Nov 17, 2019 Last Updated 4:09 PM, Oct 28, 2019

IMPREVISIÓN E IMPROVISACIÓN

Categoría: Combustibles Fósiles
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¡OH SORPRESA!
En su discurso de instalación del Sexto Congreso de Infraestructura realizado recientemente en Cartagena, el Presidente Juan Manuel Santos sorprendió al país con su anuncio de que había dado instrucciones a su equipo de gobierno para que “Ecopetrol inicie el proceso de venta del 9,9 por ciento de sus acciones, operación que ya está autorizada por la ley, para que el producto de dicha venta se invierta, principalmente, en los grandes proyectos de desarrollo vial que necesita el país".

Y no era para menos, dado que en el curso de la contienda electoral que lo llevó al solio de los presidentes el entonces candidato Santos fue categórico al responder al interrogante sobre si estaba dispuesto a privatizar a ISA e ISAGEN, como lo había planeado el Gobierno anterior. Su no fue rotundo, “no es sano para una economía vender activos que son muy productivos simple y llanamente para tapar un hueco fiscal, porque se tapa una vez y después vuelve y se repite y se queda uno sin el pan y sin el queso”. Pero, los analistas pasaron de la sorpresa a la perplejidad al constatar que “la operación que ya está autorizada por la ley” es una segunda emisión primaria de acciones nuevas en desarrollo del proceso de capitalización que se inició en 2007 y no la enajenación o venta a través de oferta secundaria de acciones ya existentes y emitidas en manos del Gobierno Nacional, en cuyo caso sí podría eventualmente invertir el producto de dicha venta  “en los grandes proyectos de desarrollo vial que necesita el país”. Para ello se requiere una nueva autorización por parte del Congreso de la República a través de la expedición de otra ley que lo faculte, toda vez que según la Ley 1118 de 2006 el Estado debe conservar “como mínimo, el ochenta por ciento (80%) de las acciones, en circulación, con derecho a voto, de Ecopetrol S. A”. La confusión fue mayor dado que la estatal petrolera se aprestaba en ese momento a colocar en el mercado $1 billón en bonos, con el objeto de cubrir parte de las necesidades de financiamiento para su plan de inversiones en lo que resta del año que oscila entre los 3 y los 4 billones de pesos.  Y lo que es más preocupante, ello puede estropear la emisión que tiene prevista Ecopetrol de un 9.9% adicional de acciones nuevas, para completar el porcentaje del 20% autorizado por el Congreso de la República. Estos serán recursos frescos que se incorporarán a Ecopetrol para aplicarlos a su ambicioso Plan de inversión que supera los US $8.000 millones el año entrante. Dada la limitada capacidad de absorción del mercado Colombiano, fácilmente se puede saturar pues no hay cabida para la colocación de la nueva emisión de acciones concomitantemente con la venta por parte del Gobierno del 10% de sus acciones. 
A VENTA OTRO 10%
Como lo señala el analista de Ultrabursátiles Edgar Romero, "al mercado le causa incertidumbre, porque definitivamente nuestro mercado no tiene el tamaño suficiente para absorber una venta de acciones y una capitalización tan grande, estamos hablando de alrededor de $32 billones (US$16.783 millones)”. Irónicamente, en el mismo discurso con el que el Presidente Santos anonadó a los analistas recordó que él ha dicho “con mucha frecuencia que una persona predecible es una persona muy aburrida, entonces quiero que el país se vuelva muy aburrido para los inversionistas, que sea totalmente predecible”. Lo que se temía sucedió, cayó el precio de la acción desde $4.020 que estaba a $3.935 el día siguiente, $85 pesos menos. Dichas al desgaire esas palabras por parte del primer mandatario, este se convirtió en rehén de ellas y le tocó al Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry salir en su auxilio aclarando que donde él había dicho digo en realidad había dicho Diego; según él “no hubo ninguna confusión sobre la venta de un 9.9% (¡!) adicional de las acciones que el Estado tiene en la compañía”. Mucha casualidad que el 9.9% que ahora dice el Ministro de Hacienda que quieren vender, coincide con el 9.9% que Ecopetrol necesita capitalizar! Y si, como él afirma habían recibido instrucciones al respecto, cómo se entiende que el Gobierno hasta el día en que se hizo el anuncio oficial no hubiera contemplado dicha venta como parte de las fuentes de financiamiento de su plan de inversiones. Tampoco se contempló el proyecto de marras en la Agenda legislativa que se concertó con las bancadas de los partidos de la Unidad Nacional, los cuales hacen parte de la coalición de gobierno. Es más, uno de los requisitos que contempla la Ley 226 de 1995, que regula la “enajenación de la propiedad accionaria estatal”, es la adopción de “un programa de enajenación, diseñado para cada evento en particular”, el cual “debe ser presentado para su conocimiento al Congreso de la República durante los primeros 60 días del año”, requerimiento este que desde luego está en imposibilidad de cumplir, a menos que pretenda hacerlo con retroactividad, lo que es un imposible. Esta omisión puede viciar el trámite del proyecto de ley al pretermitir su cumplimiento, de sólo dos artículos y con una paupérrima exposición de motivos, que acaba de radicar el Gobierno a las volandas con mensaje de urgencia y todo. Eso no salió bién, el daño está hecho, la cotización de la acción de Ecopetrol siguió bajando y cunde la incertidumbre en el mercado financiero por los desvaríos del Gobierno que con sus contradicciones y ambiguedades está dando muestras de que la decisión de vender un porcentaje adicional de sus acciones en Ecopetrol además de intempestiva e imprevista ha sido improvisada y ello le hace daño a la empresa, que ya no es la misma de antes toda vez que su régimen corporativo demanda prudencia en el manejo de toda información que le concierna que sea relevante. Y a todas estas, cabe preguntarse qué llevó al Presidente Santos a cambiar de parecer, averígüelo vargas!

Después de semejante embarrada se han tratado de matizar  las primeras declaraciones al respecto, producto de la ligereza y el apresuramiento, afirmando que se trata “de manera gradual vender las acciones para obras de infraestructura, no de un día para otro o con un monto total” y que la venta propuesta “no es inminente”. Ya el Ministro del Transporte Germán Cardona había planteado que las regalías podrían ser la fuente de financiación del Plan Maestro de Infraestructura 2011 – 2018 cuyo costo se aproxima a los US $8.000 millones de dólares. Pero, no encontró eco ni en el seno del Gobierno ni en el Congreso, pues estos prefieren alimentar con los recursos de regalías los cinco fondos que se crearían con la reforma en trámite, reminisencias de los execrados fondos de cofinanciación de antaño. Dado que la empresa está valorada a la fecha en US $85.000 millones, vender un 10% de la misma le significaría al Gobierno recursos por una suma similar a esa. El Ministro de Hacienda lo justifica diciendo que “las inversiones que se van a hacer con esos recursos tienen una tasa de retorno social suficientemente alta que lo justifica, y también es estratégico”. En ello coincide con el ex director del DNP Esteban Piedrahíta, quien sostiene que “En mi concepto, es mucho más productivo para el país, desde el punto de vista social y económico, invertir 10% de esos recursos en infraestructura indispensable para su desarrollo, que tener esos recursos parqueados en la bolsa". Estos argumentos se caen de su peso, puesto que Ecopetrol, que sigue siendo patrimonio de todos los colombianos, está entre las 40 empresas pteroleras más grandes del mundo y entre las 4 mayores de Latinoamérica, con un gran posicionamiento a nivel internacional y está atravesando por su mejor momento. El comportamiento de la cotización de su acción que hoy se transa no sólo en la bolsa de Bogotá sino que está listada en las de Nueva York, Lima y Toronto. La acción de Ecopetrol que empezó cotizándose  a $1.400 el 26 de noviembre de 2007 ha tenido una espiral alcista de casi el 400%. Para el mes de octubre Ecopetrol fue la compañía de la muestra de Oil & Gas que más se valorizó en el curso de los doce meses anteriores, con un 84%, seguida por Hess con el 18%, Conocon con el 16% y la Chevron con el 8%. En lo corrido del año sólo noticias buenas le ha dado Ecopetrol al país; pero, el Gobierno con su decisión de vender el mensaje que le está dando es: ya que esta fiesta está tan buena vámonos para otra y que sean otros quienes la disfruten.

LA FÁBULA DE ESOPO
Es muy dudoso que se pueda dar con una inversión que ofrezca una mayor rentabilidad económica o social que Ecopetrol, una empresa con un desempeño excepcional. Basta señalar que las utilidades operacionales para el 2009 fueron de $8.1 billones, después de un año record en 2008 de $12.6 billones y se proyecta para 2010 en $11.9 billones. Su márgen EBITDA habla por sí sólo,  para el 2009 fue del 37.7% y se proyecta para este año el 41%, que no se puede comparar con ninguna otra inversión que la aventaje. Entre impuestos indirectos, impuesto de renta y otros, dividendos y regalías, Ecopetrol le transfirió al Estado $18.6 billones en 2009, recursos estos que han llegado a representar entre el 20% y el 25% de los ingresos corrientes de la Nación. Es obvio de toda obviedad que en la misma medida que el Estado pierde participación en la empresa ello va en mengua del monto de tales transferencias, las que a la larga tendrá que suplir con otras fuentes y pueden ser mayores ventas de su participación una de ellas. Como los sostiene el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, “la operación sólo tiene sentido si el beneficio social de invertir un peso adicional en infraestructura es superior al costo de oportunidad social de extraer ese peso del negocio petrolero de la Nación en lugar de apelar a otras fuentes de financiación”. 
Recordemos a este propósito que después de ser Ecopetrol una empresa industrial y comercial del Estado adscrita al Ministerio de Minas, al escindirse con base en el Decreto 1760 de 2003, expedido con base en las facultades otorgadas al ejecutivo por la Ley 790 de 2002, se convirtió en una Sociedad pública por acciones. Para entonces se dijo que dicho Decreto 1760 no se había expedido para privatizar a ECOPETROL, “se hizo para mejorar la capacidad de la empresa que le permita desarrollar sus actividades, el gobierno garantiza que las tres empresas serán 100 por ciento públicas, tendrán como accionistas a entidades oficiales y quedaran blindadas para impedir que puedan ser privatizadas. Luego se expidió la Ley 1118 de 2006, con el objeto y el objetivo de “capitalizarla”, que fue la forma eufemística como llamaron el proceso de privatización, y quedó convertida en una Sociedad de Economía Mixta por acciones. Eso sí se dejó en claro, como ya quedó dicho, que la Nación conservaría como mínimo el 80% y ahora al diluirse su participación en el 10%  iríamos para el 70% y así sucesivamente hasta que termine en las codiciosas manos de los grandes pulpos. Estaríamos como en la fábula de Esopo sacrificando la gallina de los huevos de oro.

ENTRE ESPEJISMOS Y SEÑUELOS

Para el proceso de capitalización se utilizó como espejismo la supuesta democratización de la tenencia de las acciones de Ecopetrol, la cual deja mucho que desear, como que de un 6.2% de acciones en manos de personas naturales cuando se dio la primera colocación de acciones en septiembre de 2007 se pasó a sólo el 3.8% en julio de este año, al tiempo que han ganado participación los fondos privados de pensiones, que no son de los afiliados sino de los grupos financieros, pasando en el mismo lapso del 3.7% al 4.9%. Ahora el señuelo es de los macroproyectos de infraestructura que supuestamente se financiaría con los recursos provenientes de la venta de un 10% adicional de las acciones del Estado en Ecopetrol. Pero, cuál es la procesión que va por dentro. Empecemos por reconocer el gran rezago que acusa el país en materia de infraestructura, que lo calcula en 50 años en vías carreteables y en 100 años en puertos la Cámara Colombiana de la Infraestructura; según el más reciente reporte del Foro Económico Mundial Colombia obtuvo una calificación de 1.5 en calidad férrea, ocupando el puesto 100 entre 134 países, en cuanto a la calidad de las carreteras recibió una nota de 2.9, ubicándose en el puesto 91. En cuanto a la infraestructura portuaria la calificación fue de  2.9, quedando en la casilla 108; nos fue mejor, a pesar del encarte de Opain con el aeropuerto El Dorado, en la infraestructura para transporte aéreo en la cual obtuvo Colombia una calificación de 4.8, quedando en un decoroso puesto 64. En fin, en promedio Colombia obtuvo un puntaje de 3.1 y quedó rankiado en el puesto 89 entre los países que fueron calificados, es decir pasamos raspando. Esta es una verdad de a puño. 

Si se trata de superar ese rezago, que es el más pesado lastre que le impide a las empresas colombianas ser competitivas, tenemos que decir que el objetivo es plausible, quién lo discute. Las dudas empiezan cuando se trata de establecer si la decisión de seguir vendiendo la principal joya de la corona como lo es Ecopetrol a retazos y a pedazos, como se ha venido haciendo, es la que más conviene a los intereses de la Nación. Como lo anota el ex ministro Arias, “las enajenaciones de activos de la Nación sólo son una fuente de financiación del déficit. No son un ingreso corriente de la Nación que permita gastar más sin aumentar el déficit. Es decir, vender parte de Ecopetrol para hacer carreteras no quiere decir que vayamos a hacer más infraestructura sin cobrar más impuestos en el futuro”. Ello es de una claridad meridiana, pues, como se suele decir a menudo, en economía no hay almuerzo gratis.  Por qué antes de seguir avante en este empecinamiento no se hace un análisis serio sobre otras opciones, como sería por ejemplo que en lugar de ahorrar los mayores ingresos que se espera de la bonanza minero – petrolera de la que ha venido hablando el Gobierno en el exterior en activos financieros que en este momento no están rentando nada, invertirlos en infraestructura. Otra posibilidad es la del mayor endeudamiento con la Banca multilateral, pues como afirmaría el Nobel de Economía Joseph Stiglitz “desde luego , nuestra deuda sería más alta, pero también lo serían nuestros activos”, los cuales podrían seguir generando los recursos para servir la deuda. En su columna de esta semana del ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes trae una cita que nos viene como anillo al dedo del destacado columnista del Financial Times Martín Wolf, en la cual “hace una defensa denodada de la necesidad de no sacrificar la inversión pública a las presiones de los planes de estabilización y corrección de excesos pasados (Assets Matter More Than Debt, noviembre 26 de 2010)”. Como dice el adagio popular, no se puede pretender sacrificar la vaca para comer carne y aspirar al mismo tiempo a seguir tomando leche de la misma vaca; las empresas no se pueden vender sino una sóla vez y pare de contar y luego nos quedamos con la soga y sin el ternero. El fin, por loable que sea no justifica los medios a los que se apela; sólo los medios justifican y validan el fin a alcanzar.

Pero, amén de las consideraciones anteriores nos asaltan otras reocupaciones a propósito del proyecto de ley que se tramita en el Congreso, mediante el cual se le autorizaría al Gobierno vender otro 10% de sus acciones, es el destino que podrían llegar a tener dichos recursos. Es de público conocimiento todas las tropelías y desafueros que se han cometido en este país con los recursos que se han apropiado para la construcción de obras públicas en el pasado reciente. Según denuncias de la revista Semana “en los últimos años se firmaron concesiones con empresas privadas para construir carreteras por 6 billones de pesos y luego se comprometieron otros 6.5 billones de pesos sobre los mismos contratos. En otras palabras, el gobierno anterior terminó entregando a contratistas una cifra astronómica a dedo, para lo cual no tuvieron que competir con otros interesados, en unos proyectos a los que hoy se les cuestiona si cumplen con las exigencias técnicas y financieras de obras de esa dimensión y naturaleza”. Y, claro “para sacar adelante la mayoría de estas adiciones y prórrogas se comprometieron vigencias futuras hasta 2027”, de las cuales el 58% se ejecutarán en el actual cuatrienio presidencial. Y las vigencias futuras son una especie de sobregiro de la Nación, que inexorablemente tendrán que cubrir más temprano que tarde esta y las próximas administraciones. Estas son las deudas que manifestó en su momento el ex presidente Uribe “que son compromisos del alma con mis compatriotas”. Con razón el Ministro Cardona dice que “hubo mucha generosidad en comprometer estos recursos” y la Cámara Colombiana de la Infraestructura no duda en observar que “elevar las renegociaciones a una política de Estado puede terminar estimulando comportamientos oportunistas o agresivos en licitaciones futuras”. Ya se está diciendo que “el nuevo paquete de obras se debe articular con lo que está avanzando…El nuevo programa no puede ser una rueda suelta que no tenga en cuenta las obras ya adjudicadas. Sólo entonces se podría pensar en las grandes vías que realmente faltan”. Dicho de otra manera, hay un riesgo inmenso que los recursos que se reciban por la venta del 10% de las acciones del Estado en Ecopetrol y cualesquier otro que consiga el Gobierno para infraestructura termine yéndose por las cañerías de las tales vigencias futuras, máxime ahora que los estragos de las lluvias torrenciales han colapsado el 60% de la red vial nacional. Y no estamos hablando de naderías, estamos hablando de vigencias futuras del orden de los $30.5 billones que este gobierno tiene que honrar y el déficit que heredó es del orden de 4.5% del PIB. Más de las dos terceras partes de las tales vigencias futuras, esto es más de $23 billones, corresponden a obras de infraestructura. De allí el desespero del gobierno por arbitrar los recursos para enfrentar sus aulagas; por ello no hace sentido que el Gobierno en tales circunstancias esté reduciendo en este momento los aranceles, tratando de desmontar el impuesto del 4 X 1.000, los cuales representarían un gran sacrificio fiscal y menos ahora en medio de una Emergencia económica, social y ecológica para enfrentar la tragedia invernal. Ello no es ni procedente ni oportuno. Se dice que los políticos hacen campaña en verso y gobiernan en prosa; será ello aplicable al actual gobierno? Amanecerá y veremos.

Bogotá, diciembre 10 de 2010
www.amylkaracosta.net


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