Oct 21, 2019 Last Updated 3:20 PM, Oct 16, 2019

DE LA LICENCIA SOCIAL

“Somos empresas viables en regiones que no lo son y por eso es necesario que hagamos contribuciones para mejorar sus condiciones de desarrollo social y económico”

Javier Gutiérrez, Presidente de Ecopetrol

 

Acaba de proferir la Corte Constitucional la Sentencia C-123 calendada el 5 de los corrientes, a través de la cual declara exequible el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, a través del cual se establece expresamente y de manera perentoria la prohibición a la autoridad regional, seccional o local de “establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”. La demanda inicial fue contra el artículo 2º del Decreto 934 de 2003, reglamentario del artículo 37 del Código de Minas, pero derivó en la demanda de inconstitucionalidad de este. Ya en sentencias anteriores (C-339 de 2002, C-891 de 2002 y C-568 de 2003) la misma Corte había sentado doctrina sobre el particular, de modo que con este fallo lo que ha hecho es confirmar su propia jurisprudencia al respecto. 

Se alegaba por parte de la demanda que dicho artículo transgredía los artículos 79  y 313 de la Constitución Política, atinentes a la protección al medio ambiente y el uso del suelo, respectivamente. La tensión entre la autoridad nacional y las autoridades municipales en torno a la competencia para la autorización de la realización de actividades de exploración y explotación minera había llegado a su clímax con la proliferación de procesos de consultas populares para decidirlo por parte de los municipios, como ya ocurrió en Piedras (Tolima) en el caso de la actividad minería y en Tauramena (Casanare) para la actividad hidrocarburífera. 

La Corte con su fallo pone las cosas en su sitio: al declarar exequible deja claramente establecido que es la Nación quien “determina las políticas relativas a la explotación de recursos naturales” ; eso sí, “siempre y cuando en el proceso de autorización para la realización de actividades de exploración y explotación…se tengan en cuenta los aspectos de coordinación y concurrencia, los cuales fundan el principio constitucional de autonomía territorial” . De esta manera se compagina por parte de la Corte el contenido de los artículos 332 de la Carta, que reconoce al Estado “como propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables”, con el artículo 1º de la misma que consagra a Colombia como “un Estado social de derecho…con autonomía de sus entidades territoriales”.

No podemos estar más de acuerdo con la Honorable Corte Constitucional, pues, habida cuenta que todo proyecto extractivo, trátese del recurso minero o hidrocarburífero, conlleva un impacto económico, social, ambiental y cultural en el territorio en donde operan las empresas que lo desarrollan y por ello es apenas justo que la Nación al momento de autorizar dicha actividad “deberá dar la oportunidad a las entidades municipales o distritales involucradas de participar activa y eficazmente en dicho proceso, mediante acuerdos sobre la protección de cuencas hídricas y la salubridad de la población, así como, del desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades” . Es decir, que el acuerdo versa sobre las medidas de mitigación y/o compensación de dicho impacto, conservando incólume la Nación su facultad para autorizar “la realización de actividades de exploración y explotación”. Dicho de otra manera, las autoridades territoriales carecen, tal como enantes, del poder de veto, esto es de excluir parte o todo el territorio bajo su jurisdicción de la actividad minera.  

Y esto es lo que hemos venido haciendo. Desde que asumí la cartera de Minas y Energía he sido reiterativo al indicar que las empresas para operar, además de contar con la licencia ambiental y tramitar las consultas previas cuando hay lugar a ellas, deben contar con la Licencia Social, entendida esta como el asentimiento de las comunidades asentadas en el entorno en donde se desarrollan los proyectos. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) al momento de expedir la licencia ambiental, con una mano se la entrega a la empresa que va a ejecutar el proyecto y con la otra mano le entrega el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual corre por cuenta de la misma. 

En cambio la Licencia Social, por no existir norma legal alguna que la sustente, no cuenta con ninguna instancia de gobierno que la expida, se la tienen que ganar las empresas a través de su Responsabilidad Social (RSE), que de ser algo voluntario ha devenido en ser un imperativo, a través de las buenas prácticas tanto en el plano operacional como en el social y ambiental. Sólo así se ganan la confianza de las comunidades. Se trata de que hagan por las comunidades lo máximo posible y no sólo lo mínimo necesario o limitarse a lo exigido por la Ley. Para ello es menester que también se cuente con un Plan de Gestión Social (PGS) y en ello estamos trabajando a todo vapor de la mano con las empresas. Esta Licencia, además de insalvable, es imprescindible, a riesgo de que los proyectos se puedan tornar inviables.

El Gobierno Nacional no es ajeno a este propósito, por el contrario estamos seriamente comprometidos en la misión de que en Colombia se dé una minería responsable, que se traduzca en beneficios tangibles para las comunidades en  lo social y mitigue su impacto ambiental; no extractivista, que sólo sirva a las empresas. Con tal fin se suscribió por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) un Acuerdo de Cooperación de asistencia técnica y financiera con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para implementar su “estrategia para apoyar la gestión sostenible y equitativa del sector extractivo para el desarrollo humano”. En cuanto a lo ambiental se refiere, desde el Ministerio de Minas y Energía (MME), en concurso con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), hemos venido aplicando a pié juntillas el principio de precaución contemplado en la Constitución (artículos 8, 79, 80, 289 y 334), así como en la Ley 99 de 1993, declarada exequible por la Corte Constitucional (C-293 de 2002). Justamente en aplicación de este principio el titular del MADS Frank Pearl expidió la Resolución 1518 de 2012.  

Es claro para el Ministerio de Minas y Energía que este fallo de la Corte Constitucional, lejos de girarle un cheque en blanco al Gobierno Nacional o a las empresas mineras, nos dice que tenemos que seguir profundizando los espacios de diálogo y de concertación que hemos venido implementando a través de las mesas que se han venido activando en donde quiera que se presentan los conflictos de las empresas con las comunidades y allí en donde no se han presentado para desactivarlos. De la misma manera que, en el entendido que el Estado es uno sólo, hemos venido propiciando el alineamiento de las autoridades nacionales con las territoriales mediante la colaboración armónica de unas y otras. 

El sector Minero Energético es una de las cinco locomotoras para el crecimiento y la prosperidad para todos, como que representa el 10.3% del PIB, más del 70% que recibe el país en divisas por sus exportaciones, captura el 56% de la Inversión Extranjera Directa (IED) y es la caja registradora a través del cual se captan los recursos con los que se financia el Estado. Basta con decir que en 2012, la Nación recaudó entre impuestos, regalías y dividendos $31.4 billones, equivalente al 24.9% de los ingresos corrientes de la Nación y nada menos que al 80% de todo el presupuesto de inversión para ese mismo año. Pero, como lo ha dicho el Presidente Santos, no se trata de asegurarnos tales recursos a cualquier precio; por eso hemos dicho que en materia de minería e hidrocarburos se trata de trata de hacer correctamente las cosas correctas, de manera responsable, de tal manera que sea compatible la actividad minero energética con la sostenibilidad social y ambiental. Para ser más claro, digamos con todas sus letras, que esta es una locomotora no una aplanadora!

 

Bogotá, marzo 10 de 2014

 

SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Colombia cuenta con un Sistema energético sólido y robusto, garantizando la confiabilidad y firmeza en la prestación del servicio de energía a sus usuarios en forma “eficiente, con calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”, como lo prescribe la Ley eléctrica  y, lo que es más importante, firmeza. Y esto es fundamental, puesto que de lo contrario la no disponibilidad del servicio de energía o la intermitencia en su prestación se convertiría en un freno del crecimiento de la economía. No se puede afirmar que el país está sobreinstalado en su capacidad de generación, pero sí cuenta con cierta holgura, habida consideración de que la misma supera los 14.500 megavatios, más que suficiente para soportar la demanda pico que puede llegar a superar los 9.000 megavatios. Ello ha sido posible gracias a que contamos con un marco legal y regulatorio excepcional, que se ha convertido en un referente para la región y el mundo por su eficaz funcionamiento.

Ello le ha merecido el reconocimiento de los organismos internacionales y de entidades tan serias como el Foro Económico Mundial (FEM). Según este último, Colombia ocupa el puesto 63 entre 148 países observados, por encima de Chile que ocupa el 65º lugar, Perú el 73º  y México el 81º. Y si hablamos del Índice Global de desempeño de la Arquitectura Energética 2014 del mismo FEM, en él ocupa el 7º lugar entre 124 países evaluados. A este reconocimiento se suma el de World Energy Council, el cual en su más reciente Informe ubica a Colombia en el 5º lugar entre 129 países en seguridad energética. Es claro que estos resultados no nos pueden llevar a caer en la autocomplacencia y más bien nos deben servir de acicate para seguir fortaleciendo y posicionando el sistema energético colombiano, catalogado con razón como de Clase mundial.

La expansión del parque de generación continúa, destacándose los proyectos en curso de Hidroituango, Hidrosogamoso, Quimbo y Gecelca, los cuales sumados añadirán 3.656 megavatios más. Ello ha jugado un papel de la mayor importancia el cargo por confiabilidad, merced al cual se ha hecho posible el emprendimiento y el cierre financiero de tales proyectos. En simultánea, para garantizar que la entrada en operación de tales proyectos cuente con las redes suficientes para evacuar la energía generada y con el propósito de reducir las restricciones en el Sistema Nacional de Transmisión, se están subastando 14 proyectos de redes eléctricas, los cuales contribuirán a su fortalecimiento. 

La fortaleza y el vigor de la arquitectura institucional se han puesto a prueba a lo largo de los 20 años transcurridos desde que fue expedida la Ley eléctrica y la Ley de servicios públicos ; Colombia desde entonces no ha vuelto a sufrir los rigores de un racionamiento del servicio eléctrico, como el que motivó la expedición de estas leyes. El síndrome del Apagón de los años 1992-1993 ha sido un factor determinante para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) haya tomado decisiones tendientes a blindar el sistema contra eventuales contingencias, siendo la mayor de ellas situaciones de hidrología crítica que pudiera poner en riesgo el abastecimiento de la energía. 

LA PLANTA REGASIFICADORA

Primero fue el cargo por confiabilidad que le reconoce a los desarrolladores de los proyectos de generación un ingreso remunerado que los incentiva hasta hacerlos viables, el cual opera como un seguro, en el entendido que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere. Ahora se ha dado otro paso al darle una señal a los generadores térmicos para que estos se motivaran a respaldar sus obligaciones de Energía en Firme del cargo por confiabilidad con base en gas importado. Ello con el objeto de impedir que en situaciones de máxima exigencia al parque de generación térmico este tuviera que apelar a los combustibles líquidos, mucho más costosos y contaminantes que el gas natural, para poder operar.  

Con tal fin expidió la Resolución 062 de 2013, mediante la cual se estableció la metodología para el ingreso regulado para quien instalara una planta regasificadora para posibilitar la importación de gas natural en el evento que así lo requieran las termoeléctricas que operan en el Caribe colombiano. Por su parte el Grupo Térmico (Termobarranquilla, Tebsa, Termocandelaria y Zona Franca Celsia S. A) procedió a adelantar una convocatoria abierta para seleccionar al desarrollador del Proyecto, el cual resultó ser la Sociedad Portuaria El Cayao. A renglón seguido, a través de la Resolución 022 de 2014, la CREG confirmó la asignación del ingreso regulado previsto en la Resolución anterior. 

La planta regasificadora viene a constituirse como en especie de un reaseguro a través del cual se busca espantar el fantasma del racionamiento y de paso conjurar el riesgo de tener que apelar a los combustibles líquidos en momentos de máxima exigencia a las centrales térmicas de generación. El beneficio para el consumidor final y para el país es doble, pues al tiempo que evita un eventual racionamiento contribuirá a reducir los costos de generación y su impacto en la tarifa. Según se ha podido establecer la demanda se ahorrará aproximadamente $28 por kilovatio-hora en sobrecostos evitados por generación “forzada”, de seguridad, con diesel en los años entre los años 2016 y 2017 (del orden de entre el 5% y el 7% de la factura de energía eléctrica para los usuarios residenciales, para un total por año de US$980 millones). El beneficio se extiende en los siguientes 8 años en un promedio de $10 por kilovatio-hora (del orden del 3% del total de la tarifa para los usuarios residenciales y un total de US $400 millones, aproximadamente). Y no es para menos, dado que en contraste con el sobrecosto en que se incurrirá al consumir el gas importado es de $1.40 por kilovatio-hora, si en su lugar se consumiera combustibles líquidos el sobrecosto sería de $20 por kilovatio-hora, 15 veces más (¡!). Salta a la vista, entonces, el beneficio para el consumidor final. 

Ahora bien, el ingreso regulado anual garantizado a la Sociedad Portuaria El Cayao será del orden de los US $40 millones anuales durante 10 años contados a partir de diciembre de 2015 cuando entraría en funcionamiento la planta regasificadora. Este proyecto además de justificado es muy rentable para el país toda vez que en un solo año, por la vía de los costos evitados, del orden de los US $612 millones anuales, se estaría recuperando la inversión, para un alto saldo neto a favor de los usuarios.  Sobre todo si tenemos en cuenta que de los US $400 millones que deberá invertir el desarrolador privado del proyecto sólo se reconocerá el 50% de dicho monto, a prorata a lo largo de sus primeros diez años de operación. La planta regasificadora tendrá una capacidad de 348 millones de piés cúbicos diarios, equivalente a la producción de Cusiana y Cupiagua sumadas.

Huelga decir que al contar con el respaldo de la planta regasificadora, las reservas probadas y posibles de gas natural que superan las 7 terapiés cúbicos, más el enorme potencial que se tiene de gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM), amén de la mayor disponibilidad de gas licuado de petróleo (GLP) cuya producción saltará de 27.000 barriles/mes a más de 40.000 barriles/mes, se puede decir que Colombia se está blindando frente a la eventualidad de cualquier contingencia para garantizar no sólo el abastecimiento de la demanda de energía en el mercado doméstico sino con miras a la exportación de excedentes. En últimas ello habrá de redundar en una mayor competitividad del país de cara a los tratados internacionales que se vienen suscribiendo por parte del país. 

 

Medellín, abril 16 de 2014

 

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