Apr 19, 2021 Last Updated 8:27 PM, Mar 30, 2021

Alistan compensación a regiones productoras que vieron mermar regalías

Domingo 2 de marzo de 2014

EL REPORTAJE DE YAMID

Ministro de Minas y Energía dice que el Gobierno es consciente de malestar en algunos departamentos.

Transparencia. Esa será la prioridad máxima del Ministerio de Minas y Energía en el manejo de las regalías. El ministro del ramo, Amylkar Acosta, revela que Colombia adherirá a la iniciativa por la transparencia de la industria extractiva (Eiti, por sus siglas en inglés) un organismo de Naciones Unidas inspirado en el exprimer ministro inglés, Tony Blair. Se trata de una auditoría internacional a las empresas que extraen hidrocarburos y minerales, a los municipios y a los departamentos, para tener información sobre todos los pagos. Esta información será de libre acceso al ciudadano.

Acosta también reconoce que hay malestar en las regiones productoras de hidrocarburos y minerales por las rebajas en la recepción de regalías. Anuncia que habrá medidas compensatorias. Por otra parte, dice que 96 bloques para exploración de petróleo y gas metano saldrán a licitación. Mínimo, el Estado recaudará 2.600 millones de dólares.

¿Cómo va el tema de las regalías?

Con el nuevo sistema de regalías se presentaron muchos traumatismos; lentitud en el flujo de recursos, que se ha venido superando. Con la redistribución de las regalías que se hizo con las reformas, municipios y departamentos productores se vieron afectados al ver menguados sus ingresos por regalías. De allí el descontento y la inconformidad en las regiones en donde operan las empresas que extraen los recursos mineros y de hidrocarburos. En el Gobierno somos conscientes de eso y estamos explorando alternativas para que se les pueda compensar en alguna medida.

¿Y cuál es el mecanismo que estudian?

El presidente Santos considera que es apenas justo que se busque esa compensación. Cómo y de qué manera es algo que tiene que concertarse.

¿Pero habrá compensación?

Tiene que haberla. Si no, se pondrá en riesgo la viabilidad misma de los proyectos.

¿Por qué?

Porque el malestar que se está viviendo en las regiones productoras se manifiesta ya a través de paros y bloqueos, con tutelas y demandas, como la que cursa en la Corte Constitucional, que pide inexequibilidad del artículo 37 de la Ley 685 de 2001. Si este artículo se cae, serían los departamentos y municipios, y no la Nación, los competentes para determinar en donde se puede hacer la actividad minera y en donde no, lo cual a poco andar se haría extensiva a la actividad de hidrocarburos. Eso conduciría a virtual parálisis de una y otra, por vía de las consultas populares como las que ya hubo en el municipio de Piedras (Tolima), en contra de la actividad minera, y en Tauramena (Casanare), en contra de la actividad de hidrocarburos.

¿Por qué los departamentos ricos en petróleo y gas, como Putumayo, Arauca, Meta, Vichada, la Guajira, son -paradójicamente- los más pobres?

Si usted superpone el mapa minero o petrolero del país, con el mapa de la pobreza, casi que hay una gran coincidencia. Pero, como decimos en mi tierra, “no tiene nada que ver el caldo con las tajadas”. La razón por la cual justamente en esas regiones es donde hay más pobreza es porque han sido las más relegadas, las más olvidadas por parte de todos los gobiernos. En Colombia hay abismos entre regiones. Esa brecha no solamente no se ha cerrado, sino que se sigue abriendo. En un departamento como el mío, La Guajira, riquísimo en gas y carbón, la pobreza es aterradora, pero de ello no se puede colegir que exista una correlación entre el desarrollo de la actividad minera o hidrocarburífera y la pobreza en las regiones productoras. Esta estaba instalada allí cuando las empresas llegaron y era tal el atraso y el abandono que se requieren muchísimos recursos para superarlos. Además, es verdad que durante muchos años se dilapidó y se desvió gran parte de las regalías recibidas, que se fueron por las cañerías de la corrupción y la inmoralidad administrativa.

¿Y cuál es el remedio?

Demandar de las empresas que asuman con seriedad su responsabilidad social. Ellas requieren para operar de la licencia ambiental, que la expide la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), y cuando hay lugar a la consulta previa con las comunidades, se cuenta para ello con el Ministerio del Interior, que les hace el acompañamiento y les sirve de facilitador. Pero al margen de ellas, se precisa contar con la licencia social. Y no hay instancia de Gobierno que la expida; la licencia social se la tienen que ganar las propias empresas, con sus buenas prácticas ambientales y sociales y con su buen relacionamiento con las comunidades asentadas en el entorno de sus operaciones. Si las empresas no cuentan con la licencia social, los proyectos se pueden tornar inviables. El Cerrejón ha sido ejemplar: a través de sus 4 fundaciones se impuso como paradigma, según León Teicher, su expresidente, “hacer lo máximo posible por las comunidades y no lo mínimo necesario”.

Pero usted habla de la empresa privada. ¿Y el Estado?

Es claro que el Estado no se puede desentender de lo que es su responsabilidad. Y lo debe hacer con toda la batería de programas sociales en beneficio de los más vulnerables. Desde el Ministerio, estamos impulsando encadenamientos productivos en las regionales productoras y promoviendo a los proveedores regionales, como la mejor forma de externalizar los beneficios de las empresas.

¿Cómo proyecta enfrentar la corrupción que existe en minería e hidrocarburos?

Como dijo Vargas Vila, a los topos los mata la luz. Lo mejor que podemos hacer para corregir la opacidad y falta de acceso a la información, además de ganar en transparencia, es haciendo una mejor gestión de la información. Por ello estamos dando pasos conducentes para que Colombia se adhiera a la Iniciativa por la Transparencia de la Industria Extractiva (Eiti, por sus siglas en inglés).

¿En qué consiste?

Tony Blair es el padre de esta iniciativa, la cual fue acogida por las Naciones Unidas. En virtud de ella, todas las empresas extractivas que operen en Colombia deberán reportar su pagos por todo concepto y a quién se le pagan; y los receptores de dichos pagos también deberán revelarlos a un auditor independiente. Dicha información será de libre acceso y estará disponible en la red. 

¿La información quién la suministra?

Las empresas, claro, pero además los municipios, los departamentos y la Nación deberán cargar al sistema la información que se va generando.

¿Hoy no existen auditores?

Absolutamente no. La información es dispersa y de difícil acceso.

¿Quién y cómo contrata este sistema de auditores internacionales?

Nos deberemos ceñir a las estipulaciones y a las reglas del Eiti, que cuenta con sus propios mecanismos de selección de la auditoría, que en todo caso debe ser una firma acreditada internacionalmente. 

¿Desde cuándo se va a contratar?

A partir del momento en que se nos admita. En este caso, al igual que el ingreso de Colombia a la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se deben llevar unos requerimientos y en esas estamos.

¿Ustedes han consultado a la empresa privada?

Claro. Y tenemos que destacar el interés y la disposición que ha mostrado de hacerse participe de esta iniciativa.

¿Hay una fecha fijada ya para adherir?

Estamos vigilando al pie de la letra la hoja de ruta para alcanzar este objetivo. Estimamos que hacia octubre esto sea ya una realidad.

¿Qué quiere decir “califica”? ¿Que confirma que hay corrupción?

No. Que estamos dando los pasos, haciendo méritos, para entrar a hacer parte de este club. Es el caso de la de la plataforma que estamos implementando, con Planeación, la Contraloría y el BID, de un mapa georreferenciado en donde se registran los recursos que ingresan al Sistema General de Regalías (SGR) y a los distintos fondos que hacen parte del mismo. Igualmente, se registra la asignación de los recursos a invertir en los proyectos, así como el nivel de ejecución de estos, de tal manera que el ciudadano pueda disponer de esta información en tiempo real, de tal suerte que sea de dominio público el destino de tales recursos. Con ello, el país está dando muestras de la voluntad política del Gobierno de trabajar en pro de la transparencia, que es lo que busca Eiti.

¿Colombia no tiene suficiente transparencia en hidrocarburos y minería?

Nos falta mucho. Y justamente por ello es que estamos comprometidos a fondo con esta iniciativa. Aquí no puede haber gato encerrado.

¿Acaso hay gato encerrado?

No, Yamid. Todo esto es, precisamente, para que no haya gato encerrado.

Otro tema: ¿en qué consisten los acuerdos con un colega venezolano?

Convinimos en activar un plan candado para frenar el contrabando de combustible.

Pero la gente de La Guajira va a sufrir mucho. ¿Cómo la compensan?

La Guajira no tiene por qué sufrir con esta medida. Además de contener el contrabando, también se implementarán medidas encaminadas a la reconversión laboral de quienes subsisten vendiendo combustibles en pimpinas.

¿Se acaban los pimpineros?

Deberá acabarse con el contrabando y a los pimpineros les ofreceremos alternativas de empleo dignas.

¿Qué es lo que está pasando con Ecopetrol, que caen sus utilidades?

Muy sencillo: el precio de la canasta de crudos que exporta Ecopetrol cayó 5 por ciento en 2013 con respecto al 2012. Adicionalmente, la revaluación del peso también afectó sus ingresos y, como si lo anterior fuera poco, la reforma tributaria le costó un billón de pesos. Pero le tengo buenas noticias del ejercicio del 2013: sus reservas de crudo aumentaron 5 por ciento; el índice de Reposición de las Reservas fue del 139 por ciento y sus ventas también crecieron el 5 por ciento. Y una muy buena noticia para los accionistas: el rendimiento de la acción fue de 7,62, que es excelente.

¿Las concesiones que están por vencer van a revertir al Estado?

Pacific le ha presentado una propuesta a Ecopetrol, la cual es estudiada.

¿A usted le gusta la fórmula?

Aún es muy temprano y me faltan elementos de juicio para tener una opinión formada sobre la misma. Cada día trae su afán.

¿Cómo vamos en materia de exploración de petróleo?

Vamos a subastar 96 nuevos bloques, en todo el país. Apostamos a la exploración costa afuera, en aguas metaprofundas, que van entre 1.500 metros y 4.200 metros de profundidad. Una gran novedad es que vamos a explotar gas metano asociado a mantos de carbón. Donde hay petróleo hay gas natural; donde hay carbón, hay metano. En Colombia, las reservas de metano pueden ser del orden de 40 terapies cúbicos de gas, casi seis veces nuestras reservas de gas natural.

¿En la subasta de bloques, cuánto desea recibir el Estado?

Mínimo, 2.600 millones de dólares.

¿Cuántos pozos perforamos el año pasado?

Fueron 115 pozos. Pero le doy esta buena noticia: sabe cuántos vamos a perforar este año? ¡236! Ya programados por la industria; 141 en firme y 141 pozos perforados nuevos, más del 50 por ciento de crecimiento con respecto al año anterior.

¿Por qué no subieron los combustibles?

Con un dólar alto y un petróleo también al alza, ¿por qué no reajustó los precios de los combustibles?

El Gobierno ha decidido buscar la forma de estabilizar los precios de los combustibles, como un mecanismo para evitar la volatilidad de los precios internos en respuesta a las fluctuaciones de los precios internacionales. Por ello, vamos a continuar avanzando en la concertación con el sector transportador en la mesa técnica que establecimos y cuyas reuniones reanudaremos el 11 de marzo.

¿Los precios de seguirán congelados hasta cuando haya ese acuerdo?

Prefiero no hablar de congelamiento sino de estabilización, pero la fijación del precios no está supeditada a acuerdos en la mesa.

¿La congelación que se acaba de decidir contiene orígenes políticos?

No. En manera alguna. No sea mal pensado, Yamid. Le insisto: no hay congelamiento sino estabilización.

 

YAMID AMAT
 Especial para EL TIEMPO

“Reforma al Código Minero, lista en 2015”

Publicado por El Nuevo Siglo. Después de tres años de que la Corte Constitucional declarara inexequible la reforma al Código Minero por considerar que no se cumplió la etapa de consulta previa con las comunidades indígenas, el ministro de Minas, Amylkar Acosta, le apuesta a que este año se retome la iniciativa para que comience a aplicarse en 2015.

En conversación con EL NUEVO SIGLO, el jefe de la cartera ministerial aclaró que pese a que se tomen medidas regulatorias en el transcurso de este año, no cubrirán suficientemente lo que el proyecto de ley pretende hacer.

Al referirse a los dos textos que en torno al tema están sobre la mesa (el proyecto del Gobierno y el radicado por varios diputados del país), sostuvo que será el Congreso el que determine si se unifican para así contar con un solo documento.

 

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué va la reforma al Código Minero por parte del Gobierno?

AMYLKAR ACOSTA: Como es un proyecto que amerita consulta previa, que en su momento no se hizo y fue una de las razones por las que la Corte Constitucional la invalidó, por la representación que tenían las comunidades afrodescendientes, entonces eso demoró que se pudiera tener un interlocutor, por lo menos con esas comunidades.

  Luego, el Ministerio de Interior sacó un protocolo para tratar de establecer unas reglas para las convocatorias de las consultas previas.

ENS: ¿Cómo se ha socializado la iniciativa?

AA:Aprovechando que el Congreso salió en receso, y que no se ha hecho consulta previa pero lo hemos venido haciendo, hemos venido socializando en las diferentes regiones del país el borrador del proyecto. Eso es lo que se ha venido haciendo, adicionalmente a esto, finalizando el periodo legislativo anterior en diciembre los diputados presentaron un proyecto.

ENS: ¿Para 2015 tendríamos Código Minero?

AA: Debemos tener, realmente está haciendo falta y hay muchos vacíos que no se pueden suplir por decreto porque no pueden ir más allá del alcance de la ley.

ENS: ¿El país tendría entonces un parte de tranquilidad?

AA: Así es. Obligatoriamente tenemos que tenerla para 2015.

Reglamentación

ENS: Mientras eso se da este año ¿qué medidas reglamentarias tomarán?

AA: En minería artesanal estamos sacando el decreto reglamentario a través del cual se establecen los parámetros para avanzar en los proyectos de formalización de la minería.

Esto está para la firma del señor Presidente, tal vez la próxima semana la tendríamos.

ENS: ¿Qué otras medidas saldrán este año?

AA: Se está trabajando en una guía técnica, en un tema ambiental. Es una forma de reglamentar las prácticas en la actividad minera.

ENS: ¿Qué apreciación tiene del documento presentado por los diputados?

AA: He preferido que se dé la discusión y el debate antes de fijar una posición oficial por parte del Ministerio para no entorpecer el debate. Los parlamentarios de la Comisión V consideraron, de primer momento, que por ser de ese origen no había lugar a consulta previa. Sin embargo, cuando los diputados radicaron, ellos son conscientes de que sí amerita consulta previa. Nosotros hemos recogido el proyecto que presentaron ellos, más el nuestro, lo estamos circulando a través de la Mesa Nacional Minera y de la Agencia Nacional y el Ministerio de Minas, la socialización de ese proyecto, mientras el tiempo va corriendo. De manera que cuando estemos en condiciones de hacer la consulta previa ya hemos hecho la socialización de ambos proyectos. En ese punto vamos.

ENS: ¿Habrá documento único?

AA: Estamos socializando ambos proyectos. De parte nuestra tenemos que analizar la iniciativa de ellos y una vez que presentemos la nuestra, no sin antes hacer el proceso de consulta previa, será el Congreso el que determine el procedimiento a seguir. Lo que hacen en estos casos es que se acumulan los proyectos.

Como ambos versan sobre lo mismo, las directivas del Congreso pueden determinar si nombran una misma comisión que se ocupe de los dos proyectos. Es una decisión que toma el Congreso reglamentariamente.

ENS: ¿Cuándo se puede decir que el Congreso empieza en firme esta discusión?

AA: Para ser franco creo que, avanzando como vamos ya en el tiempo, no creo que se alcance a tramitar en esta legislatura que empieza en marzo, pero sí creo que en este intervalo de tiempo que vamos a tener podamos trabajar todos para retomar el tema en las sesiones que se inician el 20 de julio, y se puede ya tener un proyecto.

ENS: La Contraloría cuestionaba que la renta minera efectiva real no alcanzaba a compensar los daños ambientales ¿La iniciativa qué contempla respecto a ese tema?

AA: Todo está en borrador y es un tema que tiene que ver más con regalías, como la Ley de Regalías modificó en virtud de la ley que expidió el Acto Legislativo 05 del 2011, entonces es un tema puntual de discusión.

Que si es mucho o es poco, se refiere a cambios del Estado no solamente a materia de minería sino también a hidrocarburos. Esto es más que todo una discusión en torno a la política petrolera o minera.

Se expidieron varios decretos tratando de suplir ese vacío que había quedado en la ley, pero lo que hace que estoy aquí no hemos expedido un decreto más de los anteriores, especialmente por parte del Ministerio.

 

Decisión de la Corte Constitucional

 

A través de la Sentencia C-366/11, la Corte Declaró inexequible la Ley 1382 de 2010, por la cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de Minas” porque no surtió el proceso de consulta previa.

Además pidió diferir los efectos de la inexequibilidad declarada por el término de dos años, “de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia”.

En uno de los apartes del documento de la Corte se lee que “en efecto, a partir del análisis de las pruebas sobre el procedimiento legislativo recaudadas en este proceso, se comprobó que la presentación del proyecto de ley ante el Congreso no estuvo precedida de ningún trámite de consulta con autoridades representativas de las comunidades indígenas y afrodescendientes”.

Tampoco de “los escenarios de participación ciudadana durante el trámite no contaron con espacios particulares para la consulta a tales comunidades”.

Sobre este último aspecto, “se tiene que los secretarios de las comisiones quintas de Senado y Cámara certificaron que durante el trámite legislativo se adelantaron foros y audiencias públicas sobre la iniciativa de reforma al Código de Minas”.

No obstante, “tales escenarios de participación tuvieron carácter ordinario, dirigido a la ciudadanía en general y no precedieron al trámite del proyecto de ley, sino que se hicieron en el marco del mismo y, por ende, no contaron con el procedimiento y condiciones propias de la consulta previa”.

 

Prioridad de la agenda legislativa

Para la presidenta de la Comisión V del Senado, Maritza Martínez, el texto radicado por los diputados será el primer punto en la agenda una vez retomen las labores legislativas.

La congresista participó del inicio de la discusión al figurar como una de las ponentes, y le explicó a este diarioque el proceso de votación del proyecto puede adelantarse mientras se cumple con la etapa de consulta previa.

 

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué quedó la discusión de la reforma al Código Minero presentada por los diputados?

MARITZA MARTÍNEZ: Lo que ocurrió es que como es un proyecto que tiene prioridad en la agenda legislativa y estábamos en los últimos días, convocamos a votación pero como  no se votó se envió al Gobierno para que vaya avanzando en la consulta previa.

Mientras tanto quedó en primer punto del día para que en marzo, apenas regresemos lo votamos porque se puede ir votando sin necesidad de hacer la consulta previa.

ENS: ¿Por qué no se alcanzó a votar?

MM: No se alcanzó a aprobar porque eran los últimos días del periodo y cuando llegó no alcanzó. Pero hubo presentación de ponencia, una del senador Name adicionando muchísimas normas del Código Minero anterior y otro grupo de senadores presentamos ponencia frente al articulado que presentaron los diputados.

ENS: ¿Cuáles son las observaciones frente al proyecto?

MM: No hubo mayores observaciones porque es un proyecto que tiene buena parte de lo que uno escucha en el sector minero.

ENS: Respecto a apertura de investigación por posibles irregularidades en el IPSE ¿el texto blinda al sector?

MM: La verdad me da un poco de temor pronunciarme porque fue hace dos meses, no tengo presente el articulado. Si esperamos un poco a que pasen los 20 días y empecemos en la Comisión será mejor.

Estamos dedicados a la campaña, el tema es profundo e importante y hay que revisar el proyecto que presentaron los diputados.

 

Alianza para combatir minería ilegal 

Recientemente y con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la minería ilegal y contribuir con las buenas prácticas mineras,  las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas unieron esfuerzos para desarrollar procesos de formalización de la minería informal en el país.

Ramón Leal Leal, director Ejecutivo de Asocars, así lo explicó en su momento al aclarar que según cifras dadas por la Agencia Nacional de Minería como resultado del primer ciclo  del proceso de fiscalización, en Colombia existen un poco más de 9.000 títulos mineros de los cuales el 26% se encuentra en etapa de construcción y montaje y el 39% en etapas de explotación.

“Datos que se contrastan con las cerca de 3.000 licencias ambientales o planes de manejo ambiental reportados el año anterior por las autoridades ambientales respecto de las actividades mineras licenciadas en sus regiones”, agregaron.

Por esta razón, las Corporaciones Autónomas del Valle del Cauca, CVC; de Santander, CAS; del Tolima, Cortolima; de Risaralda, Carder; y de Nariño, Corponariño, “se dieron a la tarea de trabajar en coordinación con el Ministerio de Minas para formular e implementar acciones en materia de formalización tendientes a mejorar las condiciones productivas, sociales y ambientales de los pequeños mineros tradicionales”.

Dichos grupos están “identificados en cinco regiones piloto, con lo cual se benefician más de 1.600 unidades productivas (pequeños mineros informales) con una inversión de recursos de 3.200 millones de pesos aproximadamente”.

Las demás corporaciones asociadas en Asocars se encuentran atentas a coordinar con el Ministerio de Minas la ruta a seguir para apoyar la implementación del programa de formalización minera en el componente ambiental. Por su parte, la CAR de Cundinamarca, a la cabeza de Alfred Ignacio Ballesteros, director General y presidente de la Junta Directiva de Asocars, en su Plan de Acción destina recursos por el orden de los 300 millones de pesos anuales para apoyar el proceso de formalización minera en el componente ambiental.

DE LA LICENCIA SOCIAL

“Somos empresas viables en regiones que no lo son y por eso es necesario que hagamos contribuciones para mejorar sus condiciones de desarrollo social y económico”

Javier Gutiérrez, Presidente de Ecopetrol

 

Acaba de proferir la Corte Constitucional la Sentencia C-123 calendada el 5 de los corrientes, a través de la cual declara exequible el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, a través del cual se establece expresamente y de manera perentoria la prohibición a la autoridad regional, seccional o local de “establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”. La demanda inicial fue contra el artículo 2º del Decreto 934 de 2003, reglamentario del artículo 37 del Código de Minas, pero derivó en la demanda de inconstitucionalidad de este. Ya en sentencias anteriores (C-339 de 2002, C-891 de 2002 y C-568 de 2003) la misma Corte había sentado doctrina sobre el particular, de modo que con este fallo lo que ha hecho es confirmar su propia jurisprudencia al respecto. 

Se alegaba por parte de la demanda que dicho artículo transgredía los artículos 79  y 313 de la Constitución Política, atinentes a la protección al medio ambiente y el uso del suelo, respectivamente. La tensión entre la autoridad nacional y las autoridades municipales en torno a la competencia para la autorización de la realización de actividades de exploración y explotación minera había llegado a su clímax con la proliferación de procesos de consultas populares para decidirlo por parte de los municipios, como ya ocurrió en Piedras (Tolima) en el caso de la actividad minería y en Tauramena (Casanare) para la actividad hidrocarburífera. 

La Corte con su fallo pone las cosas en su sitio: al declarar exequible deja claramente establecido que es la Nación quien “determina las políticas relativas a la explotación de recursos naturales” ; eso sí, “siempre y cuando en el proceso de autorización para la realización de actividades de exploración y explotación…se tengan en cuenta los aspectos de coordinación y concurrencia, los cuales fundan el principio constitucional de autonomía territorial” . De esta manera se compagina por parte de la Corte el contenido de los artículos 332 de la Carta, que reconoce al Estado “como propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables”, con el artículo 1º de la misma que consagra a Colombia como “un Estado social de derecho…con autonomía de sus entidades territoriales”.

No podemos estar más de acuerdo con la Honorable Corte Constitucional, pues, habida cuenta que todo proyecto extractivo, trátese del recurso minero o hidrocarburífero, conlleva un impacto económico, social, ambiental y cultural en el territorio en donde operan las empresas que lo desarrollan y por ello es apenas justo que la Nación al momento de autorizar dicha actividad “deberá dar la oportunidad a las entidades municipales o distritales involucradas de participar activa y eficazmente en dicho proceso, mediante acuerdos sobre la protección de cuencas hídricas y la salubridad de la población, así como, del desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades” . Es decir, que el acuerdo versa sobre las medidas de mitigación y/o compensación de dicho impacto, conservando incólume la Nación su facultad para autorizar “la realización de actividades de exploración y explotación”. Dicho de otra manera, las autoridades territoriales carecen, tal como enantes, del poder de veto, esto es de excluir parte o todo el territorio bajo su jurisdicción de la actividad minera.  

Y esto es lo que hemos venido haciendo. Desde que asumí la cartera de Minas y Energía he sido reiterativo al indicar que las empresas para operar, además de contar con la licencia ambiental y tramitar las consultas previas cuando hay lugar a ellas, deben contar con la Licencia Social, entendida esta como el asentimiento de las comunidades asentadas en el entorno en donde se desarrollan los proyectos. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) al momento de expedir la licencia ambiental, con una mano se la entrega a la empresa que va a ejecutar el proyecto y con la otra mano le entrega el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual corre por cuenta de la misma. 

En cambio la Licencia Social, por no existir norma legal alguna que la sustente, no cuenta con ninguna instancia de gobierno que la expida, se la tienen que ganar las empresas a través de su Responsabilidad Social (RSE), que de ser algo voluntario ha devenido en ser un imperativo, a través de las buenas prácticas tanto en el plano operacional como en el social y ambiental. Sólo así se ganan la confianza de las comunidades. Se trata de que hagan por las comunidades lo máximo posible y no sólo lo mínimo necesario o limitarse a lo exigido por la Ley. Para ello es menester que también se cuente con un Plan de Gestión Social (PGS) y en ello estamos trabajando a todo vapor de la mano con las empresas. Esta Licencia, además de insalvable, es imprescindible, a riesgo de que los proyectos se puedan tornar inviables.

El Gobierno Nacional no es ajeno a este propósito, por el contrario estamos seriamente comprometidos en la misión de que en Colombia se dé una minería responsable, que se traduzca en beneficios tangibles para las comunidades en  lo social y mitigue su impacto ambiental; no extractivista, que sólo sirva a las empresas. Con tal fin se suscribió por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) un Acuerdo de Cooperación de asistencia técnica y financiera con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para implementar su “estrategia para apoyar la gestión sostenible y equitativa del sector extractivo para el desarrollo humano”. En cuanto a lo ambiental se refiere, desde el Ministerio de Minas y Energía (MME), en concurso con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), hemos venido aplicando a pié juntillas el principio de precaución contemplado en la Constitución (artículos 8, 79, 80, 289 y 334), así como en la Ley 99 de 1993, declarada exequible por la Corte Constitucional (C-293 de 2002). Justamente en aplicación de este principio el titular del MADS Frank Pearl expidió la Resolución 1518 de 2012.  

Es claro para el Ministerio de Minas y Energía que este fallo de la Corte Constitucional, lejos de girarle un cheque en blanco al Gobierno Nacional o a las empresas mineras, nos dice que tenemos que seguir profundizando los espacios de diálogo y de concertación que hemos venido implementando a través de las mesas que se han venido activando en donde quiera que se presentan los conflictos de las empresas con las comunidades y allí en donde no se han presentado para desactivarlos. De la misma manera que, en el entendido que el Estado es uno sólo, hemos venido propiciando el alineamiento de las autoridades nacionales con las territoriales mediante la colaboración armónica de unas y otras. 

El sector Minero Energético es una de las cinco locomotoras para el crecimiento y la prosperidad para todos, como que representa el 10.3% del PIB, más del 70% que recibe el país en divisas por sus exportaciones, captura el 56% de la Inversión Extranjera Directa (IED) y es la caja registradora a través del cual se captan los recursos con los que se financia el Estado. Basta con decir que en 2012, la Nación recaudó entre impuestos, regalías y dividendos $31.4 billones, equivalente al 24.9% de los ingresos corrientes de la Nación y nada menos que al 80% de todo el presupuesto de inversión para ese mismo año. Pero, como lo ha dicho el Presidente Santos, no se trata de asegurarnos tales recursos a cualquier precio; por eso hemos dicho que en materia de minería e hidrocarburos se trata de trata de hacer correctamente las cosas correctas, de manera responsable, de tal manera que sea compatible la actividad minero energética con la sostenibilidad social y ambiental. Para ser más claro, digamos con todas sus letras, que esta es una locomotora no una aplanadora!

 

Bogotá, marzo 10 de 2014

 

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