Aug 22, 2017 Last Updated 9:08 PM, Aug 22, 2017

EN CONTRAVÍA

Categoría: Recursos Naturales
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Al paso que vamos les quedamos a deber a las multinacionales que explotan los recursos minerales en el país. Recordemos que según cifras de la Cepal y Naciones Unidas, Colombia es el país latinoamericano que menos recauda con relación al PIB, por explotación de recursos no renovables”. Y como lo acaba de plantear el mismísimo FMI, “latinoamérica necesita gravar adecuadamente la explotación de recursos naturales, ya que los impuestos que pagan las firmas con concesiones privadas son muy bajas en muchos países”; Colombia es uno de estos. Por ello, no es desacabellada la propuesta del ex ministro de hacienda Rodrigo Botero (neoliberal como el que más) de “elevar la tributación del sector minero-energético, con el fin de recaudar una porción considerable de las ganancias ocasionales originadas en los altos precios internacionales”. Otro ex ministro de hacienda, josé antonio ocampo (este sí de tendencia socialdemócrata) considera que “la mejor política para manejar la bonanza es un impuesto a la exportación de minerales. Se replicaría en este campo la manera como manejamos las bonanzas cafeteras en el pasado, con éxito bien reconocido”. Efectivamente, dos países mineros por excelencia como lo son Australia y Chile reajustaron recientemente el llamado state take en la explotación de sus minerales, esto es el porcentaje de ingresos que esta genera con el que se queda la Nación. En Guatemala el llamado Royalty minero llega al 50% cuando el precio del oro sobrepasa la cotización de los US $900 la onza, como ocurre actualmente. En el Perú, el partido de gobierno acaba de proponer elevar la regalía del oro hasta el 10%.  

ENHORABUENA

Por todas las razones anteriores, compartimos plenamente la propuesta del Senador Juan Mario Laserna, coordinador ponente del proyecto de Plan Nacional de desarrollo (PND), en el sentido de reajustar las regalías a pagar por parte de las grandes empresas extractoras del oro. Dicha propuesta fué presentada en la ponencia respectiva y busca establecer una tarifa progresiva del impuesto al oro entre el 4% actual y el 12%. En ello tiene toda la razón, pues resulta inconcebible por no decir que irritante que mientras el charquero de Manaure en La guajira paga el 12% por la sal que extrae la multinacional Greystar, la misma que le sigue teniendo el ojo puesto al páramo de Santurbán, pagaría sólo el 4% por el más precioso de los minerales, el oro. Eso es ridículo! Pero, además de incrementarle el porcentaje del impuesto se debe plantear también la revisión del precio que sirve de referencia para la liquidación y pago de las regalías, que hoy inexplicablemente es el 80% del precio internacional promedio del último mes. 

En este sentido comparto plenamente la opìnión del experto Mauricio cabrera, en el sentido que a la explotación del oro y no sólo del oro “se le debería imponer un esquema similar al del petróleo. En este caso, la compañía petrolera tiene que ceder una parte de la producción al Estado, que puede llegar hasta el 50%; la regalía va del 8 al 25% dependiendo del tamaño de la producción y tiene que ceder entre el 30 y el 50% del incremento de los precios”. Ello significa que de aplicarse esta fórmula en este momento cuando los precios del crudo rondan los US $100 el barril, el Estado recibiría adicionalmente por concepto de altos precios el 40% de los mayores ingresos, con lo cual el government take sería superior al 70%.  Y esta fórmula no se la inventó Mauricio, tampoco la sacó de un cubilete mágico, “estas condiciones no son de la Venezuela del socialismo del siglo XXI, sino de la Ronda Colombia 2010, y no espantaron a los inversionistas”, por el contrario dicha ronda estuvo sobredemandada y fue todo un éxito. Además, tenemos como antecedente lo pactado a través de un Otrosí en el contrato de Asociación entre Ecopetrol y la Chevrón -  Texaco, en el sentido que los ingresos extraordinarios provenientes de la venta del gas natural extraído a precios superiores a US $1.26 el millar de piés cúbicos, se reparte por mitades entre los dos socios. Y estamos hablando de una actividad que como la exploración y explotación de hidrocarburos es de alto riesgo. Mientras el petróleo, a guisa de ejemplo, hay que ubicarlo a través de la sísmica y la perforación de pozos, que son costosísimos y riesgosos, el carbón sólo hay que cubicarlo porque ahí está. A juicio del ex ministro Botero, “la política minero – energética tendrá que condicionarse a la política macroeconómica, en vez de que sea a la inversa. Eso implica aplicarle gravámenes adicionales a ese sector, ya sea por intermedio de un impuesto a las ganancias ocasionales o de regalías crecientes para recaudar la mayor proporción de los aumentos de precios internacionales del petróleo y la minería”.


TATEQUIETO DEL C. DE E.

 


Desafortunadamente la tendencia en el país ha sido la contraria, siempre se ha tratado de minimizar los pagos de las compañías que explotan los RNNR al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales. El caso más patético es lo ocurrido con la explotación de los mismos en áreas en donde el subsuelo es propiedad de los particulares. En el 2001 cuando se expidió por parte del Congreso de la República la Ley 685, como resultado de múltiples presiones se impuso que “en el caso de propietarios privados del subsuelo”, deberían pagar “no menos del 0.4% del valor de la producción” por concepto de regalías. Pues bien, el Gobierno Nacional, ni corto ni perezoso, expidió el Decreto 1631 de 2006 mediante el cual se reglamentó dicha norma disponiendo que en el caso del oro dichas regalías serían de sólo el 0.4%, sin importar el volúmen de la producción y en el caso del carbón se fijó el mismo irrisorio 0.4% para la pequeña y mediana minería, esto es para una producción menor de las 3 millones de toneladas y de 0.6% en el caso de la gran minería. 
Por fortuna, el Consejo de Estado le salió al paso a semejante despropósito y declaró la nulidad de los artículos 1, 2 y 3 de dicho Decreto, al considerar que “el Gobierno desbordó la atribución presidencial reglamentaria al no acatar disposiciones de la Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado que encontraron que esos límites al pago de las regalías no eran ajustados a la Carta de 1991. El Consejo de Estado encontró que existe una diferencia desproporcionada entre el pago de regalías por propietarios privados del subsuelo que explotan carbón y metales preciosos, y las regalías pagadas por el subsuelo de propiedad del Estado”. Añade la providencia “la sanción del Decreto 1631 fue una burla a dos fallos de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado, a través de los cuales se declaró la inconstitucionalidad de ese tope mínimo desproporcionado para el cobro de regalías por la explotación minera”. Y no es para menos, es que estamos hablando de una diferencia abismal: mientras que en tratándose del subsuelo del Estado, en el caso del carbón la pequeña y mediana minería paga el 5% y en el de la gran minería el 10%; en contraste con el 0.4% y el 0.6%, respectivamente, que se pretendía cuando se trata del subsuelo privado, como si el impacto económico y social fuese menor del que se deriva de la explotación del carbón cuando el Estado es el titular del subsuelo.

 


AL ALZA O A LA BAJA

 


Este, el de la revisión al alza de las tarifas de impuestos, regalías y/o compensaciones, debería ser el debate del momento, en lugar estar el Gobierno viendo “cómo disminuye o reduce la tasa de impuesto a la renta corporativa” a las empresas mineras, como lo acaba de plantear el Ministro de Minas y Energía Carlos Rodado Noriega. A la inquietud expresada por parte de voceros de algunas multinacionales en la Feria Minera de Toronto, Canadá, por el desmonte de ciertas gabelas impositivas (la deducción del impuesto de renta del 30% de la inversión en activos fijos es una de ellas), de las cuales este sector fue uno de los más favorecidos,  en el marco de dicha Ronda, el Ministro Rodado les dio la tranquilizante noticia de que con tal alivio tributario “no solamente compensaría sino que dejaría a las empresas en una mejor circunstancia cuando se comparen los dos efectos”. Ello va a contrapelo, como ya quedó dicho, de la tendencia que se está dando en el resto del mundo. 
Un estudio divulgado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE), de la Universidad de los Andes, señala que “la explotación carbonera a cielo abierto en el Cesar y sus impactos ambientales y de pobreza pueden llegar a superar los beneficios percibidos por esta actividad en términos de empleos, regalías e ingresos fiscales”. Agrega, además, que “la evidencia muestra que las firmas perciben ganancias sustanciales dados los bajos costos de producción y el buen comportamiento de los precios internacionales, que los incentiva a agotar el mineral en el menor tiempo posible de forma insostenible”. Es bueno precisar que ni las regalías ni los impuestos deben entenderse como compensación por el impacto ambiental; la mitigación de este, amén de las medidas remediales, deben correr por cuenta de la empresa explotadora del recurso. Así lo reconoce una de ellas; según la empresa surafricana Anglo Gold Ashanti que explota la mina La Colosa en el Tolima, “esto no es cierto. El Plan de Manejo Ambiental que desarrollan las compañías para compensar y mitigar los impactos ambientales se financia con recursos de las empresas”. Es que, además de la responsabilidad social corporativa que les concierne, así lo prescribe el artículo 80 de la Carta. Las regalías, los impuestos y/o compensaciones, entonces, son más bien, como lo consagra la Constitución Política, “una contraprestación ecónomica” por el valor intrínseco del mineral que se extrae, el costo de oportunidad inmanente y las externalidades económicas y sociales negativas que traen aparejadas tales desarrollos. 
Lo paradójico de esta historia es que mientras se le promete a las multinacionales de la minería esta rebaja de impuestos, estando en la cresta de la ola alcista de los precios internacionales de los minerales, no hace nada se tramitó una reforma tributaria (Ley 1430 de 2010) y al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ambiental que se decretó recientemente con motivo de la tragedia invernal se expidió el Decreto 4825 de 2010 para arbitrar mayores recursos. Se aspira por parte del Gobierno recaudar de esta manera entre 5 y 6 billones de pesos. Además, con la entrada en vigencia del impuesto al patrimonio establecido en el gobierno anterior se espera recaudar $10 billones adicionales. Y, como si lo anterior fuera poco se le ha anunciado al país por parte del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry una nueva reforma tributaria para el mes de abril. Esta cascada impositiva se viene después que durante los dos cuatrienios anteriores se erosionó la base impositiva a causa de la proliferación de beneficios tributarios al gran capital, a tal punto que después de haber logrado que los ingresos tributarios pasaran de representar el 16% del PIB en 2007 al 13.1% en el 2009 y cerró el 2010 en el 12.4%. Se repetirá la historia, de tener que aumentar los tributos al resto de colombianos para de esta manera tapar el hueco fiscal que se abre con el tratamiento siempre generoso que se le brinda al gran capital?

AFANA MÁS EL VELÓN QUE EL DUEÑO DE LA OLLA

 


No faltan quienes salen en defensa de las prerrogativas dispensadas en el pasado a las grandes empresas, aduciendo que “las señales recientes han generado inquietud y llevado a la paralización de decisiones de inversión, algo que puede salir muy costoso en el mediano plazo” y fingen abrigar temores de que se crea “que en Colombia el Ejecutivo quiere exprimir a la gallina de los huevos de oro”. No hay tal que las grandes inversiones extranjeras en el sector minero obedezcan a la tan cacareada “confianza inversionista”, como la entendió el anterior gobierno; sencillamente la gran demanda por los productos mineros y sus altos precios han alentado a la inversión y a los inversionistas a apostarle a esta actividad. Una prueba fehaciente del aserto anterior nos la suministra la reciente encuesta aplicada entre compañías mineras 2010 – 2011 (Survey of Mining Companies)  divulgada por el prestigioso Instituto Fraser, de la cual concluye que “ninguna compañía minera dejaría de invertir en Colombia por razones tributarias”. Llama poderosamente la atención que “el 12% de los inversionistas internacionales considera que el régimen tributario colombiano alienta la inversión; el 56% dice que no desestimula la misma, 27% dice que es medianamente disuasorio frente a la inversión; y ninguno cree que los impuestos ahuyenten a los capitales”. Como quien dice, afana más el velón que el dueño de la olla!

 


DA GRIMA LA DEBILIDAD INSTITUCIONAL

 


Huelga decir que, según el Director de Analdex Javier Díaz, se presenta una gran evasión en el pago de regalías en la explotación del oro, que puede llegar a los US $16 millones anuales, “la cuarta parte de lo que debió recaudar”, producto en gran medida de la ilegalidad y la falta de control. Y  qué decir del caso Drumond, que se vió obligada por un fallo del Consejo de Estado a pagar más de US $33 millones al Estado por concepto de regalías, las cuales le habían sido birladas por dicha empresa.  Posteriormente tuvo que cancelar US $48 millones de resarcimiento por liquidación inapropiada de regalías. Y por qué pasan cosas como estas? Pues, sencillamente porque el Estado ha estado inerme, indefenso, debarajustado, sobre todo después de su funesto desmantelamiento en la administración Uribe. Para empezar “el catastro minero se ha convertido en un hueco negro. La masiva entrega de títulos mineros en los últimos años a empresas y personas respetables, pero también a especuladores de los RNNR o como un medio de pago de favores políticos”. Basta con señalar que mientras en el 2002 el área titulada para minería era de 1.1 millones de hectáreas (0.98% del territorio nacional), ya para el 2009 dicha área se había ampliado a 8.4 millomes de hectáreas (casi el 10% del territorio) y quedaron en estudio 40 millones de hectáreas adicionales (36% del territorio nacional). Esto es la locura (¡!), habida cuenta de la gran debilidad institucional que acusa el sector minero, que da grima, cuya autoridad se ha visto desbordada por esta abalancha, a tal punto que el Ministro Rodado se vió forzado a cerrar por seis meses la admisión de nuevas solicitudes de licencia y a suspender los términos de más 16.000 de solicitudes en trámite. Se propone el Gobierno reemplazar a la incompetente Ingeominas por una Agencia Nacional del mismo corte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para que sea ella la que administre el recurso mineral y asignarle sus funciones de inspección, vigilancia y control a una Superintendencia que se crearía para tal efecto. Tales decisiones, que deben estar mediadas por estudios previos, van en la dirección correcta, no así el articulito introducido en el proyecto de PND a través del cual se pretende establecer una modalidad de expedición de licencias express que podría agravar tan deplorable estado de cosas. Perdón, lo primero es lo primero; en este momento la prioridad es poner lacasa en orden, en lugar de seguir otorgando más licencias a tontas y a locas. El tiempo apremia para hacerlo!

 


LOS ESPECULADORES A SACO

 


Un aspecto que ha venido pasando por desapercibido y sobre el cual queremos llamar la atención es el relativo a la especulación con los títulos adquiridos por parte de los particulares. Como lo sostiene el experto Mauricio Cabrera, “se ha creado un submercado con esos títulos. Para poner un ejemplo: los concesionarios que van a explotar la mina de oro de La ventana, la vendieron en 5 millones de dólares después de haber invertido solamente 500 millones de pesos en ella. Luego la compró una compañía canadiense que en total ha invertido 130 millones de dólares, sin haber sacado un gramo de oro y la va a vender en 1.500 millones de dólares. Ellos están vendiendo el oro del Estado colombiano”, sin que este se de siquiera por enterado y, lo que es peor, sin que ello le reporte un solo peso. En el caso de la Gold Ashanti, con sede en Johanesburgo, en menos de dos años el valor de su acción en bolsa pasó de US $15.10 a US $45.48 de octubre pasado a comienzos de marzo de este año. En menos de dos años se valorizó un 201.2% hasta alcanzar un precio en el mercado de US $17.5 billones, aupada sin duda por la riqueza de los yacimientos con que cuenta en Colombia. En cualquier momento puede alzar vuelo y dejar otra empresa en su lugar, sin que el Estado colombiano tenga que ver en el asunto. 
Es el caso, también, muy comentado por cierto, de la multinacional carbonera Drumond, que acapara los mayores yacimientos en el Departamento del Cesar. Según ha trascendido a través de los medios, la Drumond está negociando la venta de sus activos a Xtrata por una suma de US $8.000 millones, aproximadamente. Como lo delata el profesor Salomón Kalmanovitz “en términos gruesos, la empresa ha invertido US $2.000 millones a lo largo de los años  de su operación en el país, lo cual significa que la valorización de sus activos es del orden de los US $6.000 millones”, en provecho exclusivo y excluyente de la multinacional. Y muy seguramente, como ocurrió con la venta de Bavaria a SAB Miller por US $7.000 millones, que hicieron pasar por “intercambio de acciones” para no pagar impuestos en Colombia, esta transacción terminarán efectuándose allende nuestras fronteras a través de la casa matriz de la Drumond en Alabama y Colombia se quedará viendo un chispero. A todas esas cabe preguntarse quién, cuándo y cómo le va a responder al Cesar y a Colombia por la debacle ambiental que está dejando la Drumond como estela de su paso devastador por la otrora feraz tierra de este Departamento, convertida ahora en verdaderos eriales, que más parece un paisaje lunar. Hasta cuándo se seguirán dando situaciones como estas a ciencia y paciencia de nuestras autoridades?

 

¡Quien al tiempo de ganar no supo el modo, al tiempo de perder lo pierde todo!

Bogotá, marzo 21 de 2011
www.amylkaracosta.net


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