Oct 24, 2020 Last Updated 4:25 PM, Sep 29, 2020

ACOTACIONES A LA PONENCIA APROBADA DEL PROYECTO DE LEY 200 SENADO Y 311 CÁMARA DE 2020

Categoría: Economia & Sociedad
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ACOTACIONES A LA PONENCIA APROBADA DEL PROYECTO DE LEY 200 SENADO Y 311 CÁMARA DE 2020 “POR EL CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), REGLAMENTARIA DEL ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2019.

OBSERVACIONES.-

 En primer lugar, merece resaltarse la propuesta de mantener, además de los OCAD de Paz e Inversión regional, el OCAD de Ciencia, tecnología e innovación, ya que en la propuesta del proyecto de ley radicado por el Gobierno Nacional el control y manejo de sus recursos (10%) quedaba en manos del DNP y el Ministerio de Ciencia, excluyendo a las regiones que son las dueñas de los recursos. Algo muy importante es que se mantienen las convocatorias abiertas y públicas para concursar con proyectos susceptibles de priorizar, viabilizar y aprobar, para que sean objeto de asignación de recursos para su ejecución.

 En cuanto a la viabilización de los proyectos que deberán presentarse y tramitarse en estos OCAD la ponencia es ambigua, no queda clara la competencia que reclama el Gobierno Nacional para sí, para que sean los ministerios y departamentos administrativos los competentes para ello. Esto es atentatorio contra la autonomía territorial consagrada en el artículo 1º y 287 de la Constitución Política. Yo propondría que la viabilización de los proyectos quede a cargo de un Comité técnico adscrito a los OCAD, integrado por los coordinadores de las regiones administrativas y de planificación (RAP) y presidido por el DNP.

 Se dice en el parágrafo 4º de la Viabilización de los proyectos de inversión que “para la aprobación de los proyectos de inversión…la Secretaría técnica de los OCAD regionales solicitará al Ministerio o Departamento administrativo un concepto único sectorial sobre la completitud (SIC!) de los documentos que hacen parte del proyecto para la emisión del voto correspondiente”. Este abstruso texto debería ser suprimido.

 Lo propio podemos decir con respecto a la Secretaría técnica de los OCAD. Este que ha sido uno de los temas más controvertidos y cuestionados de la propuesta del Gobierno por parte de gobernadores y alcaldes, se pasa por alto en la ponencia aprobada. Es inaceptable que la Secretaría técnica de los tres OCAD quede exclusivamente en manos del DNP, desconociendo las capacidades desarrolladas e instaladas en las regiones y de paso disponiéndose de los recursos del SGR para ejercer dicha función.

 Cuando se habla en la ponencia en el Parágrafo 2º de los “esquemas asociativos territoriales” y la formulación y presentación de los proyectos, se desconoce inexplicablemente a las RAP, las cuales tienen rango constitucional, que fueron fortalecidas mediante la Ley 1962 de 2019 y reglamentada mediante el Decreto 900 de 2020. Esta Ley habilita a las RAP para presentar proyectos a los OCAD y dicho Decreto las faculta para que cada región se de su Plan Estratégico regional (PER), el cual debe priorizar los proyectos de impacto regional, que son en últimas la razón de ser del OCAD regional, que le asigna a los mismos el 50% de sus recursos.

En mi concepto no sería conveniente, como se plantea en la ponencia, que las “entidades estructuradoras de los proyectos”, tanto públicas como privadas, puedan asumir el rol de viabilizadoras de los proyectos. La primera razón es que dicha función es privativa de las entidades públicas y la segunda es que al emitir concepto sobre los proyectos que ellas mismas estructuraron hacen de juez y parte, lo cual no deja de tener sus inconvenientes.

 Observo que en la ponencia aprobada se corrige el texto original del proyecto de ley en lo relativo a los desarrollos de proyectos offshore, ya que en el mismo se contemplaba que siempre que los mismos se dieran más allá de las 40 millas náuticas del territorio continental las regalías que se generaran por la explotación del recurso natural no renovable iría al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE). Me parece razonable lo previsto en el nuevo texto, en el sentido que 40% de las mismas serían para las entidades territoriales del litoral y el 60% en las “asignaciones de inversión a que se refiere el artículo 361” de la Constitución Política.

 Merece destacarse el cambio que se introduce en la ponencia aprobada con respecto al texto original y tiene que ver con las razones de equidad territorial a la hora de distribuir los recursos del SGR en la asignación local, en la medida que se pondera más para tal efecto el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que la población, dándole 12.68% a aquellas entidades territoriales en las que el índice de NBI esté por encima del promedio nacional, así como a los municipios de 5ª y 6ª categoría. Ello hace justicia!

 Hay varios artículos nuevos en la ponencia aprobada que merecen analizarse con mucho tino. Uno de ellos plantea que “la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación coordinará con todas las entidades públicas del orden nacional, incluidas las entidades financieras con participación estatal, que tengan capacidad para la estructuración técnica, financiera, legal, ambiental o social de proyectos de inversión pública, un Grupo de Estructuradores, para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.
Es inadmisible que se desconozca y se excluyan a las entidades territoriales a la hora de desarrollar las competencias y capacidades, así como el ejercicio de las mismas, para lo cual requieren contar con los recursos que terminan centralizándose junto con la competencia que se arroga el Gobierno central. La formulación y estructuración de los proyectos deben partir de los territorios y no de los escritorios de la Consejería presidencial.

 Nos parece que las propuestas contenidas en dos artículos nuevos que propenden por la rendición de cuentas por parte de los ejecutores de los recursos del SGR, el acceso a la información, así como la posibilidad de reorientar y/o reasignar recursos del SGR en respuesta a las necesidades planteadas por la reactivación en la postpandemia van en la dirección correcta.

RECOMENDACIONES.-

 En primer término, queremos llamar la atención sobre los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) del SGR y su futuro. Como es bien sabido, para mejorar la compensación a los departamentos y municipios productores y portuarios, pero sin desmedro de los no productores, se dispuso en el Acto legislativo 05 de 2019 de los recursos que iban a dichos fondos. El FAE, especialmente, entró en un proceso de marchitamiento . De ello hay que ser conscientes, de que hacia delante no se contará con esa “llanta de respuesta” para enfrentar posibles contingencias como la actual. Además, insisto en que se debe aprovechar esta Ley para que en ella se establezca un plazo límite para que la Nación reintegre los $ 14.8 billones provenientes de dichos fondos, de los cuales dispuso el Gobierno Nacional mediante el Decreto – ley 444 de 2020 para financiar el Fondo de Mitigación y Emergencias (FOME).

 Advertidos de que debido a la caída de la producción y los precios del petróleo y el carbón, que son los dos principales renglones generadores de las regalías, es claro que, merced al Acto legislativo 05 de 2019, no habrá “más plata para los productores de manera importante y para los no productores también” , como lo prometió la ex ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez cuando se tramitaba. En efecto, la producción de carbón viene a la baja, después de producir 90.5 millones de toneladas en 2017, en el 2018 cayó a 84.3 millones en 2018, el año anterior registró 80.3 millones y este año, a lo sumó, llegará hasta los 65 millones de toneladas. Y otro tanto ha ocurrido con los precios, que pasaron de US $95 la tonelada en julio de 2018 a sólo US $40 actual. Lo propio ha ocurrido con el petróleo, el Ministerio de Minas y Energía acaba de replantear la meta de producción para este año, de 900.000 barriles/día a 750.000 barriles/día y el precio, de un promedio de US $60.5 el barril el año pasado al nivel actual, que oscila alrededor de los US $40 el barril.

Por ello, hemos planteado e insistimos en ello, en la necesidad de que se haga extensiva a los departamentos y municipios productores y portuarios la norma que permite que las empresas puedan ejecutar proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos , en este caso las que operan en sus territorios . Y de esta manera se podría lograr el cometido de que se vean mejor compensados los departamentos y municipios productores y portuarios, que es de lo que se trata.

 Observo que en la ponencia aprobada no se hace alusión a dos normas que van a contrapelo de la autonomía territorial, me refiero al poder de veto, a la hora de aprobar los proyectos en los OCAD que se reserva el Gobierno central establecido en la Ley 1744 de 2014 y a la prerrogativa del Gobierno Nacional prevista en el artículo 31 del proyecto de ley radicado por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Minas y Energía, de presentar sus propios proyectos a los OCAD, los cuales competirían con los que presenten las entidades territoriales. La primera debería ser derogada y la otra negada o suprimido en la ponencia que se apruebe en las plenarias de Senado y Cámara.

 Concluyo llamando la atención nuevamente sobre el texto del artículo 17 del Proyecto de ley original, en el cual se establece, a propósito del precio – base de la liquidación de las regalías y compensaciones, que la “Agencia Nacional Minera (ANM) señalará mediante actos administrativos de carácter general los términos y condiciones para la determinación de los precios – base de regalías y compensaciones…Para tal efecto tendrá en cuenta la relación entre producto exportado y de consumo interno”, siendo que ya están establecidos.

Y me preocupa porque justamente en este momento la ANM tramita una solicitud presentada por varias empresas extractoras de carbón para que se modifique el artículo 8 de la Resolución 0887 de diciembre 26 de 2014 vigente expedida por la misma agencia , la cual establece que “el precio – base será como mínimo igual al establecido para la liquidación de regalías del carbón de consumo interno”. Ellas aducen que, con la baja de los precios internacionales, la misma no consulta la realidad del comportamiento de los mercados externos, que “obedecen a otra dinámica diferente a la del mercado doméstico”. Al contraerse el mercado de Europa se han visto obligadas a migrar hacia el asiático, que es menos atractivo por los mayores costos del flete, restándole competitividad. Esta es la razón de fondo.

De aprobarse este artículo la ANM quedaría con las manos libres para acceder a sus pretensiones en desmedro de las entidades territoriales, que son las que se benefician de las regalías (¡!). Y, lo que es peor, de prosperar esta aspiración de las empresas carboníferas, las petroleras podrían reclamar el mismo tratamiento por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Ello, además, es atentatorio contra la seguridad jurídica, la que tanto reclaman las empresas y con razón, pero la seguridad jurídica debe ser de doble vía. Las reglas son las reglas y estas no se deben cambiar en la mitad del partido. Sería muy grave que, además de la caída de los precios internacionales del petróleo y el carbón, especialmente, se afectara también el precio-base de liquidación de las regalías en detrimento de los ingresos de las regiones por tal concepto.

Cota, agosto 22 de 2020
www.amylkaracosta.net

 

 

 


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