Jun 27, 2019 Last Updated 1:08 PM, Dec 15, 2018

HABLEMOS DE REGALÍAS Y EXTERNALIDADES

Esto dijo el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, refiriéndose al proyecto de acto legislativo que busca reformar el régimen de regalías: “en mi concepto, esta será la reforma  más importante en años para el desarrollo del país”. Y no es para menos, dado que según sus propias palabras “la idea es ahorrar un punto del PIB y utilizar buena parte de ese punto para pagar deudas, lo que nos ayuda a llegar más rápido al grado de inversión y además baja los gastos del Gobierno y los intereses”. Este es el fin último de dicha reforma y así lo han entendido caracterizados voceros del gremio empresarial. En concepto de la Asociación Bancaria, “sólo si el proyecto de reforma a las regalías avanza con rapidez en el Congreso se lograría frenar el hueco fiscal del Gobierno central…sobre todo porque con ello se implementaría la Regla Fiscal, que también se encuentra en trámite en el legislativo y que le permitiría al país corregir el alto déficit de recursos”. A las críticas sobre las pretensiones del Gobierno de recentralizar los recursos con este proyecto, se responde candorosamente diciendo que “estos recursos continuarán siendo de propiedad exclusiva de las entidades territoriales y no se utilizarán para atender obligaciones de la Nación”.

Supuestamente los recursos de los cinco fondos, a los cuales quedaría reducido el Sistema General de Regalías (SGR) después de aprobado en tercer debate, se invertirían en las regiones. El Director de Planeación Nacional Hernando José Gómez asegura que “el gasto de las regalías será ejecutado por las entidades territoriales, no por el Gobierno Nacional y será destinado a proyectos prioritarios de cada región”. Empero, sólo se trata un simple ejercicio de asientos contables, pues en la misma medida que los proyectos de impacto regional se financiarían con tales recursos, de este modo se le aligerarían las cargas al Gobierno central, el cual vería liberados sus propios recursos los cuales podrían ser reorientados a otros menesteres. El saldo al  final será una mayor concentración de recursos en manos de la Nación. Ello es tanto más cierto, habida consideración de que esta no aporta un solo peso a ninguno de tales fondos, particularmente al Fondo de Ahorro y Estabilización a través del cual se propone implementar estrategias contracíclicas, siempre recostándose en las entidades territoriales. Para defender este nuevo esquema el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes aduce que “la asignación racional de esos recursos y su manejo técnico garantizan mayor justicia social, mayor productividad y menor necesidad de acudir a otras fuentes de impuestos a deuda”. No en balde para él “el control central fortalece la descentralización”, dado que la “racionalidad” y el manejo “técnico” por parte del Gobierno central se da por descontado, es axiomático.
Ahora bien, los criterios con los que se distribuirían los recursos del SGR serían los mismos que hoy se aplican para la distribución de los recursos de Sistema General de Participaciones (SGP), el cual ha fracasado en su propósito de lograr la convergencia interregional. Como lo sostiene el investigador Adolfo Meisel, “actualmente estamos en los mismos niveles de desigualdad que había en 1991 -convergencia sigma-. Es decir, cero avances en este campo”. Y nos lo corrobora el entonces gobernador del Atlántico y ahora Ministro de Minas y Energía Carlos Rodado Noriega: “nuestra nación exhibe innegables disparidades regionales que infortunadamente han sido perpetuadas y en algunos casos, profundizadas por el sistema de transferencias adoptado”. Si el SGP ha fracasado en el intento de reducir la brecha interregional, no hay razones para pensar que el SGR tal como está concebido va a lograr la equidad interregional que se promete. Como nos lo recuerda Meisel “Rodriguez-Pose y Ezcurra argumentan que la razón por la cual sucede ese aumento en las desigualdades regionales en los países en desarrollo es que estos tienden a tener unos mayores niveles iniciales de disparidad interregional, lo cual se refleja en una menor capacidad administrativa y de gestión de las regiones más atrasadas. Así mismo, las zonas más rezagadas tienden a tener menor influencia en el Gobierno central y por lo tanto en las inversiones públicas adelantadas con recursos del Gobierno central”. Es decir, que, como se dice en el lenguaje coloquial, aquél que tiene más saliva traga más harina!

SOFISMA O SILOGISMO


Para el consultor Mauricio Cabrera todo el embrollo que se ha armado con el proyecto de acto legislativo de marras se resolvería si las regiones afectadas por el mismo abrieran sus entendederas a un simple silogismo. Helo aquí: “Premisa mayor: los recursos naturales no renovables y las regalías que genera su explotación son propiedad del Estado. Premisa menor: el Estado somos todos los colombianos. Conclusión: las regalías les pertenecen a todos los colombianos”. Y concluye: “este sencillo silogismo debería ser suficiente para zanjar el debate nacional sobre la propuesta del Gobierno para redistribuir las regalías y para convencer a los municipios y departamentos opositores de que la acepten, en aras de la equidad, el respeto a la Constitución y la salvaguarda de la unidad nacional…O todos en la cama o todos en el suelo. No se puede seguir con dos reglas distintas de repartición de los recursos del Estado, una para las regalías y otra para el SGP. Como el SGP debe seguir siendo para los más necesitados, lo lógico es que también las regalías sean para todos”. Si fuera coherente, lo lógico sería que también las regalías sean para los más necesitados, que no son propiamente aquellos por los que el aboga, porque resulta que coincidencialmente los más necesitados habitan justamente las regiones mineras del país; para comprobarlo bastaría con superponer el mapa de los asentamientos poblacionales más vulnerables con el mapa minero del país. Por lo demás, como ya tuvimos oportunidad de plantearlo, el Modelo económico que prevaleció durante todo el siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI así como las políticas públicas que de él se ha derivado han tenido un marcado sesgo centralista, favoreciendo no propiamente a los más necesitados sino a los más pudientes. Son inconmensurables los recursos públicos que por cuenta de subsidios, subvenciones y compensaciones de todo orden han ido a parar a manos de los más poderosos y a sus regiones, gracias a sus mayores influencias y a su mayor capacidad de gestión.


IMPACTO Y EXTERNALIDADES


Según el ex ministro Hommes son falaces los argumentos que militan a favor de que no se le arrebaten las regalías directas a los departamentos y municipios productores de recursos naturales no renovables (RNNR) y los municipios portuarios por los cuales se transportan.  Para él esgrimir como argumento, como lo ha hecho el gobernador de Santander Horacio Serpa, que la explotación petrolera o minera afecta negativamente a las localidades, “es falaz o por lo menos incompleto, porque desconoce que también trae consigo aspectos muy positivos para el desarrollo regional, como son la inversión, la superior mezcla en la oferta de trabajo y progreso técnico. Gracias a ellos, La guajira y los Llanos Orientales, por ejemplo, han podido ingresar plenamente a la economía y la política nacional”. Es bien sabido que la explotación petrolera y la minera además de ser altamente intensivas en capital, constituyen verdaderos enclaves en las regiones en donde se desarrolla, dados sus escasos encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. No sabemos qué entiende el ex ministro por “ingresar plenamente a la economía y a la política nacional” de La guajira y los Llanos Orientales” y cómo se traduce ello en el mejorestar de sus moradores. Ahora entendemos por qué en su concepto “Las entidades territoriales del área donde se ubican las minas deberían estar al final de la cola de beneficiarios y no de primeras”.


Mauricio Cabrera dice que “uno de los argumentos utilizados por quienes se oponen a la redistribución de las regalías propuesta por el Gobierno es que las regiones productoras son las que sufren el daño ambiental de la explotación minera y de hidrocarburos”. Desde esta perspectiva, se entiende que las regalías “son la compensación por los daños ambientales y deben ser utilizadas para repararlos”. Es el ex ministro de Medio Ambiente Manuel Rodriguez, a quien él cita en su alegato en el sentido que “se trata de compensar a las presentes y futuras generaciones por la huella ecológica dejada por la minería mediante la destinación de una parte de estos recursos económicos a la protección y restauración de diversos ecosistemas en un monto que no debería ser menor al costo de los daños ocasionados al patrimonio económico de la Nación”. Pero, el ex ministro no se está oponiendo a la redistribución propuesta sino que sale en defensa de la sostenibilidad ambiental que se puede ver seriamente comprometida con el boom de la minería. Aunque su objetivo es loable no compartimos su enfoque; por ello, esta vez sí nos identificamos con Cabrera cuando afirma que “el daño ecológico sí hay que repararlo en su totalidad, pero no con los recursos de las regalías, sino que les corresponde a las empresas mineras pagar por la restauración de los ecosistemas con dineros distintos y adicionales a las regalías que pagan al Estado”. Ello no obsta para que se prevea la destinación de parte de las regalías a la preservación, conservación y reparación del medio ambiente en su más amplio espectro, ya que la sostenibilidad ambiental debe estar incorporada a cada una de las cinco locomotoras del crecimiento.


Este, entonces, no es el argumento para defender el derecho que les asiste a las entidades territoriales y portuarias a recibir regalías directas por concepto de la explotación y transporte de los RNNR. Es claro que esta actividad, además del impacto ambiental al cual ya hicimos referencia, comporta además de sus beneficios, que son para todo el país, unas externalidades negativas tanto en el orden social como económico. Es bien sabido que el desarrollo de las actividades inherentes a la minería y a la industria petrolera traen consigo desplazamientos poblacionales en doble sentido, el desarraigo de quienes están asentados en su área de influencia, quienes terminan reubicados y la súbita e incontrolable ola inmigratoria, con todas sus consecuencias. De otra parte, en no pocos casos las actividades de las empresas petroleras y mineras, sobre todo cuando estas últimas realizan su explotación a cielo abierto, desplaza la actividad agrícola que es intensiva en mano de obra para instalar otra que como ya quedó dicho es intensiva en capital. A guisa de ejemplo digamos que la extracción del carbón en el Sur de La guajira y el Norte del Cesar se da en una zona de gran vocación agrícola, la cual es incompatible con la actividad minera. Estos son costos tangibles que deben ser compensados o retribuidos a través de las regalías, entendidas estas, como lo consagra la Constitución Política de Colombia como una contraprestación económica.


Pero, a través de las regalías la empresa que explota el recurso paga también el valor inmanente del recurso que se extrae. Como lo advirtió el profesor Clemente Forero hace muchos años, a propósito del  debate que se suscitó por la firma del contrato de Asociación Carbocol – Intercor, “ya en 1817  explicaba David Ricardo que si las minas fueran abundantes e igualmente fértiles no producirían  ninguna renta a sus dueños. Pero, no siéndolo, la persona o país que las posee ha de recibir una renta por ellas. De donde fácilmente se deduce que además de los costos de sacar y transportar el carbón, el país debe tener en cuenta el valor de este recurso que no es un bien libre. Según Robert Solow: un yacimiento de petróleo, una veta de hierro o un depósito de cobre enterrado constituyen un capital para la sociedad o para su dueño…en la misma forma que una imprenta, un edificio o cualquier otro activo. La única diferencia es que el recurso natural no es reproducible”. Además del valor del RNNR que se tasa a través del porcentaje de regalías que se establece contractualmente con base en los parámetros que fija la Ley las empresas explotadoras del mismo deben cancelarle al Estado el impuesto de renta y complementarios, los cuales también hacen parte de la ecuación a la hora de hablar de distribución o redistribución. La suma de unas y otros es la que se conoce en el argot de la minería como State Take (participación del Estado en la renta petrolera o minera), el cual difiere de país a país.


Huelga decir que generalmente son mayores los ingresos por concepto de impuestos que aquellos se reciben por regalías. En el 2009, el Gobierno central recibió $11.3 billones (2% del PIB) por concepto de impuestos ; en contraste, para el mismo año se giraron $5.3 billones por concepto de regalías (1% del PIB), de los cuales le correspondieron a los departamentos y municipios productores y portuarios $3.1 billones (0.6% del PIB) y al FNR $2.1 billones(0.4% del PIB). Según las proyecciones del mismo Gobierno se espera recibir en los próximos diez años $260 billones por concepto de impuestos y $100 billones por concepto de regalías tanto directas como indirectas; la diferencia entre los ingresos de regalías e impuestos salta a la vista. Aunque se ha cerrado sin abrirse el debate en torno al más apropiado nivel de State Take, tenemos que insistir en la conveniencia de pactar fórmulas que le permitan al país beneficiarse de los mayores precios de mercado del mineral a fin de que la empresa explotadora en las coyunturas de altos precios no se quede con la parte del león en detrimento del interés nacional. A modo de ilustración destaquemos cómo las compañías petroleras más importantes de los EEUU ganan ahora seis veces más que antes de este boom. Así lo destacó la prensa: “las 19 compañías que tienen la mayor parte del mercado obtuvieron utilidades por valor de US $37.000 millones en el primer semestre del año, cifras seis veces mayor que las registradas durante el mismo período del año pasado, cuando sumaron un poco más de US $5.000 millones. Si a lo anterior se agregan las ganancias obtenidas en el exterior, el monto sube a los US $45.000 millones”. Cabe señalar que como es apenas obvio a mayores utilidades mayores son los impuestos que deben pagar tales empresas en su casa matriz; dicho de otra manera, lo que dejan de pagar por concepto de regalías e impuestos en donde operan termina abultando las faltriqueras de aquella y ello no es justo.


REVIVEN LAS REGALÍAS DIRECTAS


Ya hemos visto las razones que le asisten a las entidades productoras y portuarias para recibir por derecho propio sus regalías directas y no ser simplemente partícipes, al igual que todas las demás entidades, del SGR que se pretende crear. Las mismas fueron desestimadas tanto por parte del Gobierno en el proyecto presentado a la consideración del Congreso de la República, como por parte del Senado de la República, no así por parte de la Cámara de Representantes. En efecto, en el trámite y aprobación en la Comisión Tercera de esta se impuso la sindéresis arribándose a un acuerdo con el Gobierno y su bancada para revivir las regalías directas a favor de las entidades productoras y portuarias. Según la ponencia que se aprobó las mismas “tendrán derecho a participar de las regalías y compensaciones en el porcentaje que defina la ley que desarrolle el acto legislativo y ejecutarán directamente estos recursos”. Ello, sin perjuicio de su acceso a los recursos provenientes de los cinco fondos que se crearían a partir del SGR. De este modo se dio un primer paso en la dirección correcta, restando su aprobación en la plenaria de esa misma corporación y aguardar lo que resulte de su trámite en segunda vuelta en el próximo período legislativo como lo manda la Carta. El porcentaje que les corresponda como regalías directas quedaría deferido a la Ley que desarrolle el acto legislativo todavía en agraz; allí muy seguramente se dará un nuevo pulso entre las entidades actualmente receptoras de las regalías y aquellas a las que se les han abierto las expectativas de empezar a recibirlas. En los primeros escarceos, según uno  de los voceros de las primeras en el Congreso de la República, “Planeación Nacional elevó la apuesta al pasar del 20% al 40%”, falta ver en qué termina este contrapunteo entre unas y otras.


Mientras el Presidente Santos y su gabinete celebraron el acuerdo alcanzado, no faltaron aquellos que son más papistas que el papa y han salido a despotricar en contra del texto aprobado. A juicio del ex ministro Hommes “si se les hacen demasiadas concesiones a los departamentos y a los otros gobiernos locales…el Gobierno fracasaría estruendosamente…Es mucho lo que está en juego y no se puede caer en la tentación de irles cediendo a los gobernadores y a los políticos regionales pedacitos del proyecto original hasta que el nuevo régimen se parezca demasiado al que se quiere reformar”. La periodista María Teresa Ronderos fue mucho más lejos en su diatriba en contra de lo aprobado en la Cámara de Representantes al considerar que el alto Gobierno “quiso disfrazar lo que a mi modo de ver es un derrota demasiado temprana en la larga batalla que se propuso dar”. Dice ella, refiriéndose a los damnificados con el texto primigenio  que “por semanas, los políticos de estas entidades territoriales han venido invocando indignados las urgentes necesidades de sus regiones, la autonomía regional y cómo necesitan millones para contrarrestar las siete plagas que les caen cuando se descubre un yacimiento”. Pero, no son sólo los políticos a quienes les causa indignación el “mazazo”, como lo denomina El Heraldo, “en la planeación a largo plazo” de las entidades productoras y portuarias, “por cuanto ellas, por ser receptoras de regalías, han tenido poco acceso a otras fuentes de recursos nacionales y así se han ido aplazando soluciones de impacto general que, supuestamente, con el boom que se anuncia, iban a ser atendidas. Ahora han entrado en un estado de incertidumbre y alcanzar certeza es uno de los principales desafíos en la Región”.


Se duele María Teresa de que ¨el último gol de los políticos¨, como ella califica la aprobación en tercer debate de las regalías directas, “deja el esquema cojo, pues los productores seguirán como antes, decidiendo y ejecutando directamente sus regalías”. Esto le parece a ella muy grave, como si el sólo hecho de cambiarle de ejecutor a tales recursos bastara para impedir que los “cínicos sin parangón” que ella denuncia, quines “por décadas han gozado de estos dineros a chorros y aún muestran sin sonrojo índices sociales deplorables en sus territorios” sigan haciendo de las suyas. No se puede seguir cogiendo el rábano por las hojas; una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa; el debate en torno a las regalías no se puede seguir abordando con maniqueismos y fariseismos estériles. Coincidimos con la columnista Cristina de La Torre cuando afirma que “hay en el proyecto una laguna colosal: no contempla mecanismos efectivos de control sobre el manejo de las regalías. Si corrupción e ineficiencia hay en provincia, también ellas campean en el poder central. No por entregarle al Gobierno Nacional la administración de esos recursos desaparecen los tentáculos de la corrupción que succionan todas las finanzas del Estado”. Es paradójico, por decir lo menos, que mientras este proyecto avanza precipitadamente en su trámite legislativo, el proyecto de Estatuto anticorrupción sigue atascado en el Congreso de la República amenazando con hundirse; esta es una pésima señal. Este proyecto junto con el híbrido de restitución de tierras y reparación de víctimas se van a convertir en la piedra de toque que pondrá a prueba el compromiso de los partidos que hacen parte de la coalisión de gobierno con la Unidad Nacional del Presidente Santos; ser o no ser, esa es la cuestión.


LA SUERTE DE LAS VIGENCIAS FUTURAS


Lo cierto es que muchas de las entidades territoriales que hoy reciben regalías directas se tornarían fiscalmente inviables si se les priva de ellas; en departamentos como el Cesar y  La guajira, por ejemplo, los ingresos provenientes de las regalías representan entre el 36% y el 40% respectivamente de su presupuesto anual. Es más, muchos de ellos tienen empeñadas buena parte de las regalías a través de vigencias futuras, las cuales en su momento fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda; muchos de estos compromisos van hasta el año 2024. 13 de los 16 departamentos que reciben regalías están hasta el endeudados hasta el cogote; en promedio las sumas comprometidas van desde los $1.000 millones anuales de Sucre entre 2009 y 2023 hasta los $72.646 millones anuales del Cesar. En los casos del Cesar y La guajira fue el propio Gobierno Nacional a través del Vicepresidente Francisco Santos el que atosigó a las administraciones departamentales hasta lograr que pignoraran parte de las regalías para financiar los planes departamentales de agua potable. En el caso particular de La guajira no fue óbice el que para el momento de la contratación del crédito con el Banco Mundial por US $90 millones no fuera sujeto de crédito ni pudiera recibir aval de la Nación por estar incursa en las causales de inviabilidad fiscal, de acuerdo con el Informe de la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda. Pese a ello, este le expidió el aval a dicho crédito; es irritante constatar que cinco años después de la firma del crédito la carencia del servicio de agua potable en La guajira sigue siendo dramática. En este caso como en tantos otros la responsabilidad de semejante despropósito es compartido por el Gobierno central y las autoridades seccionales. 
Con mucha razón ha salido la Viceministra de agua, Claudia Mora, a señalar que “respecto a la nueva ley de regalías, nosotros hemos alertado que es necesario buscar una estrategia que blinde lo que ya se comprometió, particularmente para planes de agua. Primero, porque de otra manera muchos entes territoriales no hubieran podido hacer esa inversión y, segundo, porque todo lo que se hizo tiene amparo jurídico”. La Contraloría General ha resuelto demandar las ordenanzas que facultaron a los respectivos gobernadores para comprometer vigencias futuras; en dado caso que dicha acción prospere, habría que establecer quién respondería por las obligaciones contraídas al amparo de dichas facultades. Es de anotar que el tema de las vigencias futuras no se circunscribe a los departamentos que reciben regalías; en total son 650 entes territoriales los que comprometieron $16.21 billones en vigencias futuras, suma esta equivalente al gasto de todos los entes territoriales del país en año y medio ($10 billones). Y los entes territoriales con rubros mayores de vigencias futuras no son precisamente los que reciben regalías, la lista la encabezan Cundinamarca con $2.9 billones, Bogotá con $2.1 billones, Medellín $1 billón, Valle del Cauca $$932 millardos, Cali $914 millardos, entre otros.

OTRA PATA QUE LE NACE AL COJO


El afán con el que se ha venido tramitando este proyecto por parte de sus promotores no ha dado pábulo para la reflexión y el análisis sereno del mismo. Una de las ligerezas en las que se ha incurrido, que puede convertirse a la postre en un impasse insalvable es la omisión de la consulta previa integral y completa a los pueblos indígenas asentadas en el área de influencia de la explotación de RNNR, toda vez que ellas también se verían afectadas por la reforma al régimen de regalías. En efecto, tal y como lo prescribe el artículo 11 de la Ley 756 de 2002, a ellos les asiste actualmente el derecho a que el 20% de las regalías que le corresponde al municipio y el 5% de las del departamento “se asignarán a inversiones en las zonas en donde estén asentadas las comunidades indígenas”, el cual se vería claramente vulnerado. Los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 del año 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así lo exigen y Colombia es signataria del mismo, el cual adquirió su poder vinculante con su ratificación a través de la Ley 21 de 1991, desarrollada posteriormente por el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, reglamentada mediante el Decreto 1320 de 1998 y el Decreto Ley 200 del 3 de febrero de 2003. También tiene asidero en los artículos 7 y 330 de la Carta y al hacer parte del bloque de constitucionalidad es de obligatorio cumplimiento. Es más, Colombia al suscribir la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas en mayo del año pasado se comprometió a cumplir sus estipulaciones, las cuales amparan dichos derechos, que son inalienables. Hay amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto y precisamente por la transgresión de estas normas se cayeron la Ley Forestal, el Estatuto Rural y la reforma reciente del Código de Minas puede correr la misma suerte; en todos los casos por haberse saltado a la torera el requisito de la consulta previa siempre que se tomen decisiones que afecten a los pueblos indígenas, sean ellas de carácter administrativo, legislativo o con más veras si se trata de una reforma constitucional. Este es el caso de La guajira y el Cesar, particularmente. Definitivamente, de la carrera no queda sino el cansancio, a quienes ya se frotan las manos y les brillan los ojos, locos de contento, ante la expectativa de participar de esa especie de tómbola con las regalías, les puede pasar lo de la lechera de Samaniego.


¿QUÉ SIGUE?


El trámite de este proyecto de acto legislativo  se ha topado con obstáculos inesperados, a pesar de que, como lo afirma envalentonada María Teresa ronderos, “son más los municipios y departamentos que se ven beneficiados por la reforma a las regalías” o por lo menos eso le han hecho creer. Pero, es que su defensa además de floja es presa de sus propias contradicciones; al tiempo que se dice que los actuales beneficiarios no verían menguados sus recursos, el Senador Roy Barrera, Coordinador Ponente en el Senado de la República, luego de advertir que “lo que buscamos es que haya una verdadera equidad en la distribución de las regalías”, no tiene empacho en espetar que “no se trata de un despojo de recursos a nadie. Pero, las regalías directas van a bajar de un 100% al 20% al 2014. De eso se trata, de redistribuir mejor esos dineros”. En todo caso el debate se ha ido decantando y por parte del mismo Gobierno se ha empezado a dimensionar el daño que se le infligiría a las regiones productoras de no consultar el interés de las mismas. Al final se tendrá que arribar a una solución de compromiso, de una reforma que no sea el producto de la imposición sino de la concertación, de la deliberación y no de los conciliábulos; a ello le apostamos. Alejandro Gaviria, Decano de Economía de la Universidad de los Andes, hace un buen diagnóstico del estado actual de este proyecto: “uno podría fácilmente imaginarse una mejor reforma, más enfocada, menos cositera, sin tantos cajoncitos, pero la política es un asunto complejo. Con todo, la reforma actual es un buen ejemplo de posibilismo, un compromiso entre lo deseable y lo factible”. 

Bogotá, noviembre, 15 de 2010
www.amylkaracosta.net

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y/O EMERGENCIA SOCIAL

“No podemos resolver los problemas de la misma manera que los creamos”
Albert Einstein



DE LA BULIMIA A LA ANOREXIA

Cuando ya estaba de partida, el ex ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga le aconsejó a su sucesor, Juan Carlos Echeverry, que “si mañana el petróleo está a 100 dólares el barril, quiere decir que el gobierno no puede gastar esa plata, la tiene que ahorrar para pagar deuda y si ya esta alcanza un nivel mínimo, pues entonces deberá guardarla para crear ahorros…Lo que quiere el gobierno es tener menos deuda para pagar menos intereses, para poder usar esa plata en más educación…Hay que definir que las vigencias futuras deben representar un determinado monto de un presupuesto, eso hace que sea mucho más selectivo el gasto”. Este fue el preludio a su anuncio posterior de la presentación a la consideración del Congreso de la República del proyecto de acto legislativo “por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”. De hecho el Gobierno saliente acababa de recibir de manos del Comité Técnico Interinstitucional, integrado por el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el DNP, un documento contentivo de dicha propuesta, así como de la reforma del régimen de regalías. En una alusión directa a las medidas tendientes a frenar la revaluación galopante del peso frente al dólar, expresó el ex ministro Zuluaga que “la Regla fiscal es la contribución que el Gobierno Nacional le da al banco. Es la regla de austeridad que acompañará el esfuerzo del B de la R”. Mejor dicho, el diablo haciendo hostias! 

Lo más inverosímil es que estas palabras provengan de quien manejó las finanzas públicas del Gobierno anterior, que no se caracterizó propiamente por su disciplina fiscal. Lejos de ello, como lo acota ANIF, “representa una paradoja, pues fue el mismo gobierno el que se gastó el FAEP precisamente cuando el manejo anticíclico lo que exigía era haberlo reforzado, incrementando la acumulación de recursos en épocas de vacas gordas”. En ello coincide con el investigador de Fedesarrollo Mauricio Reina: “es paradójico que el Gobierno presente un ajuste como este sólo hasta ahora, teniendo en cuenta que lo habría podido hacer en la época de mayor auge de la economía colombiana de los últimos treinta años (entre 2002 y 2007) que le correspondió administrar”. A él le tocó precios del petróleo de US $147.50 en julio de 2008 y no solamente no ahorró un solo peso de esa bonanza de la que poco se habla, sino que se feriaron los recursos ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), el cual fue creado a través de la Ley 209 de 1995. Como nos lo recuerda el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, “en septiembre de 2002, tras seis años de las vacas flacas de la historia reciente, el FAEP había subido a 1.6 del PIB, su máximo nivel histórico…Entre septiembre de 2002 y diciembre de 2009, finalmente, época de vacas gordas, el FAEP cayó en 1.2 puntos del PIB”, es decir quedó reducido a la nada! Y qué decir de las vigencias futuras, el anterior gobierno comprometió $30.5 billones, de los cuales 84.8% pesará sobre los presupuestos de las vigencias entre 2011 – 2016 y el 15.2% sobre los correspondientes al período 2017 – 2027. La administración Uribe batió todos los record; mientras los gobiernos presididos por Samper y Pastrana comprometieron vigencias futuras por valor de $3.2 billones, durante los dos períodos de Uribe el monto se elevó a los $27.3 billones. Va para el Gobierno de Santos la misma admonición de Jesucristo a sus discípulos: “sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no la hacen”.  

Es bien sabido que el Gobierno central arrastra un déficit fiscal estructural el cual data desde 1993. Los gastos recurrentes, inflexibles y con tendencias hacia el deterioro totalizan en promedio un 19.7% del PIB. Entre tanto los ingresos a duras penas alcanza el 15.5% del PIB. De esta manera se tiene un déficit estructural del orden del 4.2% del PIB en cabeza del Gobierno central. Por lo demás, la presión tributaria se encuentra estancada en niveles del 13% del PIB frente a una media del 17% del PIB en américa latina. De allí el persistente déficit primario del Gobierno Central (faltantes antes del pago de intereses de la deuda) el cual oscila en torno del 1% del PIB, el cual lo ha llevado a incurrir en lo que se denomina esquema “ponzi”, estos es, a recurrir a más endeudamiento para atender el pago de los intereses corrientes de su deuda. Este es el panorama que enfrenta el Gobierno Nacional cuando estamos ad portas de la anunciada bonanza minera-petrolera y se teme que esta incube el virus de la enfermedad holandesa, la cual además de resistente es autoinmune. 

LA ENFERMEDAD HOLANDESA
Esta no es la primera vez que se habla en Colombia de bonanza y de enfermedad holandesa; recordemos que con ocasión del hallazgo de crudo en el pié de monte llanero (Cusiana, Cupiagüa, Pauto y Volcaneras) también se armó una algarabía como la actual. Pero, todo fue víspera de mucho y día de nada, pues la bonanza petrolera no tuvo ni la magnitud ni la perdurabilidad que se vaticinó, pues se sobreestimaron las reservas descubiertas. Lo único positivo que quedó de semejante alboroto fue que a raiz del mismo se aprobó por parte del Congreso de la República el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) en 1995, el mismo que posteriormente se ferió desatentadamente en víspera del coletazo de la gran crisis global, enredando su manejo, el mismo que ahora se busca restablecer a través del proyecto de acto legislativo que reforma el régimen de regalías. Se habla de la enfermedad holandesa básicamente para referirse a la excesiva dependencia con respecto a un recurso natural cualquiera y los indeseables efectos colaterales que de ello se deriva. Tuvo su origen en los estragos en la economía holandesa que trajo consigo el descubrimiento en el Mar del Norte, cerca de Slochteren, en la provincia de Groninga, y posterior comercialización de unas inmensas reservas de gas en 1959. La súbita riqueza había trastornado a la economía al apreciar en exceso su moneda, el florín, lo cual puso en calzas prietas a los demás renglones de la economía, en especial a los bienes transables, al perder competencia y competitividad. Desde entonces se acuñó esta denominación del síndrome holandés para diagnosticar los nefastos efectos que se siguen de un aumento súbito y significativo de los ingresos de un país. 

La historiadora norteamericana Terry Lynn, autora del texto La paradoja de la abundancia, afirma que la situación de Venezuela durante sus auges (años 1974 y 1983, principalmente) y las turbulencias que ocasionaron, son comparables con las de naciones como Indonesia, Nigeria y argelia, que no supieron manejarlos. Esta amarga experiencia se suele extrapolar sin reparar en las especifidades que revisten los ciclos económicos en cada país y para ello se incurre en la simplificación de los análisis y/o el trasplante mecánico de estos de unos países a otros. Una clara muestra de ello es la correlación que atribuye el estudio del Comité Técnico Interinstitucional entre la recurrencia de las bonanzas y las crisis recesivas en Colombia, cuando la evidencia empírica muestra que estás últimas más que a bonanzas han respondido a los coletazos de las crisis externas, es el caso del colapso de 1999  y su concomitancia con  la crisis asiática y luego la recaída de 2009 con la crisis hipotecaria de los EEUU que terminó interrumpiendo el quinquenio virtuoso 2003 – 2008. Resulta muy forzado, entonces, tratar de sugerir una correleción entre el auge del cual estuvieron antecedidas estas crísis con la crisis misma; este es el tipo de correlaciones que se conoce en argot de la economía como correlaciones espurias, es decir que nada tiene que ver una variable con la otra o si la hay en vez de ser causal es casual.        

Ya sea por los altos precios internacionales de los productos básicos, por los mayores volúmenes exportados o por una combinación de ambos, se incrementa sensiblemente el ingreso de divisas al país, ora por concepto de la Inversión Extranjera Directa (IED) que es absorbida preponderantemente por este sector, ora por el mayor valor de las exportaciones de los mismos. Si no se le ponen cortapisas a las torrenteras a través de las cuales se da su monetización, ello da pié a la sobrevaluación del peso y a los brotes inflacionarios, los cuales darían al traste con la competitividad de los demás productos diferentes a la minería y el petróleo. Actividades como la agricultura y la industria se verían resentidas y estarían expuestas a su progresivo marchitamiento al perder tanto sus ventajas comparativas como competitivas, afectando no sólo a los demás bienes transables sino también a aquellos que aunque no son transables compiten con los que se importan al país. Ello impactaría negativamente el crecimiento del PIB y el empleo, sobre todo este último dado que la minería y la explotación de hidrocarburos es muy intensiva en capital, 92% y 97% respectivamente, a diferencia de la agricultura y la industria que son empleadoras de mano de obra.

Es el caso de Venezuela, país este en el que su economía depende en gran proporción de la extracción y venta de crudo; es lo que se ha dado en llamar petrolización de su economía. Actualmente sus exportaciones de crudo representan más del 90% de sus exportaciones totales y sus importaciones de manufacturas y productos agrícolas son cada vez mayores. Cuando ello ocurre, el país queda a merced de los mercados del petróleo caracterizados por su gran volatilidad de precios, los cuales dependen a su vez del comportamiento de la oferta y la demanda, pero sobre todo, como ocurre con todos los comodities, de las presiones especulativas en los mercados de futuros. Esta gran dependencia con respecto a un sólo renglón de exportación torna muy vulnerable a la economía y muy deleznables las finanzas públicas, las cuales pueden pasar intempestivamente, sin vísperas, de la cima a la sima generando una gran inestabilidad con todas sus consecuencias. A los estragos causados por la enfermedad holandesa a la economía se viene a sumar el desbarajuste fiscal que provoca. Como lo sostiene Carlos Gustavo Cano, co-director del Banco de la República, “hay evidencia empírica acerca de la fuerte correlación directa que existe entre los ingresos petroleros y el gasto público en dichos países. Y, en no pocas ocasiones, sobre la consiguiente proclividad al desperdicio, el despilfarro y la corrupción en la gestión de los recursos del Estado”. La creencia de que el boom de la actividad minera y petrolera se va a prolongar indefinidamente entraña el riesgo al aumento desmedido del gasto, sin parar mientes en el carácter no renovable del recurso y en los caprichos de los mercados del mismo, siempre oscilantes. 

Por ello, compartimos con Carlos Gustavo Cano que “en el más estricto sentido conceptual de sostenibilidad, en realidad no se trata propiamente de ingresos comunes y corrientes, sino de un stock de riqueza en trance de agotamiento en la medida en que sea transformado en liquidez, sin agregación alguna de valor. Así las cosas, las economías abundantemente dotadas con recursos naturales no necesariamente son tan ricas como lucen a primera vista. Su real riqueza dependerá del uso multiplicador de valor que cada país, en particular el alcance a darle a su utilización posterior en el mediano y el largo plazo (Bjerkholt and Niculescu, 2004)”. Es fundamental entender que los recursos naturales no renovables son un activo del Estado, como lo predica la Constitución Política de Colombia, y por ello mismo los recursos que se deriven de su extracción y comercialización deben invertirse en otro activo productivo que lo sustituya. Este es el fundamento del planteamiento original del pensador venezolano Arturo Uslar Pietri, quien fue desoido por sus compatriotas, de “sembrar el petróleo”. Sus palabras fueron premonitorias, al referirse “al sueño suicida de algunos ingenuos que ven como el ideal de la hacienda venezolana llegar a pagar la totalidad del Presupuesto con la sola renta de minas, lo que habría de traducir más simplemente así: llegar a hacer de venezuela un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente e inevitable”. Él auguraba desde aquellos remotos tiempos “que, en lugar de ser el petróleo una maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales”. Son dos los casos paradigmáticos que suelen mostrarse como ejemplos del mal y del buen uso de los recursos provenientes de las bonanzas de recursos naturales no renovables: entre los primeros se destaca el caso de Nigeria y Angola, países estos para los cuales dicha bonanza ha sido una maldición y entre los segundos está el caso de Noruega, que se ha servido de ella para su prosperidad. De allí la cantinela de la “maldición de los recursos naturales” también conocida como la “paradoja de la abundancia”.  

Un estudio reciente de Paul Collier, un economista de la Universidad de Oxford, citado por Mauricio Reina, investigador asociado de Fedesarrollo, “estima que, si el precio del petróleo se duplica de manera permanente, al cabo de 25 años el producto de la economía nigeriana se habría contraído en una tercera parte y el de la economía angoleña habría caído a la mitad”. En contraste, Noruega registra los mayores índices de desarrollo humano del orbe. La conclusión es obvia: la bonanza que para unos países se ha convertido en su peor desgracia, en otros ha sido la base para su bienandanza. Como lo acota Mauricio, “Noruega que ha alcanzado los mayores índices de desarrollo humano del planeta. Una simple comparación ratifica que la abundancia de recursos naturales puede generar riqueza pero también pobreza: la producción de hidrocarburos pesa más o menos lo mismo en las economías de Noruega y Nigeria, pero el ingreso por habitante noruego es 75 veces mayor que el nigeriano”. Pero, ello no es producto del sortilegio; lo que hace la diferencia de la suerte de unos países con respecto a otros es el manejo de los recursos provenientes de tales bonanzas; mientras unos se comportan como la cigarra disipada de la fábula de Pombo otros como la hormiga arriera han tenido el sentido de la oportunidad. Como bien dicen Reinhart “una ´bonanza´ no debe confundirse con una bendición”, pero tampoco, per sé, se puede asimilar a una ineluctable maldición. Lo que hace la diferencia entre unos y otros es ni más ni menos que la institucionalidad, qué tan sólida, qué tan fuerte y qué tan preparada está para manejarla. 

EL MANTRA DE LA REGLA FISCAL
El codirector del Banco de la República Carlos Gustavo Cano sostiene que “Un país que quiera convertir su riqueza natural en un motor de progreso debe aplicar políticas que minimicen el riesgo de una revaluación de la moneda, que atenúan la inestabilidad económica generada por las oscilaciones de los precios internacionales y que garanticen que los ingresos de esas bonanzas se inviertan en proyectos que aumenten el potencial productivo de toda la población”. Este es el sentido y la finalidad de la Regla fiscal que propuso el anterior gobierno y que ha sido compartida por el entrante. Se trata de congelar parte de los recursos provenientes de la bonanza de precios del carbón, el petróleo y el níquel, en dólares o en euros, fundamentalmente con la doble finalidad de ahorrar en la época de las vacas gordas y disponer de tales recursos en la época de las vacas flacas para poder hacer política fiscal contracíclica, al tiempo que se evitaría de esta manera una presión adicional sobre la tasa de cambio que tanto daño le hace a los demás sectores exportadores. Así lo han hecho Noruega y Chile, con mucho éxito. Este Fondo sería parte integral de la propuesta Regla Fiscal, que busca básicamente obtener un superávit primario del 1.5% del PIB como mecanismo de estabilización fiscal, fórmula esta que cuenta con una gran acogida en el país por lo loable de sus buenos propósitos. Este, entre otras cosas, se considera como uno de los prerrequisitos para que la economía colombiana recobre la calificación Grado de Inversión de su deuda soberana que perdió hace más de una década.

La Regla fiscal no es otra cosa que una batería de normas para volver por los fueros de la disciplina fiscal, tan venida a menos en los últimos gobiernos. La propuesta presentada parte de la hipótesis de que la economía crecerá a un ritmo promedio del 4.5%, que la producción de crudo llegará a los 1.5 millones de barriles hacia el 2018 y que el precio del mismo oscilará en torno a los US $87 el barril. No obstante, como se suele decir, una cosa es que el pasto esté verde y otra muy distinta es que hayan regresado las vacas gordas a pastar; como puede darse el escenario previsto puede no darse. En suma, “Las reglas fiscales tienen como objetivo fundamental el cautelar los desbalances fiscales, reduciendo la volatilidad de la política fiscal y al mismo tiempo asegurando su sostenibilidad. De acuerdo a Kopits y Symansky (1998), una regla fiscal es entendida como una restricción permanente en la política fiscal, en términos de un indicador del desempeño fiscal agregado”. 

Esta no es la primera vez que se habla de bonanza y de enfermedad holandesa en Colombia; recordemos que con ocasión del hallazgo de crudo en el piés de monte llanero (Cusiana, Cupiagüa, Pauto y Volcaneras) también se armó una algarabía como la actual. Pero, todo fue víspera de mucho y día de nada, pues la bonanza petrolera no tuvo ni la magnitud ni la perdurabilidad que se vaticinó, pues se sobreestimaron las reservas descubiertas. Lo único positivo que quedó de semejante alboroto fue que a raiz del mismo se aprobó por parte del Congreso de la República el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) en 1995, el mismo que posteriormente se ferió desatentadamente en víspera del coletazo de la gran crisis global enredando su manejo y ahora se busca restablecer. Se está partiendo, entonces, de una premisa falsa cuando se afirma en la exposición de motivos del proyecto de ley No. 112 de 2010 “por medio del cual se establece una regla fiscal….” que “el Gobierno Nacional ha llevado a cabo constantes esfuerzos con el fin de ajustar sus cuentas fiscales y garantizar la sostenibilidad de sus finanzas…Colombia ha registrado avances importantes en el ajuste de sus finanzas públicas, para lo cual la adopción de reglas fiscales ha sido esencial”. Prueba de ello es que ocho años después el ex presidente Uribe entregó las finanzas del Gobierno Central con el mismo déficit con el que arrancó sus dos períodos consecutivos. Fue la propia Contraloría General la que conceptuó que “el servicio de la deuda y el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central se profundizaron” en lugar de aliviarse. 

Las reglas fiscales pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo u orientada hacia la transparencia. Son  muchos los países que cuentan con su Regla fiscal; según un estudio reciente del FMI, en la actualidad cerca de 80 países en el mundo, tanto desarrollados como en vía de desarrollo, utilizan una o más reglas basadas en metas numéricas y han venido haciendo carrera en Latinoamérica desde la década de los 90. La Unión Europea (UE) la adoptó primero a través del Tratado de Maastricht y posteriormente mediante el Pacto por la Sostenibilidad y el Crecimiento. El caso más relevante en la región es el de la regla fiscal de Chile adoptada en el año 2001; también Brasil, Perú y México adoptaron reglas similares para encauzar sus finanzas públicas. Ello explica en gran medida porque estos países, a diferencia de Colombia que no tenía cómo hacerlo, sortearon con más éxito los embates de la crisis global reciente. 


COLOMBIA Y LA REGLA FISCAL

No es esta la primera vez que se intenta implementar una Regla fiscal en Colombia, pues la misma hacía parte del recetario del FMI hasta que la crisis global reciente desbordó sus límites y sus limitaciones, lo que lo obligó a cambiar su cartabón. A través de la Ley 358 de 1997, más conocida como la ley de semáforos, se establecieron mecanismos de control al endeudamiento de las entidades territoriales; mediante la Ley 549 de 1999 se metió en cintura el pasivo pensional territorial y se creó el Fondo de Pensiones Territorial (Fonpet) para cubrirlo; luego vendría la Ley 617 de 2000, de ajuste fiscal, que le establece límites al crecimiento del gasto de las entidades territoriales. Y más recientemente, se expidió la Ley 819 de 2003, de responsabilidad fiscal, la cual estableció la obligación de parte del Gobierno central de establecer periódicamente el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), mecanismo este que le da mayor transparencia a la gestión del gasto público. Todo este desarrollo normativo constituyen reglas fiscales de obligatorio cumplimiento y a pesar de ellas hoy no estamos mejor en materia fiscal que cuando estuvimos peor. Por ello no se deben crear falsas expectativas sobre lo que sería dable esperar del establecimiento de una Regla fiscal como la que ahora se propone. Desde luego, es mejor contar con la regla fiscal que no contar con ella. Al menos en el papel suena bien y funciona. Dicho sea de paso, los países desarrollados la tienen, pero no la cumplen. Como lo acota el profesor Alvaro Montenegro, “las reglas fiscales pueden ayudar, inclusive, ser necesarias en algunos casos, pero claramente no son necesarias en todos los casos. El equilibrio fiscal es un buen objetivo, pero no debe ser una camisa de fuerza. Más que reglas de aplicación mecánica, lo único necesario es un equipo económico hábil y serio con apoyo político y con la discrecionalidad para tomar decsisiones cuando las circunstancias cambien”. 

Esta vez se plantea básicamente una Regla Fiscal que tiene por cometido superar el crónico déficit primario en las finanzas del Gobierno central, se busca establecer una especie de estabilizador automático que permita ahorrar en los tiempos de vacas gordas y de esta manera poder implementar políticas fiscales contracíclicas cuando ello sea menester. Se busca igualmente por esta vía reducir la deuda neta de sus actuales niveles del 39.4% del PIB a no más del 28% del PIB en los próximos 10 años y de este modo anclar las expectativas sobre la situación fiscal. El Comité Técnico Interinstitucional que le planteó al Gobierno Nacional esta propuesta es categórico a la hora de precisar el alcance de la misma; según afirma “El diseño de la regla fiscal propuesta tiene como uno de sus fundamentos alcanzar niveles sostenibles de deuda pública, que garanticen la estabilidad macroeconómica del país y permitan recuperar el grado de inversión”, y “de esta manera cabría “esperar menores primas de riesgo y mejores condiciones en los mercados financieros locales e internacionales”. La obsesión por alcanzar el grado de inversión de la deuda soberana del país puede conducir a lo que califica Dani Rodrik como la “perversión de las prioridades”, subordinando los objetivos del desarrollo al test de las desprestigiadas calificadoras de riesgo. Huelga decir que las políticas que hacen acreedores al “grado de inversión” no son aquellas que propenden por la generación de empleo e ingreso y/o por la transformación de las estructuras productivas y la mayor competitividad del país, así como por el mayor crecimiento y la mayor riqueza nacional. 

Con razón el Nobel de Economía Joseph Stiglitz calificó de “notablemente miopes” a los “supuestos gurues financieros” que llevados por su fundamentalismo defienden a ultranza el “mantra de la reducción del déficit”, sin importar los alarmante índices de desempleo y de pobreza. En sus “Quince falacias funestas del fundamentalismo financiero” William Vickrey tildó de “búsqueda del Santo Grial” la obnubilación por corregir los desequilibrios fiscales a toda costa. Y de contera, “Estas ideas falaces, expuestas en diversas formas por quienes están cerca del poder económico, conducen a políticas que no sólo son crueles sino innecesarias y a la frustración por el incumplimiento de sus objetivos declarados”. De este modo quedaríamos en el peor de los mundos: mientras el B de la R se preocupa por mantener a raya la inflación, el Ministerio de Hacienda hará lo propio con el déficit fiscal, entre tanto el crecimiento y el empleo quedarían expósitos, abandonados a su propia suerte. Precisamente uno de los fallos de la Corte Constitucional que no fueron del gusto de los dómines del neoliberalismo fue el que aclaró de manera diamantina que “la finalidad del Banco de la República no es exclusivamente luchar contra la inflación. Esa es la función básica del Banco, pero la Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos económicos, pues sus decisiones deben coordinarse con la política económica general y desarrollar el contenido social del Estado colombiano…La Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos del desarrollo económico y social previstos por la Carta”.
Llama poderosamente la atención que, como lo advierte la destacada analista de temas económicos Helena Villamizar García-Herreros “la definición de la regla fiscal circunscrita al balance primario expresa claras preferencias distributivas a favor del capital financiero. Sin duda el concepto de balance primario es muy útil para fines analíticos, pues permite observar separadamente el peso de los intereses de la deuda. Pero la exclusión de estos gastos de una regla de ajuste fiscal, dándoles así el privilegio de ser intocables, corresponde a una política distributiva a favor de los rentistas del capital financiero; dichos pagos no se discuten; literalmente no entran en la ecuación; gozan de una especie de inmunidad frente al ajuste”. Estos son los bemoles que acusa la propuesta Regla Fiscal, pues la misma pone de manifiesto su sesgo, dado que, como lo señala la economista y Directora del Área Económico Social de la Corporación Viva la Ciudadanía, Martha Yaneth Sandoval, en la medida que la Regla Fiscal se aplica sobre el Balance primario “del apretón fiscal se excluyen el pago de intereses y amortización de la deuda, justamente los rubros que en mayor medida han causado los desajustes fiscales, dejando todo el peso del cumplimiento de la Regla en los ajustes al gasto, léase al gasto social…La Regla  fiscal deja por fuera aspectos estructurales que explican el deterioro de las finanzas públicas colombianas. En Colombia, justamente imponer límites a la deuda pública como medida de ajustes fiscales resultó exitoso a la hora de sanear las finanzas departamentales y municipales, ¿por qué entonces se excluye este tema de la Regla fiscal que ahora se pretende a nivel nacional?”. 

En la sustentación de la Regla Fiscal está implicito el prejuicio de que el principal responsable del desequilibrio de las finanzas públicas es el gasto social, no así los gastos militares ni el servicio de la deuda externa e interna, los cuales sumados representaron el 53.43% del presupuesto del Gobierno central en 2002 y el 41.6% en 2010, como tampoco cuentan las gabelas tributarias que erosionan ostensiblemente la base impositiva.  Esta es la lógica del absurdo; como lo acota el profesor Cesar Giraldo, al mercado financiero “se le garantiza que, en caso de ser necesario, se recortará cualquier gasto público para continuar pagando el servicio de la deuda…la estabilidad macroeconómica considerada como un bien público….es decir es el gasto social y no la deuda pública es el que altera el equilibrio fiscal….plantear que la solución de la crisis  fiscal es asunto de una fórmula matemática oculta el fondo del problema. eso es antidemocrático”. Así de sencillo. Es curioso que al tiempo que se sostiene por parte de los expertos que “uno de los requisitos para el éxito de una regla fiscal es el de tratar de limitar las inflexibilidades del gasto”, cuando la Regla misma se constituye en una especie de torniquete aprisionando aún más el gasto público. 

LA SOSTENIBILIDAD FISCAL COMO DERECHO
En teoría son impecables las razones que se aducen para establecer la Regla fiscal como lo recomienda el Comité Técnico Interinstitucional; con las salvedades expuestas, no hay duda sobre su conveniencia, siempre y cuando no se convierta en un freno de mano que ponga en riesgo el crecimiento y el empleo y su sesgo no conduzca a la selección adversa. Las primeras dudas comienzan a la hora de analizar su pertinencia y oportunidad. Tal vez por ello la Comisión que trabajó la propuesta aconsejó establecer un período de transición que se extendería hasta el 2014, período este durante el cual no se aplicaría. Para el ex ministro Gabriel Rosas, la regla fiscal no debe ser un punto de partida sino el de llegada: “en la misma introducción del documento del comité técnico se dice que ´la evidencia internacional sugiere que los países no deben adoptar reglas para iniciar procesos de ajuste fiscal, sino que estas deben hacer parte de un proceso final de consolidación´. Colombia, es cierto, no está comenzando el ajuste, pero tampoco se encuentra en la etapa final. Quizas está un poco más allá del inicio, pero aún distante de la culminación. Así que es válido preguntar ¿cuál es el camino a recorrer, si la rigidez casi pétrea del gasto atenta contra la fórmula?”.

Pero, lo más cuestionable es que dicha Regla fiscal llegue a tener asidero en la sostenibilidad fiscal como principio constitucional. Juan Camilo Restrepo, actual Ministro de Agricultura, ha sostenido que “el hecho de que la regla tenga rango cuasiconstitucional genera una coraza que puede dificultar la ejecución, en el día a día, de los presupuestos, hecho que valdría la pena revisar”. Sobre todo si tenemos en cuenta que, como ya lo hemos señalado, el anterior gobierno dejó al entrante totalmente maniatado. Por ello justamente el ex ministro de Hacienda Roberto Junguito aconseja con una gran dosis de sindéresis que “el ajuste empiece realmente en el 2015, pues hasta el 2014 se estará intentando cerrar la brecha que actualmente tiene el gobierno nacional entre ingresos y gastos, en parte, por cuenta de la deuda pública”. Y entre las recomendaciones de los expertos del Comité Interdisciplinario está “promover una reforma a la Constitución Política para que incluya un artículo que haga explícito el derecho de la sociedad a la estabilidad macroeconómica o, en otras palabras, que le dé a la estabilidad macroeconómica el carácter de derecho de los ciudadanos”. 

Como lo indica el ex ministro Rosas ”el camino escogido para llegar al objetivo no es el correcto. De un lado, según tengo entendido, el llamado derecho al equilibrio fiscal no sería individual, sino colectivo. Como los derechos fundamentales son inherentes a las personas y no a la sociedad en su conjunto – colectivos - , el ejercicio del congreso no pasa de ser una gimnasia inútil, porque rápidamente sería declarado inconstitucional”. Es más, él llama la atención sobre el hecho de que Chile, cuyo ejemplo es paradigmático, definió en el año 2000 una regla como la que ahora se propone para Colombia “sin acudir a reformas constitucionales, ni a complicadas disposiciones legales; durante seis años los chilenos cumplieron el compromiso de tener un superávit equivalente al 1% del PIB…en el 2005 el ejecutivo envió al Congreso el proyecto de responsabilidad fiscal, la que fue promulgada en agosto del 2006, institucionalizando aspectos del superávit”. Lo fundamental y fue lo que obró en el caso chileno, es que exista la voluntad política para aplicar la Regla y ello fué más que suficiente. Es de advertir que existen disposiciones idóneas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto que le permiten a las autoridades económicas propender por el equilibrio y la estabilidad macroeconómica. Se trata del artículo 22 del Decreto-Ley 111 de 1996 que a la letra dice: “cuando por circunstancias extraordinarias la Nación perciba rentas que puedan causar un desequilibrio macroeconómico, el Gobierno Nacional podrá apropiar aquellas que garanticen la normal evolución de la economía y utilizar los excedentes para constituir y capitalizar un Fondo de Recursos del Superávit de la Nación. El Gobierno podrá transferir los recursos del Fondo al Presupuesto General de la Nación de tal manera que éste se agote al ritmo de absorción de la economía, en un período que no podrá ser inferior a ocho años desde el momento que se utilicen por primera vez estos recursos”. Esto es lo mismo que ahora se está proponiendo como Regla fiscal para disponer de un mecanismo para implementar políticas contracíclicas. 

Como afirma Eduardo Sarmiento, Director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, “el derecho a la estabilidad, que es un concepto indefinido (vago, abstracto, etéreo), daría márgen para todo y le restaría compromiso con los derechos fundamentales”. Lo planteado en el proyecto de acto legislativo tiene toda una carga de profundidad: “el congreso de la república, al determinar el alcance concreto de los derechos sociales y económicos consagrados en esta constitución, deberá hacerlo en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de darles, en conjunto, continuidad y progresividad”. Con toda razón se pregunta el diario El Espectador: “¿por qué sólo el gasto en estos derechos tiene que ser financiable? ¿los gastos de funcionamiento, las deducciones tributarias a los inversionistas, los subsidios a agricultores y demás no tienen que sujetarse a la misma regla? ¿a qué se debe el sesgo de la iniciativa?...Además, sigue quedando un asunto de fondo irresuelto: ¿puede un interés público convertirse así no más, en un derecho fundamental? el argumento a favor consiste en sugerir que por conexidad con los derechos fundamentales la estabilidad fiscal debe incluirse, pero, ¿es conveniente equiparar derechos colectivos con derechos individuales? ¿no se estaría trastocando y violentando el espíritu de la constitución? ¿habrá otras maneras de alcanzar el mismo fin? o, más aún: ¿es la constitución el lugar para resguardar la política económica del país? puede ser, pero hay que tomarse la molestia de discutirlo en serio y de revisar con cuidado las implicaciones de tales modificaciones a la carta. No se trata de derechos inocuos ni de normativas menores como para dejarlas pasar tan cómodas y tan en silencio”, que es lo que ha venido ocurriendo con este proyecto que ha ido avanzando en su trámite a la chita callando.  

Según el Gobierno la reforma propuesta no tiene otro objetivo distinto que “racionalizar” el gasto; sin embargo, la verdad monda y lironda es que dicha iniciativa pone el saneamiento de las finanzas públicas por encima de los derechos fundamentales, enervándolos; el ejercicio de estos dependería de la disponibilidad de recursos. Es claro, entonces que este proyecto va a contrapelo de la letra y el espíritu del Estado Social de Derecho, quintaesencia de la Constitución de 1991. Según una fuente oficial del Ministerio de Hacienda este proyecto tiene por objeto incorporar a la Constitución Política el derecho a la “sostenibilidad fiscal”, “como requisito indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho, haciendo explícito el deber de las ramas y órganos del Estado de protegerlo y contribuir a la continuidad y a la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Busca además introducir un ajuste a las normas nacionales sobre Plan de Desarrollo, Presupuesto Anual y Ley de Apropiaciones en el sentido de determinar que los mismos deberán darse dentro de un marco que asegure la sostenibilidad fiscal”. Sí, estamos hablando de equiparar el derecho a la sostenibilidad fiscal con los derechos fundamentales consagrados en la Carta. En concepto del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry "la estabilidad fiscal va a ser tan importante con este acto legislativo como el acceso a la vivienda y a la salud ". Ello entrañaría “una permanente incoherencia entre el cuerpo dogmático de la Constitución, una colisión entre derechos, en la que finalmente uno de los dos (sostenibilidad fiscal vs derechos sociales) terminará por supeditar al otro”, pues no se puede servir a dos señores a la vez. 

Al paso que vamos y por el camino que estamos transitando vamos derechito camino hacia una dictadura fiscal! De hecho, no obstante que aún no han sido aprobados ni el proyecto de ley ni el proyecto de acto legislativo ya la entelequia de la sostenibilidad fiscal empieza a permear la actual legislatura. En efecto en el proyecto de ley “por la cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario” ya se contempla. En la exposición de motivos se alude a la sostenibilidad fiscal cinco veces, además de la mención que se hace al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y al mentado “espacio fiscal”, el mismo que años atrás frustró proyectos tan importantes como el del Plan Maestro de la Refinería de Cartagena. El artículo 13 de dicho proyecto es categórico cuando que “El desarrollo de las medidas a que se refiere la presente ley, deberá hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal”.  El año anterior este mismo proyecto fue hundido por el Gobierno, al conceptuar el ex ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga que “fiscalmente es inviable y debe ser archivado” así le dieron entierro de tercera y eso que todavía no existe el ansiado socorrido “principio” constitucional de la sostenibilidad fiscal. Yen lo sucesivo esta será una piedra en el zapato para la concreción de proyectos de inversión importantes como también a la hora de dar cumplimiento a la protección de los derechos económicos y sociales consagrados en la Constitución o de aquellos que como ocurrió con la salud consagre hacia el futuro como tales la Corte Constitucional a través de sus providencias. 

LA CORTE EN LA MIRA
En la exposición de motivos del proyecto de ley de la Regla fiscal, se dice que sigue los mismos principios y se anticipa a los objetivos del proyecto de acto legislativo de marras “por el cual se establece el derecho de los ciudadanos a la sostenibilidad fiscal como condición para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”. Es decir que este último queda como subalterno de aquel, al considerar que el derecho a la sostenibilidad “contribuye a proteger todos los demás y darles continuidad bajo las diferentes condiciones que enfrente la economía”. Y va mucho más lejos al afirmar que “de este derecho se deriva el deber de todas las ramas y órganos del poder público para que sus decisiones sean acordes con la sostenibilidad fiscal”. Este mensaje tiene un claro destinatario, la rama judicial, en particular la Corte Constitucional. Se preguntaba Jorge Bustamante, antes de asumir como nuevo Director del DANE “cuál es el propósito de la constitucionalización de la ´sostenibilidad fiscal´ en los artículos 334, 339 y 346?” y él mismo se da la respuesta: “muy sencillo: limitar el alcance del Estado Social de Derecho a las reglas fiscales. Busca atacar el ´activismo´ de la Corte Constitucional. De aprobarse este proyecto de acto legislativo, ya no serían posibles sentencias como la de la nivelación de los POS, la de los desplazados, la de los incrementos salariales”. 

Se trata entre otras cosas de poner freno a “una dinámica aterradora derivada del activismo judicial”, a la que se refiere el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. De prosperar esta iniciativa tendríamos como uno de los corolarios la eliminación de la tutela para derechos sociales como la seguridad social, económicos como el de la reparación o indemnización, al igual que para hacer valer derechos tan fundamentales como el de la salud. A propósito, recordemos que más del 60% de la jurisprudencia en materia de tutelas falladas involucra derechos sociales (¡!). Con este esperpento jurídico se “les da más importancia a las cifras, por encima de los derechos” y haría nugatorio el cumplimiento de la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta, amén del concepto de “progresividad” respecto a la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes y servicios que, además de acotarla la mediatiza. De este modo se estaría trastocando los medios y los fines; la sostenibilidad fiscal es un instrumento de política que debe  ser entendido como un medio para garantizar la protección de los derechos sociales y preservar las libertades, pero en manera alguna como un fin en sí mismo del Estado Social de Derecho. Muchas veces en el afán de dar con soluciones mágicas a los problemas, los instrumentos se convierten en fines en sí mismos y al final nunca se orientan a alcanzar los objetivos planteados, este es uno de esos casos. Bien dice el columnista Rodolfo Arango que “al quitarles a los jueces constitucionales su función tuitiva de los derechos sociales fundamentales, se le quiebra el espinazo al pacto social suscrito hace dos décadas”

La Corte Constitucional, como fiel intérprete de la Constitución Política, ha sido fundamental a la hora de reivindicar la protección y garantía de los derechos económicos y sociales de la población más vulnerable. Son dignos de destacar fallos tan importantes como el que protegió a los deudores del sistema UPAC (C – 700 de 1999), el que declaró la inexequibilidad de la extensión del IVA a los productos básicos de la canasta familiar, la que busca ponerle correctivos al “estado de cosas inconstitucional” del abandono a su propia suerte de más de 3.5 millones de desplazados forzadosbm  (T – 025 de 2006) y más recientemente el atinente al derecho fundamental a la salud (T – 760 de 2008). A través de muchos de sus fallos la Corte Constitucional ha dejado en claro que la sostenibilidad financiera no puede interponerse como prerequisito o condicionante para el cabal cumplimiento del conjunto de derechos que ampara el Estado Social de Derecho. Aunque con este proyecto de acto legislativo se busca maniatar a la Corte Constitucional y así impedir que cumpla en rigor su función de guardiana del mismo, presumiendo que ella nada podría hacer por evitarlo dada su aparente imposibilidad de revisar de fondo el alcance y las repercusiones de este por tratarse de una reforma constitucional. Sin embargo, la Corte ya ha sentado doctrina al respecto en los últimos años al alegar vicios de incompentencia del Congreso de la República, en tanto tal iniciativa comporta una verdadera “sustitución constitucional”, considerarando que la enmienda propuesta cambia sustancialmente los principios y postulados transversales y fundamentales de la Constitución Política . La razón es muy sencilla: “el poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene límites materiales, pues la facultad de reformar la Constitución no tiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla”. Y aún en el caso de ser aprobado por el Congreso de la República y declarada su exequibilidad, al entrar en conflicto la protección de los derechos económicos y sociales del ciudadano y el derecho colectivo a la sostenibilidad fiscal, ello daría pávulo también para que en los fallos de la Corte Constitucional sigan primando los primeros sobre los segundos. Y así seguiríamos como el perro dando vueltas en circulo intentando morderse la cola sin lograrlo. 

En el transcurso del trámite de este proyecto la sostenibilidad fiscal se planteó primero como un derecho fundamental, luego como un derecho colectivo y últimamente como un principio constitucional. Es claro que los derechos fundamentales se predican de los individuos; como lo dice el Tribunal Constitucional de España “los derechos fundamentales y las libertades públicas son derechos individuales que tienen al individuo por sujeto activo y al Estado como sujeto pasivo”. Y lo Corrobora la Corte Constitucional cuando caracteriza los derechos fundamentales “porque pertenecen al ser humano en atención a su calidad intrínseca de tal”. No sabe uno qué es peor, porque al ser un principio constitucional como lo es el Estado Social de Derecho adquiriría un rango y un rol muy superior al de los derechos fundamentales en desmedro de estos y ello sería supremamente grave. Como afirma el Senador Luis Fernando Velasco,  “si la sostenibilidad se eleva a principio constitucional quedaría por encima de los derechos de los ciudadanos que ya están en la Constitución”. Resulta muy interesante adentrarse en los meandros de este asunto con la lectura de un excelente texto como lo es la obra del jurista Tulio Chinchilla y la de la ex auditora general de la Nación Clara López, para entender mejor lo estrambótico que resulta este exabrupto en el que se pretende embarcar al país. 

Como lo advierte el Decano de Economía de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, “en teoría este nuevo derecho, esta innovación constitucional, limitaría los excesos de jueces y magistrados, quienes ya no sólo tendrían que tutelar los derechos fundamentales de los individuos, sino también el derecho colectivo a la estabilidad. En últimas, la idea es combatir el santanderismo judicial con una cosa parecida, el santanderismo económico. En mi opinión esta iniciativa (original sin duda) estimulará cientos de debates doctrinarios, enfrentará a abogados y economistas pero no resolverá nada, generará más calor que luz”. Este enfrentamiento que augura Gaviria no es nuevo, tiene una larga historia, sólo que se recrudeció luego de expedida la Constitución de 1991, dada la constante tensión entre los principios inmanentes al Estado Social de Derecho y el Modelo económico neoliberal inspirado en el Consenso de Washington, disfuncionales por su propia naturaleza el uno con el otro. Se quejaba el entonces Ministro de Hacienda Rudolf Hommes con motivo de uno de esos tantos roces que desde entonces se viene dando entre el ejecutivo y el poder judicial, que se han dado en llamar “choques de trenes” , refiriéndose a la Corte Constitucional, que “un grupo de personas que no han sido elegidas ni tienen méritos especiales, tienen el poderpara crear un descalabro…y no hay manera de pararlos. También, hay que preguntarse, si ésta es una situación deseable o tolerable, o, si es necesario actuar para cambiarla”. Y llegó al extremo de descalificar al alto tribunal utilizando términos desobligantes: “los magistrados han demostrado hasta ahora que, mejor que jurisconsultos, son unos burrisconsultos” dijo. Por su parte Jorge Humberto Botero, quien fungía por aquellas calendas de Presidente de la Asociación Bancaria no dudó en proponer “adoptar un modelo que limite ese superpoder que hoy tienen los magistrados y que amenaza el normal curso de la economía nacional”, al considerar que “la politización que está viviendo el tribunal, ha desprestigiado el control constitucional en Colombia”. Aquí vale la pena citar un Editorial del diario El País de España publicado por aquella misma época: “no hay método más socorrido para descalificar una sentencia judicial que tildarla de política…Es irresponsable afirmar, sin pruebas fehacientes, que los magistrados de uno u otro tribunal se han guiado por causas extrajurídicas. Las discrepancias sobre las conclusiones no legitiman la sospecha acerca de las motivaciones”.

En nuestro concepto el ex magistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda pone las cosas en su sitio en un enjundioso trabajo que presentó en las XXVIII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. En su concepto “la Corte no es laxa en materia de admisión de demandas de inconstitucionalidad” como se dice; “en promedio rechaza el 43% de todas las demandas…Y en materia de tutelas es aún más severa: selecciona menos del 5% de los fallos de tutela enviados para eventual revisión”. También llama la atención sobre el hecho de que las acciones públicas de inconstitucionalidad no son un “invento” de Constituyente de 1991, es centenaria, data desde la reforma constitucional de Carlos E Restrepo en 1910, una de las más importantes de nuestro devenir histórico. Una primera conclusión que él extrae de su análisis es que “las sentencias con implicaciones económicas, de inexequibilidad o con condicionamientos, no son fruto de la Constitución de 1991. Existen desde hace más de noventa años y desde entonces han despertado controversia”. Señala el ex magistrado Cepeda que “no deja de ser preocupante que algunas voces le pidan a la Corte que si defender la Constitución llega a tener un costo económico, cierre los ojos y deje pasar la violación…Una cosa es reconocer que obviamente los recursos son escasos y existen restricciones presupuestales, y otra cosa bien distinta es admitir que los derechos sean violados para ahorrar recursos económicos. La Corte ha reconocido lo primero en múltiples fallos, pero no ha admitido lo segundo. Es que una estadística negativa no da licencia para violar derechos, así como una sentencia no borra la dura realidad de la escasez de recursos”. Él pone de presente que no son los derechos económicos y sociales los que generan mayor gasto, también la garantía de las libertades públicas demanda ingentes recursos. Todos los derechos cuestan y su goce efectivo demanda del Estado unas erogaciones con cargo a su presupuesto, con todas las limitaciones que este pueda tener en un momento dado. 

Este planteamiento tiene validez aquí y en Cafarnaum, en donde quiera que exista un Estado garantista como lo es el Estado Social de Derecho. Como lo afirma el ex magistrado Cepeda “no hay almuerzo gratis, ni en Colombia, ni en Estados Unidos ni en Europa. Cuando un país decide ser un Estado constitucional respetuoso de los derechos de las personas, asume un costo, no por un supuesto tropicalismo jurídico o por insensibilidad fiscal de los constituyentes o de los jueces, sino por haberse dejado orientar por la convicción íntima de que así lo exige tomar en serio la dignidad humana, la democracia y el Estado Social de Derecho”. Es preciso, entonces, compatibilizar las restricciones de tipo constitucional y las de orden económico, para poder conciliar el objetivo de la sostenibilidad fiscal y el del efectivo goce de los derechos fundamentales, sin que el uno vaya en detrimento del otro. Por ello se pregunta el ex magistrado Cepeda: “¿con qué criterios se deben armonizar o priorizar los valores de la eficiencia y de la justicia en cada caso concreto? En otras palabras ¿cómo introducir en las políticas  de saneamiento fiscal la cuestión del goce efectivo de los derechos para todos sin destruir esas políticas y, de otro lado, cómo introducir en los análisis jurídicos sobre el alcance de los derechos la cuestión de las restricciones presupuestales sin sacrificar los derechos? Y, siendo más provocadores, ¿deben ser los derechos una variable en la formulación de políticas económicas y debe ser el dinero un valor en las definiciones de las doctrinas constitucionales?”. Como se puede colegir de los interrogantes anteriores, el tema es complejo y no se puede reducir a simples fórmulas econométricas para salir del paso. La salida a esta encrucijada pasa por un diálogo constructivo e interdisciplinario echando mano de las tablas de la Ley y de la caja de herramientas de la economía. 

LA ÉTICA Y LA POLÍTICA
El profesor Alejandro Arregocés y el ex ministro de minas Luis Carlos Valenzuela hacen unos planteamientos de fondo que arrojan luces para esclarecer el alcance del debate entre los economistas ortodoxos y la Corte Constitucional que han suscitado los fallos de esta que han tenido implicaciones económicas.  Ellos sitúan el debate en torno a la escogencia social y colectiva en su dimensión ética y política, como debe ser; al fin y al cabo, como lo afirman ellos “la economía se origina en la filosofía moral y en la medida en que pierda su orígen pierde su razón de ser”. La hipótesis central que ellos desarrollan es la siguiente: “el orígen de las discrepancias entre el ejecutivo y la Corte Constitucional está asociado al choque de dos concepciones éticas o nociones de bienestar social diferentes. La del Estado Social de Derecho que defiende una noción rawlsiana de bienestar, estrechamente asociada a los conceptos de justicia social y equidad y la de la doctrina económica bienestarista cercana a la concepción económica neoclásica que sustenta los juicios y decisiones de los economistas que han debatido con la Corte y que opta por una noción de bienestar fundamentalmente definida por los conceptos de crecimiento económico y eficiencia”. Es claro para ellos que “la única noción de bienestar social consistente con el enfoque bienestarista es la del crecimiento del producto, que permite un mayor consumo a cada individuo en la sociedad” y todo indica que el equipo económico de la administración Santos se matriculó en esta escuela del pensamiento económico, empezando por el propio Ministro Echeverry quien se condidera discípulo confeso de Hayek, economista austríaco y padre del neoliberalismo. No de otra manera se puede entender la presentación de este proyecto de acto legislativo, así como también el otro, el que busca reformar el régimen de las regalías, que es su hermano siamés. 

Para empezar a entendernos tenemos que partir de la premisa que “los mercados a diferencia de la Constitución, no son un mecanismo capaz de transformar los intereses individuales en colectivos…La concepción rawlsiana, muy por el contrario, parte del hecho de que la justicia es condición y objeto de los procesos institucionales y económicos de la sociedad. Así, el bienestar social es una consecuencia del imperio de la justicia, no del crecimiento. La imposibilidad neoclásica de configurar una noción de bienestar social nace precisamente de la decisión arbitraria de no querer enfrentar los problemas de la justicia y de haber reducido la ética individual y el bienestar a la limitada noción de la elección racional basada en la utilidad ordinal, el óptimo de Pareto y la libertad económica…El Modelo de bienestar que defiende la Constitución del 91 rompe de manera contundente con la concepción del bienestar que defiende la doctrina neoclásica bienestarista en la cual se fundamentan los economistas que han participado activamente en el debate con la Corte. En particular, consideramos que la concepción ética de la Constitución obedece fundamentalmente a criterios que relacionan el bienestar con la equidad y no con criterios de eficiencia paretiana o de crecimiento económico. De hecho, estos dos últimos criterios no figuran dentro de ninguno de los principios que definen la columna vertebral de la asignación de derechos en la Constitución. La Constitución, gústenos o no, es profundamente más relevante en el desarrollo social y económico del país que cualquier medida que tome el Congreso o el ejecutivo. Así es y así debe ser. Norma de normas, la Constitución contiene la esencia económica de una sociedad al hacer explícita su fundamentación ética y por ende su función de bienestar. Cuando los economistas recuperemos la filosofía moral como eje de nuestra práctica, probablemente podremos volver a hacer economía. Mientras tanto seguiremos dedicados a maximizar una función de bienestar sin restricción y sin objetivo. Así lo hemos querido, no es culpa de la Corte”. Asi de claro como el agua. 

EPÍLOGO
En síntesis, no hay que seguir buscando el ahogado aguas arriba porque no lo van a encontrar; la verdadera vena rota que atenta contra la falacia de la “sostenibilidad fiscal”, además de la corrupción que le cuesta anualmente al Gobierno central la bicoca de $3.9 billones, la evasión y la elusión fiscal que le cuestan al erario $18 billones aproximadamente, es la proliferación de gabelas tributarias, subvenciones y “copensaciones” que favorecen al gran capital, las cuales suman más de $10 billones anuales. Mientras esta situación persista no hay Regla fiscal que valga. Se plantea por parte del Gobierno que una de las condiciones fundamentales para que la Regla fiscal funcione es corregir la gran inflexibilidad del gasto público que supera el 85% del Presupuesto General de la Nación. Pero, resulta que se hace caso omiso de la rigidez adicional del mismo que significan las vigencias futuras heredadas de la administración anterior, cifradas en $30.5 billones, así como también los más de 60 contratos de estabilidad jurídica que ha firmado el Estado con los mayores contribuyentes. La sostenibilidad fiscal pasa por la poda de esta que llamó el actual Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo “enredadera de exenciones y deducciones”. Y hablando de los fallos de la justicia, como ya quedó dicho no son aquellos referidos  al cumplimiento de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos los que mayor incidencia e impacto tienen sobre la sostenibilidad fiscal, como tendenciosamente se alega en las motivaciones de las reformas que se proponen. Son, en cambio, los que se derivan de los fallos adversos de los litigios administrativos y la mata de pleitos con los contratistas que representan más del 80% de las demandas ante los tribunales cuyas pretensiones superan los $750 billones (5 veces el monto del presupuesto aforado para la vigencia de 2011), sin contar aquellos que terminan en los tribunales de arbitramento que también cuentan.

Se impone, entonces, la necesidad de hacer un alto en el camino para revisar y replantear la ecuación completa de las finanzas del Estado, empezando por definir el tamaño del Estado consistente con la capacidad de generar los ingresos que sosporten lo que cueste. Para avanzar en este propósito no deben haber inamovibles que pongan en riesgo la posibilidad de arribar a un gran Pacto Fiscal por el Crecimiento y el Empleo del cual participen las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, en el entendido de que las cargas y los beneficios del Estado se habrán de repartir con criterios de eficiencia y equidad. Esta sería la base para la implementación de una verdadera Política de Estado, pero no entendida como la simple expedición de una Ley que consagre lo acordado. Una verdadera Política de Estado contempla tres aspectos irreductibles: el primero que todas las fuerzas políticas y sociales que la auspicien tengan acceso y dispongan de una misma información sobre el tema del cual se ocupan y que esta sea confiable y fidedigna. El segundo, que todas ellas participen del análisis de las políticas públicas que le den desarrollo, así como en la definición de las acciones que se desprendan de las mismas. Y, finalmente, que estén igualmente comprometidas en la ejecución de una tal política. Sólo así se podría asegurar su éxito; a ello debemos apostarles, para que el Estado no siga saltando matones en medio de sus afugias fiscales y además para que su accionar no se limite a aplicar lenitivos para sortear la coyuntura, evitar el cortoplacismo y así poder asegurar no sólo la sostenibilidad fiscal sino la sostenibilidad del crecimiento y el empleo. 

En última instancia la sostebilidad fiscal depende de la sostenibilidad del crecimiento del PIB y este se puede ver frenado por la desigualdad, ya que esta como los sostiene el ex presidente Español Felipe Gonzalez “pone en peligro el crecimiento…el modelo económico que no redistribuye los ingresos no es exitoso”. A juicio de la CEPAL una mejor distribución del ingreso, además de disminuir el número de pobres refuerza el crecimiento; dos economistas muy reputado como lo son Alesina y Rodrick advierten que “los países con mala distribución del ingreso y la riqueza tienden a crecer menos”. Gustavo Yamada, Jefe de la Unidad de Pobreza y Desigualdad del BID no pudo ser más categórico cuando afirmó que “cuanto más desigual es un país menos efectivo es el crecimiento para reducir la pobreza”. Y la desigualdad en Colombia es aberrante, como que es la mayor en Latinoamérica, la que a su vez se distingue por ser la región más inequitativa del planeta. Colombia, además de tener una carga fiscal relativamente baja (12.8%) en comparación con el promedio de Latinoamérica (17%), erosionada como está su base impositiva por el cúmulo de exenciones, deducciones, exclusiones y descuentos tributarios, dicha carga está muy mal repartida. Y a ello no hemos llegado por generación espontánea, particularmente su estructura impositiva ha contribuido a ello debido al peso cada vez mayor de los impuestos indirectos sobre los directos, tornándola cada vez más regresiva; mientras el recaudo de los primeros representan 8 puntos del PIB los segundos a duras penas sí llegan a representar 5 puntos del mismo. Con razón la Cepal, refiriéndose a América Latina y particularmente a Colombia, ha propuesto “que los países revisen, sobre todo, la tasa de tributación y la estructura de la tributación para tratar de darles más fuerza a los impuestos directos por encima de los impuestos indirectos, que son más regresivos. Y que el gasto sea cada vez más redistributivo”. De allí la importancia y lo inaplazable de una verdadera reforma tributaria estructural que corrija estos desequilibrios y restaure los principios de equidad, eficiencia y progresividad previstos en la propia Constitución Política. La sostenibilidad fiscal, entonces, no se puede reducir al superávit primario, así como al ahorro y a la estabilidad fiscal; ella pasa por la sostenibilidad del crecimiento, el empleo, la equidad y la inclusión social. En manera alguna puede quedar el pleno goce y disfrute de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos condicionados por el ambiguo concepto de sostenibilidad fiscal y mucho menos la perentoria obligación del Estado de protegerlos. 

Bogotá, diciembre 1 de 2010
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¡ALBRICIAS!

Al cierre del año 2010 los colombianos recibieron la buena nueva del  magnífico desempeño de la estatal petrolera, ECOPETROL; esta, al fin y al cabo, sigue siendo patrimonio de todos. Con el aumento de sus reservas de crudo se espantaba el fantasma de la pérdida del autoabastecimiento de hidrocarburos y al coincidir con una coyuntura de precios al alza había contribuido a mejorar la balanza exterior y a aliviar el crónico déficit fiscal de la Nación.


Gracias a la mayor actividad exploratoria, que pasó de un promedio de 12 pozos perforados por año en la década de los 90 a más de 80 en los últimos tres años, se tradujo en una seguidilla de hallazgos que aunque menores han mejorado ostensiblemente la prospectividad del país. Esta a su vez se ha constituido en un gran atractivo para los inversionistas, de allí el éxito de la Ronda 2010 que abrió la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante la cual se adjudicaron 78 bloques para que en ellos se desarrollen la exploración y producción de hidrocarburos o efectúen estudios de evaluación técnica de los mismos.


A las mayores reservas producto de nuevos descubrimientos se vienen a sumar las que se han incorporado como resultado de la introducción de nuevas tecnologías de recuperación secundaria y hasta terciaria, optimizando la explotación aumentando sensiblemente la tasa de recobro de los campos ya descubiertos, muchos de ellos abandonados en el pasado. De esta manera se detuvo la caída de las reservas y la producción de hidrocarburos en el país que han tenido un repunte histórico. De un volumen de reservas de 1.137 millones de barriles con las que contaba ECOPETROL como grupo empresarial en 2008, se pasó a 1.538 millones en 2009 y en 2010 en lugar de bajar subieron nuevamente. Lo propio podemos decir de la producción, la cual superó con creces la meta de ECOPETROL en 2010 que era en promedio de 565.000 barriles diarios al alcanzar la cifra record de 785.000 barriles diarios; es decir, 39% por encima de lo esperado y un 16.9% superior al promedio del año anterior. Es de destacar que el índice de reposición de reservas este último año fue del 197%, lo cual se traduce en un coeficiente de reservas/producción de 9 años, aproximadamente de autosuficiencia.


En cuanto al comportamiento de los precios podemos decir que después de haber alcanzado el pico de los US $147.50 el barril en julio de 2008 se derrumbaron al mismo ritmo de la Gran crisis económica global hasta tocar el piso de los US $35.4 en diciembre de ese mismo año y desde entonces no ha hecho más que subir de manera sostenida, al punto que ha vuelto a rebasar en el último mes la cotización de los US $90 dólares el barril. Los precios en el mercado de futuros escalaron en la segunda semana de enero situándose en los US $92.39 el barril; es más, en Londres, en el IntercontinentalExchange, el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en febrero cerró a US $98.12. Hace un año Sintje Diek, analista petrolero del HSH Nordbank, vaticinó que los precios internacionales del crudo oscilarían en torno a los US $80 el barril en 2010 y erró su cálculo por sólo 40 centavos de dólar pues el promedio que se registró fue de US $79.61. Pues bien, él mismo se atreve a pronosticar ahora que se puede esperar “que este año sea más volátil que el 2010 y no descarto que veamos el crudo a más de US $100 el barril”.


Si la OPEP no cambia su política de los últimos dos años, caracterizada por una oferta limitada y al mismo tiempo se mantiene la voracidad de los países emergentes, encabezados por China, por los productos básicos, estaremos muy cerca de que se cumplan tales proyecciones. Empero, la Agencia Internacional de Energía (IE) activó las alarmas al advertir que tales niveles de precios pueden dar al traste con la débil recuperación de la economía global y por ello instó a la OPEP a revisar dicha política.  
ECOPETROL basó su plan de inversión para el 2010 en precio promedio del crudo a US $65 el barril, pero al final fue de US $79.53, lo cual lógicamente repercutió favorablemente en sus estados financieros y por consiguiente en el buen suceso para sus accionistas que se verán recompensados con mayores dividendos, empezando por la Nación que hoy posee el 89% de las acciones. Es indudable, entonces, que ECOPETROL está pasando por su mejor momento; no obstante, para que sea sostenible y se prolongue en el tiempo es absolutamente necesario dar con la aleatoria posibilidad de un nuevo hallazgo equiparable con Caño Limón siquiera y a ello le está apostando. Por lo pronto crucemos los dedos para que se nos cumpla este deseo. 

Riohacha, enero 23 de 2011
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SIN EL PAN Y SIN EL QUESO

Una vez más Colombia enfrenta el grave predicamento en sus relaciones comerciales con los EEUU de quedarse sin la ratificación del TLC que firmó en 2006 y sin la extensión de los beneficios arancelarios que se derivan de la ratificación de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA, por sus siglas en inglés) promulgada en agosto de 2002. Los mismos datan desde diciembre de 1991, cuando se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos su primera versión que fue la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés). Su vigencia inicial se prolongó por diez años, luego se renovaría cada cinco años; pero últimamente sus prórrogas fueron cada vez tan angustiosas como breves por el embeleco del TLC. Se le metió en la cabeza al entonces Ministro de Comercio, Industria y Comercio Luis Guillermo Plata que “extender las preferencias arancelarias por más de un año es inconveniente, porque eso puede convertirse  en un sustituto del tratado bilateral”. El sector privado lo secundó en esta frustránea estrategia y através de uno de sus más caracterizados voceros, el Presidente de ANALDEX Javier Diaz, manifestó el temor que abrigaba de que la ampliación por más tiempo de las preferencias “llegue a quitarle la urgencia y la prioridad que tiene el TLC”. Ellos se dieron por satisfechos y consideraron como un gran logro el que la última prórroga fuera por sólo seis semanas. Todo, para después estar haciendo fuerza y saltando matones, como está pasando ahora, debido a las  trabas que han impedido que el Congreso estadounidense extienda una vez más dichas preferencias.


VUELVE Y JUEGA

Pero, parece que no se escarmentara; Javier Díaz aseguró recientemente que “sobre la mesa hay una propuesta de extender el ATPDEA hasta julio porque se quiere presionar una aprobación del acuerdo comercial, debido a que en el segundo semestre hay de nuevo elecciones y se puede enredar, y este tema desaparece de la agenda”, para estar nuevamente en julio en el stress al que ahora están sometidos los exportadores. Lo cierto es que al no haberse tramitado oportunamente la prórroga del ATPDEA, desde el domingo 13 de febrero se perdieron sus beneficios y todas las exportaciones sin excepción están pagando aranceles para ingresar al mercado de los EEUU. Dado que el Congreso de los EEUU entró en receso por dos semanas desde el jueves 17, ello significa que dicha situación se prolongará por lo menos por un mes. Así como en su momento la Ley de Ajuste de Subsidios y Servicios, más conocida como la Trade Adjustment Assistance (TAA, por sus siglas en inglés) malogró el trámite de ratificación del TLC por parte del Congreso de los EEUU, ahora se ha convertido en la manzana de la discordia entre demócratas y republicanos impidiendo la aprobación de la extensión de los beneficios del ATPDEA que los demócratas han atado a la suerte del TAA al incluirlo en el mismo proyecto. Se trata de una norma que busca proteger a los trabajadores norteamericanos que supuestamente queden cesantes como consecuencia de la entrada en vigor de los TLC. Los republicanos aducen que no se pueden dar más ayudas porque se aprobó un seguro de desempleo. Su argumento es que no pueden existir dobles beneficios y los demócratas no ceden y exigen que el TAA y el ATPDEA se aprueben en simultánea. En este pulso entre demócratas y republicanos Colombia está atrapada entre dos fuegos sin saber qué hacer.


De nada ha valido ha valido la exhortación de Obama al Congreso para renovar el ATPDEA “lo más pronto posible”, ni la intervención del Embajador y Representenate Comercial de los EEUU adscrito a la Casa Blanca Ron Kirk instandolo “a extender estos tres programas (entre los cuales está el ATPDEA) lo más pronto posible y hacerlo más sustancialmente que por unos pocos meses”. Y fue más lejos al condolerse de la suerte del país considerado por Obama como su aliado estratégico, pues, según él “agricultores y trabajadores en Colombia perderán acceso al mercado estadounidense justo cuando se están recuperando de severas inundaciones” y remató diciendo “estoy decepcionado”.


REACCIÓN TARDÍA


La reacción por parte del Gobierno ha sido un tanto errática y contradictoria, pues el Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Diaz-Granados afirmó sibilinamente que “no quiero mandar el mensaje equivocado al Congreso de EEUU de que Colombia puede sobrevivir sin el ATPDEA, aunque es claro que podemos sobrevivir”; no, pero sí. Y ello, después de admitir que “no hemos dimensionado la magnitud del problema” planteado para enfrentar con éxito este “bache sin ATPDEA”. Por su parte el Embajador de Colombia en Washington Gabriel Silva en un aseguró que “para nosotros no hay Plan B ni segunda opción”; es decir, que Colombia se está jugando con el ATPDEA el todo por el todo.


Ante el hecho cumplido de que Colombia se ha quedado, no se sabe todavía por cuanto tiempo, sin el pan y sin el queso, sin TLC y sin ATPDEA, al Ministro Diaz-Granados le tocó salir a “ver cómo instrumentamos un Plan B, para ver si se reedita el tema de los reintegros de los aranceles pagados”. Esto es, que el Congreso de los EEUU apruebe la extensión del ATPDEA con retroactividad al 13 de febrero, de modo que se le reintegraría a los exportadores colombianos lo que hayan cancelado por concepto de aranceles durante dicho intervalo. Esta perspectiva no entusiasma mucho a los exportadores, toda vez que el Gobierno de los EEUU le giraría dicho valor a los importadores y son estos quienes deberán reembolsárselos a aquellos. Y no es para menos, es que ya en el pasado en idénticas circunstancias les han puesto conejo y los importadores norteamericanos se han quedado con dicho reintegro a expensas de los exportaciones colombianos.  Cabe recordar que en 2002 Estados Unidos dejó a Colombia siete meses sin ATPDEA, con todas sus consecuencias; la historia se podría repetir si el Gobierno Nacional no cambia de estrategia y hace valer la corresponsabilidad que le cabe al Gobierno de los EEUU en la lucha en contra de las drogas ilícitas, que fue la razón de ser de las preferencias arancelarias a favor de cinco de los países andinos (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia).


Ante el riesgo latente de que los exportadores se puedan ver perjudicados por la morosidad de los EEUU al extender los beneficios del ATPDEA, se han planteado por parte de ellos medidas tales como esta: que “en vez de pagar planteamos que los exportadores tengan una póliza de cumplimiento por semanas o meses por el monto de los aranceles, es decir, que no tenga que sacar la plata ahora. Si transcurre determinado plazo, y no hay retroactividad, se hace efectiva la garantía que asumiría el empresario”. Por lo demás, el reintegro de lo que se llegue a pagar por aranceles demora en darse; como lo recuerda el Presidente de la ANDI Luis Carlos Villegas. Según él “ya eso nos pasó hace unos años, el trámite para devolver esos aranceles cuando vuelvan a poner el ATPDEA en rigor se demoran fácilmente 7 u 8 meses. Uno cree que los trámites se demoran aquí en la DIAN, no, allá también”. A su vez el Gobierno Nacional, a través de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha contemplado la posibilidad de autorizar créditos blandos por parte de BANCOLDEX, con el fin de proporcionarle liquidez a los exportadores paran cumplir con el pago de los aranceles que se causen, los cuales serían pagados posteriormente con el reintegro de los mismos. Este es una especie de salvavidas para los exportadores. 

Ante la invectiva del Embajador Silva, manifestando su disgusto y dando a entender que a Colombia ya se le está agotando la paciencia por tanta mamadera de gallo, primero con la ratificación del TLC y ahora con la prórroga del ATDEA, Javier Díaz llama la atención sobre el hecho incontrovertible de que “Si uno no quiere perder el mercado tiene que acceder a pagar los impuestos, yo no cambio un mercado como Estados Unidos de la noche a la mañana, hay que seguir en la campaña de diversificación, independiente de lo que pase con el ATPDEA o el TLC”. En este caso, en lo que hace a la política de comercio exterior de Colombia, como en la paradoja de Huidobro, los árboles no les ha dejado ver el bosque a los responsables de la misma; la pregunta es hasta cuándo.


“No podemos resolver los problemas de
la misma manera que los creamos”
Albert Einstein



Riohacha, febrero 19 de 2011
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EL AMIGO IMAGINARIO

El recientemente liberado Mayor de la Policía Guillermo Solórzano dejó atónito al país cuando al narrar la odisea en que se le convirtió su secuestro por parte de las FARC contó que lo que hizo más llevadero su dantesco drama fue contar con un amigo imaginario que él mismo creó al que llamó Rodolfito. Ahora se sabe que este fenómeno es más común de lo que se cree y según la psicología infantil, los amigos imaginarios surgen como respuesta a las idealizaciones. Al parecer el gobierno colombiano tiene en los EEUU un amigo imaginario y no nos habíamos percatado de ello. Desde los remotos tiempos de la doctrina Monroe de América para los americanos, pasando por la Política del Gran Garrote de Theodore Roosevelt como su corolario, hasta la más reciente doctrina de la Seguridad Nacional, la política exterior de los EEUU, que se confunde con su paradigma del Destino Manifiesto, ha tenido como hilo conductor la sentencia de su primer Presidente George Washington que no puede ser mas lapidaria: “las naciones no tienen amigos sino intereses”.

De modo que todas esas declaraciones melifluas y grandilocuentes en el sentido que Colombia es el “aliado estratégico” de los Estados Unidos con quien mantiene una “relación especial” se han quedado sólo en la retórica. Después de los desencuentros entre Clinton y Samper se recompusieron las relaciones entre los dos países en el cuatrienio de Andrés Pastrana; pero, a pesar de que este se ufanaba de tener tan buena química con Clinton como con Tirofijo, fue muy poco lo que pudo avanzar el país en su acceso al mercado de los Estados Unidos. Lo único que le quedó para mostrar de este idilio fue el Plan Colombia, el cual fue aprobado a solicitud del ex presidente Pastrana, en el sentido que “es hora de que Estados Unidos mire a su patio trasero y lo ayude...”. Huelga decir que dicho Plan fue concebido y diseñado por el propio Estados Unidos como un componente básico de su fracasada estrategia antidrogas.


EL CRISTO DE ESPALDAS

Luego, vendrían los ocho años de la administración Uribe y a la sazón George W Bush era el Presidente de la gran potencia del Norte; entre uno y otro había una gran afinidad ideológica. El Presidente Uribe tuvo el privilegio de hacer parte del exclusivo club de personalidades de la política mundial que visitó a Bush en su rancho de Crawford, Texas. Y a pesar de ello, aunque Uribe logró negociar y firmar el TLC con su homólogo, ambos terminaron su período sin que lograra su cometido de la ratificación del mismo. Casi cinco años después de firmado su ratificación sigue en el limbo y cada vez más embolatada, pese a que según el Comité Consultivo para Políticas y Negociaciones de Comercio de los EEUU “el tratado con Colombia satisface o supera los logros acordados en otros tratados recientes, incluyendo los suscritos con Perú, Centro América y República Dominicana”. 

De hecho, en el Informe presentado en la primera semana de este mes al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos por el Senador republicano Richard Lugar se constata el desplazamiento de Estados Unidos en materia comercial en Suramérica, y en particular en Colombia, a favor de China, Mercosur, Chile, los países de la CAN, México y Canadá. Según sus cálculos, en los últimos dos años, Estados Unidos ha perdido US $1.000 millones de exportaciones agrícolas a Colombia, equivalente al 56 por ciento de su participación en el mercado nacional. Y si nos atenemos a las cifras que maneja la Cámara de Comercio Colombo – Americana, los exportadores de los EEUU le pagan a Colombia US $22 cada segundo por concepto de aranceles, unos US $2 millones diarios. A ojo de buen cubero, eso significa que desde la firma del texto negociado del TLC bilateral con los EEUU a hoy han tenido que cancelar una suma aproximada a los US $3.644 millones. Dicho de otra manera, de haberse ratificado el TLC por parte de los EEUU el fisco nacional habría dejado de recaudar esa misma suma por concepto de aranceles, el doble del estimativo del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla respecto al costo fiscal de la entrada en vigencia del TLC de US $300 millones anuales. Contrástese esa cifra con los US $350 millones, aproximadamente, que dejarán de pagar los exportadores colombianos por concepto de arancel a la entrada en vigencia del TLC con los EEUU, diez veces menos de lo que dejarán de pagar ellos (¡!). De allí la posición del Representante republicano Dave Camp, cabeza del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara baja, quien dejó en claro que “sin una fecha concreta para el TLC los conservadores no van a darle nuevo apoyo al ATPDEA, simplemente porque le reduce las tarifas a los exportadores colombianos sin reducirla a las exportaciones norteamericanas a Colombia como lo haría el TLC”.

EL EMPAREDADO DEL TLC

Pero, ocurre que entre los demócratas y republicanos existe una incompatibilidad de caracteres, pues al decir de Javier Tellagorri mientras los primeros ven aquello en lo que creen, los segundos creen en lo que ven. De allí su antagonismo, los demócratas propenden por el comercio justo, los republicanos por el libre comercio; dicha confrontación llevó al estancamiento del trámite y aprobación de la ratificación de los TLC firmados por parte de los EEUU con Panamá, Colombia y Corea. La elección de Barack Obama como Presidente complicó aún más las cosas, máxime cuando en un error imperdonable de la diplomacia colombiana esta tomó partido por el republicano MacKein. No obstante, por fuerza de las circunstancias, Obama abandonó su posición radical en contra de dichos tratados y se mostró dispuesto a impulsarlos. 

En efecto, en su discurso sobre el Estado de la Unión el 27 de enero de 2010 fue muy enfático al afirmar que “este año continuaremos fortaleciendo nuestros acuerdos comerciales con Asia y aliados clave como Corea del Sur, Panamá y Colombia”. Una vez más, en el discurso pronunciado por Obama el 26 de enero de este año sobre el Estado de la Unión, ratificó que “antes de asumir el mando, dejé en claro que íbamos a verificar el cumplimiento de nuestros acuerdos comerciales y que sólo suscribiría pactos que beneficiarán a los trabajadores estadounidenses y promovieran empleos en Estados Unidos. Eso fue lo que hicimos con Corea y eso es lo que pretendo hacer al procurar acuerdos con Panamá y Colombia, y continuar nuestras conversaciones comerciales con la región del pacífico de Asia y en el mundo”. Posteriormente sostuvo que “acabamos de cerrar un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur que representa un apoyo para 70.000 puestos de trabajo estadounidenses como mínimo, un acuerdo que contó con el apoyo sin precedentes de empresarios y sindicatos, demócratas y republicanos. Este es el tipo de acuerdo que buscaré en nuestras conversaciones comerciales con Panamá y Colombia”. Tal manifestación hizo revivir las esperanzas de que ahora sí se abriría paso la ansiada ratificación del TLC, pero ahora surgió un nuevo impasse, los republicanos han dejado en claro que no le darán paso a la ratificación del TLC con Corea si este no se tramita en simultánea con los de Panamá y Colombia. Amanecerá y veremos. 
El representante de Comercio Exterior estadounidense, Ron Kirk, dijo ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que había recibido “instrucciones del presidente Obama de intensificar los contactos con Colombia y Panamá, con el objetivo de resolver cuanto antes, este año, los asuntos pendientes, y someter inmediatamente a consideración del Congreso esos acuerdos”. El presidente del Comité, el republicano Dave Camp, le ripostó que agradecía sus buenas intenciones “pero ya el tiempo de las generalidades pasó… Estamos perdiendo mercados y necesitamos saber qué tiene que pasar para concretar esos tratados”. Kirk insistió en que “cualquier calendario estará supeditado a la resolución exitosa de temas muy serios, relacionados con la violencia contra el sindicalismo y los derechos laborales en Colombia” y anunció que para discutir esos asuntos con el gobierno Santos enviarían la una delegación de la Secretaría de Comercio a Bogotá. Recomendó además que las partes se sienten “a la mesa, preparados para tomar acciones significativas adicionales”, al tiempo que subrayó que el ejecutivo mantiene “serias preocupaciones” sobre el caso de Colombia que deben ser resueltas. Ello fue interpretado como el deseo por parte de los EEUU de renegociar los términos ya acordados del TLC que se firmó por las partes; el Embajador de Colombia en Washington Gabriel Silva se había anticipado a notificar al gobierno estadounidense que “acá no hay nada que negociar desde el punto de vista del Tratado. Ya fue aprobado por nuestro Congreso y no se va a reabrir” y lo remarcó el Presidente Santos: “no hay posibilidades de renegociar” lo ya firmado!
Todo este embrollo ha exasperado al Gobierno Nacional, al punto que el Presidente Santos aseguró que si la ratificación del TLC con los EEUU no se aprueba este año, su gobierno no seguirá insistiendo y buscará otros mercados. Esta declaración oficial fue seguida por otra de parte del Embajador en Washington que fue aún más lejos: “si en el 2011 no ocurre realmente la ratificación del TLC, es muy posible que sea Colombia la que decida que esto ya no va más”. Por su parte el Vicepresidente Angelino Garzón manifestó que “no nos vamos a poner a llorar si algún país libre y soberanamente toma la decisión de no aprobarnos el TLC”. Comparto con el analista y Decano de Economía de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria que tales declaraciones aunque altisonantes no pasan de ser baladronadas. Como afirma él “si se llegase a aprobar el TLC para el 2012, no creo que Colombia vaya a decir que no le interesa, que ya es un capítulo cerrado”. Lo que es claro es que Colombia no debe actuar llevado por el despecho o por el ánimo retaliatorio, como sucedió en su momento con Venezuela cuando, ante las invectivas de Chávez, se pensó que era muy fácil sustituir ese mercado por otro. 

Ya lo advertíamos a propósito de la celeridad con la que se venía negociando un TLC a las volandas con la Unión Europea (UE), dizque para presionar a los EEUU para que ratifiquen el TLC con Colombia si es que no se quieren ver desplazados por la UE. Ello sólo condujo en concepto del Presidente de Fedegan José Felix Lafaurie a un “mal cierre” de dichas negociaciones. Ojalá que ello no se vaya a repetir con otros TLC que se vienen negociando con la misma ligereza, como es el caso de Corea del Sur, del cual ha dicho el Presidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa) “llevaría a la suspención de la producción nacional de vehículos, lo que generaría el marchitamiento de la producción de autopartes”. Lo propio ha dicho la Directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI Juliana Rico: “además de ser una economía cerrada, tiene mucha fortaleza en manufacturas y hace dumping…Un TLC con Corea que no excluya este sector dará al traste con la producción colombiana orientada a la exportación”. Ojo, pues!  

GIRO POSITIVO DE LA POLÍTICA COMERCIAL

El Presidente Santos ha venido haciendo lo correcto; después del aislamiento diplomático y comercial al cual expuso al país la política parroquial y camorrista del ex presidente Uribe, él entendió la necesidad de abrirse al resto del mundo. Procedió a reabrir embajadas y representaciones consulares en países claves para una estrategia de expansión del comercio exterior, como es el caso del lejano y medio Oriente. El caso de Venezuela es patético, como afirmó el Presidente Santos “estábamos en el peor de los mundos: no había diálogo, no había relaciones diplomáticas, no había comercio, no pagaban las deudas y hasta sonaban tambores de guerra. Esa situación era inaguantable”. Lo propio podría decirse del Ecuador, enantes nuestro tercer mercado externo en importancia después de los EEUU y Venezuela. Recordemos que el prurito de tener un TLC con los EEUU llevó al Gobierno del ex presidente Uribe a provocar la desintegración andina, dejando lo cierto por lo dudoso. 

Poco a poco se han ido recomponiendo las relaciones con Venezuela y Ecuador, lo cual ha dado ya sus primeros frutos. Las exportaciones hacia Venezuela después de superar los US $6.000 millones en 2008 se desplomaron hasta registrar sólo US $1.257 millones en 2009(¡!). El primer paso a dar y ya se está dando es acordar con Venezuela un Tratado bilateral que reemplazaría su membresía a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a la que renunció en 2006, dado que a partir del 22 abril cesan sus obligaciones para con esta. Tanto el Gobierno como el gremio exportador coinciden en que dicho Tratado debe darse en el marco de ALADI, para evitar que el mismo sea considerado un nuevo acuerdo, en cuyo caso se vería forzado a extenderle a los EEUU, una vez sea ratificado el TLC, los beneficios arancelarios y aduaneros que se convengan. Lo cierto es que ya se han visto los primeros resultados de la distensión en las relaciones, al incrementarse las exportaciones a Venezuela el 45.1% situándose en los US $1.825 millones. Con el Ecuador, los resultados son más tangibles, habida cuenta que el año anterior las exportaciones alcanzaron un nuevo máximo histórico de US $1.825 millones, un 45.1% mayor que en 2009, con un saldo favorable a Colombia de US $1.010 millones.

Definitivamente, sin perder de vista el mercado regional, como bien lo aconseja el Director de Analdex Javier Díaz, “hay que seguir en la campaña de diversificación, independiente de lo que pase con el ATPDEA o el TLC”. Sí, diversificando la oferta exportadora, y diversificando los mercados de destino de la misma. Como lo muestra claramente el Índice de Herfindahl Hirschman indica, Colombia mantiene una elevadísima concentración exportadora (0.28 frente a un tope de 1, donde valores de “equilibrio” estarían alrededor de 0.18). Este sesgo lo producen Estados Unidos y Venezuela.  La preocupación es mayor si tenemos en cuenta la creciente reprimarización de la economía nacional y el predominio de los productos tradicionales en nuestra oferta exportadora. A ello ha contribuido, desde luego, la revaluación del peso frente al dólar. En el 2010 las exportaciones totales crecieron el 21.2% en dólares y 8.7% en volúmen, situándose en los US $39.820 millones. Pero, de ese total, más del 58% correspondieron a exportaciones tradicionales (petróleo, carbón y café, especialmente), las cuales crecieron un 41.2%, mientras las no tradicionales (especialmente manufacturas) –que son las mayores generadoras de empleo- se contrajeron el – 2.9% al pasar de US $14.900 millones a US $14.468 millones; si se excluyen los despachos de oro y esmeraldas, la caída de las exportaciones no tradicionales sería aún mayor, de –7.7%. Exportaciones como las de cuero y los textiles se desplomaron el año anterior el 17% y 37%, respectivamente. Pese a ese buen comportamiento de las exportaciones tradicionales, en el caso específico del café Colombia ha venido perdiendo terreno; después de ocupar el segundo lugar después de Brasil durante muchos años, primero fue desplazado por Vietnam al tercer lugar y el año anterior fue Indonesia la que la relegó a un cuarto lugar en importancia. Aunque parezca paradójico Colombia está pasando por una bonanza cafetera sin café al no lograr el año anterior la meta de producción de 11 millones de sacos, debiendo contentarse con sólo 8.9 millones. Es más, a pesar del buen comportamiento de las exportaciones la balanza exterior deel 2010 cerró con un déficit en cuenta corriente del – 2%  del PIB. 

EL CUENTO CHINO

El cierre de los mercados de Ecuador y Venezuela obligó a los exportadores colombianos a explorar nuevos mercados con relativo éxito, al punto que China se convirtió en nuestro segundo mercado después de los EEUU desbancando a Venezuela. Pero, no nos hagamos ilusiones, pues si bien es cierto las exportaciones a China el año pasado subieron el 107.1% con respecto al año anterior, representando el 4.9%, estamos hablando de sólo US $1.966 millones, muy lejos de los US $16.918 millones que tuvieron por destino el mercado de los EEUU, de las cuales el 70.8% fueron de petroleo y sus derivados. Es de anotar que las exportaciones latinoamericanas a China representan en promedio el 8%, casi el doble de la participación en las de Colombia. Además, un alto porcentaje (86.5%) de las exportaciones colombianas a China está representado por productos básicos, léase petróleo, carbón y ferroniquel, entre otros. Ahora bien, sumadas las exportaciones a Japón, Singapur y Corea ascendieron en el 2010 a US$1.305 millones, de tal suerte que el gran agregado de las exportaciones colombianas al Asia representaron el año pasado el 8.2% de sus exportaciones totales. Pero, estamos todavía muy lejos de lograr un gran posicionamiento en dicho mercado, el más codiciado del mundo, máxime cuando el saldo de la balanza comercial con los países asiáticos en 2010 fué desfavorable para Colombia en US $4.722 millones, aproximadamente. Hace muy bien el actual Gobierno en propugnar por su ingreso al Foro de Cooperación Asia – Pacífico (APEC), al que ya pertenecen Chile y Perú, para franquear la puerta a ese gran mercado. 

En mayo del año pasado se le dio al ex presidente del Banco HSBC Michael Geoghegan en un evento internacional en Hong Kong por lanzar a Colombia al estrellato, al considerar que este país tenía méritos para hacer parte del nuevo grupo de países emergentes conocido como CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Turquía y Sudáfrica). Esta nueva sigla fue acuñada por Robert Ward, al caracterizar a los países que la integran por sus buenas perspectivas y por considerar que “tendrán un dinamismo especial en los próximos años”. Sin embargo, más recientemente fuimos sorprendidos por la noticia que le dio la vuelta al mundo, en el sentido que “entre los CIVETS, Colombia es el que menos seduce a los inversionistas”. En el mismo despacho de prensa se da cuenta del sondeo realizado por la knowledge@wharton/fleishman-hillard entre 153 ejecutivos de multinacionales y del mismo se concluyó que aunque 42% de los encuestados prevé que en una década los CIVETS representarán el mismo nivel de oportunidades que los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en la economía global, Colombia ocupa el último lugar en el grupo, cuando se les pregunta cuál de los 6 países presenta un mayor volúmen de opciones de negocio. De hecho, según reciente reporte, ya Indonesia dio el salto de los CIVETS al grupo BRIC. Claro que el principal atractivo que ofrecen estos países aon la mano de obra barata, los bajos costos de producción y el crecimiento de los mercados internos, que no es el caso de Colombia. Los mismos profesores de Warton  lo destacan, al señalar que “después de años de guerra contra el narcotráfico Colombia continúa siendo un mercado pequeño”.

LA DÉCADA DE AMÉRICA LATINA

A ello se refiere también Andrés Oppenheimer, autor del best seller Basta de historias, al considerar que “esta es la década de América Latina” que augura el Presidente del BID Luis Alberto Moreno. Él admite que “estamos pasando por un buen momento económico, y tenemos una excelente oportunidad para hacer de esta nuestra década, pero me temo que no lo estamos aprovechando para invertir en calidad educativa, ciencia y tecnología e innovación”. Y este es el caso de Colombia, que acusa un rezago enorme en calidad de la educación y ni se diga en cuanto a ciencia, tecnología e innovación (C + T + I), en lo cual invierte un irrisorio 0.18% del PIB, en contraste con los países europeos que invierten entre el 3% y el 5%, Corea del Sur 3%, Estados Unidos el 2.7%, Brasil el 1.2% y Chile el 1%. La meta fijada en el proyecto de Plan de Desarrollo 2010 – 2014 es de sólo 0.7%; pero bueno, algo es algo. Y el secreto del éxito de los países emergentes ha sido invertir en C + T + I; sino veamos lo que nos dice Oppenheimer: “Corea del Sur, que hace 50 años era mucho más pobre que todos los estados latinoamericanos, registra más de 7.500 patentes por año, el que le sigue Brasil 100, México 60, Argentina 30 y Colombia 7, según la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU. Nos están pasando como aviones”. Pero, al rezago en educación y C + T + I se viene a añadir el enorme rezago en materia de infraestructura, la cual según el  Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) Daniel Flórez Pérez es de más de 30 años. Anota él que “no tenemos carreteras, no hay infraestructura adecuada. La Nación es poco competitiva y eso explica la realidad de un encierro en sí misma…Nuestras costas están lejos de los centros de producción y consumo”. Con razón en los registros sobre competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia figura en el puesto 83 entre 133 países evaluados. De allí la pertinencia y oportunidad de volver sobre la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIPC) de la quer ya dispone el país, pero que se echa de menos en la agenda de gobierno. 

Queremos insistir en que para alcanzar las metas de crecimiento sostenido del PIB del 6.2% y una tasa de desempleo abierto de un solo dígito planteado en el Plan de Desarrollo de este cuatrienio es fundamental e imprescindible ampliar y diversificar la base productiva del país, empezando por la reconversión del sector agropecuario, ampliar y diversificar la oferta exportadora, ampliar y diversificar los mercados externos y, lo que es más importante, ampliar y profundizar el mercado interno y por qué no volcarse sobre el mercado regional. Como bien lo dice Oppenheimer, “Colombia está demasiado obsesionada con el TLC y poco obsesionada con la productividad” . Y al fin y al cabo, como lo ha sostenido el Nobel de Economía Paul Krugman, al hablar de competitividad “la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo”. No podemos pensar con el deseo que, con lo que tenemos, “podemos conquistar el mundo”; dicho eslogan, además de demagógico sólo sirve para generar falsas expectativas, ya que “por el simple firmar el TLC, de un día para otro, el país no va a ser más competitivo, ni va a duplicar su oferta productiva, ni algunos sectores lograrán el éxito en los mercados internacionales”. Bien dijo el Ministro de Comercio Jorge H Botero, el mismo que en calidad de tal orientó las negociaciones del TLC con los EEUU, “el acuerdo con EEUU abre oportunidades, pero no las garantiza”. Como estamos actualmente no tenemos una oferta exportadora lo suficientemente robusta para aprovechar los nuevos mercados que se abren con los acuerdos comerciales y si la tuviéramos no tendríamos la infraestructura adecuada para exportar competitivamente. De modo, que orden tienen las cosas y el país debe comprometerse en un serio esfuerzo de largo aliento para superar nuestras falencias através de la transformación productiva y la mayor competitividad. 

Bopgotá, febrero, 28 de 2011
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LOS INTERESES CREADOS

Con ocasión de los insistentes reparos de la Unión Europea (UE) a las normas vigentes en Colombia en materia de biocombustibles, los detractores de estos han vuelto a la carga, no propiamente en defensa de los intereses nacionales. Este ha sido uno de los obstáculos que se han interpuesto en el camino de la ratificación del TLC suscrito entre Colombia y la UE y hay quienes con su postura le están haciendo el juego a los mezquinos intereses de ciertas y determinadas marcas de vehículos que se resisten a innovar para que sus motores sean más eficientes y amigables con el medio ambiente. Es bien sabido que Colombia después de Brasil es uno de los países que está a la vanguardia en el uso de las mezclas del etanol con la gasolina y del aceite con el ACPM, en proporciones por ahora del 8% y el 10% respectivamente. Pero, pensando con un criterio futurista y no sin antes realizar las pruebas de rigor se apresta a aumentar el porcentaje de dichas mezclas hasta el 15% en el caso de la biogasolina y del 20% en el del biodiesel. 

Mediante el Decreto 1135 de 2009, modificatorio del Decreto 2629 de 2009 se estableció un cronograma para la introducción de manera gradual de los vehículos dotados con sistema Flex – Fuel E – 85, esto es, que puedan funcionar normalmente utilizando indistintamente gasolinas básicas o mezclas, compuestas por gasolina básica de origen fósil con al menos 85% de alcohol carburante”. Con tal fin se estableció un cronograma que va desde el 60% en 2012 hasta el 100% en 2016 de la provisión anual de vehículos por parte de cada una de las marcas. Ahora se pretende su derogatoria por parte de los voceros del bloque comunitario, por considerar que el mismo se constituiría en una barrera que impediría el acceso al mercado colombiano de algunas marcas de vehículos producidos en el viejo continente. Tan pronto fue expedido Juergen Deforth, Gerente general de Audi para la región, se vino lanza en ristre contra el mismo y sin pestañear siquiera afirmó contra toda evidencia que “no hay la tecnología para hacer funcionar un automóvil con 85% de etanol”. O está atrás de noticia o en su aseveración hay mala fe, una de dos. Resulta pertinente recordar que el primer vehículo comercial de combustible flexible vendido en el mundo fue el Ford T, producido desde 1908 hasta 1927, así como el motor inventado por Rudolf Diesel empezó consumiendo aceite de maní y no ACPM. El motor del Ford T contaba con una carburador de inyección ajustable, que permitía el uso de gasolina, etanol o una combinación de ambos. 

Los hechos son tozudos: en el 2008 circularon en el mundo más de 14 millones de vehículos dotados de motor flexible, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Canadá y en la propia UE, encabezada por Suecia. De modo que nos parece traído de los cabellos el argumento esgrimido por José Clopatofsky, Director de la revista Motor de El Tiempo, al afirmar desatentadamente, asumiendo la vocería de fabricantes, importadores y ensambladores renuentes, que tal disposición dizque se sitúa “por encima de la técnica mundial de los combustibles”. En auxilio de su aseveración aduce que “conversando con Gordon Excel, vicepresidente de Cummins, uno de los mayores fabricantes del mundo de motores diesel, nos reafirmó que una mezcla de bio superior al siete por ciento no es compatible con las máquinas actuales”. Cabe advertir que la expedición del Decreto 1135 no es arbitraria o caprichosa como se sugiere; el Gobierno está en capacidad de tomar las provisiones necesarias tendientes a asegurar la calidad de sus exportaciones e importaciones, la protección de la salud y la vida de las personas, así como la protección del medio ambiente. Se fundamenta para ello en la Ley 170 de 1994, mediante la cual el país se adhirió al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial de la Comercio (OMC), así como también en la decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de 1997.  

Lo que está en juego es mucho más que una insensata “terquedad”, como se quiere hacer ver. En efecto, lo que está en juego no es un asunto de poca monta; se trata nada menos de la suerte que habrá de correr la industria de los biocombustibles, la cual genera actualmente 23.854 empleos directos a lo largo de toda la cadena y un estimado de 48.000 indirectos, que equivale a decir que 286 mil personas derivan su sustento de esta agroindustria. Es más, según las proyecciones de la Federación Nacional de Biocombustibles, “al sembrarse 3.45 millones de hectáreas más, ello representaria sólo el 9.4% de las tierras ganaderas subutilizadas. Esos nuevos cultivos agregarían a las cifras anteriores otros 493 mil empleos directos”. La producción actual de 2.4 millones de litros diarios de etanol y biodiesel mueve $1.84 billones en números redondos al año, cifra esta que no es despreciable, la cual se irriga en gran medida en el campo colombiano. Ceder ante las presiones de la UE sería una pésima señal, puesto que ello significaría ponerle el freno de mano al avance de este importante renglón de la producción a la espera de su aquiescencia para poder escalar en mayor medida esta floreciente aunque incipiente industria, lo cual sería un despropósito. 

PRUEBAS AL CANTO
El mismo Clopatofsky cuando el país se disponía a poner en marcha el programa de la mezcla del etanol con la gasolina vaticinó su fracaso, porque según él “se sabe que es altamente corrosivo y en poco tiempo derrite carburadores, empaques, mangueras, inyectores y otras piezas si se exceden los porcentajes…”. Pues nada de ello ha sucedido aquí en Colombia, como tampoco en Brasil en donde el porcentaje de la mezcla obligatoria va hasta el 24%  ni en los EEUU, en donde la Agencia de Protección Ambiental (EPA) autorizó el 15% recientemente. Pruebas de larga duración realizadas por la Universidad Tecnológica de Pereira y validadas por el Instituto Colombiano de Petróleo (ICP) de la mezcla E – 15 y por parte de la Universidad de Antioquia  del B – 20, exitosas todas ellas, constituyen el respaldo técnico de este paso que pretende dar el país. Estas son las pruebas que Colombia estaría dispuesta y en condiciones de compartir con otros países entre ellos los de la UE para su homologación, sin encontrar eco hasta el momento ni entre sus voceros ni entre sus concesionarios en Colombia. No estamos, entonces, dando palos de ciego ni implementando esta política “a punta de decretos que van contra la tecnología aceptada en el resto del mundo” como sostiene el Director de la revista Motor. Nadie la ha querido “imponer, a la brava” esta política, como él lo afirma sibilinamente y esta nunca ha estado “movida por intereses diferentes a los técnicos” sino consultando los más altos intereses del país.

Se dice que el Decreto 1135 pretende “elevar el etanol a un 85% en la gasolina…para el consumo masivo en todos los vehículos del país”, para concluir que “no existe a corto plazo la forma de implementarla”. Es claro que no son todos los vehículos que circulan en Colombia los que estarían sujetos al mismo, sino los que se importen o ensamblen en el futuro y es obvio de toda obviedad que su aplicación no puede ser inmediata. Cómo es de fácil construir un muñeco de paja para después solazarse destruyéndolo a manotazos! Se nos dice que los fabricantes que cuestionan esta norma “no hacen esos planteamientos caprichosamente o por defender unas ventas que, si bien son importantes en sus balances mundiales, son de muy poco porcentual (sic!) en la totalidad de las operaciones”; pero qué otra motivación pueden tener distinta a salvaguardar sus intereses frente al de sus competidores?

EL MOTOR DE LA LOCOMOTORA AGRÍCOLA

Bien ha dicho el Ministro de Comercio, Desarrollo y Turismo Sergio Díaz-granados que este nuevo cluster, el de los combustibles es “un importante motor de la locomotora agrícola” y no le falta razón, pues imperceptiblemente se ha constituido en la base primordial de la reconversión del descaecido sector agrícola. Adicionalmente, va en la dirección correcta de reducir la dependencia con respecto a los combustibles de origen fósil, cada vez más escasos y costosos, amén de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Así se entiende la formulación contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 que acaba de aprobar el Congreso de la República, en el sentido de “fomentar y fortalecer la estructuración agrícola e industrial de nuevos proyectos de biocombustibles, en zonas promisorias en todo el territorio nacional”. El Presidente Santos en respuesta a las presiones tendientes a desmontar o a obstruir el desarrollo de esta agroindustria ha dicho categóricamente que “no vamos a renunciar a los biocombustibles”, aunque dejó entreabierta la puerta al anunciar a renglón seguido “pero vamos a revisar el tema”. Y es allí en donde está el riesgo, de que el Gobierno en aras de obtener la ratificación del TLC con la UE termine sacrificándola, como ya lo hizo la administración Uribe con el sector lácteo por la premura en cerrar a cualquier precio la negociación del mismo. Como en la célebre obra de Jacinto Benavente, los intereses creados siempre tratan de imponerse recurriendo a toda suerte de ardides; este es el caso, ojalá esta vez, para fortuna del país, no se salgan con la suya. 

Bogotá, mayo 15 de 2011
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