nacional llevarle acueducto y alcantarillado a 5 millones de colombianos que carecen de tan vitales servicios básicos. Y eso que se quedó corto el MFMP en el cumplimiento de la Ley 819 de 2003, pues omitió el costo fiscal de las zonas francas o el costo fiscal que representan las 19 exenciones existentes al Gravámen a los Movimientos Financieros (GMF), 4 X 1.000. Como lo advierte el consultor Mauricio Cabrera, “con la eliminación de algunas de estas exenciones, que se hizo en diciembre pasado, el recaudo esperado para el 2011 pasó de $3.2 billones a $4.5 billones, lo cual significa que el costo fiscal de las exenciones eliminadas era de $1.3 billones. Falta ver cuánto valen las exenciones que todavía quedan”. 


Al desglosar dicha cifra podemos establecer que $8.53 billones corresponde al costo fiscal de los beneficios otorgados en impuesto de renta, equivalente a 1.6 puntos del PIB. El mayor peso de tales prerogativas con el 46.3%, es decir $3.9 billones, hace relación a la deducción por inversión en activos fijos, le siguen en su orden las rentas exentas con el 47.9% y finalmente los descuentos tributarios con el 5.8%. Entre tanto, el costo fiscal en materia de IVA (entre bienes y servicios exentos y ecluidos)  asciende en números redondos a la suma de $573.000 millones, equivalente a 0.1 punto del PIB. Vale la pena resaltar el hecho que, pese a la dismunición en 10 puntos en el beneficio de la decucción por inversión en activos fijos que pasó del 40% al 30%, lo que la Nación dejó de recaudar se incrementó en un billón de pesos con respecto al año gravable 2009. Pero, también pone de manifiesto que tal medida no resintió la inversión sino que “por el contrario, se incrementaron en una tasa cercana al 28%”. Ahora bien, lo más preocupante es que tales cambios no afectan a aquellas empresas que se acogieron a los contratos de estabilidad jurídica, de los cuales se han aprobado 67 desde 2006, las cuales hacen parte del club de las intocables,  y están haciendo cola para su aprobación 162. 
APRETADITOS
En tales circunstancias asombran los anuncios del Ministro de Hacienda, en el sentido que está pensando seriamente en bajar tarifas impositivas. Pero, cuáles? En concepto del Ministro, “aquellas que afectan la rentabilidad de los empresarios. Esta es una reforma para atraer, expandir, más volúmen de negocios. La reforma deberá ayudarnos a bajar el desempleo a un dígito, paulatinamente”. Con esta misma disculpa, pretextando el estímulo a la inversión productiva y la generación de empleo, es como se ha reducido ostensiblemente la carga impositiva al gran capital al tiempo que se le carga la mano a las rentas de trabajo y sobre todo a los impuestos indirectos, que son por naturaleza regresivos, especialmente al IVA. Por esta vía, el Estatuto tributario se seguirá apartando de los prescrito en la Constitución, en el sentido que debe ser equitativo, eficiente y progresivo. Ya se está hablando de “unificación” y “nivelación”, seguramente por lo alto, de las tarifas del IVA, en lugar de taponar la gran evasión que supera los $7 billones anuales y evitar que quienes lo recauden se los embolsillen. Este es el mismo socorrido argumento, en el cual insisten ANIF, la ANDI y Fedesarrollo, para desmontar la “carga” parafiscal, por considerar que es esta la causa de los altos índices de informalidad laboral.  Y ello, a pesar de que, como lo hace notar un Informe reciente de la OIT y la CEPAL “el poder de compra de los salarios en el país tuvo un escaso crecimiento en el año completo terminado en marzo, superado por cinco países del ocho del continente”. Y esto en un país que es el campeón en inequidad en el concierto de naciones. Según la prestigiosa revista The Economist “el 10% más pobre de la población en Colombia tiene ingresos veinticinco veces menores que el 10% más rico”. Ello es inquietante. Una pregunta para el Presidente Santos: hasta donde las propuestas del Ministro de Hacienda se compaginan con la Cartilla de la Tercera Vía. Hasta ahora su diagnóstico, recetas y prescripciones van más en la línea del fracasado Consenso de Washington y los hechos son tozudos.
LA APERTURA HACIA ADENTRO
Al parecer el Ministro de Hacienda abriga la esperanza que la tan cacareada bonanza minero-energética lo saque de apuros y le ayude a superar las aulagas fiscales que ya se avizoran, porque a la anunciada rebaja de impuestos a las empresas, le vino a sumar la desgravación arancelaria que decretó recientemente. A través de los decretos 4114 y 4115 de 2010 el Gobierno Nacional rebajó unilateralmente el arancel nominal del país de un promedio del 12.2% al 8.3%.  Supuestamente esta reforma aceleraría el crecimiento en un 0.22%, crearía 150.000 nuevos empleos y elevaría las importaciones en US $2.500 millones (un 7% en dólares). Desde luego, nada de ello ha sucedido y como siempre nos quedamos con el pecado y sin la gracia.  Este paso que se acaba de dar es apenas comparable con la desgravación arancelaria de la década de 1990 cuando se recortó el arancel de 22.5% a cerca de 11% y se llevó la gran mayoría (98%) de las posiciones arancelarias a libre importación. Huelga decir que, como lo señala ANIF, “este tipo de medidas deja sin algo de piso las negociaciones de los TLC…dando dádivas a cambio de ningún esfuerzo de las contrapartes”. Ello resulta más inverosimil, en momentos  en que en el resto del mundo soplan vientos proteccionistas. Según Andrés Espinosa Fenwarth, Asesor del despacho del Ministro de Agricultura, “la OMC encontró que entre octubre de 2010 y abril de 2011, los miembros del G – 20 impusieron 122 nuevas restricciones comerciales equivalentes al 0.5% del comercio mundial, el doble de lo registrado en el período de mayo a octubre del 2010. Después del estallido de la crisis global desatada por la quiebra de Lechman Brothers en septiembre de 2008, las econonomías del G- 20 han impuesto 550 medidas que restringen de manera preocupante el comercio global. A nivel sectorial, el 16.5% golpea la agricultura y el restante 83.5% a la industria. ¿ Y en qué estamos en Colombia? A la penúltima moda”.
Este paso en falso de la política de comercio exterior además de inoportuno tiene un costo fiscal nada despreciable, del orden de $1 billón, equivalente a 0.2% del PIB. Concomitantemente se le ha asestado un duro golpe a la producción y a la industria nacional. De acuerdo con ANIF, “se desgravaron productos sensibles, tales como textiles, productos metálicos y productos de caucho y plástico, entre otros, enfrentándolos a la feroz competencia de China y EEUU, en momentos en que la tasa de cambio real continúa sobreapreciada en cerca de un 10%-15% y no hay posibilidad de compensar a sus empresarios reduciéndoles sus sobrecostos de transporte por graves atrasos en la Agenda Interna…con una tasa de cambio sobrevaluada en un 10%-15%, se sustituiría producción nacional por extranjera, especialmente de fabricación china. Este efecto puede entonces acelerar la desindustrialización causada por el auge minero-energético”. Así se entiende la razón por la cual se han disparado en más de un 37.6% (con un aporte de 4.5 puntos porcentuales  a la variación total) en los primeros cuatro meses del año con respecto a igual período del año pasado las importaciones provenientes de China, convirtiéndose en unos de sus mayores proveedores. Los fabricantes de calzado en Colombia están aterrados; como dijo Luis Gustavo Flórez, Presidente del gremio, “nos tienen perplejos y con una gran preocupación”. Y no es para menos, pues las importaciones de calzado crecieron en los primeros cuatro meses del año el 68% (¡!) y, lo más atortolante, uno de cada cinco pares de zapato importados legalmente durante dicho lapso costaba un dólar o menos puesto en el mercado nacional. Durante los primeros cuatro meses del año las importaciones originarias de China acumularon un crecimiento de 50% (¡!), las de Japón 58.2% (¡!) y las de Corea 27.1%. Para este mismo período, el 12.7% del total de las compras externas realizadas por Colombia fueron originarias de China, 3%  de Japón y 2.2% de Corea, para un acumulado de 17.9%. Se ufanarán los aperturistas de que estamos llegando a los mercados del lejano Oriente, pero no para vender sino para comprar; se repite la historia de los años 90, la apertura hacia adentro: las compras externas originadas en el país asiático alcanzaron los US $522.6 millones, las de Japón US $119.2 millones y las de la República de Corea US $100.5 millones. 
LA VENA ROTA DE LA CORRUPCIÓN
Si las gabelas impositivas conspiran y de qué manera en contra de la sostenibilidad fiscal, igual que lo hace esta atolondrada y costosa desgravación arancelaria, qué decir de esa vena rota en que se ha convertido la corrupción en el país. Esta, además de su efecto deletéreo y devastador desde el punto de vista ético, la corrupción conlleva un alto costo económico que se ha llegado a calcular en 4 puntos del PIB, el cual curiosamente  tiene el mismo peso del tributo que tiene que pagar año tras año nuestro atribulado país por cuenta de la violencia que lo agobia y asola. En un Informe que rindió el entonces Zar Anticorrupción Oscar Enrique Ortíz Gonzalez, dijo: “hicimos una aproximación a partir de un estudio de 2008 de la Universidad Externado de Colombia y Transparencia por Colombia. Según esa Encuesta, el promedio del valor de un soborno para acceder a la contratación pública era del 12.9%. Al aplicar ese porcentaje  al presupuesto de inversión de la Nación para 2009, que es de $30 billones, el resultado es de $3.9 billones a precios reales de hoy”. En uno de los episodios más recientes de esa seguidilla de escándalos de la contratación pública, destacaba el Contralor Delegado  de la CGR para Infraestructura Nelson Isaziga cómo adiciones por cerca de $13 billones fueron detectadas en 18 concesiones del INCO. Explicó que los contratos tenían un costo de del orden de los $11 billones y que estas adiciones superaron el límite legal (Ley 1150). Y fue más lejos al denunciar “concesiones de $100.000 millones con una adición de $1 billón”. Bien dijo la Contralora General de la República Sandra Morelly,  “la dimensión económica de la corrupción podría, de seguir su dinámica actual, poner en riesgo la sostenibilidad financiera del país”. 
PRUEBA DE FUEGO

La primera prueba de fuego de este recién aprobado acto legislativo la tendrá en la Corte Constitucional, la cual habrá de determinar hasta dónde el mismo “va en contravía de ese paradigma de Estado Constitucional y Social de Derecho, consagrado en la Carta Magna de 1991, cambia la jerarquía natural de sus principios y constituye por ello una sustitución de la esencia de nuestra Constitución, la que está siendo cambiada para poner la sociedad al servicio de la economía y no al revés”. Porque, de ser así la Corte no dudaría en declarar su inexequibilidad, al considerar que “el poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene límites materiales, pues la facultad de reformar la Constitución no tiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla”. En sus 20 años de vigencia la Constitución Política expedida en 1991 enfrenta con este Acto legislativo su mayor prueba.

Bogotá, julio 5 de 2011
www.amylkaracosta.net


Los más destacados

UNA MOCIÓN DE DUELO

31 Dic 2021 Opinión

UN SALTO AL VACÍO

31 Dic 2021 Opinión

LA DÉCADA PERDIDA

31 Dic 2021 Economía Nacional

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

31 Dic 2021 Opinión

Sígueme en Facebook