Oct 23, 2017 Last Updated 12:53 PM, Oct 9, 2017

EL ORO DE LA DISCORDIA

Categoría: Recursos Naturales
Visto: 240 times

Detrás del paro prolongado y traumático en Segovia y Remedios hay una historia de desgobierno, corrupción y violencia que no tendrá salida mientras se sigan confundiendo la minería criminal con la sencillamente artesanal. 

LA ECONOMÍA DEL ORO

Desde la conquista y la colonización de los españoles el apetito por el oro ha sido motivo de discordia y desencuentros. Hasta la Casa de Contratación de Sevilla, a través de la cual ejercía la Corona española el monopolio del comercio con sus colonias de ultramar, llegaban los barcos y galeones cargados con el oro extraído y sustraído en ellas. Fue tanto el oro que se llevaron que entre los siglos XV y XVI provocó en Europa una hiperinflación conocida como la “revolución de los precios”, debido al aumento de la masa monetaria en circulación, pues esta guardaba una estrecha relación con las cantidades de oro que le servían de respaldo a su emisión por parte de las autoridades. Pero, al Presidente Carlos Holguín (1888-1892) le pareció poco y en un arrebato de obsecuencia le regaló 122 piezas del Tesoro Quimbaya a la Reina María Cristina, las mismas que ahora reivindica el Estado colombiano dando los pasos conducentes a su pronta repatriación.


El oro siguió siendo de lejos el principal renglón de exportación durante el siglo XIX, siendo desplazado posteriormente primero por el café y luego por el petróleo. No obstante, su participación en el PIB minero sigue siendo importante contribuyendo a su crecimiento de manera notable. Dicho sea de paso, en el 2016 el PIB minero creció el 4%, el doble del crecimiento de la economía y sus exportaciones crecieron el 8%, con una participación del 28% de las exportaciones totales. Según el Instituto Fraser de Canadá el potencial minero de Colombia en los últimos años ascendió del puesto 25 al 16, sobrepasando a Brasil que descendió del puesto 12 al 18 y al Perú que pasó del 12 al 22. En cuanto al ranquin mundial en la producción de oro para el 2010 Colombia ocupaba el puesto 20 con 56 toneladas, que representaron el 2.2% de la producción mundial.


EL CAOS EN LA MINERÍA
La actividad minera en el país se rige por la Ley 685 de 2001, la cual fue reformada mediante la Ley 1382 de 2010, pero a poco andar fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional por no haber cumplido con el requisito de la consulta previa. La Corte moduló su fallo, dándole un plazo de 2 años al Congreso de la República y al Gobierno para tramitarla nuevamente y al no cumplir con dicho cometido volvió a recobrar vigencia la Ley 685 de 2001. Este hecho ha dado lugar a un vacío legal que ha dado pábulo al activismo judicial y a la subsecuente inseguridad jurídica que rodea a la actividad minera y conspira contra ella.


Los 8 años de la administración Uribe (2002 – 2010), que coincidieron con un largo ciclo de precios altos del oro, dieron rienda suelta al otorgamiento de títulos mineros a lo largo y ancho del país, a tal punto que la superficie del área titulada se multiplicó por 8, al pasar de 1.13 millones de hectáreas a 8.53 millones de hectáreas. Ni siquiera los páramos se escaparon de esta “feria de títulos”, como se le denominó, más de 122 mil hectáreas de los mismos le fueron adjudicados a empresas y a personas naturales, a quienes sólo les bastaba para adquirir los títulos mostrar la cédula de ciudadanía. La anarquía y el desorden que ello generó fue tal que el ex ministro Carlos Rodado Noriega al asumir su cartera lo que encontró en lugar del Catastro minero fue una verdadera catástrofe minera.


La sumatoria de un Código de Minas anacrónico, la falta de un ordenamiento territorial, el caos y la corrupción que se enseñoreó del antiguo Ingeominas, amén de la “reconfiguración cooptada del Estado”, como denomina Luis Jorge Garay el fenómeno que se extendió en muchas regiones del país a la sombra del paramilitarismo, contribuyeron a crear un caldo de cultivo en el que ha venido pelechando la extracción ilícita del recurso natural no renovable, particularmente del oro. Ello explica el hecho que delata la Asociación Colombiana de Minería, según el cual en 2016 el país produjo 1,99 millones de onzas troy y solo el 13 por ciento venían de explotaciones formales, es decir, que el 87 por ciento de la explotación de oro viene de la informalidad y de la criminalidad. Un problema que se refleja en los recientes hechos de Segovia y Remedios, como antes había ocurrido en el Cauca y en Chocó, entre otros. Según algunas fuentes, entre Segovia y Remedios se extraen ilícitamente 27 toneladas de oro en más de 100 entables, con ingresos anuales cercanos a los US $900 millones (¡!).


En el Nordeste antioqueño están vigente 322 títulos, aproximadamente, de los cuales 214 corresponden a Segovia y Remedios, más del 90% de ellos para la explotación de oro, destacándose entre ellos el de Grancolombia Gold, empresa canadiense que adquirió los activos de la empresa Frontino Gold Mines en 2010, luego que esta empresa estuvo más de 6 años en proceso de liquidación obligatoria y con un gran pasivo laboral. Esta empresa les da empleo a 1.500 trabajadores.


Mientras en otras partes proliferan las consultas populares para prohibir la actividad minera, esta es una región que tiene a su haber una larga tradición minera, de la cual depende la subsistencia de millares de familias. En esta zona como en la mayoría de regiones auríferas, en los últimos años y resultado del crecimiento del precio del oro, la falta de institucionalidad y la tolerancia de actores sociales y políticos locales, han llegado a este territorio miles de personas que quieren ser tratados en forma similar a los mineros tradicionales y ancestrales que pululan en esta región. Son 3.561 barequeros y 2.872 “chatarreros” los que tienen registro en la plataforma del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM). Adicional a la gran cantidad de unidades productivas mineras ilegales, se calcula que existen más de 200 entables donde se procesa y se beneficia el mineral y los cuales utilizan mercurio, con grave daño al medio ambiente y a la población asentada en su área de influencia. Se estima en 140 toneladas de mercurio los que se utilizan anualmente en el proceso de separación de las rocas o piedras a las que está adherido el oro y para la amalgamarlo con otros metales.


LA FORMALIZACIÓN ES EL CAMINO
El Gobierno Nacional, en el propósito de poner orden en la actividad minera y de proscribir la extracción ilegal del recurso viene tomando medidas tendientes a dinamizar la formalización minera con los mineros ancestrales y tradicionales como objetivos, al tiempo que se está actuando con drasticidad para combatir eficazmente contra la criminalidad que busca escudarse con ellos para alcanzar sus protervos fines de tener en la extracción ilegal del recurso su fuente de financiación para sus actividades ilegales. Con tal fin se han tomado medidas como la prohibición del uso del mercurio y el control a las plantas de beneficio, así como el control de la comercialización del oro, estableciendo un máximo a la cantidad de oro vendida por parte de los minero tradicionales (35 gramos de oro al mes que equivale a cerca de $3 millones) y que cuente con certificación vigente de la ANM, como lo dispone el Decreto 1102 de 2017, justo para evitar que la extracción ilícita se siga mimetizando haciéndola pasar como producto del barequeo.


La prohibición del uso del mercurio en la actividad minera no es nueva, la Ley 1658 de 2013 en su artículo 4º y el Decreto 2133 de 2016 se establece un plazo perentorio para la reducción y posterior erradicación de uso en todo el territorio nacional, el cual se cumple el 16 de septiembre de este año, fecha esta a partir de la cual queda terminantemente prohibida la importación de mercurio destinado a las actividades mineras. Y no era para menos, dado que Colombia ocupa el vergonzoso primer lugar en América y segundo en el mundo después de China en contaminación de mercurio, con una carga de 180 toneladas/año de mercurio deteriorando el medio ambiente. Colombia está llamado a cumplir con el Convenio de Minamata, cobijado por Naciones Unidas, suscrito en el 2013, el cual se propone “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos”. Sólo con la aplicación de medidas tan drásticas como estas se podrá evitar mayores estragos de los que ya ha causado el uso y el abuso del mercurio y sus secuelas.


Estas medidas, no han sido de buen recibo y han caldeado los ánimos, provocando un paro en el que se confunden unos y otros, el cual se ha prolongado por más de tres semanas, paralizando todas las actividades y bloqueando la región, con una grave perturbación del orden público. No faltan quienes se aprovechan de este clima enrarecido para pescar en río revuelto , es el caso del Clan del Golfo y de las autodenominadas Autodefensas gaitanistas, cuyas amenazas obligaron a la Grancolombia a suspender, alegando fuerza mayor, 700 contratos por parálisis forzada de su actividad.


La salida tiene que darse a través de un diálogo franco, sincero y transparente, que empieza por separar la paja del grano, pues uno es el tratamiento que ameritan los mineros tradicionales y ancestrales y otro, muy distinto es el que debe darse a quienes tengan probados vínculos con estructuras criminales. Como lo dije a mi paso por el Ministerio de Minas y Energía, es absolutamente inconveniente pescar con dinamita, dándoles el mismo tratamiento a ambos, este debe ser diferencial y diferenciado. Tiene toda la razón el Gobernador de Antioquia Luis Pérez al solicitar a los alcaldes (en especial al de Segovia) iniciar un proceso de empadronamiento que permita identificar la tradición de los mineros en el territorio. Ese proceso se adelantó con gran éxito al amparo del Decreto 480 de 2014 en Buriticá, ya que fue este el medio más eficaz para la legalización de los tradicionales, con el concurso de la Continental Gold a través de subcontratos con varias cooperativas en las que ellos se asociaron y el aislamiento de quienes pretendían camuflarse como tales.


La solución está inventada, se aplicó con todo éxito en Buriticá, en donde se presentó una situación semejante. Mediante el decreto 480 de 2014 se suscribieron varios Subcontratos de Formalización entre la empresa y varias cooperativas de mineros tradicionales. Este instrumento que ha aportado en forma efectiva en la formalización minera en el país. De hecho durante estos últimos años Grancolombia Gold ha logrado suscribir 36 contratos de operación formalizando un número importante de mineros y 1.500 más se han vinculado como trabajadores de la compañía. Según algunas fuentes están pendiente de suscribir otros 8 contratos. Pero este proceso no se debe dejar al arbitrio de la empresa privada, el Estado debe jugar un papel más activo para propiciar estas alianzas productivas en donde las grandes empresas sirven de ancla.


A propósito, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) viene promoviendo tanto en Antioquia como en Chocó su programa de apoyo a la formalización minera denominado Oro legal, consistente en iniciativas de emprendimiento productivo mediante proyectos de reconversión laboral de pequeños mineros en unos casos y en otros enrutándolos hacia la minería bien hecha, con buenas prácticas. A través del mismo se viene adelantando la reforestación de áreas degradadas en ambos departamentos, en donde se estiman en 70.000 hectáreas degradadas por la depredación de la extracción ilícita del oro, con la activa participación de los mineros tradicionales y/o ancentrales.

Bogotá, agosto 12 de 2017
www.amylkaracosta.net

 


Los más destacados

EL POPULISMO AL ACECHO

13 Sep 2017 Opinión

DEMOS EL PRIMER PASO

04 Sep 2017 Opinión

A NIVELAR LA CANCHA

28 Ago 2017 La Guajira

CAMBIO DE TIMONEL EN ECOPETROL

22 Ago 2017 Economía Nacional

Sígueme en Facebook