Nov 21, 2019 Last Updated 4:09 PM, Oct 28, 2019

EL SALTO ECONÓMICO

Categoría: Economia & Sociedad
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A mi paso por el Congreso de la República, durante tres períodos, en dos de ellos, el del ex presidente Cesar Gaviria (1991 – 1994) y el del ex presidente Ernesto Samper (1994 – 1998), como Senador por el Partido Liberal, hice parte de la bancada de gobierno y en el otro, el de Andrés Pastrana hice parte de la bancada de oposición a su gobierno. En el último año del período del ex presidente Samper me desempeñé como Presidente del Congreso de la República (1997 – 1998). 

Hago este preámbulo para referirme al período del ex presidente Samper, ahora que se conmemoran los 25 años de su gestión de gobierno, en lo atinente a la economía. La socorrida frase de que “el proceso 8.000 no dejó gobernar a Samper” hizo carrera, empañando y opacando sus realizaciones, que no fueron pocas.

Es de anotar que por aquellas calendas el neoliberalismo estaba en todo su apogeo en América Latina y Colombia no fue la excepción. Por cuenta del “revolcón” del gobierno del ex presidente Cesar Gaviria se inició en Colombia una apertura económica atolondrada, hacia adentro, en detrimento de la producción nacional. Basta con señalar que mientras la tasa promedio de crecimiento del PIB en la década del 80 fue de 4.5%, en la década del 90 bajó a 2.5%, la más baja del siglo. El sector más afectado fue la agricultura, al punto que, según el grupo de investigación en desarrollo empresarial PORTER, “la superficie cultivada se contrajo en 936.255 hectáreas entre 1990 – 1999. El 25% del área cultivada en 1990 había salido de la producción en 1999”. Ello fue nefasto para el país.

Ello ha repercutido en la pérdida de la soberanía alimentaria, pues según el reconocido agricultor y filósofo japonés Masanobu Fukuoka, “la alimentación y la agricultura son el frente y la espalda de un mismo cuerpo”. En efecto, Colombia pasó de importar menos del millón de toneladas de alimentos en 1990 a los 12 millones que se importan actualmente, lo cual representa más del 40% del consumo interno de alimentos.

En el Gobierno del ex presidente Samper se planteó la necesidad de que dicha apertura fuera “gradual, selectiva y concertada ”, para no dar al traste con la producción nacional y se creó el Ministerio de Comercio, que no existía, para que se pusiera al frente de esta estrategia. Y así quedó plasmado en el Plan de Desarrollo El salto social, buscando “llevar a la práctica un modelo alternativo de desarrollo, alternativo al esquema proteccionista porque la globalización de la economía requiere de economías abiertas y competitivas, pero alternativo también al neoliberalismo que entrega irresponsablemente al mercado la corrección de todos los desequilibrios”.

Le correspondió a la administración Samper poner en marcha, reglamentar e implementar varias leyes recién expedidas, claves para el desarrollo económico y social del país. Entre ellas se destacan la Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el principio consagrado en la Constitución Política de 1991 del desarrollo sostenible. También la Ley 141 de 1994, que reglamentó el régimen de regalías y creó el Fondo Nacional de Regalías (FNR), la Ley 142 de 1994, en virtud de la cual se estableció el régimen de prestación de los servicios públicos domiciliarios y, cómo no, la Ley 143 de 1994, mediante la cual se reglamentó la generación, transmisión, comercialización y distribución de la energía eléctrica, después de la pesadilla del apagón durante los años 1992 y 1993.

Después del importante hallazgo de petróleo en Cusiana, en atención al carácter temporal de los mayores ingresos que generaría, ante la necesidad de ahorrar parte de ellos para cuando se presentara la época de las vacas flacas y evitar los efectos indeseados de la enfermedad holandesa, se expidió la Ley 209 de 1995, a través de la cual se creó el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), cuyos recursos a septiembre de 2002 ascendían a 1.6 puntos porcentuales del PIB. Desafortunadamente, como lo reconoció en su momento el actual Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, “entre septiembre de 2002 y diciembre de 2009, época de vacas gordas, el FAEP cayó en 1.2 puntos porcentuales del PIB”, de los 1.6 acumulados hasta esa fecha.

Las regiones de frontera registraron con beneplácito la expedición de la Ley 191 de 1995, pues a través de ella se le dio un apoyo importante y un impulso a la actividad económica en las fronteras, dándole incentivos y promoviendo tanto la inversión y la producción como el comercio, al tiempo que se mitigaban los efectos adversos atribuibles a medidas tomadas por parte de los países vecinos. Otra medida de este mismo corte fue la Ley 218 de 1995, más conocida como la Ley Páez, que convirti  de habersidos del Huila y Caucanversionistas, despuas sobrevinientes a causa del proceso 8.000 se avnz Atlnificació a las regiones del Huila y Cauca en privilegiados paraísos fiscales, atrayendo a la inversión y a los inversionistas, gracias a las ventajas impositivas derivadas de su instalación y operación en dichas regiones. Ello, después de haber sido asolado por el desbordamiento del río del mismo nombre, anegando amplias zonas del mismo.

También se dio un paso importante en el propósito de ampliar la cobertura en el país del abastecimiento de gas natural para uso domiciliario, industrial, vehicular y para garantizarle el suministro de este combustible al parque de generación térmica. Un paso fundamental en este sentido fue la creación de la Empresa Colombiana de Gas (ECOGAS), como subsidiaria de ECOPETROL, mediante la Ley 401 de 1997, para que se encargara del transporte del gas natural a través de la red de gasoductos que controlaba su matriz. A través de esa misma Ley se creó el Viceministerio de Hidrocarburos en el Ministerio de Minas y Energía.

La administración Samper le dio su espaldarazo a las regiones de planificación (CORPES), tanto que a través de la Ley 290 de 1997 extendió la vigencia de la Ley 152 de 1994 (Ley orgánica de planeación) hasta el 1º de enero del 2000, a la espera de que se constituyeran las regiones administrativas y de planificación (RAP), con tan mala suerte que el gobierno de Pastrana se negó a prolongar la existencia de los CORPES, no obstante que aún no se habían creado las RAP, quedando abolidos a partir del 2000. Con ello se le infligió un duro golpe a las regiones, del cual estas no terminan de reponerse. 

Y, como una muestra más del compromiso del gobierno de Samper con las regiones, quiero destacar la expedición del Decreto 159 de 1997, mediante el cual “se define el sistema de contratación para un Proyecto de Gran minería denominado El Hatillo”, en el Departamento del Cesar. Con el mismo al tiempo que se le daba viabilidad al montaje de una termoeléctrica a carbón en La loma (Cesar), contemplada en el Plan de expansión de referencia 1996 – 2010, se reservó el área del Hatillo, en jurisdicción de los municipios El Paso y Chiriguaná (Cesar), para que ECOCARBÓN contratara directamente  su explotación con EMCARBÓN, una empresa constituida con capital local y socios locales, con el ánimo que el Cesar se beneficiara directamente del desarrollo carbonífero que a la sazón se estaba dando en la región. Desafortunadamente este loable propósito se malogró posteriormente y todavía cursan procesos reivindicatorios de los derechos conculcados groseramente.

Y cómo no recordar, también, que cuando apenas se gestaba la empresa férrea que rehabilitaría la Línea Chiriguaná – Santa Marta (FENOCO), se le abrió por parte del gobierno de Samper al Departamento del Cesar la posibilidad para que este se hiciera socio de la misma y tuviera en ella otra fuente de recursos propios para su presupuesto. Desafortunadamente, la falta de entendimiento entre la administración entrante y saliente del Departamento del Cesar frustraron esta posibilidad. Además, en el Plan de Desarrollo El Salto social se incluyó una partida para financiar los estudios para la construcción de un puerto carbonífero en el municipio de Tamalameque (Cesar) y un super-puerto entre los departamentos del Magdalena y Atlántico, pero sólo este último se pudo concretar.

Sin tratar de ser exhaustivo, los aspectos que traigo a colación son una muestra palmaria de que, pese a las circunstancias sobrevinientes a causa del proceso 8.000, se avanzó durante este cuatrienio (1994 – 1998) en múltiples frentes de la economía nacional y regional, para bien del país.

 

Bogotá, agosto 1 de 2019

www.amylkaracosta.net

 

 

 

 

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