Nov 18, 2018 Last Updated 2:18 PM, Oct 24, 2018

LA CAJA DE PANDORA

Categoría: Opinión
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¿UNIFICACIÓN DE PERÍODOS O AMPLIACIÓN DE PERÍODOS?

En los últimos días ha estado alborotado el cotarro político por cuenta de la controversia que se ha suscitado a raíz de la presentación al Congreso de la República de un proyecto de acto legislativo que se propone reformar el artículo 262 de la Constitución Política dizque para unificar los períodos del Presidente de la República con el de los congresistas, los gobernadores, los alcaldes, así como con el de las asambleas y concejos.

Pero ese es sólo el señuelo, porque el objetivo de fondo no es otro distinto que el de la ampliación de los periodos a los actuales mandatarios seccionales.


Las razones que se aducen y sustentan para esta propuesta son varias, las que se podrían sintetizar en el pronunciamiento conjunto de los gremios que representan a la parte interesada: “mejoraría la coordinación y articulación en la planeación económica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional” . Todas ellas loables e incontrovertibles, pues es una verdad de apuño que gobernadores y alcaldes ven interferida e interrumpida su gestión por espacio de un año de los cuatro años de su mandato por cuenta de la entrada en vigencia de la Ley de garantías en vísperas de las elecciones presidenciales y de las territoriales. También es cierto que debido al traslapamiento de los periodos de unos y otros existe una disfuncionalidad entre los planes de desarrollo de los departamentos, municipios y distritos con respecto al Plan Nacional de Desarrollo.


EL FETICHISMO NORMATIVO
Pero para ponerle correctivo a estos entuertos, de los que se sirven los impulsores de este proyecto como cortina de humo, no se requiere extenderle el período para el que fueron elegidos los gobernadores y alcaldes. La razón de ser de la Ley de garantías fue el cambio del “articulito” que permitió la reelección presidencial inmediata. A través de ella “se reglamenta la participación en política de los servidores públicos y las garantías de la oposición” . Luego que la Corte Constitucional restableciera la prohibición absoluta de la reelección presidencial no hace sentido mantener vigente dicha Ley, pues desaparecida la causa debería desaparecer su consecuencia. Y como en derecho las cosas se deshacen conforme se hacen, lo que procede es su inmediata derogatoria, para lo cual basta con expedir otra Ley, sin necesidad de seguir manoseando la Constitución Política.


En cuanto al necesario acoplamiento de los planes de desarrollo y de inversión de las entidades territoriales con los del gobierno Nacional, lo que hace falta es un nuevo arreglo institucional que permita no solo la articulación y la coherencia entre los distintos planes, para lo cual está llamado a cumplir un papel de la mayor importancia el Consejo Nacional de Planeación, del cual hacen parte los departamentos, los municipios y los distritos. Esta es la instancia más importante de concertación entre los distintos niveles de gobierno para tales propósitos. Adicionalmente se debe cumplir y hacer cumplir la norma contemplada en la ley orgánica de planeación , en el sentido que “las autoridades nacionales de planeación y las entidades de planificación regional que llegaren a constituirse, garantizarán la participación activa de las autoridades de planeación de las entidades territoriales en el proceso de elaboración del Plan nacional de desarrollo” . Lo que hace falta, entonces, es que la Ley se cumpla y no caer en el garlito del fetichismo normativo de creer que todos los problemas se resuelven con sólo cambiar la Ley o la Constitución.


Más que a la unificación de los períodos a lo que se le teme es a las consecuencias que se seguirían al amarrar las elecciones del orden nacional con las territoriales. Ya esa película de terror la vimos. Antes de la Constitución de 1991 y cuando se utilizaba la papeleta para sufragar, en una misma jornada electoral se votaba para concejos municipales, asambleas departamentales y Congreso de la República. La consigna que se hacía valer por parte de los gamonales políticos de turno era depositar el voto “completo”, consistente en una larga tira de papel con las listas de los aspirantes a las tres corporaciones, integradas bolígrafo en mano. Era predecible el resultado, pues según la segunda Ley de Newton “la atracción de los cuerpos es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la distancia”. De tal modo que, merced a la Ley del arrastre, quien encabezaba las listas al Congreso de la República arrasaba electoralmente, se alzaba con todo y el resto de aspirantes se quedaba viendo un chispero.
Si, Dios no lo quiera, se llegaran a unificar los períodos, tal y como se esta proponiendo, el efecto práctico de ello sería que la elección presidencial opacaría el proceso de elección de alcaldes y gobernadores, como algo accesorio que seguiría la suerte de lo principal. Como bien lo dice el jurista, catedrático y ex constituyente Gustavo Zafra, “se separaron las elecciones para fortalecer a las autoridades locales y que no fuera un premio seco de las elecciones presidenciales” , que sería el premio mayor. Lo que está en juego no es un asunto de poca monta, como lo dice el profesor zafra “no es sólo de calendario, es de equilibrio democrático” . Este sería un golpe de mano el que se le daría a la democracia.


Se arguye también por parte de quienes defienden este esperpento jurídico que con la unificación de períodos se tendría un ahorro para las diezmadas finanzas públicas, pero cabe preguntarse a qué costo. Con el sofisma de la unificación de los períodos se estaría configurando un fraude al elector, que es el Constituyente primario por parte del Congreso de la República, que es el Constituyente delegatario, porque él en ejercicio del derecho al voto, que tiene amparo constitucional, eligió a los actuales mandatarios para un período de cuatro años, de lo cual se sigue que su extensión, al tiempo que, según el jurista Rodrigo Uprimny “marchita la democracia local” , como lo sostiene el ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, es una “sustitución constitucional” . Concluye José Gregorio Hernández calificando dicho proyecto como antidemocrático y señalando con su dedo índice que el mismo “no sólo tiene algunos problemas de constitucionalidad, los tiene todos” . Así de claro!


DEJEN LOS SANTOS QUIETOS
Es mejor que, como lo dijo el ex ministro de Estado Alfonso Gómez Méndez, “dejen los santos quietos” , pues con esta iniciativa no se ha hecho más que abrir la caja de pandora. Ya salió a decir el ex presidente y hoy Senador de la República Álvaro Uribe que para su gusto es “mejor reelección inmediata de alcaldes y gobernadores que prórroga de períodos” . Por su parte el Presidente del Senado de la República Ernesto Macías, tratando de pescar en río revuelto twitteó “períodos de gobierno en Colombia de cinco años. Y, para unificarlos, correr elecciones presidenciales un año” . Con ello, al “correr” un año el período del Presidente se le daría de ñapa un año más al Presidente Iván Duque, quien le salió al paso a este despropósito y le dijo al Senador Macías, no gracias “no aspiro a reelección ni a extensión de períodos” . Y la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez fue más lejos y dijo enérgicamente que “cualquier alteración en los períodos de gobiernos actuales (¡sic!), lesionan la institucionalidad y desconocen los términos del mandato democrático” . Como quien dice, afana más el velón que los dueños de la olla!


Y mientras el proyecto de marras acapara la atención y el debate en los medios, hacen agua y están a punto de hundirse proyectos tan importantes como el que se derivó del referendo anticorrupción, el que supuestamente era la primera prioridad en esta legislatura, el de la reforma de la Justicia, el de la reforma política y se está a la espera de la presentación del proyecto de ley de financiamiento del Presupuesto aprobado para el 2019 con un déficit que obliga a arbitrar los recursos para cubrirlo.
Pero, es que ni los tiempos ayudan a los promotores del proyecto de unificación de períodos, pues al tratarse de una reforma constitucional deberá surtir un trámite bien dispendioso, ya que deberá superar para su trámite y aprobación ocho debates y dos vueltas, las que deben cumplirse en dos períodos legislativos distintos. Haciendo cuentas, en el escenario más optimista, se estaría aprobando a finales de junio del año entrante, coincidiendo con la fecha a partir de la cual se abren las inscripciones para los aspirantes a concejos, asambleas, a alcaldías y gobernaciones, el 27 de junio, quienes quedarían en babia en medio de semejante incertidumbre que se está sembrando con este tropel que se ha armado tratando de cambiar las reglas en medio del partido. Juego limpio, señores, es la invitación que suele hacer el locutor deportivo Ricardo Henao, que aplica no solo en el deporte sino también en el ejercicio de la política.

Bogotá, octubre 23 de 2018
www.amylkaracosta.net

 


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