Jan 15, 2019 Last Updated 1:08 PM, Dec 15, 2018

EN LA CUERDA FLOJA

EL DESCUADRE DE LAS CUENTAS
Primero fue Rafael Núñez, el “Regenerador”, el que le dio un golpe artero a las regiones al despojarlas de “los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados soberanos”, a través del artículo 202 de la Constitución de 1886. Pero, a cambio, como una medida de “compensación” por el raponazo se les reconoció unas regalías directas que desde entonces venían recibiendo las entidades territoriales productoras y desde 1991 los municipios portuarios. 125 años después, bajo la administración que preside Juan Manuel Santos, el “Transformador”, se le dio el otro zarpazo a las regiones al arrebatarles las regalías directas a las que tenían derecho, so pretexto de repartir la “mermelada” en toda la tostada nacional. Al expedirse el Acto legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012 que lo desarrolla dejó a los departamentos y municipios productores y portuarios con una menguada asignación directa, amén de su participación en los multifondos que integran el nuevo Sistema General de Regalías (SGR).
Se dijo entonces que los departamentos y municipios productores y portuarios no sólo no verían afectados sus ingresos por concepto de regalías con la entrada en vigencia del SGR, sino que ahora podrían ser mayores. Pero ello no pasó de ser un espejismo, dado que el impacto en los fiscos de tales entidades territoriales ha sido aterrador. Como pruebas al canto, a guisa de ejemplo, veamos lo que le está pasando al Departamento de La guajira. 
En el 2011, cuando aún estaba vigente la Ley 756 de 2002, se recibieron por concepto de regalías directas $ 320.739,57 millones. En el 2012 se recibieron por concepto de asignación directa $202.000 millones, de los cuales se comprometieron en proyectos de inversión $161.000 millones. Los $41.000 millones restantes se reservaron para la financiación del Acueducto regional del Sur de La guajira en la vigencia 2013 como Presupuesto inicial. Sin embargo el Gobierno central, sin fórmula de juicio se descontó de esa plata $16.500 millones, de $45.000 millones que supuestamente le habían girado de más a La guajira, correspondientes al escalonamiento, entre 2004 y 2009.
Luego, el Congreso aprobó mediante la Ley 1606 de 2012 el primer Presupuesto bianual 2013 – 2014 del SGR; en el mismo le correspondió al Departamento de La guajira como Asignación directa $151.000 millones, $75.500 millones para cada año, de los cuales, según el artículo 50 de la Ley 1530 de 2012, sólo se puede comprometer hasta el 80% de ese monto, es decir $60.400 millones. Ahora bien, si tenemos en cuenta las “inflexibilidades” del presupuesto del Departamento, que no son otras que las obligaciones contraídas con antelación y que deben ser honradas con tales recursos, el margen de maniobra que le queda es ninguno. En efecto, entre vigencias futuras malla vial, saneamiento fiscal, crédito BIRF y Plan Departamental de Agua (PDA), tales “inflexibilidades” son del orden de los de los $59.679 millones (2013) y $96.242 millones (2014). Y, en consecuencia, el saldo es de $700 millones para 2013 y un déficit de $23.700 millones para 2014 (incorporando al presupuesto de este año los $15.1 millardos que se liberan del año anterior, correspondientes al 20%). Tal déficit se agravará en el momento que el Gobierno central haga efectivo el descuento de los $28.500 millones restantes del reintegro al cual ya hicimos referencia. Esta situación empeorará en los años venideros, si tenemos en cuenta que el período de transición contemplado en el Parágrafo 2º transitorio del Acto legislativo 05 de 2011 comprende los años 2012, 2013 y 2014, en el curso de los cuales la asignación directa es en su orden del 50%, 35% y 25% de los recursos remanentes después de lo que les corresponde a los multifondos, pero a partir del 2015 se reducirá a sólo el 20%. Es decir que aún estamos en los gozosos y el crujir de dientes será mayor cuando vengan los dolorosos.

PRESUPUESTO SGR

Pero, se podrá decir que a los recursos que recibirá el departamento por concepto de Asignación directa hay que sumarles aquellos que se le asignaron para el bienio 2013 – 2014 en el Fondo de Desarrollo Regional (FDR), en el Fondo de Compensación Regional (FCR) y en el Fondo de Ciencia y Tecnología (FCT), que son del orden de los $96.615 millones, $126.966 millones y $76.404 millones, respectivamente. Adicionalmente cuenta el Departamento en el Presupuesto del SGR para el período 2013 – 2014 con $44 millardos en el Fondo de Pensión Territorial (FONPET) y $157 millardos en el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), pero no podrá disponer de tales recursos puesto que constituyen un ahorro forzoso. 
No obstante, conforme está previsto en el Acto legislativo de marras, en el evento que  durante el período de transición “las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo, sean inferiores al 50% del promedio anual, en pesos constantes de 2010, de las asignaciones directas causadas menos descuentos de ley entre los años 2007 y 2010…el departamento, municipio o distrito, podrá utilizar los recursos de la asignación del departamento respectivo en el Fondo de Desarrollo Regional, hasta alcanzar dicho porcentaje o hasta agotar los recursos del Departamento en el mencionado Fondo, lo que ocurra primero”. Y este es el caso: el promedio anual de las regalías directas entre 2007 y 2010 fue de $265.667´755.201 y el 50% de este $132.833´877.600.50. De modo que los $96.615 millones que le corresponden al Departamento en el FDR del Presupuesto de los años 2013 y 2014 del SGR resultan insuficientes para enjugar el cuantioso déficit que arroja la asignación directa para el bienio 2013 – 2014 ($23.000 millones) y alcanzar el 50% de dicho promedio. A pesar de “agotar los recursos del Departamento en el mencionado Fondo”, estos se quedan cortos, se requerirían más de $84 millardos en 2013 y más de $108 billones en 2014 para tapar el hueco. Dicho de otra manera, al Departamento de La guajira no le queda un solo peso de recursos en el FDR con los cuales financiar proyectos de inversión nuevos que sean presentados para su aprobación en los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD). En consecuencia, solamente podrán acceder a los recursos del FCR para financiar los proyectos que sean susceptibles de financiar con los mismos. 
LA INVIABILIDAD E INSOSTENIBILIDAD FISCAL
En plata blanca, el departamento de La guajira ha pasado de contar con un presupuesto de inversión con cargos a los recursos provenientes de las regalías directas en 2011 del orden de los $320.739.57 millones a sólo $161 millardos en 2012, en 2013 - 2014 $81.348 millones (80% de los recursos correspondientes a los FCR y el FCT) cada año. Ello está abocando al departamento de La guajira a su inviabilidad e insostenibilidad fiscal, que puede terminar en Ley 550 de 1999 o Ley de quiebras y por consiguiente deberá someterse a un Plan de desempeño, quedando bajo la tutela de la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda, lo cual sería una desgracia. Y no es sólo el Departamento de La guajira el que se encuentra al borde del precipicio fiscal, sino todos y cada uno de los 683 entidades territoriales entre departamentos y municipios del país que se vieron abruptamente, de la noche a la mañana, enfrentados a un recorte draconiano de sus recursos provenientes de las regalías directas. En todos ellos las administraciones están haciendo toda clase de malabarismos, bamboleándose en la cuerda floja, para sortear sus afugias fiscales. Y, desde luego, en dichas regiones es notoria la pérdida de circulante, el decaimiento de su economía y el deterioro de la situación social, que sirve de catalizador al descontento y a la inconformidad, creando un clima de animadversión contra el Gobierno central. La agitación y la movilización social en las regiones productoras de recursos naturales no renovables (petróleo, carbón, gas, ferroníquel, oro, entre otros) son cada vez más recurrentes y amenazan con salirse de madre. 
A propósito de los OCAD, es de anotar que todos los proyectos que se financien con los recursos de tales fondos e incluso aquellos correspondientes a asignación directa, que son los únicos que sus receptores pueden incorporar a su presupuesto, están sujetos a la aprobación por parte de los OCAD. Ello es abiertamente violatorio de la autonomía territorial prescrita en el artículo primero de la Constitución Política. Cuando hemos afirmado que con esta reforma se están centralizando los recursos provenientes de las regalías, no lo hemos dicho a humo de paja, es que, además de tener la sartén por el mango, el Gobierno central se arrogó el poder de veto en los OCAD, de manera que ningún proyecto se puede aprobar en los mismos sin su consentimiento. 
PRESUPUESTO INFLADO
En cuanto al Presupuesto del SGR que aprobó el Congreso de la República para los años 2013 y 2014, tenemos que decir que está inflado, habida consideración que el mismo fue aprobado con base en unas previsiones que no se están cumpliendo y muy seguramente no se van a cumplir. Se basó en un crecimiento del PIB de 4.8% en 2012 y 2013 y ya vimos que, según el DANE, el crecimiento del 2012 fue de sólo el 4% y según las previsiones del Banco de la República el crecimiento del PIB en 2013 estará próximo al 4%. Advierte el Banco Emisor que tal proyección de crecimiento para el 2013 está “dependiendo estrechamente de lo que suceda en el contexto internacional (especialmente en la Zona Euro y en los Estados Unidos)”. Pero, según el último índice de seguimiento de la Institución Brookings – Financial Times, “la economía mundial está estancada, es incapaz de sostener una recuperación decente y además es susceptible de sufrir una caída repentina”. 
Además se partió de la premisa que el precio WTI del barril de crudo se iba a mantener estable, alrededor de los US $100, sin embargo lo que estamos viendo es una caída que va del US $97.19 del 2 de abril de 2013 al US $92.7% el 5 abril, con tendencia a bajar aún más. Lo propio está ocurriendo con el precio del carbón, que también viene en picada y se torna cada vez más difícil que se llegue a cotizar este año alrededor de los US $75-77, como lo preveía el Gobierno. De allí que no sea de extrañar que Planeación Nacional dejó de hablar de los $17 billones presupuestados para 2013 – 2014 y se habla en cambio con más frecuencia de $15 billones. Ello lógicamente obligará más adelante a revisar a la baja los recursos del SGR y por lo tanto de las asignaciones tanto directas como aquellas correspondientes a los fondos de todas las entidades territoriales que son ahora receptoras de los recursos provenientes de las regalías. Y las perspectivas hacia el futuro no invitan al optimismo sobre estas cifras, si se tiene en cuenta que el boom minero – energético está cediendo debido a la contracción de los mercados internacionales de todos los commodities y la consecuente destorcida de sus precios. Es lo que hemos dado en llamar el cuarto menguante de los productos básicos.  
EL GATOPARDISMO DE LA REFORMA
Finalmente, todo este revolcón que se ha provocado con la reforma al régimen de regalías se fundamentó por parte del Gobierno en razones de equidad, eficiencia y transparencia. Pero, no se puede hablar de equidad cuando se le recortan tan drásticamente sus regalías directas a los departamentos y municipios que las venían recibiendo; sobre todo cuando esa era prácticamente la única fuente de recursos con los cuales financiar sus planes de inversión. Es indudable que al Gobierno y al Congreso se les fue la mano con esta reforma. Por otra parte, los OCAD no han mostrado ser el mecanismo más eficiente para canalizar los recursos provenientes de las regalías, se han mostrado como un mecanismo kafkiano y paquidérmico. Después que se mantuvieron bloqueados $6 billones correspondientes a los recursos de inversión del Presupuesto del SGR 2012, sin que se ejecutara un solo peso, ahora el Gobierno central, apremiado por la presión de gobernadores y alcaldes que vieron perder un año completo para la inversión, de los cuatro de su período, exasperado, ordenó la realización de OCADTONES para aprobar a la bartola proyectos de toda índole, tratando de recuperar el tiempo perdido. En cuanto a la transparencia se refiere, además de lo dudoso que resulta esta manera atropellada de aprobar proyectos (¡se dice por parte del Director del DNP que más de 2.000 proyectos!) a tontas y a locas, llama poderosamente la atención que el Gobierno se haya animado a darles viabilidad sólo en vísperas de las elecciones de marzo y mayo entrantes, lo que no deja de despertar suspicacias. 
Se adujo en su momento como una de las razones más poderosas para cambiar la gobernanza de las regalías la gran corrupción que campeaba en las regiones; pero, si por allá llovía en el centro del país no escampaba. Cada vez es más claro que los recursos del SGR tienden a parecerse y a convertirse en los execrados cupos indicativos para los parlamentarios afectos al Gobierno y de ser así correrán la misma suerte de aquellos. Como quien dice, estamos saliendo de las llamas para caer en las brasas; esta vez el Gobierno, como el marido burlado, ha terminado vendiendo el sofá para tratar de conjurar la infidelidad. Con la profusión de noticias que a diario registran los medios en sus secciones judiciales sobre las tropelías y los carruseles de la delincuencia de cuello blanco en este país, se percata uno de que en este país hasta la corrupción está centralizada. El Gobierno central con su reforma no hace más que imitar al personaje Tancredi de la célebre obra El gatopardo de la autoría de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, quien le dice a su tío Fabrizio: “si queremos que todo siga igual como está, necesitamos que todo cambie”. Nada más, pero tampoco nada menos!

Amylkar D. Acosta M
Bogotá, abril 15 de 2013
www.amylkaracosta.net

EL PARTO DE LOS MONTES

PLAN DE CHOQUE O DE IMPULSO

A pesar de que el Gobierno se declaró satisfecho con el 4% de crecimiento de la economía en 2012 que reportó el DANE, el Banco de la República optó por bajar la tasa de intervención e incrementar sus compras de dólares en el mercado cambiario, para de esta manera tratar de frenar la desaceleración de la economía. Por su parte los industriales agremiados en la ANDI le plantearon al Gobierno a través de su vocero Luis Carlos Villegas la necesidad de implementar una Agenda para el Salto en Competitividad, a manera de salvavidas a la industria que viene de capa caída. La misma consta de nueve puntos básicos, los cuales le fueron formulados al Gobierno a la espera que este los acogiera. Entre otras medidas, se demandaba del Gobierno decisiones más contundentes para contener la apreciación del peso frente al dólar, cuya tasa seguía por debajo del nivel del año 2000, acelerar la ejecución de las obras de infraestructura, moderar las altas tarifas de la energía, una política de compras estatales que favorezca la producción nacional, entre otras.
Y no es para menos, habida cuenta que la industria particularmente sigue sin poder levantar cabeza y lo mismo se puede predicar del sector agrícola; entre tanto, el sector minero – energético, que era el que venía jalonando el crecimiento, ha bajado sensiblemente el ritmo de su crecimiento. En el primer bimestre de este año la producción manufacturera cayó - 3.1%, en contraste con un crecimiento para el mismo periodo del año anterior de 3.48%, un bache de casi 6.5 puntos porcentuales. La caída de la producción industrial en febrero, que fue de - 4.5 frente al mismo mes del año pasado, es la mayor desde julio de 2009 y de los cuatro meses consecutivos a la baja, acumulando ocho meses en rojo de los doce del último año. Destaca el DANE que 30 de los 48 ramos individualmente consideradas mostraron cifras negativas. Ello, lógicamente repercutió en la reducción de un 2.5% del empleo fabril, también por cuarto mes consecutivo. Las ventas y las exportaciones también cayeron, esta vez – 3.4%, arrastradas fundamentalmente, quien lo creyera, por una mayor caída, del - 6.1%, de las exportaciones del sector minero – energético. 
La ANDI, después de conocer los mediocres resultados de su Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, llegó a la conclusión de que el panorama para la industria es muy sombrío y lo resume de la siguiente manera: caída de la producción, bajo crecimiento de las ventas, menor uso de la capacidad instalada y un clima de negocios en deterioro. Basta con señalar que el nivel de confianza de los industriales sufrió una caída estrepitosa de 17.9 puntos porcentuales frente a los resultados del primer bimestre de 2012. Razón tuvo, entonces, el FMI para revisar su previsión de crecimiento para este año del 4.3% a 4.1%, advirtiendo además que “la tasa de desempleo seguirá siendo la más alta de Suramérica”. 


El Gobierno no podía seguir ignorando esta realidad y terminó por entender la necesidad de actuar, por ello el propio Presidente de la República Juan Manuel Santos anunció un Plan de choque tendiente a reactivar la economía. Como dijo el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, “vimos la necesidad de darles un tratamiento especial a la industria y al agro después de conocer los resultados del 2012”. Lo curioso es que poco después sale el Presidente Santos con que el paquete de medidas que iba a anunciar no era un Plan de choque, como él mismo lo había anunciado, dizque porque “no hay ningún tipo de crisis ni de emergencia, todo lo contrario, la economía tiene muchos de sus fundamentales en buen sitio” e insiste en que “son indicadores positivos” los que caracterizan su desempeño. Se trata, entonces, según él, no de un Plan de choque sino de un “impulso” a la economía en procura de lograr estabilizar el crecimiento, dado que, como vamos, vamos bien. “Es una forma de anticiparnos a lo que pueda suceder este año”, enfatizó. 
Por ello se rebuscaron un nombre bien sugestivo al paquete de medidas que finalmente se le expuso al país, Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE). Resultaba políticamente incorrecto usar la expresión Plan de choque, porque supuestamente “tiene una connotación (de) que hay algún tipo de crisis o emergencia, y ese no es el caso”. No obstante, es el propio Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo quien manifiesta sin ambages: “reconozco formalmente que hay crisis en el sector agropecuario” y si eso dice el titular de la cartera que tiene bajo su responsabilidad este sector que creció el 2.6% en el 2012, qué podrá decir el Ministro de Comercio e Industria que tuvo un bajonazo de – 0.7% el año anterior. La realidad es tozuda y da cuenta de un coma profundo en el que está sumida la industria en un contexto de continua desaceleración de la economía, que pasó de crecer a tasas trimestrales del 7% a rondar sólo el 3%. Estamos en presencia de una crisis de crecimiento de la economía, particularmente de los sectores agrícola e industrial, que la aleja cada vez más de la meta planteada en el Plan de desarrollo Prosperidad para todos de un crecimiento sostenido del PIB del 6%.
EL PIPE
El Gobierno terminó amarrando perro con longaniza, porque al final se empaquetaron en un solo conjunto de 24 medidas algunas nuevas al lado de otras que ya se habían tomado, como el desmonte de la sobretasa en la factura de la energía del 20% y del gas 8.9% hace casi un año o la extensión de la desgravación arancelaria para la importación de maquinaria, equipos y materias primas que no se producen en el país (3.094 partidas arancelarias) que data desde finales del 2010 hasta agosto de 2015. Una y otra medida les han significado un alivio importante en los costos de las empresas, pero le están saliendo  por un ojo de la cara al fisco de la Nación ($534.570 millones por concepto de la sobretasa a la energía y $78.900.5 millones por la sobretasa al gas natural anualmente). Lo propio podemos decir con respecto a la anticipación en dos meses de la entrada en vigencia del desmonte parcial de los parafiscales que se había decretado desde finales del año pasado a través de la reforma tributaria, el cual redundará en una reducción de costos para las empresas del orden del 5% sobre el valor de la nómina a partir del primero de mayo. 
Entre las nuevas medidas se destacan: el ahorro en el extranjero de recursos del FONPET provenientes de las regalías, sin contar para esta decisión con el consentimiento de las entidades territoriales que son sus dueñas (otra manifestación más de la centralización de las regalías), además de “inducir” a los fondos de pensiones para que en vez de tener invertido en el exterior el 6% de los ahorros de sus afiliados dicha exposición suba, a través de la figura del ahorro previsional, hasta el 11%. Para darle tranquilidad a los afiliados a dichos fondos, ha dicho el Ministro Cárdenas que con ello se busca “una mezcla de rentabilidad y riesgo”. Con estas dos medidas se aumentaría la demanda por divisas en US $5.000 millones adicionales a las del Banco de la República, lo cual supuestamente tendría que traducirse en una apreciación del dólar, que es de lo que se trata. A este respecto coincido con el analista Mauricio Cabrera cuando afirma que si bien “el diagnóstico es correcto, las medidas son  equivocadas”. Como él lo señala, en el 2012 entraron al país por concepto de inversiones de portafolio US $6.157 millones, así es que si en el 2013 sigue llegando a ese mismo ritmo, ahora incentivadas por la reforma tributaria, las mismas anularían por sí solas el efecto que se espera con las medidas anteriores. Valga decir que en sólo mes de marzo de este año los ingresos de divisas por tal concepto se incrementaron el 37%. A ello añádale la deuda en dólares de las empresas, que el último año ascendió a cerca de US $2.500 millones. Nadie se explica por qué el Gobierno se obstina en no ponerle cortapisas ni a la afluencia de los capitales golondrinas ni al endeudamiento externo del sector privado que pasó de US $30.570 millones en 2011 a US $34.659 millones en 2012, que contribuirían mucho a que ceda la presión sobre la tasa cambiaria.
Hagamos una digresión, a propósito de los flujos de capital extranjero, para recoger un comentario del analista Aurelio Suárez en el sentido que “los flujos de inversión foránea directa, aumentados por la de portafolio y el ejercicio del ‘carry trade’(dólares baratos traídos para colocarlos en pesos caros), no impactan ni la producción ni la ocupación, se reproducen para volver a los mercados externos; moldean la economía a su antojo y la revaluación ocasionada, más allá de la enfermedad holandesa, se convierte en dolarización encubierta, la economía gira en torno a la divisa”.  
En los días subsiguientes al lanzamiento del PIPE la tasa de cambio se ha venido revirtiendo y la revaluación del peso empezó a ceder, pero no propiamente por las medidas anunciadas pues es demasiado pronto para hacer sentir sus efectos. Más bien se trata de la confluencia de varios hechos que han causado incertidumbre y han impactado la cotización del dólar, no sólo en Colombia sino en otras latitudes. Como lo señala la analista de Helm Bank Marisol Torres, “el contexto internacional claramente está ayudando a que la tasa de cambio esté en los niveles actuales. La caída del petróleo y de más de 1% en las bolsas en Estados Unidos y Europa, está teniendo efecto tanto en el peso colombiano como también en todas las monedas de América Latina”. A ello se viene a añadir la incertidumbre que generó la rebaja de la calificación triple A de la deuda alemana y los pésimos resultados corporativos en los EEUU conocidos el 17 de abril, los cuales causaron pánico y llevó a muchos inversionistas a buscar refugio en activos de renta fija y lógicamente en el dólar. Y es un hecho, como lo hemos venido recalcando, que el boom minero – energético está en su cuarto menguante, merced a la contracción del mercado de los commodities y la destorcida de los precios internacionales de los mismos, lo cual a su vez ha repercutido en la caída del 8% de la inversión extranjera directa (IED) en el primer trimestre de este año, que en su mayor proporción se ha venido orientando hacia este sector. Hasta el oro ha visto caer sus precios de los US $1.600 hasta los US $1.374 la onza el 17 de abril; desde finales del año pasado a esta parte ha bajado su cotización el 16%. Hoy por hoy, más grave que la revaluación del peso para la economía colombiana es la caída de los precios del carbón, el petróleo, el café, el oro y el ferroníquel y por consiguiente el deterioro de los términos de intercambio. Este, a la larga, es mucho más dañino y afecta más el crecimiento de la economía. A guisa de ejemplo, digamos que una caída de 10% en el precio del barril de crudo impacta en un 0.2 puntos porcentuales el crecimiento del PIB. 
De hecho, en las primeras de cambio, la balanza comercial del país se ha tornado deficitaria. Así las cosas, no es de extrañar que dada la actual coyuntura se pueda alcanzar en el corto plazo la llamada tasa “Cárdenas” de los $1.900 por dólar, sin que ello se le deba al tal PIPE. En tales condiciones, “es vital que la industria y el agro recuperen  el terreno perdido para soportar los embates que vienen, derivados de un desplome en los precios del carbón, el oro y el petróleo y varios de nuestros principales productos de exportación. Desde esta perspectiva, el Plan de choque luce como un esfuerzo para ajustar la transición de la economía hacia ese nuevo escenario. Es buena idea, así se llame Plan de choque”  
Se anunció también otra medida que viene a potenciar el programa bandera del Gobierno de las 100 mil casas gratis, en el cual viene empeñado con relativo éxito el Ministro Germán Vargas. Se trata de un programa que comprende la financiación de créditos para la adquisición de 32.000 viviendas con un costo unitario entre $70 millones y $200 millones con una tasa al crédito hipotecario que bajará del 12% al 7% (los bancos bajaron su tasa al 9.5% y el Estado subsidia 2.5 puntos porcentuales). Llama la atención el hecho de que este beneficie se extienda a una segunda vivienda. El otro componente de este programa está focalizado hacia quienes tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), dicho segmento de la población recibiría un subsidio de 25 SMMLV ($14 millones), al tiempo que se beneficiaría también de la tasa del 7% aplicable a su crédito. Si bien este programa es muy loable, dado que en Colombia sólo el 54% de los hogares (6.9 millones) poseen vivienda propia y el 35.6% de dichos hogares presenta algún tipo de déficit habitacional, se asume el riesgo, como lo sostiene Dinero, que “los subsidios a los intereses sobre la vivienda se conviertan en el largo plazo en un estímulo a las alzas de precios de los inmuebles, que generan una transferencia de los compradores a los constructores y banqueros”. Así de sencillo. 
El Gobierno cuantificó en $5.037 billones, casi un punto del PIB el monto de los recursos que se le inyectaría a la economía con este Plan, pero allí incluye, por ejemplo, los $1.2 billones que dejará de recaudar el Estado por concepto de la extensión de la liberación arancelaria decretada hace ya casi dos años a la importación de materias primas no producidas en el país. Además, de los $3.8 billones restantes, sólo $1.1 corresponden a la vigencia de 2013. Entre los sectores favorecidos está la vivienda con aproximadamente $2.1 billones, el agro con $545 millardos, que no se aclara si se trata de recursos adicionales o los ya presupuestado para el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y sorprende que a infraestructura sólo se le asignaran $711 millardos, cuando es el sector que mayor impulso requiere; será por aquello de que este sector no adolece tanto de recursos como de capacidad de ejecución de los mismos por parte del Gobierno. 
EL EMPLEO Y EL CRECIMIENTO
Según el Ministro Cárdenas, además de un punto adicional de crecimiento del PIB para este año, “se le añaden 300.000 empleos adicionales por cuenta del PIPE, los cuales, a propósito, son un cálculo de la ANDI, no nuestro… (¡!). La meta es que, por todo esto, el crecimiento de la economía sea del 4.8% en el 2013. Es nuestra aspiración”. Pero está por verse si se cumplen los pronósticos del Gobierno de crear entre 400 mil y un millón de empleos formales en los próximos dos años, a través de la entrada en vigencia del desmonte de los parafiscales. Lo cierto es que expertos laboralistas como el Director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia Stefano Farné y el investigador David Arturo Rodriguez no son tan optimistas como el Gobierno y, al tiempo que cuestionaron en su momento esta medida, aseguran que generará a lo sumo 100 mil empleos. Definitivamente el principal escollo para la generación de empleo formal y para la formalización del mismo en Colombia está en la baja productividad de las unidades económicas y de sus trabajadores y este mal no se está atacando con el PIPE sino sólo tangencialmente. Como lo señala el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes, “el crecimiento de la productividad laboral en Colombia entre 1990 y el 2011 fue del orden del 30% inferior al de América Latina y la OCDE (entre 40 y 45%) y muy inferior al de los países de la OCDE con ingresos inferiores o iguales a la medina de esa organización, que duplicaron su productividad durante ese mismo período. Esta es una de las razones por las cuales Colombia ha perdido competitividad y es tan vulnerable a la revaluación”.
En cuanto al crecimiento se refiere, como lo acota el Director de Portafolio Ricardo Ávila, “un Gobierno que es más rápido en los anuncios que en las ejecutorias…es altamente improbable que se consiga la meta oficial de crecimiento del 4.8% en el 2013” y vemos aún más remota la posibilidad de generar 300.000 empleos, “por más PIPE que haya”. De pronto la mejora de la calificación de la deuda colombiana por parte de la calificadora de riesgo Standard & Poor al pasarla de BBB- a BBB, pueda darle una mano al Gobierno y ayudarle en su propósito de reanimar la economía. Ojalá, pero el escepticismo cunde: el Director de Fedesarrollo Leonardo Villar dice que él no cree “que vaya a tener ese impacto en el PIB. Nosotros no vamos a cambiar nuestras proyecciones de crecimiento para 2013, que están por debajo de 4 por ciento para este año”. Por su parte el Director de Portafolio Ricardo Ávila conceptúa que “con excepción de Planeación Nacional, nadie más considera que el objetivo del 4.8% fijado inicialmente sea posible”.
Estamos de acuerdo con la revista Dinero cuando sostiene que “sin duda el Plan es un esfuerzo encomiable…no es un giro, ni un relanzamiento, ni una aplicación de medidas extraordinarias para enfrentar una situación extraordinaria. Es en la mayoría de sus componentes un paquete de cosas que se venían haciendo o se deberían estar haciendo desde antes. Quedan ahí  los temas estructurales…El problema del desempleo no se resuelve con planes de choque, es estructural”. Por ello, después de dar a luz dicho Plan la impresión que se deja es que más parece la célebre fábula de Esopo El parto de los montes, cuya trama da cuenta de que tras los gritos desgarradores y las dolorosas contracciones, cuando se esperaba que trajeran al mundo una especie de mastodonte,  los montes paren un pequeño ratón. Como se dice en mi tierra, más fue la bulla que la cabuya!
A CAMBIAR DE RECETA
Comparto con el ex ministro Carlos Caballero que “sin duda, se necesita un plan de choque. Pero no exclusivamente para impulsar la economía, sino para transformarla”. El paquete de medidas contempladas en el PIPE es más de lo mismo, en algunos casos aumentando la dosis de algunos de los remedios de la misma receta, la de siempre, la que sigue las prescripciones del desprestigiado Consenso de Washington. Bien dijo Albert Einstein, que “no podemos resolver los problemas de la misma manera que los creamos” y los problemas que enfrenta y afronta la economía colombiana son estructurales, que no se van a resolver con meros lenitivos. Estos sólo pueden aplazar el colapso y atenuar sus estragos, pero sin evitarlos. 
La economía colombiana viene siendo víctima de su “éxito” aupado por el boom minero – energético; después de un auge impresionante de este sector, que duró casi una década, ahora sus perspectivas son muy sombrías. A ello ha contribuido, además de la recesión de la economía de la Unión Europea (UE) y al letargo de la economía estadounidense, la consiguiente ralentización de la economía china, que después de tener crecimientos espectaculares como el de 2007 del 14.2% ahora viene en declinación. El crecimiento del PIB chino en 2012 fue de un “magro” 7.8%, el menor crecimiento en los últimos 13 años, siendo el crecimiento del último trimestre del año anterior de 7.9%, el primer trimestre de este año registró un crecimiento del PIB del 7.7% y la meta para el 2013 fijada por las autoridades económicas del dragón chino es de “sólo” el 7.5%. Y tengamos en cuenta que por cada punto porcentual que deja de crecer la economía china, esta deja de comprar US $10.000 millones de dólares en materias primas (petróleo, carbón, cobre, ferroníquel, etc) y de las exportaciones estas se nutre la economía colombiana así como la Latinoamericana. Ello explica en gran medida la aceleración de la desaceleración de la economía colombiana, cuyo crecimiento venía siendo jalonado por el sector minero – energético, que después de crecer el 44% en 2008 y 63% en 2009, creció el 20% en 2010, el 15% en 2011 y en el 2012 creció a duras penas el 5.9%. 
En reciente pronunciamiento el Banco Mundial fue categórico al afirmar con respecto a Latinoamérica que “el secreto que necesita desvelar la región es el de la productividad, la piedra filosofal de los economistas que hace posible la magia de hacer cosas mejores y mayores con lo que uno tiene”. Y cuáles son esas “cosas mejores y mayores con lo que uno tiene”? La respuesta la encontramos en el pronunciamiento reciente del Foro Económico Mundial, en el sentido que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía”. Pero Colombia malogró la oportunidad de hacerlo, desaprovechó el boom minero energético y no sembró sus frutos, como ha debido hacerlo, ejecutando la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIPC).   
Nos lo dice el economista venezolano Ricardo Hausmann, “una condición para el desarrollo está en que la base productiva sea diversa y, sobre todo, sofisticada. A Colombia claramente le falta de los dos elementos…El aumento en la productividad de los factores, que fue de algo más de 1% entre 2003 y 2011, no sirve para sostener una tasa de crecimiento del PIB del 6%”, que es la meta del Plan de Desarrollo Prosperidad para todos. Como lo admite el Zar de los TLC y ex coordinador de la negociación del TLC con EEUU Hernando José Gómez, “por primera vez, desde la crisis de los años 30, Colombia tiene más acceso a mercados internacionales que oferta exportable”.  
 En el más reciente informe del Consejo Privado de Competitividad que preside Rosario Córdoba, se dice claramente que “la reciente literatura de desarrollo y la evidencia empírica sugieren que son los países que se adentran en procesos de cambio estructural, o de transformación productiva –es decir, que están constantemente cambiando la fisonomía de sus aparatos productivos– los que logran tener mayores niveles de crecimiento sostenidos en el tiempo”. Y este no es el caso para Colombia, pues para ello se necesita alinear las políticas públicas con una clara y explícita orientación hacia la promoción de promover la industrialización. El Consejo de Competitividad así lo reconoce: “infortunadamente, la teoría y la evidencia empírica sugieren que este proceso de sofisticar lo que se produce y de pasar a producir nuevos bienes y servicios –o de transformación productiva– no se da de forma espontánea, en la medida en que existen numerosas distorsiones y cuellos de botella que lo limitan”. 
Y va más lejos cuando llama la atención sobre el hecho que “el país sigue teniendo una canasta exportadora poco diversificada y de bajo nivel de sofisticación, al igual que la tenía hace 20 años, con el agravante de que se viene experimentando un boom minero-energético que viene deteriorando aún más los niveles de diversificación y sofisticación del aparato productivo…El país sigue produciendo lo mismo y de la misma manera como se hacía hace décadas”. Este cuadro tan desalentador como real de la economía colombiana no va a cambiar con el PIPE, ni siquiera se lo propone, porque según el Gobierno aquí no es menester un timonazo sino un ligero giro en la conducción de la economía. Por ello, en lugar de remedios para los quebrantos de la economía, lo que le recetan son placebos.  
Según el Nobel de Economía Paul Krugman (1997), al referirse a la competivitividad, “la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo. La habilidad de un país de mejorar su nivel de vida en el tiempo depende, casi exclusivamente, de su habilidad de aumentar su producto por trabajador”. Ello, además, determina el número y tipo de empleos que existirán y, por lo tanto, el ingreso de la población. Y de acuerdo con los últimos resultados del Anuario Mundial de Competitividad que elabora el Institute for Management Development (IMD), “Colombia continuó su caída al pasar del puesto 46 en 2011 al puesto 52 en 2012, entre 59 países”. Lo mismo ocurrió con los resultados del Indicador Global de Competitividad del World Economic Forum (WEF), “que indican un retroceso del país de la posición 68 en 2011 a la posición 69 en 2012, entre 144 países, alejándose, por tanto, de la meta de ser uno de los países más competitivos de la región”. Y entre los aspectos en los que mayor rezago tiene Colombia frente a sus pares es en lo atinente a ciencia, tecnología e innovación y en lo relativo a la infraestructura. De acuerdo con un estudio reciente del Banco Mundial, con sólo reducir en un 12% los costos de transporte Colombia podría incrementar sus exportaciones en promedio un 9%. Pero ello nunca será posible mientras Colombia siga ocupando el puesto 85 en calidad de la infraestructura y el 124 en el ranking de la calidad de sus carreteras, entre 144 países (¡!). A nada de ello le apunta el tal PIPE y este es el nudo gordiano que hay que desatar. 
Así como la EEUU y la UE han tenido que volver sobre la teoría y las prescripciones del denostado por los neoliberales que han llevado sus economías a la actual encrucijada John Maynard Keynes, América Latina está de vuelta, 27 años después de su muerte, al pensamiento del reputado economista chileno Raúl Prebisch, a quien le cupo el mérito de haber formulado un Modelo propio para Latinoamérica a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Es la hora de su reivindicación, como el gran visionario que fue.La actual Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena y el Secretario adjunto de la misma Antonio Prado lo han dicho diáfanamente: “la visión de Raúl Prebisch sigue vigente en América Latina…con raíces en el pensamiento keynesiano y de Prebisch, había ganado el desarrollo en América Latina mediante el impulso de la diversificación productiva, la industrialización…Nuestro desafío está en construir una nueva gobernanza de los recursos naturales que pueda financiar un cambio estructural productivo, ampliar la diversificación económica y la capacidad de innovación…”. De ello es de lo que se trata, nada más, pero tampoco nada menos, lo cual ha de pasar por el desenclave de los desarrollos de la minería a gran escala y la industria petrolera, así como la externalización de sus beneficios a través de los encadenamientos productivos, la desagregación tecnológica y la transferencia de tecnología, sin desmedro de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad ambiental. Brasil acaba de dar un paso fundamental  en esta dirección con la creación del Ministerio de Industria enfocado a la creación y consolidación de empresas nacionales innovadoras y sostenibles, que añadan valor agregado y generen empleo formal. Este es el camino!
 
Bogotá, abril, 26 de 2013
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EL ESTADO PAGANINE

Uno de los mayores dolores de cabeza para la Nación lo constituye el alud de demandas contra el mismo por parte de personas jurídicas y naturales, no pocas de ellas temerarias y rayanas en la extravagancia, poniendo al Estado en serios aprietos. Hasta hace muy poco la total indefensión del Estado frente a tales pretensiones era proverbial, amén de la connivencia y complicidad de funcionarios venales de las distintas ramas del Estado y ello incentivó hasta tal punto que demandar al Estado se convirtió en un lucrativo deporte nacional. Muchas de estas demandas son temerarias y abundan los tinterillos que clasifican en la calidad de “litigantes frecuentes”, que es como se catalogan en la sociología del Derecho, contribuyendo a la congestión y al colapso de la Justicia. Era tal la penumbra y la falta de visibilidad que rodeaba este sórdido asalto contra el erario, que ni siquiera se sabía a ciencia cierta el monto de los recursos que se desangraban por esta vena rota. Mientras tanto, cada día la tronera fiscal era mayor, porque las condenas a la Nación eran el pan de cada día; unas veces por pura negligencia en la gestión pública, en otras por incuria, en otras por acción u omisión de los funcionarios responsables de ciertas y determinadas actuaciones y en otras por simple y llana corrupción. Las demandas continúan y los fallos condenatorios a la Nación continúan, dado que la preocupación y los esfuerzos recientes por detener esta hemorragia, apenas empiezan a dar sus frutos.


Nada menos el día de hoy causó revuelo la noticia del fallo del Consejo de Estado mediante el cual ratifica una condena a la Nación que había proferido el Tribunal Administrativo de Caquetá en el 2003, hace exactamente 10 años. Según lo que ha trascendido, a juicio de la Alta Corte “si bien el Estado colombiano obró en interés de todos los ciudadanos al establecer la zona de distensión para dialogar con las FARC, perjudicó a su vez a un grupo específico de la población al dejarlos desprotegidos y a merced de las FARC”. Si bien es cierto, aunque la condena se da en abstracto y no fija aún el monto de la indemnización a que da lugar la vulneración de los derechos de los pobladores de los municipios afectados en la zona de despeje, abre un enorme boquete para las demandas por parte de ellos, la cual le puede salir a la Nación por un ojo de la cara.


Un caso similar a este es la demanda incoada por un grueso número de damnificados por el descalabro del ya desaparecido sistema UPAC. Está para fallo en Sala plena de la Corte Constitucional la revisión de una acción de tutela impetrada ante la misma por parte del Banco de la República contra la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que lo condenó a pagar más de 10 millones de pesos de indemnización a uno de los afectados. Según la abogada Adriana Guillén Arango, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, “si la Corte rechaza los argumentos del Banco de la República, el Estado tendría que pagar cerca de 200 billones de pesos en demandas, un equivalente a casi dos veces las reservas de la Nación…Para pagar esas demandas, el estado tendría que destinar sus ingresos de todo un año”. En ambos casos, si el fallo es desfavorable para la Nación daría lugar a un efecto dominó de imprevisibles consecuencias para el fisco nacional.


Y como estos dos casos son todo un cúmulo de pleitos los que se han venido ventilando en los estrados judiciales, en los tribunales de arbitramento o en la Corte Interamericana de derechos humanos, los cuales en una altísima proporción son fallados contra la Nación, ya sea por una débil o tardía defensa o porque los hechos mismos, por contundentes e incontrastables, debilitan su defensa. Muchos de ellos ya se han dirimido, ya sea a través fallos o laudos de los tribunales o mediante costosas conciliaciones y otros siguen pendientes. Las querellas en las que el Estado es parte son de toda índole, desde aquellas referidas a fallas en el servicio por parte del Estado hasta casos tan inverosímiles como la acción de reparación directa contra el fallo a favor del INCORA proferido por el Tribunal de los Contencioso Administrativo de Antioquia. Por fortuna, la sección Tercera del Consejo de Estado confirmó dicho fallo, de lo contrario los hermanos Durango, que eran los demandantes. Se habrían alzado con la bicoca de $591.714´668.547.331.00, suma esta equivalente al monto total del Plan de Inversiones correspondientes al cuatrienio 2011 – 2014, que eran sus pretensiones en este litigio que duró 46 años en resolverse. Por su parte la Corte Constitucional libró al Estado de tener que pagarle $540 millardos a los antiguos accionistas del desaparecido Banco Granahorrar al tumbar el fallo del Consejo de Estado que había condenado a la Nación en ese pleito en noviembre de 2007.


IN CRESCENDO
Casos como este y el de Termorrío, una demanda por perjuicios por valor de US $60.3 millones, fallado también a favor de la Nación son la excepción, porque de resto casi todos los fallos han sido sistemáticamente condenatorios contra el Estado, que por lo visto ha terminado convertido en un verdadero paganine. De 70 fallos del Consejo de Estado en 4 años, sólo dos de ellos fueron a favor de la Nación. Así como ha venido in crescendo las demandas contra la Nación, al pasar en una década (1997 – 2007) de 20.997 procesos a 140.000, igualmente ha venido en aumento la suma que de lo que ha tenido que pagar la Nación por cuenta de las sentencias condenatorias. Hace una década los pasivos contingentes, que es como se llaman eufemísticamente los recursos que se aforan en el presupuesto para pagarlas, eran del orden de los $180 millardos y ya en 2012 alcanzaron los $1´106 millardos. En los 90 el Estado pagó $3.1 billones por concepto de condenas judiciales mientras que entre el 2000 y el 2011 tuvo que girar $3.3 billones a los particulares por condenas en su contra. En el 2012 se llegó al clímax, la Nación debió desembolsar $1´106 millardos, $400 millardos más que en 2011, este ha sido el máximo histórico del pago por condenas por parte de la Nación. Es más, en el 2012 la Nación debió cancelar $100 millardos por concepto de intereses moratorios, por no pagar a tiempo a los favorecidos con los fallos adversos a la Nación. 

Al corte del 2012, descontando la suma que venía incorporando en cuentas de orden contingentes por parte del Ministerio de agricultura por el sonado caso del INCORA, ya que fue fallado a favor de la Nación, las pretensiones en los distintos litigios en curso contra la Nación ascienden a la suma de $217 billones, la cual supera el monto del Presupuesto para la vigencia del 2013 que fue aforado en $185 billones y con la adición aprobada recientemente por parte del Congreso de la República quedó en $188.9 billones. En todo caso, gracias a dicho fallo las pretensiones en contra de la Nación bajaron el 79% entre 2011 y 2012. Para tratar de dimensionar lo que esa cifra, que sigue siendo astronómica, significa, digamos que con tales recursos se alcanzarían a construir 3 millones de viviendas de interés prioritario para los más desvalidos.


LA BOLA DE NIEVE
Es de destacar que un alto porcentaje de las demandas en contra de la Nación son atribuibles a la injusta privación de la libertad de los ciudadanos; por ello, la Fiscalía tiene el récord por el monto comprometido en las demandas contra el Estado. Estamos hablando de 10.156 procesos por $23.5 billones y le sigue en su orden la Policía Nacional con 12.770 procesos por valor de $9.7 billones. Se han presentado casos emblemáticos de privación arbitraria de la libertad como el de Alberto Jubiz Hasbum, encarcelado injustamente bajo la sindicación de la autoría del magnicidio de Luis Carlos Galán. El otro caso, que fue piedra de escándalo y que dejó muy mal parada a la Fiscalía, fue el del ex diputado Sigifredo López, señalado de complicidad en el secuestro y posterior asesinato de sus colegas por parte de las FARC. En el 2011 ese número las condenas por esta causa subieron de 1.253 en 2010  por $147 millardos a 1.587 condenas, por $208 millardos, las cuales corresponden, todas ellas, a unas 4.000 detenciones ilegales, aproximadamente. En 2012 la Fiscalía debió pagar casi $80 millardos en condenas, la mayor parte de ellas por detenciones ilegales. Esta seguidilla de condenas contra la Nación por detenciones arbitrarias por parte de organismos del Estado, llevó al Ministro del Interior Fernando Carrillo a afirmar que “hizo crisis la política de que un auto de detención no se le niega a nadie”. Le siguen en su orden, como causas eficientes de tales demandas contra la Nación, está el incumplimiento del pago de las condenas de las cuales son sujetos pasivos las entidades oficiales, con 6.345 procesos y $9.5 billones. En el tercer lugar, con la medalla de bronce, está el incumplimiento de sus obligaciones en lo atinente al pago de prestaciones sociales en cabeza del ISS primero y de Colpensiones ahora, con 98.638 procesos por $2.4 billones.


Al Estado le han caído como pirañas, el caso del INVÍAS es patético. 7 de las 11 concesiones adjudicadas por el Gobierno a firmas particulares en la década de los 90 no alcanzaron el tráfico mínimo garantizado en los contratos, ello le costó al Estado la módica suma de $300 millardos. Y cuando en sus controversias con los contratistas  ha tenido que ir a los tribunales o allanarse a conciliar no le ha ido mejor; a septiembre de 2005 ese sólo año tuvo que pagar el INVÍAS entre laudos y conciliaciones más de $200 millardos. Según el Economista Jefe del Banco Mundial Tito Yepes, “los errores que se han cometido en operaciones de rescate de proyectos de infraestructura en los últimos 13 años le han costado a Colombia 3.8% del PIB de un año, es decir alrededor de US $4.000 millones (¡!)”. En fin, esta es una verdadera bola de nieve.

AMENAZA LATENTE
Las demandas en contra del Estado siguen siendo una amenaza latente, se cuenta entre ellas, tan extravagante como la que emprendieron los Durango en contra del INCORA, se trata de una demanda por parte de más de 200.000 personas, todas ellas defraudadas por las desastradas pirámides. Esta demanda se funda en el hecho de que, ajuicio de ellos, el estado fue complaciente y tolerante con las pirámides, no actuó a su debido momento y con su pasividad permitió que los esquilmaran. Sus pretensiones son del orden de los $45.6 billones, llama poderosamente la atención que este monto supera en 15 veces los $3 billones, que es el estimado de lo que se perdió en las tales pirámides. Y todo parece indicar que con el escándalo que tiene en el ojo del huracán a la firma comisionista INTERBOLSA se puede estar incubando otra demanda multimillonaria contra el Estado, alegando falla en el servicio, pues al parecer hubo negligencia y tardanza en la intervención de la misma por parte de la Superintendencia Financiera. Por lo menos ello se desprende de la actuación de la Procuraduría General de la Nación, al imputarle cargos a su titular Gerardo Hernández, al considerar que “no tomó las medidas preventivas para evitar un perjuicio de los inversionistas y la pérdida de confianza del público por la supuesta manipulación del precio de la acción de Fabricato”. Esta ha sido considerada una especie de pirámide, pero de estrato 6, que compromete  a una élite de la sociedad.


Cursa otra demanda por valor de $5.9 billones, por presunto perjuicio a trabajadores de ISA con ocasión de una venta de acciones de la empresa. Otra busca una indemnización a los damnificados por la ruptura del Canal del Dique en la pasada ola invernal, al considerar que hubo imprevisión e improvidencia por parte del Estado y asciende a los $4.4 billones. Pero la tapa sí fue la re – conciliación del INVÍAS con el consorcio con el que había firmado un contrato en 1983 por valor de $600 millones, para construir 22 kilómetros de carretera entre Medellín y Turbo. A raíz de las discrepancias entre ellos en desarrollo del contrato, se fueron a una conciliación ante el Tribunal de lo contencioso Administrativo de Antioquia y se acordó pagarle al consorcio la suma de $690 millones, pero inexplicablemente esta suma se convirtió, a través de una nueva conciliación, en $106 millardos (¡!)en mayo de 2010. Por Dios! Más recientemente se enteró el país con asombro que la DRUMOND demandó al Estado Colombiano por unos líos con Ferrovías, el litigio fue a parar a la Cámara de Comercio Internacional de París, cuyo laudo fue adverso a Colombia y DRUMOND se ganó el Baloto, recibió de manos del Estado $60.000 millones, que desembolsó el Ministerio de Transporte sin hacer mucha bulla a finales de 2012. Sólo en el año 2011, INCO e INVÍAS pagaron por condenas judiciales $350 millares.


Un hecho de mucha notoriedad es la recurrencia con la que los organismos multilaterales, particularmente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), han venido condenando a la Nación, cuando no es cercenando su soberanía como el caso del Archipiélago de San Andrés, es condenándola a pagar cifras significativas por la transgresión por parte del Estado Colombiano de los derechos de los ciudadanos. Y ahora, después de firmar 15 tratados de libre comercio con otros tantos estados y los que faltan quedaremos más expuestos a demandas ante instancias internacionales que nos pueden salir caras. Sólo dos perlas, para ejemplificarlo: en el 2010 la Nación fue condenada a pagar por el crimen aleve del dirigente de la UP y a la sazón Senador de la República Manuel Cepeda Vargas la suma de US $340.000. Según la Contraloría General de la República, a septiembre de 2011 la Nación debió pagar más de US $24 millones por once condenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con los cuales se indemnizaron 916 víctimas.

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
Este tétrico panorama no puede ser más desolador para las finanzas públicas, tanto más porque esta triste historia se repite, guardadas las proporciones en las entidades territoriales, convirtiéndose los pleitos y controversias perdidas por parte del Estado en un agujero negro para las mismas. De allí la necesidad de que esta problemática se aborde y se resuelva de una manera integral, tapando todas las rendijas por donde se pueda desfalcar al fisco. Dicho sea de paso, en menos del 2% de las demandas que fueron falladas en contra del Estado se les ha pedido rendir cuentas a los servidores involucrados, no obstante que allí se configura un claro detrimento patrimonial para la Nación y que, además, muchos casos ameritan que se aplique con todo rigor la acción de repetición o subsidiariamente llamamiento en garantía con fines de repetición contra aquellos que resulten responsables, ya sea por acción o por omisión. Así lo prevé el artículo 2º de la Ley 678 de 2001, de la cual fui ponente en el Congreso de la República, en aquellos casos en los que se configure “conducta dolosa o gravemente culposa”.


Ante hechos tan aberrantes e inquietantes como los que hemos reseñado y ante la amenaza en ciernes de que el alud se convirtiera en una avalancha, resultaba imperiosa la necesidad de proceder sin tardanza y con resolución a fin de frenarla y contenerla. Si partimos de la base que tan responsable es el que peca por la paga como el que paga por la peca, parodiando a santa Teresa de Jesús, es menester trazar una estrategia envolvente que comprometa tanto al sector público como el privado. Pero, es el Gobierno el llamado a tomar la iniciativa, superando su pasividad y siendo muy proactivo en el propósito de salvaguardar el interés público. Y ello pasa por desbaratar el entramado de corrupción que anida en el Estado, como un primer paso en esa dirección. Un aspecto que es de la mayor importancia para hacer visible lo invisible, para hacer transparente lo opaco, es la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, sobre todo aquellos que tienen capacidad de ordenación del gasto. Bien dijo el Libertador Simón Bolivar en 1814 que “la hacienda Nacional no es de quien os gobierna. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostraros el uso que han hecho de ella”.
Pero, indudablemente uno de los factores que más ha contribuido a este desangre de las finanzas públicas es la debilidad institucional, de allí que registremos como un avance muy significativo en la defensa del interés público y de las finanzas del Estado la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al frente de la cual está la abogada Adriana Guillén Arango. Se trata de una entidad descentralizada del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. Es decir, que por fin el los recursos del Estado, que son sagrados, tienen doliente, al contar con una cabeza visible, que se ha sabido rodear de un equipo muy competente de expertos para defenderlos. Lo primero era lo primero, saber, tener un registro pormenorizado de los procesos que cursan en los tribunales y el estado de los mismos y en efecto, ya se cuenta con el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, no sin antes hacer un completo barrido para identificarla y clasificarla al detalle. A partir del cual se puede elaborar un mapa de riesgo que permita priorizar y focalizar la acción de defensa de los intereses de la Nación, que han venido siendo conculcados impunemente. El Gobierno dio un paso muy importante al expedir el Documento CONPES 3722 de marzo del 2012, a través del cual se autorizó un empréstito con la banca multilateral, con el fin de “financiar el programa de fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado”. Qué inversión mejor y más rentable que esta, de la cual se espera un buen retorno.


La reforma del Código contencioso administrativo reciente va a ser de gran ayuda para los fines y propósitos de la Agencia, toda vez que a través de la misma se consagró la obligación de la parte demandante de soportar suficientemente sus pretensiones. Ello es muy importante, porque le pone freno de mano a esta carrera alocada y alevosa tras los recursos del Estado, poniéndole esta cortapisa a los “litigantes frecuentes” y la mata de pleitos se reduzca a sus justas proporciones. Bien dice la Directora de dicha Agencia Adriana Guillén que “las pretensiones antes eran astronómicas. Hoy el demandante no puede hacer eso porque si pierde el proceso se arriesga a que lo condenen por la diferencia entre lo que esperaba obtener y lo que puede demostrar”. Y eso está muy bien, para ver si se le pone coto a tanta sinvergüencería. Colombia tiene mucho que aprender del modelo chileno, pues allá el Consejo de Defensa del Estado le evitó al fisco un pago equivalente al 94% del total de las pretensiones de los demandantes contra el mismo en el 2010!

UNA REFLEXIÓN FINAL
En Colombia, los escándalos se suceden uno a otro a un ritmo vertiginoso y terminan traslapándose unos con otros en un amasijo que termina confundiendo y desorientado a la opinión pública, pues abruman su capacidad de discernimiento. Y este es un campo abonado para la desmesura de algunos medios periodísticos en los que hace carrera el amarillismo, que no pocas veces fungen de tribunales inapelables, que condenan o absuelven sin fórmula de juicio a su arbitrio. Las asustadurías, como se les suele denominar a los órganos de control fiscal y disciplinario al tiempo que se ven suplantados, también son objeto de presiones indebidas, lo cual le presta un flaco servicio a la institucionalidad. Lo propio puede decirse con respecto a los jueces y a los magistrados, amén de la Fiscalía General de la Nación, lo cual se traduce a menudo en atropellos contra el ciudadano, que le salen costando caro a la Nación, al tiempo que a otros, que sí merecen estar tras las rejas se las apañan para eludir su condigno castigo. Colombia, en este sentido, ha venido arribando al peor de los escenarios: la politización de la Justicia y la judicialización de la política y ello no le hace bien a la democracia. 

Saber que las investigaciones se inician y prosperan es saludable para una sociedad tristemente acostumbrada a que el que la hace casi nunca la paga. Pero, he ahí el riesgo que entraña el afán de la chiva periodística y la frivolidad con la que se abordan muchos de los casos, que como aquellos a los que hemos hecho alusión, muchas veces auspiciadas interesadamente por las partes que concurren a los procesos. Ello estimula y de qué manera la litigiosidad en contra del Estado, es decir, en contra del presupuesto con que se  pagan las condenas, y con cargo en última instancia a los impuestos pagados por todos los contribuyentes. Por supuesto que cuando el Estado, como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades, causa un daño indemnizable, debe resarcirlo; y cuando éste es consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culpable de uno de sus agentes, la propia Constitución prevé que debe iniciarse una acción de repetición contra tales responsables. Pero hay que conservar la mesura y la sindéresis, no confundir investigado con responsable y tener cuidado con la presión que inevitablemente conlleva la divulgación anticipada a través de los medios de las investigaciones, lo cual que puede afectar en materia grave incluso la imparcialidad y objetividad de los encargados de resolverlas. Esta es la mejor contribución al propósito de suturar esta vena rota de las finanzas del Estado y contener este desangre, atentatorio por lo demás, este sí, de la sostenibilidad fiscal de la Nación. 


Barranquilla, junio 15 de 2013
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LOS RETOÑOS VERDES

LA RALENTIZACIÓN DEL CRECIMIENTO


El reporte del DANE respecto al crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año confirma la tendencia de la economía colombiana, cuyo crecimiento viene ralentizándose desde el cuarto trimestre de 2011. Después de haber alcanzado un destacado crecimiento del 7.9% en el tercer trimestre de 2011, la economía empezó a deslizarse en una especie de tobogán registrando un crecimiento del 6.6% en el cuarto trimestre de 2011, 5.4% en el primer trimestre de 2012, 4.7% en el segundo, 2.8% en el tercero y tuvo un ligero repunto del 3.1% en el último trimestre del año pasado. El año completo cerró con un crecimiento del 4%, calificado en su momento por el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas como “un excelente ritmo”, que “superó incluso las expectativas del Gobierno”, no obstante que significó un bajonazo con respecto al crecimiento del 6.6% del 2011. En este último trecho, hasta el propio Gobierno, muy dado a pensar con el deseo, había revisado a la baja sus propias expectativas y ya el Ministro Cárdenas se había resignado a esperar un magro crecimiento de la economía del 3% para este primer trimestre del 2013.

Pero, para desconcierto del Gobierno, el crecimiento del PIB en este primer trimestre, según el DANE, a duras penas llegó al 2.8%, inferior al 3.1% del trimestre anterior y muy por debajo del 5.4% del primer trimestre del año anterior. Pese a ello el Gobierno insiste en su nueva meta para este año del 4.5%, después que por fuerza de las circunstancias tuvo que bajarla del 4.8% prevista inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del año anterior. Huelga decir que para alcanzar la meta del 4.5% de crecimiento del PIB en el año completo se requiriría  duplicar el rítmo actual y crecer más del 5% en cada uno de los restantes tres trimestres, lo cual no es dable esperar. Este mediocre comportamiento de la economía pone de manifiesto su estancamiento y falta de dinamismo, alejándose cada vez más de la meta fijada en el Plan de Desarrollo Prosperidad para todos de un crecimiento sostenido del PIB por encima del 6%. Al tiempo que Fedesarrollo pronostica un crecimiento del PIB para este año del 3.8%, por su parte el Banco Mundial tiene una previsión del 3.9% e incluso habló de un posible recalentamiento de la economía colombiana.


Ahora bien, al escarmenar la cifra de crecimiento del PIB de 2.8% se puede constatar que ahora el sector de la construcción, que venía lastrando el crecimiento en los trimestres anteriores, es el que jalona el crecimiento de este trimestre con el 16.9%. Es de anotar que aunque el componente de las obras civiles del PIB de la construcción  tuvo un crecimiento notable del 17.5%, en cambio el relativo a la infraestructura de transporte, que es precisamente en donde Colombia tiene su mayor rezago, creció un lánguido 1.4% (¡!). Ello pone de presente la parálisis que acusa la ejecución de las tan anunciadas megaobras que permitirían desembotellar al país. Con toda razón conceptúa el Presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (CCC) Juan martín Caicedo Ferrer, que “es prematuro afirmar que la locomotora de la infraestructura arrancó y está marchando a todo vapor”, como lo han sostenido funcionarios del Gobierno. Le siguen en su orden los servicios sociales con el 4.5%, financieros con el 3.4%, el comercio con el 2.8%, el agro con el 2.4%, el transporte con el 2% y sorprendentemente el sector de minas y canteras sólo creció un anémico 1.4%. Mención aparte merece el sector industrial, que no sólo no creció sino que experimentó una recaída del -  4.1%. 


LA RECESIÓN INDUSTRIAL


El sector industrial completa ya cuatro trimestres consecutivos de variaciones interanuales en terreno negativo (2º trimestre de 2012 -0.1%, 3er  trimestre -0.8%, 4º trimestre -3.1% y -4.1% en el 1er trimestre de 2013, el de peor desempeño). El año 2012 fue pésimo para la industria y empeoró en el primer trimestre de este año, mostrando un creciente desánimo, si tenemos en cuenta que mes a mes se ahonda su crisis. En efecto, en el mes de enero su caída fue del -1.7%, en el mes de febrero de -4.5% y en marzo de -11.5%, la peor desde abril de 2009 (-13.9%). Es decir, que la industria acumula a marzo de este año una caída del orden de 8.1 puntos porcentuales, lo cual es una calamidad.


DECRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB INDUSTRIAL


2012: II Trimestre -0.1%/ III Trimestre -0.8%/ IV trimestre -3.1% 2013: I Trimestre -4.1%


CAÍDA DE LA INDUSTRIA MES A MES


2013: Enero -1.7%/ Febrero -4.5%/ Marzo -11.5%


Es evidente, entonces, que la industria ha entrado en recesión y entre las causas de la misma se destacan el menor consumo de los hogares, el freno de sus exportaciones y la pérdida de mercado doméstico por cuenta de la avalancha de las importaciones. Comolo advierte el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes, “la caída del sector industrial es un problema estructural, no de coyuntura, y requiere medidas que deben basarse en un análisis que todavía no se tiene”. Para el Ministro Cárdenas “la revaluación es la madre de todos los problemas”, pero no hay tal, la situación es mucho más compleja. De allí que medidas como las contempladas en el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE), aunque bien intencionadas, resultan insuficientes para sacarlo a flote. Por lo demás, el hecho que la contribución de la industria fabril al crecimiento del PIB es cada vez menor se constituye en la prueba reina del proceso de desindustrialización que acusa el país, pero que el Gobierno se niega a aceptar.


En cuanto al consumo de los hogares, que representa el 66% del PIB, se esperaba que su crecimiento en el primer trimestre de este año fuera por lo menos del 3.4%, sin embargo sólo registró un incremento de 3.2%, muy bajo si se compara con el aumento del consumo del trimestre anterior que fue del 4.6% y este es el peor registro en los últimos 8 años. El crecimiento del consumo fue negativo en -1.4% y -5.82% en enero y febrero, tuvo un ligero repunte en de 0.58% en marzo, para caer nuevamente -1.14% en abril. Por fortuna el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Fedesarrollo está mostrando una reacción positiva, ya que después de bajar repetidamente en los meses de enero (23.1%), febrero (14.9%) y marzo (14.8%), esta tendencia se revirtió al subir al 23.7% en abril. No obstante, en el mes de mayo cayó nuevamente al 20.1%, 6.4 puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2012. Las ventas de la industria entre enero y abril de este año cayeron 3.2% y ello lógicamente resiente al sector manufacturero. De no haber sido por el empuje del gasto del Gobierno, que creció 4.6% y la inversión, que después de dos malos trimestres registró un crecimiento del 7.2%, el panorama habría sido mucho más sombrío.


REACTIVACIÓN O REBOTE
Tan pronto como el DANE reveló las cifras correspondientes al primer trimestre, que no invitaban al optimismo, en un acto inusual, se apresuraron a dar cuenta del supuesto repunte que, según el mismo DANE, había tenido la industria en abril, primer mes del siguiente trimestre. Según el DANE la caída de la producción fabril tocó fondo y rebotó, alcanzando un crecimiento sorprendente y sorpresivo del 8.4%, un salto de garrocha de 12.5 puntos porcentuales (¡!), que aún sigue sin alguna explicación satisfactoria. Analistas tan serios como el ex ministro de Hacienda Roberto Junguito han puesto en duda dicha cifra, “en tanto que la Encuesta de la ANDI estima un estancamiento” para el mismo mes de abril. Para el Ministro Cárdenas la noticia no fue el reporte el día jueves 20 de junio por parte del DANE con respecto al primer trimestre, sino la reconfortante noticia del viernes 21 (víspera de un largo fin de semana, con puente festivo de San Pedro y San Pablo incluido) que daba cuenta del “repunte” de la industria.


El Ministro Cárdenas fue el encargado por parte del Gobierno de dar el parte de victoria: “el crecimiento de la industria (8.4%) es el dato de abril más alto de los últimos cinco años. Es el crecimiento más alto de la industria desde agosto de 2011” y remató, “sin duda, es el fin de la desaceleración económica”; por su parte el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri también celebra el hecho que “ya pasamos la fase descendente del ciclo y ahora comienza de nuevo la ascendente”. Ambos pasan por alto el hecho que la base de comparación se vió afectada, dado que el mes de abril de este año tuvo un mayor número de días que el mismo mes del año pasado, debido a que la Semana Santa el año pasado cayó en abril y este año cayó en marzo. Lo cierto es que, según el mismo DANE, en los primeros cuatro meses del año, inluido el mes de abril, la industria acumula un retroceso de 2.7%. De hecho 33 de 48 subsectores analizados siguen con saldo rojo. De modo que aún es demasiado pronto para concluir que la industria salió de su estancamiento, menospreciando las señales de alerta, los retoños están todavía demasiado verdes. Ello es tanto más cierto, si tenemos en cuenta la caída de la formación de capital con respecto al último trimestre del año anterior y el entorno internacional, que es tan adverso.  Ojo, pues, con la autocomplacencia, ya que ella entraña serios peligros. 


Como lo señala el ex ministro Hommes, “para que lleguemos al 4% de crecimiento en el 2013, se necesita adicionalmente que el consumo privado aumente más del 4% en el año, que la inversión extranjera continúe llegando con el rítmo que trae, que el Gobierno sea capaz de ejecutar sus proyectos, cuyo presupuesto es de $42 billones y que la minería y los sectores de servicios crezcan por encima del 5%”. Es decir, que para lograr la meta de crecimiento del Gobierno, de 4.5% del PIB, se requiere que estos indicadores líderes de la economía se desperecen, pero todos ellos siguen aletargados.

LA CRISIS DEL SECTOR EXTERNO
El arranque este año para el sector externo no fue el mejor, las exportaciones cayeron 1.2% en el primer trimestre, al tiempo que las importaciones subieron el 1%. Cabe destacar dos hechos que cobran particular relievancia: que la importación de manufacturas creció este mismo 1%  y que las importaciones procedentes de EEUU crecieron el 26%, gracias al TLC. Según un dato más reciente, suministrado por el Director del DANE Jorge Bustamante, las importaciones colombianas crecieron el 16.5% en abril y “durante los cuatro primeros meses del año las compras externas del país crecieron 4.7% con relación al mismo período de 2012”. Es de resaltar que el 76.8% de tales importaciones corresponden a manufacturas, de tal suerte que la importación de insumos, maquinaria y equipo resulta ser residual.


El auge del sector minero – energético durante la década pasada le imprimió un gran dinamismo al sector exportador, habida cuenta que dicho renglón llegó a representar más del 70% del total de las exportaciones. Entre los años 2007 y 2012 particularmente se expandió el mercado de productos básicos y sus precios se dispararon, al punto que los términos de intercambio mejoraron ostensiblemente, el 55% aproximadamente, durante dicho período. Pero, todo indica que este ciclo ha llegado a su fin y que ahora nos enfrentamos a la contracción de tales mercados y a la destorcida de los precios; es lo que hemos llamado el cuarto menguante del boom minero – energético. Los países emergentes, encabezados por China y la India, habían logrado desacoplarse de la economía global y crecían a su propio rítmo, que oscilaba en el caso de estos dos países entre el 9% y el 10%, se habían convertido en las aspiradoras de materias primas, pero ahora han bajado su rítmo de crecimiento y en consecuencia han reducido su demanda por ellas.


Las economías emergentes, después de crecer en promedio el 7% en la última década, crecieron alrededor del 4% en el segundo trimestre de este año, la menor tasa de crecimiento desde 2009. Y no hay que perder de vista que durante la década aludida, tales países generaron algo así como el 75% del crecimiento de la economía global. Ello afecta tremendamente a Colombia, uno de los países más golpeados por el deterioro de los términos de intercambio reciente, amén de las restricciones de los mercados para sus exportaciones de crudo, carbón y ferroníquel, especialmente. Los vientos están soplando en otra dirección, que no le es favorable a la economía colombiana.


Durante la década 2003 – 2012, Colombia navegó en la cresta de la ola de este boom y gracias a ello logró lo impensable, quintuplicar sus exportaciones, las cuales bordearon el año anterior los US $60.000 millones y el saldo a favor de su Balanza comercial fue del orden de los US $4.181 millones. Pero este boom ya es cosa del pasado, con un agravante y es que Colombia desaprovechó tal coyuntura para equiparse mejor, para promover la industria y el agro, para diversificar su oferta exportadora. Por el contrario, tanto la industria como el sector agropecuario se han visto afectados por la enfermedad holandesa que trajo consigo la “maldición” de los recursos naturales. Por ello nos parece muy alejado de la realidad el anuncio reciente del Ministro de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) Sergio Diaz-Granados, en el sentido que “la meta de este Gobierno es triplicar las exportaciones no mineras”, pues, como él mismo lo reconoce, “eso se hace de la mano de la industria” y esta sigue de capa caída.


Pero, cabe preguntarle al Ministro de qué industria habla, si lo que viene ocurriendo es lo que delata el ex ministro de Hacienda y ex director de la CEPAL José Antonio Ocampo, que “muchas empresas industriales prefieren utilizar la red de comercialización que ya tienen y destinarlas a importar”. Es el caso de Arturo Calle, que pasó de ser reputado confeccionista a exitoso importador y el más reciente Icollantas (fundada con apoyo del IFI en 1942), cuya casa matriz (Michelin) optó por importar las llantas que venía produciendo en Colombia desde sus plantas en el exterior y su plantilla pasó de 400 empleados a sólo 60 agentes comerciales. Como lo señaló el ex ministro Ocampo, “la indigestión de Tratados de Libre Comercio (TLC) que tiene el país y que va a terminar de destruir el aparato productivo colombiano”. Y él va más lejos al considerar que “No puede ser que el ministro encargado de la liberación del comercio sea el mismo encargado de la industria, la industria es una agenda secundaria en esa cartera”. Mientras no se supere esta disfuncionalidad va a ser muy dificil que la industria salga del atolladero en el que está.


Y no estamos hablando de casos aislados, más de 500 microempresas de calzado han sido clausuradas en Bucaramanga, dejando cesantes más de 10.000 trabajadores. Según la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE)de la ANDI, el 53% de las empresas fabriles se han visto seriamente afectadas por la competencia desleal; el 28.1% considera que el dumping es la práctica comercial que más perjudica a los empresarios nacionales. Coincido con el analista Andrés Espinosa en que “percibimos una relación de causalidad directa entre la reducción unilateral de aranceles y el desplome industrial de los últimos tres trimestres”. Ello, sumado a la carencia de una política industrial mantiene postrado este sector. Dice el Ministro Cárdenas que “hay que perderle el miedo a la política industrial y eso quiere decir apartarse un poco del neoliberalismo extremo”, pero tal planteamiento se queda en la retórica y le siguen rindiendo culto al neoliberalismo extremo sin apartarse un ápice del mismo.


Pero, no ha sido la industria la única afectada, también el sector agropecuario ha sido afectado por esta fiebre aperturista, que hace recordar los estragos de la apertura atolondrada de 1991. Según la SAC las importaciones del sector agropecuario para el año 2012 crecieron con respecto al 2011 en 909.000 toneladas, al pasar de 8.6 a 9.5 millones de toneladas; en tanto que en valor ascendieron a US $6.108 millones, con un crecimiento del 13%. Y la conclusión no puede ser más desconsoladora para el agro y para los agricultores colombianos: “las cosechas se reemplazan por importaciones”. Es decir, que se repite con el agro lo que ocurre con la industria. Por ello, no es de extrañar que con la crisis de crecimiento que acusan tanto el sector industrial como el sector agropecuario, se esté destruyendo empleo formal así en el campo como en la ciudad. Según cifras del DANE en el trimestre marzo – mayo de este año, mientras el comercio, los restaurantes y la hotelería generaron 60 mil nuevos puestos de trabajo, se perdían 158 mil en agricultura, pesca, ganadería y silvicultura. A estos se vienen a sumar otros 38 mil que quedaron cesantes en el mismo período en la actividad manufacturera.  Cabe preguntarse, como se explica que, como lo anunció recientemente el DANE, la tasa de desempleo en Colombia bajó al 9.4% en el mes de mayo.


Esta asimetría entre el crecimiento de las importaciones y el decrecimiento de las exportaciones se ha traducido en una fuerte baja en el superávit de la balanza comercial de Colombia. El déficit en Cuenta corriente de la Balanza de pagos, según el B de la R,  pasó de US $1.680 millones en el primer trimestre de 2012 (1.9% del PIB acumulado) a US $3.038 millones en el primer trimestre de este año (3.3% del PIB acumulado). El déficit sería mayor de no ser porque los precios internacionales de los commodities a pesar de la baja de los mismos todavía están altos. Como lo acotara el ex ministro Ocampo, de no ser por estos precios, dicho déficit  sería del 10% del PIB, lo cual sería una barbaridad. Esta perspectiva fue la que llevó a ANIF a manifestar su preocupación porque “nuestras exportaciones pudieran descender a US $58.000 millones en 2013 (en vez de los esperados US $64.000 millones) y a US $65.000 millones en 2014 (frente a los esperados US $71.000 millones) con deterioro hasta del 3% del PIB en la cuenta externa, llegando casi al 6% del PIB”. Y por ello plantea la “urgencia de buscar una mayor competitividad para nuestro frente exportador, donde el tema de la infraestructura es vital, y una mayor diversificación”. Será mucho pedir?


La crisis del sector externo de la economía no es mayor porque la gran afluencia de capitales en los últimos años, tanto por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) como inversiones de portafolio los créditos externos, ha compensado en gran medida el déficit en Cuenta corriente. Durante el año 2012 la IED llegó a su clímax, con US $15.823 millones, con un incremento del 17% frente al 2011. Pero, ya en el primer trimestre de 2013 se contuvo la llegada de tales inversiones; según el Informe de Balanza cambiaria del B de la R, al corte del 7 de junio de este año el monto de capitales foráneos que vino a recalar en el país ascendió a US $7.648 millones, 18% por debajo de los US $9.330 millones registrado en igual período del año anterior.


En relación a la IED, vale la pena resaltar que al final de cuentas no es mucho lo que aporta para contrarrestar el desequilibrio de la balanza externa, porque ella tiene su contrapartida en el giro de la remesa de utilidades al exterior por parte de las empresas. En la última década la entrada de capitales por concepto de IED al país ascendió a la suma de US $84.000 millones, de los cuales más de la mitad se invirtió en el sector de minas e hidrocarburos, al tiempo que se remesaron al exterior por concepto de utilidades y dividendos US $76.000 millones. Para el primer trimestre de este año, mientras la IED fue de US $3.700 millones, por el otro lado salieron US $3.500 millones a través de remesa de utilidades y dividendos. Es decir, que lo comido sale por lo servido, pues el monto de la repatriación anual de utilidades y dividendos es casi el mismo de la IED (3% del PIB). De no haber sido por las inversiones de portafolio, que han crecido enormemente gracias al incentivo que se les dio en la pasada reforma tributaria y el mayor endeudamiento externo por parte del sector privado, que el Gobierno se ha negado a ponerle cortapisas, el desbalance sería mucho mayor. En efecto, en el primer trimestre de este año entraron US $3.061 millones en capitales de portafolio, 140% más que en el primer trimestre de 2012 y por créditos del sector privado US $2.400 millones. Pero, lo que por agua viene por agua se va, en la medida que las condiciones externas varíen estos capitales, que por algo los llaman golondrinas, levantan vuelo y se van, dejando al país sumido en su más profunda crisis.


La OCDE, el club de los países ricos, a cuya membresía aspira el Gobierno Santos, así sea de arrimado, en su más reciente informe, advierte que “la relativa holgura de tiempos recientes se encuentra en riesgo si la bonanza de los bienes primarios desaparece” y no cabe duda que esta es cosa del pasado. De allí la conclusión del diario económico Portafolio: “si no hay excedentes en el comercio externo, la inversión extranjera que llega a Colombia disminuye y los capitales buscan otros destinos más atractivos, están dadas las condiciones para que la devaluación se haga presente con más fuerza que las semanas pasadas y tal escenario no depende tanto de la voluntad del Gobierno, sino de sumas y restas que dejan en evidencia que hay un nuevo ciclo en materia externa, del cual hay que tomar nota”. Más claro no canta un gallo!


Bogotá, julio 7 de 2013
www.amylkaracosta.net

EL ¡TARDE PIACHE!

FLOR DE UN DÍA

Muy poco duró la celebración por parte del Gobierno del inesperado resultado del crecimiento de la industria en el mes de abril, que contrastaba con la caída persistente que venía acusando durante los cinco meses anteriores. Según el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas “el crecimiento de la industria (8.4%) es el dato de abril más alto de los últimos cinco años. Es el crecimiento más alto de la industria desde agosto de 2011” y remató diciendo que “sin duda, es el fin de la desaceleración económica”; lo secundó el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, aseverando que “ya pasamos la fase descendente del ciclo y ahora comienza de nuevo la ascendente”. El Presidente de la ANDI Luis Carlos Villegas se contagió del optimismo del Gobierno, al considerar también que el sector industrial se estaba reactivando. Y no era para menos, dado que según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) elaborada por la ANDI y seis gremios más del sector empresarial “llevamos dos meses, abril y mayo, con cambio de tendencia”.
Es más, según dicha Encuesta entre enero – mayo la producción industrial había crecido 0.2%, las ventas totales (incluidas las exportaciones) el 1.1%  y las ventas en el mercado nacional el 1%. Pero, desde luego, el optimismo del Presidente de la ANDI no era tan rebosante como el del Gobierno; él se muestra más cauto y no es para menos. Ello se explica porque al consultar los indicadores líderes de la actividad económica coincidió con nuestro planteamiento en el sentido que aún era demasiado pronto para concluir que la industria había salido de su estancamiento, menospreciando las señales de alerta, además de que los retoños están todavía demasiado verdes. En efecto, según él “los resultados de la EOIC muestran que la actividad manufacturera enfrenta un momento difícil. En efecto, la producción deja de caer aunque no crece; las ventas mantienen bajos crecimientos; la utilización de la capacidad instalada está por debajo del promedio histórico y los industriales enfrentan problemas de demanda, contrabando y baja rentabilidad”.
Pero, para mayor desconcierto de ellos, el DANE en su reporte del mes de mayo muestra que la industria volvió a contraerse, esta vez el - 3.1% con respecto al mismo mes del año anterior, con lo cual acumula una sensible caída del - 2.9% de enero a mayo, cuando en igual período del año 2012 subió el 0.8%. Lo más preocupante es que 34 de los 48 renglones contemplados en la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) considerada por el DANE arrojaron cifras negativas. También cayeron las ventas durante este período del sector manufacturero el - 2.7%, frente a un crecimiento de 1.5% registrado un año atrás. Es más, en los últimos doce meses (de mayo de 2012 a mayo de 2013) la producción industrial cayó - 1.5%, período este crítico puesto que sólo 18 subsectores de los 48 que componen la MMM reportaron alza en la cifra. Una de las razones por las cuales la ANDI y el Gobierno se descacharon al pronosticar un repunte de la alicaída industria basados en el resultado del mes de abril de 2013, ya lo habíamos advertido, es que este se había beneficiado del hecho de tener un mayor número de días hábiles que abril de 2012 por los feriados de Semana Santa el año anterior. 

Y todo parece indicar que el comportamiento del mes de junio no va a mejorar el desempeño del primer semestre de este año; ello, si nos atenemos a los registros de la demanda de energía que lleva  el administrador del mercado mayorista XM. Según este la demanda de energía en el mes de junio apenas sí creció un débil 1.8% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando la demanda se incrementó el 4.5%, lo cual denota una menor actividad económica.  Mientras el sector de minas y canteras redujo su demanda en - 2.5%, como síntoma de su desaceleración, la industria disminuyó su consumo de energía – 0.1% con respecto a igual mes del año anterior. Estos dos sectores sumados representan el 61.2% del total de la demanda de energía en el país y constituyen la base del llamado mercado no regulado. Se comportó mejor el sector residencial, que tuvo un incremento para el mes de junio de 1.2%, que tampoco es satisfactorio. Al cierre del primer semestre de este año, el consumo de energía va en un modesto 3.3%, muy por debajo del consumo del primer semestre de 2012, razón potísima para dudar que vendrán mejores tiempos para la industria. 


EL DESBALANCE COMERCIAL 

Con el magro crecimiento de la economía colombiana hasta ahora ésta se está alejando cada vez más de la meta del Gobierno para todo el año 2013, que es del 4.5% y lo propio podemos decir de la industria, que muy seguramente terminará el año en terreno negativo. Esta crisis de crecimiento que acusa la economía colombiana en su conjunto, pero acentuada en su sector industrial, se debe a problemas inveterados de índole estructural que afectan su competitividad y su potencial de crecimiento, sumado a un entorno internacional adverso, los cuales terminan por golpear también su balanza comercial. En el mes de mayo las exportaciones cayeron - 2.5% frente al mismo mes de 2012, situándose en los US $5.267 millones. Al desagregar el renglón de las exportaciones llama poderosamente la atención que la mayor caída se da por cuenta de las exportaciones tradicionales (3%), arrastradas por la contracción del mercado de materias primas y al deterioro de los términos de intercambio. La caída de las exportaciones de carbón en el mes de mayo, por ejemplo, fue de – 13.8% y las de ferroníquel del – 13.9%. Entre tanto las exportaciones no tradicionales tuvieron un incremento de 1.5%, aunque muy bajo si lo comparamos con el crecimiento un año antes, que fue de 9.7% e incluso con respecto al mes de abril de este año, que alcanzó el 27.2%.


En el acumulado de enero a mayo de este año las ventas al exterior acusaron una caída del - 6.5% frente al mismo mes del año anterior; las mayores exportaciones no tradicionales (5.6%) compensaron parcialmente la estruendosa caída del – 11% de las exportaciones tradicionales. En esos primeros cinco meses del año 2013 las exportaciones manufactureras (que representan sólo el 15% de las exportaciones totales) ascendieron a US $4.223 millones, ligeramente superiores a los US $3.999 millones que registraron en igual período de 2012. Las manufacturas, particularmente, de acuerdo con el DANE tuvieron un repunte del 6.9% en el mes de mayo, no obstante que sólo 14 subsectores de 34 reportaron tasa de crecimiento positivas para dicho mes.  


                                                                        2012                             2013
                                                                                 (Millones de dólares)
         
             Exportaciones totales                           5.403                             5.266
             Industria extractiva                              3.574                             3.479
             Manufacturas                                         921                                985
             Agropecuarios, alimentos y bebidas          637                               610
             Otros                                                    270                                191


EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA POR SUBSECTORES
(Variación % anual)


Este revés en las exportaciones ha venido afectando la Balanza comercial, que si bien sigue siendo superavitaria el saldo favorable se ha visto muy menguado en el último semestre. En los primeros cinco meses de este año el superávit de la Balanza comercial fue de US $911 millones, cifra esta muy alejada de los US $3.128 millones para similar período de 2012. Resulta llamativa la estrepitosa caída del 46.6% (¡!) del superávit comercial de Colombia con EEUU luego de catorce meses de vigencia del TLC, cuando se prometió que gracias a este nuestras exportaciones y no la de los EEUU se iban a catapultar. En efecto, según Fedesarrollo, la balanza comercial de Colombia con EEUU pasó de tener un superávit a favor de Colombia US $9.600 millones en junio de 2012 a US $5.100 millones en junio de 2013.


Es de anotar que la caída de las exportaciones ha coincidido con la reducción de la afluencia de la inversión extranjera directa (IED) al país, particularmente al sector de la minería y los hidrocarburos, que era hasta hace poco justamente su mayor polo de atracción. Según cifras del B de la R la IED cayó el 6.2% en el primer semestre de este año con respecto a igual período del año pasado, al pasar de US $9.330 millones a US $8.730 millones. Desde luego, la IED se siguió concentrando en los sectores de la minería y los hidrocarburos, pero aún esta bajó para el mismo período de US $1.647 millones a US $1.492 millones. Esta afectación a la Balanza de Capital, sumada al menor superávit de la Balanza comercial, desequilibra aún más la Balanza de Pagos del país. Según estimativos del Banco de Colombia, “el déficit en cuenta corriente pase del 3% al 3.4% del PIB en 2013”

UNA DIGRESIÓN

En este punto hagamos una digresión para destacar el hecho de que las exportaciones tradicionales, básicamente petróleo, carbón y ferroníquel, han perdido el dinamismo que traían, debido en gran medida que el boom de las materias primeas, como lo hemos venido reiterando, después de un largo ciclo de boom, ha entrado en su cuarto menguante. Y este se debe en gran medida al comportamiento reciente de la economía china que junto con la economía de la India se convirtieron en las “aspiradoras” de materias primas. Estas economías habían logrado desacoplarse de la Euroeconomía en barrena y de la economía norteamericana, que sigue rengueando, y así mientras estas aún no se reponen de la Gran crisis que estalló en 2008, las economías emergentes encabezadas por ellas se convirtieron en las locomotoras del crecimiento de la economía global. China particularmente alentó el mercado de materias primas, dado su modelo de crecimiento fincado en las grandes inversiones en infraestructura que demandaban ingentes cantidades de materias primas. De allí la gran demanda por estas y la espiral alcista de sus precios, los cuales se duplicaron entre 1998 y 2008, según las mediciones del Índice de Commodities Dow Jones – UBS.


Pero, qué ha pasado en los últimos años? Sencillamente los líderes del gigante asiático están dando un viraje a dicho modelo, enfocándose más hacia el mercado interno que al mercado externo, profundizándolo y consolidándolo, orientándose más hacia un crecimiento sostenible. Ello los ha llevado a tener metas menos ambiciosas de crecimiento, al punto que recientemente el Ministro de Finanzas del gobierno chino, Lou Jiwei, hizo una nueva previsión del crecimiento del PIB para este año, revisándola a la baja y fijándose como meta “una tasa esperada de crecimiento del PIB del 7%”.  Y es que después alcanzar tasas de crecimiento de dos dígitos por más de una década, la economía china viene en un franco proceso de ralentización: el año pasado cerró el año con un crecimiento del PIB de 7.8%, su tasa más baja en 13 años! Con la caída del ritmo de crecimiento desde 7.7% en el primer trimestre de este año, al 7.5% en el segundo trimestre, la economía china completa cinco trimestres consecutivos de crecimiento por debajo del 8%, “una señal evidente de dificultades”, según estimó Ren Xianfang, analista de IHS Global Insight.


Esta desaceleración del crecimiento de la economía china ha terminado por impactar negativamente la demanda y por consiguiente, dado su peso en el mercado, ha incidido sobre el precio de los commodities. Y, lógicamente, los más afectados por esta inversión en la tendencia de estos mercados son aquellos países que como Colombia y los demás países de Latinoamérica dependen hoy más que nunca de las exportaciones de productos básicos. Otro factor que también había contribuido en el pasado a insuflar los precios de los commodities, como son las inversiones especulativas en los mismos, ahora le han dado la espalda, alertados de un posible cambio de tercio por los sibilinos anuncios de Bernanke, Presidente de la Reserva Federal (FED) de los EEUU. Con sobrada razón, entonces, sentenció el Primer Ministro de Australia Kevin Rudd: “la verdad es que el boom de recursos de china terminó” y con él terminó también la época de las vacas gordas para Latinoamérica en general y para Colombia en particular. Como es apenas obvio, este entorno externo conspira contra las posibilidades de un mayor crecimiento de la economía, habida consideración de que esta se ha tornado más vulnerable en la medida en que el sector minero y el de los hidrocarburos representan más del 70% de las exportaciones. 

LOS TLC:  TRAMPOLÍN O CADALSO
 
Pese a este panorama tan sombrío de la economía nacional y, sobre todo, de su sector externo, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) Sergio Díaz-Granados, promete a pié juntillas que “la meta de este Gobierno es triplicar las exportaciones no mineras”. Pero, cabe preguntarse cómo va a lograr el Ministro semejante hazaña. Él está convencido, contra toda evidencia en contrario, que la varita mágica para alcanzarla son los TLC y por eso anda como un trotamundos por doquier, firmando TLC a diestra y siniestra, sin reparar en las consecuencias que tal insensatez le pueda deparar al país. Ya tenemos vigentes 9 de esos tratados y a partir del primero de agosto se completan 10, al entrar en vigor el firmado con la Unión Europea , se han suscrito 3 más y están en proceso de negociación 5, pero hasta ahora los resultados han sido adversos, pues con los TLC Colombia exporta cada vez menos e importa cada vez más.


Es el caso del TLC con los EEUU: entre el 15 de mayo de 2012 y el 31 de marzo de 2013 la facturación al mercado estadounidense  - sin las exportaciones de petróleo, dado que estas no tienen nada que ver con el TLC – ascendieron a US $6.004 millones, para un incremento de sólo el 3.3%. Entre tanto las importaciones crecieron el 14.6%. El caso de Colombia no es la excepción sino la regla; Perú y Chile, que se han presentado en Colombia como paradigmáticos, han corrido con la misma suerte. Las exportaciones del Perú a los EEUU en 2012 se incrementaron 10.6% con respecto al 2008, antes de su entrada en vigor, en tanto las importaciones se incrementaron el 51.3% (¡!). Por su parte las exportaciones de Chile entre 2003 – 2012 aunque crecieron 153% las importaciones crecieron cuatro veces más (¡596%!). Según nos lo cuenta el analista Mauricio Cabrera, merced a los TLC Perú ha visto aumentar sensiblemente el superávit comercial en dicho lapso a favor de los EEUU, al pasar de US $370 millones a US $2.931 millones. Y Chile, después de tener una Balanza comercial superavitaria con EEUU ahora deficitaria en US $9.505 millones. De modo, que después de conocer esta cruda realidad uno no puede menos que concluir que nos podemos dar por bien servidos.


Como lo señala muy bien el analista Cabrera, “en la década de los noventa el comercio exterior (exportaciones más importaciones) representaban un 30% del PIB, y hoy son el 45%. El ministro del ramo podría estar muy satisfecho con este resultado, salvo por el pequeño detalle de que ha sido una apertura hacia adentro: las exportaciones eran el 16.1% del PIB y ahora son el 16.4%, mientras que las importaciones duplicaron su participación pasando del 15.4% al 29.4% del PIB”. Este resultado no puede ser más desolador y se debe en gran medida a tres factores, entre otros: primero, Colombia no cuenta con una oferta exportadora, segunda al coctel fatídico de la desgravación arancelaria mezclada con la revaluación del peso y, finalmente, los sobrecostos en que incurre el productor colombiano por las enormes deficiencias en materia de infraestructura y logística. Lo reconoce Hernando José Gómez, coordinador del equipo de negociación del TLC con EEUU y hasta la semana anterior Zar de los TLC: “por primera vez, desde la crisis de los años 30, Colombia tiene más acceso a mercados internacionales que oferta exportable”.


Pero las dificultades para el sector productivo colombiano no sólo ha sido para salir a competir afuera, sino para poder competir en desigualdad de condiciones con la producción y los productores extranjeros que están copando el mercado nacional. Con gran claridad nos explica el ex ministro de Hacienda y ex secretario adjunto de las Naciones Unidas para asuntos económicos José Antonio Ocampo, que “la gran ventaja histórica de la economía colombiana ha sido su diversificación productiva….Hoy en día tenemos más producción y exportaciones de petróleo y minerales, pero el resto del aparato productivo está cada vez más débil…La desindustrialización ha avanzado a un ritmo vertiginoso, similar al que experimentó el país después de la apertura acelerada de 1991…La mezcla de la sobrevaluación con los TLC hace que nuestra industria no pueda competir con importaciones o exportar hacia los países con los cuales tenemos tratados…El mayor mito es que los TLC ofrecen de por sí grandes oportunidades de crecer. Esto puede ser cierto cuando se tiene la capacidad productiva, pero esa capacidad no se construye por el mero hecho de tener oportunidades para exportar…Hay que tener una política para construir dicha capacidad, así como otras condiciones: capacidad tecnológica y tasa de cambio e infraestructura apropiadas”. Bien dice el Presidente de ANIF Sergio Clavijo que “los TLC son simples oportunidades para incrementar nuestro comercio, pero ellos no garantizan el éxito por sí solos”.


Ante los estragos de los TLC se apela por parte de sus alabarderos al socorrido argumento de que hay que darle tiempo al tiempo, pero cuando se mira retrospectivamente lo que ha pasado en México, que ya lleva veinte años de vigencia, se cae de su peso. Y, al fin y al cabo, a largo plazo, como dijo Keynes “todos estaremos muertos”. Como lo destaca Ocampo “desde que firmó el NAFTA México ha crecido a un promedio de 2.6%, la tasa más baja de América Latina. Chile creció sin TLC entre 1990 – 1997 casi el doble de lo que en 2003 – 2013”. Y aquí nos siguen diciendo, a pesar de la contundencia de los hechos, que el TLC con EEUU le significará a la economía colombiana un punto adicional de crecimiento del PIB anual.


También se ha dicho, para sobrevender los beneficios del TLC, que gracias a este se generarán 500.000 empleos formales adicionales en cinco años. Pero veamos lo que ha ocurrido en México: según un enjundioso estudio del ex decano de Economía de la Universidad de los Andes y hoy Ministro de Salud Alejandro Gaviria, “no sería errado concluir, a la luz de la evidencia, que el empleo en la industria manufacturera no maquiladora no ha cambiado de manera radical en México con posterioridad a la aprobación del NAFTA. De nuevo, la noticia vuelve a ser la ausencia de noticias”. A ratos uno piensa, que a diferencia del Quijote que confundía los molinos de viento con gigantes, en este caso se está confundiendo el cadalso con un trampolín. 

Y al empleo en la  la agricultura en México no le fue mejor, según el mismo trabajo in comento “una lectura optimista de la evidencia llevaría a concluir que la agricultura perdió entre 600 y 700 mil empleos después del NAFTA. En suma, lo que se ganó en la maquila se perdió en el campo. Y la historia vuelve a ser la misma de siempre: nada pasó. Al menos a nivel agregado”. 

¿UNA NUEVA VISIÓN?
Se le ha dicho al Gobierno en todos los tonos, que una cosa son las oportunidades que ofrecen los TLC y otra cosa muy distinta es que el país esté preparado para aprovecharlos. Varios gremios empresariales, especialmente los de la pequeña y mediana empresa, tanto industrial como agropecuaria, han venido clamando la necesidad de hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la necesidad de poner más atención en la preparación que en la alocada firma de TLC. Pero al alto Gobierno tales admoniciones le entraban por un oído y le salían por el otro, en un alarde de arrogancia muy propio de los dómines del modelo económico imperante, que se creen infalibles. Más recientemente, el ex ministro Ocampo les llamó la atención sobre “la indigestión de Tratados de Libre Comercio (TLC) que tiene el país y que va a terminar de destruir el aparato productivo colombiano”. Y él no lo decía a humo de paja, lo dijo a propósito del sinnúmero de empresas que va dejando a la vera del camino la avasalladora marcha de los TLC.


Por fin, el país se entera por boca del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, que el Presidente Santos en un relámpago de sensatez “ha esbozado una nueva visión, un nuevo paradigma, que se resume en que durante los últimos 20 años el enfoque del país ha sido la negociación de tratados de libre comercio, pero se debe cerrar ese ciclo de los TLC pues ya está completa la primera fase que nos permite ampliar mercados con más consumidores y más competencia, tenemos que concentrarnos en la política industrial…Debemos empezar a digerir esos acuerdos y empezar a ofrecer más señales de los sectores con los cuales se pueden aprovechar las ventajas arancelarias”. Ahora, dijo Santos en la Instalación del último período de sesiones del Congreso de la República, “debemos enfocarnos más en potenciar la competitividad de nuestra industria y nuestro agro, para seguir creando empleo”. Enfatiza el Ministro Cárdenas que “durante los últimos 20 años el enfoque del país ha sido la negociación del TLC, pero se debe cerrar ese ciclo, pues ya está completa la primera fase que nos permite ampliar mercados con más consumidores y más competencia, tenemos que concentrarnos en la política industrial”. 


Pero, este es el Gobierno de las incoherencias, tan pronto trascendieron las declaraciones del propio Presidente de la República y del Ministro de Hacienda, salió al quite el titular del de MCIT y manifestó que “no hay cambio de visión en ningún caso, porque no nos estamos arrepintiendo de lo que estamos haciendo; un cambio de visión me suena como que esto que hice no estaba bien y ahora hago esto que es mejor”. Como dice la canción, en qué quedamos por fin, hay o no hay un cambio de visión, porque el Ministro Díaz-Granados, como aquel brillante escritor y orador Carlista Vásquez De Mella, podrá “estar en el error, pero, eso sí firme”. Hace hincapié el Ministro Díaz - Granados en que “no es que estén cerradas nuevas negociaciones, eso sería un mensaje demasiado extremo, porque estamos hablando del cuatrienio (del Presidente Juan Manuel Santos) y de que la mayoría de las metas trazadas en 2010 se han venido cumpliendo”. Ya entendemos el por qué, con gran dosis de sindéresis, anotó el profesor Ocampo que “No puede ser que el ministro encargado de la liberación del comercio sea el mismo encargado de la industria, la industria es una agenda secundaria en esa cartera”. No se puede servir bien a dos señores a la vez, reza el adagio popular, así el Presidente le haya impartido la orden perentoria en el sentido que “en adelante, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe ser ahora más de Industria que de Comercio”

¡ES LA INFRAESTRUCTURA!

Como lo sostiene el Presidente de la firma HACEB Cipriano López, casi como el canto del cisne, porque también ella está en capilla por cuenta de los TLC, “no existe una economía en el mundo que haya alcanzado su desarrollo sin fortalecer su industria. Sin empresas de manufactura es imposible que el país crezca, genere empleo, calidad de vida y desarrollo sostenible para sus ciudadanos. Los TLC son útiles si le sirven a una economía para fortalecerse. No sólo para importar”. En una columna reciente, el empresario David Yanovich recogió unas declaraciones muy patéticas de parte de un empresario del Valle que ponen el dedo en la llaga. Afirma él que “de las puertas de mi fábrica para adentro yo no tengo problema en competir. El problema resulta de las puertas de mi fábrica hacia fuera”. Y continúa Yanovich, “el efecto  de la tasa de cambio se ha visto amplificado por el hecho de que los costos de logística y transporte en Colombia son sensiblemente más altos que el de sus países competidores (hasta 20%, según algunos cálculos de varios analistas), lo cual a su vez está afectado porque los centros de consumo en el país, por razones históricas, crecieron en la mitad de las montañas, lejos de las costas, y en sitios geográficamente complejos”. Este es el quid del asunto, el busilis del problema, como dirían otros, y al parecer el Gobierno sigue sin percatarse de ello.  


Hace rato se sabe que el principal cuello de botella que enfrentan las empresas colombianas para competir con éxito y poder aprovechar los TLC es la carencia de infraestructura y logística apropiadas; el rezago en este frente es de décadas. De acuerdo con Doing Business, en Colombia es más costoso exportar e importar que en EEUU, América Latina y los países de la OECD, lo cual pone de manifiesto el atraso que acusa especialmente su infraestructura y logística; ello es muy preocupante, sobre todo cuando se equipara con aquellos países con los cuales EEUU ha suscrito acuerdos de libre comercio similares al que suscribió con Colombia. Los costos en que incurre un exportador colombiano supera con creces aquellos en los que incurren sus homólogos en los 19 países con los cuales tiene EEUU TLC vigentes. Para ser más precisos, digamos que exportar desde Colombia es 4 veces más costoso y 3 veces más lento que hacerlo desde Singapur, país este que ocupa el primer lugar en el ranking de competitividad en comercio transfronterizo.


Y lo más grave es que en lugar de mejorar Colombia empeora en este frente que es tan vital, “de acuerdo con los últimos resultados del Anuario Mundial de Competitividad que elabora el Institute for Management Development (IMD), Colombia continuó su caída al pasar del puesto 46 en 2011 al puesto 52 en 2012, entre 59 países. Lo mismo ocurrió con los resultados del Indicador Global de Competitividad del World Economic Forum (WEF), que indican un retroceso del país de la posición 68 en 2011 a la posición 69 en 2012, entre 144 países, alejándose, por tanto, de la meta de ser uno de los países más competitivos de la región”. Y ello ocurre porque el Estado no ha tomado con seriedad el compromiso de llevar a la práctica la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad (AIPC), que sigue en los anaqueles oficiales. A ello se refiere el Consejo Privado de Competitividad, cuando advierte que “con o sin tratado con EEUU, si no hacíamos la tarea de arreglar la casa por dentro, no podríamos aprovechar el libre comercio”. Así de claro! Por eso parece un chiste cuando el Ministro Díaz – Granados anuncia a los cuatro vientos que “Buenaventura es, desde ya, la capital de la Alianza Pacífico”, cuando es bien sabido que no obstante ser este el principal puerto del país no cuenta siquiera con una vía alterna de acceso al mismo.


Por ello, no es de extrañar lo que dice el Presidente de ANALDEX Javier Díaz, “el comercio se debe vincular a la industria a través de cadenas de valor, y para eso es necesario la infraestructura” , coincidente con lo que plantea ANIF al afirmar que “es clave dotar al país de infraestructura adecuada…también exige ocuparse de una relocalización geográfica de su industria hacia la Costa”. En un artículo muy destacado titulado “Tomando el camino lento”  el semanario británico The Economist critica al Presidente Santos “quien se hizo elegir como Presidente al prometer, entre otras cosas, que con una excelente inversión en infraestructura el transporte se convertiría en uno de los motores del país. Sin embargo, esto no ha sido así…su buena charla sobre la infraestructura aún no se ha acompañado de mucha acción”. Ya desde las postrimerías de la administración Barco, cuando se habló por primera vez sobre la necesidad de que el país se preparara para la internacionalización de sus relaciones comerciales, se habló de tres estrategias, que siguen tan vigentes como entonces: la modernización industrial, la reconversión industrial y la relocalización industrial, que junto con la sustancial mejora de la infraestructura y la logística constituyen la clave se su progreso y desarrollo económico y social sostenido.


La incoherencia del Gobierno es mayor cuando se confronta la necesidad apremiante de la inversión en infraestructura, logística, modernización y reconversión de la industria, en incentivos fiscales para la relocalización industrial, en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, con la apropiación de recursos en los presupuestos y la ejecución de los mismos. Como lo denunció recientemente el Presidente de ANIF Sergio Clavijo, a la deuda soberana de Colombia le subieron la calificación las firmas calificadoras de riesgo gracias a que redujo el Índice de Riesgo Fiscal de 2.2 a 1.5%, “Esto se debió al cruce de la línea de un déficit del 2.3% del PIB en 2011 – 2012, a un superávit de 0.3% en 2012”. Y eso está muy bien; lo que no está bien es que dicha baja en el Índice de Riesgo Fiscal se obtuviera a expensas de la inversión; dicho de otra manera, se dejó de invertir para obtener la buena nota de las calificadoras de riesgo, debido además a “la incapacidad para realizar las inversiones en infraestructura que tanto requiere el país…La desidia estatal con la inversión podría implicar el sacrificio de crecimiento potencial en el futuro cercano, bajándonos del promedio histórico del 4.5% hacia el 4% por año, en vez de llegar al ansiado 6%”. La preocupación es mayor cuando comprobamos que a la hora de la ejecución del presupuesto, que para el primer semestre iba en sólo el 38% en promedio, mientras  para el servicio de la deuda se giraron $21.5 billones de $45.4 billones apropiados en el presupuesto de 2013, es decir  el 47.7%, en cambio para inversión sólo se giraron $9.9 billones de $42.9 billones, es decir sólo el 23.3%. Es más, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado recientemente al Congreso de la República contempla un fuerte recorte del 28% en la inversión pública. Y sin inversión no hay infraestructura ni seremos competitivos y mientras tanto la mentada Agenda Interna para la Productividad y Competitividad (AIPC), que data desde el año 2004, seguirá en las presentaciones de Power point. Así no se puede!


Y AL FINAL…
Estoy totalmente de acuerdo con Cabrera que este giro en la política pública anunciado por el Presidente y secundado por el Ministro de Hacienda, de poner el énfasis en la política industrial, más que en la comercial, se está dando tarde, en momentos en que el daño ya está hecho y además el Gobierno tiene ya el sol a sus espaldas y por ello mismo sus prioridades son otras. Empresas que sucumbieron ante el peso de los TLC, como Cauchosol, Icollantas, Hernando Trujillo y “otras multinacionales que en los últimos años dejaron de producir en Colombia, como Saint-Gobain (vidrios), Kraft (dulces y alimentos), Sanford (lápices y material de escritura) o Varta (pilas). Todas ellas deben hacer parte de la nueva ANDI (Asociación Nacional de Importadores), porque siguen vendiendo sus productos en el país, pero ahora traídos del exterior”. El caso más reciente es de la multinacional Bayer, que tras 58 años de operar en Colombia acaba de cerrar su planta en Cali, en donde producía desde la aspirina y el Alka-seltzer hasta el Talcid, Baytalcid, el Acid Mantle, el Canesten y Gynocanesten, entre otros medicamentos, dejando cesantes a 100 trabajadores. A partir de septiembre el Alka-seltzer para la indigestión de los TLC se tendrán que importar, porque a partir de esa fecha se comercializarán en el país pero no se producirán.


La tardía reacción del Gobierno frente a la debacle de esta apertura atolondrada de los TLC me hace recordar la anécdota que me contara mi abuelo cuando estaba muy niño. Un señor llevó a su mamá a donde el médico para que la reconociera y le recetara un remedio para la dolencia que la agobiaba. El facultativo le formuló un jarabe y le prescribió que debía tomarse tres cucharadas al día y que volviera al término del tratamiento para un nuevo chequeo. El jarabe no le “obraba” a la paciente, pero el resignado hijo esperó hasta terminar el tratamiento, como se lo había indicado el galeno. En efecto, acudió nuevamente al consultorio con su aquejada madre y al decirle al médico que su mamá seguía igual, lo despachó para atrás no sin antes decirle que le siguiera dando la cucharada y que los esperaba cinco días después. Pero, lo peor sucedió cuando apenas habían transcurrido dos días falleció la madre, pero su atribulado hijo esperó los cinco días para acudir a la postrera cita que le había dado el doctor. Al ingresar al consultorio de este sin su madre, él le preguntó por ella y al contestarle que su mamá había fallecido lo único que recibió por respuesta de parte del médico fue un dictamen inapelable: pare la cucharada! 
Pero, para el Ministro de Comercio cuanto viene aconteciendo no es motivo de preocupación, pues, como dijo olímpicamente, “por cada empresa que se cierra en el país, dos o tres están abriendo sedes o tienen proyectos de inversión para expandir sus negocios”. La frase que acuñó a este propósito el Presidente de ACESCO Carlos Arturo Zuluaga Escobar no puede ser más lapidaria: “desafortunadamente, cada día la solución óptima pasa por convertirse en importador”. Al final nos quedaremos produciendo y exportando, además de uchuvas, chirimoya, maracuyá morado y jugo de guanábana, jeans levantacola, trajes de bautizo para bebé, “horóscopos, telenovelas, tiras cómicas o historietas producidos por ese ingenio que nos caracteriza a los colombianos”, de los cuales hizo alarde el Presidente Santos al resaltar la “diversificación” de nuestras exportaciones, con motivo de la celebración del primer año de vigencia del TLC con EEUU.


Es muy sintomático el hecho que mientras la industria decrece y sus ventas en el mercado interno crece apurado el 1%, el comercio minorista creció en el mes de mayo el 6.5% y para los primeros cinco meses de este año acumula un crecimiento del 3%. Ello lleva a los analistas del Banco de Colombia a concluir que “el comercio se expande, pero no por demanda de bienes locales sino de importados” y conceptúan que existe una “correlación de largo plazo del 70% entre las importaciones de bienes de consumo y el comercio minorista”. Como es apenas obvio esta disfuncionalidad entre la caída de la producción real de la industria y el crecimiento a buen ritmo del consumo de los hogares a la larga es insostenible, dado que la contracción de la industria (tercer mayor generador de empleo urbano en el país) va aparejada con la destrucción de empleo formal, baja en el ingreso y en el poder adquisitivo, los cuales repercuten finalmente en la baja del consumo de los hogares. 

Bogotá, julio 23 de 2013
www.amylkaracosta.net

DE REMATE

LA FIEBRE PRIVATIZADORA

Entre las prescripciones del fracasado decálogo del Consenso de Washington, además de la desregulación, la anorexia fiscal y la liberación de la tasa de cambio, están las privatizaciones. Se parte de la premisa de que el Estado no debe ser empresario, que ello debe reservárselo al sector privado, entre otras razones porque se considera al Estado como un pésimo administrador, amen que las empresas estatales se convierten en una carga para la Nación y fuente de corrupción. Pero, a la postre, las privatizaciones se convirtieron en una fuente de financiación del déficit público, de “rodar hacia atrás el Estado”, como lo planteó Ronald Reagan, privatizando las ganancias y socializando las perdidas. Colombia ha seguido sin solución de continuidad a pie juntillas este recetario, pues aunque ha habido cambios de gobierno, no ha habido cambio de política económica, la cual ha estado inspirada en el credo Neoliberal.   

Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se le allanó el camino a este modelo económico con todas sus consecuencias. El artículo 32 original de la Constitución de 1886 fue reformado primero a través del Acto Legislativo 01 de 1936 consagrando el principio de la intervención del Estado en la economía “por medio de leyes”; posteriormente, mediante el Acto Legislativo 01 de 1945 se dijo que dicha intervención se haría “por mandato de la Ley”. Y en desarrollo de tales normas el Estado incursionó en múltiples actividades económicas, creando empresas, promoviéndolas o fomentándolas, a lo cual contribuyó también el Acto Legislativo 01 de 1968, el cual le abrió el camino al Estado para la creación de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, amén de las sociedades de economía mixta. . En ello jugó un papel muy importante el Instituto de Fomento Industrial (IFI); aupado por el pensamiento de Raúl Prebish, entonces Secretario ejecutivo de la CEPAL. Pero, la Constituyente de 1991 dio un giro radical, pues si bien mantuvo la intervención del Estado “en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes”, a través del artículo 334 de la Carta, en materia de servicios públicos dejó abierta la posibilidad en su artículo 365 que su prestación puede ser prestado por el Estado “directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares” 

Las primeras privatizaciones se justificaron con el socorrido argumento de la ineficiencia de las empresas, de su clientelización y por considerar que eran un foco de corrupción. Pero, después que el Estado se desencartó de aquellas empresas que supuestamente constituían un lastre para las finanzas del Estado, como fueron Telecom, casi todas las distribuidoras de energía y CARBOCOL, entre otras, siguió con aquellas de las que no se podía predicar lo mismo, es el caso de ECOGAS y un porcentaje del 20 % de ECOPETROL. En todo caso, en Colombia se ha recurrido a las privatizaciones con el fementido propósito de corregir el desequilibrio fiscal, cuando no de asumir el Estado el papel del buen samaritano, como es el caso de la nacionalización y posterior venta de bancos cuando estos entran en crisis, no sin antes solventarlos con los dineros de todos los contribuyentes

OBJETO DEL DESEO

 

Indudablemente las empresas más codiciadas por el sector privado en este momento, justamente por ser las tres joyas de la corona, son en su orden ECOPETROL, ISA e ISAGEN y por ello mismo se han constituido en objeto del deseo de los intereses creados. A través de procesos de “democratización” de la propiedad  accionaria de ellas se abrió la escotilla para el progresivo proceso de su privatización, pero gracias a la resistencia de la opinión pública el Estado aún conserva el control de las mismas, en el primer caso con el 80% de las acciones, en el segundo con el 61.57% y en ISAGEN  con el 57.66% de la Nación, que se viene a sumar al 13% de EPM, para un gran total en manos del Estado del 70.6%. Primero fue a través del decreto 700 de 1992 y luego a través de la Ley 143 de 1994 que se facilitó la entrada del sector privado como generador y comercializador de la energía eléctrica en el país. Este ha venido ganando participación en el mercado, a tal punto que hoy por hoy controla 60% de la base de generación del país; de 14.361 MW de capacidad instalada, 8.616 MW están en manos privadas. Los onerosos para el estado contratos PPA y BOT, que surgieron a raíz del apagón de catorce meses que padeció el país entre 1992-1993, le sirvieron de cabeza de playa para ganar un espacio mayor en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

ISAGEN es la tercera gran generadora que alimenta el SIN, después de Empresas Públicas de Medellín (EPM) Y EMGESA, cuenta con seis centrales de generación (Jaguas, San Carlos, Calderas, Miel I, Río Amoyá y Termocentro), dos trasvases (Manso y Guarinó) y el proyecto de Hidrosogamoso, a punto de culminarse. Además, tiene en su carpeta 6 proyectos más para su ejecución, 3 de ellos hidroeléctricas (Cañafisco, piedra del Sol y Samacá), 2 de energía geotérmica, uno en el Macizo Nevado del Ruíz y otro binacional (Tufiño-chiles, cerro Negro) en límites con el Ecuador y, finalmente,  uno de energía eólica, en La guajira. Actualmente cuenta con una capacidad instalada de generación de 2.212 MW de potencia, que se complementará con los 820 MW adicionales una vez entre en operación Hidrosogamoso, cuyo avance a la fecha es del 71.5%superando los 3.000 MW. Su capacidad de generación oscila en torno a los 9.683.6 GWH, de los cuales 9.167.86 es de origen hídrico y 515.73 es de origen térmico; su participación en el mercado no regulado es de 21.4% y abastece a 272 clientes industriales. Es más, ISAGEN participa actualmente con el 16.45% de la energía que se transa a través del SIN y en el momento que entre en operación Hidrosogamoso dicha participación se elevará hasta representar el 22.5%

 

¿QUIÉN DA MÁS?

 

Después de dos intentos fallidos de obtener de parte del Congreso de la República las facultades para vender otro 20% de la participación del Estado en ECOPETROL, ahora el turno es para ISAGEN, la que ha su vez ha tenido que sortear varias embestidas tendientes a enajenar el 57.6% de las acciones de la misma. Aduce esta vez el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas que “la labor del Gobierno en ISAGEN ya está culminada: la empresa es sólida, y eficiente; la industria de generación eléctrica es madura en Colombia y cuenta con una adecuada regulación y amplia competencia”. En este caso, dado su excelente manejo, no han podido alegar  razones de ineficiencia, clientelismo o corrupción y no es para menos: en el 2012 su utilidad neta fue de $460.903 millones, para un margen neto del 27% (¡!)  y un margen ebitda del 35% (¡!). Es más, según el Gerente de la empresa Luis Fernando Rico, los ingresos operacionales en el primer trimestre de 2013 presentaron un incremento del 17% frente a los registrados en el mismo período del año anterior. Y añade, “estos ingresos contribuyeron a un crecimiento en la utilidad operacional del 10% y del ebitda del 7% respecto al primer trimestre de 2012”.

Huelga decir que al perderse el control de ISAGEN por parte del Estado, la base de generación del país quedaría, excepción hecha de EPM de Medellín, prácticamente en manos de los particulares y recordemos que los únicos proyectos nuevos de generación que han entrado en funcionamiento en los últimos han sido los que han ejecutado las empresas públicas; de modo que, si nos hubiéramos atenido a los privados el país se habría visto a gatas para responder a los requerimientos del sector. Asumiremos, entonces, el riesgo de quedar a merced de la iniciativa privada que se rige por reglas distintas, que respondenal interés particular que no siempre coincide con el interés público. No siempre lo que es bueno para el sector privado es bueno para el país y no se puede perder de vista que, como lo establece el artículo 365 de la Constitución, “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Es decir, que es el Estado y sólo el Estado es el único responsable de garantizar la prestación del servicio de energía de forma continua y eficiente. Y, de acuerdo con el Director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional, Germán Corredor, con la venta de ISAGEN el Estado “se quedará sin un back-up en caso de requerir construir una hidroeléctrica para atender una emergencia energética”

En su momento se descartó la venta tanto de ISAGEN como de ISA por considerar que no era prudente hacerlo, dado que a juicio del entonces Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga: “los beneficios por pago de servicio de deuda que se haría con los recursos que generarían las ventas serían menores que los dividendos y las valorizaciones” de estas empresas. Pero, ahora se dice por parte del Ministro Cárdenas que no se trata ni de servir la deuda pública ni de tapar el hueco fiscal, que según él no existe. Afirma él que “en 2012 cerramos con un superávit de 2 billones de pesos, algo sin precedentes desde hace exactamente 50 años”. Pero, cabe preguntarse cómo se llegó a ese “superávit” y de paso reducir el Índice de Riesgo Fiscal de 2.2 a 1.5% y de esta manera obtener una mejora en la  nota por parte de las calificadoras de riesgoSimple y llanamente se dejó de invertir y de contera, como lo sostiene ANIF, ello pone de manifiesto “la incapacidad para realizar las inversiones en infraestructura que tanto requiere el país…La desidia estatal con la inversión podría implicar el sacrificio de crecimiento potencial en el futuro cercano, bajándonos del promedio histórico del 4.5% hacia el 4% por año, en vez de llegar al ansiado 6%”.

Como lo afirma el analista Mauricio Cabrera, “el argumento del gobierno es que los dividendos que reparte ISAGEN son menores que el costo de la deuda que tendría que contratar si no recibe los ingresos de la venta. Es cierto, pero es un argumento miope porque deja de lado las buenas posibilidades de aumento del valor de la empresa por las nuevas hidroeléctricas que está construyendo y las perspectivas de expansión que tiene. El simple análisis financiero muestra que es un error privatizar a ISAGEN, y más grave si es para tapar un hueco fiscal”. Como bien lo señala Cabrera, a partir del año entrante entrarán a operar tanto Hidrosogamoso como Amoyá, incrementando su capacidad de generación en 900 MW, el 42% aproximadamente y la generación de energía alrededor del 60%. Como lo afirman los analistas del Bancolombia Natalia Agudelo y Diego Alexander Buitrago, “llevarían los ingresos a aumentar 21% a $2.1 billones (1.200 millones de dólares) y el ebitda subirá 60% a $977.000 millones (528 millones de dólares) en el 2015, con respecto al cierre de 2012”. A propósito de dicha participación, resulta curiosa la tesis del ex ministro de Minas y Energía Jorge Eduardo Cock, quien para defender la venta de ISAGEN plantea que “el tamaño de la empresa le da posición dominante en el mercado, lo que con propiedad mayoritariamente del Estado central resulta más inconveniente” que si, en cambio, estuviera en manos privadas. Definitivamente, una mala causa empeora cuando se la trata de defender

UNA FALSA DISYUNTIVA

Para justificar la decisión de la venta de ISAGEN el Ministro Cárdenas plantea una falsa disyuntiva: o se avanza en la privatización de ECOPETROL o se remata a ISAGEN. Al respecto plantea que mientras la rentabilidad sobre la inversión de la primera es de 6.7%, la de la segunda es de 2.4%; además, “la rentabilidad sobre patrimonio que en 2012 para ISAGEN fue de 13% y en ECOPETROL de 22%”. Ello no pasa de ser un sofisma, porque además de que una rentabilidad sobre patrimonio del 13% es muy buena, no se puede equiparar a ECOPETROL con ISAGEN, dado que mientras ECOPETROL es un tomador de precio del petróleo que produce y que en la actual coyuntura por razones excepcionales se transa por encima de los US 100 el barril, la tarifa de energía que vende ISAGEN está sujeta a los parámetros que fija la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), lo cual le impone limitaciones que no tiene ECOPETROL. Dice además el Ministro Cárdenas que “ISAGEN requiere capital para continuar con su plan de expansión” y el Gobierno tiene otras prioridades, “tales como salud, educación o vivienda”, pero, como lo señalan los analistas de Bancolombia, “el impulso generado por Hidrosogamoso a los resultados financieros y generación de caja, le otorgarán a la compañía una mayor capacidad de desarrollar nuevos proyectos de expansión”.  

Nadie pone en duda que, como lo plantea el Ministro Cárdenas, “hay un consenso acerca de la necesidad de solucionar el cuello de botella que representa el atraso en la infraestructura de transporte”, pero ello no justifica este paso en falso del Gobierno. Afirma el Ministro Cárdenas que “cada acción del total de 1.571´919.000 tendrá un valor de $2.850. Con estos recursos se va a aportar para la construcción de las carreteras que requiere el país”, Estamos hablando de $4.5 billones, aproximadamente, que irían “a un Fondo de Infraestructura Nacional cuya única finalidad es realizar los aportes de la Nación a proyectos que muy pronto serán licitados por parte de la ANI”. Pero llama poderosamente la atención el hecho de que se plantee la necesidad de vender a ISAGEN para financiar dicho Fondo, después que en la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado se eliminaron 13 puntos de los parafiscales a los empresarios y se dispuso suplir dichos recursos con el nuevo impuesto CREE, abriéndole una tronera a las finanzas del Gobierno central de más de más de $6 billones, cifra esta que supera con creces lo que según el Gobierno se recibiría por la venta de ISAGEN, que bien podían haber servido para tal propósito. Y para rematar, en cumplimiento de dicha reforma el año entrante el tributo del 4 X 1.000 quedará reducido a 2 X 1.000, más que todo para atraerle más clientes a los bancos, a consecuencia de lo cual se dejarán de recaudar $2.7 billones, aproximadamente.  Como si lo anterior fuera poco, pese a que en dicha reforma se desmontaron varias de las gabelas impositivas al gran capital, según la revisión del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el 2013, tales beneficios le costaron al fisco en 2012 $6´246.000 millones (0.9% del PIB), $222 millardos más que en 2011, de los cuales el 67% corresponden a las empresas. Sólo con el desmonte efectivo de tales privilegios, los mayores recaudos le significarían muchos más ingresos al Estado que la venta de ISAGEN

Es claro, entonces, que así diga el Ministro Cárdenas que “no he podido saber cuál es el hueco fiscal que vamos a tapar”, lo cierto es que el recaudo ha perdido su dinámica tanto por el alivio tributario a las empresas, que mucho se lo agradecerán, como por la desaceleración de la economía y el impacto fiscal de la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, estimado por ANIF en $645 millardos anualmente. Recordemos, además, que ISAGEN le giró a la Nación este año por concepto de dividendos $108.930 millones correspondientes al ejercicio de 2012; estos serán recursos que no le volverán a ingresar una vez se venda la empresa a particulares, porque, como bien dice el campesino no se puede pretender comer carne y seguir tomando leche de la misma vaca. Los $4.5 billones entrarán al fisco por una sola vez y los ingresos que hoy le reporta ISAGEN tendrán que ser cubiertos hacia el futuro bien sea a través de mayores impuestos o mayor endeudamiento, que a la larga se traducirá inexorablemente en más impuestos para poder servirla. De allí la frase que acuñó el propio Presidente Santos luego de ser elegido Presidente de la República, para oponerse a la venta de ISAGEN: “no es sano para una economía vender activos que son muy productivos simple y llanamente para tapar un hueco fiscal, porque se tapa una vez y después vuelve y se repite y se queda uno sin el pan y sin el queso”. No es de extrañar este bandazo, de oponerse primero a propiciar ahora la venta de ISAGEN, ya que según él “sólo los imbéciles no cambian de opinión”.

LA AUSTERIDAD A ULTRANZA

Finalmente, digamos que no obstante lo que dice el Ministro Cárdenas, que los recursos provenientes de la venta de ISAGEN irían al Fondo de Infraestructura Nacional que se crearía para el efecto, ello no significa que tal decisión sea enteramente racional. En efecto, la destinación de tales recursos para tan loable propósito le permite a la Nación liberar recursos que de otra manera debería invertir en tales propósitos, para que estos se sigan yendo por las cañerías de la corrupción. Este es el caso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), convertidos, como ya lo habíamos anticipado en cupos indicativos de los parlamentarios afectos al Gobierno, para que ellos puedan disponer de la mermelada en sus campañas proselitistas…y todos tan contentos!

Y a propósito del  SGR, no hace sentido que se sacrifique la gallina de los huevos de oro, como lo es ISAGEN, dizque para financiar los megaproyectos de infraestructura que el país reclama a gritos, al tiempo que mantiene congelado el 10% de tales recursos (más de $3 billones entre 2012 y 2013) invirtiéndolos en dólares que se devalúan y además con rendimientos ridículos. La explicación es una sola y es ideológica, desde el Ministerio de Hacienda se le rinde culto a la austeridad fiscal llevada al extremo del austerisidio, política fiscal esta que ha hundido a la economía de la Unión Europea en el tremedal de la más prolongada recesión en lugar de sacarla de la crisis. 

Desde el Ministerio de Hacienda se agencia una política contraccionista en aras de frenar la revaluación sin lograrlo, entre otras razones porque, también por razones ideológicas, se niegan a controlar la afluencia al país de los capitales golondrinas e impedir el excesivo endeudamiento externo del sector privado, medidas estas que podrían ser mucho más eficaces que la tímida intervención del Banco Emisor en el mercado cambiario. Una y otra vez el Director de ANIF Sergio Clavijo ha llamado la atención sobre este exabrupto, insistiendo en que esta no es la hora de ahorrar, “por el contrario, es el momento de mayores inversiones, ojalá en infraestructura para mejorar la competitividad del país”. Pero, siempre ha encontrado oídos sordos en el Gobierno, obsesionado como ha estado con la “disciplina fiscal”, al punto de elevar a canon constitucional como “criterio” la sostenibilidad fiscal, instrumentada a través de la Regla fiscal y el MFMP. 

Bien dijo el actual Ministro de Salud, cuando se desempeñaba como Decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, que “la estrategia de ahorrar automáticamente a través de la regla fiscal va a tener que esperar”, mientras el país supera el enorme rezago en su infraestructura, pasando de los anuncios a la ejecución de las cacareadas concesiones de cuarta generación (4G), las cuales demandarán inversiones del orden de los $50 billones. A este Gobierno lo cogió la tarde, a estas alturas, tres años después y cuando ya tiene el sol a sus espaldas, no ha podido entregar aún la primera doble calzada totalmente terminada. Mucho tilín tilin y nada de paletas! Cuántas inversiones imprescindibles ha dejado de hacer el Estado por no encontrarle “espacio fiscal” a las mismas; es como si se sacrificara un mundo para pulir un verso! 

 

 

Medellín, agosto 8 de 2013

 

www.amylkaracosta.net

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