Oct 21, 2019 Last Updated 3:20 PM, Oct 16, 2019

EL SEGURO DE LAS PLANTAS TÉRMICAS

Gracias al manejo de la crisis por parte de las autoridades, la generación eléctrica de la costa Caribe está salvando al país de un nuevo racionamiento de energía. Antes que castigarlas, el sistema debería premiar a estas centrales por darle seguridad.

Ante la amenaza del fenómeno climático de El Niño, que ha llevado ya los embalses de las centrales hidroeléctricas a niveles por debajo del 65%, el país se ha visto precisado a aumentar la generación de energía térmica.

En esas condiciones que buscan, esencialmente, evitar un racionamiento severo como el que el país vivió en 1992, era de esperar un incremento en las tarifas a los usuarios finales del servicio. La razón responde a la nueva configuración de costos de la canasta: mientras que las térmicas demandan, como insumo, la inyección de un energético complementario, tipo gas o carbón, para producir la electricidad; generar con hidroeléctricas es mucho más económico por cuanto las plantas se sirven de las caídas de agua. Por esa razón, el gran componente de la oferta de energía estaba soportado en las energía proveniente de los embalses, la inmensa mayoría de los cuales están localizados en las zonas de montaña del interior del país. Las térmicas, ubicadas principalmente en el área costera, atendían el servicio en las regiones de influencia y servían de colchón al sistema nacional interconectado.

Con el fuerte verano, que tiende a agudizarse, hubo necesidad de cambiar la composición y aumentar la oferta térmica.

Tal exposición implicaba mayores costos, aunque cualquier incremento, desde esa lógica, era manejable frente a la eventualidad de volver los apagones que traumatizaron la producción y hasta cambiaron las rutinas de los colombianos por los cambios de horario.

Pero no ha sucedido así. El manejo que el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, ha dado a la eventual emergencia ha sido tan contundente, que esta semana anunció la insospechada probabilidad de que el precio baje.

Acosta ya había tomado decisiones políticas que otras administraciones ni siquiera habían explorado, como la de suspender parcialmente las exportaciones de gas a Venezuela. Luego, apeló a un modelo de planeación que atenuó el carácter sobreviniente de la emergencia, razón fundamental del comportamiento de los precios.

En principio, los incrementos de junio estuvieron en el rango que las autoridades consideran ordinario ($110 en la factura para el estrato uno; $1.750, para el dos, y $13.500 para el cuatro). En julio la reducción sería de 2,2%. Estas circunstancias prueban, nuevamente, la necesidad de tener un parque térmico solvente en todo tiempo. Estas centrales, que en el pasado fueron la cenicienta del sistema, deben verse como seguro que le da solvencia al servicio y certeza a la prestación.Ello implica no solo aumentar las inversiones en nuevos proyectos, como evidentemente lo está contemplando el Ministerio aquí mismo en la costa, sino el mantenimiento ejemplar y sistemático de los que están funcionando. Que sea esta la ocasión para revisar la estructura de costos. Las térmicas no pueden seguir siendo castigadas por la tarifa, por el argumento de los costos de producción, y afectando, de paso, a los consumidores que, si bien son cubiertos por las operaciones abiertas de bolsa, asumen de todas formas la incidencia regional.

El Gobierno y las empresas deben sentarse a analizar nuevas condiciones, que establezcan diferenciales que premien a las plantas que, al menos hoy, están salvando a Colombia de la crisis. La premisa es la de siempre: la energía más costosa es, definitivamente, la que no se tiene.

 

JULIO, 9 DE 2014 EL HERALDO

COLOMBIA A LA VANGUARDIA

El sector energético colombiano ocupa un lugar de privilegio en el concierto de naciones, tanto por su robustez como por la diversificación de su matriz de fuentes y usos de sus recursos energéticos. Ello le ha merecido una alta calificación por parte del Foro Económico Mundial (FEM), que destaca y pondera mucho el desempeño de su arquitectura energética, que la sitúa en un 7º lugar entre 124 países evaluados. Por su parte en el Índice de Sostenibilidad Energética del World Energy Council (WEC) para el 2013 Colombia ocupó el puesto 24 entre 129 países, siendo la sostenibilidad ambiental el que obtiene la nota superior, ubicando a Colombia en el 4º lugar. Dicho de otra manera, contamos con un sector energético de clase mundial.

Es bien sabido que en el Siglo XX, caracterizado por ser al mismo tiempo el escenario por excelencia de una época de cambios y un cambio de época, la comunidad internacional debió afrontar dos campanazos de alerta ante el peligro latente que podría comprometer la seguridad energética del mundo contemporáneo. La guerra del Yonkipur en octubre de 1973 sirvió de detonante al primero de ellos, al propiciar el tránsito de una era de la energía abundante, barata y de suministros confiables a otra de la energía escasa, costosa y de suministro expuesto a toda clase de contingencias políticas. El segundo campanazo vino por cuenta del cambio climático, reconocido oficialmente en 1988 por parte de las Naciones Unidas. 

Ante estas dos amenazas, la comunidad internacional arribó a un consenso sobre la necesidad de ahorrar la energía que hasta entonces se despilfarraba, además de la importancia de hacer un uso más racional y eficiente de la energía y, lo que es más importante, promover e inducir la diversificación de la matriz energética migrando hacia las energías alternativas, sobre todo hacia las renovables y limpias.  Y bien dijo Darwin, que ante estas nuevas realidades “los sobrevivientes no serán los más inteligentes y capaces, sino aquellos que se adapten mejor al cambio”. Colombia es consciente de que  al tiempo que es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo es también el tercero por su vulnerabilidad ante los embates del cambio climático, amén de la precariedad de sus reservas de hidrocarburos. 

Podemos afirmar que en lo atinente al sector eléctrico propiamente dicho Colombia se ha sabido adaptar al cambio, ello a partir de las lecciones aprendidas del apagón que le significó al país catorce meses de drástico racionamiento del fluido eléctrico entre los años 92 y 93 a consecuencia del fenómeno de El Niño. Con las leyes 99 de 1993, 142  y 143 de 1994 se sentaron las bases sobre las cuales descansa el sistema energético colombiano, que le ha garantizado al país firmeza y confiabilidad en la prestación del servicio. Las políticas públicas y el marco regulatorio que las desarrollan han posibilitado que Colombia hubiera pasado indemne ante los varios episodios posteriores del fenómeno de El Niño (97/98, 2005 y 2009/2010), que pusieron a prueba la fortaleza y la consistencia del Sistema. 

Pese a esta historia de éxito, no se ha caído en la autocomplacencia pensando en que Colombia sea la arcadia en materia energética; los retos son cada día mayores y más exigentes. Como afirmó Mandela, cuando uno escala una colina se percata que le quedan por delante muchas otras colinas por escalar. Y este es el caso. De allí la importancia y la pertinencia de la expedición de la Ley 1715 de 2014, a través de la cual se estimula e incentiva tanto la generación como el uso de las energías no convencionales, con la cual Colombia le toma la delantera a muchos otros países de la región y del mundo en materia energética. Esta Ley va en línea con intentos anteriores en procura del uso racional y eficiente de la energía previsto en la Ley 697 de 2001, así como el Documento CONPES 3700 de 2011 y más recientemente la Resolución 9 0325 de 2014, que se propone reducir la huella de carbono en las actividades propias del sector y a mitigar sus deletéreos efectos. 

 

Bogotá, agosto 30 de 2014

www.amylkaracosta.net

 

¿INTERVENCIÓN PARA QUÉ?

Para nadie es un secreto que la situación planteada en la región Caribe en relación al suministro de energía eléctrica amerita una acción contundente por parte del Gobierno y así lo entendí al asumir la Cartera de Minas, Energía e Hidrocarburos. Una y otra vez se ha solicitado la intervención de la empresa operadora del servicio, ELECTRICARIBE, como la solución. Sin embargo, es evidente que la intervención es una salida por la puerta falsa, evasiva, demagógica. Quienes la están promoviendo y amenazan con un Paro cívico en La guajira si no se da dicha intervención sólo aspiran a montarse en la cresta de la ola de la inconformidad con ELECTRICARIBE y capitalizarla políticamente.


Si el ábrete sésamo para la solución de la problemática de la prestación del servicio de energía en la región fuera la intervención esta hace rato se habría dado. De acuerdo con la consultoría que para el efecto adelantó la experta Carmenza Chahín (Alternativas para garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio eléctrico en la Costa Caribe) el nudo gordiano no es administrativo, sin que ello quiera decir que no hay problemas administrativos, sino operativo y este a su vez se debe al rezago histórico en inversiones que han debido hacerse y por distintas razones (que están documentadas en el trabajo realizado) no se hicieron en su momento.


Si se quiere, entonces, superar los problemas estructurales del Sistema energético en la región Caribe lo que hay es que ejecutar las inversiones requeridas y es eso lo que se busca con el Plan de choque que nosotros pusimos en marcha a través de las resoluciones 9 0506 y 9 0604 de 2014 del MME y las resoluciones 079 y 093 de 2014 de la CREG. Mediante estos actos administrativos lo que se busca es anticipar la ejecución de los proyectos que se necesitan, mediante convocatorias express, para darle mayor firmeza y confiabilidad a la prestación del servicio, reduciendo las restricciones y las pérdidas.


Claro que, a la par de la ejecución de estas obras que por más de US $600 millones de inversión están en marcha (entre ellas el anillo Riohacha - Cuestecitas - Maicao - Riohacha), además de las pusimos en operación recientemente (entre ellas las subestaciones de Rotiné en el Municipio del Atlántico, otra en Bonda (Santa Marta) y otra en Uribia (La guajira), amén de las de La sierpe en La Mojana y la del Aeropuerto de Santa Marta), además de los proyectos que fueron adjudicados en los últimos días (La línea Bolivar - Cartagena, la que unirá a Chinú - Montería - Urabá), la Superintendencia ha venido ocupándose de aquello que es de su competencia, esto es lo que hace relación a la gestión administrativa de la empresa, la prestación del servicio por parte de esta y la atención de las quejas y reclamos por parte de los usuarios. Ello sin hacer mención del Plan Piloto que dejamos en proceso de estructuración, tendiente a alcanzar la más amplia cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica en toda la región Caribe, el mejoramiento en la calidad del mismo, su normalización y de contera el alivio tarifario para los estratos de menores ingresos, empezando por la revisión del consumo básico de subsistencia.


La intervención que se plantea a qué se reduce, simple y llanamente a remover la administración actual y designar en su lugar un gerente interventor por parte de la Superintendencia de Servicios públicos. Pero la fiebre no está en las sábanas; el interventor puede ser Mandrake, pero sin que se resuelvan los problemas estructurales ya mencionados, por muy buena voluntad que tenga (nos recuerda Oscar Wilde que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno) con ello no va a mejorar la calidad en la prestación del servicio, que es de lo que se trata. Eso es tanto como cambiarle conductor a un chócoro que se vara cada rato, como si su pericia pudiera suplir la reparación del motor del vehículo, que es el que no funciona. 
Es bueno mirarse en el espejo de EMCALI, cuánto duró la intervención de esta empresa por parte de la Superintendencia y al final nos encontramos con que la misma después de esa larga intervención, que duró más de trece años,  no salió mejor que cuando estuvo peor. Luego la intervención que se reclama no pasa de ser un espejismo. Lo advertimos, con el fin de que no se creen falsas ilusiones con la intervención que se reclama, en el sentido que basta con la intervención para que en una santiamén se resuelvan todos los problemas que por años ha venido arrastrando ELECTRICARIBE. No nos llamemos a engaños; conocido el diagnóstico, a la hora de recetar nos tenemos que cuidar de confundir la inocuidad del placebo con la eficacia del medicamento prescrito.

Riohacha, septiembre 18 de 2014
www.amylkaracosta.net

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