Después de una larga espera, después de muchos ires y venires, vueltas y revueltas, fue expedida la Ley 1962 de 2019, de fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación (RAP) y, lo que es más importante, ella allana el camino para avanzar hacia la constitución de las regiones como entidades territoriales (RET), al desactivar el freno de mano que se le puso, irónicamente, en la Ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT) , que quiso esquivarla.
DÉBIL CRECIMIENTO FRENA LA GENERACIÓN DE EMPLEO
El Presidente Iván Duque había dicho durante su campaña que “las empresas están asfixiadas con tanta carga tributaria…debemos bajar impuestos para que puedan generar más y mejor empleo” . Luego, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla haciendo eco a estas palabras sostuvo que el sistema tributario “es muy agresivo con las empresas formales” . Y fue más allá, diciendo que “tenemos una estructura tributaria que castiga severamente la competitividad, la formalidad, el empleo y el emprendimiento y, por lo tanto, el crecimiento a mediano plazo de la economía. Tenemos que arreglar ese problema” .
UNA MISMA REALIDAD: DOS PUNTOS DE VISTA
Después del repunte del crecimiento de la economía en el 2018 con respecto al año anterior, al registrar un crecimiento de 2.7%, 1.3 puntos porcentuales más alto , se auguraba que el mismo se sostendría y de allí que se plantearan metas mucho más elevadas de crecimiento del PIB para el 2019. El vaticinio de FEDESARROLLO rondaba el 3.3%, la firma comisionista Alianza lo estimaba entre 3% y 3.4%, mientras que ANIF pronosticó un crecimiento del 3.3% y la previsión del Banco de la República 3.5%. Entre tanto, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, con el optimismo panglossiano que lo caracteriza, le apostó a una meta aún más elevada, el 3.6%.
Ciertamente las reservas probadas de crudo que venían en caida libre desde el 2011, la misma tocó fondo en 2016 situándose en los 1.665 millones de barriles, justo cuando el desplome de los precios, desde junio de 2014, fué mayor . En el 2017 se incrementaron el 7% las reservas de crudo con respecto a 2016, ubicándose en 1.782 millones de barriles, pasando el coficiente de reservas/producción de 5.1 a 5.7. En el 2018, una vez más, las reservas de crudo se incrementaron el 9.9%, por cada barril extraido de las reservas se repusieron 1.56, alcanzando los 1.958 millones de barriles y un coeficiente de reservas/producción de 6.2. Y ello, no obstante que en el 2018 se incremento 1.3% la producción, pasando de 312 millones a 316 millones de barriles de crudo.
Muchas criticas ha recibido el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el cuatrienio Duque (2018 – 2022), por lo extenso (originalmente con 183 artículos y la Ponencia para segunda debate ya cuenta con 309), por lo farragoso, por la inconsistencia de las Bases del Plan (con 945 páginas) con el Plan mismo, convertido en una especie de poutpurri, por la profusión y variedad de temas abordados. Se habla de micos y orangutanes emboscados en su texto, algunos ya identificados y otros bajo sospecha, mientras la cacería de los mismos sigue.
LA PESADILLA DE ELECTRICARIBE
Pido la palabra, en esta ocasión para terciar en la controversia que ha suscitado el anuncio del gobierno nacional de reanudar el proceso para reemplazar a ELECTRICARIBE como operadora de la red de distribución de energía eléctrica a 2.6 millones de usuarios en 7 departamentos del Caribe colombiano, que representan el 23.9% de la demanda nacional, 16.534 de los 69.081 GWH del consumo total del país. De allí la importancia que reviste encarar con prontitud y celeridad la acuciante situación planteada para sus usuarios por la inoperancia de la empresa que les presta el servicio de energía, tanto más en cuanto que de llegar a colapsar el efecto dominó provocaría una falla sistémica que comprometería el funcionamiento de todo el sistema eléctrico del país.
A propósito del día de la mujer, escribió la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena que en dicha entidad se tiene “la convicción de que la desigualdad de género además de ser injusta, es profundamente ineficiente, es un obstáculo que conspira para alcanzar el desarrollo sostenible”. Como advierte ella misma esa es la realidad palpable en Latinoamérica y el Caribe y Colombia no escapa a ella.
Esta semana fue prolífica en buenas noticias, de las que fue portador el sector energético, las que, no obstante, se vieron opacadas por el efecto mediático de los anuncios por parte de la Fiscalía General de la imputación de cargos por presuntas irregularidades en la contratación y adjudicación de las obras de Hidroituango, consideradas por el ente investigador como el pecado original que se cometió en este megaproyecto.
El DANE acaba de revelar su reporte del crecimiento del PIB en el año 2018 y su registro del 2.7% muestra un importante repunte con relación al año 2017, que fue del 1.4%, prácticamente lo duplicó. Como es bien sabido, la economía colombiana pasó por un largo período de letargo durante los cuales la tasa de crecimiento del PIB venía en caída libre, a consecuencia del reflujo del boom minero-energético y la consiguiente caída de los precios del petróleo, el carbón, el oro y el ferroníquel, especialmente. En efecto, durante los últimos tres años el crecimiento del PIB se deslizó desde el 4.9% en 2013 hasta tocar fondo en 2017, cuando gracias al efecto rebote y al mejor desempeño del sector manufacturero, especialmente, dicha tendencia se revirtió el año anterior.
Las autoridades de Medellín y Bogotá se han visto precisados este mes a decretar la alerta por los niveles críticos de contaminación del medioambiente, que ponen en riesgo la salud de sus moradores, disponiendo el pico y placa ambiental. Y no es para menos, pues la Resolución 2254 de 2017, que regula la calidad del aire, establece que cuando la concentración de material particulado 2.5 sobrepase los 55 microgramos por metro cuadrado (ug/M3) se debe decretar la alerta amarilla. Y ambas capitales, una vez más , se han pasado de la raya.
