Jul 18, 2019 Last Updated 1:08 PM, Dec 15, 2018

UN PASO HISTÓRICO

LA LOCOMOTORA AGRÍCOLA

El Presidente Santos se ha propuesto alcanzar una tasa de crecimiento sostenido del PIB por encima del 6% y así quedó consignado en su Plan de Desarrollo Prosperidad para todos, como premisa para reducir la tasa de desempleo abierto a un solo dígito. Al definir la estrategia para alcanzar tales objetivos identificó con su equipo económico cinco sectores con alto potencial de crecimiento, llamadas metafóricamente locomotoras del crecimiento. Se destaca entre ellas la agricultura, sector este que no obstante ofrecer un gran potencial de crecimiento se ha mantenido por décadas rezagado con respecto a los demás. Según el experto Juan José Perfetti, “la producción creció durante la primera parte de la anterior década colocándose por encima de la registrada en el período 1990-1999, pero desde el año 2005 la producción agrícola total se mantiene alrededor de los 25 millones de toneladas”. Particularmente entre 2002 y 2010 su crecimiento se contrajo a la mitad del crecimiento del PIB total, su raquitismo fue tal que fue el sector que menos aportó a este último, a tal punto que su crecimiento el año anterior fue nulo. Y no es para menos, habida cuenta que de 21.5 millones de hectáreas aptas para la agricultura, a duras penas se cultivan 4.2 millones.


REFORMA Y CONTRAREFORMA AGRARIA

Para reactivar este sector es menester una reformulación de la política agrícola, la cual pasa por una reforma agraria de fondo que contrarreste los nefastos efectos de la contrarreforma agraria que se gestó con el malhadado Acuerdo de Chicoral, que dio al traste con la Ley 135 de 1961 de la administración Lleras Restrepo, último intento de una reforma agraria integral y democrática. Ello es tanto más urgente e inaplazable luego de la tragedia humanitaria, como calificó las Naciones Unidas el despojo a sangre y fuego entre 1980 y julio de 2010 de por lo menos 6’638.195. Ello explica en gran medida la gran concentración de la tenencia de la tierra en Colombia; el mejor indicador es el coeficiente Gini de la propiedad rural que alcanzó el 0.875 en 2010, sólo superado en la región por Paraguay. Es muy diciente que mientras en 1954 el 3% de los propietarios  concentraba el 55% de las tierras, en el 2005 el 0.4% se ha hecho acapara el 62.8% (¡!) de las mismas. 

Concomitantemente, aparejado al despojo de tierras en el último cuarto de siglo (1985 – 2010) se dio en Colombia el mayor éxodo del campo en toda su historia. Al fin y al cabo, según el Banco Mundial, el 60% de quienes se vieron forzados a cambiar de residencia era propietario de las tierras que les fueron arrebatadas violentamente. Según cifras de la ONG Consultora para los derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES), por lo menos 5’195.620 personas fueron desplazadas en Colombia por cuenta de la violencia, ya que su vida, su integridad física y su libertad corrían serio peligro. Sólo en el 2010 se vio desplazado un total de 280.041 compatriotas a causa del conflicto armado interno, así como de otras manifestaciones de la violencia política y social, más cruel y cruenta que la que se desató en 1948 luego del aleve asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán. Esto significa que en los últimos 25 años 208.000 personas en promedio han padecido el desplazamiento forzado; casi 12 colombianos de cada 100 ha sido víctima de este ominoso flagelo; con razón, Colombia ocupa el ignominioso primer lugar en el mundo en desplazamiento interno de su población.  


SÍ HAY CONFLICTO ARMADO INTERNO

Durante el prolongado gobierno del ex presidente Alvaro Uribe nunca se reconoció la existencia del conflicto armado interno, por considerarlo “como equivalente técnico del concepto guerra civil” pues para él de lo que se trataba era de una amenaza terrorista. Y claro, para ser coherentes, si aquí no hay conflicto armado interno tampoco puede haber desplazamiento que es una de sus consecuencias; por ello, el Asesor presidencial e ideólogo de la “doctrina” uribista José Obdulio Gaviria afirmó sin pestañear, contra toda evidencia, que “nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración”. Esta extravagante tesis llevó al Gobierno Nacional a invisibilizar el fenómeno del desplazamiento y tuvo que intervenir la Corte Constitucional para modo de que se le prestara la atención debida a quienes sufren este drama tan dantesco. 

No es casual, entonces, que el reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno se convirtiera en el busilis del trámite de la Ley 1448 de 2011 de restitución de tierras y reparación de víctimas que acaba de ser sancionada por el Presidente Santos. “Hace rato que hay conflicto armado en este país”, aseveró el Presidente Santos, marcando distancia con su antecesor, quien insiste contumazmente en solitario en que aquí “no hay conflicto, no hay guerra, vivimos una amenaza terrorista”. Este aspecto junto con el reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado para efectos de la reparación de estas, estuvieron a punto de hacer naufragar esta importante iniciativa por segunda vez. Al final, se impuso la sensatez y gracias a ello el país ha dado un paso histórico, apenas equiparable con aquel momento cenital de la historia de Colombia cuando el entonces Presidente Alfonso López Pumarejo en el curso de su Revolución en Marcha expidió la Ley 200 de 1936. Con esta Ley la administración Santos retoma el hilo conductor de la tradición del Partido Liberal; por ello, no exagera la revista Semana al señalar que “Santos se juega su puesto en la historia” con esta ambiciosa Ley. Y él así lo entendió, cuando expresó al momento de radicar personalmente el proyecto ahora convertido en Ley que “si esta Ley se aprueba, habrá valido la pena ser Presidente”. 

DURA Y ARRIESGADA APUESTA

Pero, la tarea apenas empieza y no estará exenta de tropiezos y obstáculos; no hay que caer en el fetichismo normativo, al pensar que basta con cambiar la norma para cambiar la realidad. Ya se ha hecho sentir la férrea resistencia a la misma por parte de los usurpadores y seguramente seguirán tratando de atravesarle palos a las ruedas de la historia tratando de detenerla. De hecho, en lo que va de este período de Gobierno han sido asesinados 22 líderes defensores del proceso de restitución de tierras; esta misma semana fue asesinada Ana Fabricia Córdoba, una de las más caracterizadas y corajudas líderes de quienes luchan por la restitución de tierras en la convulsionada región del Urabá. También hay enemigos agazapados de la Ley que estarán al acecho a la espera de ver el modo de entorpecer su cabal ejecución. Ya habíamos advertido sobre el riesgo que entraña el proyecto de acto legislativo que está para sanción presidencial, mediante el cual se establece como principio (ahora como criterio) constitucional la sostenibilidad fiscal. No obstante que ni este proyecto ha sido sancionado, ni el proyecto de Ley a través de la cual se establece la Regla fiscal tampoco y ya quedó establecido en esta Ley para efectos de su aplicación se debe “tener en cuenta la sostenibilidad fiscal”. También se advierte que en desarrollo de la esta Ley se “creará un Plan Nacional de Financiación mediante un documento CONPES que propenda por la sostenibilidad de la ley” Este hecho llevó a espetar al Senador de la U Roy Barreras que se había salido con la suya, pues “aprobando la sostenibilidad fiscal, dejando sin piso la Ley de víctimas”. En efecto, la sostenibilidad fiscal puede llegar a convertirse en el freno de mano que impida la marcha de esta Ley con la celeridad esperada. Por lo demás, no basta con garantizar la restitución de las tierras y con asegurar el retorno de quienes fueron sometidos al desarraigo y al extrañamiento, tales medidas deben ser complementadas con otras que les permita a estos cultivar la tierra y de esta manera ampliar la frontera agrícola que tanto requiere el país. Nada de ello será posible sin la depuración y fortalecimiento de las instituciones del Estado, cooptadas y copadas en muchas regiones del país por los violentos de toda laya y condición. Este es un compromiso insoslayable de todas las fuerzas democráticas del país, porque lo que está en juego es el futuro de este país, escarnecido y asolado por la violencia de todas las pelambres.

Al ponderar la importancia y trascendencia de esta Ley, el Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, invitado de honor y testigo de excepción de la sanción presidencial de esta Ley, manifestó que el paso dado por Colombia es “fundamental para comenzar a resolver el conflicto que el pueblo colombiano ha soportado durante décadas” y la consideró además como “un camino para construir una paz verdadera”. El Presidente Santos, que se precia de ser un buen jugador de poker, tiene en esta Ley una dura y arriesgada apuesta. Por el bien de Colombia hacemos votos por la implementación exitosa de esta osada iniciativa legal, en la que Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, Senador y Representante por el Partido Liberal respectivamente, se jugaron todo su capital político y el de la colectividad roja para sacarla adelante. Lo propio podemos decir de los ministros de agricultura e Interior y Justicia, Juan Camilo Restrepo y Germán Vargas, respectivamente. A todo señor todo honor. Enhorabuena!

Bogotá, junio 11 de 2011
www.amylkaracosta.net

EL FANTASMA DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL

REFORMAS A PORRILLO

Acaba de concluir el segundo período de la primera legislatura del actual Congreso; el Gobierno se declaró tan satisfecho por sus resultados que el Ministro del Interior y Justicia Germán Vargas no dudó en destacar que “el Congreso responde al cien por ciento” a la agenda legislativa del ejecutivo. Y no es para menos, habida consideración del cúmulo de proyectos de ley y de actos legislativos que fueron tramitados y aprobados, en su inmensa mayoría de iniciativa gubernamental. A las 29 enmiendas que había acumulado la Constitución de 1991 hasta el 2010 (13 de ellas durante los dos períodos de Uribe), a través de las cuales se reformaron 49 artículos de la misma, unas anodinas y otras dañinas, se vienen a sumar ahora seis más. Entre los proyectos de actos legislativos que pasaron a sanción presidencial, para de este modo reformar por enésima vez la veinteañera Constitución Nacional, se destaca el que establece como “criterio” constitucional la sostenibilidad fiscal. Sobre este último adujo el Presidente Santos que tiene “un sentido bien definido: no limitar derechos sino hacerlos más eficaces y equitativos”. Sólo que hay que develar sus contenidos para observar la procesión que va por dentro.

Adujo el Presidente Santos en el curso del acto de su promulgación en la Casa de Nariño que “también es un derecho de todos los colombianos tener una economía sana, una economía saludable porque solamente así se pueden garantizar el resto de los derechos…Con la introducción de la sostenibilidad fiscal como criterio, se va a tener que tomar en cuenta la repercusión sobre la salud económica y fiscal del país de muchos fallos”. Olvidó el Presidente que el intento de convertir la sostenibilidad fiscal en “derecho de todos los colombianos” no prosperó en el Congreso y que este optó más bien por matizar la iniciativa gubernamental consagrándolo sólo como criterio. Insiste el Presidente  en el sermón del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, en el vano intento de hacer creer que con la misma no se trata de “limitar derechos sino hacerlos más eficaces y equitativos”. Muy sutilmente se trata de plantear un dilema entre los derechos fundamentales que son individuales y este otro que se reputa como colectivo, insinuando de esta manera que retornemos al viejo paradigma de que prima el interés general sobre el particular, lo cual es contrario al espíritu de la Carta. Ello es tanto más peligroso en el contexto en el que nos movemos, toda vez que la anterior administración dejó sentada la doctrina de que ni siquiera existen los derechos adquiridos, pues estos han devenido en expectativa de derechos.


DE DERECHO A CRITERIO

En efecto, la propuesta inicial fue la de entronizar la Sostenibilidad Fiscal como derecho fundamental en la Constitución, pero los expertos le hicieron ver al Gobierno que los derechos fundamentales son individuales; luego intentaron establecerlo como derecho colectivo y tampoco les funcionó, lo cual los llevó a optar por establecerlo como principio constitucional. Esto último era peor, pues significaba nada menos que equiparar el principio de la sostenibilidad fiscal con el del Estado Social de Derecho, entrando en conflicto el uno con el otro, lo cual era a todas luces absurdo. Estos bandazos llegaron a comprometer la suerte misma del proyecto en su trámite congresional, amén de que la firme posición que hasta entonces había asumido el Partido Liberal, el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo le impedía contar con los votos necesarios para la aprobación de este esperpento.  Se planteó entonces que el manido “marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva y programática los objetivos del Estado Social de Derecho”. La discusión se centró en la semántica del alcance del término fungir y empantanó el debate. 
En este momento fue cuando surgió la fórmula conciliadora, que a la postre se convirtió en su salvavidas: el senador Jesús Ignacio García, planteó que en vez de principio, la sostenibilidad fiscal sea sólo un criterio. "El criterio desarrolla la colaboración armónica de los poderes para evaluar el impacto fiscal de las inversiones. Cuando haya una decisión judicial que afecte las finanzas se podrá negociar para que la sentencia sea modulada", explicó el senador Luis Fernando Velasco. Y para tranquilizar o adormecer los espíritus de quienes aún se mostraban renuentes a aprobar esta entelequia, se añadió un parágrafo al artículo primero en estos términos: “bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales”.  Y así fue, con fórceps, cómo se logró dar a luz este esperpento jurídico. En todo caso, como lo afirma el ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, “Este proyecto, no hay duda de que es negativo desde el punto de vista de la autonomía de los jueces”. La Ley 270 de 1996 dispone sabiamente que nadie puede “insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias” y ello es lo que en últimas está en juego. Ello es tanto más cierto, en la medida que, como lo advierte El Espectador, “el criterio de sostenibilidad fiscal podría entrar a reñir con la llamada doctrina de ‘persistencia del estado inconstitucional de cosas’, que se refiere no a la violación de los derechos de un individuo, sino a la violación sistemática de derechos fundamentales. Doctrina en la cual se basó, por lo demás, la Sentencia T – 025 de 2004 con la cual la Corte Constitucional obligó al Gobierno a asistir a los desplazados del conflicto armado…Su capacidad de control, puede verse ahora disminuida”. Se pretende por esta vía obligar a los magistrados y a los jueces a modular sus fallos o a diferir su aplicación y, como bien lo advierte el ex constituyente Gustavo Zafra, “la vía de las ´Sentencias  moduladoras´ que utiliza la Corte para proteger la integralidad de los derechos no ha resultado efectiva. ´se obedece pero no se cumple´fue la respuesta del Banco de la República ante sentencias tan significativas como la del UPAC, la de objetivos múltiples (no sólo reducir la inflación) y otras de keynesianismo moderado. Lo mismo harían los tecnócratas de todos los gobiernos, si se les deja el campo libre”.
Si de lo que se trataba era de hacer “más eficaces y equitativos” tales derechos no era absolutamente necesario reformar la Constitución para procurarlo. Como lo han hecho otros países, es el caso de Chile, bastaba con establecerlo por ministerio de la Ley. Como lo señala El Espectador  “La idea general detrás de la sostenibilidad fiscal tiene sentido: el Estado no puede adoptar sendas de gasto en el presente que impidan su capacidad de seguir gastando en el futuro;  la necesidad de garantizar la viabilidad del Estado es irrefutable”, ello se cae de su peso, pero es acaso este el camino más indicado? Es obvio, como nos lo explica el jurista Gustavo Gallón que “nunca hay suficiente dinero para satisfacer todas las necesidades de una sociedad. Esa es una regla universal. El dilema entonces es a qué gasto se le da prelación”. Este es el qüid del asunto. Y tal como está planteado en la Ley que establece la Regla Fiscal, hermana siamés del proyecto de marras, se sigue que “la limitación de los gastos del Estado a los recursos presupuestados, sería la condición ´para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho´…A pesar de que falta mucho para asegurar en Colombia la realización de estos derechos, ya algunos se han reconocido como obligatorios, y en eso no puede haber retrocesos, pues sería contrario al bloque de constitucionalidad”. 
DURA LEX, SED LEX
Los mismos fines, los mismos propósitos que se plantean ahora tanto con la sostenibilidad como con la Regla fiscal fueron los que se en su momento se invocaron para expedir la Ley de saneamiento fiscal (Ley 617 de 2000) y la Ley de Responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003), que también son reglas fiscales y ambas buscan garantizar la sostenibilidad fiscal. Lo único que ha faltado, además de la disciplina fiscal es la voluntad política para meter en cintura el gasto y salvaguardar los ingresos públicos.  El Ministro Echeverry se ha planteado una “meta para alcanzar el equilibrio fiscal adecuado. Encontramos un déficit del 3.6% y lo vamos a llevar, en 2014, al 0.6%  La Regla especifica la senda para pasar de una situación a otra”. Cómo lograr tal cometido? Cuando se recurre a la Sostenibilidad Fiscal, ya sea como derecho o como criterio, se parte de una premisa falsa, cual es la de endilgarle la responsabilidad del crónico desbarajuste fiscal del Gobierno Central a los fallos judiciales que amparan el efectivo goce de los derechos económicos y sociales prescritos en la Constitución. 
Como lo sostiene el ex ministro de Hacienda e investigador de Fedesarrollo Guillermo Perry, “la Corte Constitucional, al caracterizar como fundamentales algunos derechos económicos y sociales y al entrometerse en las funciones del poder legislativo en estos campos, ha causado traumatismos graves en el funcionamiento y la viabilidad financiera del sistema de aseguramiento de salud y del mercado de crédito a la vivienda, así como en las finanzas del Estado”. Por ello, no quedó contento con el texto final, pues, para él “lo adecuado hubiera sido reconocer expresamente que la sostenibilidad fiscal es un derecho de carácter colectivo”.  Ah, con que esas tenemos, es la Corte la responsable de los graves traumatismos que acusa el sistema de aseguramiento de salud y no la corrupción que se empotró en el mismo; fue la Corte la responsable de la crisis del sistema UPAC y no las desatinadas decisiones que tomó en su momento la Junta directiva del Banco de la República, amén de la improvidencia del sistema financiero. Él coincide con Mauricio Reina, también investigador de Fedesarrollo, quien teme que al haber trocado la sostenibilidad fiscal de “principio” a “criterio”  le reste su efectividad “…para controlar el gasto público que alegremente suelen ordenar los poderes legislativo y judicial”. En la misma línea está la Revista Dinero; para esta, a través de este Acto legislativo se “podría limitar el alcance de las sentencias de la Corte, que es uno de los caminos por los cuales el Estado se ha visto obligado a aumentar significativamente el gasto público…La Ley de sostenibilidad fiscal busca, precisamente, ponerle coto a esa chequera abierta de la Corte, sobre la cual puede girar libremente y sin límite y sin la necesidad de sopesar los distintos gastos”, aunque admite que “no es evidente que el Ejecutivo asigne el gasto mejor o más razonablemente que la Corte”. Si los ciudadanos han tenido que recurrir a los jueces y estos han tenido que salvaguardar sus derechos económicos y sociales, es porque estos les han sido conculcados; la Corte Constitucional no se puede cruzar de brazos ante tanto desafuero, pues al fin y al cabo es la guardiana de la Constitución Política y esta es garantista, mal que le pese a sus detractores; lo que ha hecho la Corte es corregirle la plana al Gobierno y el Congreso de la República cuando estos han faltado al mandato constitucional. Sí, “la Constitución cavernaria que (de hecho) nos rige en lo económico y social”, según el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que tanto la abomina. Dura lex, sed lex!
Es evidente, entonces, que este Acto legislativo tiene en la mira es a la Corte Constitucional y a la Rama judicial, particularmente en lo tocante con las tutelas que amparan los derechos sociales y económicos. Uno de los asesores de Palacio en esta materia, el ex magistrado de dicha Corte, Eduardo Montealegre, le da sustento a esta embestida. Según él, “en el derecho moderno hay una corriente muy importante que se llama el consecuencialismo, que dice que el efecto e impacto económico que tenga un determinado fallo judicial, debe ser un elemento de valoración al momento de la protección de los derechos… los derechos económicos y sociales son de realización progresiva, es decir, que el Estado tiene que darle satisfacción a esos derechos económicos y sociales en la medida en que  las condiciones sociales del país lo permitan”. De allí el rechazo que ha despertado esta iniciativa entre los entendidos, puesto que atenta contra el efectivo goce de los derechos económicos y sociales, esto es, contra el Estado Social de Derecho, quintaesencia de la Constitución de 1991. Por ello, en nuestro concepto, le asiste toda la razón al ex constituyente Gustavo Zafra cuando afirma que “así como en el pasado llamamos ´Convivir´ a la máquina de la muerte de los derechos civiles, ahora aparecen el ´Principio de Sostenibilidad´ y ´La Regla Fiscal´ como la máquina de la muerte de los derechos económicos y sociales”. En el  mismo sentido se pronunció el ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández: “la función de las autoridades consistente en ‘asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’ será tan sólo una ilusión, porque siempre tropezará con el fantasma de lo fiscalmente sostenible. Ha quedado en el limbo lo proclamado por el artículo 366 de la Constitución, a cuyo tenor ‘el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades del Estado’. Y obviamente, ya no será objetivo fundamental de su actividad”, lo cual es muy grave.  
LA ECUACIÓN COMPLETA
Concordamos con la ex ministra Cecilia López en que “nadie sensato puede aprobar el ya histórico descuadre de las finanzas públicas y oponerse a la necesidad de tener políticas anti-cíclicas y no procíclicas como las del largo periodo Uribe, pero hay muchas formas de ‘cuadrar caja’, reduciendo gastos o aumentando ingresos. Con la mano en el corazón (el del lado izquierdo) dígame, ¿a usted le parece manejable un país donde la carga de impuestos sobre PIB es del 13,5%? ¿Le parece justo que los ricos no paguen impuestos y todos sus gastos aparezcan como costos de sus empresas? ¿Y qué opina de los trucos de algunos exportadores que exportan a una de esas famosas islas al costo y de allí si exportan al precio real para evadir impuestos en Colombia? Nadie quiere espantar a las empresas con más impuestos, ni subirle más a los asalariados, pero, ¿considera justo más IVA en un país lleno de pobres?”. La Corte Constitucional ha sido enfática al dejar claramente establecido que “la carta Política no ha acogido un modelo económico determinado, exclusivo y excluyente” como el que ahora se pretende imponer por la puerta de atrás so pretexto de que “la política social y la sostenibilidad es lo mismo”.
Estos son asuntos contenciosos, de la mayor importancia y su discusión no se puede seguir eludiendo por más tiempo. Se pregunta ella también “¿por qué los derechos y no los gastos de guerra? Si la estamos ganando, ¿por qué gastamos lo mismo que cuando la estábamos perdiendo?”. De hecho Colombia destina en promedio $50 billones anuales para inversiones y la Seguridad y la Defensa absorben buena parte de ellos, unos $14 billones cada año aproximadamente, muy por encima de otros rubros como educación y salud. Es más, “de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigaciones de Paz, de Estocolmo, Colombia  está entre los 20 países con mayor gasto en defensa del mundo, con un volúmen anual superior a los $20 billones, equivalentes a 3.7% del PIB”. Para Ricardo Ávila, Director de Portafolio, “especialmente llamativo es el rubro de intereses, pues los correspondientes a la deuda externa se reajustarán en 30% y los de la interna en 13%, a pesar del comportamiento de la tasa de cambio y de la abundante liquidez internacional. El cálculo es que al cierre del 2011 el fisco habrá pagado $17.7 billones por este concepto”.
Insistimos en la importancia de tomar en consideración los dos miembros de la ecuación de las finanzas públicas: ingresos y gastos. Y hablando de ingresos, sigue siendo motivo de preocupación la tronera que le ha significado al fisco la profusión de gabelas impositivas al gran capital. Según el más reciente reporte del Ministerio de Hacienda, a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) ajustado,  “las arcas del Estado dejaron de recibir tributos por 9.1 billones de pesos el año pasado” por cuenta de las mismas. Esta cifra se aproxima a todos los ingresos que aspira a recibir el país por concepto de regalías hacia el año 2013 (¡!). Con menos de eso, espera el Gobierno Nacional llevarle acueducto y alcantarillado a 5 millones de colombianos que carecen de tan vitales servicios básicos. Y eso que se quedó corto el MFMP en el cumplimiento de la Ley 819 de 2003, pues omitió el costo fiscal de las zonas francas o el costo fiscal que representan las 19 exenciones existentes al Gravámen a los Movimientos Financieros (GMF), 4 X 1.000. Como lo advierte el consultor Mauricio Cabrera, “con la eliminación de algunas de estas exenciones, que se hizo en diciembre pasado, el recaudo esperado para el 2011 pasó de $3.2 billones a $4.5 billones, lo cual significa que el costo fiscal de las exenciones eliminadas era de $1.3 billones. Falta ver cuánto valen las exenciones que todavía quedan”. 


Al desglosar dicha cifra podemos establecer que $8.53 billones corresponde al costo fiscal de los beneficios otorgados en impuesto de renta, equivalente a 1.6 puntos del PIB. El mayor peso de tales prerogativas con el 46.3%, es decir $3.9 billones, hace relación a la deducción por inversión en activos fijos, le siguen en su orden las rentas exentas con el 47.9% y finalmente los descuentos tributarios con el 5.8%. Entre tanto, el costo fiscal en materia de IVA (entre bienes y servicios exentos y ecluidos)  asciende en números redondos a la suma de $573.000 millones, equivalente a 0.1 punto del PIB. Vale la pena resaltar el hecho que, pese a la dismunición en 10 puntos en el beneficio de la decucción por inversión en activos fijos que pasó del 40% al 30%, lo que la Nación dejó de recaudar se incrementó en un billón de pesos con respecto al año gravable 2009. Pero, también pone de manifiesto que tal medida no resintió la inversión sino que “por el contrario, se incrementaron en una tasa cercana al 28%”. Ahora bien, lo más preocupante es que tales cambios no afectan a aquellas empresas que se acogieron a los contratos de estabilidad jurídica, de los cuales se han aprobado 67 desde 2006, las cuales hacen parte del club de las intocables,  y están haciendo cola para su aprobación 162. 
APRETADITOS
En tales circunstancias asombran los anuncios del Ministro de Hacienda, en el sentido que está pensando seriamente en bajar tarifas impositivas. Pero, cuáles? En concepto del Ministro, “aquellas que afectan la rentabilidad de los empresarios. Esta es una reforma para atraer, expandir, más volúmen de negocios. La reforma deberá ayudarnos a bajar el desempleo a un dígito, paulatinamente”. Con esta misma disculpa, pretextando el estímulo a la inversión productiva y la generación de empleo, es como se ha reducido ostensiblemente la carga impositiva al gran capital al tiempo que se le carga la mano a las rentas de trabajo y sobre todo a los impuestos indirectos, que son por naturaleza regresivos, especialmente al IVA. Por esta vía, el Estatuto tributario se seguirá apartando de los prescrito en la Constitución, en el sentido que debe ser equitativo, eficiente y progresivo. Ya se está hablando de “unificación” y “nivelación”, seguramente por lo alto, de las tarifas del IVA, en lugar de taponar la gran evasión que supera los $7 billones anuales y evitar que quienes lo recauden se los embolsillen. Este es el mismo socorrido argumento, en el cual insisten ANIF, la ANDI y Fedesarrollo, para desmontar la “carga” parafiscal, por considerar que es esta la causa de los altos índices de informalidad laboral.  Y ello, a pesar de que, como lo hace notar un Informe reciente de la OIT y la CEPAL “el poder de compra de los salarios en el país tuvo un escaso crecimiento en el año completo terminado en marzo, superado por cinco países del ocho del continente”. Y esto en un país que es el campeón en inequidad en el concierto de naciones. Según la prestigiosa revista The Economist “el 10% más pobre de la población en Colombia tiene ingresos veinticinco veces menores que el 10% más rico”. Ello es inquietante. Una pregunta para el Presidente Santos: hasta donde las propuestas del Ministro de Hacienda se compaginan con la Cartilla de la Tercera Vía. Hasta ahora su diagnóstico, recetas y prescripciones van más en la línea del fracasado Consenso de Washington y los hechos son tozudos.
LA APERTURA HACIA ADENTRO
Al parecer el Ministro de Hacienda abriga la esperanza que la tan cacareada bonanza minero-energética lo saque de apuros y le ayude a superar las aulagas fiscales que ya se avizoran, porque a la anunciada rebaja de impuestos a las empresas, le vino a sumar la desgravación arancelaria que decretó recientemente. A través de los decretos 4114 y 4115 de 2010 el Gobierno Nacional rebajó unilateralmente el arancel nominal del país de un promedio del 12.2% al 8.3%.  Supuestamente esta reforma aceleraría el crecimiento en un 0.22%, crearía 150.000 nuevos empleos y elevaría las importaciones en US $2.500 millones (un 7% en dólares). Desde luego, nada de ello ha sucedido y como siempre nos quedamos con el pecado y sin la gracia.  Este paso que se acaba de dar es apenas comparable con la desgravación arancelaria de la década de 1990 cuando se recortó el arancel de 22.5% a cerca de 11% y se llevó la gran mayoría (98%) de las posiciones arancelarias a libre importación. Huelga decir que, como lo señala ANIF, “este tipo de medidas deja sin algo de piso las negociaciones de los TLC…dando dádivas a cambio de ningún esfuerzo de las contrapartes”. Ello resulta más inverosimil, en momentos  en que en el resto del mundo soplan vientos proteccionistas. Según Andrés Espinosa Fenwarth, Asesor del despacho del Ministro de Agricultura, “la OMC encontró que entre octubre de 2010 y abril de 2011, los miembros del G – 20 impusieron 122 nuevas restricciones comerciales equivalentes al 0.5% del comercio mundial, el doble de lo registrado en el período de mayo a octubre del 2010. Después del estallido de la crisis global desatada por la quiebra de Lechman Brothers en septiembre de 2008, las econonomías del G- 20 han impuesto 550 medidas que restringen de manera preocupante el comercio global. A nivel sectorial, el 16.5% golpea la agricultura y el restante 83.5% a la industria. ¿ Y en qué estamos en Colombia? A la penúltima moda”.
Este paso en falso de la política de comercio exterior además de inoportuno tiene un costo fiscal nada despreciable, del orden de $1 billón, equivalente a 0.2% del PIB. Concomitantemente se le ha asestado un duro golpe a la producción y a la industria nacional. De acuerdo con ANIF, “se desgravaron productos sensibles, tales como textiles, productos metálicos y productos de caucho y plástico, entre otros, enfrentándolos a la feroz competencia de China y EEUU, en momentos en que la tasa de cambio real continúa sobreapreciada en cerca de un 10%-15% y no hay posibilidad de compensar a sus empresarios reduciéndoles sus sobrecostos de transporte por graves atrasos en la Agenda Interna…con una tasa de cambio sobrevaluada en un 10%-15%, se sustituiría producción nacional por extranjera, especialmente de fabricación china. Este efecto puede entonces acelerar la desindustrialización causada por el auge minero-energético”. Así se entiende la razón por la cual se han disparado en más de un 37.6% (con un aporte de 4.5 puntos porcentuales  a la variación total) en los primeros cuatro meses del año con respecto a igual período del año pasado las importaciones provenientes de China, convirtiéndose en unos de sus mayores proveedores. Los fabricantes de calzado en Colombia están aterrados; como dijo Luis Gustavo Flórez, Presidente del gremio, “nos tienen perplejos y con una gran preocupación”. Y no es para menos, pues las importaciones de calzado crecieron en los primeros cuatro meses del año el 68% (¡!) y, lo más atortolante, uno de cada cinco pares de zapato importados legalmente durante dicho lapso costaba un dólar o menos puesto en el mercado nacional. Durante los primeros cuatro meses del año las importaciones originarias de China acumularon un crecimiento de 50% (¡!), las de Japón 58.2% (¡!) y las de Corea 27.1%. Para este mismo período, el 12.7% del total de las compras externas realizadas por Colombia fueron originarias de China, 3%  de Japón y 2.2% de Corea, para un acumulado de 17.9%. Se ufanarán los aperturistas de que estamos llegando a los mercados del lejano Oriente, pero no para vender sino para comprar; se repite la historia de los años 90, la apertura hacia adentro: las compras externas originadas en el país asiático alcanzaron los US $522.6 millones, las de Japón US $119.2 millones y las de la República de Corea US $100.5 millones. 
LA VENA ROTA DE LA CORRUPCIÓN
Si las gabelas impositivas conspiran y de qué manera en contra de la sostenibilidad fiscal, igual que lo hace esta atolondrada y costosa desgravación arancelaria, qué decir de esa vena rota en que se ha convertido la corrupción en el país. Esta, además de su efecto deletéreo y devastador desde el punto de vista ético, la corrupción conlleva un alto costo económico que se ha llegado a calcular en 4 puntos del PIB, el cual curiosamente  tiene el mismo peso del tributo que tiene que pagar año tras año nuestro atribulado país por cuenta de la violencia que lo agobia y asola. En un Informe que rindió el entonces Zar Anticorrupción Oscar Enrique Ortíz Gonzalez, dijo: “hicimos una aproximación a partir de un estudio de 2008 de la Universidad Externado de Colombia y Transparencia por Colombia. Según esa Encuesta, el promedio del valor de un soborno para acceder a la contratación pública era del 12.9%. Al aplicar ese porcentaje  al presupuesto de inversión de la Nación para 2009, que es de $30 billones, el resultado es de $3.9 billones a precios reales de hoy”. En uno de los episodios más recientes de esa seguidilla de escándalos de la contratación pública, destacaba el Contralor Delegado  de la CGR para Infraestructura Nelson Isaziga cómo adiciones por cerca de $13 billones fueron detectadas en 18 concesiones del INCO. Explicó que los contratos tenían un costo de del orden de los $11 billones y que estas adiciones superaron el límite legal (Ley 1150). Y fue más lejos al denunciar “concesiones de $100.000 millones con una adición de $1 billón”. Bien dijo la Contralora General de la República Sandra Morelly,  “la dimensión económica de la corrupción podría, de seguir su dinámica actual, poner en riesgo la sostenibilidad financiera del país”. 
PRUEBA DE FUEGO

La primera prueba de fuego de este recién aprobado acto legislativo la tendrá en la Corte Constitucional, la cual habrá de determinar hasta dónde el mismo “va en contravía de ese paradigma de Estado Constitucional y Social de Derecho, consagrado en la Carta Magna de 1991, cambia la jerarquía natural de sus principios y constituye por ello una sustitución de la esencia de nuestra Constitución, la que está siendo cambiada para poner la sociedad al servicio de la economía y no al revés”. Porque, de ser así la Corte no dudaría en declarar su inexequibilidad, al considerar que “el poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene límites materiales, pues la facultad de reformar la Constitución no tiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla”. En sus 20 años de vigencia la Constitución Política expedida en 1991 enfrenta con este Acto legislativo su mayor prueba.

Bogotá, julio 5 de 2011
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LA MALA HORA

CRECIMIENTO DESACELERADO

Hace apenas un mes largo el diario La República tituló su crónica sobre la coyuntura por la cual atravesaba la economía colombiana con este sugestivo encabezamiento: “los decanos piensan que la economía local está navegando a una velocidad de crucero”. Tal vez se aludía al buen deseo del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri de “llevar la economía a velocidad de crucero”, animado por los resultados al cierre del año anterior cuando la economía creció el 5.9%. Lo más extraño de esta conclusión a la que arribó el corresponsal, a partir del test que respondieron varios decanos de economía de prestigiosas universidades, es que ya se habían dado a conocer por parte del DANE las cifras atinentes al desempeño de la economía en el primer trimestre de 2012. Y estas no eran para nada alentadoras, si las miramos en perspectiva: crecimiento del PIB 4.7%, jalonado fundamentalmente por el sector de minas y canteras, el cual creció el 12.4%. El crecimiento registrado del 4.7% era relativamente razonable, sobre todo en un contexto en el que las principales economías del mundo están atravesando por momentos difíciles, pero “decepcionante frente al rango 5% - 5.5% que esperaba meses atrás el grueso de los analistas locales e internacionales”.  
Para ejemplificar la diferencia de prisma del optimista con respecto al pesimista, se suele decir que mientras el uno ve el vaso medio lleno el otro lo ve medio vacío. Pero, en economía lo que importa no es si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino si se está llenando o se está vaciando; esto es, cuál es la tendencia que prima. Y este es justamente el punto a examinar. La economía colombiana después de una caída del crecimiento del PIB del 3.5% en 2008 al 1.7% en 2009 se venía recuperando rápidamente hasta alcanzar un crecimiento del PIB del 4% en 2010 y 5.9% en 2011. Pero, este último año, a pesar de que dicha tasa de crecimiento fue alta, inclusive por primera vez en muchos años por encima del promedio del crecimiento en Latinoamérica, terminó en baja marcando un cambio de tendencia. En efecto, mientras en el tercer trimestre de 2011 el crecimiento del PIB fue de 7.5% el último trimestre fue de 6.1% y comenzamos este año en las mismas. De modo que el primer trimestre de este año es el segundo trimestre en el que el ritmo de crecimiento de la economía decae; de ello es fácil colegir que estamos en presencia de una desaceleración de la economía. Que no es tan “leve”, como lo estima la Junta directiva del Banco de la República, si tenemos en cuenta que si se compara el crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año con el crecimiento del PIB del último trimestre del año anterior, es fácil concluir que el incremento fue de sólo 0.27% (¡!). Sólo Brasil creció menos que Colombia en la región, con el 0.2%. Entre tanto el crecimiento del PIB en el primer trimestre del año pasado, ese mismo incremento fue de 1.6%,  es decir 6 veces mayor (¡!), luego, como lo advierte el analista Mauricio Cabrera “sí se puede afirmar que ha habido un abrupto cambio de tendencia…Se trata de un frenazo en seco que se acerca a los límites de la recesión”.
CRECIMIENTO PIB
(2011/I trimestre - 2012/I trimestre)

MEDIOCRE DESEMPEÑO

Sorprende sobremanera y resulta tan irónico como difícil de explicarse cómo es que siendo el atraso en infraestructura el mayor cuello de botella para la competitividad del país, según las cifras del DANE sobre crecimiento del PIB, es precisamente el rubro de las obras civiles el que acusa una caída estrepitosa del 8.1% en el primer trimestre de este año. Y de contera, el año anterior fue este mismo sector el que mostró un mayor rezago en la ejecución del presupuesto de inversión, con sólo el 60%. Y a propósito de infraestructura, algo como para Ripley: después de 50 años de espera, cuando por fin se decidió en el anterior gobierno construir el túnel de La Línea que habrá de conectar al municipio de Cajamarca (Tolima) con el municipio de Calarcá (Quindío), considerado una de los megaproyectos para la competitividad, se contrata su construcción, pero, pásmese,  en un solo sentido y se prevé que, si no hay mayores contratiempos, sólo en el 2017 se empezará a construir el túnel de retorno. Ello denota improvisación e imprevisión; pero tanto o más grave que este desaguisado es que sólo ahora se percataron que cuando se concluyan las obras que se están adelantando y que deberán concluir en septiembre del año entrante, no habrá luz al final del túnel. La razón? Increíble, pero cierto: se les olvidó contratar el tramo de 2.5 kilómetros que lo separan de Calarcá. Por este “detalle” el túnel en construcción sólo estará habilitado hacia mediados del 2015. Cabe preguntarse, cuánto le va a costar al país, en términos de eficiencia y competitividad este craso error y dónde están los responsables de este despropósito.

Podemos decir que el débil crecimiento del sector industrial en este primer trimestre, de sólo 0.6% frente al 4.5% de igual período de 2011 y la recaída del agro (- 0.4%) y la construcción (- 0.6%) se constituyen en alertas tempranas ante la amenaza que se cierne por un entorno internacional adverso. Esta tendencia se confirma con el registro de la caída de la producción industrial en marzo de - 0.9% y en abril del - 1.6%, que contrasta con el crecimiento del 2% en abril de 2011. Ello es tanto más preocupante, habida cuenta que aún no se han sentido mayormente los coletazos de la onda recesiva que cobra fuerza en la economía global y el hecho de tener que enfrentar los desafíos de la entrada en vigencia de los TLCs -los cuales conllevan la desgravación arancelaria generalizada- en medio de una revaluación del peso que ya supera en lo corrido del año el 8%. Hasta ahora las causas del desplome de la actividad económica responden más a causas endógenas que exógenas. La demanda interna, que venía siendo uno de los mayores impulsores del crecimiento, ha empezado a perder tracción; aunque todavía en este primer trimestre tuvo un buen comportamiento, con un aumento de 6.1%, estuvo por debajo del 8.8% del primer trimestre de 2011. Por su parte las exportaciones crecieron sólo el 3%  contra el 47.2% de 2011, en tanto que las importaciones crecieron el 13%, mucho más que las exportaciones y la demanda interna. Lo que quiere decir “que buena parte de las compras de los hogares son productos importados, poniéndole otro freno al crecimiento”. Y no nos hagamos ilusiones con que ahora que ha entrado en vigencia el TLC con EEUU la economía dizque va a crecer más; que más prueba en contrario que México, cuya economía creció a un ritmo promedio del 6.6% entre 1950 y 1980 y lo que hace que entró en vigor su TLC con EEUU (NAFTA) sólo crece al 2.6% (¡!).

EL CONTAGIO DE LA CRISIS DE LA EUROZONA

Según Luis Fernando Ramírez, decano de Economía de la Universidad de La Salle, “la desaceleración en los tres primeros meses de 2012 es producto de las medidas que ha tomado el Banco, como el retiro gradual del estímulo monetario que hizo desde febrero de 2011”. No obstante, si bien el Banco Emisor metió la mano a través de sucesivas alzas en las tasas de intervención tratando de “enfriar” la economía, que según ellos estaba “recalentada”, es indudable que la desaceleración que acusa la economía colombiana está determinada en muy buena medida por la turbulencia de la economía global. Es bien sabido que la Eurozona en particular y la Unión Europea (UE) en general está atravesando por una crisis de enormes proporciones. El diagnóstico de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, es muy claro: estamos en presencia de "un círculo negativo entre la debilidad de los deudores soberanos, la fragilidad de los mercados financieros y una economía real en desaceleración no parece haberse roto". A poco andar, la crisis de la deuda soberana, que tuvo en Grecia su detonante, devino en una profunda crisis financiera que puso a tambalear el Euro, mientras las bases mismas de la Unión empezaron a crujir. 

En un primer momento la dupla Merkel – Sarkosy trato de imponer una férrea disciplina fiscal y su apuesta era por la austeridad y sólo por la austeridad, considerada por ellos como el camino para lograr la meta de la estabilidad y por esta vía conjurar la crisis. Pero, como era de esperarse la medicina resultó peor que la enfermedad y esta siguió propagándose, se extendió a España e Italia, acompañada de una convulsión  política enorme, porque la estabilidad no se puede concebir sin crecimiento. Su aversión por la política contracíclica keynesiana llevó a la Merkel a una oposición feroz a los estímulos fiscales para salir del callejón sin salida en el que se encontraba la economía del viejo continente. Los resultados de su insensatez saltan a la vista: la UE está abocada a su segunda recesión en apenas tres años; de hecho, con Gran Bretaña, suman 11 las economías europeas que se encuentran en recesión, además de Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Portugal y República Checa. El Nobel de economía Paul Krugman llamó la atención a la UE en el sentido que la caída de España podría desencadenar un escenario similar a lo ocurrido en 1931. Y a consecuencia de esta recesión el desempleo alcanzó en la zona Euro una tasa de desempleo abierto record de 11.1 y de 10.3% para toda la UE, elevándose la cifra de desempleados a la friolera de 17.5 millones en la Eurozona y 24.8 millones en la UE.  Los más afectados, desde luego, por el flagelo del desempleo son Grecia con el 21.9% y España con el 24.6%, aunque el “paro”, como catalogan ellos el desempleo. Entre los jóvenes menores de 25 años es del 52.1% (¡!). Este es el nido de los indignados!

RELEVO Y VIRAJE

Por fortuna, con el relevo del obsecuente Sarkosy en Francia por el díscolo socialista Francois Hollande empezaron a soplar otros vientos. El nuevo inquilino del Palacio del Elíseo no estaba dispuesto a dejarse imponer la cartilla de parte de la dama de hierro de Alemania y entró pisando duro. De entrada, en su discurso de posesión fue claro en que  "no puede haber cada vez más sacrificios para unos y más privilegios para otros", que estos tenían un límite que no se podía traspasar y abogó por medidas tendientes a buscar la reactivación de la economía. En la Cumbre del G – 20 en Los Cabos, México, el Presidente Hollande y el Presidente Obama encontraron no uno sino dos aliados inesperados, los presidentes de España Mariano Rajoy y de Italia Mario Monti. Obama ha sido reiterativo que no se puede salir de la crisis sólo con medidas de austeridad, que estas deben acompasarse con estímulos fiscales que contribuyan al crecimiento. Y esta posición ha terminado por imponerse, al punto que el Banco Central Europeo (BCE) acaba de anunciar un recorte de 25 puntos básicos en su tasa de refinanciamiento, para llegar a su punto históricamente más bajo de 0.75% y de esta forma inyectarle circulante a la economía para reanimarla.  

El Banco Popular Chino anunció también que recortaría la tasa de interés de préstamos a corto plazo, fijándolas en un 6%. Como sostiene Nick Chamie, del RBC Capital Markets, “esta acción agresiva en la política monetaria refleja una preocupación cada vez mayor entre los funcionarios de que la economía todavía no toca fondo y necesita de más estímulos para recuperarse”. La Banca central está convencida que el abaratamiento del crédito induce a las empresas y a los hogares a tomar préstamos y así poder invertir y gastar más galvanizando la economía. No obstante, como lo afirma Bruce Kasman, economista Jefe de J. P. Morgan Chase & Co., “estamos en un ciclo de relajación global, pero en uno particularmente limitado” y además, el mensaje del cual es portador esta medida es de exasperación ante la gravedad de la crisis y da la sensación de que las autoridades económicas están quemando los últimos cartuchos. El analista del banco ING Martín Van Vliet, es muy pesimista con respecto a la eficacia de las medidas convenidas por los líderes de la Eurozona, que pueden haberse quedado cortas, según él, al considerar que “cabe esperar que el pacto de crecimiento acordado por la dirigencia de la UE la semana pasada no bastará para instaurar una recuperación duradera y que habrá que ir más allá”, empezando por la reducción de las tasas de interés que dispuso el BCE el pasado 5 de julio.

OBAMA Y EL “PRECIPICIO FISCAL”

El Presidente Barack Obama tiene razón para estar preocupado, pues la recesión de la economía de la UE está impactando la economía estadounidense, haciendo más lenta su recuperación y es consabido que es en el terreno de la economía en el que se habrá de dirimir la contienda electoral por la Presidencia de EEUU el 6 de noviembre próximo. El primer trimestre de este año su PIB creció un anémico 1.9%, después de haber registrado un crecimiento del 3% en el trimestre anterior. El consumo interno en EEUU anda de capa caída, en abril y mayo se estancó su crecimiento en un exiguo 0.1% y el mismo representa dos terceras partes de la actividad económica, lo que da para pensar que la lenta recuperación de su economía se está desinflando. Port algo la Reserva Federal revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para este año de 2.9% a 2.4%. Con razón conceptúa el FMI que “la recuperación estadounidense sigue siendo apática y está sometida a riesgos elevados, teniendo en cuenta las tensiones financieras en la Zona Euro y la incertidumbre que rodea a los proyectos de presupuesto en EEUU”. Se refiere al peligro que entraña lo que se conoce como “precipicio fiscal” al vencerse el 31 de diciembre un paquete de recortes de impuestos impuesto por las mayorías republicanas en las postrimerías de la administración de George W Bush. De no lograrse un acuerdo entre Obama y el Congreso Federal entraría en vigor el aumento de impuestos y recortes del gasto público por valor de US $4.000 millones, lo cual sería totalmente contraproducente en las actuales circunstancias. De allí la pertinencia de la observación del FMI, en el sentido que “es críticamente importante eliminar la incertidumbre creada por el ‘precipicio fiscal’ y elevar de nuevo lo antes posible el techo legal de la deuda”. Lo cierto es que esta crisis lejos de amainar se recrudece; todo indica que va a ser mucho más prolongada que la que se precipitó en 2008 y por consiguiente su impacto será más devastador. Sin hipérboles, podemos afirmar con el columnista José Roberto Acosta que “la destrucción de riqueza a la que estamos asistiendo no tiene precedente” ni parangón alguno. Al igual que ocurrió en el naufragio del Titanic el número de botes salvavidas resultan insuficientes para poner a salvo a todos sus ocupantes. 

LA DESTORCIDA DE LOS PRECIOS DE LOS COMMODITIES

La caída de la economía de la UE y el freno de crecimiento de la economía de EEUU han terminado por afectar el crecimiento de la economía china y la de la India, consideradas las dos locomotoras de la economía global. La economía china viene hace rato en un franco proceso de desaceleración de su crecimiento, de tasas anuales superiores al 9% se pronostica que para este año puede estar bordeando el 7.5%. Por su parte la economía de la India, que afronta una crisis energética sin par, creció el primer trimestre de este año el 5.3%, el ritmo más bajo casi una década y muy lejos de la meta para el 2012 del 9%. Y no es para menos, dado que estas dos economías tienen en EEUU y UE sus dos principales mercados de exportación. Y, claro, al bajar el ritmo de crecimiento de la producción de las economías de China y la India, baja la demanda de estas por materias primas y de paso arrastran a la baja los precios a los cuales se cotizan las mismas. Y América Latina en general y Colombia en particular han experimentado en los últimos años un vertiginoso proceso de reprimarización de su economía y dependen cada vez más de las exportaciones de productos primarios (léase commodities), afectados ahora por la baja en la demanda por los mismos y la destorcida de sus precios a que ella da lugar. Ello, lógicamente está repercutiendo en la desaceleración de sus economías, que se alejan cada vez más de sus metas de crecimiento y se teme que la burbuja en la que se había convertido el boom minero – energético esté llegando a su fin. Ello hace mucho más pertinente nuestro llamado sobre la necesidad de replantear el modelo de desarrollo estimulando la diversificación del aparato productivo, para de esta forma diversificar nuestra producción, diversificar las exportaciones y los mercados y profundizar el mercado interno y regional. 

Además de su gran vulnerabilidad, por la exagerada dependencia con respecto a las exportaciones de materias primas, los países de Latinoamérica se encuentran hoy en una posición mucho menos sólida que cuando sobrevino la crisis de 2008, pues “en términos generales se han deteriorado. Esto le quita margen de maniobra para estimular sus economías con gasto público”. En otras palabras sus posibilidades son limitadas para la implementación de una política contracíclica basada en la inversión pública. Esta aseveración es mucho más cierta en el caso de Colombia, que fue el único país de la región que no supo corregir su déficit fiscal aprovechando el llamado Quinquenio virtuoso (2003 – 2007) durante el cual los  productos básicos se beneficiaron de la espiral alcista de sus precios y sigue aprisionada por los déficits gemelos. 

Ahora la espiral alcista de los precios de los commodities se está revirtiendo debido al declive de la economía global, lo cual ha provocado el mayor y más amplio descenso de los precios de los commodities desde la Gran crisis de 2008, sorprendiendo a los productores y exportadores y creando un aumento desmesurado en la oferta y los inventarios de materias primas en todo el mundo entre finales de febrero y mediados de junio. Este brusco giro ha trastornado el mercado de productos básicos y sus consecuencias no se han hecho esperar. Ahora bien, sus repercusiones serán muy graves para el país, porque un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones de Colombia son productos básicos. El país ha venido experimentando una especie de involución, pues “Colombia hizo un interesante esfuerzo diversificador durante los años 1965 – 1974…las exportaciones no tradicionales (especialmente manufacturas) llegaron a pesar cerca de un 50% en el total exportado…De hecho, las exportaciones tradicionales de commodities han vuelto a representar un 70%, generando una peligrosa dependencia de dichos productos…En cambio las exportaciones no tradicionales se han estancado en niveles de US $17.000 millones al cierre del 2011, cifra inferior a los US $18.000 millones de 2008”. 

LA BURBUJA DEL BOOM MINERO - ENERGÉTICO

Es muy diciente que, de acuerdo con cifras del DANE, el petróleo aportó 97 de cada 100 dólares de aumento de las exportaciones durante el mes de enero. Es decir que si prescindiera del petróleo, el incremento de las ventas al exterior habría sido de sólo 0.7% y no del 24%, que fue el aumento del total de las exportaciones ese mes. En el mes de marzo las exportaciones no tradicionales sólo se incrementaron 0.1%, en contraste con el incremento de las tradicionales que fue del orden del 21.7%. En suma, las exportaciones de productos mineros – energéticos acaparan el 70% de las exportaciones totales, lo cual es una barbaridad. En el año 2011 las exportaciones colombianas alcanzaron el record de US $56.000 millones, lo cual le permitió ganar tres puntos en su participación en el PIB al pasar de 15.8% en 2010 a 18.9% en el 2011. Pero aún así, se situó muy lejos del promedio en Latinoamérica, que es del 33% y aparte de ello, con dicho registro ocurre igual que con la tasa de crecimiento cercana al 6% del año pasado y el fugaz registro de una tasa de desempleo de un solo dígito, que sólo fueron flor de un día. Y son tan efímeros esos éxitos porque la estructura y la dinámica de la economía los hace insostenibles, tanto más cuanto la economía colombiana viene padeciendo de la enfermedad holandesa, la misma que para el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri sigue siendo una mera amenaza. 

LOS TLC: OPORTUNIDAD O AMENAZA

Con razón el Presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (ANALDEX) Javier Díaz se cuestiona, a propósito del rosario de TLCs que sigue negociando y firmando el Gobierno a tontas y a locas por doquier, qué vamos a exportar. Y señala categóricamente que “infortunadamente, la oferta exportable no surge espontáneamente…En el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno del Presidente Santos había establecido cinco locomotoras que jalonarían el desarrollo económico del país. Infortunadamente, después de dos años, no se percibe que ellas hayan arrancado y se podría estar perdiendo la oportunidad de sembrar productivamente la bonanza minero energética que ha vivido el país por cuenta de la gran demanda que por estos productos ha tenido la economía internacional”. Y lo más grave es, como ya quedó dicho, que este cuarto de hora está a punto de terminar, sin alternativa a la vista porque se ha desindustrializado el país y se ha agostado el sector agropecuario del país, ahora asediados por la avalancha de las importaciones merced al embeleco del atolondrado aperturismo. Y la advertencia de Díaz puede ser premonitoria: “podríamos correr el riesgo de tener unos TLC de una sola vía, por la cual los empresarios traigan para su comercialización en el país, aquellos bienes que antes producían y los cuales ahora simplemente resulta más beneficioso importar para su venta en el mercado local”. Y no estamos en el campo de las suposiciones o de manifestaciones tremendistas, CAUCHOSOL, fabricante de calzados, una de las empresas insignias de Colombia, pasó de producirlos a importar botas desde el Brasil para comercializarlas en el país. Carlos Arturo Zuluaga, hermano del ex ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga y Presidente de ACESCO, no tuvo empacho en afirmar sin rodeos que por desgracia con el TLC “la solución óptima pasa por convertirse en importador”. Así de claro!
Por el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo: entre enero y abril de este año las exportaciones totales fueron del orden den los US $20.300 millones, de los cuales US $10.900 millones corresponden a petróleo y sus derivados; los US $9.400 millones restantes corresponde a una cifra prácticamente igual del año pasado, lo cual quiere decir que los demás renglones se estancaron o estacaron. En sólo mes de abril, las exportaciones totalizaron US $4.885 millones, de las cuales US $2.800 millones corresponden a petróleo y sus derivados y US $2.085 millones, el resto, es una cifra que está por debajo en un 10% al dato correspondiente al mismo mes en 2011. Por lo demás, las exportaciones del sector agropecuario han caído en lo corrido del año 14% y en abril el desplome fue estruendoso, 30 puntos (¡!). Es decir, que la economía nacional pende de las exportaciones de crudo, las cuales están seriamente amenazadas por la caída del orden del 24% de los precios internacionales hasta la fecha y por la precariedad de las reservas probadas del oro negro. Lo mismo podríamos decir con respecto al carbón, cuyo precio ha caído más del 30% el último año, poniendo en riesgo los anunciados planes de expansión de la producción que han anunciado varias de las empresas que lo extraen para la exportación.  

Y qué decir del café, por muchos años nuestro principal renglón de exportación de Colombia, que fue un  jugador de peso en las grandes ligas y que ahora ha venido a menos en los mercados internacionales, en donde la participación de Colombia llegó a representar un envidiable 20% en los años 60 - 70. Se dolía el Presidente Juan Manuel Santos, en su discurso en el acto especial con motivo de los 85 años de existencia de la Federación Nacional de Cafeteros, que “hemos pasado de una participación porcentual de nuestro grano en el mercado mundial, de más del 15% en 1980, a apenas el 6.2% el año pasado”. Después de ser monoexportador de café, renglón este que por muchos años fue el primero, el año pasado quedó de quinto con un insignificante 4.6% del valor total de nuestras exportaciones. De un potencial de producción de 12 millones de sacos sólo se alcanzó a producir el año pasado 7.8 millones y este año se espera llegar, apurados, a los 8 millones. Hemos llegado al extremo de tener que importar café para el consumo doméstico y así poder cumplir los compromisos con nuestros clientes en el exterior; somos en este momento el principal importador de café del Perú con el 24%. El año anterior se importaron a Colombia 956.683 sacos de café para satisfacer el consumo doméstico de 1.2 millones que se consumen; es decir, que aproximadamente el 79% del consumo interno de café (¡!) se atendió con importaciones de Perú, Ecuador, Vietnam y otros países. 

CUADRO TÉTRICO

El cuadro anteriormente descrito mueve a la preocupación y no es para ufanarse de la política económica que está conduciendo al país a una verdadera hecatombe, así el Ministro Echeverri saque pecho por la calificación interesada del The Banker Global Financial Intelligence Since como el mejor Ministro de Hacienda de las Américas y el Presidente Santos se ufane, chicaneando a su arribo a México para asistir a la Cumbre del G – 20, de “una política macroeconómica que está siendo exaltada en el mundo entero”. Otra cosa opinan los ciudadanos, quienes al ser consultados para la gran encuesta de Gallup Colombia, sienten que el país en lugar de ir mejorando está empeorando en materia económica, al descender del 54% al 41% la opinión positiva, mientras que la negativa subió del 35% al 50% (¡!). Ya va siendo hora, entonces, de repensar y reformular el modelo económico, así como de revisar la política económica. Por nuestra parte, hemos sido reiterativos en que el único camino para alcanzar la meta planteada en el Plan de Desarrollo de Santos de un crecimiento sostenido por encima del 6% y una tasa de desempleo por de un solo dígito, es sobre la base de la ampliación y diversificación de la base productiva mediante la promoción de la industria, la ampliación y diversificación de las exportaciones y de los mercados objetivo de estas, así como también la profundización del mercado interno a través de la formalización del empleo y la drástica disminución de la pobreza y la desigualdad, dos lacras sociales que no sólo deben avergonzar al Presidente de la República sino a todos los colombianos. No hay otro camino!

Al Presidente Santos se le acabó la luna de miel, que se prolongó prácticamente por dos años, interrumpida abruptamente por el escándalo propiciado por el sórdido conciliábulo que terminó hundiendo la reforma de la justicia bajo el peso de la indignación nacional. Como lo señala la columnista María Isabel Rueda, “en menos de dos años de gobierno, el Presidente Santos ha gastado el 30% de su capital político”. Aunque el Presidente Santos crea que esta crisis ha quedado atrás y diga que “se me cayó el Ministro de Justicia…bajé 15 puntos (en las encuestas)” y se pregunta “qué más quieren”, dando a entender que ya ha saldado el costo político por este sórdido episodio. Pero, su luna de hiel apenas empieza! El Gobierno después que mató el tigre se asustó con el cuero y como Pilatos quiso lavarse las manos, arrojándole toda el agua sucia al Congreso de la República, malquistándose con este y averiando la hasta entonces sólida coalición de la Unidad Nacional. Esta crisis es diferente de las anteriores, porque se trata de una crisis de confianza, tanto entre los poderes públicos entre sí como entre el país político y el país nacional, que tardará en restablecerse. Ya se puede columbrar un período de gran polarización política, algunos analistas hablan incluso de un póker sangriento entre el Presidente Santos y el ex presidente, ahora en trance de opositor al Gobierno, Uribe Vélez. 

La confluencia de esta crisis política con la crisis, aún en ciernes, de la economía, en medio de un clima de crispación y el recrudecimiento de la violencia de todos los pelambres perturba y hace mucho más compleja la gobernabilidad del país. El mal performance de la economía y la política plantea una seria encrucijada para el país que obliga a replanteamientos en ambos frentes. El Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil deben tomar atenta nota de ello, pues la capacidad  de resiliencia  de esta tiene un límite. Y no hay que perder de vista que la economía y la política son inseparables, la una sigue la suerte de la otra, pretender aislarla es como intentar aplaudir con una sola mano. Ojo, pues, no se puede jugar con candela sin chamuscarse.    

Bogotá, julio 7 de 2012
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EL TRANCÓN DE LAS REGALÍAS

EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS

En momentos en que se debatía en el Congreso de la República la Ley 1530 de 2012, que reglamenta el Acto legislativo 05 de 2011 a través del cual se modificó el régimen de regalías, para presionar su aprobación el Director del DNP Mauricio Santamaría manifestó que se encontraban “listos” 200 proyectos para ser financiados con los recursos de los fondos del SGR. Pero, a estas alturas del año no hay un solo proyecto aprobado para ser financiado con tales recursos. Como lo afirmó el Presidente de la ANDI Luis Carlos Villegas, estamos ya “a mitad del año, en materia de gasto de regalías no se ve en las regiones ningún programa…Pasamos de las piscinas de olas a la nada”. Y esa es la gran verdad, los grandes anuncios del Gobierno de untar la mermelada en toda la tostada nacional se quedan en sólo eso, anuncios; lo que nadie sabía es que la mermelada era de-mora. Víspera de mucho y día de nada!

Las quejas y los reclamos no se han hecho esperar por parte de gobernadores y alcaldes de todo el país, porque ello tiene frenada la inversión regional y prácticamente esta va a pasar en blanco en el primero de sus cuatro años de gobierno. Los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) correspondientes a los fondos de Compensación regional, Ciencia y tecnología,  así como los del Fondo de Desarrollo Regional, más aquellos correspondientes a la Participación directa de los municipios y departamentos productores, que sumados ascienden a $6 billones, siguen congelados en los bancos. El Director de Planeación se lava las manos diciendo que “el Gobierno ha cumplido la tarea de poner a funcionar a lo ancho y largo del país los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD, locales y departamentales, que son los que aprueban los proyectos de inversión”. Y es que en la práctica los OCAD, denominados por el Gobierno como los triángulos de buen gobierno, se han convertido en el triángulo de las Bermudas.

CUNDE EL DESCONCIERTO Y LA INCONFORMIDAD
Los OCAD, que tienen cuatro niveles (uno nacional, otro departamental, otro municipal y otro para las ciudades rivereñas del Río Magdalena) han resultado hasta ahora inoperantes, lerdos y lentos en su funcionamiento, pese a su pesada nómina de más de 100 funcionarios de apoyo con los que cuenta y nada que arrancan. Primero, se demoró la integración de los mismos, luego se tardó en convocarlos para su instalación y aún no operan. La desesperada Gobernadora del Huila Cielo González se tuvo que quejar ante el Gobierno central, que es quien tiene la sartén por el mango, por el aplazamiento en cuatro oportunidades la instalación del OCAD en su Departamento, por considerarlo una burla para su región. En su orden el OCAD nacional dispone de más de $800.000 millones para financiar proyectos en Ciencia y Tecnología, el regional a su turno cuenta con alrededor de $2.2 billones, el departamental $3 billones, pero hasta ahora no se ha girado un solo peso. 

Según el Director de Planeación “ahora sólo falta que las regiones cumplan su parte presentando proyectos para su aprobación”, sólo eso. Entre tanto, como lo afirma el Alcalde de Yopal Wilman Celemín, “hemos perdido siete meses y nada que llegan los dineros, y mientras tanto el Gobierno sigue sacando decretos y reglamentaciones”. Ya habíamos llamado la atención sobre el exceso de trámites, la complejidad del nuevo SGR, verdaderamente laberíntico, que dificultaría el flujo de los recursos de los fondos creados. Dicho y hecho, en días pasados daba cuenta la prensa de la alerta que se había disparado en el alto gobierno por la proliferación de “oficinas de asesoría” a la caza de alcaldes incautos o despistados dizque para ayudarles a gestionar el giro de los recursos atrapados en el SGR. En las regiones, especialmente aquellas que fueron despojadas de sus regalías directas hay un gran descontento y una gran inconformidad con el Gobierno central, pues todas ellas tienen la percepción de que el Gobierno central les puso conejo, que les dijo que podían estar tranquilos, pues una vez aprobada la reforma las regalías que le quitaban a las regiones volverían a ellas a través de otro mecanismo más eficiente y transparente, pero el Gobierno terminó quedándose con ellas. 

Y es más, como lo sostuvo recientemente el Gobernador de Bolivar Juan Carlos Gossaín, “cada vez que se trata de pedir recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para algún proyecto, le piden a uno que lo gestione a través del SGR y nadie sabe qué están haciendo con los recursos del Gobierno central”. Esto ya lo habíamos anticipado, cuando denunciamos que el SGR es el truco del cual se ha valido el Gobierno Central para liberar recursos del PGN, que de otra manera habría tenido que comprometer para financiar muchos de los proyectos de impacto regional. Esta es una forma sutil, pero muy efectiva, de seguir concentrando y centralizando los mayores recursos fiscales por parte de la Nación. Ya pudimos ver con qué grado de discrecionalidad y liberalidad el Presidente Santos comprometió recursos del orden de $10 billones de los $12 billones que cuesta el megaproyecto Autopistas de la Montaña en Antioquia, que ahora fue bautizada para tales efectos como “Autopistas para la prosperidad”, sin que tuviera que pasar siquiera por el Congreso de la República y sin respaldo en el Plan General de Desarrollo. Ya lo había aconsejado previamente, con mucha perspicacia, el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes al referirse a esta iniciativa: “hay que aprovechar el aumento en los recaudos fiscales y el espacio que dejan las mayores regalías, para concretar una idea que beneficiaría, más que a un Departamento, a la economía colombiana”. 

EL DIABLO ROJO

El ex presidente Cesar Gaviria clama y reclama del Gobierno “que las regalías lleguen a las regiones…Si el Gobierno no asume una actitud muy activa, no se van a invertir las regalías en un buen rato, y eso va a terminar haciéndole daño al Presidente”. Y no es para menos, dado que es inadmisible que mientras los recursos siguen embolatados en los vericuetos del SGR, gobernadores y alcaldes andan saltando matones, pasando el Niágara en bicicleta. Y lo más grave es que no es por falta de recursos, por que los recursos están allí; lo admite el propio Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri cuando afirma sin rodeos que “la plata está disponible y no se ejecuta, estamos llenos de procedimientos, de procesos, de trabas”. Y es que la falla del Gobierno en su capacidad de ejecución no se limita a los recursos provenientes de las regalías; recientemente denunciaba el Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción Juan Martín Caicedo Ferrer que la ejecución del presupuesto del INVÍAS “a julio del presente año, era sólo de 26.5%”. Por Dios, en el INVÍAS, la entidad responsable de la infraestructura vial del país, que es en donde el país acusa sus mayores falencias en materia de competitividad! El Ministro Echeverry, muy dado a utilizar ciertas metáforas dijo que "hay sitios donde necesitamos diablo rojo para destapar la tubería de trabas y trabas"; pues que empiece por el SGR, no hay más tiempo qué perder, pues al paso que vamos la ejecución de estos recursos al finalizar el año va a ser muy pobre. 

LA CAMISA DE FUERZA

Pero, me temo que esta parsimonia exasperante en la ejecución del gasto sea deliberada y que responde a una política fiscal contraccionista, que de mantenerse puede acentuar la desaceleración del crecimiento de la economía que ya es ostensible. Al fin y al cabo, el Acto Legislativo 05 de 2011 es hermano siamés del Acto Legislativo 03 de 2011 mediante el cual se estableció la sostenibilidad fiscal como principio constitucional y desarrollado a través de Ley 1473 de 2011, de la Regla fiscal. Y esta no es otra cosa que una camisa de fuerza para cuerdos, que le establece un techo al gasto público a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual lo expide el Consejo de Política Fiscal (CONFIS). No se contentan, entonces, con forzar un ahorro en el Fondos de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET), que hacen parte del SGR, del orden de $3.1 billones para el 2012, sino que los $6 billones disponibles para inversión se gastarán a cuentagotas. De lo que se trata, entonces, es de que el Ministro de Hacienda le quite el freno de mano al gasto y le ponga el acelerador a fondo a la inversión, medida esta que por lo demás contribuiría a contrarrestar la caída del crecimiento a través de una política fiscal más proactiva y contracíclica. 

Bogotá, agosto 16 de 2012
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EL TRANCÓN SIGUE

Ya nos habíamos referido al trancón de las regalías y no sólo de las regalías sino de todos los recursos asignados para la inversión pública en el país y citamos al respecto las declaraciones del saliente Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri en el sentido que “la plata está disponible y no se ejecuta, estamos llenos de procedimientos, de procesos, de trabas”. El columnista Mauricio Vargas señala, refiriéndose a las regalías, que “en el 2012, el trancón se volvió gigantesco debido a la incapacidad de Planeación Nacional de poner a andar el complicadísimo sistema ideado para aprobar los giros a las regiones”. Y augura que, ahora, luego del revolcón ministerial, el Gobierno “sea capaz de despertar la sensibilidad que hasta ahora le ha faltado al equipo económico de Santos, dedicado mucho más a trancar la inversión en obras públicas y proyectos sociales, que a estimularla”. Por cuenta de esta negligencia, millares de niños han desertado de escuelas y colegios, a los que muchos de ellos nunca volverán, a falta de refrigerio, comedores escolares y transporte escolar, que se financiaban con regalías en las entidades territoriales a las que se las arrebataron de un solo manotazo.


Como decíamos ayer, “me temo que esta parsimonia exasperante en la ejecución del gasto sea deliberada y que responde a una política fiscal contraccionista, que de mantenerse puede acentuar la desaceleración del crecimiento de la economía que ya es ostensible”. Es más, advertíamos que “no se contentan, entonces, con forzar un ahorro en el fondos de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET), que hacen parte del SGR, del orden de $3.1 billones para el 2012, sino que los $6 billones disponibles para inversión se gastarán a cuentagotas”. Pues bien, mi temor se ha visto confirmado por el propio Ministro Echeverri. Al preguntársele por parte del periodista Yamid Amad, “¿de dónde salió la plata de las reservas por 500 millones de dólares que acaban de comprar para defender el dólar?”, esta fue su respuesta: “de las regalías. Como todo el proceso legislativo y normativo de las regalías solo estuvo listo en junio, se acumularon seis meses. Eran 500 millones de dólares que ahora quedan ahorrados”. Más claro no canta un gallo, como lo admitió el Ministro de Hacienda, “desde el 7 de agosto del 2010 me desvela la tasa de cambio” y “si no ahorramos no habrá quien controle la tasa de cambio”. Tratando de espantar el fantasma de la enfermedad holandesa a expensas de la felicidad de la gente. Ni más ni menos, sacrificando un mundo para pulir un verso!


Pero, lo peor estaba por saberse y cuando la opinión pública no terminaba de salir de su asombro ante tal desaguisado, se vino a reconocer abiertamente por parte de la Directora de regalías del DNP Amparo García que, no sólo seguían congelados los $6 billones correspondientes a los fondos que integran el Sistema General de Regalías (SGR), asignados para ser invertidos en la vigencia del año 2012 (Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional). Afirmó la doctora Amparo que el monto de “los recursos que tienen apropiados los 194 entes territoriales es de 1.2 billones de pesos…de esta cifra, 530 mil millones ya fueron girados y 700 mil se encuentran congelados por irregularidades en la entrega de la información requerida”. Léase bien, “por irregularidades en la entrega de la información requerida”, no por corrupción, que pueden ser subsanables y estamos hablando no de los recursos del SGR de este año, sino de regalías directas causadas el año anterior con el antiguo régimen de regalías.  Los más afectados por esta demora en el giro de tales recursos han sido el Departamento de  Casanare, La Jagua de Ibirico (Cesar), Montelíbano (Córdoba), Cantagallo (Bolivar) y Castilla La Nueva (Meta).


Como si lo anterior fuera poco, informó la Directora de Regalías que 
“un total de 1640 proyectos se encuentran listos para ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías que se encuentra en liquidación. El monto es de dos billones de pesos”. Es decir que, además de los $6 billones de los fondos del Sistema General de Regalías (SGR) dispuestos para invertir en 2012 – Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Compensación Regional - , ahora se sabe que entre las regalías directas congeladas y las indirectas del Fondo Nacional de regalías (FNR) en liquidación, también congeladas, suman $2’7 billones congelados. Por Dios!


Esta semana, ante la enorme presión para que se destrabara el trámite del cúmulo de proyectos que siguen a la espera de su aprobación por parte de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) para que los recursos del SGR fluyan, se le hizo un gran anuncio al país por parte del propio Presidente Santos. En efecto, dijo el Presidente, al término de la reunión del OCAD del Departamento del Meta realizado en el Despacho del Ministerio de Hacienda, que “en este OCAD, en la reunión de hoy se aprobaron inversiones por cerca de 223 mil millones de pesos, unas inversiones muy importantes para el departamento”. Pero, en medio de los aspavientos por esta decisión pudimos establecer que los proyectos aprobados por el OCAD son aquellos a financiar con los recursos que le corresponden al Departamento del Meta por participación directa y no con cargo a los fondos del SGR. Es decir, que los recursos aforados en el presupuesto de del SGR de 2012 en las subcuentas que poseen las entidades territoriales en ellos siguen allí atrapados sin salida; dicho de otra manera, el trancón de las regalías sigue. Lo demás son sólo sofismas de distracción que sólo sirven para dorar la píldora.

Bogotá, septiembre 1 de 2012
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PARAFISCALIDAD Y COMPETITIVIDAD

LA DISFUNCIONALIDAD ENTRE CRECIMIENTO Y EMPLEO

Entre las principales metas que se planteó el Presidente Juan Manuel Santos en su programa de gobierno están la de alcanzar un mayor crecimiento de la economía y reducir sustancialmente la tasa de desempleo. En su Plan de Desarrollo Prosperidad para todos se hizo la apuesta por un crecimiento sostenido del PIB superior al 6% y una tasa de desempleo de un solo dígito. Se partió de la tesis okuniana a rajatabla, que el mayor crecimiento per se garantiza la disminución del desempleo, fundados en la teoría del economista estadounidense Arthur Okun, según la cual entre uno y otro existe una gran correlación y simetría. No obstante, en la última década en Colombia ha hecho carrera un modelo caracterizado por el crecimiento sin empleo, también conocido en otras latitudes como Jobless Recovery (Recuperación sin empleo). A despecho de la teoría de marras en Colombia la generación de empleo no responde a los estímulos del crecimiento, a tal punto que ni siquiera en el 2007, cuando la economía colombiana alcanzó el mayor pico en su crecimiento, cedió el desempleo, debiendo soportar el país una tasa de desempleo del 11.4%, que no se compadece con una tasa de crecimiento del PIB del 7.5%. Entre 2004 – 2007 el crecimiento promedio del PIB fue de 6.2%, muy por encima del promedio histórico del 4%, sin embargo la tasa de desempleo se mantuvo en el 12%. Paradójicamente, el desempleo “baja muy poco cuando la economía está en auge y sube muy rápido cuando llegan los tropiezos”.

En los últimos tres años, después de un magro crecimiento del PIB en 2009 a consecuencia de la Gran crisis global (1.7%), la economía tuvo un repunte en el 2010 con un crecimiento del PIB de 4% y cerró el 2011 con un esforzado 5.9%. Pero esta mayor dinámica en el crecimiento del PIB no se vio reflejado en un descenso significativo de la tasa de desempleo para esos mismos años, la cual se situó obstinadamente en el 11.8% en 2010 y 10.8% en 2011, contra un 11.3% de 2009, que fue un pésimo año para la economía. El Gobierno se apresuró a celebrar el hecho de que en el mes de septiembre del año anterior se había alcanzado el objetivo de una tasa de desempleo de un solo dígito (9.7%), pero la dicha sólo se prolongó hasta el mes de diciembre, al consolidarse al final del año 2011 en dos dígitos nuevamente. Arrancamos enero de este año con una tasa de desempleo del 12.5% y los datos más recientes reportados por el DANE nos alejan cada vez más de la meta de un solo dígito en la tasa de desempleo.


En muy buena medida esta disfuncionalidad entre la tasa de crecimiento y la generación de empleo se explica porque el mayor crecimiento de la economía en la última década ha descansado sobre sectores que son intensivos en capital y no en trabajo, como es el sector de minas y petróleo. Este sector ha experimentado un hipertrofiamento en los últimos años, merced al auge de la demanda en los mercados internacionales de productos básicos y a la espiral alcista de sus precios, dando lugar a un peligroso proceso de reprimarización de la economía. En efecto, según el más reciente reporte del DANE se obtuvo un inesperado crecimiento del PIB en el segundo trimestre de este año del 4.9%, pero deslucido por una caída de la industria manufacturera del 0.6% para dicho trimestre y del 0.2% para todo el primer semestre. Lo cierto es que, como el sector de minas genera tan poco valor agregado, dado que se comporta como enclave, a pesar de que en los años 2010 y 2011 creció el 12% y el 14%, respectivamente, su desempeño sólo explica a duras penas el 24% del crecimiento del PIB.

De hecho la participación del empleo del sector industrial en el empleo total pasó de 25.4% entre 1975 – 1980 a 23.5% entre 1990 – 1994 y a sólo el 13.1% entre 2005 – 2008. Entre tanto el sector minero – energético, con todo el boom de la última década sólo participa con el 3% del empleo total y no es para menos dado que mientras para producir $1 billón en la agricultura, a guisa de ejemplo, hay que enganchar 134 mil trabajadores, en la minería sólo se requerirían 11.900. En su punto más alto, entre 2004 – 2011, el sector minero, en el que se viene concentrado el 65% de la inversión extranjera directa (IED), a duras penas creó 8.000 plazas. No es casual que en los últimos boletines del DANE se da cuenta de que el desempleo y la informalidad se vienen concentrando en las 13 principales áreas metropolitanas; allí la informalidad es del 50.4% y el desempleo en julio el 11.5%, 0.2 puntos porcentuales más que en igual período en 2011 y 0.6% más que el promedio nacional. Claro, el 47% del empleo urbano se da en las actividades industriales y de comercio, las cuales vienen siendo afectadas por la desaceleración del crecimiento de la economía. 

Como si lo anterior fuera poco, las exportaciones del sector industrial crecen cada vez menos y pierden paulatinamente participación en el total de las ventas al exterior; entre enero y julio de este año las exportaciones del sector minero – energético crecieron el 17%, mientras que las exportaciones manufactureras crecieron sólo el 8% y ello gracias a que se incluyen las reexportaciones de aviones por importación temporal, ensamble y reparación. Por lo demás, durante dos meses consecutivos (junio y julio) fueron mayores las importaciones que las exportaciones, a causa de la caída de estas. En el mes de julio, según el DANE, las importaciones crecieron el 13% y las exportaciones cayeron el 4%.

Como lo señala el profesor Jorge Iván González, “el equipo económico de Santos debe reinterpretar esta mirada ingenua de la Ley de Okun. Solamente habrá simetría entre los cambios en el producto y las variaciones en el desempleo, si el producto aumenta en actividades que efectivamente generan puestos de trabajo como la agricultura y la industria, por ejemplo. Un crecimiento basado en la extracción de minerales y en la especulación financiera no favorece la creación de empleo”. Y aún, en tratándose de estos otros sectores se presenta una gran desproporción entre su crecimiento y el empleo. Es muy diciente que en los últimos doce años mientras el sector manufacturero creció el 52%, en el mismo lapso el empleo, en lugar de ser mayor, cayó el 16%. 
Con las disquisiciones anteriores no queremos subestimar la importancia del crecimiento en la generación de empleo, sólo queremos justipreciarla, en el entendido que el crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente para la generación de empleo. Una de las conclusiones más importantes de la Misión de Empleo que coordinó el profesor Chénery a finales de los años 80 fue una verdad que parece de Perogrullo: “el empleo crece sólo si la demanda aumenta” y esta es función del ingreso, el cual a su vez está muy ligado a la calidad del empleo.


ENTRE EL DESEMPLEO Y LA INFORMALIDAD
En Colombia tan grave como el desempleo es el subempleo y la informalidad; en el mes de julio, además del desempleo del 10.9%, según el DANE el subempleo subjetivo del 33.7% se vino a sumar al subempleo objetivo del 13.2%, lo cual significa que casi el 47% de la población activa se considera inconforme con el trabajo que desempeña (10´783.000). Y lo más preocupante es que la informalidad es creciente, basta con decir que entre 2001 a esta parte aproximadamente 2.5 millones de personas se han venido a sumar a la escalofriante cifra de la informalidad, equivalente al número también creciente de desempleados en el país. En concepto del Ministerio del Trabajo, si nos atenemos al registro de cotizantes al sistema de pensiones llegaríamos a la conclusión que alrededor del 70% estaría en la informalidad laboral. Y esta circunstancia afecta de paso la sostenibilidad financiera tanto del Sistema Nacional de salud como también el de pensiones, que ven así erosionada su propia base en la que se sustenta.


La cifra de la informalidad enmascara en gran medida el drama del desempleo; es así cómo entre octubre y diciembre de 2011 los ocupados aumentaron en un número de 1.34 millones con respecto a los de un año atrás, pero de ellos entre los cuenta propia y los trabajadores sin remuneración alguna sumaron 900 mil (¡!). Es más, los llamados trabajadores por cuenta propia, que según el DANE constituyen el 43.4% del total de trabajadores, en su inmensa mayoría en actividades de rebusque, lideraron el número de ocupados en el último trimestre del 2011, “tienen una tasa de informalidad del 89.5%”, según el Ministro del Trabajo Rafael Pardo. Ello explica el hecho de que últimamente sube el empleo, pero este es cada vez más precario, lo cual empuja a que un mayor número de personas del núcleo familiar salga a buscar trabajo. Este es un fenómeno propio de Colombia, pero que se extiende al resto de Latinoamérica, como lo señala la OIT “esto reflejaría que la creación de empleo no respondió tan marcadamente a una dinámica de la demanda laboral asalariada y muchos trabajadores recurrieron a la generación de ingresos laborales de manera independiente e iniciaron actividades por cuenta propia”. Como lo anota el Decano de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Jaime Tenjo, “se crea empleo, pero entra más gente al mercado laboral. Lo que hay es un empate técnico. No sube, pero tampoco cae”  la tasa de desempleo.


Según un estudio preparado por el profesor Julio Silva Colmenares, Director del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Colombia “un par de cifras muestran la precariedad del mercado laboral. Si tomamos un período reciente (1994 – 2010), mientras el total de la población pasó de 13.5 millones a 19.6 millones, para un aumento del 45% en los 16 años, los asalariados, incluyendo los jornaleros, sólo aumentaron de 7.7 millones a 8.3 millones, apenas 8%, al tiempo que los trabajadores calificados como ´cuenta propia´, en donde se esconde la informalidad, pasaron de 3.8 millones a 8.5 millones, para un impresionante aumento del 120%”.  

El alto grado de informalidad, a su vez, induce a un aumento de la tasa global de participación (TGP), la cual llegó en el trimestre diciembre de 2011 – febrero de 2012 al 64.4%. La TGP no ha bajado del 60% en los últimos 4 años y alcanzó el récord en octubre de 2011 con el 66.9%. Ello, junto con la precariedad de los ingresos de quienes se debaten en la informalidad, explica en gran medida, según el DANE la enorme presión de la oferta de trabajadores en el mercado laboral. Esta situación ya de por sí preocupante se traduce en la baja relación de contribuyentes a seguridad social/población económicamente activa, la cual se ha mantenido en el 33% durante los últimos 5 años. Es más, si tomamos en cuenta únicamente a quienes cotizan doce meses continuos, dicha relación se reduce a sólo el 15%, lo cual es una barbaridad. Lo propio puede afirmarse en relación a quienes cotizan para pensiones; de acuerdo con el Presidente de TG Consultores Carlos Díaz, de los 17.2 millones de afiliados sólo cotizan 6.2 millones. 

REFORMA TRIBUTARIA O LABORAL
Como dijo Marroquín, es flaca sobremanera toda humana previsión y en más de una ocasión sale lo que no se espera. Pues bien, después que el Gobierno había descartado la presentación del proyecto de reforma tributaria, por lo menos en este segundo semestre, debido al fiasco del hundimiento de la reforma de Justicia, después de muchos ires y venires, vueltas y revueltas, el nuevo Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas ha anunciado que la presentará a la consideración del Congreso de la República el próximo lunes. En lo que sí coincidían los ministros entrante y saliente, Juan Carlos Echeverri, es que dicho proyecto de reforma no tendría pretensión distinta a simplificar el farragoso estatuto tributario. Según el Ministro Cárdenas, “desde la Constitución del 91 es la primera vez que se introduce una reforma tributaria en la que el objetivo no es aumentar el recaudo sino corregir problemas”. Pero, a medida que pasan las horas más parece una caja de Pandora que una reforma anodina, de donde se van sacando una a una prendas que uno podría considerar ajenas al mismo. Se habla de reducir tarifas del IVA, que puede terminar en una nivelación por lo alto de las mismas. Se dice que hay que rebajar la tarifa al impuesto de renta a las empresas del 33% al 27% supuestamente “para que haya más empleo formal” y de contera se propone el desmonte de los parafiscales, que no son otros que los aportes de las empresas al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar. Así las cosas, este proyecto de reforma tributaria ha terminado trastocándose por arte de birlibirloque en una reforma laboral de hondo calado.


De acuerdo con las declaraciones del Ministro de Hacienda “el Gobierno está convencido de que la única forma de elevar la competitividad y la formalidad es reduciendo las barreras de entrada al mundo formal, a la economía moderna”. Y para él, entre las principales “barreras de entrada al mundo formal” están las que consideran como “cargas” parafiscales, que no son otras que las prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar. A juicio del Ministro Cárdenas, “propuestas como descargar a las empresas de algunos pagos, como los parafiscales o contribuciones a la salud, para estimular el empleo formal, son opciones que hay que evaluar”.


En todo caso, hace la salvedad de que cualquier decisión que se tome para hacer más competitiva la contratación de mano de obra productiva y bien remunerada “no se hará a expensas de los beneficios que hoy tienen los trabajadores (salud, pensiones, afiliación a las cajas), pues de lo que se trata es de ver cómo se financia la política social”. Y este es el gran problema; no han faltado quienes, como Fedesarrollo o el profesor Salomón Kalmanovitz, planteen que la alternativa sería financiar este “extracosto” laboral a través de Presupuesto General de la Nación. Pero, no estamos hablando de montos irrisorios; sólo por concepto del 9% de aportes al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación se hicieron erogaciones el año anterior del orden de los $7.8 billones (¡!). De dónde saldrían estos recursos, si el mismo Kalmanovitz considera que los $86.6 billones recaudados por el Gobierno central en 2011, que representan el 14.4% del PIB y marcan el punto más alto aupados por el boom minero-energético, son insuficientes para corregir el déficit crónico de sus finanzas. De descargarle al presupuesto esta nueva obligación haría aún más insostenibles las finanzas del gobierno central en el largo plazo, lo cual sería irresponsable. Al Ministro de Hacienda le hicieron la pregunta y esta fue su respuesta: “estamos haciendo todas las cuentas para responder esta pregunta, lograr ganar por unos lados para sacrificar por otros (Sic!)”. Así las cosas, este sería un salto al vacío que pondría en riesgo la estabilidad y hasta la supervivencia de estas entidades tan caras para el país nacional. Y, entre otras cosas, según providencia de la Corte Constitucional, el subsidio familiar le ha sido reconocido el carácter de derecho fundamental, ligado al concepto de mínimo vital que prescribe la Carta.


Un estudio reciente de la Universidad EAFIT concluyó que “en cuanto a la eliminación de los aportes parafiscales, generará en promedio 224 mil empleos, reduciendo la tasa de desempleo en 1.6% en el primer año. Pero ello a costa de un aumento del déficit fiscal de 0.7 puntos del PIB, haciendo más complejo el manejo fiscal…Si se toman medidas compensatorias para evitar el deterioro fiscal, los efectos se reducen considerablemente generando apenas 128 mil empleos en promedio. De esta forma, la medida (aunque atractiva desde el punto de vista de la simplificación de los mercados laborales) produce efectos más bien marginales, que distan de representar una gran revolución que transforme el mercado de trabajo en Colombia”

OBSESIONES Y DESPISTES
No se de dónde saca el Ministro Cárdenas que “la única forma de elevar la competitividad y la formalidad” es “descargar a las empresas de algunos pagos, como los parafiscales o contribuciones a la salud”. En el más reciente Informe del Foro Económico Mundial (FEM) 2012 – 2013, a Colombia le fue requetemal en el ranking de competitividad que mide esta corporación. Colombia, en lugar de progresar en competitividad retrocedió al bajar del puesto 68 al 69 entre 144 países; perdimos 3 puestos en eficiencia (se pasó del puesto 60 al 63), 5 puestos en innovación (del 61 al 66). Y en lo que peor nos fue, fue en el indicador de las instituciones con una caída vertiginosa de 9 casillas, cayendo al lugar 109. Y entre los 12 pilares y las 114 variables que sustentan el Índice de Competitividad, no resulta relevante en la calificación o mejor descalificación que acaba de recibir Colombia lo atinente a las “cargas” de los aportes y contribuciones a través de la nómina. La única referencia que se hace al aspecto laboral es a la preocupación que despierta el deterioro en las relaciones obreros patronales (del 46 al 65), la pérdida de flexibilidad para determinar los salarios (del 50 al 80), contratar o despedir ( del 70 al 88) y a la menor participación de la mujer en el mercado laboral (del 54 al 95). En la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial Conjunta de la ANDI, al indagar por los factores que más afectan negativamente la productividad, se destacan la volatilidad de la demanda, abastecimiento de materias primas, logística, falta de mano de obra capacitada, costo de materias primas, alta competencia, clima, en ninguna parte se alude a los altos costos salariales.


De lejos, constituye un escollo mayor para la competitividad el aberrante retraso en materia de infraestructura que los mayores costos que representan para los empresarios tales cargas. Con razón el experto Andrés Espinosa, al comentar el desastroso panorama que nos pinta el FEM dice que: “el país nacional y el país político deben tomar conciencia del asombroso descalabro de la competitividad, que va más allá de la revaluación, para corregirlo antes de que sea tarde”. Desafortunadamente, como lo sostiene Andrés Oppenheimer “Colombia está demasiado obsesionada con el TLC y poco obsesionada con la productividad” y ello es muy grave. Y a las falencias anteriores se viene a sumar las que acusa el país en materia logística. En este Índice no está mejor el país, según el ranking del Banco Mundial Colombia ocupa en el mismo el puesto 72. Al respecto dijo recientemente el Director de ANALDEX Javier Díaz que “ya nos equiparamos en términos de aranceles con nuestros competidores para llegar a los mercados, pero los extracostos logísticos nos matan”, no los extracostos laborales.

Es innegable, entonces, que Colombia tiene un largo camino que recorrer para recuperar el tiempo y el espacio perdido en materia de competitividad, la cual está íntimamente ligada a la productividad. Como lo afirma el Nobel de Economía Paul Krugman, En materia de competitividad “La productividad no lo es todo; pero, a largo plazo, lo es casi todo”. Con respecto a EEUU, que sigue siendo nuestro principal socio comercial, que se convirtió en nuestro principal competidor con la entrada en vigencia del TLC, Colombia un gran rezago en productividad que nos puede costar muy caro. En efecto, la productividad promedio de la economía colombiana apenas sí alcanza el 23.8% de la productividad de la economía de EEUU. Dicho de otra manera, lo que se demora en producir en EEUU en una hora, en Colombia se toma cuatro horas. 

Huelga decir que los tiempos aquellos en que se alegaba que el éxito de los tigres asiáticos y luego del dragón chino se debía fundamentalmente a las diferencias salariales, que hasta hace diez años eran abismales. Pero, ello ha cambiado sensiblemente y mientras los salarios en Colombia se han estancado los de China, que hoy es la segunda potencia económica del mundo, han mejorado ostensiblemente. Colombia ha terminado nivelándose por lo bajo con China, por lo menos así se desprende de un Informe de la OIT publicado por la BBC de Londres. Según este Colombia y China, junto con México, Egipto, la India y República Dominicana, se cuentan entre los 20 coleros en el Ranking con los peores salarios de una muestra de 70 países. Mientras en Colombia el salario promedio no alcanza a llegar al 1'300.000 pesos, en China es de 656 dólares (1'176.208 pesos); México, 609 dólares (1'091.937 pesos); Egipto, 548 dólares (982.564 pesos); República Dominicana, 462 dólares (828.366 pesos), e India, 295 dólares (258.935 pesos). Muy lejos de los 1.480 dólares, equivalentes a $2.564.000 que es el salario promedio a nivel mundial. Vale la pena aclarar que para equiparar unos salaries con otros se partió de la paridad de poder adquisitivo (PPA) en dólares y solo incluye a los trabajadores que perciben un salario formal y deja de lado a los trabajadores independientes, por cuenta propia o que son beneficiarios de subsidios. Cabe resaltar que el salario promedio en China pasó en la última década de US 60 centavos de dólar la hora, incluyendo prestaciones sociales, a 2.50 dólares la hora. 
La misma cantaleta


Hace más de 20 años distintos exponentes del pensamiento económico neoliberal vienen con la cantaleta de que “conviene que bajen los salarios en términos reales para hacer caer el empleo” y con este argumento se han promovido varias reformas tendientes a la flexibilización de la legislación laboral. Se cuentan entre ellas la madre de las reformas laborales la Ley 50 de 1990, que fue reforzada posteriormente en sus propósito y fines por la Ley 590 de 2000 y la Ley 789 de 2002 y más recientemente por la Ley 1429 de diciembre de 2010. Todas ellas del mismo corte y la misma estirpe y han tenido la misma suerte, han terminado en el más rotundo fracaso, por una sola razón, porque como afirmó Albert Einstein “no podemos resolver los problemas de la misma manera que los creamos”. 
Aquí hagamos una digresión para dar cabida a la excelente bisección que le hizo en el año 2000 el PNUD – DNP a la reforma laboral que se aprobó por parte del Congreso de la República a través de la Ley 50 de 1990 al término de sus diez años de vigencia. Según su Informe,  “en la historia reciente del país la transformación más importante introducida en materia laboral, se condensa en la ley 50 de 1990 o Reforma Laboral. La ley es una respuesta a las críticas planteadas a la legislación vigente hasta ese entonces. Se afirmaba que los altos costos laborales obstaculizaban la generación de empleo. La retroactividad de las cesantías y la subjetividad que se presenta en el momento de entablar un proceso judicial, aparecen como ejemplos de los inconvenientes conexos al régimen laboral previo a la adopción de la reforma. En la exposición de motivos se justifica la flexibilización laboral, por la necesidad de introducir a la economía en el proceso de internacionalización.


Se argumenta que este proceso requiere de una economía competitiva, y ello únicamente es posible si se disminuyen los costos laborales. Al parecer, la legislación a esa fecha había elevado los costos laborales al intentar proteger a los trabajadores de despidos injustificados y asegurarles estabilidad. Los resultados fueron opuestos a lo esperado, en la medida en que se frenó la generación de empleo y se inmovilizó la mano de obra frente al uso de otros factores. En suma, se detuvo la contratación de trabajadores permanentes y se incentivaron los despidos prematuros y el empleo temporal. La apertura económica de comienzos de los noventa se realiza en un contexto legal favorable a la flexibilización del mercado laboral. Y no obstante, los resultados están muy lejos de los objetivos inicialmente propuestos y en especial del de aumentar la competitividad de la economía nacional”. La justificación de la reforma laboral de 1990 así como sus objetivos, fueron los mismos de las reformas posteriores y se parecen tanto como una gota de agua a otra gota de agua a los alegatos de ahora, es la misma cantaleta para tratar de hacer lo mismo. Y no hay razones para pensar que esta vez los resultados sean diferentes a los nefastos efectos de las anteriores frustráneas reformas.


Un estudio realizado por el ex decano de Economía de la Universidad de los Andes y ahora Ministro de Salud Alejandro Gaviria y la Asistente de Investigación María Del Pilar Palau “las estimaciones sobre las ganancias de empleo deben contrastarse con el fracaso del llamado Régimen Especial de Aportes, instaurado por le Ley 789 de 2002, por medio del cual se eximían de contribuciones parafiscales a las empresas que contrataran trabajadores vulnerables. Esta exención no generó la demanda esperada por el legislador”. Y, en cuanto a la 1429 de 2010, su súbito fracaso se ha hecho evidente, al insistir erróneamente en tratar de medir su éxito en la creación de nuevas empresas y no en la generación de nuevos empleos formales con cotización a la seguridad social, lo cual ha dado pié a la aparición de muchas empresas fantasmas que sólo buscan pescar en río revuelto quedándose con el beneficio sin generar empleo alguno. Esta receta no ha funcionado aquí, como no ha funcionado en México ni en otros países de América Latina, sin embargo se insiste en ella por parte de las autoridades con terquedad aragonesa.  Como aquel brillante escritor y orador Carlista, Vásquez De Mella, podrían aceptar “estar en el error, pero, eso sí, firme”!


UNAS SON DE CAL Y OTRAS SON DE ARENA
No hay tal, entonces, que los costos salariales se hayan convertido en un pesado fardo que lastra la economía colombiana y que se constituyan en “las barreras de entrada al mundo formal, a la economía moderna”. Tampoco se le puede endilgar la responsabilidad de los altos niveles de desempleo e informalidad. Un estudio del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia dirigido por el profesor Stefano Farné, concluyó que “los sobrecostos laborales no pueden considerarse la principal causa del desempleo” y lo acaba de reiterar, “los parafiscales pesan muy poco en el costo total de la nómina. Los empleadores no cambian sus decisiones de contratar por pequeños costos. Hay que pensar bien si vale la pena el cambio” propuesto. Además, una investigación adelantada por la firma Ernest & Young y Proexport en torno a la legislación comparada de siete países latinoamericanos es concluyente cuando advierte que Colombia es “altamente competitivo, respecto a los demás países, en cuanto a costos laborales se refiere”.


Lo que sí ha sucedido en Colombia es que a consecuencia de la enfermedad holandesa el peso es hoy por hoy la moneda más revaluada del mundo, lo cual le resta competitividad a las exportaciones no tradicionales, especialmente a las manufacturas. Uno de sus efectos perversos ha sido el aumento de los costos laborales, así: el costo mensual de contratar un empleado de salario mínimo equivalía en 2003 a US $200. Para 2008 ese costo se había duplicado y ascendía a US $404, por cuenta de la revaluación del peso con respecto al dólar. En 2012, calculando la tasa de cambio promedio de lo corrido del año (8%, aproximadamente) alcanzaría los US $557. Actualmente “ese costo es poco menos de la mitad del salario mínimo vigente en EEUU, pese a que el nivel de ingreso de ese país es 7 veces el de Colombia”. Es decir, que este aumento en los costos laborales son una consecuencia de la revaluación, no imputables a excesivas “cargas” sobre la nómina. Pese a sus estragos, las autoridades colombianas han sido tímidas a la hora de tomar medidas para frenar dicha revaluación, como no lo han sido Brasil, Ecuador y Perú, por ejemplo.


Pero, hay que ver las dos caras de la moneda; porque si bien es cierto que la apreciación de la moneda pone en desventaja no sólo a nuestras exportaciones sino también a la producción nacional que compite con los bienes importados, también es verdad que abarata las importaciones de equipos, maquinarias e insumos importados. Y esto último beneficia claramente al aparato productivo, que ha sabido aprovechar tal circunstancia para modernizar y ensanchar sus factorías a bajo costo, lo cual le ha permitido ganar en productividad y competitividad. Como si lo anterior fuera poco, el Estado les ha compensado, así sea parcialmente, el efecto de la revaluación a través de un gran esfuerzo fiscal con medidas tales como la deducción sobre el impuesto de renta del 40% de la inversión en activos fijos, así como los beneficios que se derivan de la constitución de zonas francas a las plantas que operen al amparo de la misma. A este se viene a sumar la decisión del Gobierno de desgravar las importaciones de aquellos equipos y materias primas que no se producen en el país. Gracias a la reducción a cero en 3.300 partidas arancelarias decretada por el Gobierno, “los empresarios nacionales podrán ahorrar 340 millones de dólares (durante el año de vigencia del mismo), ahorro que se traducirá en mayor competitividad” y en menores recaudos. 
A ello se vienen a añadir una serie de costosos beneficios tributarios y fiscales adicionales dispensados por el Estado a favor de las empresas, los cuales se han traducido en mayores ganancias para las empresas. Medidas como el desmonte de la sobretasa a la tarifa de energía eléctrica que se cobraba a la industria del 20% y la del gas natural del 5.8%, además de la liberación del precio del gas de La guajira, le han significado a las empresas un alivio en sus costos operacionales. El sólo desmonte de la sobretasas a la energía eléctrica le va a costar al Estado este año la suma de $697.262 millones, aproximadamente. No obstante, el sector manufacturero sigue insatisfecho, porque a pesar de este alivio en Colombia se sigue pagando por parte de la industria una de las tarifas más altas, por no decir que la más alta, en el continente. La tarifa que se cobra en Colombia a la industria oscila entorno a los 17.6 centavos de dólar el KW/H, muy superior a los 11.1 centavos de dólar de Brasil, 6.9 centavos de dólar en EEUU, 6.6 centavos de dólar en Perú e incluso a la que se paga en el Ecuador, al cual Colombia le vende energía, que es de 6 centavos de dólar. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) debe estudiar medidas tendientes a reducir las tarifas de energía en el país, porque no hay derecho a que en Colombia, en donde el 65% de la energía que se genera es de origen hídrico, tenga tarifas más elevadas que aquellos en donde la generación es predominantemente térmica, que es más costosa. 

La Presidenta de Brasil Dilma Rousseff acaba de anunciar una drástica reducción de las tarifas de energía, del 16.2% para los usuarios residenciales y hasta de un 28% la que se cobra a la industria. Con esta medida “busca incentivar el consumo y el crecimiento económico y mejorar la competitividad de la industria nacional”. Y el argumento para tomar dicha medida es contundente: “las inversiones hechas atrás por esas empresas (generadoras, transportadoras y distribuidoras de la energía) para construir las hidroeléctricas y ampliar las líneas de transmisión y distribución ya fueron pagadas por los consumidores en sus cuentas de luz”. Por lo tanto, ahora que se vencen las concesiones a dichas empresas por parte del Estado entre 2015 y 2017, “el Gobierno está ofreciéndole a esas empresas la oportunidad de renovar las concesiones con una condición: que lo que ya fue pago sea retirado de la cuenta de la luz”, refiriéndose a la inversión ya depreciada y amortizada. Por qué no examinar la aplicabilidad en Colombia de medidas que como estas hacen mucho sentido. 
Además, tampoco es que anden tan mal las empresas, cuando la prensa da cuenta de que, en medio de un entorno de la economía internacional tan adverso como el actual, sus utilidades están disparadas. Daba cuenta el diario económico Portafolio que “el aumento al doble o al triple de las ganancias en grandes empresas colombianas se convirtió en algo normal durante el primer trimestre del presente año”. Y ya en 2011, según la Superintendencia de Sociedades, las utilidades netas de las empresas en Colombia crecieron el 31%, alcanzando la friolera de $33.2 billones. Claro que de las 24.282 empresas que reportan a la Superintendencia 723 de ellas (con ingresos operacionales mayores a los $100.000 millones) concentran el 60% de los ingresos operacionales totales y acaparan el 96% del consumo total y 1.2 veces el consumo de los hogares, de tal suerte que los buenos balances de las mismas puede estar traslapando la tragedia de las MIPYMES.


Un aspecto que generalmente pasa por desapercibido a la hora de establecer los costos de producción son aquellos atribuibles a los altos costos de la intermediación financiera en Colombia, los cuales superan a los de los demás países de la región. Ya en el 2010 abordamos este tema e indicábamos cómo “mientras la tasa de interés de captación, esto es la que se le paga al ahorrador, oscila entre el 5% y el 6% efectivo anual, los intereses de colocación no bajan del 24%. Estos 18 puntos de diferencia que es la tasa de intermediación hacen de esta la más alta de los mercados financieros de Latinoamérica y la tercera más alta entre los países en desarrollo. Esto es increíble. Precisamente los costos financieros se han constituido en un freno a la competitividad de las empresas, basta con cotejar el peso de las tasas de interés sobre las ventas en Colombia y en los EEUU. Mientras en el primero las tasas de interés sobre las ventas sobrepasan el 20% en el segundo no supera el 4%”. Y resaltamos de cómo las MIPYMES llevan la peor parte, dado que ellas no tienen la posibilidad de financiarse emitiendo bonos o acciones y por ello están obligadas a recurrir al crédito bancario. Y para ellas “los microcréditos con plazo entre un mes y un año pasaron en promedio entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre de 30.85% a 33.49%, los de tesorería con plazo entre 6 y 14 días subieron de 10.95% a 13.52%, al tiempo que para el crédito a las medianas y grandes empresas entre tres y cinco años aumentaron de 15.56% a 16.95%”. Actualmente un crédito bancario a una MIPYME, a pesar de la baja en las tasa de interés aprobadas por el B de la R, no baja del DTF (5.20%) + 9 puntos porcentuales, es decir 14.20%, casi tres veces la tasa de inflación!


SE EXACERBA LA DESIGUALDAD
Cabe preguntarse, a dónde conduce este modelo que propicia la reprimarización de la economía, que convive con la secuela de la enfermedad holandesa que ella provoca, que sigue a pié juntillas la teoría de  Okun y abraza la concepción neoliberal de la flexibilización del mercado laboral dizque para superar las barreras que impiden la generación de más empleo? El más favorecido por este sesgo de las políticas públicas ha sido el gran capital. Ya lo recordábamos en un estudio anterior, que “esta dinámica diabólica explica el hecho de que en las dos últimas décadas las rentas de trabajo apenas sí aumentaron un 2%, rezagándose con respecto a las rentas de capital que lo hicieron a un ritmo del 59%. A consecuencia de este sesgo a favor del capital y en detrimento del trabajo este último bajó su participación en dicho lapso del 30% a menos del 10% del PIB”.


En el caso específico de Colombia, al analizar la distribución funcional del ingreso nacional, esto es la participación de los diferentes factores de producción en el PIB, nos topamos con este dato del DANE: entre 2000 – 2007 la remuneración de los trabajadores perdieron 3.5 puntos porcentuales en la participación en el PIB. Y claro, este es un juego de suma cero, en donde lo que pierde el trabajo lo gana el capital. Ello ha contribuido a una mayor concentración del ingreso, que ha terminado por convertir a Colombia en el campeón de la inequidad en una región como la latinoamericana que se destaca como la más desigual del planeta. Valga decir que en Colombia el ingreso del 20% de los hogares más ricos es 25 veces mayor que el ingreso del quintil más pobre, lo cual es aberrante. 

Según el estudio adelantado por el profesor Julio Silva-Colmenares, “en la tabla anexa se observa la distribución primaria del PIB para los mismos años de 1994, final del gobierno Gaviria Trujillo y 2010, final de la segunda administración Uribe Vélez. Aunque el monto del PIB que correspondió a los asalariados aumentó en más de un 50%, su participación relativa disminuyó del 35.2% en 1994 al 32.8% en 2010, al tiempo que el excedente bruto de explotación (ingreso de todas las formas de capital) casi aumentó en el 100% y su participación relativa creció del 27.7% al 34.0% en el mismo lapso; es decir, su parte de la ´torta´ aumentó casi en una cuarta parte”

En un reciente estudio del B de la R, su autor Oscar Ávila asegura que “si se quiere reducir la diferencia entre ricos y pobres es necesario que el Gobierno financie (total o parcialmente) la acumulación de capital humano de los individuos con menores recursos. El mayor gasto implicaría un incremento en los impuestos, situación que podría restar dinamismo a la economía en la medida que afecte el comportamiento de los agentes. Dado lo anterior, es de esperarse que exista una disyuntiva entre reducir la desigualdad y maximizar el crecimiento económico…Llegar a un nivel de desigualdad cero es costoso en términos de producción”. Esta es una falsa disyuntiva, pues como lo sostiene Gustavo Yamada, Jefe de la Unidad de Pobreza y Desigualdad del BID, “cuanto más desigual es un país menos efectivo es el crecimiento para reducir la pobreza”. Y nos lo corrobora el Director de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) Samuel Azout para el caso colombiano. El es categórico en afirmar que “en nuestro país los altos niveles de desigualdad se han convertido en un obstáculo al crecimiento y a la reducción de la pobreza”. Y en momentos en que soplan vientos favorables para encontrar una salida negociada al sempiterno conflicto armado en Colombia, es menester desactivar concomitantemente el conflicto social, pues a juicio del pensador Francis Fukuyama, “la desigualdad deslegitima el sistema político, da origen a movimientos sociales y a actores políticos antisistémicos, configura el escenario para conflictos sociales fuertemente polarizados y para una lucha por beneficios”. 
La afirmación de Ávila es tanto más absurda si se tiene en cuenta que según el Inclusive Wealth Report, resultado de un estudio preparado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que “analiza el gasto de capital natural (explotación de recursos naturales) de varios países entre 1990 y 2008 y lo compara con las inversiones que hicieron en capital físico y humano en el mismo período. Si esas economías invirtieron más de lo que gastaron, aumentaron su riqueza neta, si no, la disminuyeron y se convirtieron en naciones más pobres. El estudio analiza una muestra de 20 países del mundo y concluye que sólo dos redujeron su riqueza en ese período: Venezuela y Colombia”. Con ideas como esas de las que es portador iremos con los ojos abiertos hacia el precipicio; esta es de aquellas que llama Jeffrey Sachs economis malpractice.


En la creencia de que, como afirma Simón Kuznets, la brecha de la desigualdad sería el precio del despegue económico en las primeras etapas del desarrollo, nada se ha hecho para evitarlo y por ello tiende a ensancharse, contrariando su hipótesis de que después (ahora que aspiramos a hacer parte del exclusivo Club de la OCDE) tendería a cerrarse. Un estudio comparativo reciente del Banco Mundial pudo establecer que, en promedio, la reducción de la pobreza entre 2000 y 2009 en los países de América Latina se debió 46% a crecimiento económico y 54% a efectos redistributivos. En Colombia, en cambio, 97% correspondió al crecimiento y sólo 3% a efectos redistributivos, amén de que su reducción de la pobreza fue muy discreta en comparación con los demás países de la región. 
Y a propósito de la desigualdad, con posterioridad a la Ley 50 de 1990, como consta en el Informe del PNUD y el DNP del Desarrollo Humano en el año 2000, “a lo largo de los años considerados, la situación de los trabajadores que perciben más de diez salarios mínimos es opuesta a la del grupo con menores ingresos. Quienes más reciben, no sólo reducen el número promedio de horas laboradas, sino que además aumentan sus ingresos. Los que ganan menos de dos salarios mínimos incrementan el número de horas trabajadas y su remuneración media disminuye. En estas condiciones, no es de extrañar que se presente un empeoramiento de la distribución del ingreso…La situación de los trabajadores más pobres se empeora: menos salario y más horas de trabajo. El mercado laboral se ha informalizado y las posibilidades de asociación se han reducido. Además, la desigualdad en la distribución del ingreso ha empeorado. Y todo ello, sin que se hayan producido los efectos esperados a favor de la competitividad de la economía”. Es decir, nos quedamos con el pecado y sin la gracia.


HACIA UN NUEVO MODELO
Suele ocurrir que un problema que no encuentra solución es un problema mal planteado y este es el caso; se precisa, entonces replantearlo para salir de la actual encrucijada. Como afirma el experto Peter Drucker, tenemos que “pasar de hacer las cosas correctamente a hacer las cosas correctas”. Como lo afirma el Director de Desarrollo Económico de la CEPAL, el argentino Oswaldo Kacef, “en la medida en que el crecimiento se asiente cada vez más en los recursos naturales, se dificultará transformarlo en desarrollo…la razón es que el crecimiento no se trasladó a toda la economía”. Y plantea el desafío que tiene ante sí Latinoamérica: “o el desarrollo es más inclusivo, con más participación de la manufactura y las Pymes, que generan más empleo productivo, o se discute cómo distribuir las ganancias de la explotación de recursos naturales mediante impuestos y políticas públicas”.


La advertencia de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcenas a los países de Latinoamérica no puede ser más preocupante: “nos convertimos en exportadores de materias primas, volvimos a esquemas que creíamos superados…Nos estamos asociando con China, que será la primera economía del mundo en el 2016, con un modelo en el que vendemos materia prima e importamos manufacturas. Así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento”. El ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes conceptúa que “la estructura de producción determina en parte la productividad de la economía. El crecimiento económico y la capacidad de un país para desarrollar su economía dependen del aumento en productividad y para que este tenga lugar es esencial que el sector industrial, el de mayor productividad, aumente su participación en la generación de valor agregado. En Colombia esa participación se esta reduciendo".


Una de las conclusiones del Foro Económico Mundial reciente fue que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía. De allí que el mayor desafío que enfrenta la economía colombiana, como lo dijo el reputado economista Dani Rodrik,  “no es la demanda externa, sino el cambio estructural interno. El problema de los países pobres es que no producen los bienes adecuados. Deben emprender una restructuración en la que se sustituyan los productos primarios por actividades de mayor productividad”. Bien ha dicho el profesor de Economía de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann, “una condición para el desarrollo está en que la base productiva sea diversa y, sobre todo, sofisticada. A Colombia claramente le falta de los dos elementos…El aumento en la productividad de los factores, que fue de algo más de 1% entre 2003 y 2011, no sirve para sostener una tasa de crecimiento del PIB del 6%”.


Por nuestra parte, hemos sido reiterativos en que el único camino para alcanzar la meta planteada en el Plan de Desarrollo de Santos de un crecimiento sostenido por encima del 6% y una tasa de desempleo por de un solo dígito, es sobre la base de la ampliación y diversificación de la base productiva mediante la promoción de la industria, la ampliación y diversificación de las exportaciones y de los mercados objetivo de estas, así como también la profundización del mercado interno a través de la formalización del empleo y la drástica disminución de la pobreza y la desigualdad, dos lacras sociales que no sólo deben avergonzar al Presidente de la República sino a todos los colombianos. No hay otro camino!

No dejan de ser esperanzadoras las declaraciones del Ministro Cárdenas al asumir el cargo en el sentido que “lo deseable es que haya un crecimiento balanceado de toda la economía. Cuando a nosotros nos dicen que el sector ha aumentado su participación en el PIB y que pesa lo mismo que la industria, o que es el 75 por ciento de las exportaciones, eso no necesariamente es una buena noticia. Queremos que el sector crezca muy dinámicamente, pero no más que los otros. Lo ideal es que todos crezcan…Lo más importante aquí es la industria…en los países donde los encadenamientos han tenido éxito ha habido incentivos. Los encadenamientos no surgen por generación espontánea, sino que en las licitaciones y convocatorias hay que incluir unos puntos de más a los proveedores locales para que puedan tener más capacidad de ganarse los contratos. Creo en una política activa para estimular a la industria local”. Ojalá su anuncio sea el preludio de un giro en la dirección correcta de la política económica de este gobierno, que prosiguió sin solución de continuidad la nefasta política de la anterior administración.          


Amylkar D. Acosta M
Bogotá, septiembre 25 de 2012
www.amylkaracosta.net

Lectura recomendada: Amylkar D. Acosta M. Desempleo & Pobreza. Julio de 2001. Lo puedes bajar de mi página Web/

¿CUÁL EQUIDAD?

OBSTINACIÓN FATAL

Resulta inexplicable que en momentos en que el Sistema Nacional de Salud (SNS) hace agua y está a punto de zozobrar, el Gobierno Nacional se muestra reticente a presentar a la consideración del Congreso de la República la anunciada reforma estructural del mismo, pero en cambio se opta por presentar con mensaje de urgencia un proyecto de reforma tributaria (la segunda de este gobierno) a todas luces regresivo, después de haberla descartado por no tener apremios fiscales a la vista. Y la salud que espere, mientras tanto se le seguirán aplicando emplastos y recetando placebos, en detrimento de la salud de los colombianos. Por lo visto, las urgencias del Gobierno no son las urgencias del país nacional. Uno de los aspectos centrales de este proyecto está encaminado, según el trino del Presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta en Twitter, no a buscar más recursos “sino más equidad, más empleo y más formalización”. Se parte de la premisa que, según el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas “se ha vuelto muy costoso emplear mano de obra en nuestro país”, por cuenta de las mal llamadas “cargas” parafiscales y otras contribuciones que pesan sobre la nómina de las empresas. Y, lo que es peor, se le atribuye a estos mayores costos de la nómina la obstaculización de la generación de empleo y de la formalización del mismo, que de acuerdo con el Ministro se viene “castigando”. 

Este ha sido el caballito de batalla del cual se han servido algunos analistas e investigadores que se han obsecado con la idea de bajar los costos laborales como la fórmula mágica de generar más empleo y contribuir a la formalización del mismo. Ellos han sido los mayores promotores de las reformas tendientes a flexibilizar la legislación laboral y de esta manera bajar los costos de contratación de la mano de obra, con los frustrantes resultados ya conocidos. Y, contra toda evidencia, no cejan en su empeño y la siguen defendiendo como si fuera la verdad revelada, con la misma cantinela. Cada vez que se discute el reajuste del salario mínimo surgen propuestas de reducirlo, de establecer un salario mínimo diferencial rural-urbano o por edad e incluso no ha faltado quien proponga la eliminación del mismo y someter su fijación al capitalismo salvaje. Con ello buscan también reducir los costos laborales. Pues bien, recientemente la prestigiosa revista The Economist reveló un estudio del banco suizo UBS a través del cual se midió el poder adquisitivo en diferentes países del mundo el salario mínimo que devengan un trabajador, es decir el salario real. Utilizaron como parámetro el tiempo que le demanda laborar para comprar una cerveza y el resultado no favorece a Colombia, que quedó de antepenúltimo con un promedio de 35 minutos. Sólo hay dos países en la muestra  que están peor que Colombia: la India con 55 minutos y Filipinas con 38 minutos. Y ya demostramos hasta la saciedad que el salario promedio en Colombia está muy por debajo del promedio mundial y está casi a la par con el salario promedio en China. 
Es innegable que el desempleo abierto y el subempleo en Colombia se mantienen en niveles alarmantes y que cuando aquel baja es por cuenta del aumento de este último. Como lo señala el analista Mauricio Cabrera, “en los pasados doce meses 913.000 personas encontraron trabajo. Esto es muy bueno. Pero en el mismo período el número de subempleados que no tienen un trabajo decente aumentó en más de un millón. En otras palabras, no solo todos los puestos de trabajo que se crearon fueron en el rebusque y la informalidad, sino que 100.000 personas tuvieron un deterioro en sus condiciones laborales. Esto es muy malo”. Y lo más grave es que el mal es crónico, debido en gran medida al modelo económico prevaleciente y a las políticas económicas neoliberales imperantes. 

Pero, cabe preguntarse hasta dónde es cierto que el desempleo y la creciente ola de informalidad en el país obedecen solamente o principalmente a estas “cargas”. Cualquiera podría pensar que estas se han convertido en un fardo cada vez más pesado para la nómina, pero de acuerdo con un estudio del  Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia  “tomando dos puntos en el tiempo, a saber, 1985 y 2010, podemos afirmar que los recargos a la nómina vigentes hoy son inferiores a los exigidos por la ley colombiana hace 25 años!...Los sobrecostos cuantificables como proporción del salario básico sólo aumentaron 2 puntos porcentuales en los últimos 25 años…”. Y ello gracias a que “las reformas laborales de 1990 y 2002 acordaron unas rebajas importantes en los sobrecostos laborales…en la actualidad las empresas están pagando unos sobrecostos a la nómina inferiores a los vigentes hace 25 años”. Y la conclusión de dicho estudio es enfática: “los sobrecostos laborales no pueden considerarse la principal causa del elevado desempleo, así como muchos sostienen”. Es decir, se está partiendo de una premisa falsa para concluir que hay que desmontar los aportes al SENA, al ICBF y a salud “para que las empresas se decidan a contratar trabajadores”.


Con iguales propósitos, de reducir los costos laborales, se han adelantado varias reformas laborales en el pasado y sus resultados distan mucho de las metas planteadas. Vale la pena recordar que en la administración Pastrana se le otorgaron unos beneficios tributarios a las empresas con miras a la generación de empleo y a la postre no sólo no generaron más empleo sino que se redujo, no obstante $22.668 millones fueron a parar a las faltriqueras de las empresas que se acogieron a tales incentivos. Lo mismo se buscaba con la Ley 50 de 1990, la Ley 590 de 2000 y la Ley 789 de 2002 y más recientemente por la Ley 1429 de diciembre de 2010 y hoy en materia de empleo e informalidad no estamos mejor que cuando estuvimos peor. Y la razón es una sola, de Perogrullo, las empresas no van a contratar más mano de obra porque se les incentive a hacerlo a través de menores costos laborales, como no generaron más empleo las gabelas otorgadas a las empresas en los ocho años largos de la administración Uribe, sino en la medida que tengan más mercado para sus productos. Como lo afirma el Presidente de la SAC Rafael Mejía, “las empresas contratan más trabajadores cuando venden más y cuando a la economía le va bien y no necesariamente porque bajen los parafiscales”. A esta misma conclusión llegó la Misión de Empleo que coordinó el profesor Chénery a finales de los años 80 “el empleo crece sólo si la demanda aumenta”. 
De modo que está por verse hasta dónde es factible que se cumpla la promesa del Ministro Cárdenas en el sentido que la eliminación de los parafiscales con los cuales se financia el presupuesto del SENA y el ICBF, así como la cotización a salud, se va a traducir en “que un millón de colombianos pasen de la informalidad a la formalidad”. En ello coincide con el Director de Planeación Mauricio Santamaría; según ellos, de prosperar esta iniciativa se estima que aumentará el empleo formal en 11%. Será verdad tanta belleza? Como afirma, con una gran dosis de sindéresis el ex director de la DIAN Horacio Ayala “uno no puede crear empleos por decreto, sino por razones económicas”. Ello es más difícil que soplar y hacer botellas!

LA CUENTAS DE LA LECHERA
Otro aspecto a considerar, no menos importante, es que esta propuesta de cambiar tales aportes y contribuciones por un nuevo tributo del 8%, bautizado con la rimbombante denominación de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) tiene sus bemoles. Ello puede poner en riesgo la estabilidad financiera del SENA y el ICBF, lo propio se puede decir de las maltrechas finanzas del SNS, no así de las cajas de compensación familiar, que por ahora permanecerán indemnes. El Presidente de ANIF Sergio Clavijo se lamenta de ello, porque a su parecer “ya tienen suficiente capital acumulado y las clases medias-altas no requieren ni de más piscinas ni de subsidios a la ópera (¡SIC!)”. Se trata, según el ex director del DNP Armando Montenegro de “extirpar una parte considerable de los parafiscales, un verdadero cáncer del mercado laboral”. En efecto, se propone eliminar el 2% y el 3% de aportes al SENA y el ICBF, además de 8.5% de cotización al Sistema de Seguridad Social en salud, para completar 13.5 puntos porcentuales menos en costos no salariales, quedando en pié sólo 16 puntos del 29.5% que pesa actualmente sobre la nómina, 4 puntos porcentuales correspondientes al aporte a las cajas de compensación y 12 puntos de cotización para pensiones. De acuerdo con el Ministro Cárdenas, “la idea es que se sustituyan los $1.76 billones que aportan al ICBF los empleados con sueldos de menos de 10 salarios mínimos con 2.2% del CREE; los $1.13 billones del SENA, con 1.4% del impuesto y los $3.81 billones de salud, con 4.4% del CREE más los recursos del Presupuesto General de la Nación, como se hace hoy en día”. Es de anotar que cuando se habla de “los empleados con sueldos de menos de 10 salarios mínimos”, $6 millones aproximadamente, estamos hablando de casi todos, porque en Colombia el 94.4% de los asalariados ganan menos de 4 salarios mínimos.
De conformidad con lo contemplado en la exposición de motivos a partir del 1º de enero del año entrante “los recursos provenientes del recaudo del impuesto se destinarán a la financiación del ICBF y del SENA, con el fin de garantizar la prestación de los servicios a su cargo”. En el caso del “desmonte de los aportes que realice el sujeto pasivo a título de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, se efectuará a partir del 1º de enero de 2014”. Es decir, 2.2 puntos porcentuales del recaudo del CREE para el ICBF y 1.4 puntos para el SENA y se entendería que los 4.4 puntos porcentuales adicionales sólo se activarían a partir del 2014 en concomitancia con el desmonte de la cotización que reemplazaría. Si nos atenemos a las cifras de la exposición de motivos, se aspira a recaudar a través del CREE la suma de 4’467.000 millones, que se distribuirían en el 2013 entre el ICBF y el SENA.


El Ministro puede estar haciendo cuentas alegres, como las de la lechera de Samaniego, toda vez que el SENA tiene presupuestado para el 2012 $2.2 billones y el ICBF $3.3 billones y el recaudo a través del CREE será claramente insuficiente para suplir los recursos que hoy reciben de conformidad con la Ley 21 de 1982 y la Ley 27 de 1974. Es más, según la Superintendencia de Sociedades, en el 2011, que fue un año excelente para las empresas, que vieron incrementar sus utilidades 31.1% con respecto a 2010, las mismas se cifraron en $33.2 billones; si a estas utilidades le aplicamos el 8% del nuevo impuesto que se propone del CREE se recaudarían a lo sumo $2.6 billones, menos del 50% de las necesidades del ICBF y el SENA. Para el 2014 la complicación ya no será sólo para el ICBF y el SENA sino también para el sistema de salud, dado que los $10’143.000 millones también se quedarán cortos para compensar los ingresos que dejarán de recibir en virtud de esta reforma.


Así las cosas, las cuentas no cuadran y el ICBF y el SENA se verían en calzas prietas para sobreaguar, puesto que dicho recaudo no alcanzaría a llenar el vacío que dejaría el recorte previsto de  los recursos que vienen percibiendo con la normatividad vigente. Y de esta manera llegaríamos al punto al que no sería deseable llegar y es que tales entidades tendrían que entrar a competir con las demás para acceder a recursos complementarios del Presupuesto General de la Nación. El Gobierno es consciente de ello y por eso se prevé que “en caso de que los recursos obtenidos a través del recaudo del CREE no sean suficientes para dicho fin, excepcionalmente, la financiación se hará con cargo al Presupuesto General de la Nación…Lo anterior constituye una garantía de que la eliminación de los aportes parafiscales y las cotizaciones por concepto de salud a cargo de los empleadores, no generará ningún traumatismo en los servicios y prestaciones a su cargo”. Ello no es ninguna garantía, habida cuenta que la incorporación de dichos recursos en el presupuesto y la ejecución de los mismos estarán supeditados al “espacio” fiscal que tengan en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de cada año, en virtud del Criterio de Sostenibilidad Fiscal introducido recientemente en la Constitución y la férula de la Ley de la Regla fiscal que lo desarrolla. Estaríamos en presencia de unos gastos recurrentes que requieren el ICBF y el SENA para cumplir sus fines misionales, dependientes de la disponibilidad de los mismos según la coyuntura del momento. 
Como lo afirma la Senadora Gilma Jiménez, estaríamos cambiando “una fuente fija por ingresos inciertos”. A este propósito, vale la pena anotar que no siempre los altos ingresos operacionales de las empresas se traducen en utilidades, que serían la base impositiva del 8% de CREE, amén de que el mismo se aplica sobre las utilidades netas, libres de polvo y paja. Y en este país las empresas gozan de un cúmulo de exenciones, deducciones, exclusiones y descuentos tributarios, que han convertido al estatuto tributario en un verdadero colador. Pues bien, son muchos los factores que influyen para que al final del día las utilidades que se reporten se reduzcan ostensiblemente. Mecanismos como las inversiones, la venta de activos, exceso de costos o reestructuración de las empresas; la reinversión en plantas, ensanches o la incursión en nuevas líneas de negocios, se cuentan entre los subterfugios para bajar artificial y artificiosamente las utilidades y ahora con este nuevo impuesto tendrían muchos más incentivos para recurrir a los mismos. Como lo registraron los medios recientemente, “de las 21 empresas que hasta el momento han presentado sus balances operativos a la Superfinanciera llama la atención que en la mayoría de estas compañías sus utilidades no están a la par del vertiginoso incremento de los ingresos operacionales”.


Quedan en el aire, además, muy serios interrogantes en torno de lo que va a pasar con aquellas empresas que se acogieron a los contratos de estabilidad jurídica, a la normatividad atinente a los beneficios tributarios de las zonas francas uniempresariales o el caso patético de la exención de impuestos a la renta hasta por 30 años vigente hasta el 2017 que atrajo a las grandes cadenas hoteleras a instalarse en el país, en cuanto a la aplicabilidad de esta nueva batería de normas contempladas en el proyecto de reforma. Tardíamente se propone derogar la Ley 963 de 2005 que prohija los contratos de estabilidad jurídica, al tiempo que se respetarán los ya suscritos y se le dará curso a los que están en trámite, unos y otros se mantendrán en la práctica hasta por 20 años, cuando todo está consumado. Tarde piache, ya para qué, el daño está hecho! Ellas mantendrán el blindaje frente a cambios que vayan en menoscabo de sus utilidades, pero por aquello del principio de la favorabilidad de la norma, tanto las empresas que hayan suscrito los contratos de estabilidad, como aquellas que se han acogido a los beneficios de las zonas francas uniempresariales se acogerán a aquellos aspectos de la reforma que le sean favorables. En este caso la ley del embudo funciona a la perfección, lo ancho para ellas y lo angosto para uno! Lo único que sí es claro como el agua es que al final del día las empresas son las únicas beneficiadas con este reemplazo del pago de sus aportes sobre la nómina para el SENA, el ICBF y salud por el CREE, ya que en últimas terminarán ahorrándose 13.5 puntos porcentuales con respecto a lo que vienen pagando por parafiscales y aportes a la salud. Será esto equitativo, como insiste el Gobierno en defensa de su propuesta de reforma tributaria?


Además, estamos haciendo cuentas con el escenario más optimista, pues es bien sabido que el año anterior la economía creció a un ritmo del 5.9%, lo cual se tradujo en un repunte de las utilidades  y unos niveles record de recaudos por parte de la DIAN que difícilmente se repetirá este año y los subsiguientes. Para este año se espera un crecimiento del PIB más modesto, sobre todo después de los pronósticos del FMI para julio pasado luego de revisar a la baja su previsión de crecimiento de la economía latinoamericana del 3.7% anunciado en junio pasado al 3.2%. De hecho, la economía colombiana ha venido en un proceso de franca desaceleración en los últimos tres trimestres, el semestre anterior la industria cayó 0.2% en el primer semestre de este año y lo que es peor la inversión en este sector experimentó una baja del 0.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según lo reconoció el Viceministro de Desarrollo Carlos Andrés De Hart. Es muy probable que para este año el crecimiento del PIB en Colombia no supere el 4%; el pesimismo del FMI sobre el futuro inmediato lo llevó a bajar su previsión para Colombia de un 4.7% a 4.3%, aunque el optimismo panglossiano del Gobierno lo lleva a mantener su meta de crecimiento para este año en 4.8%.


Aduce el Ministro de Hacienda que “tenemos sectores que crecen mucho, pero que no generan empleo” refiriéndose al sector minero – hidrocarburífero, para señalar que “quienes tienen más utilidades son las empresas minero – energéticas, que generan poco empleo” y se trata justamente de gravar las utilidades con el CREE al tiempo que se les exime de pagar los aportes y contribuciones aludidos. Efectivamente, las utilidades que más crecieron en 2011 fueron las de dicho sector, del 68.2%. Al contrario sensu, como lo advierte el Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega, “si alguien genera mucho empleo y no está teniendo utilidades, al bajar el costo al empleo todo ese costo que ahorró lo vuelve utilidades”, refiriéndose a los otros sectores, como el manufacturero, el de servicios y el comercio. Pero, si bien estos sectores que según el Ministro son los que más han venido creciendo, jalonadas por el gran apetito de los países emergentes encabezados por China por materias primas, empiezan a perder fuerza e impulso en la medida en que estos se han visto afectados por la recesión de la Unión Europea y la lenta recuperación de la economía estadounidense. Todo indica que el boom minero – energético de la última década está llegando a su fin y ello es tanto más preocupante luego del anuncio del Economista Jefe del FMI Olivier Blanchard en el sentido que la actual crisis de la economía global se podría prolongar hasta el año 2018.


El Ministro del Interior Fernando Carrillo dijo que “la reforma tributaria busca la equidad y pocos estarían en contra de esto”; pero, la verdad sea dicha, escogieron el camino equivocado. El SENA y el ICBF son dos pilares fundamentales de la protección social, que cobija no propiamente a los privilegiados de este país y en la medida que se expone a su desfinanciación se compromete seriamente la suerte de las mismas y con ella la de la población más vulnerable. Si el Gobierno insiste en la aprobación de este esperpento y el Congreso de la República lo acolita pueden terminar con el INRI de haberse constituido en los sepultureros de estas beneméritas instituciones tan caras en el afecto de los colombianos. Y, si nos atenemos a la experiencia de las otras reformas a la legislación laboral del pasado, empezando por la Ley 50 de 1990, cuyos “resultados fueron opuestos a lo esperado, en la medida en que se frenó la generación de empleo y se inmovilizó la mano de obra frente al uso de otros factores…” y tendremos que concluir más adelante, de sus múltiples estragos, que esta vez también sus “resultados están muy lejos de los objetivos inicialmente propuestos y en especial del de aumentar la competitividad de la economía nacional”. Bien se ha dicho que quien no conoce la historia o la pretende ignorar está condenado irremisiblemente a repetirla, pero a qué precio!

GANADORES Y PERDEDORES

En la exposición de motivos se habla de la “la necesidad de disminuir la presión tributaria sobre las empresas, con el objetivo de generar empleo e incentivos para que junto con la sustitución de parafiscales y aportes en salud por parte del empleador se dé un alivio a la inversión y se promueva la formalización laboral y empresarial”. Alega el Ministro Cárdenas que “esta no es una reforma para aumentar el recaudo, sino más bien para repartir las cargas tributarias de manera más equitativa y para que nuestro sistema tributario no genere un efecto que yo creo muy perjudicial: está castigando la generación de empleo formal”. A su turno el Ministro del Trabajo Rafael Pardo conceptúa que “la reforma es una respuesta a la queja que tradicionalmente tienen los colombianos de que el trabajo tiene impuestos y el capital tiene deducciones”. Pero, cuál es la real realidad? Empecemos por señalar que el nuevo tributo que se propone, Impuesto sobre Renta para la Equidad (CREE), no se aplicará sobre la renta propiamente dicha, sino sobre la utilidad y esta se establece no sobre la renta gravable sino sobre la renta líquida después de pagar impuestos. De modo que la base impositiva, que es la utilidad neta,  es mucho menor que la renta y ello se reflejará en el recaudo; ello explica el hecho que mientras las empresas dejarán de pagar por concepto de impuesto a la renta, al bajarle dicha tarifa del 33% al 25%, $8’063.000 millones, el recaudo por concepto del CREE es de sólo $4’467.000 millones. De allí que el Efecto Neto Impuesto de renta Sociedades es de un menor recaudo por parte del Estado de $3’597.000 millones; es decir que, gracias a la repartición de las cargas tributarias “más equitativa” las empresas tendrán en plata blanca un saldo a su favor el año entrante de $3’597.000 millones. 



En apariencia las empresas quedarían pagando el mismo 33% que pagan actualmente de impuesto de renta, porque al decir del Ministro Cárdenas “se baja el impuesto, pero se crea sobre la misma base, es decir, sobre las utilidades de las empresas, un nuevo impuesto destinado exclusivamente al ICBF y el SENA, además de la salud”. Aclarando, que es gerundio. El nuevo impuesto no se crea “sobre la misma base”, pues los 8 puntos porcentuales que se le restan al impuesto sobre la renta se aplican ahora, como bien dice el Ministro “sobre las utilidades de las empresas”. Y, como si lo anterior fuera poco, al eliminar los parafiscales y la cotización por parte de las empresas con cargo a la nómina, estas se ahorran, según las cuentas del propio Ministro de Hacienda $6.7 billones, que sumados a los  $3’597.000 millones del efecto neto en el impuesto de renta (ENIR), el beneficio de esta reforma tributaria para las empresas sería del orden de los $10’297.000 millones. Es decir, ganan por partida doble, yantarán a dos carrillos!

BENEFICIO TOTAL PARA LAS EMPRESAS
($ millones)

REDUCCIÓN DE APORTES                                               6´700.000 

REDUCCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA                    3´597.000

TOTAL                                                                               10´297.000


Pero, bien se ha dicho que en economía no hay almuerzo gratis y como dice el adagio popular las correas salen del cuero. Cómo hacer para que al final se emparejen las cargas y el efecto de la reforma sean “neutro” en términos de recaudo? Muy sencillo, en el proyecto de reforma se le carga la mano a las personas naturales - asalariados e independientes - , golpeando inmisericordemente a la clase media – media y media – alta. Se calcula por parte del Gobierno que con la implementación de “simplificación del tributo aplicable a las personas naturales (IMAN)”, aplicable a quienes tengan ingresos mensuales superiores a $2.3 millones (actualmente se tributa a partir de $3.6 millones de ingresos),  se van a recaudar más de $4.6 billones más por concepto de impuesto sobre la renta. Hasta los pensionados llevarán del bulto, pues de aprobarse esta propuesta de reforma a partir del 2013 pasarán a tributar el 5% sobre las mesadas que sobrepasen los $10 millones. 

Según las cuentas del Gobierno el mayor recaudo por la “simplificación” del IVA y el reajuste en la carga impositiva a las personas naturales compensará con creces lo que dejarán de pagar las empresas. Bien se ha dicho en defensa de este adefesio que son más los ganadores que los perdedores, claro son más poderosos los ganadores que los perdedores con esta reforma! Nos podemos quedar con el pan y sin el queso, porque esta reforma podrá contribuir a elevar las utilidades de las empresas, pero, como afirma el profesor Eduardo Sarmiento, “no existe la mano invisible que convierta las ganancias en contrataciones de trabajadores”. Así de claro. De esta manera, so pretexto de promover la equidad se va a profundizar aún más el sistema impositivo, contraviniendo el precepto constitucional según el cual “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. Si la Corte Constitucional se ocupara seriamente en analizar el estatuto tributario colombiano, tendría que llegar a la conclusión, como en otros casos, que el mismo de suyo constituye un “estado de cosas inconstitucional” porque no cumple con ninguna de tales estipulaciones, pero hasta ahora se han hecho los de la vista gorda.

A PROPÓSITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2013

PENSANDO CON EL DESEO
El Congreso de la República acaba de aprobar  el Presupuesto del Gobierno central (PGC) para la vigencia correspondiente al 2013, el cual fue aforado en la suma de $185.5 billones, un 12.2% mayor que el de 2012 ($165.4 billones). “el mayor que jamás hayamos tenido”, acota el Presidente Santos, al referirse al monto de este presupuesto. Este es el primer presupuesto que se aprueba luego de expedido el Acto legislativo 03 de 2011 que introdujo en la constitución el “criterio de la sostenibilidad fiscal” y la Ley  1473 de 2011 mediante la cual se estableció la Regla fiscal, que es como una camisa de fuerza para cuerdos que le impone restricciones al gasto público y un techo a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP, Ley 819 de 2003). Además, al Gobierno le va a tocar manejar dos presupuestos, el PGC y el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR), que a diferencia del anterior es bianual, el cual asciende a los $17.7 billones .


En la exposición de motivos del Ministerio de Hacienda se asume que el crecimiento del PIB para el año entrante del 4.8% promedio anual, por encima del crecimiento potencial estimado en 4.5%. El Gobierno insiste en que alcanzará la meta de crecimiento del PIB 4.8% para este año y que se sostendrá el mismo ritmo de crecimiento el próximo año, contra viento y marea. No obstante en la reciente Cumbre de Tokio, en donde se dieron cita el FMI, el Banco Mundial, los gerentes de los bancos centrales y los ministros de Hacienda de todo el orbe, se encendieron todas las alarmas. La recesión de la economía de la Unión Europea (UE), la lenta recuperación de la economía estadounidense, ad portas del “precipicio fiscal” que la puede precipitar a otra recesión, sumada a la ralentización del crecimiento de la economía china, plantean un panorama demasiado sombrío. Ello llevó al FMI a revisar nuevamente a la baja sus previsiones de crecimiento de la economía global situándolo este año en un anémico 3.3% y del 3.6% para el próximo. Y para Latinoamérica el nuevo pronóstico del FMI es de un crecimiento del PIB del 3.2% para el 2012 y 4% para el 2013. En el caso particular de Colombia bajó su previsión del 4.7% al 4.3%. Da la impresión de que tanto el Gobierno como el Congreso de la República expidieron la Ley de presupuesto pensando con el deseo.


COLOMBIA NO ES INMUNE
Mucho se ha especulado sobre el supuesto “blindaje” de la economía colombiana, pero el comportamiento de sus principales variables en lo que va corrido del año muestran que no es inmune a los avatares de la economía global y que estos están impactando y de qué manera la producción y las exportaciones. Resulta asaz difícil que la economía colombiana se pueda desmarcar de la economía de EEUU y de la UE. Bien dijo el ex presidente de EEUU John F Kennedy, que “cuando la marea está alta, esta eleva todos los botes” y es lo que le ha venido ocurriendo a Colombia y en general a Latinoamérica en la última década merced al boom minero-energético; pero, cuando la marea baja se puede constatar que “quienes tienen mástiles más altos han sido elevados mucho más y muchos de los botes más pequeños han sido destrozados por el agua”. Y todo indica que estamos en presencia de la destorcida de los precios de las materias primas y la demanda por estas se contrae. De este modo, aquellos países que como Colombia dependen en tan alta proporción de las exportaciones de materias primas están empezando a sentir sus efectos y ello explica en gran medida la desaceleración que viene acusando la economía colombiana desde el último trimestre del año anterior.


El Gobierno ha hecho mucho alarde de los beneficios que le reportará al país la entrada en vigencia del TLC con EEUU, al cual le atribuye un punto más de crecimiento del PIB y la generación de 500 mil empleos adicionales en 5 años. Según el Ministro de Comercio Sergio Diaz-Granados, el crecimiento de las exportaciones colombianas a los EEUU en los primeros cien días entre mayo, cuando entró en vigencia el Tratado y agosto crecieron 18%, lo que según él confirma sus previsiones. Pero resulta que el año pasado las exportaciones colombianas a los EEUU crecieron un 29.6% (¡!), sin TLC, muy superior al 18% con TLC. Cabe, entonces, preguntarse, dónde está la gracia, qué celebra el Ministro. Pero, al margen este Tratado y de los demás que se han venido negociando a la topa tolondra, lo cierto es que en el mes de agosto de este año las exportaciones totales cayeron el 7.6%, mientras las importaciones totales crecieron el 8.6%. En consecuencia, por tercer mes consecutivo la Balanza comercial del país sigue cayendo, con lo cual se acentúa el crónico déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos en 2013.


Si a ello añadimos el hecho que la producción industrial registra una caída del 1.9% en el mes de agosto, en contraste con el crecimiento del 9.9% en el mismo mes de 2011, hay motivos para preocuparse. Sobretodo si tenemos en cuenta que esta recaída se da después de un ligero repunte en junio y julio, después de un trimestre en baja entre marzo y mayo. En lo corrido del año el avance de la actividad fabril en el país ha sido de un lánguido 0.7%, entre tanto el sector minero-energético que ha venido jalonando el crecimiento de la economía ha empezado a perder fuerza e impulso. Como afirma el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, “la verdad es que hacia 2013 predominan los aspectos preocupantes y escasean las razones para el optimismo”. Estas razones nos llevan a ser pesimistas sobre la posibilidad de que pueda alcanzarse la meta de crecimiento contemplada por el Gobierno tanto para este año como para el entrante. De ello se sigue que los ingresos corrientes de la Nación y de las entidades territoriales se van a ver resentidas, habida cuenta que los mismos guardan una estrecha relación con la dinámica del crecimiento de la economía. Los recaudos del año anterior con un crecimiento del 5.9% alcanzaron un récord de $85 billones y se espera que este año alcance los $100 billones con un crecimiento del 4.8%, de modo que si este no se logra será aún más difícil alcanzar dicho objetivo. Y hay que tener en cuenta que el efecto en los ingresos públicos tiene un rezago de un año, de modo que la desaceleración de la economía en 2011 se traducirá en menores ingresos en el año venidero, lo cual puede significar un desfinanciamiento del PGC.


LA INCOGNITA DEL PETRÓLEO
De otro lado, se parte de la base que la producción de petróleo el año entrante será del orden de 1´060.000 barriles diarios promedio y un precio de $101 el barril. Esta es una apuesta muy arriesgada, dada las limitaciones de las reservas con las que se cuenta y es contradictorio con la afirmación de que “sabemos que la reducción del precio internacional del petróleo tendrá efectos sobre los ingresos públicos”. Es bien sabido que Colombia en los últimos años no ha podido dar con un hallazgo con reservas de alguna consideración y que la mayor parte de la producción proviene de campos maduros, gracias a la recuperación secundaria y terciaria. Valga decir que, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el 2011 de los 850 mil barriles diarios de producción promedia, 760 mil provinieron de campos “viejos” y sólo 90 mil de nuevos descubrimientos. Razón suficiente para dudar que dicha meta se pueda alcanzar y lo que es más importante sostener en el tiempo. A ello se viene a sumar las limitaciones en materia de transporte y almacenamiento de crudos.


En cuanto a la proyección del precio, si nos atenemos al más reciente Informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) el año entrante el precio del crudo estará por debajo de los US $90 el barril. Al revisar a la baja sus proyecciones tanto la demanda como el precio tomó en consideración la crisis económica que afecta a la UE, que no da trazas de amainar, así como la lenta recuperación de la economía estadounidense, que sigue rengueando. Desde mayo pasado el precio del barril de crudo se cotiza por debajo de la barrera psicológica de los US $100 y según la AIE todavía para el 2017 se espera que el precio podría situarse en los US $89. Es claro, entonces, que se está sobreestimando el precio del crudo a sabiendas que por cada dólar que baja el precio del crudo el país deja de recibir US $82 millones por concepto de exportaciones del mismo, a lo cual se viene a sumar el efecto de la apreciación del peso con respecto al dólar, que es la moneda en la que se transa (por cada $10 que se revalúa el peso son US $46 millones menos de ingresos para Colombia como país). Ello significa menos ingresos para la Nación, tanto por impuestos como por dividendos. Además, de subir el precio del crudo por encima de la previsión del Gobierno, ello le acarrearía al gobierno mayores erogaciones por concepto de subsidio a los precios de los combustibles (reconocimiento del “diferencial de precios de los combustibles”), dada la rigidez de la fórmula para fijarlos por parte del Gobierno, amén de lo que dejará de recibir por concepto de la rebaja en los impuestos a los combustibles prevista en el proyecto de reforma tributaria en curso. Así las cosas y en la medida que los ingresos que recibe el Gobierno tanto por concepto de impuestos por la producción petrolera como de dividendos que le gira ECOPETROL, si no se cumple con los pronósticos de producción y precio de petróleo, esta puede ser otra fuente de desfinanciamiento del PGC. Recordemos, a este propósito, que entre impuestos y dividendos lo que le transfiere la estatal Ecopetrol (sólo Ecopetrol) representa aproximadamente el 24% de los ingresos corrientes de la Nación.


EL CARBÓN: DE GRIS A NEGRO
Lo propio ha venido ocurriendo con el carbón, que llegó a constituirse en el segundo renglón en importancia de las exportaciones colombianas después del petróleo con el 14% de las exportaciones totales, las cuales se espera le reporten este año ingresos del orden de los US $8.400 millones. Pero, también al carbón se le está volteando el cristo; el precio se ha venido descolgando desde los US $150 la tonelada de hace apenas dos años hasta los US $86 en promedio que se cotiza hoy en día. Entre las causas sobresalientes de este revés se cuentan la crisis de la economía global, una sobreoferta del mismo, inducida en gran medida por la brutal competencia del gas natural, cuyos precios han descendido a niveles históricos. El caso más protuberante es lo que ha venido sucediendo en el mercado de EEUU, en donde se han reducido tanto las importaciones de crudo como de carbón, a consecuencia de los desarrollos de los hidrocarburos no convencionales, que lo han posicionado como uno de los jugadores en las grandes ligas del gas natural. Al punto que Obama afirmó recientemente que EEUU, merced a sus enormes reservas de shale gas se ha convertido en la Arabia Saudita del gas. Históricamente Colombia se ha considerado como el principal proveedor de carbón térmico de EEUU y sus exportaciones con este destino alcanzaron la cifra record en 2007 de 24.3 millones de toneladas. Pues, el año pasado se redujeron a la tercera parte, 8.6 millones de toneladas y este año puede cerrar con una cifra por debajo de los 6 millones. Ello está poniendo en riesgo el plan de expansión de El Cerrejón y el desarrollo de otros proyectos como el de CCX en La guajira. Con este panorama tan sombrío tanto para el petróleo como para el carbón, podemos concluir que la locomotora minero – energética, que es la única que marcha sobre rieles se puede quedar sin combustible.

EL DESCUADRE DE LAS FINANZAS
Finalmente, vale la pena acotar que si se dan todas las previsiones del Gobierno, este alcanzará su meta fijada para el 2013 es de un déficit consolidado de – 1% y para el GNC de – 2.2%. Es decir, persisten los déficits gemelos, el déficit fiscal de – 2.2% y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos que puede llegar al  - 3%. Ahora bien, según el gobierno la entrada en vigencia del TLC con EEUU le representará al gobierno ingresos adicionales del orden del 0.7%, pero según ANIF “se ha estimado que, cuando quiera que entre a regir el TLC con los EEUU, ello representara un sacrificio fiscal del orden de los $645.000 millones en el primer año, cifra equivalente al 0.2% del PIB, según las propias cifras del MFMP presentado (!oh paradoja!) en el año 2006".  A este hueco fiscal hay que añadir el que se crea con el comienzo del desmonte del impuesto a las transacciones (4 x 1.000) dispuesto en el minireforma del 2010. Este análisis nos lleva a concluir que el Gobierno al proponerlo y el Congreso de la República al aprobarlo están abocando al país a las dificultades que se pueden derivar el año entrante de un PGN inflado, en donde se sobreestiman los ingresos y se subestiman las erogaciones. El riesgo de que ello ocurra es tanto mayor dadas las inflexibilidades que caracterizan al Estatuto Orgánico del Presupuesto y las restricciones que impone la Regla fiscal.


Con razón el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri manifestaba su preocupación con respecto a la profusión de leyes que se aprueban por parte del Congreso “sin la bendición del Gobierno” y que luego se quedan sin respaldo presupuestal. Según el MFMP del 2012 en el 2011 se sancionaron 74 nuevas leyes, de las cuales 20 tienen un costo fiscal cuantificado, pero 17 más de ellas siguen sin cuantificarse. “No hay plata para tanta Ley aprobada”, sentenció el ex ministro; pero, lex dura lex y contra su desacato por parte del Gobierno procede la acción de cumplimiento que cualquier afectado por su incumplimiento puede incoar ante la justicia.


JUSTICIA PARA LA JUSTICIA
Este es el caso de la Ley 4 de 1992, que estableció una nivelación salarial a jueces y empleados de la rama judicial y transcurridos 20 años no se ha hecho efectiva. El costo de esta nivelación es de $780.000 millones aproximadamente, cifra esta que puede superar el billón de pesos si se extiende dicha nivelación a cerca de 20.000 fiscales y auxiliares que están también cobijados por dicho beneficio. La protesta por el incumplimiento por parte del Gobierno ha llevado a la parálisis de la rama judicial; el Gobierno ofrece darle cumplimiento a dicha Ley de manera gradual y progresiva, para lo cual se tomaría quince años (¡!). Esta oferta del Gobierno, obviamente ha sido rechazada tajantemente por parte de ASONAL Judicial por considerarla inaceptable e irrespetuosa con la rama, tanto más en cuanto en el Presupuesto General de la Nación que se acaba de aprobar sólo apropiaron para tal efecto la ridiculez de $130.000 millones. A todas esas, cabe preguntarse de dónde iba a sacar el Gobierno los recursos para cumplir con la nivelación prevista en la abortada reforma a la Justicia, o simplemente se trataba de un señuelo para congraciarse con la rama judicial y ambientar su aprobación.


La razón fundamental que aduce el Gobierno para no darle cumplimiento inmediato o en un plazo más razonable es de índole fiscal. Como afirma la Ministra de Justicia Ruth Stella Correa, este “es un tema de gran impacto fiscal” y, añade, “el Gobierno tiene que cumplir prioridades” y, al parecer esta no lo es. Ya lo habíamos advertido cuando se tramitó el Acto legislativo de la Sostenibilidad Fiscal y la Regla fiscal, que con su aplicación, al supeditar el goce efectivo de los derechos a la disponibilidad de los recursos se estaba tirando por la borda el Estado Social de Derecho, quintaesencia de la Constitución del 91. En su momento el Presidente Santos afirmó sin pestañear que la Sostenibilidad Fiscal tenía “un sentido bien definido: no limitar derechos sino hacerlos más eficaces y equitativos”. Pero, del dicho al hecho hay mucho trecho; como lo vaticinó premonitoriamente el ex constituyente Gustavo Zafra, “así como en el pasado llamamos ´Convivir´ a la máquina de la muerte de los derechos civiles, ahora aparecen el ´Principio de Sostenibilidad´ y ´La Regla Fiscal´ como la máquina de la muerte de los derechos económicos y sociales”.


Ahora le ha tocado a la Ministra de Justicia plantarle cara a la misma rama de donde viene y a la que se debe para decirles que “lo único que ha hecho este Gobierno es hacerles un reconocimiento dentro de la sostenibilidad fiscal”. Según ella, el Gobierno quiere cumplir con la nivelación “pero la disposición tiene que estar atada a un estudio macroeconómico” (SIC!). Pero, Señora Ministra, como dice el adagio popular, obras son amores y no buenas razones; además de que no es una buena razón invocar la sostenibilidad fiscal para seguir conculcándole el derecho que les asiste a 48.000 servidores públicos, entre funcionarios y empleados, que sólo exigen que el Gobierno cumpla la Ley a la que está obligado, nada más, pero tampoco nada menos!


Llama poderosamente la atención que se esgrima la sacrosanta Sostenibilidad Fiscal para no cumplir con algo tan elemental como es hacerle justicia a la justicia, pero se la deje de lado al momento de proponerle al Congreso de la República en el proyecto de reforma tributaria que este tramita rebajarles los impuestos y las mal llamadas “cargas” parafiscales a las empresas. Entre uno y otro beneficio las empresas dejarán de pagar casi $10.3 billones; pues bien, con sólo el 10% de esta suma el Gobierno podría satisfacer el justo reclamo de quienes administran justicia. Dicho sea de paso, ahora entiende el país por qué los que supuestamente iban a chillar con la reforma tributaria salieron muy eufóricos a respaldarla a través del Presidente de la ANDI Luis Carlos Villegas, como su vocero. 
Es más, según el MFMP del 2012 el monto que dejará de recaudar la Nación por cuenta de las gabelas impositivas otorgadas dadivosamente a esas mismas empresas es del orden de los $6 billones, seis veces lo que cuesta redimir la deuda insoluta que tiene con la rama judicial. El problema, entonces, no es de plata. Es bien sabido que los recursos aquí, allá o acullá son limitados y que, como los sostiene el jurista Gustavo Gallón “nunca hay suficiente dinero para satisfacer todas las necesidades de una sociedad. Esa es una regla universal. El dilema entonces es a qué gasto se le da prelación”. Ese es el quid del asunto, se aplica un doble rasero, son tan generosos cuando se trata del capital como cicateros cuando se trata del trabajo. La renuencia del Gobierno a cumplir con el mandato legal de nivelarles su asignación a jueces y fiscales habla muy mal del talante liberal del cual se ufana el Presidente Santos y deja mucho qué desear. Este conflicto servirá de piedra de toque para definir el talante de la administración Santos. Nada menos!

SUMANDO PERAS CON MANZANAS
Al abordar el análisis del presupuesto hay que tener en cuenta las rigideces estructurales de la presupuestación del gasto público, pues más del 85% del monto del presupuesto está predeterminado por un manojo de normas que compartimentan el gasto. La gran paradoja es que el Constituyente de 1991 estableció la expresa prohibición de rentas con destinación específica (CN, artículo 359), excepción hecha del gasto social. Según un estudio del FMI, Colombia es el país de la región con el mayor porcentaje de gastos predeterminados. Sólo la sumatoria de los recursos asignados al servicio de la deuda, así como aquellos apropiados para fondear el Sistema General de Participaciones (SGP) y lo correspondiente al pago de las mesadas pensionales a cargo de la Nación ($99 billones), que son intocables, absorben casi en su totalidad lo que se recauda por impuestos y representa el 53.8% del presupuesto.

SERVICIO DE LA DEUDA        $47  BILLONES
SGP                                     $28      “       “
PENSIONES                          $24.9   “      “
EDUCACIÓN                         $24.6   “      “    
GASTO DE PERSONAL           $20       “      “
SALUD                                $11.5    “      “

Con alguna razón el Gobierno llama la atención sobre el hecho que este “es un presupuesto donde aumenta más la inversión que los gastos de funcionamiento”, puesto que mientras la primera se incrementa el 16% los segundos sólo crecen el 8% con respecto al presupuesto de la vigencia de 2012. Hace énfasis el Presidente Santos en que la “inversión de 43 billones de pesos el año entrante es la más grande que jamás haya conocido el país”. Pero esta última cifra la tenemos que recibir con beneficio de inventario y es preciso hurgarla para poderla dimensionar en su justa proporción. Al desglosar este rubro, como dice el ex director del DNP Andrés Escobar, refiriéndose al proyecto presentado por el ejecutivo al Congreso de la República, “es necesario tener cuidado cuando se habla de la cifra de inversión incluida en los presupuestos del Gobierno. Por un problema de jerga legal, que establece qué es qué para efectos del presupuesto, en los 40.7 billones mencionados hay recursos que van mucho más allá de lo que uno entendería normalmente por inversión, que en principio debería limitarse sólo a aquellas erogaciones destinadas a reponer o aumentar el capital físico (construcción de carreteras, por ejemplo o de colegios)…No deberían clasificarse como inversión los subsidios de familias en acción, la unificación del POS…”. 
Es más, según lo delata el mismo Andrés Escobar, “en un aparte no tan publicitado del presupuesto presentado al Congreso está la cifra depurada de inversión, la cual asciende el próximo año a 2.9% del PIB o cerca de $20.5 billones, número que dista bastante de los casi 41 billones que se han anunciado”. Dicho de otra manera, al sumar peras con manzanas se está magnificando el monto destinado a la “inversión”, cuando la cifra depurada del mismo apenas sí es equivalente al monto destinado a la inversión en el presupuesto de 2012, es decir con un crecimiento de cero pollito! Este, entonces, no será el presupuesto “de las inversiones tan importantes que se van a hacer en infraestructura y transporte”, como lo anunció el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y tampoco será “un presupuesto por la superación del atraso en materia de infraestructura”
Ello, además de insólito resulta inexplicable en un país carente de infraestructura, sobre todo de cara a los retos que le imponen al país en cúmulo de tratados de libre comercio que viene negociando el país. Cifras conocidas recientemente sobre el deplorable estado de la competitividad del país dan cuenta de que “Colombia es el cangrejo de la competitividad”. Según el más reciente Informe del Foro Económico Mundial (FEM), pasamos del puesto 68 al 69 en el ranking de competitividad y en infraestructura de transporte particularmente se sitúa en el 114, entre 144 países. 

“INVERSIÓN” QUE NO ES INVERSIÓN

REPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS                            $6.5 BILLONES 
UNIFICACIÓN DEL POS                                                            $3.6    “   “    “ 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA                         $2.3    “   “    “
FAMILIAS EN ACCIÓN                                                              $1.5    “   “    “

Y de contera, la administración Santos, cuyo paradigma es El buen gobierno, si por algo se ha caracterizado es por la pésima capacidad de ejecución de los recursos de inversión. El problema en los últimos años no ha sido de falta de recursos sino de incapacidad para gestionarlos, amén del freno de mano que ha significado la contracción del gasto en el vano intento de contener la revaluación del peso frente al dólar. El caso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), de los cuales echó mano a través del Acto legislativo 05 de 2011, es patético, sólo a partir del mes de septiembre de este año en volandas se empezaron a mover los órganos colegiados de administración y decisión (OCADs) se apercibieron de aprobar los primeros proyectos que se financiarán con tales recursos. Por ello, me temo que terminemos el año con una ínfima ejecución de los $6 billones asignados ya sea como participación directa o los correspondientes a los fondos que hacen parte del SGR.


Como lo denuncia el columnista Mauricio Vargas, “el índice de ejecución física (la ejecución real de los proyectos de inversión) que mide el propio Gobierno presenta algunos ejemplos de llorar: el Fondo de Adaptación, encargado de las obras postemporada invernal para mitigar el cambio climático, llevaba a 30 de septiembre, con un 75% del año transcurrido, una ejecución física de sus proyectos de 0%, mientras más de un billón de pesos que le asignó el presupuesto sigue guardado en los bancos; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales también va en el 0%; el Inpec, en el 1% -por eso las cárceles andan tan mal-; Colciencias -¿se acuerdan de la locomotora tecnológica?-, en el 4,8%; el Ministerio de Minas, en el 8,9%; el Incoder, entidad clave de la estrategia del Gobierno, en el 9,7%; y el conjunto del sector agropecuario, apenas en el 20%”. Más claro no canta un gallo!

Bogotá, octubre 29 de 2012

MÁS Y MÁS CENTRALIZACIÓN

SE VIOLA LA CARTA


Ya habíamos alertado sobre el nuevo atentado en contra de la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales consagrada en la Constitución Política que se estaba fraguando entre bastidores por parte del Gobierno y su bancada en el Congreso de la República. En efecto, fue aprobado en primera vuelta del proyecto de ley 130 Senado y 158 Cámara de Representantes el esperpento a través del cual se dispone que “los proyectos de inversión susceptibles de financiación por los fondos de Desarrollo Regional (FDR) y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), para su aprobación deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional…Así mismo…los proyectos susceptibles de financiación con cargo al 60% del Fondo de Compensación Regional (FCR) deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional”. Sólo le resta su aprobación en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes a este engendro.


Cuando nos atrevimos a plantear que con el nuevo Sistema General de Regalías (SGR) el Gobierno central había quedado con la sartén por el mango, no lo decíamos a humo de paja, dado que a través del DNP además de tener la Secretaría del óprgano Rector del SGR, la administración del Banco de proyectos y la viabilización de los mismos y, como si fuera poco quedó también en sus manos el Sistema de Monitoreo, Vigilancia, Control y Evaluación (SMVCE) de la ejecución de los recursos de los fondos que hacen parte del mismo, con poder sancionatorio. Pero, ahora, no contento con ello, pretenden que los delegados del Gobierno central en los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) tengan poder de veto.


Pero, bien se ha dicho que una mala causa empeora cuando se la trata de defender. Afirmó el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, sin ambages, que si la ley es aprobada por el Congreso “no se podrá aprobar un proyecto sin el visto bueno del gobierno Nacional en los OCAD”. Y se apresura a aclarar que “no se trata de centralismo, se trata de consensuar…Se requiere que el Gobierno esté de acuerdo”. Al paso que vamos terminarán dándole la razón al ex ministro Rudolf Hommes, quien sostiene con todo el desparpajo del que es capaz que “el control central fortalece la descentralización”. Según el Ministro Cárdenas con esta medida se busca que los recursos provenientes de las regalías no se despilfarren, que no se vuelva a financiar con ellos piscinas con olas. Este fue el mismo caballito de batalla sobre el cual cabalgó el Gobierno para arrebatarle las regalías a los departamentos y municipios productores y portuarios que las venían recibiendo en forma directa, ahora se trata de quitarle su manejo a todos los departamentos y municipios del país a los cuales se les asignó a través de subcuentas en los distintos fondos la mermelada esparcida por el ex ministro Echeverri “en toda la tostada nacional”. A todas estas, en dónde quedó su promesa de que él podía “escribir sobre una piedra que no se van a centralizar las regalías”?. La misma que exhibió ante los periodistas a su salida de la plenaria del Senado de la República después que obtuvo la aprobación de la Ley 1530 de 2012, reglamentaria del Acto legislativo 05 de 2011.


EL MANIQUEISMO
El mensaje implícito en la declaración del Ministro Cárdenas es que si se deja en manos de sus verdaderos titulares los recursos del SGR el poder de decisión sobre la destinación de los mismos hay un alto riesgo de corrupción, no así si es el Gobierno central el que se impone a la hora de determinar la viabilidad de los proyectos susceptibles de financiar con tales recursos. Cabe preguntarse en dónde queda el voto programático y el cumplimiento del mismo por parte de gobernadores y alcaldes que fueron elegidos para honrar su cumplimiento. Esta actitud maniquea por parte del Gobierno central olvida sórdidos episodios por parte del DNP cuando tuvo en sus manos el manejo del Fondo Nacional de Regalías (FNR).


Se habla mucho de las piscinas con olas, pero como en casa de ahorcado no se menciona la soga se le pone sordina al escandalo que rodeó el giro por parte del FNR a la Alcaldía de Valledupar con destino a la construcción del Parque de la Leyenda Vallenata. Fueron $15.000 millones que se desviaron en su destinación para fines ajenos a los prescritos por la Constitución y la Ley; de estos recursos todavía andan embolatados más de $1.360 millones que nunca se ejecutaron. El protagonista de este embrollo judicial es nada menos que el DNP. Casos como este, en donde los malos manejos involucran a funcionarios del Gobierno central, abundan como la verdolaga. Ello me ha llevado a aseverar, sin lugar a equivocarme, que en este país hasta la corrupción está centralizada. Me temo que el poder de veto del Gobierno en los OCAD se convierta en un medio de domesticación del Congreso por parte del ejecutivo y los recursos del SGR terminen convertidos en los execrados cupos indicativos, modalidad criolla del anglosajón barril de los puercos, fuente del clientelismo y de la corrupción, que vino a reemplazar los tristemente célebres auxilios parlamentarios.


EL EXTRAÑO MUNDO DE SUBUSO


Pero, mientras esto ocurría en el penumbroso Capitolio Nacional, desde Paris llegaba a los medios un despacho de prensa dando cuenta del gran anuncio que hizo el Director del DNP Mauricio Sanramaría ante la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según él “debido al nuevo Sistema General de Regalías, el Índice Gini (que mide la desigualdad) cayó 53 puntos (¡!), lo que beneficia a los municipios más pobres”. Este es un verdadero prodigio, pues con el sólo anuncio de la inversión de los $6 billones presupuestados para este año, la desigualdad interregional desaparecio como por arte de birlibirloque, se espantó. A estas alturas, cuando el año está tocando a su fin es cuando se están aprobando los primeros proyectos en volandas a través de los OCAD, que han resultado paquidermos y remolones. Pero, una cosa es que se aprueben esos proyectos y otra cosa es la ejecución de los mismos, por lo que nos atrevemos a decir que aún no se ha girado un solo peso y ya bajó la desigualdad dramáticamente. Ello no deja de ser una ironía en momentos en que el Gobierno central, de un manotazo, les quita el control y manejo a las entidades territoriales tales recursos, que por ministerio de la propia Constitución les pertenece. Ciertamente estamos en el extraño mundo de subuso regido por el Gobierno de los anuncios.

Bogotá, diciembre 4 de 2012
www.amylkaracosta.net

 

EL PRECIPICIO FISCAL

EL DÉFICIT FISCAL ES ESTRUCTURAL
A semejanza del temido precipicio fiscal en EEUU, que puede precipitar a la primera potencia económica del mundo a una nueva recesión, Colombia se vería abocada más pronto que tarde a una encrucijada parecida por cuenta de una política fiscal improvidente e imprevisible. Y no decimos esto a humo de paja ni queremos ser agoreros de desastres, simple y llanamente queremos alertar sobre la gran crisis fiscal que se viene incubando, en donde el Gobierno central es el mayor responsable. El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, en defensa de su proyecto de reforma tributaria insiste una y otra vez que el Gobierno no aspira a obtener a través de ella mayores recaudos y por ende su efecto neto sería neutro. Aunque prima facie ello resulta plausible, a mediano y largo plazo se puede convertir en una trampa mortal.


El eufórico Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega se ufana de los niveles de recaudo del año anterior, que bordeó los $84 billones (13.6% del PIB) y aspira cerrar este año en $100 billones. La autocomplacencia no puede ser mayor, pero aparte de que dicho mayor recaudo responde a la coyuntura de estos últimos años, aupada por el boom minero-energético, que no es perdurable, dicho recaudo resulta insuficiente para cerrar la brecha entre ingreso tributario y el gasto total de largo plazo. Como lo sostiene el Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega “se está recaudando el 14% del PIB en el mejor escenario, mientras que Brasil paga el 34% del PIB”. Esta carga impositiva está por debajo del promedio de América Latina, que se sitúa en el 17.1% y es el segundo más bajo entre las principales economías de la región, después de Venezuela. Y ello obedece en gran medida a la proliferación de beneficios tributarios que erosionan la base impositiva.


Como lo plantea un estudio reciente elaborado por expertos para la Contraloría General de la República, “el aumento del recaudo durante el periodo 1990-2011 no ha permitido cerrar la brecha para atender el gasto primario (gasto total sin intereses de la deuda) y, mucho menos, el gasto total. Las finanzas públicas presentan un déficit estructural desde hace varios años que alcanza un valor cercano al 4,5% del PIB, mientras que la economía está creciendo a ritmos superiores o cercanos al de su nivel potencial. Los limitados recursos no permiten que el Estado Colombiano cumpla cabalmente con las responsabilidades de Gasto Público. Las deficiencias en infraestructura (básica, tecnológica y científica), por ejemplo, aunadas a las relacionadas con la estructura institucional y la legislación empresarial, y otras propias del sector empresarial, provocaron, entre 2011 y 2012, un descenso de 6 puntos en el escalafón de competitividad, lo que dejó a Colombia en situación muy precaria: en la posición 52 entre 59 países”.


En tales circunstancias, seguir por la misma senda de “disminuir la presión tributaria sobre las empresas” y “un alivio a la inversión” dizque para “generar más empleo” no conduce a otra parte distinta que a la reducción de la productividad del sistema impositivo aplicable a las empresas que son las mayores beneficiarias del gasto tributario. Según reciente estudio del Banco Mundial éste tiene un peso del 4.5% del PIB, del cual 2.1 puntos corresponden al IVA y 2.4 puntos a renta, especialmente de las empresas. No es fortuito, entonces, el hecho que revela el estudio in comento: la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta de las empresas, que es la que realmente cuenta,  oscila entre el 3% y el 5%, lo que es una barbaridad.  Con razón “la productividad del impuesto de renta de las Personas Naturales es casi cuatro veces superior a la de las Personas Jurídicas”. Y es eso lo que se pretende con la reforma tributaria que se tramite en el Congreso de la República al buscar la  eliminación de las mal llamadas “cargas” parafiscales a las empresas, con las cuales se financian el SENA y el ICBF y de contera bajándole el impuesto de renta a las empresas del 33% al 25%.

LAS CUENTAS NO CUADRAN
Claro que se alega por parte del Gobierno que si bien es cierto se le baja el impuesto de renta a las empresas, estas ahora tendrían que pagar un nuevo impuesto, el denominado Contribución sobre la Renta Empresarial para la Equidad (CREE) del 8%, cuyo producido por cada punto porcentual sería a lo sumo, según el Gobierno, un 20% mayor, aproximadamente. No obstante, según las cuentas del estudio contratado por la Contraloría General de la República al bajar la tarifa nominal del impuesto de renta del 33% al 25% “el recaudo pasaría de $19.4 billones a cerca de $14.8 billones, es decir una diferencia de $4.6 billones que va a dejar de percibir la Nación. Lo que aunado a la eliminación de los parafiscales del SENA e ICBF y la contribución de salud, le significarían al Gobierno nacional un costo fiscal cercano a los $12 billones, que en nada van a contribuir a mejorar la productividad del impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas, que ya de por si es bastante baja (0,15)”. Esta suma se compensa en parte con los $6 billones que se espera recaudar por concepto del CREE, “obteniéndose una pérdida neta para la Nación y consecuentemente una ganancia para las empresas – personas jurídicas – cercana a los $6.3 billones. En consecuencia, se agudizaría el déficit de la Nación y se podría agudizar la inequidad de la estructura tributaria a favor de las personas jurídicas con mayores ingresos, entre otras consecuencias”. Pero, como se ha dicho que esta reforma es neutra, que con ella no se busca mayores recaudos, este descalce se tiene que corregir de alguna manera y esta no es otra que los mayores recaudos con la reforma del IVA y la creación de dos nuevos impuestos, el Impuesto Mínimo alternativo Nacional (IMAN) y el que gravaría el consumo. Pero sobre quién recaerían estos mayores tributos? La respuesta es sobre los ingresos por concepto de sueldos, salarios y honorarios de las personas naturales, porque aquellos provenientes de las rentas de capital, como los dividendos, seguirán exentos.


Se aduce, sin mayores argumentos, por parte del Gobierno que con la propuesta de reemplazar los parafiscales por el nuevo impuesto CREE el SENA y el ICBF saldrán fortalecidos. Supuestamente, recibirán “en el caso del ICBF $300.000 millones más; para el SENA $450.000 millones adicionales y para la salud $503.000 millones”. Pero, tales proyecciones están hechas sobre la base de un crecimiento de la economía del 4.8% que no se va a dar y una sobreestimación de los ingresos provenientes del sector minero – energético. La Junta directiva del Banco de la República en su última reunión llegó a la conclusión que debido a factores internos y externos, como son la baja de la demanda y la crisis de la economía global han repercutido en un menor crecimiento de las exportaciones y una caída de la producción de la industria nacional. Por ello, revisaron a la baja su proyección del crecimiento del PIB para este año, “con 4.3% como la cifra más probable”. Y ello, como es apenas lógico arrastra hacia la baja las utilidades que son la base gravable del CREE.

LA APUESTA POR EL SECTOR M - E
Se aduce también por parte del Ministro de Hacienda que “tenemos sectores que crecen mucho, pero que no generan empleo” refiriéndose al sector minero – hidrocarburífero, para señalar que “quienes tienen más utilidades son las empresas minero – energéticas, que generan poco empleo” y se trata justamente de gravar las utilidades con el CREE, pero al mismo tiempo que se les exime de pagar los aportes y contribuciones aludidos. Es más, a juicio del Ministro “es más equitativo gravar las utilidades que gravar el empleo, y que paguen las compañías o sectores que han tenido éxito financiero, pero que no generan muchos empleos, como es el caso de las compañías mineras”. Basar las expectativas de los mayores ingresos en sectores como el minero – energético, caracterizado por su gran vulnerabilidad y por la gran volatilidad de los precios de los productos básicos, como son el petróleo y el carbón, generan una gran incertidumbre en cuanto a los ingresos que se esperan del mismo. Como lo sostiene el gurú de la economía Jeffrey Sachs, “no crean que los precios altos del petróleo, el carbón u otros productos van a ser permanentes”.


De hecho el boom minero – energético ya ha perdido mucha de su fuerza e impulso y se encuentra en este momento en su cuarto menguante. A guisa de ejemplo, digamos que en el caso del carbón en los últimos dos años el precio internacional de una tonelada cayó el 50%, al pasar de US $150 la tonelada a sólo US $80. El caso del petróleo es patético, el Gobierno asume que su precio promedio para el año entrante será de US $101, en momentos que la tendencia es hacia la baja. Pues bien, por cada dólar que pierda el precio por debajo de dicha cotización los ingresos fiscales del Gobierno se reducirán en $302.000 millones (¡!). De hecho este año no se va a poder cumplir con las metas de exportaciones ni de petróleo ni de carbón, porque el mercado se está contrayendo. Si se quiere que estos sectores contribuyan en mayor medida al desarrollo del país porque más bien no se revisa la tarifa efectiva de impuestos a la renta que vienen pagando así como la de las regalías, para mejorar de esta manera los ingresos que recibe la nación y las entidades territoriales como government take. Por que mientras se den situaciones tan aberrantes como la deducción del impuesto de renta lo que pagan por concepto de regalías este seguirá siendo exiguo.  

EL EFECTO SOBRE EL SGP
Además, como ya tuvimos oportunidad de plantearlo, al bajar el impuesto a la renta de las empresas del 33% al 25% y crear el nuevo impuesto del CREE del 8% se afectan los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Ello, en cuanto a que en la medida en que el recaudo del CREE tiene destinación específica deja de ser de libre destinación. En un principio, el Gobierno lo negó y manifestó que esta afirmación era parte de la desinformación por parte de los críticos del proyecto; pero, a la postre, aceptó que sí le restaba recursos muy importantes al SGP, cuyos recursos tienen como destinación específica la salud, la educación y el saneamiento básico en las entidades territoriales. Y reiteramos que con ello se estaría abriendo un hueco para tapar otro. 
En respuesta a estos cuestionamientos y ante la presión de congresistas, gobernadores y alcaldes que no tragan entero, se propuso por parte del Gobierno una fórmula que está contenida en el parágrafo 6 del artículo 28 de los 192 con que fue radicada finalmente la ponencia. En el mismo se establece claramente que “a partir del 1º de enero de 2017, la suma equivalente al ochenta por ciento (80%) del recaudo anual del impuesto para la equidad CREE hará parte de la base de cálculo de liquidación del Sistema General de Participaciones”. Pero la Constitución Política dice otra cosa diferente: “se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante  los cuatro (4) años anteriores, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución”. Y dado que esta norma es de rango constitucional, no se puede cambiar a través de la Ley. Además, se deja en claro en el Parágrafo 6 del mismo artículo que  “lo anterior no implica la transferencia de este impuesto a las entidades territoriales, ni el desconocimiento de su destinación específica, la cual se cumplirá en los términos de la presente ley”. Es decir, el recaudo del CREE se tendrá en cuenta sólo para calcular el monto de las transferencias a través del SGP. Cabe, entonces, preguntarse con qué recursos se podrá suplir aquellos que dejan de estar en la base de los ingresos corrientes para hacer efectivas dichas transferencias a las entidades territoriales. 
Pero, lo más grave está en el inciso segundo del Parágrafo 5 del artículo 28, cuando dice a la letra que “el nuevo impuesto para la equidad CREE no formará parte de la base para la liquidación del Sistema General de Participaciones de que tratan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Como es bien sabido, según los cálculos del Gobierno entre los años 2013, 2014, 2015 y 2016, que son los que servirán de base para el cálculo de liquidación del SGP, se reducirán los recaudos por concepto del impuesto de renta a las empresas entre $8 billones y $10.9 billones. Es decir que “los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores” no sólo no van a crecer sino que van a tener una caída estruendosa. Nadie explica de dónde van a salir los recursos para suplir los que se le van a sustraer al SGP al pasar el impuesto a la renta de las empresas del 33% al 25%. De esta manera se va agrandando el hueco fiscal de las finanzas del Gobierno central, que se verá a gatas para cumplir con sus erogaciones. 



DE FALACIAS Y MENTIRAS
Por ello me parece muy puesta en razón la conclusión del estudio de la Contraloría general, en el sentido que “el desmonte de los aportes a ICBF, SENA y salud van a ser financiados por el nuevo impuesto CREE. Aunque la base gravable es un tanto diferente al impuesto a la renta, al igual que éste depende finalmente de las utilidades, y queda vinculado al ciclo de la actividad económica, lo que genera un alto riesgo fiscal en la medida en que ante una caída del producto, la financiación de dichas instituciones dependerá en gran parte del presupuesto general, el cual se verá afectado a su vez por la caída o el menor crecimiento de los ingresos tributarios”. Se sigue de lo anterior que “la tendencia sería entonces a un aumento del déficit del Gobierno Nacional y a un incremento de la deuda en época recesiva. Si a esto se añade que el Gobierno debe actuar bajo el marco de la regla fiscal, que le limita la capacidad de aumentar el gasto más allá de cierto límite, la financiación de estas entidades puede entrar en conflicto con otras partidas presupuestales”. En tales condiciones que asidero pueden tener las palabras del Presidente Santos cuando plantea, refiriéndose al SENA y al ICBF, “una salvaguarda que les garantiza a estas entidades unos recursos mínimos para que sus presupuestos crezcan cada año al menos dos puntos por encima de la inflación”.


Extrañamente, después que el Presidente Santos en campaña fue tan categórico en afirmar que “creo que no se deben desmontar los parafiscales, porque cuando hace el análisis costo – beneficio sobre esa decisión, resulta que el beneficio es mucho menor que el costo”, ahora está proponiendo su eliminación. Y ante la pregunta de si los parafiscales eran un obstáculo para la creación de empleo, su respuesta fue un rotundo “no creo”, para afirmar ahora como Presidente que esta decisión “permitirá a las empresas, especialmente en sectores como confecciones, banano, café y flores, crear empleos formales y dignos”. Con razón la política y los políticos se han desprestigiado tanto, porque prometen una cosa y hacen otra; bien se ha dicho a este propósito que se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa.


No se pueden descalificar como “mentiras y falacias” al Banco Mundial, cuando asevera que “una reducción generalizada del impuesto constituiría un instrumento particularmente desfavorable para incrementar el empleo formal desde una perspectiva costo – beneficio”. Como lo acota el profesor Stefano Farné, Director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia, “esta no fue la única indicación del Banco Mundial desatendida por el Ministerio de Hacienda. El mencionado informe alerta que usar las solas elasticidades empleo – costos laborales (el porcentaje en que aumenta el empleo cuando disminuye el costo laboral) para estimar el efecto ocupacional de una rebaja en los impuestos al trabajo es incorrecto, porque sobreestima su verdadero impacto”. Además, no pasa de ser un sofisma la afirmación del ministro en el sentido que de lo que se trata es de “que es más equitativo gravar las utilidades que gravar el empleo”, como si se tratara de establecer un gravamen adicional o complementario al que ya venían pagando las empresas, cuando la realidad es que el 8% del nuevo impuesto CREE se escinde del 33% que vienen pagando por impuesto de renta para quedar en el 25%.


EL ARBOLITO DE NAVIDAD
En medio del aquelarre en que se ha convertido la recta final del trámite de esta reforma en el Congreso han abundado las propuestas de toda índole, las que se le han ido colgando al texto de la ponencia convirtiéndola en una especie de arbolito de navidad. Nada ni nadie quiere quedarse por fuera y, como en río revuelto ganancia de pescadores, vaya uno a saber cuántos simios no se han colado y por ello crece la preocupación tanto entre los congresistas como en el seno del mismo Gobierno, no vaya a ser que se repita el triste episodio de la defenestrada reforma a la Justicia. En medio de este síndrome, la amenaza en ciernes que habíamos denunciado de echarle mano también a los recursos de las cajas de compensación familiar se tradujo en una propuesta que ya está en el articulado de quitarle uno de cuatro puntos porcentuales, esto es el 25% de sus recursos, para destinarlo a la financiación de las universidades públicas. Aunque el objetivo es loable el medio es vitando; por qué más bien no se propone un impuesto del 4% sobre los dividendos, como lo había propuesto el ex ministro Juan Carlos Echeverri y ahí sí un punto o dos del recaudo por dicho concepto se le da dicha destinación. O por qué no restablecer el impuesto del 7% a la remesa de utilidades y con cargo a tales recursos contribuir a la financiación de la Universidad pública. Es bueno recordarles a los parlamentarios y al Gobierno que las cajas de compensación cumplen una función social de la mayor importancia. Se trata, nada menos, que de la atención integral a la niñez, la educación, la jornada escolar complementaria y la recreación. Y a quienes priven en su primera infancia y en su adolescencia de tales servicios jamás podrán pisar una universidad pública ni privada. Piénselo bien, antes de dar al traste con una institución benemérita y de amplio reconocimiento en el país nacional.


Es deplorable que el recinto del Congreso no hubiera servido para que se adelantara un debate a fondo sobre el contenido de esta reforma, que sólo el lunes a altas horas de la noche se radicara la ponencia, cuya aprobación se intentó ferrocarrilear sin éxito y estuvo a punto de hundirse el día de ayer. El debate, si así puede llamarse, se ha dado es en la Casa de Nariño sentados a manteles los congresistas con el alto gobierno, a espaldas del país. Qué diferencia entre el debate que se escenifica en EEUU en torno a los riesgos del precipicio fiscal entre demócratas y republicanos, en donde salen a relucir las posiciones ideológicas de uno y otro partido en torno a la que debe ser la política fiscal. Desafortunadamente en Colombia el adocenamiento doctrinario de la mayoría de los partidos ha terminado por convertirlos en simples agencias de avales y quienes los representan coinciden con Revel en la creencia de que las ideologías son simples señales de tránsito. 

CONCLUSIONES

¬    Contrariamente a los anuncios que se hicieron cuando se habló por primera vez por parte del Gobierno de una reforma tributario, en el sentido de que se trataba de simplificar el Estatuto tributario, de aprobarse el texto que se discute este será mucho más farragoso y confuso, lo cual contribuye a estimular la evasión y la elusión tributaria en desmedro del fisco. 
¬    La neutralidad que se predica de esta reforma lejos de ser una virtud de la misma es su talón de Aquiles, pues en la práctica lo que se daría con ella es una recomposición de la carga impositiva a favor de las rentas de capital y en detrimento de las rentas de trabajo. Adicionalmente, en la medida que no se aumentan los recaudos persistirá la brecha con respecto al gasto público, lo cual se traduce en la continuidad de un déficit fiscal estructural del Gobierno central. Este no se corregirá, mientras se mantenga el cúmulo de gabelas impositivas, que no se tocan en este proyecto de reforma, las cuales perforan la base impositiva convirtiéndola en una especie de queso gruyere.


¬    Como los sostiene el estudio de la Contraloría general de la República, esta propuesta de reforma está muy lejos de promover una mayor equidad en la tributación y la mejora en la distribución del ingreso, medida por el coeficiente Gini, es ínfima. Seguiremos con un Estatuto tributario que no se ciñe a “los principios de equidad, eficiencia y progresividad” consagrados en la Carta. 
¬    Preocupa sobremanera la suerte del SENA, el ICBF y del Sistema de Seguridad Social en Salud, porque, de cambiarse la fuente de su financiación como lo propone el Gobierno, la misma estaría dependiendo del ciclo económico y de los altibajos del crecimiento del PIB. Y no es ninguna garantía la “salvaguarda” del presupuesto, pues es bien sabido que este siempre vive desfinanciado y en últimas sus recursos estarían supeditados al “espacio fiscal” que encuentren en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que expide cada año el Consejo de Política Fiscal (CONFIS) del Ministerio de Hacienda, instrumento este que obedece a su vez a la Ley que estableció la Regla fiscal. 
¬    Y de paso, al sustraerle al impuesto a la renta de las empresas el 8% del nuevo impuesto CREE y quedar el mismo en 25% se afectará al Sistema General de Participaciones (SGP), con los cual se verán menguados sus recursos, los cuales tienen como destinación específica la salud, la educación y el saneamiento básico. En fin, se estaría abandonando lo cierto, que son los recursos parafiscales y la cotización en salud con cargo a la nómina por lo dudoso de este nuevo impuesto. Este sería un salto al vacío.


¬    El Gobierno ha respondido a la academia, a los analistas e investigadores que se han ocupado de su propuesta de reforma y han opinado sobre la misma con cajas destempladas. No se refutan los argumentos con argumentos sino con la descalificación de quienes se atreven a disentir de la opinión del Gobierno. El disenso para el Gobierno son “falacias” y “mentiras” y quien expresa un punto de vista que no comparten, para ellos se está desinformando. Al parecer el Gobierno tiene la verdad revelada, que por serla no necesita demostración. Bien dijo el pensador ibérico José Ortega y Gasset que “la verdad oficial es la administración prudente de la falsedad”.


¬    Por todo ello y mucho más, coincidimos con la recomendación del estudio de la Contraloría General de la República, en el sentido que “como consecuencia de los severos cuestionamientos a los que está sujeto el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno nacional en términos del propósito de avanzar hacia una mayor presión tributaria efectiva y a una mayor equidad, progresividad y eficiencia de la estructura tributaria del país, la Contraloría General de la República considera que no sería prudente ni conveniente que se tramitara el proyecto en lo que resta de la presente legislatura, sino más bien que se aplazara su tramitación a la próxima legislatura para dar la oportunidad de tener un debate más amplio en círculos académicos, en el Gobierno y en el mismo Congreso de la República, y por supuesto en la opinión pública, como condición indispensable para acertar con una reforma tributaria que aporte en el proceso de construcción de una sociedad más democrática e incluyente”. 

Bogotá, diciembre 13 de 2012
www.amylkaracosta.net

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