Mar 03, 2021 Last Updated 12:36 PM, Feb 28, 2021

LÓPEZ, EL VISIONARIO

López arrancó su gobierno expidiendo el Decreto legislativo 1970 el 17 de septiembre de 1974 declarando la Emergencia económica prevista en el artículo 122 de la Constitución Política, para capear el temporal en ciernes y al amparo de la misma, mediante el Decreto legislativo 2310 del 28 de octubre de 1974 (uno de 22 decretos expedidos), acabó con la figura del “aporte” petrolero, que se había creado mediante la Ley 20 de 1969 y traspasó en su totalidad las áreas petrolíferas del país a ECOPETROL para su exploración y explotación, excepción hecha de aquellas que hubieran sido concesionadas a la fecha de la expedición de dicho Decreto. De esta manera, ECOPETROL que había nacido anidada en la reversión de la Concesión de Mares se vio fortalecida con esta medida. 

Ya en el artículo 12 de la Ley 20 de 1969  el Presidente Carlos Lleras Restrepo abrió la posibilidad de los contratos de Asociación entre Ecopetrol y las petroleras como una opción, concomitante con los contratos de concesión. Ahora a través del Decreto 2310 se abolían los contratos de concesión a futuro y sólo quedaba abierta la posibilidad de los contratos de Asociación. En estos se preveía la Cláusula de reversión de áreas al pasar de la etapa exploratoria a la declaratoria de comercialidad, además de la reversión del campo a favor de Ecopetrol al término del Contrato. 

Según el ex presidente de Ecopetrol José Fernando Isaza, la Asociación puede definirse técnicamente “como un contrato de riesgo en la fase exploratoria y una operación conjunta en su etapa de desarrollo”. Para el ex presidente López, “el contrato de Asociación se conoce desde tiempo inmemorial. Es el joint-venture de los anglosajones o las cuentas de participación en nuestro derecho o lo que se conocía con el nombre de ´ganado al partir´ entre los orejones de la Sabana”.

A través del Decreto 2310 se cambió el esquema legal y regulatorio en materia de hidrocarburos en procura de enfrentar la pérdida de la autosuficiencia petrolera que ya era inminente. Se trataba de establecer unos términos contractuales que fueran competitivos y de esta manera incentivara a las empresas a invertir en la exploración petrolera en Colombia, que estaba de capa caída. Valga decir que en los años 70 se perforaban a lo sumo entre 5 y 6 pozos exploratorios.

Entre las medidas contempladas en el Decreto 2310 estaban entre otras: suprimir la obligación que tenían las empresas extranjeras de reintegrar al B de la R las divisas provenientes de sus exportaciones de crudo, la abolición del llamado dólar "petrolero” consistente en una tasa preferencial para los dólares que adquiría Ecopetrol para comprar crudo para su refinación. Esta medida tuvo como antecedente la decisión del Gobierno de Pastrana de reajustar la cotización del dólar “petrolero” de $9 por dólar a $20, ahora pasaba, merced a esta medida de $25 a $40 por dólar. Se estableció, además, la norma según la cual el crudo “nuevo”, incremental o de recuperación secundaria se pagaría a los precios internacionales del mismo (Resolución 50 de 1976). Así mismo se implementó una medida muy controvertida, tendiente a atraer capitales e inversiones en un esfuerzo desesperado por espantar el fantasma de la importación de crudos al país: la deducción de impuestos por agotamiento del subsuelo. 

El Presidente López es elegido un año después del hallazgo de un campo gigante de gas en La guajira por parte de la Texas Petroleum Company. López afirmó entonces emocionado, “yo creo que ha sido una bendición para Colombia haber encontrado estos pozos de gas”. A través del Decreto 1978 de 1974, de apenas dos artículos, el cual fue adicionado cinco días después por el Decreto 1999, se hizo extensivo al gas natural las nuevas disposiciones aplicables a la legislación petrolera, inclusive en el aspecto cambiario. Hasta entonces el gas había sido considerado un estorbo, un “encarte”, era menospreciado, se quemaba en las teas de los campos petroleros en explotación; sólo a comienzos de los años 60 se le empieza a dar un uso industrial y el Gobierno expidió una reglamentación obligando a las empresas a reinyectarlo y darle uso al mismo. 

Sólo entonces se empezó a dar un desarrollo incipiente del uso del gas natural a través de redes aprovechando el gas asociado proveniente del campo de  Cicuco (Bolivar); el gasoducto que conectaba a este con la capital del Atlántico fue inaugurado por el entonces Ministro de Minas y Petróleo Victor G Ricardo. Posteriormente se dispondría de otra fuente de suministro para la industria barranquillera en El Dificil (Magdalena), al tiempo que la zona industrial de Mamonal (Cartagena) se abastecía con el gas proveniente de los campos de Jobo – Tablón (Sucre), los primeros yacimientos comerciales de gas natural libre. Ya en la década de los 70, cuando tales fuentes, especialmente Cicuco, entraron en declinación se echó mano para suplirlos de los campos de Payoa y Provincia en el Magdalena Medio .

Mario Galán Gómez, entonces Presidente de Ecopetrol, en su Informe a la Junta directiva de la empresa en 1972 vaticinó que para 1975 la autosuficiencia petrolera del país llegaría a su fin. Dicho y hecho! Después de ser el 10º exportador de petróleo en el mundo su producción de crudo llegó a su clímax en 1970 con un promedio de 217.212 barriles en promedio diario y desde entonces empezó a declinar la producción hasta llegar a los 156.872 barriles y justo este año Colombia tuvo que empezar a importar petróleo para suplir su déficit. 

Lo dijo Jaime García Parra, tercer  Ministro de Minas y Petróleo del Presidente López después de Eduardo del Hierro y Juan José Turbay, “Colombia, que durante 50 años fue exportador de petróleo, ha dejado de serlo. Hoy somos y seguiremos siéndolo por años, importadores de combustible, con resultados difíciles de asimilar”. Después de haber exportado 1.200 millones de barriles de crudo, ahora se convertía en importador neto del mismo. La situación se tornó aún más difícil debido a la espiral alcista de los precios internacionales del petróleo, en lo que se conoce como el shock petrolero que tuvo en la guerra del Yom Kippur su detonante en octubre de 1973. En efecto, a poco andar de un máximo histórico de US $2 el barril de crudo se pasó un año después a cotizarse a US $16 (¡8 veces!), hacia 1977 se estabilizó en los US $12.70 el barril. Ello se tradujo en una fuerte presión tanto comercial como fiscal; entre 1976 y 1985, por cuenta de la importación de crudo, la balanza comercial tuvo un déficit de del orden de los US $5.000 millones. De no haber sido por la bonanza cafetera que le permitió paliar sus consecuencias al Presidente López, habría sido asaz difícil superar tan adversa coyuntura.

Juan Francisco Villarreal, a la sazón Presidente de Ecopetrol, acuñó para la época una frase ingeniosa, “no tenemos naranjas pero tenemos limones”, queriendo significar con ello que no teníamos petróleo pero teníamos gas y que por lo tanto Colombia debía reconvertir su parque de generación térmica pasando de consumir fuel oil para consumir gas natural. El Presidente López inauguró la Estación de producción en el Campo de Ballena el 12 de agosto de 1977 y ese mismo día inauguró el gasoducto de Promigas que empezó a transportar 225 millones de pies cúbicos diarios desde los campos de La guajira hasta Mamonal en Cartagena. Tanto la industria como las centrales térmicas de generación reemplazaron el fuel oil, que se liberó para la exportación, para consumir gas natural. Fue tan exitosa esta estrategia que el fuel oil se convirtió en el segundo renglón de exportación después del café. Entre 1977 y 1984 estas exportaciones le llegaron a representar al país US $1.773 millones, de los cuales el 66% correspondió a volúmenes de combustible liberados por la sustitución con gas natural. Ello explica que a través de la Resolución 039 de 1975 se atara desde entonces el precio del gas natural a la cotización internacional del fuel oil y se mantuvo hasta el año pasado cuando la CREG mediante la Resolución 088 liberó su precio. 

Lo que sigue es historia: se elevó el número de pozos exploratorios, se pasó de 14 pozos exploratorios en 1975 a 18 en 1976 y 26 en 1977 y el Ministro García Parra se propuso la meta de perforar 800 pozos  en 10años. Los resultados no se hicieron esperar y en 1983 se dio el descubrimiento del yacimiento de Caño Limón, en 2013 se llegó a una producción de gas natural en el país del orden de 1´251.000 pies cúbicos diarios, se sirve  7 millones de usuarios conectados en 850 centros poblados en 574 municipios, 5.854 industrias y a 126.928 locales comerciales. 25% de la matriz energética. Huelga decir que Colombia está a la par de EEUU y de la Unión Europea en cobertura de la red de gas domiciliario y supera en ello a los demás países de Latinoamérica, excepción hecha de Argentina. De 2003 a 2013 476.506 vehículos convertidos a gas natural. Lo propio se hizo en materia carbonífera, por primera vez se aplicó a la explotación de este mineral la misma política contractual que para entonces sólo era aplicable a los hidrocarburos. En 1976 se firmó el controvertido contrato de Asociación Carbocol – Intercor para explotar el yacimiento del Cerrejón Norte en el Departamento de La guajira, el cual se declaró comercial en 1982. La producción de este complejo llegó a convertirse en la de mayor importancia en el país, al tiempo que el carbón se convirtió en el segundo renglón en importancia de nuestras exportaciones después del petróleo. 

Podemos concluir diciendo que el ex presidente López fue un adelantado de su época y un gran estadista, con gran visión de futuro, muy bien informado, al tanto de lo que ocurría en el resto del mundo, preocupado siempre porque Colombia dejara de ser el Tíbet de Suramérica y hacer de ella más bien el Japón de Suramérica. Su contribución a la modernización del país fue muy importante y a su paso por la Presidencia de la República dejó una honda huella en su afán de Cerrar la brecha que aún persiste entre esas dos Colombia, la del centro y la de la periferia, que se sigue debatiendo entre el atraso, la pobreza y la exclusión social. 

 

 

Medellín, abril 17 de 2014

EL FUTURO ELÉCTRICO DE LA COSTA - por El Heraldo

El ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, asegura que la Región Caribe será el epicentro nacional en materia de cobertura universal de energía eléctrica. Un tema insoslayable que habrá que abordar es el del alivio tarifario.

El ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, ha dado algunas buenas noticias que ojalá se cumplan para bien de la región. Ha anunciado que la Costa Caribe se convertirá en el epicentro nacional en materia de cobertura universal de energía eléctrica, en desarrollo de lo prometido por el presidente Santos durante las elecciones. Para ello, el Ministerio y Planeación Nacional preparan una propuesta que presentarán al mandatario.

La eventual universalización del servicio irá acompañada de un programa de normalización de redes y alivio tarifario, y este esfuerzo demandará una inversión de unos 4,5 billones de pesos que se ejecutará en un cronograma no inferior a cinco años. La nueva demanda de energía en la región supera el 11%, mientras que el promedio nacional está en el orden del 4,3%. Esa cifra refleja, en parte, el crecimiento de la economía regional. La financiación del proyecto estará a cargo a la Nación y regalías.

La decisión de universalizar el servicio es un mandato normativo de la Ley 143 de 1994, que estableció que en 20 años el país debía tener una cobertura del 100%. Esta deuda social está pendiente, y el Gobierno Santos anuncia que la cumplirá, empezando por el Caribe, cuyo peso electoral fue definitivo en el resultado de su reelección.

Simultáneamente, según el ministro Acosta, el Gobierno Nacional se ha planteado la revisión del consumo básico de subsistencia.  Es una recomendación que aparece señalada en un estudio que contrató el Ministerio de Minas y Energía. El documento llama la atención acerca de una realidad: el consumo de electricidad en la Costa es superior porque el clima impone a los usuarios el uso de sistemas de enfriamiento para mitigar los efectos del calor. Tal revisión implica abordar el tema de las tarifas, que en la región suelen generar resistencias y protestas. 

Estos anuncios se suman a las inversiones por unos 624 millones de dólares para mejorar la operación del servicio de Electricaribe. Este acusa deficiencias por insuficientes inversiones en redes, subestaciones, compensadores y transformadores, lo que, según Acosta, provoca lo que los técnicos llaman restricciones, que tienen una implicación en los costos y por tanto en la tarifa. La Costa no tiene problemas de generación. La gran vulnerabilidad, afirma, está en la operación del servicio, y dice que en ello está trabajando el Ministerio. 

Una manera efectiva de ayudar el Gobierno Nacional a Electricaribe es pagándole, por abonos, una deuda por subsidios causados de $220 mil millones, y solicitando a aquellas entidades públicas que adeudan a la empresa más de $100 mil millones que cancelen sus obligaciones.
 
El ministro Acosta ha sostenido que, pese a los efectos severos que se prevé tendrá el fenómeno de El Niño, el país no volverá a enfrentar el fantasma del racionamiento, lo cual es, sin duda, un pronóstico tranquilizador. Sin embargo, ha expresado que si El Niño nos golpea con rudeza, la Costa será la más afectada, como cuando La Niña, por ser esta la región más expuesta de un país que es el tercero en vulnerabilidad en el mundo frente al cambio climático.

 

EL SEGURO DE LAS PLANTAS TÉRMICAS

Gracias al manejo de la crisis por parte de las autoridades, la generación eléctrica de la costa Caribe está salvando al país de un nuevo racionamiento de energía. Antes que castigarlas, el sistema debería premiar a estas centrales por darle seguridad.

Ante la amenaza del fenómeno climático de El Niño, que ha llevado ya los embalses de las centrales hidroeléctricas a niveles por debajo del 65%, el país se ha visto precisado a aumentar la generación de energía térmica.

En esas condiciones que buscan, esencialmente, evitar un racionamiento severo como el que el país vivió en 1992, era de esperar un incremento en las tarifas a los usuarios finales del servicio. La razón responde a la nueva configuración de costos de la canasta: mientras que las térmicas demandan, como insumo, la inyección de un energético complementario, tipo gas o carbón, para producir la electricidad; generar con hidroeléctricas es mucho más económico por cuanto las plantas se sirven de las caídas de agua. Por esa razón, el gran componente de la oferta de energía estaba soportado en las energía proveniente de los embalses, la inmensa mayoría de los cuales están localizados en las zonas de montaña del interior del país. Las térmicas, ubicadas principalmente en el área costera, atendían el servicio en las regiones de influencia y servían de colchón al sistema nacional interconectado.

Con el fuerte verano, que tiende a agudizarse, hubo necesidad de cambiar la composición y aumentar la oferta térmica.

Tal exposición implicaba mayores costos, aunque cualquier incremento, desde esa lógica, era manejable frente a la eventualidad de volver los apagones que traumatizaron la producción y hasta cambiaron las rutinas de los colombianos por los cambios de horario.

Pero no ha sucedido así. El manejo que el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, ha dado a la eventual emergencia ha sido tan contundente, que esta semana anunció la insospechada probabilidad de que el precio baje.

Acosta ya había tomado decisiones políticas que otras administraciones ni siquiera habían explorado, como la de suspender parcialmente las exportaciones de gas a Venezuela. Luego, apeló a un modelo de planeación que atenuó el carácter sobreviniente de la emergencia, razón fundamental del comportamiento de los precios.

En principio, los incrementos de junio estuvieron en el rango que las autoridades consideran ordinario ($110 en la factura para el estrato uno; $1.750, para el dos, y $13.500 para el cuatro). En julio la reducción sería de 2,2%. Estas circunstancias prueban, nuevamente, la necesidad de tener un parque térmico solvente en todo tiempo. Estas centrales, que en el pasado fueron la cenicienta del sistema, deben verse como seguro que le da solvencia al servicio y certeza a la prestación.Ello implica no solo aumentar las inversiones en nuevos proyectos, como evidentemente lo está contemplando el Ministerio aquí mismo en la costa, sino el mantenimiento ejemplar y sistemático de los que están funcionando. Que sea esta la ocasión para revisar la estructura de costos. Las térmicas no pueden seguir siendo castigadas por la tarifa, por el argumento de los costos de producción, y afectando, de paso, a los consumidores que, si bien son cubiertos por las operaciones abiertas de bolsa, asumen de todas formas la incidencia regional.

El Gobierno y las empresas deben sentarse a analizar nuevas condiciones, que establezcan diferenciales que premien a las plantas que, al menos hoy, están salvando a Colombia de la crisis. La premisa es la de siempre: la energía más costosa es, definitivamente, la que no se tiene.

 

JULIO, 9 DE 2014 EL HERALDO

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