Jul 18, 2019 Last Updated 1:08 PM, Dec 15, 2018

EL ESTADO PAGANINE

Uno de los mayores dolores de cabeza para la Nación lo constituye el alud de demandas contra el mismo por parte de personas jurídicas y naturales, no pocas de ellas temerarias y rayanas en la extravagancia, poniendo al Estado en serios aprietos. Hasta hace muy poco la total indefensión del Estado frente a tales pretensiones era proverbial, amén de la connivencia y complicidad de funcionarios venales de las distintas ramas del Estado y ello incentivó hasta tal punto que demandar al Estado se convirtió en un lucrativo deporte nacional. Muchas de estas demandas son temerarias y abundan los tinterillos que clasifican en la calidad de “litigantes frecuentes”, que es como se catalogan en la sociología del Derecho, contribuyendo a la congestión y al colapso de la Justicia. Era tal la penumbra y la falta de visibilidad que rodeaba este sórdido asalto contra el erario, que ni siquiera se sabía a ciencia cierta el monto de los recursos que se desangraban por esta vena rota. Mientras tanto, cada día la tronera fiscal era mayor, porque las condenas a la Nación eran el pan de cada día; unas veces por pura negligencia en la gestión pública, en otras por incuria, en otras por acción u omisión de los funcionarios responsables de ciertas y determinadas actuaciones y en otras por simple y llana corrupción. Las demandas continúan y los fallos condenatorios a la Nación continúan, dado que la preocupación y los esfuerzos recientes por detener esta hemorragia, apenas empiezan a dar sus frutos.


Nada menos el día de hoy causó revuelo la noticia del fallo del Consejo de Estado mediante el cual ratifica una condena a la Nación que había proferido el Tribunal Administrativo de Caquetá en el 2003, hace exactamente 10 años. Según lo que ha trascendido, a juicio de la Alta Corte “si bien el Estado colombiano obró en interés de todos los ciudadanos al establecer la zona de distensión para dialogar con las FARC, perjudicó a su vez a un grupo específico de la población al dejarlos desprotegidos y a merced de las FARC”. Si bien es cierto, aunque la condena se da en abstracto y no fija aún el monto de la indemnización a que da lugar la vulneración de los derechos de los pobladores de los municipios afectados en la zona de despeje, abre un enorme boquete para las demandas por parte de ellos, la cual le puede salir a la Nación por un ojo de la cara.


Un caso similar a este es la demanda incoada por un grueso número de damnificados por el descalabro del ya desaparecido sistema UPAC. Está para fallo en Sala plena de la Corte Constitucional la revisión de una acción de tutela impetrada ante la misma por parte del Banco de la República contra la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que lo condenó a pagar más de 10 millones de pesos de indemnización a uno de los afectados. Según la abogada Adriana Guillén Arango, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, “si la Corte rechaza los argumentos del Banco de la República, el Estado tendría que pagar cerca de 200 billones de pesos en demandas, un equivalente a casi dos veces las reservas de la Nación…Para pagar esas demandas, el estado tendría que destinar sus ingresos de todo un año”. En ambos casos, si el fallo es desfavorable para la Nación daría lugar a un efecto dominó de imprevisibles consecuencias para el fisco nacional.


Y como estos dos casos son todo un cúmulo de pleitos los que se han venido ventilando en los estrados judiciales, en los tribunales de arbitramento o en la Corte Interamericana de derechos humanos, los cuales en una altísima proporción son fallados contra la Nación, ya sea por una débil o tardía defensa o porque los hechos mismos, por contundentes e incontrastables, debilitan su defensa. Muchos de ellos ya se han dirimido, ya sea a través fallos o laudos de los tribunales o mediante costosas conciliaciones y otros siguen pendientes. Las querellas en las que el Estado es parte son de toda índole, desde aquellas referidas a fallas en el servicio por parte del Estado hasta casos tan inverosímiles como la acción de reparación directa contra el fallo a favor del INCORA proferido por el Tribunal de los Contencioso Administrativo de Antioquia. Por fortuna, la sección Tercera del Consejo de Estado confirmó dicho fallo, de lo contrario los hermanos Durango, que eran los demandantes. Se habrían alzado con la bicoca de $591.714´668.547.331.00, suma esta equivalente al monto total del Plan de Inversiones correspondientes al cuatrienio 2011 – 2014, que eran sus pretensiones en este litigio que duró 46 años en resolverse. Por su parte la Corte Constitucional libró al Estado de tener que pagarle $540 millardos a los antiguos accionistas del desaparecido Banco Granahorrar al tumbar el fallo del Consejo de Estado que había condenado a la Nación en ese pleito en noviembre de 2007.


IN CRESCENDO
Casos como este y el de Termorrío, una demanda por perjuicios por valor de US $60.3 millones, fallado también a favor de la Nación son la excepción, porque de resto casi todos los fallos han sido sistemáticamente condenatorios contra el Estado, que por lo visto ha terminado convertido en un verdadero paganine. De 70 fallos del Consejo de Estado en 4 años, sólo dos de ellos fueron a favor de la Nación. Así como ha venido in crescendo las demandas contra la Nación, al pasar en una década (1997 – 2007) de 20.997 procesos a 140.000, igualmente ha venido en aumento la suma que de lo que ha tenido que pagar la Nación por cuenta de las sentencias condenatorias. Hace una década los pasivos contingentes, que es como se llaman eufemísticamente los recursos que se aforan en el presupuesto para pagarlas, eran del orden de los $180 millardos y ya en 2012 alcanzaron los $1´106 millardos. En los 90 el Estado pagó $3.1 billones por concepto de condenas judiciales mientras que entre el 2000 y el 2011 tuvo que girar $3.3 billones a los particulares por condenas en su contra. En el 2012 se llegó al clímax, la Nación debió desembolsar $1´106 millardos, $400 millardos más que en 2011, este ha sido el máximo histórico del pago por condenas por parte de la Nación. Es más, en el 2012 la Nación debió cancelar $100 millardos por concepto de intereses moratorios, por no pagar a tiempo a los favorecidos con los fallos adversos a la Nación. 

Al corte del 2012, descontando la suma que venía incorporando en cuentas de orden contingentes por parte del Ministerio de agricultura por el sonado caso del INCORA, ya que fue fallado a favor de la Nación, las pretensiones en los distintos litigios en curso contra la Nación ascienden a la suma de $217 billones, la cual supera el monto del Presupuesto para la vigencia del 2013 que fue aforado en $185 billones y con la adición aprobada recientemente por parte del Congreso de la República quedó en $188.9 billones. En todo caso, gracias a dicho fallo las pretensiones en contra de la Nación bajaron el 79% entre 2011 y 2012. Para tratar de dimensionar lo que esa cifra, que sigue siendo astronómica, significa, digamos que con tales recursos se alcanzarían a construir 3 millones de viviendas de interés prioritario para los más desvalidos.


LA BOLA DE NIEVE
Es de destacar que un alto porcentaje de las demandas en contra de la Nación son atribuibles a la injusta privación de la libertad de los ciudadanos; por ello, la Fiscalía tiene el récord por el monto comprometido en las demandas contra el Estado. Estamos hablando de 10.156 procesos por $23.5 billones y le sigue en su orden la Policía Nacional con 12.770 procesos por valor de $9.7 billones. Se han presentado casos emblemáticos de privación arbitraria de la libertad como el de Alberto Jubiz Hasbum, encarcelado injustamente bajo la sindicación de la autoría del magnicidio de Luis Carlos Galán. El otro caso, que fue piedra de escándalo y que dejó muy mal parada a la Fiscalía, fue el del ex diputado Sigifredo López, señalado de complicidad en el secuestro y posterior asesinato de sus colegas por parte de las FARC. En el 2011 ese número las condenas por esta causa subieron de 1.253 en 2010  por $147 millardos a 1.587 condenas, por $208 millardos, las cuales corresponden, todas ellas, a unas 4.000 detenciones ilegales, aproximadamente. En 2012 la Fiscalía debió pagar casi $80 millardos en condenas, la mayor parte de ellas por detenciones ilegales. Esta seguidilla de condenas contra la Nación por detenciones arbitrarias por parte de organismos del Estado, llevó al Ministro del Interior Fernando Carrillo a afirmar que “hizo crisis la política de que un auto de detención no se le niega a nadie”. Le siguen en su orden, como causas eficientes de tales demandas contra la Nación, está el incumplimiento del pago de las condenas de las cuales son sujetos pasivos las entidades oficiales, con 6.345 procesos y $9.5 billones. En el tercer lugar, con la medalla de bronce, está el incumplimiento de sus obligaciones en lo atinente al pago de prestaciones sociales en cabeza del ISS primero y de Colpensiones ahora, con 98.638 procesos por $2.4 billones.


Al Estado le han caído como pirañas, el caso del INVÍAS es patético. 7 de las 11 concesiones adjudicadas por el Gobierno a firmas particulares en la década de los 90 no alcanzaron el tráfico mínimo garantizado en los contratos, ello le costó al Estado la módica suma de $300 millardos. Y cuando en sus controversias con los contratistas  ha tenido que ir a los tribunales o allanarse a conciliar no le ha ido mejor; a septiembre de 2005 ese sólo año tuvo que pagar el INVÍAS entre laudos y conciliaciones más de $200 millardos. Según el Economista Jefe del Banco Mundial Tito Yepes, “los errores que se han cometido en operaciones de rescate de proyectos de infraestructura en los últimos 13 años le han costado a Colombia 3.8% del PIB de un año, es decir alrededor de US $4.000 millones (¡!)”. En fin, esta es una verdadera bola de nieve.

AMENAZA LATENTE
Las demandas en contra del Estado siguen siendo una amenaza latente, se cuenta entre ellas, tan extravagante como la que emprendieron los Durango en contra del INCORA, se trata de una demanda por parte de más de 200.000 personas, todas ellas defraudadas por las desastradas pirámides. Esta demanda se funda en el hecho de que, ajuicio de ellos, el estado fue complaciente y tolerante con las pirámides, no actuó a su debido momento y con su pasividad permitió que los esquilmaran. Sus pretensiones son del orden de los $45.6 billones, llama poderosamente la atención que este monto supera en 15 veces los $3 billones, que es el estimado de lo que se perdió en las tales pirámides. Y todo parece indicar que con el escándalo que tiene en el ojo del huracán a la firma comisionista INTERBOLSA se puede estar incubando otra demanda multimillonaria contra el Estado, alegando falla en el servicio, pues al parecer hubo negligencia y tardanza en la intervención de la misma por parte de la Superintendencia Financiera. Por lo menos ello se desprende de la actuación de la Procuraduría General de la Nación, al imputarle cargos a su titular Gerardo Hernández, al considerar que “no tomó las medidas preventivas para evitar un perjuicio de los inversionistas y la pérdida de confianza del público por la supuesta manipulación del precio de la acción de Fabricato”. Esta ha sido considerada una especie de pirámide, pero de estrato 6, que compromete  a una élite de la sociedad.


Cursa otra demanda por valor de $5.9 billones, por presunto perjuicio a trabajadores de ISA con ocasión de una venta de acciones de la empresa. Otra busca una indemnización a los damnificados por la ruptura del Canal del Dique en la pasada ola invernal, al considerar que hubo imprevisión e improvidencia por parte del Estado y asciende a los $4.4 billones. Pero la tapa sí fue la re – conciliación del INVÍAS con el consorcio con el que había firmado un contrato en 1983 por valor de $600 millones, para construir 22 kilómetros de carretera entre Medellín y Turbo. A raíz de las discrepancias entre ellos en desarrollo del contrato, se fueron a una conciliación ante el Tribunal de lo contencioso Administrativo de Antioquia y se acordó pagarle al consorcio la suma de $690 millones, pero inexplicablemente esta suma se convirtió, a través de una nueva conciliación, en $106 millardos (¡!)en mayo de 2010. Por Dios! Más recientemente se enteró el país con asombro que la DRUMOND demandó al Estado Colombiano por unos líos con Ferrovías, el litigio fue a parar a la Cámara de Comercio Internacional de París, cuyo laudo fue adverso a Colombia y DRUMOND se ganó el Baloto, recibió de manos del Estado $60.000 millones, que desembolsó el Ministerio de Transporte sin hacer mucha bulla a finales de 2012. Sólo en el año 2011, INCO e INVÍAS pagaron por condenas judiciales $350 millares.


Un hecho de mucha notoriedad es la recurrencia con la que los organismos multilaterales, particularmente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), han venido condenando a la Nación, cuando no es cercenando su soberanía como el caso del Archipiélago de San Andrés, es condenándola a pagar cifras significativas por la transgresión por parte del Estado Colombiano de los derechos de los ciudadanos. Y ahora, después de firmar 15 tratados de libre comercio con otros tantos estados y los que faltan quedaremos más expuestos a demandas ante instancias internacionales que nos pueden salir caras. Sólo dos perlas, para ejemplificarlo: en el 2010 la Nación fue condenada a pagar por el crimen aleve del dirigente de la UP y a la sazón Senador de la República Manuel Cepeda Vargas la suma de US $340.000. Según la Contraloría General de la República, a septiembre de 2011 la Nación debió pagar más de US $24 millones por once condenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con los cuales se indemnizaron 916 víctimas.

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
Este tétrico panorama no puede ser más desolador para las finanzas públicas, tanto más porque esta triste historia se repite, guardadas las proporciones en las entidades territoriales, convirtiéndose los pleitos y controversias perdidas por parte del Estado en un agujero negro para las mismas. De allí la necesidad de que esta problemática se aborde y se resuelva de una manera integral, tapando todas las rendijas por donde se pueda desfalcar al fisco. Dicho sea de paso, en menos del 2% de las demandas que fueron falladas en contra del Estado se les ha pedido rendir cuentas a los servidores involucrados, no obstante que allí se configura un claro detrimento patrimonial para la Nación y que, además, muchos casos ameritan que se aplique con todo rigor la acción de repetición o subsidiariamente llamamiento en garantía con fines de repetición contra aquellos que resulten responsables, ya sea por acción o por omisión. Así lo prevé el artículo 2º de la Ley 678 de 2001, de la cual fui ponente en el Congreso de la República, en aquellos casos en los que se configure “conducta dolosa o gravemente culposa”.


Ante hechos tan aberrantes e inquietantes como los que hemos reseñado y ante la amenaza en ciernes de que el alud se convirtiera en una avalancha, resultaba imperiosa la necesidad de proceder sin tardanza y con resolución a fin de frenarla y contenerla. Si partimos de la base que tan responsable es el que peca por la paga como el que paga por la peca, parodiando a santa Teresa de Jesús, es menester trazar una estrategia envolvente que comprometa tanto al sector público como el privado. Pero, es el Gobierno el llamado a tomar la iniciativa, superando su pasividad y siendo muy proactivo en el propósito de salvaguardar el interés público. Y ello pasa por desbaratar el entramado de corrupción que anida en el Estado, como un primer paso en esa dirección. Un aspecto que es de la mayor importancia para hacer visible lo invisible, para hacer transparente lo opaco, es la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, sobre todo aquellos que tienen capacidad de ordenación del gasto. Bien dijo el Libertador Simón Bolivar en 1814 que “la hacienda Nacional no es de quien os gobierna. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostraros el uso que han hecho de ella”.
Pero, indudablemente uno de los factores que más ha contribuido a este desangre de las finanzas públicas es la debilidad institucional, de allí que registremos como un avance muy significativo en la defensa del interés público y de las finanzas del Estado la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al frente de la cual está la abogada Adriana Guillén Arango. Se trata de una entidad descentralizada del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. Es decir, que por fin el los recursos del Estado, que son sagrados, tienen doliente, al contar con una cabeza visible, que se ha sabido rodear de un equipo muy competente de expertos para defenderlos. Lo primero era lo primero, saber, tener un registro pormenorizado de los procesos que cursan en los tribunales y el estado de los mismos y en efecto, ya se cuenta con el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, no sin antes hacer un completo barrido para identificarla y clasificarla al detalle. A partir del cual se puede elaborar un mapa de riesgo que permita priorizar y focalizar la acción de defensa de los intereses de la Nación, que han venido siendo conculcados impunemente. El Gobierno dio un paso muy importante al expedir el Documento CONPES 3722 de marzo del 2012, a través del cual se autorizó un empréstito con la banca multilateral, con el fin de “financiar el programa de fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado”. Qué inversión mejor y más rentable que esta, de la cual se espera un buen retorno.


La reforma del Código contencioso administrativo reciente va a ser de gran ayuda para los fines y propósitos de la Agencia, toda vez que a través de la misma se consagró la obligación de la parte demandante de soportar suficientemente sus pretensiones. Ello es muy importante, porque le pone freno de mano a esta carrera alocada y alevosa tras los recursos del Estado, poniéndole esta cortapisa a los “litigantes frecuentes” y la mata de pleitos se reduzca a sus justas proporciones. Bien dice la Directora de dicha Agencia Adriana Guillén que “las pretensiones antes eran astronómicas. Hoy el demandante no puede hacer eso porque si pierde el proceso se arriesga a que lo condenen por la diferencia entre lo que esperaba obtener y lo que puede demostrar”. Y eso está muy bien, para ver si se le pone coto a tanta sinvergüencería. Colombia tiene mucho que aprender del modelo chileno, pues allá el Consejo de Defensa del Estado le evitó al fisco un pago equivalente al 94% del total de las pretensiones de los demandantes contra el mismo en el 2010!

UNA REFLEXIÓN FINAL
En Colombia, los escándalos se suceden uno a otro a un ritmo vertiginoso y terminan traslapándose unos con otros en un amasijo que termina confundiendo y desorientado a la opinión pública, pues abruman su capacidad de discernimiento. Y este es un campo abonado para la desmesura de algunos medios periodísticos en los que hace carrera el amarillismo, que no pocas veces fungen de tribunales inapelables, que condenan o absuelven sin fórmula de juicio a su arbitrio. Las asustadurías, como se les suele denominar a los órganos de control fiscal y disciplinario al tiempo que se ven suplantados, también son objeto de presiones indebidas, lo cual le presta un flaco servicio a la institucionalidad. Lo propio puede decirse con respecto a los jueces y a los magistrados, amén de la Fiscalía General de la Nación, lo cual se traduce a menudo en atropellos contra el ciudadano, que le salen costando caro a la Nación, al tiempo que a otros, que sí merecen estar tras las rejas se las apañan para eludir su condigno castigo. Colombia, en este sentido, ha venido arribando al peor de los escenarios: la politización de la Justicia y la judicialización de la política y ello no le hace bien a la democracia. 

Saber que las investigaciones se inician y prosperan es saludable para una sociedad tristemente acostumbrada a que el que la hace casi nunca la paga. Pero, he ahí el riesgo que entraña el afán de la chiva periodística y la frivolidad con la que se abordan muchos de los casos, que como aquellos a los que hemos hecho alusión, muchas veces auspiciadas interesadamente por las partes que concurren a los procesos. Ello estimula y de qué manera la litigiosidad en contra del Estado, es decir, en contra del presupuesto con que se  pagan las condenas, y con cargo en última instancia a los impuestos pagados por todos los contribuyentes. Por supuesto que cuando el Estado, como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades, causa un daño indemnizable, debe resarcirlo; y cuando éste es consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culpable de uno de sus agentes, la propia Constitución prevé que debe iniciarse una acción de repetición contra tales responsables. Pero hay que conservar la mesura y la sindéresis, no confundir investigado con responsable y tener cuidado con la presión que inevitablemente conlleva la divulgación anticipada a través de los medios de las investigaciones, lo cual que puede afectar en materia grave incluso la imparcialidad y objetividad de los encargados de resolverlas. Esta es la mejor contribución al propósito de suturar esta vena rota de las finanzas del Estado y contener este desangre, atentatorio por lo demás, este sí, de la sostenibilidad fiscal de la Nación. 


Barranquilla, junio 15 de 2013
www.amylkaracosta.net

LOS RETOÑOS VERDES

LA RALENTIZACIÓN DEL CRECIMIENTO


El reporte del DANE respecto al crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año confirma la tendencia de la economía colombiana, cuyo crecimiento viene ralentizándose desde el cuarto trimestre de 2011. Después de haber alcanzado un destacado crecimiento del 7.9% en el tercer trimestre de 2011, la economía empezó a deslizarse en una especie de tobogán registrando un crecimiento del 6.6% en el cuarto trimestre de 2011, 5.4% en el primer trimestre de 2012, 4.7% en el segundo, 2.8% en el tercero y tuvo un ligero repunto del 3.1% en el último trimestre del año pasado. El año completo cerró con un crecimiento del 4%, calificado en su momento por el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas como “un excelente ritmo”, que “superó incluso las expectativas del Gobierno”, no obstante que significó un bajonazo con respecto al crecimiento del 6.6% del 2011. En este último trecho, hasta el propio Gobierno, muy dado a pensar con el deseo, había revisado a la baja sus propias expectativas y ya el Ministro Cárdenas se había resignado a esperar un magro crecimiento de la economía del 3% para este primer trimestre del 2013.

Pero, para desconcierto del Gobierno, el crecimiento del PIB en este primer trimestre, según el DANE, a duras penas llegó al 2.8%, inferior al 3.1% del trimestre anterior y muy por debajo del 5.4% del primer trimestre del año anterior. Pese a ello el Gobierno insiste en su nueva meta para este año del 4.5%, después que por fuerza de las circunstancias tuvo que bajarla del 4.8% prevista inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del año anterior. Huelga decir que para alcanzar la meta del 4.5% de crecimiento del PIB en el año completo se requiriría  duplicar el rítmo actual y crecer más del 5% en cada uno de los restantes tres trimestres, lo cual no es dable esperar. Este mediocre comportamiento de la economía pone de manifiesto su estancamiento y falta de dinamismo, alejándose cada vez más de la meta fijada en el Plan de Desarrollo Prosperidad para todos de un crecimiento sostenido del PIB por encima del 6%. Al tiempo que Fedesarrollo pronostica un crecimiento del PIB para este año del 3.8%, por su parte el Banco Mundial tiene una previsión del 3.9% e incluso habló de un posible recalentamiento de la economía colombiana.


Ahora bien, al escarmenar la cifra de crecimiento del PIB de 2.8% se puede constatar que ahora el sector de la construcción, que venía lastrando el crecimiento en los trimestres anteriores, es el que jalona el crecimiento de este trimestre con el 16.9%. Es de anotar que aunque el componente de las obras civiles del PIB de la construcción  tuvo un crecimiento notable del 17.5%, en cambio el relativo a la infraestructura de transporte, que es precisamente en donde Colombia tiene su mayor rezago, creció un lánguido 1.4% (¡!). Ello pone de presente la parálisis que acusa la ejecución de las tan anunciadas megaobras que permitirían desembotellar al país. Con toda razón conceptúa el Presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (CCC) Juan martín Caicedo Ferrer, que “es prematuro afirmar que la locomotora de la infraestructura arrancó y está marchando a todo vapor”, como lo han sostenido funcionarios del Gobierno. Le siguen en su orden los servicios sociales con el 4.5%, financieros con el 3.4%, el comercio con el 2.8%, el agro con el 2.4%, el transporte con el 2% y sorprendentemente el sector de minas y canteras sólo creció un anémico 1.4%. Mención aparte merece el sector industrial, que no sólo no creció sino que experimentó una recaída del -  4.1%. 


LA RECESIÓN INDUSTRIAL


El sector industrial completa ya cuatro trimestres consecutivos de variaciones interanuales en terreno negativo (2º trimestre de 2012 -0.1%, 3er  trimestre -0.8%, 4º trimestre -3.1% y -4.1% en el 1er trimestre de 2013, el de peor desempeño). El año 2012 fue pésimo para la industria y empeoró en el primer trimestre de este año, mostrando un creciente desánimo, si tenemos en cuenta que mes a mes se ahonda su crisis. En efecto, en el mes de enero su caída fue del -1.7%, en el mes de febrero de -4.5% y en marzo de -11.5%, la peor desde abril de 2009 (-13.9%). Es decir, que la industria acumula a marzo de este año una caída del orden de 8.1 puntos porcentuales, lo cual es una calamidad.


DECRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB INDUSTRIAL


2012: II Trimestre -0.1%/ III Trimestre -0.8%/ IV trimestre -3.1% 2013: I Trimestre -4.1%


CAÍDA DE LA INDUSTRIA MES A MES


2013: Enero -1.7%/ Febrero -4.5%/ Marzo -11.5%


Es evidente, entonces, que la industria ha entrado en recesión y entre las causas de la misma se destacan el menor consumo de los hogares, el freno de sus exportaciones y la pérdida de mercado doméstico por cuenta de la avalancha de las importaciones. Comolo advierte el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes, “la caída del sector industrial es un problema estructural, no de coyuntura, y requiere medidas que deben basarse en un análisis que todavía no se tiene”. Para el Ministro Cárdenas “la revaluación es la madre de todos los problemas”, pero no hay tal, la situación es mucho más compleja. De allí que medidas como las contempladas en el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE), aunque bien intencionadas, resultan insuficientes para sacarlo a flote. Por lo demás, el hecho que la contribución de la industria fabril al crecimiento del PIB es cada vez menor se constituye en la prueba reina del proceso de desindustrialización que acusa el país, pero que el Gobierno se niega a aceptar.


En cuanto al consumo de los hogares, que representa el 66% del PIB, se esperaba que su crecimiento en el primer trimestre de este año fuera por lo menos del 3.4%, sin embargo sólo registró un incremento de 3.2%, muy bajo si se compara con el aumento del consumo del trimestre anterior que fue del 4.6% y este es el peor registro en los últimos 8 años. El crecimiento del consumo fue negativo en -1.4% y -5.82% en enero y febrero, tuvo un ligero repunte en de 0.58% en marzo, para caer nuevamente -1.14% en abril. Por fortuna el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Fedesarrollo está mostrando una reacción positiva, ya que después de bajar repetidamente en los meses de enero (23.1%), febrero (14.9%) y marzo (14.8%), esta tendencia se revirtió al subir al 23.7% en abril. No obstante, en el mes de mayo cayó nuevamente al 20.1%, 6.4 puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2012. Las ventas de la industria entre enero y abril de este año cayeron 3.2% y ello lógicamente resiente al sector manufacturero. De no haber sido por el empuje del gasto del Gobierno, que creció 4.6% y la inversión, que después de dos malos trimestres registró un crecimiento del 7.2%, el panorama habría sido mucho más sombrío.


REACTIVACIÓN O REBOTE
Tan pronto como el DANE reveló las cifras correspondientes al primer trimestre, que no invitaban al optimismo, en un acto inusual, se apresuraron a dar cuenta del supuesto repunte que, según el mismo DANE, había tenido la industria en abril, primer mes del siguiente trimestre. Según el DANE la caída de la producción fabril tocó fondo y rebotó, alcanzando un crecimiento sorprendente y sorpresivo del 8.4%, un salto de garrocha de 12.5 puntos porcentuales (¡!), que aún sigue sin alguna explicación satisfactoria. Analistas tan serios como el ex ministro de Hacienda Roberto Junguito han puesto en duda dicha cifra, “en tanto que la Encuesta de la ANDI estima un estancamiento” para el mismo mes de abril. Para el Ministro Cárdenas la noticia no fue el reporte el día jueves 20 de junio por parte del DANE con respecto al primer trimestre, sino la reconfortante noticia del viernes 21 (víspera de un largo fin de semana, con puente festivo de San Pedro y San Pablo incluido) que daba cuenta del “repunte” de la industria.


El Ministro Cárdenas fue el encargado por parte del Gobierno de dar el parte de victoria: “el crecimiento de la industria (8.4%) es el dato de abril más alto de los últimos cinco años. Es el crecimiento más alto de la industria desde agosto de 2011” y remató, “sin duda, es el fin de la desaceleración económica”; por su parte el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri también celebra el hecho que “ya pasamos la fase descendente del ciclo y ahora comienza de nuevo la ascendente”. Ambos pasan por alto el hecho que la base de comparación se vió afectada, dado que el mes de abril de este año tuvo un mayor número de días que el mismo mes del año pasado, debido a que la Semana Santa el año pasado cayó en abril y este año cayó en marzo. Lo cierto es que, según el mismo DANE, en los primeros cuatro meses del año, inluido el mes de abril, la industria acumula un retroceso de 2.7%. De hecho 33 de 48 subsectores analizados siguen con saldo rojo. De modo que aún es demasiado pronto para concluir que la industria salió de su estancamiento, menospreciando las señales de alerta, los retoños están todavía demasiado verdes. Ello es tanto más cierto, si tenemos en cuenta la caída de la formación de capital con respecto al último trimestre del año anterior y el entorno internacional, que es tan adverso.  Ojo, pues, con la autocomplacencia, ya que ella entraña serios peligros. 


Como lo señala el ex ministro Hommes, “para que lleguemos al 4% de crecimiento en el 2013, se necesita adicionalmente que el consumo privado aumente más del 4% en el año, que la inversión extranjera continúe llegando con el rítmo que trae, que el Gobierno sea capaz de ejecutar sus proyectos, cuyo presupuesto es de $42 billones y que la minería y los sectores de servicios crezcan por encima del 5%”. Es decir, que para lograr la meta de crecimiento del Gobierno, de 4.5% del PIB, se requiere que estos indicadores líderes de la economía se desperecen, pero todos ellos siguen aletargados.

LA CRISIS DEL SECTOR EXTERNO
El arranque este año para el sector externo no fue el mejor, las exportaciones cayeron 1.2% en el primer trimestre, al tiempo que las importaciones subieron el 1%. Cabe destacar dos hechos que cobran particular relievancia: que la importación de manufacturas creció este mismo 1%  y que las importaciones procedentes de EEUU crecieron el 26%, gracias al TLC. Según un dato más reciente, suministrado por el Director del DANE Jorge Bustamante, las importaciones colombianas crecieron el 16.5% en abril y “durante los cuatro primeros meses del año las compras externas del país crecieron 4.7% con relación al mismo período de 2012”. Es de resaltar que el 76.8% de tales importaciones corresponden a manufacturas, de tal suerte que la importación de insumos, maquinaria y equipo resulta ser residual.


El auge del sector minero – energético durante la década pasada le imprimió un gran dinamismo al sector exportador, habida cuenta que dicho renglón llegó a representar más del 70% del total de las exportaciones. Entre los años 2007 y 2012 particularmente se expandió el mercado de productos básicos y sus precios se dispararon, al punto que los términos de intercambio mejoraron ostensiblemente, el 55% aproximadamente, durante dicho período. Pero, todo indica que este ciclo ha llegado a su fin y que ahora nos enfrentamos a la contracción de tales mercados y a la destorcida de los precios; es lo que hemos llamado el cuarto menguante del boom minero – energético. Los países emergentes, encabezados por China y la India, habían logrado desacoplarse de la economía global y crecían a su propio rítmo, que oscilaba en el caso de estos dos países entre el 9% y el 10%, se habían convertido en las aspiradoras de materias primas, pero ahora han bajado su rítmo de crecimiento y en consecuencia han reducido su demanda por ellas.


Las economías emergentes, después de crecer en promedio el 7% en la última década, crecieron alrededor del 4% en el segundo trimestre de este año, la menor tasa de crecimiento desde 2009. Y no hay que perder de vista que durante la década aludida, tales países generaron algo así como el 75% del crecimiento de la economía global. Ello afecta tremendamente a Colombia, uno de los países más golpeados por el deterioro de los términos de intercambio reciente, amén de las restricciones de los mercados para sus exportaciones de crudo, carbón y ferroníquel, especialmente. Los vientos están soplando en otra dirección, que no le es favorable a la economía colombiana.


Durante la década 2003 – 2012, Colombia navegó en la cresta de la ola de este boom y gracias a ello logró lo impensable, quintuplicar sus exportaciones, las cuales bordearon el año anterior los US $60.000 millones y el saldo a favor de su Balanza comercial fue del orden de los US $4.181 millones. Pero este boom ya es cosa del pasado, con un agravante y es que Colombia desaprovechó tal coyuntura para equiparse mejor, para promover la industria y el agro, para diversificar su oferta exportadora. Por el contrario, tanto la industria como el sector agropecuario se han visto afectados por la enfermedad holandesa que trajo consigo la “maldición” de los recursos naturales. Por ello nos parece muy alejado de la realidad el anuncio reciente del Ministro de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) Sergio Diaz-Granados, en el sentido que “la meta de este Gobierno es triplicar las exportaciones no mineras”, pues, como él mismo lo reconoce, “eso se hace de la mano de la industria” y esta sigue de capa caída.


Pero, cabe preguntarle al Ministro de qué industria habla, si lo que viene ocurriendo es lo que delata el ex ministro de Hacienda y ex director de la CEPAL José Antonio Ocampo, que “muchas empresas industriales prefieren utilizar la red de comercialización que ya tienen y destinarlas a importar”. Es el caso de Arturo Calle, que pasó de ser reputado confeccionista a exitoso importador y el más reciente Icollantas (fundada con apoyo del IFI en 1942), cuya casa matriz (Michelin) optó por importar las llantas que venía produciendo en Colombia desde sus plantas en el exterior y su plantilla pasó de 400 empleados a sólo 60 agentes comerciales. Como lo señaló el ex ministro Ocampo, “la indigestión de Tratados de Libre Comercio (TLC) que tiene el país y que va a terminar de destruir el aparato productivo colombiano”. Y él va más lejos al considerar que “No puede ser que el ministro encargado de la liberación del comercio sea el mismo encargado de la industria, la industria es una agenda secundaria en esa cartera”. Mientras no se supere esta disfuncionalidad va a ser muy dificil que la industria salga del atolladero en el que está.


Y no estamos hablando de casos aislados, más de 500 microempresas de calzado han sido clausuradas en Bucaramanga, dejando cesantes más de 10.000 trabajadores. Según la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE)de la ANDI, el 53% de las empresas fabriles se han visto seriamente afectadas por la competencia desleal; el 28.1% considera que el dumping es la práctica comercial que más perjudica a los empresarios nacionales. Coincido con el analista Andrés Espinosa en que “percibimos una relación de causalidad directa entre la reducción unilateral de aranceles y el desplome industrial de los últimos tres trimestres”. Ello, sumado a la carencia de una política industrial mantiene postrado este sector. Dice el Ministro Cárdenas que “hay que perderle el miedo a la política industrial y eso quiere decir apartarse un poco del neoliberalismo extremo”, pero tal planteamiento se queda en la retórica y le siguen rindiendo culto al neoliberalismo extremo sin apartarse un ápice del mismo.


Pero, no ha sido la industria la única afectada, también el sector agropecuario ha sido afectado por esta fiebre aperturista, que hace recordar los estragos de la apertura atolondrada de 1991. Según la SAC las importaciones del sector agropecuario para el año 2012 crecieron con respecto al 2011 en 909.000 toneladas, al pasar de 8.6 a 9.5 millones de toneladas; en tanto que en valor ascendieron a US $6.108 millones, con un crecimiento del 13%. Y la conclusión no puede ser más desconsoladora para el agro y para los agricultores colombianos: “las cosechas se reemplazan por importaciones”. Es decir, que se repite con el agro lo que ocurre con la industria. Por ello, no es de extrañar que con la crisis de crecimiento que acusan tanto el sector industrial como el sector agropecuario, se esté destruyendo empleo formal así en el campo como en la ciudad. Según cifras del DANE en el trimestre marzo – mayo de este año, mientras el comercio, los restaurantes y la hotelería generaron 60 mil nuevos puestos de trabajo, se perdían 158 mil en agricultura, pesca, ganadería y silvicultura. A estos se vienen a sumar otros 38 mil que quedaron cesantes en el mismo período en la actividad manufacturera.  Cabe preguntarse, como se explica que, como lo anunció recientemente el DANE, la tasa de desempleo en Colombia bajó al 9.4% en el mes de mayo.


Esta asimetría entre el crecimiento de las importaciones y el decrecimiento de las exportaciones se ha traducido en una fuerte baja en el superávit de la balanza comercial de Colombia. El déficit en Cuenta corriente de la Balanza de pagos, según el B de la R,  pasó de US $1.680 millones en el primer trimestre de 2012 (1.9% del PIB acumulado) a US $3.038 millones en el primer trimestre de este año (3.3% del PIB acumulado). El déficit sería mayor de no ser porque los precios internacionales de los commodities a pesar de la baja de los mismos todavía están altos. Como lo acotara el ex ministro Ocampo, de no ser por estos precios, dicho déficit  sería del 10% del PIB, lo cual sería una barbaridad. Esta perspectiva fue la que llevó a ANIF a manifestar su preocupación porque “nuestras exportaciones pudieran descender a US $58.000 millones en 2013 (en vez de los esperados US $64.000 millones) y a US $65.000 millones en 2014 (frente a los esperados US $71.000 millones) con deterioro hasta del 3% del PIB en la cuenta externa, llegando casi al 6% del PIB”. Y por ello plantea la “urgencia de buscar una mayor competitividad para nuestro frente exportador, donde el tema de la infraestructura es vital, y una mayor diversificación”. Será mucho pedir?


La crisis del sector externo de la economía no es mayor porque la gran afluencia de capitales en los últimos años, tanto por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) como inversiones de portafolio los créditos externos, ha compensado en gran medida el déficit en Cuenta corriente. Durante el año 2012 la IED llegó a su clímax, con US $15.823 millones, con un incremento del 17% frente al 2011. Pero, ya en el primer trimestre de 2013 se contuvo la llegada de tales inversiones; según el Informe de Balanza cambiaria del B de la R, al corte del 7 de junio de este año el monto de capitales foráneos que vino a recalar en el país ascendió a US $7.648 millones, 18% por debajo de los US $9.330 millones registrado en igual período del año anterior.


En relación a la IED, vale la pena resaltar que al final de cuentas no es mucho lo que aporta para contrarrestar el desequilibrio de la balanza externa, porque ella tiene su contrapartida en el giro de la remesa de utilidades al exterior por parte de las empresas. En la última década la entrada de capitales por concepto de IED al país ascendió a la suma de US $84.000 millones, de los cuales más de la mitad se invirtió en el sector de minas e hidrocarburos, al tiempo que se remesaron al exterior por concepto de utilidades y dividendos US $76.000 millones. Para el primer trimestre de este año, mientras la IED fue de US $3.700 millones, por el otro lado salieron US $3.500 millones a través de remesa de utilidades y dividendos. Es decir, que lo comido sale por lo servido, pues el monto de la repatriación anual de utilidades y dividendos es casi el mismo de la IED (3% del PIB). De no haber sido por las inversiones de portafolio, que han crecido enormemente gracias al incentivo que se les dio en la pasada reforma tributaria y el mayor endeudamiento externo por parte del sector privado, que el Gobierno se ha negado a ponerle cortapisas, el desbalance sería mucho mayor. En efecto, en el primer trimestre de este año entraron US $3.061 millones en capitales de portafolio, 140% más que en el primer trimestre de 2012 y por créditos del sector privado US $2.400 millones. Pero, lo que por agua viene por agua se va, en la medida que las condiciones externas varíen estos capitales, que por algo los llaman golondrinas, levantan vuelo y se van, dejando al país sumido en su más profunda crisis.


La OCDE, el club de los países ricos, a cuya membresía aspira el Gobierno Santos, así sea de arrimado, en su más reciente informe, advierte que “la relativa holgura de tiempos recientes se encuentra en riesgo si la bonanza de los bienes primarios desaparece” y no cabe duda que esta es cosa del pasado. De allí la conclusión del diario económico Portafolio: “si no hay excedentes en el comercio externo, la inversión extranjera que llega a Colombia disminuye y los capitales buscan otros destinos más atractivos, están dadas las condiciones para que la devaluación se haga presente con más fuerza que las semanas pasadas y tal escenario no depende tanto de la voluntad del Gobierno, sino de sumas y restas que dejan en evidencia que hay un nuevo ciclo en materia externa, del cual hay que tomar nota”. Más claro no canta un gallo!


Bogotá, julio 7 de 2013
www.amylkaracosta.net

EL ¡TARDE PIACHE!

FLOR DE UN DÍA

Muy poco duró la celebración por parte del Gobierno del inesperado resultado del crecimiento de la industria en el mes de abril, que contrastaba con la caída persistente que venía acusando durante los cinco meses anteriores. Según el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas “el crecimiento de la industria (8.4%) es el dato de abril más alto de los últimos cinco años. Es el crecimiento más alto de la industria desde agosto de 2011” y remató diciendo que “sin duda, es el fin de la desaceleración económica”; lo secundó el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, aseverando que “ya pasamos la fase descendente del ciclo y ahora comienza de nuevo la ascendente”. El Presidente de la ANDI Luis Carlos Villegas se contagió del optimismo del Gobierno, al considerar también que el sector industrial se estaba reactivando. Y no era para menos, dado que según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) elaborada por la ANDI y seis gremios más del sector empresarial “llevamos dos meses, abril y mayo, con cambio de tendencia”.
Es más, según dicha Encuesta entre enero – mayo la producción industrial había crecido 0.2%, las ventas totales (incluidas las exportaciones) el 1.1%  y las ventas en el mercado nacional el 1%. Pero, desde luego, el optimismo del Presidente de la ANDI no era tan rebosante como el del Gobierno; él se muestra más cauto y no es para menos. Ello se explica porque al consultar los indicadores líderes de la actividad económica coincidió con nuestro planteamiento en el sentido que aún era demasiado pronto para concluir que la industria había salido de su estancamiento, menospreciando las señales de alerta, además de que los retoños están todavía demasiado verdes. En efecto, según él “los resultados de la EOIC muestran que la actividad manufacturera enfrenta un momento difícil. En efecto, la producción deja de caer aunque no crece; las ventas mantienen bajos crecimientos; la utilización de la capacidad instalada está por debajo del promedio histórico y los industriales enfrentan problemas de demanda, contrabando y baja rentabilidad”.
Pero, para mayor desconcierto de ellos, el DANE en su reporte del mes de mayo muestra que la industria volvió a contraerse, esta vez el - 3.1% con respecto al mismo mes del año anterior, con lo cual acumula una sensible caída del - 2.9% de enero a mayo, cuando en igual período del año 2012 subió el 0.8%. Lo más preocupante es que 34 de los 48 renglones contemplados en la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) considerada por el DANE arrojaron cifras negativas. También cayeron las ventas durante este período del sector manufacturero el - 2.7%, frente a un crecimiento de 1.5% registrado un año atrás. Es más, en los últimos doce meses (de mayo de 2012 a mayo de 2013) la producción industrial cayó - 1.5%, período este crítico puesto que sólo 18 subsectores de los 48 que componen la MMM reportaron alza en la cifra. Una de las razones por las cuales la ANDI y el Gobierno se descacharon al pronosticar un repunte de la alicaída industria basados en el resultado del mes de abril de 2013, ya lo habíamos advertido, es que este se había beneficiado del hecho de tener un mayor número de días hábiles que abril de 2012 por los feriados de Semana Santa el año anterior. 

Y todo parece indicar que el comportamiento del mes de junio no va a mejorar el desempeño del primer semestre de este año; ello, si nos atenemos a los registros de la demanda de energía que lleva  el administrador del mercado mayorista XM. Según este la demanda de energía en el mes de junio apenas sí creció un débil 1.8% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando la demanda se incrementó el 4.5%, lo cual denota una menor actividad económica.  Mientras el sector de minas y canteras redujo su demanda en - 2.5%, como síntoma de su desaceleración, la industria disminuyó su consumo de energía – 0.1% con respecto a igual mes del año anterior. Estos dos sectores sumados representan el 61.2% del total de la demanda de energía en el país y constituyen la base del llamado mercado no regulado. Se comportó mejor el sector residencial, que tuvo un incremento para el mes de junio de 1.2%, que tampoco es satisfactorio. Al cierre del primer semestre de este año, el consumo de energía va en un modesto 3.3%, muy por debajo del consumo del primer semestre de 2012, razón potísima para dudar que vendrán mejores tiempos para la industria. 


EL DESBALANCE COMERCIAL 

Con el magro crecimiento de la economía colombiana hasta ahora ésta se está alejando cada vez más de la meta del Gobierno para todo el año 2013, que es del 4.5% y lo propio podemos decir de la industria, que muy seguramente terminará el año en terreno negativo. Esta crisis de crecimiento que acusa la economía colombiana en su conjunto, pero acentuada en su sector industrial, se debe a problemas inveterados de índole estructural que afectan su competitividad y su potencial de crecimiento, sumado a un entorno internacional adverso, los cuales terminan por golpear también su balanza comercial. En el mes de mayo las exportaciones cayeron - 2.5% frente al mismo mes de 2012, situándose en los US $5.267 millones. Al desagregar el renglón de las exportaciones llama poderosamente la atención que la mayor caída se da por cuenta de las exportaciones tradicionales (3%), arrastradas por la contracción del mercado de materias primas y al deterioro de los términos de intercambio. La caída de las exportaciones de carbón en el mes de mayo, por ejemplo, fue de – 13.8% y las de ferroníquel del – 13.9%. Entre tanto las exportaciones no tradicionales tuvieron un incremento de 1.5%, aunque muy bajo si lo comparamos con el crecimiento un año antes, que fue de 9.7% e incluso con respecto al mes de abril de este año, que alcanzó el 27.2%.


En el acumulado de enero a mayo de este año las ventas al exterior acusaron una caída del - 6.5% frente al mismo mes del año anterior; las mayores exportaciones no tradicionales (5.6%) compensaron parcialmente la estruendosa caída del – 11% de las exportaciones tradicionales. En esos primeros cinco meses del año 2013 las exportaciones manufactureras (que representan sólo el 15% de las exportaciones totales) ascendieron a US $4.223 millones, ligeramente superiores a los US $3.999 millones que registraron en igual período de 2012. Las manufacturas, particularmente, de acuerdo con el DANE tuvieron un repunte del 6.9% en el mes de mayo, no obstante que sólo 14 subsectores de 34 reportaron tasa de crecimiento positivas para dicho mes.  


                                                                        2012                             2013
                                                                                 (Millones de dólares)
         
             Exportaciones totales                           5.403                             5.266
             Industria extractiva                              3.574                             3.479
             Manufacturas                                         921                                985
             Agropecuarios, alimentos y bebidas          637                               610
             Otros                                                    270                                191


EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA POR SUBSECTORES
(Variación % anual)


Este revés en las exportaciones ha venido afectando la Balanza comercial, que si bien sigue siendo superavitaria el saldo favorable se ha visto muy menguado en el último semestre. En los primeros cinco meses de este año el superávit de la Balanza comercial fue de US $911 millones, cifra esta muy alejada de los US $3.128 millones para similar período de 2012. Resulta llamativa la estrepitosa caída del 46.6% (¡!) del superávit comercial de Colombia con EEUU luego de catorce meses de vigencia del TLC, cuando se prometió que gracias a este nuestras exportaciones y no la de los EEUU se iban a catapultar. En efecto, según Fedesarrollo, la balanza comercial de Colombia con EEUU pasó de tener un superávit a favor de Colombia US $9.600 millones en junio de 2012 a US $5.100 millones en junio de 2013.


Es de anotar que la caída de las exportaciones ha coincidido con la reducción de la afluencia de la inversión extranjera directa (IED) al país, particularmente al sector de la minería y los hidrocarburos, que era hasta hace poco justamente su mayor polo de atracción. Según cifras del B de la R la IED cayó el 6.2% en el primer semestre de este año con respecto a igual período del año pasado, al pasar de US $9.330 millones a US $8.730 millones. Desde luego, la IED se siguió concentrando en los sectores de la minería y los hidrocarburos, pero aún esta bajó para el mismo período de US $1.647 millones a US $1.492 millones. Esta afectación a la Balanza de Capital, sumada al menor superávit de la Balanza comercial, desequilibra aún más la Balanza de Pagos del país. Según estimativos del Banco de Colombia, “el déficit en cuenta corriente pase del 3% al 3.4% del PIB en 2013”

UNA DIGRESIÓN

En este punto hagamos una digresión para destacar el hecho de que las exportaciones tradicionales, básicamente petróleo, carbón y ferroníquel, han perdido el dinamismo que traían, debido en gran medida que el boom de las materias primeas, como lo hemos venido reiterando, después de un largo ciclo de boom, ha entrado en su cuarto menguante. Y este se debe en gran medida al comportamiento reciente de la economía china que junto con la economía de la India se convirtieron en las “aspiradoras” de materias primas. Estas economías habían logrado desacoplarse de la Euroeconomía en barrena y de la economía norteamericana, que sigue rengueando, y así mientras estas aún no se reponen de la Gran crisis que estalló en 2008, las economías emergentes encabezadas por ellas se convirtieron en las locomotoras del crecimiento de la economía global. China particularmente alentó el mercado de materias primas, dado su modelo de crecimiento fincado en las grandes inversiones en infraestructura que demandaban ingentes cantidades de materias primas. De allí la gran demanda por estas y la espiral alcista de sus precios, los cuales se duplicaron entre 1998 y 2008, según las mediciones del Índice de Commodities Dow Jones – UBS.


Pero, qué ha pasado en los últimos años? Sencillamente los líderes del gigante asiático están dando un viraje a dicho modelo, enfocándose más hacia el mercado interno que al mercado externo, profundizándolo y consolidándolo, orientándose más hacia un crecimiento sostenible. Ello los ha llevado a tener metas menos ambiciosas de crecimiento, al punto que recientemente el Ministro de Finanzas del gobierno chino, Lou Jiwei, hizo una nueva previsión del crecimiento del PIB para este año, revisándola a la baja y fijándose como meta “una tasa esperada de crecimiento del PIB del 7%”.  Y es que después alcanzar tasas de crecimiento de dos dígitos por más de una década, la economía china viene en un franco proceso de ralentización: el año pasado cerró el año con un crecimiento del PIB de 7.8%, su tasa más baja en 13 años! Con la caída del ritmo de crecimiento desde 7.7% en el primer trimestre de este año, al 7.5% en el segundo trimestre, la economía china completa cinco trimestres consecutivos de crecimiento por debajo del 8%, “una señal evidente de dificultades”, según estimó Ren Xianfang, analista de IHS Global Insight.


Esta desaceleración del crecimiento de la economía china ha terminado por impactar negativamente la demanda y por consiguiente, dado su peso en el mercado, ha incidido sobre el precio de los commodities. Y, lógicamente, los más afectados por esta inversión en la tendencia de estos mercados son aquellos países que como Colombia y los demás países de Latinoamérica dependen hoy más que nunca de las exportaciones de productos básicos. Otro factor que también había contribuido en el pasado a insuflar los precios de los commodities, como son las inversiones especulativas en los mismos, ahora le han dado la espalda, alertados de un posible cambio de tercio por los sibilinos anuncios de Bernanke, Presidente de la Reserva Federal (FED) de los EEUU. Con sobrada razón, entonces, sentenció el Primer Ministro de Australia Kevin Rudd: “la verdad es que el boom de recursos de china terminó” y con él terminó también la época de las vacas gordas para Latinoamérica en general y para Colombia en particular. Como es apenas obvio, este entorno externo conspira contra las posibilidades de un mayor crecimiento de la economía, habida consideración de que esta se ha tornado más vulnerable en la medida en que el sector minero y el de los hidrocarburos representan más del 70% de las exportaciones. 

LOS TLC:  TRAMPOLÍN O CADALSO
 
Pese a este panorama tan sombrío de la economía nacional y, sobre todo, de su sector externo, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) Sergio Díaz-Granados, promete a pié juntillas que “la meta de este Gobierno es triplicar las exportaciones no mineras”. Pero, cabe preguntarse cómo va a lograr el Ministro semejante hazaña. Él está convencido, contra toda evidencia en contrario, que la varita mágica para alcanzarla son los TLC y por eso anda como un trotamundos por doquier, firmando TLC a diestra y siniestra, sin reparar en las consecuencias que tal insensatez le pueda deparar al país. Ya tenemos vigentes 9 de esos tratados y a partir del primero de agosto se completan 10, al entrar en vigor el firmado con la Unión Europea , se han suscrito 3 más y están en proceso de negociación 5, pero hasta ahora los resultados han sido adversos, pues con los TLC Colombia exporta cada vez menos e importa cada vez más.


Es el caso del TLC con los EEUU: entre el 15 de mayo de 2012 y el 31 de marzo de 2013 la facturación al mercado estadounidense  - sin las exportaciones de petróleo, dado que estas no tienen nada que ver con el TLC – ascendieron a US $6.004 millones, para un incremento de sólo el 3.3%. Entre tanto las importaciones crecieron el 14.6%. El caso de Colombia no es la excepción sino la regla; Perú y Chile, que se han presentado en Colombia como paradigmáticos, han corrido con la misma suerte. Las exportaciones del Perú a los EEUU en 2012 se incrementaron 10.6% con respecto al 2008, antes de su entrada en vigor, en tanto las importaciones se incrementaron el 51.3% (¡!). Por su parte las exportaciones de Chile entre 2003 – 2012 aunque crecieron 153% las importaciones crecieron cuatro veces más (¡596%!). Según nos lo cuenta el analista Mauricio Cabrera, merced a los TLC Perú ha visto aumentar sensiblemente el superávit comercial en dicho lapso a favor de los EEUU, al pasar de US $370 millones a US $2.931 millones. Y Chile, después de tener una Balanza comercial superavitaria con EEUU ahora deficitaria en US $9.505 millones. De modo, que después de conocer esta cruda realidad uno no puede menos que concluir que nos podemos dar por bien servidos.


Como lo señala muy bien el analista Cabrera, “en la década de los noventa el comercio exterior (exportaciones más importaciones) representaban un 30% del PIB, y hoy son el 45%. El ministro del ramo podría estar muy satisfecho con este resultado, salvo por el pequeño detalle de que ha sido una apertura hacia adentro: las exportaciones eran el 16.1% del PIB y ahora son el 16.4%, mientras que las importaciones duplicaron su participación pasando del 15.4% al 29.4% del PIB”. Este resultado no puede ser más desolador y se debe en gran medida a tres factores, entre otros: primero, Colombia no cuenta con una oferta exportadora, segunda al coctel fatídico de la desgravación arancelaria mezclada con la revaluación del peso y, finalmente, los sobrecostos en que incurre el productor colombiano por las enormes deficiencias en materia de infraestructura y logística. Lo reconoce Hernando José Gómez, coordinador del equipo de negociación del TLC con EEUU y hasta la semana anterior Zar de los TLC: “por primera vez, desde la crisis de los años 30, Colombia tiene más acceso a mercados internacionales que oferta exportable”.


Pero las dificultades para el sector productivo colombiano no sólo ha sido para salir a competir afuera, sino para poder competir en desigualdad de condiciones con la producción y los productores extranjeros que están copando el mercado nacional. Con gran claridad nos explica el ex ministro de Hacienda y ex secretario adjunto de las Naciones Unidas para asuntos económicos José Antonio Ocampo, que “la gran ventaja histórica de la economía colombiana ha sido su diversificación productiva….Hoy en día tenemos más producción y exportaciones de petróleo y minerales, pero el resto del aparato productivo está cada vez más débil…La desindustrialización ha avanzado a un ritmo vertiginoso, similar al que experimentó el país después de la apertura acelerada de 1991…La mezcla de la sobrevaluación con los TLC hace que nuestra industria no pueda competir con importaciones o exportar hacia los países con los cuales tenemos tratados…El mayor mito es que los TLC ofrecen de por sí grandes oportunidades de crecer. Esto puede ser cierto cuando se tiene la capacidad productiva, pero esa capacidad no se construye por el mero hecho de tener oportunidades para exportar…Hay que tener una política para construir dicha capacidad, así como otras condiciones: capacidad tecnológica y tasa de cambio e infraestructura apropiadas”. Bien dice el Presidente de ANIF Sergio Clavijo que “los TLC son simples oportunidades para incrementar nuestro comercio, pero ellos no garantizan el éxito por sí solos”.


Ante los estragos de los TLC se apela por parte de sus alabarderos al socorrido argumento de que hay que darle tiempo al tiempo, pero cuando se mira retrospectivamente lo que ha pasado en México, que ya lleva veinte años de vigencia, se cae de su peso. Y, al fin y al cabo, a largo plazo, como dijo Keynes “todos estaremos muertos”. Como lo destaca Ocampo “desde que firmó el NAFTA México ha crecido a un promedio de 2.6%, la tasa más baja de América Latina. Chile creció sin TLC entre 1990 – 1997 casi el doble de lo que en 2003 – 2013”. Y aquí nos siguen diciendo, a pesar de la contundencia de los hechos, que el TLC con EEUU le significará a la economía colombiana un punto adicional de crecimiento del PIB anual.


También se ha dicho, para sobrevender los beneficios del TLC, que gracias a este se generarán 500.000 empleos formales adicionales en cinco años. Pero veamos lo que ha ocurrido en México: según un enjundioso estudio del ex decano de Economía de la Universidad de los Andes y hoy Ministro de Salud Alejandro Gaviria, “no sería errado concluir, a la luz de la evidencia, que el empleo en la industria manufacturera no maquiladora no ha cambiado de manera radical en México con posterioridad a la aprobación del NAFTA. De nuevo, la noticia vuelve a ser la ausencia de noticias”. A ratos uno piensa, que a diferencia del Quijote que confundía los molinos de viento con gigantes, en este caso se está confundiendo el cadalso con un trampolín. 

Y al empleo en la  la agricultura en México no le fue mejor, según el mismo trabajo in comento “una lectura optimista de la evidencia llevaría a concluir que la agricultura perdió entre 600 y 700 mil empleos después del NAFTA. En suma, lo que se ganó en la maquila se perdió en el campo. Y la historia vuelve a ser la misma de siempre: nada pasó. Al menos a nivel agregado”. 

¿UNA NUEVA VISIÓN?
Se le ha dicho al Gobierno en todos los tonos, que una cosa son las oportunidades que ofrecen los TLC y otra cosa muy distinta es que el país esté preparado para aprovecharlos. Varios gremios empresariales, especialmente los de la pequeña y mediana empresa, tanto industrial como agropecuaria, han venido clamando la necesidad de hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la necesidad de poner más atención en la preparación que en la alocada firma de TLC. Pero al alto Gobierno tales admoniciones le entraban por un oído y le salían por el otro, en un alarde de arrogancia muy propio de los dómines del modelo económico imperante, que se creen infalibles. Más recientemente, el ex ministro Ocampo les llamó la atención sobre “la indigestión de Tratados de Libre Comercio (TLC) que tiene el país y que va a terminar de destruir el aparato productivo colombiano”. Y él no lo decía a humo de paja, lo dijo a propósito del sinnúmero de empresas que va dejando a la vera del camino la avasalladora marcha de los TLC.


Por fin, el país se entera por boca del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, que el Presidente Santos en un relámpago de sensatez “ha esbozado una nueva visión, un nuevo paradigma, que se resume en que durante los últimos 20 años el enfoque del país ha sido la negociación de tratados de libre comercio, pero se debe cerrar ese ciclo de los TLC pues ya está completa la primera fase que nos permite ampliar mercados con más consumidores y más competencia, tenemos que concentrarnos en la política industrial…Debemos empezar a digerir esos acuerdos y empezar a ofrecer más señales de los sectores con los cuales se pueden aprovechar las ventajas arancelarias”. Ahora, dijo Santos en la Instalación del último período de sesiones del Congreso de la República, “debemos enfocarnos más en potenciar la competitividad de nuestra industria y nuestro agro, para seguir creando empleo”. Enfatiza el Ministro Cárdenas que “durante los últimos 20 años el enfoque del país ha sido la negociación del TLC, pero se debe cerrar ese ciclo, pues ya está completa la primera fase que nos permite ampliar mercados con más consumidores y más competencia, tenemos que concentrarnos en la política industrial”. 


Pero, este es el Gobierno de las incoherencias, tan pronto trascendieron las declaraciones del propio Presidente de la República y del Ministro de Hacienda, salió al quite el titular del de MCIT y manifestó que “no hay cambio de visión en ningún caso, porque no nos estamos arrepintiendo de lo que estamos haciendo; un cambio de visión me suena como que esto que hice no estaba bien y ahora hago esto que es mejor”. Como dice la canción, en qué quedamos por fin, hay o no hay un cambio de visión, porque el Ministro Díaz-Granados, como aquel brillante escritor y orador Carlista Vásquez De Mella, podrá “estar en el error, pero, eso sí firme”. Hace hincapié el Ministro Díaz - Granados en que “no es que estén cerradas nuevas negociaciones, eso sería un mensaje demasiado extremo, porque estamos hablando del cuatrienio (del Presidente Juan Manuel Santos) y de que la mayoría de las metas trazadas en 2010 se han venido cumpliendo”. Ya entendemos el por qué, con gran dosis de sindéresis, anotó el profesor Ocampo que “No puede ser que el ministro encargado de la liberación del comercio sea el mismo encargado de la industria, la industria es una agenda secundaria en esa cartera”. No se puede servir bien a dos señores a la vez, reza el adagio popular, así el Presidente le haya impartido la orden perentoria en el sentido que “en adelante, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe ser ahora más de Industria que de Comercio”

¡ES LA INFRAESTRUCTURA!

Como lo sostiene el Presidente de la firma HACEB Cipriano López, casi como el canto del cisne, porque también ella está en capilla por cuenta de los TLC, “no existe una economía en el mundo que haya alcanzado su desarrollo sin fortalecer su industria. Sin empresas de manufactura es imposible que el país crezca, genere empleo, calidad de vida y desarrollo sostenible para sus ciudadanos. Los TLC son útiles si le sirven a una economía para fortalecerse. No sólo para importar”. En una columna reciente, el empresario David Yanovich recogió unas declaraciones muy patéticas de parte de un empresario del Valle que ponen el dedo en la llaga. Afirma él que “de las puertas de mi fábrica para adentro yo no tengo problema en competir. El problema resulta de las puertas de mi fábrica hacia fuera”. Y continúa Yanovich, “el efecto  de la tasa de cambio se ha visto amplificado por el hecho de que los costos de logística y transporte en Colombia son sensiblemente más altos que el de sus países competidores (hasta 20%, según algunos cálculos de varios analistas), lo cual a su vez está afectado porque los centros de consumo en el país, por razones históricas, crecieron en la mitad de las montañas, lejos de las costas, y en sitios geográficamente complejos”. Este es el quid del asunto, el busilis del problema, como dirían otros, y al parecer el Gobierno sigue sin percatarse de ello.  


Hace rato se sabe que el principal cuello de botella que enfrentan las empresas colombianas para competir con éxito y poder aprovechar los TLC es la carencia de infraestructura y logística apropiadas; el rezago en este frente es de décadas. De acuerdo con Doing Business, en Colombia es más costoso exportar e importar que en EEUU, América Latina y los países de la OECD, lo cual pone de manifiesto el atraso que acusa especialmente su infraestructura y logística; ello es muy preocupante, sobre todo cuando se equipara con aquellos países con los cuales EEUU ha suscrito acuerdos de libre comercio similares al que suscribió con Colombia. Los costos en que incurre un exportador colombiano supera con creces aquellos en los que incurren sus homólogos en los 19 países con los cuales tiene EEUU TLC vigentes. Para ser más precisos, digamos que exportar desde Colombia es 4 veces más costoso y 3 veces más lento que hacerlo desde Singapur, país este que ocupa el primer lugar en el ranking de competitividad en comercio transfronterizo.


Y lo más grave es que en lugar de mejorar Colombia empeora en este frente que es tan vital, “de acuerdo con los últimos resultados del Anuario Mundial de Competitividad que elabora el Institute for Management Development (IMD), Colombia continuó su caída al pasar del puesto 46 en 2011 al puesto 52 en 2012, entre 59 países. Lo mismo ocurrió con los resultados del Indicador Global de Competitividad del World Economic Forum (WEF), que indican un retroceso del país de la posición 68 en 2011 a la posición 69 en 2012, entre 144 países, alejándose, por tanto, de la meta de ser uno de los países más competitivos de la región”. Y ello ocurre porque el Estado no ha tomado con seriedad el compromiso de llevar a la práctica la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad (AIPC), que sigue en los anaqueles oficiales. A ello se refiere el Consejo Privado de Competitividad, cuando advierte que “con o sin tratado con EEUU, si no hacíamos la tarea de arreglar la casa por dentro, no podríamos aprovechar el libre comercio”. Así de claro! Por eso parece un chiste cuando el Ministro Díaz – Granados anuncia a los cuatro vientos que “Buenaventura es, desde ya, la capital de la Alianza Pacífico”, cuando es bien sabido que no obstante ser este el principal puerto del país no cuenta siquiera con una vía alterna de acceso al mismo.


Por ello, no es de extrañar lo que dice el Presidente de ANALDEX Javier Díaz, “el comercio se debe vincular a la industria a través de cadenas de valor, y para eso es necesario la infraestructura” , coincidente con lo que plantea ANIF al afirmar que “es clave dotar al país de infraestructura adecuada…también exige ocuparse de una relocalización geográfica de su industria hacia la Costa”. En un artículo muy destacado titulado “Tomando el camino lento”  el semanario británico The Economist critica al Presidente Santos “quien se hizo elegir como Presidente al prometer, entre otras cosas, que con una excelente inversión en infraestructura el transporte se convertiría en uno de los motores del país. Sin embargo, esto no ha sido así…su buena charla sobre la infraestructura aún no se ha acompañado de mucha acción”. Ya desde las postrimerías de la administración Barco, cuando se habló por primera vez sobre la necesidad de que el país se preparara para la internacionalización de sus relaciones comerciales, se habló de tres estrategias, que siguen tan vigentes como entonces: la modernización industrial, la reconversión industrial y la relocalización industrial, que junto con la sustancial mejora de la infraestructura y la logística constituyen la clave se su progreso y desarrollo económico y social sostenido.


La incoherencia del Gobierno es mayor cuando se confronta la necesidad apremiante de la inversión en infraestructura, logística, modernización y reconversión de la industria, en incentivos fiscales para la relocalización industrial, en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, con la apropiación de recursos en los presupuestos y la ejecución de los mismos. Como lo denunció recientemente el Presidente de ANIF Sergio Clavijo, a la deuda soberana de Colombia le subieron la calificación las firmas calificadoras de riesgo gracias a que redujo el Índice de Riesgo Fiscal de 2.2 a 1.5%, “Esto se debió al cruce de la línea de un déficit del 2.3% del PIB en 2011 – 2012, a un superávit de 0.3% en 2012”. Y eso está muy bien; lo que no está bien es que dicha baja en el Índice de Riesgo Fiscal se obtuviera a expensas de la inversión; dicho de otra manera, se dejó de invertir para obtener la buena nota de las calificadoras de riesgo, debido además a “la incapacidad para realizar las inversiones en infraestructura que tanto requiere el país…La desidia estatal con la inversión podría implicar el sacrificio de crecimiento potencial en el futuro cercano, bajándonos del promedio histórico del 4.5% hacia el 4% por año, en vez de llegar al ansiado 6%”. La preocupación es mayor cuando comprobamos que a la hora de la ejecución del presupuesto, que para el primer semestre iba en sólo el 38% en promedio, mientras  para el servicio de la deuda se giraron $21.5 billones de $45.4 billones apropiados en el presupuesto de 2013, es decir  el 47.7%, en cambio para inversión sólo se giraron $9.9 billones de $42.9 billones, es decir sólo el 23.3%. Es más, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado recientemente al Congreso de la República contempla un fuerte recorte del 28% en la inversión pública. Y sin inversión no hay infraestructura ni seremos competitivos y mientras tanto la mentada Agenda Interna para la Productividad y Competitividad (AIPC), que data desde el año 2004, seguirá en las presentaciones de Power point. Así no se puede!


Y AL FINAL…
Estoy totalmente de acuerdo con Cabrera que este giro en la política pública anunciado por el Presidente y secundado por el Ministro de Hacienda, de poner el énfasis en la política industrial, más que en la comercial, se está dando tarde, en momentos en que el daño ya está hecho y además el Gobierno tiene ya el sol a sus espaldas y por ello mismo sus prioridades son otras. Empresas que sucumbieron ante el peso de los TLC, como Cauchosol, Icollantas, Hernando Trujillo y “otras multinacionales que en los últimos años dejaron de producir en Colombia, como Saint-Gobain (vidrios), Kraft (dulces y alimentos), Sanford (lápices y material de escritura) o Varta (pilas). Todas ellas deben hacer parte de la nueva ANDI (Asociación Nacional de Importadores), porque siguen vendiendo sus productos en el país, pero ahora traídos del exterior”. El caso más reciente es de la multinacional Bayer, que tras 58 años de operar en Colombia acaba de cerrar su planta en Cali, en donde producía desde la aspirina y el Alka-seltzer hasta el Talcid, Baytalcid, el Acid Mantle, el Canesten y Gynocanesten, entre otros medicamentos, dejando cesantes a 100 trabajadores. A partir de septiembre el Alka-seltzer para la indigestión de los TLC se tendrán que importar, porque a partir de esa fecha se comercializarán en el país pero no se producirán.


La tardía reacción del Gobierno frente a la debacle de esta apertura atolondrada de los TLC me hace recordar la anécdota que me contara mi abuelo cuando estaba muy niño. Un señor llevó a su mamá a donde el médico para que la reconociera y le recetara un remedio para la dolencia que la agobiaba. El facultativo le formuló un jarabe y le prescribió que debía tomarse tres cucharadas al día y que volviera al término del tratamiento para un nuevo chequeo. El jarabe no le “obraba” a la paciente, pero el resignado hijo esperó hasta terminar el tratamiento, como se lo había indicado el galeno. En efecto, acudió nuevamente al consultorio con su aquejada madre y al decirle al médico que su mamá seguía igual, lo despachó para atrás no sin antes decirle que le siguiera dando la cucharada y que los esperaba cinco días después. Pero, lo peor sucedió cuando apenas habían transcurrido dos días falleció la madre, pero su atribulado hijo esperó los cinco días para acudir a la postrera cita que le había dado el doctor. Al ingresar al consultorio de este sin su madre, él le preguntó por ella y al contestarle que su mamá había fallecido lo único que recibió por respuesta de parte del médico fue un dictamen inapelable: pare la cucharada! 
Pero, para el Ministro de Comercio cuanto viene aconteciendo no es motivo de preocupación, pues, como dijo olímpicamente, “por cada empresa que se cierra en el país, dos o tres están abriendo sedes o tienen proyectos de inversión para expandir sus negocios”. La frase que acuñó a este propósito el Presidente de ACESCO Carlos Arturo Zuluaga Escobar no puede ser más lapidaria: “desafortunadamente, cada día la solución óptima pasa por convertirse en importador”. Al final nos quedaremos produciendo y exportando, además de uchuvas, chirimoya, maracuyá morado y jugo de guanábana, jeans levantacola, trajes de bautizo para bebé, “horóscopos, telenovelas, tiras cómicas o historietas producidos por ese ingenio que nos caracteriza a los colombianos”, de los cuales hizo alarde el Presidente Santos al resaltar la “diversificación” de nuestras exportaciones, con motivo de la celebración del primer año de vigencia del TLC con EEUU.


Es muy sintomático el hecho que mientras la industria decrece y sus ventas en el mercado interno crece apurado el 1%, el comercio minorista creció en el mes de mayo el 6.5% y para los primeros cinco meses de este año acumula un crecimiento del 3%. Ello lleva a los analistas del Banco de Colombia a concluir que “el comercio se expande, pero no por demanda de bienes locales sino de importados” y conceptúan que existe una “correlación de largo plazo del 70% entre las importaciones de bienes de consumo y el comercio minorista”. Como es apenas obvio esta disfuncionalidad entre la caída de la producción real de la industria y el crecimiento a buen ritmo del consumo de los hogares a la larga es insostenible, dado que la contracción de la industria (tercer mayor generador de empleo urbano en el país) va aparejada con la destrucción de empleo formal, baja en el ingreso y en el poder adquisitivo, los cuales repercuten finalmente en la baja del consumo de los hogares. 

Bogotá, julio 23 de 2013
www.amylkaracosta.net

DE REMATE

LA FIEBRE PRIVATIZADORA

Entre las prescripciones del fracasado decálogo del Consenso de Washington, además de la desregulación, la anorexia fiscal y la liberación de la tasa de cambio, están las privatizaciones. Se parte de la premisa de que el Estado no debe ser empresario, que ello debe reservárselo al sector privado, entre otras razones porque se considera al Estado como un pésimo administrador, amen que las empresas estatales se convierten en una carga para la Nación y fuente de corrupción. Pero, a la postre, las privatizaciones se convirtieron en una fuente de financiación del déficit público, de “rodar hacia atrás el Estado”, como lo planteó Ronald Reagan, privatizando las ganancias y socializando las perdidas. Colombia ha seguido sin solución de continuidad a pie juntillas este recetario, pues aunque ha habido cambios de gobierno, no ha habido cambio de política económica, la cual ha estado inspirada en el credo Neoliberal.   

Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se le allanó el camino a este modelo económico con todas sus consecuencias. El artículo 32 original de la Constitución de 1886 fue reformado primero a través del Acto Legislativo 01 de 1936 consagrando el principio de la intervención del Estado en la economía “por medio de leyes”; posteriormente, mediante el Acto Legislativo 01 de 1945 se dijo que dicha intervención se haría “por mandato de la Ley”. Y en desarrollo de tales normas el Estado incursionó en múltiples actividades económicas, creando empresas, promoviéndolas o fomentándolas, a lo cual contribuyó también el Acto Legislativo 01 de 1968, el cual le abrió el camino al Estado para la creación de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, amén de las sociedades de economía mixta. . En ello jugó un papel muy importante el Instituto de Fomento Industrial (IFI); aupado por el pensamiento de Raúl Prebish, entonces Secretario ejecutivo de la CEPAL. Pero, la Constituyente de 1991 dio un giro radical, pues si bien mantuvo la intervención del Estado “en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes”, a través del artículo 334 de la Carta, en materia de servicios públicos dejó abierta la posibilidad en su artículo 365 que su prestación puede ser prestado por el Estado “directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares” 

Las primeras privatizaciones se justificaron con el socorrido argumento de la ineficiencia de las empresas, de su clientelización y por considerar que eran un foco de corrupción. Pero, después que el Estado se desencartó de aquellas empresas que supuestamente constituían un lastre para las finanzas del Estado, como fueron Telecom, casi todas las distribuidoras de energía y CARBOCOL, entre otras, siguió con aquellas de las que no se podía predicar lo mismo, es el caso de ECOGAS y un porcentaje del 20 % de ECOPETROL. En todo caso, en Colombia se ha recurrido a las privatizaciones con el fementido propósito de corregir el desequilibrio fiscal, cuando no de asumir el Estado el papel del buen samaritano, como es el caso de la nacionalización y posterior venta de bancos cuando estos entran en crisis, no sin antes solventarlos con los dineros de todos los contribuyentes

OBJETO DEL DESEO

 

Indudablemente las empresas más codiciadas por el sector privado en este momento, justamente por ser las tres joyas de la corona, son en su orden ECOPETROL, ISA e ISAGEN y por ello mismo se han constituido en objeto del deseo de los intereses creados. A través de procesos de “democratización” de la propiedad  accionaria de ellas se abrió la escotilla para el progresivo proceso de su privatización, pero gracias a la resistencia de la opinión pública el Estado aún conserva el control de las mismas, en el primer caso con el 80% de las acciones, en el segundo con el 61.57% y en ISAGEN  con el 57.66% de la Nación, que se viene a sumar al 13% de EPM, para un gran total en manos del Estado del 70.6%. Primero fue a través del decreto 700 de 1992 y luego a través de la Ley 143 de 1994 que se facilitó la entrada del sector privado como generador y comercializador de la energía eléctrica en el país. Este ha venido ganando participación en el mercado, a tal punto que hoy por hoy controla 60% de la base de generación del país; de 14.361 MW de capacidad instalada, 8.616 MW están en manos privadas. Los onerosos para el estado contratos PPA y BOT, que surgieron a raíz del apagón de catorce meses que padeció el país entre 1992-1993, le sirvieron de cabeza de playa para ganar un espacio mayor en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

ISAGEN es la tercera gran generadora que alimenta el SIN, después de Empresas Públicas de Medellín (EPM) Y EMGESA, cuenta con seis centrales de generación (Jaguas, San Carlos, Calderas, Miel I, Río Amoyá y Termocentro), dos trasvases (Manso y Guarinó) y el proyecto de Hidrosogamoso, a punto de culminarse. Además, tiene en su carpeta 6 proyectos más para su ejecución, 3 de ellos hidroeléctricas (Cañafisco, piedra del Sol y Samacá), 2 de energía geotérmica, uno en el Macizo Nevado del Ruíz y otro binacional (Tufiño-chiles, cerro Negro) en límites con el Ecuador y, finalmente,  uno de energía eólica, en La guajira. Actualmente cuenta con una capacidad instalada de generación de 2.212 MW de potencia, que se complementará con los 820 MW adicionales una vez entre en operación Hidrosogamoso, cuyo avance a la fecha es del 71.5%superando los 3.000 MW. Su capacidad de generación oscila en torno a los 9.683.6 GWH, de los cuales 9.167.86 es de origen hídrico y 515.73 es de origen térmico; su participación en el mercado no regulado es de 21.4% y abastece a 272 clientes industriales. Es más, ISAGEN participa actualmente con el 16.45% de la energía que se transa a través del SIN y en el momento que entre en operación Hidrosogamoso dicha participación se elevará hasta representar el 22.5%

 

¿QUIÉN DA MÁS?

 

Después de dos intentos fallidos de obtener de parte del Congreso de la República las facultades para vender otro 20% de la participación del Estado en ECOPETROL, ahora el turno es para ISAGEN, la que ha su vez ha tenido que sortear varias embestidas tendientes a enajenar el 57.6% de las acciones de la misma. Aduce esta vez el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas que “la labor del Gobierno en ISAGEN ya está culminada: la empresa es sólida, y eficiente; la industria de generación eléctrica es madura en Colombia y cuenta con una adecuada regulación y amplia competencia”. En este caso, dado su excelente manejo, no han podido alegar  razones de ineficiencia, clientelismo o corrupción y no es para menos: en el 2012 su utilidad neta fue de $460.903 millones, para un margen neto del 27% (¡!)  y un margen ebitda del 35% (¡!). Es más, según el Gerente de la empresa Luis Fernando Rico, los ingresos operacionales en el primer trimestre de 2013 presentaron un incremento del 17% frente a los registrados en el mismo período del año anterior. Y añade, “estos ingresos contribuyeron a un crecimiento en la utilidad operacional del 10% y del ebitda del 7% respecto al primer trimestre de 2012”.

Huelga decir que al perderse el control de ISAGEN por parte del Estado, la base de generación del país quedaría, excepción hecha de EPM de Medellín, prácticamente en manos de los particulares y recordemos que los únicos proyectos nuevos de generación que han entrado en funcionamiento en los últimos han sido los que han ejecutado las empresas públicas; de modo que, si nos hubiéramos atenido a los privados el país se habría visto a gatas para responder a los requerimientos del sector. Asumiremos, entonces, el riesgo de quedar a merced de la iniciativa privada que se rige por reglas distintas, que respondenal interés particular que no siempre coincide con el interés público. No siempre lo que es bueno para el sector privado es bueno para el país y no se puede perder de vista que, como lo establece el artículo 365 de la Constitución, “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Es decir, que es el Estado y sólo el Estado es el único responsable de garantizar la prestación del servicio de energía de forma continua y eficiente. Y, de acuerdo con el Director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional, Germán Corredor, con la venta de ISAGEN el Estado “se quedará sin un back-up en caso de requerir construir una hidroeléctrica para atender una emergencia energética”

En su momento se descartó la venta tanto de ISAGEN como de ISA por considerar que no era prudente hacerlo, dado que a juicio del entonces Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga: “los beneficios por pago de servicio de deuda que se haría con los recursos que generarían las ventas serían menores que los dividendos y las valorizaciones” de estas empresas. Pero, ahora se dice por parte del Ministro Cárdenas que no se trata ni de servir la deuda pública ni de tapar el hueco fiscal, que según él no existe. Afirma él que “en 2012 cerramos con un superávit de 2 billones de pesos, algo sin precedentes desde hace exactamente 50 años”. Pero, cabe preguntarse cómo se llegó a ese “superávit” y de paso reducir el Índice de Riesgo Fiscal de 2.2 a 1.5% y de esta manera obtener una mejora en la  nota por parte de las calificadoras de riesgoSimple y llanamente se dejó de invertir y de contera, como lo sostiene ANIF, ello pone de manifiesto “la incapacidad para realizar las inversiones en infraestructura que tanto requiere el país…La desidia estatal con la inversión podría implicar el sacrificio de crecimiento potencial en el futuro cercano, bajándonos del promedio histórico del 4.5% hacia el 4% por año, en vez de llegar al ansiado 6%”.

Como lo afirma el analista Mauricio Cabrera, “el argumento del gobierno es que los dividendos que reparte ISAGEN son menores que el costo de la deuda que tendría que contratar si no recibe los ingresos de la venta. Es cierto, pero es un argumento miope porque deja de lado las buenas posibilidades de aumento del valor de la empresa por las nuevas hidroeléctricas que está construyendo y las perspectivas de expansión que tiene. El simple análisis financiero muestra que es un error privatizar a ISAGEN, y más grave si es para tapar un hueco fiscal”. Como bien lo señala Cabrera, a partir del año entrante entrarán a operar tanto Hidrosogamoso como Amoyá, incrementando su capacidad de generación en 900 MW, el 42% aproximadamente y la generación de energía alrededor del 60%. Como lo afirman los analistas del Bancolombia Natalia Agudelo y Diego Alexander Buitrago, “llevarían los ingresos a aumentar 21% a $2.1 billones (1.200 millones de dólares) y el ebitda subirá 60% a $977.000 millones (528 millones de dólares) en el 2015, con respecto al cierre de 2012”. A propósito de dicha participación, resulta curiosa la tesis del ex ministro de Minas y Energía Jorge Eduardo Cock, quien para defender la venta de ISAGEN plantea que “el tamaño de la empresa le da posición dominante en el mercado, lo que con propiedad mayoritariamente del Estado central resulta más inconveniente” que si, en cambio, estuviera en manos privadas. Definitivamente, una mala causa empeora cuando se la trata de defender

UNA FALSA DISYUNTIVA

Para justificar la decisión de la venta de ISAGEN el Ministro Cárdenas plantea una falsa disyuntiva: o se avanza en la privatización de ECOPETROL o se remata a ISAGEN. Al respecto plantea que mientras la rentabilidad sobre la inversión de la primera es de 6.7%, la de la segunda es de 2.4%; además, “la rentabilidad sobre patrimonio que en 2012 para ISAGEN fue de 13% y en ECOPETROL de 22%”. Ello no pasa de ser un sofisma, porque además de que una rentabilidad sobre patrimonio del 13% es muy buena, no se puede equiparar a ECOPETROL con ISAGEN, dado que mientras ECOPETROL es un tomador de precio del petróleo que produce y que en la actual coyuntura por razones excepcionales se transa por encima de los US 100 el barril, la tarifa de energía que vende ISAGEN está sujeta a los parámetros que fija la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), lo cual le impone limitaciones que no tiene ECOPETROL. Dice además el Ministro Cárdenas que “ISAGEN requiere capital para continuar con su plan de expansión” y el Gobierno tiene otras prioridades, “tales como salud, educación o vivienda”, pero, como lo señalan los analistas de Bancolombia, “el impulso generado por Hidrosogamoso a los resultados financieros y generación de caja, le otorgarán a la compañía una mayor capacidad de desarrollar nuevos proyectos de expansión”.  

Nadie pone en duda que, como lo plantea el Ministro Cárdenas, “hay un consenso acerca de la necesidad de solucionar el cuello de botella que representa el atraso en la infraestructura de transporte”, pero ello no justifica este paso en falso del Gobierno. Afirma el Ministro Cárdenas que “cada acción del total de 1.571´919.000 tendrá un valor de $2.850. Con estos recursos se va a aportar para la construcción de las carreteras que requiere el país”, Estamos hablando de $4.5 billones, aproximadamente, que irían “a un Fondo de Infraestructura Nacional cuya única finalidad es realizar los aportes de la Nación a proyectos que muy pronto serán licitados por parte de la ANI”. Pero llama poderosamente la atención el hecho de que se plantee la necesidad de vender a ISAGEN para financiar dicho Fondo, después que en la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado se eliminaron 13 puntos de los parafiscales a los empresarios y se dispuso suplir dichos recursos con el nuevo impuesto CREE, abriéndole una tronera a las finanzas del Gobierno central de más de más de $6 billones, cifra esta que supera con creces lo que según el Gobierno se recibiría por la venta de ISAGEN, que bien podían haber servido para tal propósito. Y para rematar, en cumplimiento de dicha reforma el año entrante el tributo del 4 X 1.000 quedará reducido a 2 X 1.000, más que todo para atraerle más clientes a los bancos, a consecuencia de lo cual se dejarán de recaudar $2.7 billones, aproximadamente.  Como si lo anterior fuera poco, pese a que en dicha reforma se desmontaron varias de las gabelas impositivas al gran capital, según la revisión del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el 2013, tales beneficios le costaron al fisco en 2012 $6´246.000 millones (0.9% del PIB), $222 millardos más que en 2011, de los cuales el 67% corresponden a las empresas. Sólo con el desmonte efectivo de tales privilegios, los mayores recaudos le significarían muchos más ingresos al Estado que la venta de ISAGEN

Es claro, entonces, que así diga el Ministro Cárdenas que “no he podido saber cuál es el hueco fiscal que vamos a tapar”, lo cierto es que el recaudo ha perdido su dinámica tanto por el alivio tributario a las empresas, que mucho se lo agradecerán, como por la desaceleración de la economía y el impacto fiscal de la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, estimado por ANIF en $645 millardos anualmente. Recordemos, además, que ISAGEN le giró a la Nación este año por concepto de dividendos $108.930 millones correspondientes al ejercicio de 2012; estos serán recursos que no le volverán a ingresar una vez se venda la empresa a particulares, porque, como bien dice el campesino no se puede pretender comer carne y seguir tomando leche de la misma vaca. Los $4.5 billones entrarán al fisco por una sola vez y los ingresos que hoy le reporta ISAGEN tendrán que ser cubiertos hacia el futuro bien sea a través de mayores impuestos o mayor endeudamiento, que a la larga se traducirá inexorablemente en más impuestos para poder servirla. De allí la frase que acuñó el propio Presidente Santos luego de ser elegido Presidente de la República, para oponerse a la venta de ISAGEN: “no es sano para una economía vender activos que son muy productivos simple y llanamente para tapar un hueco fiscal, porque se tapa una vez y después vuelve y se repite y se queda uno sin el pan y sin el queso”. No es de extrañar este bandazo, de oponerse primero a propiciar ahora la venta de ISAGEN, ya que según él “sólo los imbéciles no cambian de opinión”.

LA AUSTERIDAD A ULTRANZA

Finalmente, digamos que no obstante lo que dice el Ministro Cárdenas, que los recursos provenientes de la venta de ISAGEN irían al Fondo de Infraestructura Nacional que se crearía para el efecto, ello no significa que tal decisión sea enteramente racional. En efecto, la destinación de tales recursos para tan loable propósito le permite a la Nación liberar recursos que de otra manera debería invertir en tales propósitos, para que estos se sigan yendo por las cañerías de la corrupción. Este es el caso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), convertidos, como ya lo habíamos anticipado en cupos indicativos de los parlamentarios afectos al Gobierno, para que ellos puedan disponer de la mermelada en sus campañas proselitistas…y todos tan contentos!

Y a propósito del  SGR, no hace sentido que se sacrifique la gallina de los huevos de oro, como lo es ISAGEN, dizque para financiar los megaproyectos de infraestructura que el país reclama a gritos, al tiempo que mantiene congelado el 10% de tales recursos (más de $3 billones entre 2012 y 2013) invirtiéndolos en dólares que se devalúan y además con rendimientos ridículos. La explicación es una sola y es ideológica, desde el Ministerio de Hacienda se le rinde culto a la austeridad fiscal llevada al extremo del austerisidio, política fiscal esta que ha hundido a la economía de la Unión Europea en el tremedal de la más prolongada recesión en lugar de sacarla de la crisis. 

Desde el Ministerio de Hacienda se agencia una política contraccionista en aras de frenar la revaluación sin lograrlo, entre otras razones porque, también por razones ideológicas, se niegan a controlar la afluencia al país de los capitales golondrinas e impedir el excesivo endeudamiento externo del sector privado, medidas estas que podrían ser mucho más eficaces que la tímida intervención del Banco Emisor en el mercado cambiario. Una y otra vez el Director de ANIF Sergio Clavijo ha llamado la atención sobre este exabrupto, insistiendo en que esta no es la hora de ahorrar, “por el contrario, es el momento de mayores inversiones, ojalá en infraestructura para mejorar la competitividad del país”. Pero, siempre ha encontrado oídos sordos en el Gobierno, obsesionado como ha estado con la “disciplina fiscal”, al punto de elevar a canon constitucional como “criterio” la sostenibilidad fiscal, instrumentada a través de la Regla fiscal y el MFMP. 

Bien dijo el actual Ministro de Salud, cuando se desempeñaba como Decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, que “la estrategia de ahorrar automáticamente a través de la regla fiscal va a tener que esperar”, mientras el país supera el enorme rezago en su infraestructura, pasando de los anuncios a la ejecución de las cacareadas concesiones de cuarta generación (4G), las cuales demandarán inversiones del orden de los $50 billones. A este Gobierno lo cogió la tarde, a estas alturas, tres años después y cuando ya tiene el sol a sus espaldas, no ha podido entregar aún la primera doble calzada totalmente terminada. Mucho tilín tilin y nada de paletas! Cuántas inversiones imprescindibles ha dejado de hacer el Estado por no encontrarle “espacio fiscal” a las mismas; es como si se sacrificara un mundo para pulir un verso! 

 

 

Medellín, agosto 8 de 2013

 

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EL DISLATE DEL GOBIERNO

(A propósito de la venta de ISAGEN)

LA CORTINA DE HUMO

Es una verdad de a puño que Colombia acusa un gran rezago en materia de infraestructura, el cual se ha convertido en un gran cuello de botella que le resta competitividad a la economía nacional. Según Sergio Clavijo, Presidente de ANIF,  “después de Haití y Bolivia, Colombia es el peor país con registro en infraestructura y esto nos va a pasar la cuenta de cobro ahora que los TLC entran en vigencia” . “En carreteras, estamos como los pobres de África” , afirmó el Director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade. Pero esto no es de ahora, este mal es crónico y la razón no es otra que por años es muy poco lo que se ha invertido en vías, puertos  y aeropuertos en el país. Según The Economist, “para que la infraestructura de un país esté al día y se ajuste a los requisitos del mundo globalizado, es necesario que invierta al menos el 4% del PIB en este renglón. El promedio en Colombia  en los últimos años  ha sido 0.7% y, por lo tanto, será necesario multiplicar esta cifra por casi 6” . Y venimos de mal en peor, después de invertir en promedio el 3.9% del PIB entre 1980 – 1985 pasó a invertir menos del 2% entre 2007 y 2008, hasta llegar a estos extremos, de menos del 1%, a lo cual se vinieron a sumar los estragos en nuestras precarias vías por la doble ola invernal que azotó al país. 

Y no ha sido por falta de recursos, pues Colombia, al igual que los demás países de América Latina, gozó de casi una década de auge del sector minero – energético, gracias a la demanda inusitada de los productos básicos (carbón, petróleo y ferroníquel, entre otros) y a la espiral alcista en sus precios que ello provocó. Fueron ingentes los recursos que le ingresaron al país por este concepto, los cuales a juicio de ANIF se ha debido “sembrar…bajo la forma de una rápida modernización del país”  y no se hizo. Ahora, después que nos pasó este cuarto de hora estérilmente, este Gobierno se escuda en las falencias en materia de infraestructura para vender su participación en ISAGEN . Se dice que el leiv motiv de la venta es reemplazar un activo por otro y se trata de embaucar a la opinión pública haciéndole creer que si no se vende la participación que conserva la Nación en la misma la pésima infraestructura del país seguirá siendo el lastre que frena la competitividad de la economía nacional. 

Pero con iguales razones se procedió en su momento a vender otros activos de la Nación por los cuales se recibieron, según ANIF, alrededor de 5.9 puntos del PIB ; a guisa de ejemplo, se recibieron $2.2 billones por BANCAFÉ, $3.2 billones por ECOGAS y $5.7 billones por el 10% de la venta de ECOPETROL. Y la gran pregunta es a dónde fueron a parar los mayores ingresos que recibió la Nación por concepto de dividendos e impuestos recaudados, productos del boom minero - energético; a dónde fueron a parar los recursos extraordinarios provenientes de tales privatizaciones. Pues la respuesta no puede ser más desconcertante, no sólo no se invirtieron en infraestructura sino que, a diferencia de los demás países de la región, de contera se mantuvo el déficit fiscal, pudiendo colegir con ello que en estos dos frentes (el de la infraestructura y en el fiscal) no estamos mejor que cuando estuvimos peor. La venta de ISAGEN, entonces, dizque para financiar la construcción  de 4 vías de cuarta generación (4G) de las 47 previstas en un gran paquete por valor de $47 billones (el papel puede con todo) aprobado esta semana por el CONPES , las cuales se ejecutarían entre el 2015 y el 2020, no pasa de ser una cortina de humo. Esta es según el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas “la cifra más grande en la historia para la infraestructura de transporte en Colombia” . A guisa de ejemplo, a nadie se le ocurriría en Antioquia privatizar a EPM de Medellín para financiar las Autopistas de la Montaña!

SÍ HAY HUECO FISCAL

Además, han coincidido el Ministro Cárdenas y el Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega en que la Nación no tiene ningún hueco fiscal que se quisiera tapar con la venta de ISAGEN , pero la realidad es otra.  El propio Ministro de Hacienda se contradice, ya que recientemente declaró que la meta del Gobierno es cerrar este año en rojo y “el financiamiento de ese déficit tiene unas emisiones de bonos, deuda interna y un componente que son privatizaciones por $3 billones para financiar 2.4% del PIB; no depende de si el recaudo está bien o mal, es una meta que tenemos de ingresos de privatizaciones” . Y el año entrante no pinta mejor, pues a consecuencia de la reforma tributaria aprobada el año anterior  y la desaceleración sostenida del crecimiento del PIB el recaudo de impuestos perderá dinamismo; sólo por concepto del desmonte de 2 puntos del 4 por mil la Nación dejará de recaudar $2.7 billones, aproximadamente. Ya se anuncia un descuadre de  $1.6 billones, por cuenta del desmonte de la sobretasa a los servicios de energía y gas que antes pagaba la industria y ahora absorbe la Nación  . Por otro lado el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles acumula un déficit que superaría los $6 billones, el cual deberá ser enjugado con cargo al Presupuesto General de la Nación. Con razón afirma el Presidente de ANIF Sergio Clavijo que, de entrada, “mínimo el Gobierno va a tener que salir por $1.2 o $1.4 billones en los recursos de tributación y hay que prepararse para eso” . Tales afugias explican el hecho, por lo demás contradictorio con los publicitados anuncios del Gobierno, que en el proyecto de presupuesto para la vigencia del 2014 presentado por el Gobierno a la consideración del Congreso de la República se reduce el rubro de inversión en casi $4 billones con respecto al aforo de este año, el 20% aproximadamente (¡!). De llegar a cristalizarse la venta de ISAGEN la Nación se terminaría quedando con la soga y sin el ternero!

A todas esas, cabe preguntarse por qué en lugar de vender su participación en ISAGEN para invertir en infraestructura no se considera la posibilidad de recurrir más bien a endeudamiento público, máxime cuando Colombia, según lo ha expresado reiteradamente el ministro de Hacienda tiene hoy en día mayor acceso al crédito y en mejores condiciones merced al mejoramiento de la calificación de su deuda soberana por parte de las firmas calificadoras de riesgo Fitch Ratings, Moody´s y Standard & Poor´s. De optarse por la financiación a través del crédito público de largo plazo por parte de la Nación, los ingresos que le reporten sus activos le servirán para pagar dicha deuda y de esta manera se podrán ejecutar las obras al tiempo que el Estado los conservaría como parte del patrimonio de todos los colombianos. Muy seguramente el privado que llegue a ofertar para hacerse a esta importante empresa se apalancará financieramente con crédito para concretarla y a lo mejor le será más costoso que al Estado. A este respecto, nos parece muy razonable la duda metódica que asalta al ex presidente de la ANDI Fabio Echeverri Correa, cuando se pregunta: “será que todos los banqueros del mundo son unos imbéciles, al igual que los particulares que quieren comprar a Isagén, para prestarles el dinero unos, y recibírselos otros, a una tasa de interés superior a la tasa que le cobran al Gobierno colombiano? Ahora resulta que los únicos inteligentes son nuestros funcionarios públicos que descubrieron que todo el resto del mercado está equivocado, y por eso se abre una oportunidad?” .

DURA LEX, SED LEX

A las razones de inconveniencia de la venta de ISAGEN, que son abundantes, se viene a sumar ahora el entuerto que significa la omisión de un paso de obligatorio cumplimiento previsto en la Ley 226 de 1995, para proseguir en el proceso autorizado por el Consejo de Ministros de la enajenación por parte de la Nación del 57.66%, que es su participación en la misma. Esta Ley, que es la atinente a la “enajenación de la propiedad accionaria estatal” en empresas o sociedades en las que participa, establece claramente que una vez decidido por parte del Gobierno, este debe adoptar “un programa de enajenación diseñado para cada evento en particular, que se sujetará a las disposiciones contenidas en esta Ley” . Y entre estas disposiciones está la que obliga al Gobierno a que “el plan de enajenación anual en forma global con sus avalúos preliminares respectivos, debe ser presentado para su conocimiento al Congreso de la República durante los primeros 60 días del año” . Y, de acuerdo con la certificación que expidió el Secretario General del Senado de la República Gregorio Eljah, fechada a los 20 días del mes de agosto, “una vez revisada la información que reposa en la Sección de Leyes del Senado de la República y por información recibida de la Sección de Leyes de la Cámara de Representantes…no se encontró registro alguno sobre el cumplimiento del parágrafo del artículo 8 de la Ley 226 de 1995, en lo que respecta a la enajenación de ISAGEN S. A E.S.P en el actual período legislativo”( ver anexo). 

LAS IMPRECACIONES DEL GITANO ANDALUZ

Así las cosas, todo lo actuado por el Gobierno para poner en marcha el proceso de enajenación de marras transgrede la Ley, que es taxativa al exigir el lleno de este requisito, el cual se pretermitió, viciándolo de manera insubsanable. El Gobierno podrá alegar que para tal fin expidió el Decreto 1609, calendado el 30 de julio, “por el cual se aprueba el programa de enajenación de las acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S. A E.S.P”. Y entre los considerandos de dicho Decreto se dice que, después de emitirse concepto favorable por parte del Consejo de Ministros, este le fue “remitido al Gobierno para su aprobación, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 8 (SIC!) de la Ley 226 de 1995”. Las mismas que se saltó a la torera el Consejo de ministros! Es del abecé del Derecho que un Decreto no puede estar por encima de la Ley que pretende desarrollar y/o reglamentar y por ello resulta improcedente. Al disponer la Ley de manera perentoria la obligación de presentar “para su conocimiento al Congreso de la República” el plan de enajenación, buscaba que el Parlamento pudiera ejercer su función constitucional del “control político sobre el Gobierno y la administración”, consagrado en el artículo 114 de la Carta, el cual se tornaría nugatorio en este caso. De esta manera se estaría violando flagrantemente este precepto constitucional, ya que el Congreso de la República quedaría reducido a su condición de convidado de piedra del ejecutivo y compelido a invocar las imprecaciones del Gitano andaluz, que le pedía al señor sólo tres gracias: la primera que la mujer no le fuera infiel, la segunda que si le llegara a ser infiel él no se enterara y la tercera que si la mujer le llegara a ser infiel y él lo llegara a saber no le importara nada. 

Es explicable que al Gobierno se le hubiera pasado por alto cumplir con esta norma, dado que en sus planes no estaba la venta de su participación ISAGEN, toda vez que el propio Presidente Santos lo había descartado recién elegido . Ya había ocurrido otro tanto con el intento fallido de vender otro 10% de las acciones de la Nación en ECOPETROL y sobre ello llamamos la atención en su oportunidad . Una prueba al canto de que el Gobierno no había contemplado la venta de su participación en ISAGEN, como si lo había considerado en el caso del 10% adicional de sus acciones en ECOPETROL, es que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que presentó el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República, en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, no aparece por parte alguna ninguna alusión a dicha venta. Huelga decir que, como lo prevé la Carta, “la sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y Órganos del poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”  y, por lo tanto, era deber del Gobierno dar cuenta del propósito de enajenar su participación en ISAGEN a través del MFMP y la Regla fiscal , que son los instrumentos a través de los cuales se aplica el “marco de sostenibilidad fiscal” , que también se llevan de calle desatentadamente.

No hay tutía, el Gobierno ha incurrido en este error garrafal que lo obliga a parar el proceso ya iniciado para la venta de su participación en ISAGEN, cualquier acción con la que pretenda enmendarlo a estas alturas ya es extemporánea e ilegal y al fin y al cabo todavía rige en Colombia el Estado social de derecho. Con sobrada razón el Senador José David Name ha anunciado que interpondrá ante los tribunales una Acción de cumplimiento para impedir que se consume este desaguisado, que deja muy mal parado al Gobierno, chamboneando y dando coces contra el aguijón. 

Bogotá, agosto 22 de 2013

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LA TORMENTA PERFECTA

EN COMA PROFUNDO

La combinación de la segunda ola aperturista, ahora por cuenta de la proliferación de tratados de libre comercio y la reprimarización de la economía al socaire del boom minero – energético, ha dado al traste tanto con la industria como con el sector agropecuario. Uno y otro han perdido participación en el PIB y lo que es peor la industria se mantiene en recesión y la agricultura crece muy por debajo del crecimiento de la economía en su conjunto. La industria pasó de representar el 22% entre 1970 y 1980, al 21% entre 1985 y 1995 y, para el lapso comprendido entre 2000 y 2010 el 14%; por su parte la agricultura pasó del 24% al 21%, hasta anclarse en el 7%, para los mismos períodos. Ambos sectores están sumidos en un prolongado coma profundo. En cuanto al crecimiento de estos sectores es de anotar que la industria ya completó más de un año en caída libre, con un ligero repunte a comienzos de año para recaer nuevamente, a tal punto que para el mes de junio el desplome de la industria fue de -5.5%, al tiempo que para el primer semestre la caída registrada fue del 3.4%. 

El crecimiento del sector agrícola desde el año 2000 siempre ha estado a la zaga del crecimiento del resto de la economía; entre el año 2000 y el 2010 su crecimiento promedio fue de un anémico 2%, un 50% de la tasa de crecimiento del PIB total y entre 2006 y 2010 dicho crecimiento promedio fue de sólo el 0.88%, en contraste con el 4.58% promedio del PIB total. No más el año pasado mientras el crecimiento de la economía nacional fue del 4%, el sector agrícola a duras penas creció el 2.37%. Este sector no se ha podido reponer de los estragos causados por la apertura atolondrada de los años 90. Como lo señala el estudio realizado por el Grupo de investigación en desarrollo empresarial PORTER, “la superficie cultivada, excluido el café, se contrajo en 936.255 hectáreas entre 1990 – 1999, como consecuencia de una disminución de 969.792 hectáreas plantadas en cultivos transitorios y de un aumento de 33.537 hectáreas sembradas en permanentes. Así las cosas, el 25% del área cultivada en 1990 había salido de la producción en 1999”.
Entonces como ahora se defendió dicha apertura con el socorrido argumento de que esta contribuiría a un mayor crecimiento de la economía, a generar más empleo y ello contribuiría al bienestar de todos los colombianos. Pero los hechos son tozudos y hablan por sí solos. Pero, como dice Marx, la historia se repite una vez como comedia y otra como tragedia y esta última es la que agobia actualmente al campesinado colombiano, víctima propiciatoria del embeleco de los tratados de libre comercio que a tontas y locas se firman por doquier sin reparar en sus consecuencias.  
LOS TLC DESCARRILAN LA LOCOMOTORA DE LA AGRICULTURA
Ya lo había advertido el Presidente de la SAC Rafael mejía, al término de las negociaciones del TLC con EEUU, que “el sector del campo fue el gran damnificado con el cierre” de las negociaciones. Y no es para menos, dada la avalancha  importadora que viene arrollando a agricultores y ganaderos por igual. Si nos atenemos a las cifras del Departamento de Agricultura de EEUU, en el período comprendido entre junio de 2011 y marzo de 2012, cuando el TLC no estaba todavía vigente, las importaciones agrícolas desde los EEUU sumaron 1´042.914 toneladas, entre tanto entre junio de 2012 y marzo de 2013, con el TLC vigente, las importaciones se elevaron hasta las 1´770.970 toneladas, “lo que significa que con el Tratado las importaciones agrícolas aumentaron el 70%”. El saldo que arroja el desbalance comercial de Colombia con EEUU es tan aberrante que, según el experto en economía agrícola Darío Fajardo asegura que el 50% de nuestra dieta alimenticia es importada, no hay derecho carajo! De acuerdo con las cifras del USTR, encargado del comercio exterior de los EEUU, que trae a colación el analista Mauricio Cabrera, sus “exportaciones de soya ascendieron 467% hasta US $118.6 millones, productos lácteos crecieron 214% hasta US $24.7 millones, productos de cerdo 66% hasta US $45.2 millones”. Para concluir que “el potencial del comercio entre EEUU y Colombia es emocionante…El futuro de nuestra relación económica, construido sobre el TLC, es brillante” para ellos, lógicamente. Con razón se pregunta Pedro Núñez, cultivador de papa en Boyacá, “quién fue el genio que negoció así los TLC”
En el Plan de Desarrollo Prosperidad para todos de la administración Santos se planteó la agricultura como una de las cinco locomotoras del crecimiento, pero después de tres años de su cuatrienio nada que arranca. Aunque para el primer Ministro de Hacienda de esta administración, Juan Carlos Echeverri, “la locomotora ya salió de la estación” y contra toda evidencia asegura que “está tomando una buena velocidad”. Y ante las decepcionantes cifras de los frutos amargos recogidos del TLC con EEUU, trata de dorar la píldora diciendo que “la mejor forma de visualizar el TLC es como una autopista de tres carriles de ida y vuelta entre EEUU y Colombia. Que haya autopistas no quiere decir que haya carros. Hasta que no haya autopista la gente no se va a poner a pensar en serio en cómo preparar su carro. Seamos más pacientes”. Qué tal esto, primero nos metemos en el embrollo y después veremos cómo salir airosos de él, este es el colmo de la irresponsabilidad. 
También el Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Díaz-Granados nos pide tener más paciencia. En una entrevista con el diario El Espectador, al indagársele por los productos agrícolas que han encontrado su oportunidad en el TLC suscrito con EEUU responde: “han crecido las exportaciones de frutas, de azúcar y se está entrando en una negociación con el tema de quesos frescos” y pare de contar. Ante su pobre respuesta, insiste el reportero en saber si “después de todos los posibles beneficios que nos vendieron del TLC ¿no deberían ser más los productos agrícolas exportados a Estados Unidos?” La respuesta del Ministro no puede ser más desconcertante: “Estados Unidos es el mayor productor de carne, pero así mismo es el mayor consumidor. México tan sólo después de cinco años de firmado su acuerdo logró exportar carne a ese país…Así mismo vemos un potencial enorme en el sector de los aguacates”…y mientras tanto qué, que nos coma el tigre?
El Presidente de ANALDEX Javier Díaz es muy franco al plantear que “en la actualidad, el mundo está demandando energía y alimentos. Colombia que puede ser un jugador en este mercado internacional de alimentos, no ha definido, sin embargo, si quiere jugar o no. Para hacerlo debe definir un modelo de desarrollo agrícola que le permita producciones con economías de escala y estándares internacionales que lo vuelvan competitivo a nivel internacional”. Como diría el comediante Mario Moreno, Cantinflas, “ahí está el detalle”. Así como no hemos contado con una política industrial, tampoco hemos tenido una política agraria integral, que propenda por el desarrollo y consolidación de este sector. A la economía nacional no se la preparó para resistir los embates de la competencia que conllevan los acuerdos y tratados comerciales; es tanto como si nuestro héroe nacional Nairo Quintana se hubiera ido a competir en el tour de Francia sin haber entrenado. El fracaso hubiera estado asegurado; con razón afirmó él, en apoyo de la lucha reivindicativa de sus paisanos boyacenses, “es triste sacar un bulto de papa a la plaza y no ganar ni para el transporte”. Lo dijo el ex ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo en su calidad de tal, apenas seis meses antes del esperado anuncio de la entrada en vigencia del TLC con EEUU, “no estamos preparados, nos falta mucho” para enfrentar el reto del TLC con EEUU. El problema no son los TLC per se, el busilis está en la ausencia de políticas públicas que contribuyan al desarrollo tanto del sector de la industria como del sector agropecuario. 
Pero como el huevo de la serpiente de Ingmar, su membrana transparente ya delataba lo nefasto que sería para el país el dogma neoliberal del “libre” comercio aplicado a rajatabla. Como dijo recientemente uno de los ayatolas de dicha escuela, el ex ministro Echeverri, que “el tema de que es mejor exportar que importar tampoco es acertado. Es mejor aquello que sea un buen negocio”. Se necesita ser un orate para no estar de acuerdo con Kid Pambelé en que es mejor ser rico que pobre. Pero, con igual apego a tales teorías, nos había dicho el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes, su mentor intelectual y artífice de la debacle de los 90, que “el mayor beneficio del comercio proviene de las importaciones y no de las exportaciones, como nos han acostumbrado a pensar equivocadamente los mercantilistas criollos”. Y fue más lejos, al sostener que “lo que no producimos a un costo razonable, lo deberíamos dejar importar para que la población colombiana se beneficie de los subsidios de los países ricos”. 
Y esto es lo que venimos haciendo, sin preguntarnos por qué lo que se importa no lo producimos “a un costo razonable” y sin parar mientes en los perjuicios para la población colombiana de someter nuestra producción nacional agropecuaria a la ruinosa competencia desleal de los excedentes agrícolas y pecuarios de los países desarrollados, más competitivos a fuer de ayudas y subsidios estatales en sus países de origen. Imagínese usted que para las Naciones Unidas se considera pobre aquel que tiene un ingreso por debajo de dos dólares diarios y según el más reciente reporte de la OIT en Colombia el 10% de los trabajadores percibe menos de US $2 diarios. Pues bien, en la Unión Europea (UE) los dueños de los hatos ganaderos reciben US $2.67 diarios de subsidio de parte del Estado por cada cabeza de ganado; de modo que les va mejor a las vacas en la UE que a esos trabajadores en Colombia, que son más de 2 millones. Así se explica que aunque la canasta de productos que compran los colombianos pasó en los últimos 7 años de un promedio de 315 a 423, merced al mejoramiento de su poder adquisitivo, $11 de cada $100 que gastan son para adquirir artículos importados, casi el doble que en 2006. El caso de los renglones de vestuarios y calzado es muy diciente, ellos pasaron del 11.2% al 20.2%. Por ello no es de extrañar que mientras la industria registra una caída del -5.5 en junio de este año, en ese mismo mes las ventas minoristas aumentaron 4.1%; es decir, que cada vez se consumen más bienes importados en detrimento de la producción nacional. Como lo denunció la SAC, en el caso de los productos agrícolas, “las cosechas se reemplazan por importaciones”. Así no se puede!
¡ESOS POLVOS TRAEN ESTOS LODOS!
A dónde han conducido estos desvaríos y esta falta de políticas públicas que favorezcan la producción agropecuaria y el desarrollo rural? Además del decrecimiento del sector industrial y del bajo crecimiento del sector agrícola, ello se ha traducido en el último año en una destrucción de empleo de 70.000 plazas en la industria y 140.000 en la agricultura. Cómo explicar la aparente contradicción de que mientras ello ocurre, según el DANE para el mes de julio de este año la tasa de desempleo bajó desde el 10.9% en julio del año pasado a 9.9%, la más baja para dicho mes en los últimos 12 años. La explicación está en que la misma se mide sobre la tasa de participación y esta ha disminuido notoriamente; esto es, hay menos gente buscando activamente trabajo, lo cual se explica en gran medida porque se desaniman al resultar infructuosos sus esfuerzos para conseguirlo, así como también a los efectos perversos de la política asistencialista. Según el mismo DANE, “la tasa de ocupación se ubicó en 57.8% frente a 58.8% de junio de 2012, con lo que el volumen de ocupación pasó de 21’022.000 a 20’988.000, con una variación de -0.2% en dicho período”.  
El impacto social de este modelo económico ha sido devastador. Como lo sostiene el mismísimo ex ministro Hommes, la situación del campesinado es patética, “la brecha de ingresos y de calidad de vida entre las ciudades y el sector rural es muy grande y tiene muchos componentes…Uno de cada dos habitantes del sector rural es pobre y el acceso a servicios públicos, educación de buena calidad y seguridad social es menor en el campo que en los centros urbanos, lo cual hace más crítica la situación de pobreza rural…”, más del doble que en las cabeceras municipales (46.8% vs 18.9%, según Fedesarrollo). Lo que resulta curioso, viniendo de quien viene, es que Hommes salga ahora a decir que “una estrategia de mejoramiento de los ingresos rurales y de la calidad de empleo pasa necesariamente por mayores aumentos en la productividad y en el empleo, lo que se facilitaría con un aumento significativo de las exportaciones de productos agropecuarios”, siendo que pare él “el mayor beneficio del comercio proviene de las importaciones y no de las exportaciones”. 
EL CAMPESINADO REACCIONA Y SE MOVILIZA POR SU DIGNIDAD
Detrás del estallido de la revuelta campesina, con paros y bloqueos incluidos, está su descontento e inconformidad con este deplorable estado de cosas, porque no hay mal que dure cien años y mucho menos cuerpo que lo resista. Primero fueron los cafeteros, que pasaron por encima de la Federación Nacional de Cafeteros para hacer sentir su justo reclamo ante el Gobierno central y luego vino la seguidilla de paros de los cacaoteros, los arroceros, hasta confluir en el Paro Nacional Agrario. El Gobierno empezó cediendo a las presiones de los agricultores y acordó con sus líderes medidas paliativas, las cuales resultaron insuficientes frente a la magnitud de la tragedia que asola el campo colombiano. 
Ya la Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria (EOEA) del 15 de agosto daba cuenta de que “por primera vez en cinco años, la opinión de los productores agropecuarios sobre su situación económica indica un pesimismo sin precedentes”. 43% de los interrogados consideró que en el trimestre pasado su realidad fue mala, lo cual implica un salto de 16 puntos porcentuales en relación con igual período del 2012. Las peores calificaciones la dieron “quienes se dedican al café y a los cultivos semestrales, entre los cuales se encuentran la papa y la cebolla”. Al parecer el único que no se percató de ello fue el Gobierno y por ello desestimó la amenaza del Paro Nacional Agrario. Entre los reclamos planteados están los altos costos de los agroinsumos importados, los altos costos de transporte, la excesiva intermediación, falta de acceso al crédito, carencia de apoyo y asistencia técnica, amén de la invasión de productos importados al amparo de los TLC y contra el contrabando. 
A juicio del Ministro de Comercio, a quien se le olvidó que también es el Ministro de Industria, los TLC no tienen nada que ver con la crisis del campo y con la motivación del paro; según él “dejar de hacer un acuerdo comercial para solucionarlo no es la salida. No hemos tenido acuerdos comerciales, los estamos teniendo en estos tres años y para mí es una agenda trasnochada. Es una agenda de hace siete años en América Latina que Colombia está dando apenas hasta ahora”. No obstante, el Ministro de Hacienda toma distancia con respecto a la posición de su colega de gabinete al plantear que en los TLC “hay mecanismos que se pueden utilizar en condiciones excepcionales, como son las salvaguardas. Son una protección temporal, cuando hay un crecimiento exponencial en las importaciones de algún producto” y este es el caso. Por lo tanto, si el Ministro de Hacienda está esgrimiendo el mecanismo de las salvaguardas es porque se está dando el crecimiento exponencial de las importaciones cobijadas por los TLC que niega el Ministro de comercio. 

LA ACUMULACIÓN DEL ABANDONO
Reconoce sin ruborizarse el Presidente de la República Juan Manuel Santos que “estamos volando sin instrumentos, no sabemos cuál es la verdadera situación de nuestro sector agropecuario”. No duda el Presidente de la República en atribuir el enardecimiento de los campesinos y su movilización en todo el país a “la acumulación del abandono y de falta de políticas en el sector agropecuario durante muchísimo tiempo. Y ahora estamos pagando las consecuencias”. Pero, él no está exento de culpa, primero porque él ha formado parte de los equipos de gobierno durante un largo período, hasta Primer designado de la Nación fue y segundo porque él ya lleva tres años de gestión de sus cuatro años de gobierno. Cabe preguntarle, si es cierto como él lo predica que el campo está entre sus prioridades, cómo se  explica que pese al anuncio a finales de mayo de este año en el sentido que se radicaría el 20 de julio, junto con la iniciación del último período legislativo de este Congreso, el proyecto de ley de desarrollo rural y no se cumplió con esta promesa. 
Además, cómo es posible que en vísperas del “tal paro”, anunciado con suficiente antelación, el Ministro  de Hacienda presenta a la consideración del Congreso de la República un proyecto de presupuesto para la vigencia del 2014 (Proyecto No. 035 2013 Cámara y 028 2013 Senado) y en el mismo se recorta la partida correspondiente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas, pasando de $2.131’205.991.560 en 2013 a $1.437’583.371.833. El rubro correspondiente a la inversión en el sector agropecuario sufrió un tijeretazo del 37%, al pasar de 1.428’871.305.470 en 2013 a 879’074.696.521. Entidades como el ICA tendrían un recorte del 27% en su presupuesto y el INCODER del 55%. Más grave aún, que habiéndose comprometido el Gobierno, para conjurar un nuevo paro, a mantenerles a los cafeteros el programa de Protección de Ingreso al Caficultor (PIC), que en marzo de este año se pactó con Dignidad Cafetera que sería de aproximadamente $830.000 millones, no incluyen esta partida en su proyecto de presupuesto.  Tal exabrupto llevó a su colega el Ministro de Agricultura Francisco Estupiñán a plantear que “con la reducción presupuestal se ponen en riesgo todos los programas a cargo de esta entidad”. 
COMO ESTAMOS PEDRO Y TÚ CORTANDO OREJAS
Y, como si lo anterior fuera poco, estando en la cresta de la ola del Paro Agrario Nacional, se le ocurre al Ministro Cárdenas volar a Chile a ratificar los acuerdos de la Alianza Pacífico y extender la desgravación arancelaria prácticamente al 100% del universo arancelario, a pesar de la oposición abierta de FEDEGAN y la SAC al considerarlo supremamente lesivo para el sector.  De acuerdo con Rafael Mejía, con la puesta en marcha de este bloque económico se pondrá en riesgo el 48% de lo que queda de la maltrecha producción agropecuaria de Colombia. Estamos hablando de “$16.9 billones al año y equivale a 9.1 millones de toneladas”. Están en juego nada menos que 1´254.000 empleos rurales; esta es una bomba social de impredecibles consecuencias. 
Pero la SAC no es la única que se queja, también el Presidente del gremio de los arroceros Rafael Hernández se pone las manos en la cabeza para exclamar que “qué puede sentir un agricultor frente a una amenaza como este acuerdo…Aquí se está poniendo en riesgo a 500 mil productores del cereal asentados en 215 municipios del país”. Estábamos, entonces, como lo vaticinó el Presidente de la SAC, “en vísperas de protestas de sectores como los arroceros, lecheros, porcicultores, azucareros y maiceros por las negociaciones que el Presidente Juan Manuel Santos está haciendo con la Alianza del Pacífico. Todo esto se convierte en inconvenientes para el agro colombiano”. El fantasma de la triangulación de productos, especialmente agrícolas y pecuarios, así como de manufacturas y autopartes maquilados especialmente en México, empiezan a espantar a los productores nacionales. 
Para añadirle injusticia al agravio, el ICA se encargaría con su desafuero y arbitrariedad de exaltar aún más los ánimos, ya de por sí crispados, al ordenar el decomiso y posterior destrucción de parte de la cosecha que un cultivador de arroz había reservado como semilla, al considerar que ello violaba la  Resolución 970 de 2010 que ampara los derechos de patente de las semillas en el capítulo sobre la propiedad intelectual del TLC suscrito con EEUU! Se podrá alegar que las prescripciones que se recogen en esta Resolución regían desde 1994, cuando a través del Decreto 1840 se autorizó al ICA para sancionar, con multas y suspensión de sus servicios a quienes infringieran tal normativa, con el cual se procuraba prevenir la propagación de plagas y daños sanitarios. Pero, lo cierto es que, como lo advierte el columnista Jorge Orlando Melo, aunque dicha Resolución “repite los argumentos sanitarios del Decreto 1840, lo que hace es proteger la propiedad industrial de las empresas de semillas certificadas o registradas”.

¡A DESPABILARSE!
Después de este repaso uno puede llegar fácilmente a la conclusión que los principales instigadores del paro fueron los propios altos funcionarios del gobierno, quienes en una actitud además de indolente provocadora llevaron a los labriegos al borde del desespero. Como rezaba una pancarta que portaba uno de los manifestantes: “el problema más grande se hubiera podido solucionar cuando todavía era pequeño”. Frase esta de Witter Bynner, además de contundente, demoledora. Pero, qué va, esperaron que el problema se les agrandara para ahí sí salir en volandas, extinguidor en mano, a sofocar el incendio que ellos mismos atizaron. Se comprometieron a bajar a cero 23 subpartidas correspondientes a agroinsumos importados. Ahora el Gobierno se muestra “interesado en la refinanciación de los créditos para aliviar la carga a los agricultores”. A ello se añadió el anuncio, largamente esperado, que ya firmaron el Decreto “que elimina el cupo de importaciones de lactosueros, que era algo que nos pedían”. Y a todas estas, uno se pregunta si esta protesta no era previsible y prevenible o sino para qué sirvieron los costosos estudios que se contrataron para determinar el impacto que tendrían los TLC, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Una de dos: o esa platica, por lo visto, se perdió y en este caso habría lugar a un detrimento patrimonial del Estado o estando advertidos de lo que iba a pasar no le pararon bolas a sus recomendaciones y tuvieron que esperar el ruido ensordecedor de los cacerolazos para despabilarse. 
Al referirse a la ola de protestas y disturbios, que amenazaban con salírsele de las manos, afirmó el Presidente Santos que “estamos atravesando una tormenta que se formó por el abandono” inveterado a que ha sido sometido el campo y sus moradores, víctimas de la injusticia, la exclusión, el despojo y el desplazamiento forzado. Pero, la verdad sea dicha, esta es la tormenta perfecta, la cual tiene su origen en la sumatoria de conflictos no resueltos. Ya que el Presidente Santos dio un paso positivo al reconocer que en Colombia sí hay un conflicto armado y se propuso abocar su solución política por la vía de la negociación con la insurgencia armada, ahora debe reconocer que aquí en Colombia también existe un Conflicto social, que también amerita una salida civilizada e incruenta. 
El problema, entonces, es estructural y no coyuntural; que no se equivoque el Presidente, creyendo que ya la tormenta pasó; esta no pasará mientras subsista el abandono y se puede convertir en un huracán de imprevisibles consecuencias si no se actúa a tiempo. Si no se avispan, Colombia puede llegar a tener su propia primavera, no por cuenta de los indignados como en Europa sino bajo el emblema de la dignidad que ha enarbolado el campesinado colombiano. No basta con el anuncio con bombos y platillos del Presidente de la República de que van “a trabajar para construir un gran pacto por el agro y el desarrollo rural”, porque el desastrado campo colombiano no está como está por falta de tales anuncios sino a falta de la realización de los mismos. De allí la falta de credibilidad en las promesas oficiales, que más parecen promesas de cumbiambera! A quienes de verdad quieran encarar la problemática del campo, muy respetuosamente, les recomendamos la lectura de los dos tomos del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 del PNUD Colombia Rural, razones para la esperanza, dirigido  por el profesor Absalón Machado, en el cual se descubre que Colombia es más rural de lo que creíamos, que allí está asentada el 32% de la población colombiana y no el 25% como se pensaba antes del mismo. Ahora que, por fuerza de las circunstancias, el país ha volteado su mirada hacia el campo y caen en cuenta los citadinos que, como afirma El Tiempo, “la comida no viene del supermercado o de la tienda, sino de la tierra”, sería de mucha conveniencia que este Informe se convierta en la Cartilla de leer para todos los colombianos. 
Coletilla.- Para lamentar, el hecho que la gran movilización del 28 de agosto hubiera degenerado en actos vandálicos, que aunque no invalidan la justedad de la protesta sí la empañaron, los cuales merecieron la condena y repudio por parte de sus organizadores y de todos los demócratas de Colombia. 

Bogotá, septiembre 2 de 2013
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¡HASTA ENTONCES!

Después de 26 años como servidor público, ora como docente universitario, como Secretario de Planeación de mi Departamento, como Coordinador de la Región de Planificación (CORPES) del Caribe Colombiano, Viceministro de Minas y Energía, ora como Senador de la República en tres períodos consecutivos, resolví en el año 2002 hacer uso de mi buen retiro. Desde entonces me replegué a mis actividades académicas, las que nunca abandoné aún en los momentos de mayor atafago, como cuando ostenté la dignidad de Presidente del Congreso de la República. Pasé de una vida agitada, frenética, excitante a otra más apacible y tranquila, hogareña, alegrada con la llegada de mis primeras tres nietas.

De pronto, una llamada telefónica me cambió el curso de la vida y me trajo intempestiva e impensadamente de vuelta al servicio público. Inesperadamente, sin vísperas y sin rodeos el Presidente Juan Manuel Santos me llamó para ofrecerme la cartera de Minas y Energía. Ante semejante propuesta no tenía sino dos caminos, desecharla o aceptarla y opté por esta última, por una sola razón: porque la vi como una ventana de oportunidad, no para mí, que ya las he tenido todas, sino como la oportunidad de servirle a mi región y por ende a todas las regiones de Colombia. Al fin y al cabo, cuando uno hace parte de la reserva activa, debe estar presto a enrolarse cuando lo llaman a filas a prestar nuevamente el servicio. Por lo demás, siempre he dicho que el éxito en la vida es un cruce de caminos entre la oportunidad y la preparación y yo me he venido preparando durante más de 30 años en todos los temas atañederos a la cartera que ahora ocupo.

Al momento de formalizar nuestra designación y luego al momento de posesionarnos el señor Presidente de la República fue enfático en que este nuevo gabinete para la recta final de su mandato es el de la unidad para la paz. Y no puede concebirse la unidad y mucho menos la paz sin la inclusión de la diferencia y así entiendo el paso dado por el Presidente Santos al incorporarme a su gabinete, al cual no llego por vía de la adulación, la lisonja y mucho menos de la apostasía. Quiso él tener otra mirada, otros puntos de vista distintos a los suyos propios, para ver de enderezar la nave del Estado que se vio zarandeada por los últimos acontecimientos. Sólo de esta manera he entendido mi llegada al alto gobierno, como alguien que no traga entero, que no disimula las razones de su disentimiento, que como buen liberal abomina el unanimismo y que por ello mismo le puedo ser útil en esta nueva etapa.

El señor Presidente calificó la gran eclosión de los movimientos sociales, que llegaron a su paroxismo con el paro nacional agrario, como una tormenta que había que enfrentar atendiendo las dolamas que dieron lugar a ellos en lugar de reprimirlos. La verdad sea dicha, el Gobierno fue sorprendido por las características y por la magnitud de la protesta, la cual se subestimó en un primer momento. Esto no debe volver a repetirse y se deben aplicar las lecciones aprendidas: el Gobierno debe sintonizarse con el país nacional sino quiere afrontar nuevamente sorpresas desagradables. Los ministros debemos ser el polo a tierra del Ejecutivo, debemos constituirnos en las torrenteras a través de las cuales se canalice el descontento y la inconformidad ciudadana, al tiempo que estas encuentren salidas prontas y eficaces por la vía de la institucionalidad.

Ciertamente arribamos al Gobierno en momentos difíciles para la Nación, pero siempre he dicho que las cosas fáciles ya las hizo otro y quedan por hacer las difíciles. Este es el desafío, bien dijo Thomas Carlyle “nos tocó una época difícil, pues bien estamos aquí para mejorarla” y pondremos todo nuestro empeño en tal propósito, tendiente a contribuir a allanar el camino para alcanzar el más preciado, el bien supremo de la Nación, la paz. Nada más, pero tampoco nada menos; si al final del día hemos sido capaces de  poner nuestro grano de arena para hacerla posible nos podremos dar por bien servidos. Sólo ello justifica mi paso por el gabinete ministerial y el sacrificio que para mí significa dejar de escribir y publicar mis columnas semanales, con la ambición de poderlas retomar en medio del post conflicto y no en medio de esta cruenta y cincuentenaria guerra que asola al país. Hasta entonces!

 

Bogotá, septiembre 14 de 2013

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[1]Ministro de Minas y Energía

LA REGIÓN Y SÍSIFO

Muy seguramente pensando en que no hay peor castigo para los mortales que someterlos al inútil esfuerzo como suplicio y purgar de esta manera su desprecio por los dioses, Sísifo fue obligado a subir una pesada roca hasta la cima de una montaña y cuando ya estaba a punto de lograrlo la roca rodaba hasta el fondo del precipicio, desde donde debía insistir, resistir y persistir una y otra vez en el vano intento de lograr su cometido. Traigo a colación esta pieza de la mitología griega porque le viene como anillo al dedo a propósito del empeño de las regiones colombianas en pos de consolidar la descentralización y reivindicar la autonomía prescritas en la Constitución Nacional. Los avances alcanzados son siempre seguidos de retrocesos que obligan a recomenzar, a nuevos intentos. 

Después de dejar atrás la conquista de las regiones de planificación, más conocidas como CORPES, que luego fueron disueltos de la peor manera y de la frustrante expedición de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) light, tenemos en ellos hitos importantes de la larga marcha, en procura esta vez de que lo prescrito en la Constitución de 1991 no quede en la Carta como un simple saludo a la bandera. Colombia que desde siempre ha sido un país de regiones por primera vez en su historia republicana lo reconoció y fue más lejos al consagrar su autonomía como principio fundamental. Pero más parece que estuviéramos en su sesión de aeróbicos desplegando un gran esfuerzo para imprimirle velocidad a una bicicleta, pero al ser esta aerostática no avanzamos un ápice. 

Le hemos escuchado decir al novel Director de Planeación Nacional (DNP) Simón Gaviria que el Plan Nacional de Desarrollo para este nuevo cuatrienio (2014 – 2018) “se construirá desde las regiones”, lo cual nos parece muy plausible, creo que se le debe coger la flota, máxime cuando, como el lo ha sostenido, este Plan “contendrá las estrategias para reducir las brechas sociales y el rezago que se presenta entre las zonas rurales y urbanas”. Ello es tanto más urgente habida cuenta de las enormes brechas tanto interregional como intrarregional que acusa el territorio colombiano, lo cual amerita una especial atención en aras de la equidad. Es la oportunidad, además, de que cada región del país se de su propio Plan de desarrollo y de esta manera este pueda insertarse en el Plan Nacional de Desarrollo como lo manda la Ley Orgánica de Planeación. 

 

 

Aunque el propósito último de las regiones debe seguir siendo el poder constituirse en entidades territoriales, como lo prevé la Carta y lo elude la LOOT vigente, las demás regiones del país deben seguir el ejemplo de la región centro encabezado por el Distrito Especial de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, que ya dio un primer paso de la mayor importancia al constituirse como Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE). El resto de regiones debe hacer lo propio, debe organizarse y para ello lo único que hace falta es voluntad política. Y para luego es tarde!

Así como nos lamentamos del hecho que al expedirse la LOOT se hubiera omitido toda referencia a las entidades territoriales indígenas (ETIs) previstas en la Constitución, tenemos ahora que ponderar la importancia del paso que acaba de dar el  Gobierno Nacional a través del Decreto 1953 del 7 de octubre, al reconocerlas al tiempo que se le dan funciones y competencias y se le asignan los recursos para que las ejerzan autónomamente. De ahora en adelante los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que por ministerio de la Ley les corresponde le llegarán a sus autoridades tradicionales, sin intermediarios y serán estas las que dispondrán de dichos recursos para atender sus requerimientos en materia de salud, educación y saneamiento básico. Con ello, además, se hace justicia a las comunidades indígenas

 

Medellín, octubre 13 de 2014

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EL CARIBE Y SÍSIFO

Muy seguramente pensando en que no hay peor castigo para los mortales que someterlos al inútil esfuerzo como suplicio y purgar de esta manera su desprecio por los dioses, Sísifo fue obligado a subir una pesada roca hasta la cima de una montaña y cuando ya estaba a punto de lograrlo la roca rodaba hasta el fondo del precipicio, desde donde debía insistir, resistir y persistir una y otra vez en el vano intento de lograr su cometido. Traigo a colación esta pieza de la mitología griega porque le viene como anillo al dedo a la región Caribe, en su Día clásico, a propósito de su denodado empeño en alcanzar su integración y su autonomía. El 10 de octubre de 2011 se reunieron en Cartagena gobernadores, alcaldes, historiadores y artistas connotados de la región para celebrar por primera vez el Día de la Región Caribe. La escogencia de la fecha fue una alegoría a la gran gesta del prócer guajiro José Prudencio Padilla, quien en un día como hoy en 1821 logró coronarse de gloria una vez más expulsando desde tierras cartageneras a los últimos reductos de quienes le profesaban una fidelidad canina a la Corona Española, que vieron de esta manera hecha añicos su osada empresa de reconquistarla. 

Después de dejar atrás ensayos como el Sistema de Integración y Planificación Urbana y Regional (SIPUR) y conquistar las regiones de planificación, más conocido como CORPES, para luego verlos disueltos de la peor manera, de haber formulado el primer Plan regional de desarrollo en el país, Un viaje hacia el futuro, que se quedó escrito en el papel y de la frustrante expedición de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) light, tenemos en ellos hitos importantes de la larga marcha, en procura esta vez de que lo prescrito en la Constitución de 1991 no quede en la Carta como un simple saludo a la bandera. Colombia que desde siempre ha sido un país de regiones por primera vez en su historia republicana lo reconoció y fue más lejos al consagrar su autonomía como principio fundamental. Pero más parece que estuviéramos en su sesión de aeróbicos desplegando un gran esfuerzo para imprimirle velocidad a una bicicleta, pero al ser esta aerostática no avanzamos un ápice. 

Le hemos escuchado decir al novel Director de Planeación Nacional (DNP) Simón Gaviria que el Plan Nacional de Desarrollo para este nuevo cuatrienio (2014 – 2018) “se construirá desde las regiones”, lo cual nos parece muy plausible, creo que se le debe coger la flota, máxime cuando, como el lo ha sostenido, este Plan “contendrá las estrategias para reducir las brechas sociales y el rezago que se presenta entre las zonas rurales y urbanas”. La región Caribe junto con la región Pacífica son las más urgidas de cerrar esas brechas, además de la gran brecha interregional e intrarregional que las agobian. A este propósito es menester dejar en claro que la región Caribe no es un lienzo en blanco en materia de diagnóstico y planificación; es mucho cuanto se ha avanzado en ello, de lo que se trata entonces es de unificar criterios por parte de parte de sus líderes políticos, sociales y comunales, así como de los gremios y la academia, antes de tener esa interlocución con Planeación Nacional. El Observatorio del Caribe, que goza de un gran reconocimiento y credibilidad en la región, puede jugar el papel de integrador y facilitador en este proceso, que nos debe conducir a volver a contar con nuestro propio Plan de Desarrollo de la Región Caribe que nos sirva de brújula en medio de tantos desvaríos como los que estamos presenciando y, lo que es más importante, lograr su inserción en el Plan Nacional de Desarrollo como lo manda la Ley Orgánica de Planeación.

El Voto Caribe en las elecciones parlamentarias de 2010 sentó un precedente en este país, toda una región se pronunció de manera contundente “a favor de la Constitución de la Región Caribe como una Entidad territorial de derecho público, con autonomía para la gestión de sus intereses, que promueva el desarrollo económico y social de nuestro territorio dentro del Estado y la Constitución colombiana”. Nada más, pero tampoco nada menos! 

Sin renunciar a este cometido, la región Caribe debe seguir el ejemplo del centro del país encabezado por el Distrito Especial de Bogotá y Cundinamarca, que ya dio un primer paso de la mayor importancia al constituirse como Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE). El Caribe no se puede quedar a la zaga después de haber estado a la vanguardia de esta lucha de las regiones por su reivindicación. Lo único que hace falta para ello es voluntad política y para luego es tarde!

La región Caribe debe saber aprovechar este cuarto de hora, en el que parece se hubieran alineado los astros: presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, dos y casi tres ministras con cartera, con la titular del Departamento para la prosperidad social (DPS), con Directora de la ESAP, con Contralor General de la República. Ah falta que nos va a hacer el patricio liberal Aníbal Martínez Zuleta (q. e. p. d), cuya partida constituye una sensible pérdida para la causa de la autonomía regional. No se puede malograr esta oportunidad única y feliz, porque, además, el que espera desespera!

 

Medellín, octubre 10 de 2014

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DE LAS VACAS GORDAS A LAS VACAS FLACAS

EL FIN DE UN CICLO

Después de un largo ciclo, que se prolongó por una década (2003 – 2012), el boom del sector minero – energético, caracterizado por los altos precios del carbón, el oro, el ferroníquel y el petróleo, ahora estamos de vuelta por cuenta de la contracción de sus mercados y la destorcida de sus precios. Los precios del carbón ha caído más del 38%, los del oro y el ferroníquel más del 24% y los últimos en caer han sido los del petróleo, cuyo desplome es mayor, en más del 50%, debido a su represamiento. Ello tiene un alto impacto en la economía y en las finanzas nacionales, empezando por el deterioro de los términos de intercambio que redunda en un déficit que se acrecienta mes a mes de la Balanza de pagos del país. Después de tener una Balanza comercial superavitaria de US 1.646 millones entre enero y noviembre de 2013, para el mismo período del año 2014 arroja un déficit de US $4.807 millones, con una variación negativa del orden de los US $6.454 millones (¡!). Entre tanto el déficit en Cuenta corriente de la Balanza de pagos se amplía y se estima que pudo haber cerrado el 2014 en un 4.8% (¡!). 

Desde luego, ello también ha repercutido en la caída de la inversión extranjera directa en un 10.7% en 2014, lo que resulta más preocupante aún al registrar que, contrariamente a lo esperado, en otros sectores, como el industrial, cayó más que en el sector de minas y petróleos, 14.8% y 9.7%, respectivamente. Esta circunstancia y al mayor déficit de la Balanza de pagos han contribuido a acentuar la devaluación del peso frente al dólar, que se ha venido fortaleciendo aupado por la caída del precio del crudo, que se cotiza en dicha moneda, así como por el recorte de la liquidez por parte de la Reserva Federal de EEUU (FED), al poner coto a las ayudas anabólicas que se implementaron en su momento para capear los estragos de la crisis hipotecaria que se desató en 2008. Ello ha hecho del peso colombiano la moneda más devaluada del mundo (24.2% en 2014) después de Rusia y Ucrania. 

Este revés en el sector externo incide en la ralentización del crecimiento de la economía; solamente la baja en la cotización del petróleo en un 10% se traduce en una reducción del potencial de crecimiento de la economía en 0.2 punto porcentual del PIB y, ya dijimos, la caída ha sido superior al 50%. Ello explica en gran medida la revisión a la baja del crecimiento de la economía colombiana por parte del FMI, de 4.8%, que fue su pronóstico en octubre pasado, a 3.8%. Por su parte el Banco de la República acaba de corregir, también a la baja, su proyección de crecimiento del PIB para este año, de 4.3% a un modesto 3.6%; entre tanto el Gobierno mantiene la suya de un 4.2%. Y, como es obvio, con un menor crecimiento se verán afectadas las metas de recaudo de impuestos y también la generación de empleo, poniendo en riesgo los avances logrados en la reducción de la pobreza.

 

EL GOLPE A LAS FINANZAS PÚBLICAS

 

Con la descolgada de los precios del petróleo, especialmente, reducen  sensiblemente los ingresos del Estado, tanto por concepto de recaudo de impuestos, como por el pago de dividendos por parte de la estatal ECOPETROL y de las regalías que van al Sistema General de Regalías (SGR). Ya el Gobierno Nacional, en la exposición de motivos del Proyecto de ley del Presupuesto bianual de regalías (2015 – 2016) había estimado que los impuestos a pagar por parte de ECOPETROL en el 2014 serían de $2.4 billones, un 17.9% menor que en 2014 cuando pagó $2.9 billones. Y todavía para entonces la caída de los precios del petróleo no era tan pronunciada. En cuanto a las utilidades de ECOPETROL podemos decir que sólo faltando el último trimestre del año anterior sus utilidades se cifraban en $8.42 billones, un 24% menor que para igual período del año anterior. 

Además, el mismo Ministerio de Hacienda, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) dado a conocer en junio pasado calculó los ingresos que espera recibir este año por concepto de los dividendos que repartirá ECOPETROL en su Asamblea de marzo próximo en $8.4 billones, 22% menos que el año pasado.  Y, de contera, según un estudio que acaba de realizar FEDESARROLLO, se estima que en 2014 se recibirán menores ingresos por concepto de regalías del orden del billón de pesos, sólo a consecuencia de la caída de los precios del crudo. Si extrapolamos estos resultados a toda la industria, es de esperarse que  los ingresos del estado por todo concepto se pueden ver disminuidos en un 20%, por lo menos. 

 

LAS REGIONES LLEVAN LA PEOR PARTE

 

Indudablemente que el mayor impacto y el más inmediato de este cuadro tan desolador como amenazador recaerá sobre las regiones, especialmente los departamentos, las cuales verán menguados ostensiblemente sus ingresos. La afectación en las finanzas territoriales se dará por partida doble, por las menores transferencias vía Sistema General de Participaciones (SGP), toda vez que los ingresos corrientes de la Nación, que son la base de cálculo y liquidación de las mismas, se reducirán severamente y también por los menores recursos provenientes de las regalías que captará el SGR, fuente principal de financiamiento de sus proyectos de inversión. A diferencia de lo que pasó con el Presupuesto General de la Nación, que se aforó ( $18.269.824´762.110) tomando como base un precio del crudo de US $97 el barril de petróleo, en el caso del presupuesto para 2015 – 2016 del SGR se tuvo el cuidado de revisar a la baja el precio de referencia del crudo pasando de US $94 el barril para el 2015 y US $91 para 2016 a US $85 para los dos años, precio este todavía luce muy alejado de la cruda realidad.

En medio de estas aulagas el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas al estimar en $9 billones los menores ingresos que se recibirán este año a consecuencia de la destorcida de los precios del petróleo, manifestó que $4.5 billones de este faltante se esperan financiar a través de la reforma tributaria recientemente expedida y los otros $4.5 billones aumentando el déficit, el cual se cubrirá, como dijo el Ministro, “con un poco de endeudamiento, para no incurrir en una reducción abrupta de la inversión pública”  . Afortunadamente la deuda soberana de Colombia ha recibido las mejores notas de parte de las firmas calificadoras de riesgo recientemente, lo cual abarata el costo de este mayor endeudamiento, aunque con la gran devaluación reciente del peso con respecto al dólar, se ha encarecido desproporcionadamente. Además, en el transcurso de 2014 el Gobierno adelantó operaciones para reducir las amortizaciones programadas y las necesidades de financiamiento, lo cual le abre un amplio espacio a los requerimientos que ahora se plantean. Huelga decir que estos recursos, los del endeudamiento, no hacen parte de los ingresos corrientes de la Nación y en consecuencia no cuentan para el giro de las transferencias a las regiones. 

Ahora bien, el Gobierno Nacional ha sido consciente de los apremios a que se van a ver enfrentados los departamentos productores por el bajonazo que se veía venir del monto de las asignaciones directas que le corresponden en virtud del Acto legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012, debido a que el año anterior concluyó el período de transición (2012 – 2014) y a partir de este año las mismas se reducen a sólo el 20% remanente del SGR, después de deducir los porcentajes correspondientes del Fondo de Ahorro y Estabilización (30%), el Fondo de Ciencia y Tecnología (10%) y el Fondo de Pensiones Territorial (10%). Para atenuar el impacto en dicho tránsito del régimen transitorio al permanente y con el ánimo de compensarlos así sea parcialmente, el Gobierno se anticipo a incluir en el Presupuesto bianual del SGR aprobado por el Congreso de la Republica (2015 – 2016) la apropiación de $2.2 billones adicionales al que le correspondía a departamentos y municipios productores con destinación a las asignaciones directas para este año 2015, pasando de $1.9 billones a $4.1 billones. Para ello echó mano de los rendimientos en la Cuenta Única en la Tesorería General de la Nación de los recursos provenientes de las regalías, se desahorraron parte de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, amén de los recursos de compensación provenientes del Fondo de Desarrollo Regional previsto en la norma transitoria, la cual prevé que se les debe garantizar a los productores como asignación directa por lo menos el 40% del promedio histórico de lo que recibieron entre 2007 y 2010. Estos recursos los podrán utilizar desde el primer año de vigencia del Presupuesto y no tendrá que esperarse hasta el año vencido, como prescribía la norma. También se liberaron recursos del Fondo de Pensiones Territorial e incluso se apretó el cinturón el Gobierno Nacional disponiéndose para tal efecto de parte de los recursos que le corresponden por ministerio de la Ley al funcionamiento del SGR. Adicionalmente, el Gobierno Nacional se desprendió del 50% que le corresponde de los recursos provenientes del margen de comercialización a favor de los productores.

 

QUÉ HACER

 

Celebramos que el señor Ministro de Hacienda se haya resistido a la tentación de proceder a hacer recortes draconianos en los presupuestos, como lo acaba de hacer el Presidente Enrique Peña Nieto en México, que ordenó un recorte de US $9.000 millones, equivalente al 0.7% del PIB. Ello es tanto más importante porque evita la parálisis de la inversión, especialmente en las regiones, que es la que podrá mantener a flote la economía y evitar que esta entre en barrena. Desde la Federación Nacional de Departamentos le hemos propuesto al Gobierno apelar a los recursos que por más de $6 billones están ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización, que se creo en su momento con el objetivo de guardar parte de las regalías generadas por la actividad extractiva en la época de las vacas gordas para poder contar con ellos cuando sobreviniera la época de las vacas flacas y este es el caso. En este momento es preferible desahorrar parte de ellos para invertirlos en la infraestructura que requiere el país a tener esos recursos invertidos en el exterior rentando nada, porque es bien sabido que los rendimientos son nimios toda vez que las tasas de interés en los EEUU y en la Unión Europea están en el piso, 0.25% y por debajo del 1%, respectivamente.

Claro que, de aquí en adelante, se impone la austeridad en el gasto público, toca ganar en eficiencia haciendo más con menos, pero sin caer en la trampa de tomar medidas austericidas de corte Merkeliano; la sindéresis aconseja que es mejor aplicar la receta keynesiana tomando medidas contracíclicas, para evitar que la economía se deslice por el tobogán de una maldita recesión. Se deberán tomar medidas complementarias para lograr este cometido, como son las Alianzas Público – Privadas (APP) para acometer aquellas obras de mayor envergadura. Y, ante la proximidad de la entrada en vigor de la Ley de garantías, que congela la inversión, se deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a agilizar los trámites de viabilización y aprobación de los proyectos en los OCADs y asignarle rápidamente los recursos para, de esta manera, garantizar su pronta y cumplida ejecución. Y, a propósito de los OCADs, el Gobierno está en mora de presentar al Congreso de la República su propuesta de prescindir de ellos cuando se trate de la ejecución de los recursos de regalías correspondientes a las asignaciones directas a los departamentos y municipios productores, como lo prometió en el curso de su campaña que le dio el triunfo para ejercer su segundo mandato y, de esta manera, honrar su compromiso. Claro está, que ello se debe dar sin perjuicio de la necesaria vigilancia y control para garantizar la transparencia de los procesos de contratación y ejecución de los proyectos, así como el necesario rigor técnico para la identificación, priorización y estructuración de los mismos.  

Nos preocupa sobremanera como Federación la norma que quedó consagrada en la Ley del Presupuesto bianual del SGR (2015 – 2016), en el sentido que “el DNP definirá los criterios de priorización de los proyectos que se aprueben en los OCADs, porque ello puede prestarse para la obstrucción del trámite y aprobación de los proyectos y tiene cierto tufillo centralista. Pero, nos preocupa aún más la resurrección del fantasma del poder de veto en las decisiones que se toman en los OCADs. Se recordará que en la Ley de Presupuesto bianual (2013 – 2014) quedó consagrado el poder de veto por parte del Gobierno central, sin su voto afirmativo no se podía impartir aprobación a ningún proyecto (Ley 1606, artículo 31) y la Corte Constitucional lo declaró inexequible (C–624 de 2013) por considerar que ello sacrificaba “de manera desproporcionada los principios democráticos, de descentralización y autonomía, así como los mandatos del artículo 361 de la Carta”. 

Ahora quedó peor, porque al requerir prácticamente el consenso en el seno de los OCADs a la hora de la toma de las decisiones, la reticencia de cualquiera de sus miembros es suficiente para impedir la aprobación de un proyecto y eso es grave, pues puede bloquear cualquier decisión, lo que conduciría a una virtual parálisis de los OCADs, justo en el momento que más se requiere de la agilidad en sus decisiones. Ello va en contravía de las declaraciones del Director del DNP, Simón Gaviria, en el sentido que “hay que mejorar el sistema en eficiencia, planificación, eliminación de trámites y uso racional”  de los recursos. Tan pronto trascendió la noticia de la existencia de este endriago en la Ley de presupuesto del SGR los gobernadores y alcaldes pusieron el grito en el cielo y con razón; este entuerto debe ser corregido cuanto antes. No hay derecho!

 

Riohacha, enero 31 de 2015

www.fnd.org.co

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