Jun 29, 2017 Last Updated 5:33 PM, Jun 27, 2017

POR UNA VERDADERA DEMOCRACIA

Categoría: 2002
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POR UNA VERDADERA DEMOCRACIA

(Documento político para las Campañas de Senado y Cámara de Representantes 2006-2010 y para el Concejo de Bogotá)

 


Candidatos:
AMYLKAR ACOSTA MEDINA
ANTONIO CAICEDO
PABLO OLARTE

La solución a las crisis no resueltas, que vivimos los colombianos, en el orden social, económico y político, exigen de las organizaciones la comprensión de los orígenes y manifestaciones de las mismas y propuestas que definan las acciones a seguir para derrotar el escepticismo, la desesperanza y las perspectivas mesiánicas agenciadas desde la Presidencia de la República como únicas alternativas viables. En efecto, el grave conflicto social y armado que lleva varias décadas en nuestro suelo no puede superarse sino a través de una férrea organización social que fortalezca la sociedad civil y cree las condiciones para el desarrollo de la democracia participativa en un estado social de derecho, tal como se definió en la Constitución de 1991.

Hasta ahora las fórmulas intentadas desde el proyecto reeleccionista presidencial han resultado inocuas y contraproducentes si tenemos en cuenta, por una parte, la falta de coherencia en las políticas con el propósito deliberado de acentuación de la guerra, contra determinadas organizaciones, y la negativa para una solución negociada del conflicto. Por otra parte, se advierte el escaso interés para la búsqueda de soluciones contra la pobreza, el hambre y la desigualdad social imperante. En el ámbito exterior se ha impuesto una política equivocada y aislacionista de mal vecino, que coloca al país a la saga de los proyectos del Presidente Bush para América Latina, en detrimento de la unidad y organización requeridas.

Afortunadamente, el viento de derecha que tomó fuerza con el fallido proceso del Caguán y el unanimismo que se instauró, desde agosto de 2002, se han venido resquebrajando y, en su lugar, soplan nuevos vientos provenientes del Sur del Continente, que están enterrando el fracasado modelo neoliberal que tanto daño le hizo a nuestras economía, abriéndole paso a una nueva era de gobiernos democráticos, defensores de su soberanía, con enfoque social y clara orientación popular.

En este entorno, corresponde a las fuerzas progresistas que constituyen la izquierda democrática, empujar la rueda de la historia para que avancemos en el logro de una nación democrática, próspera, equitativa, solidaria y en paz. Pero ello solo será posible si superamos los obstáculos que se oponen al avance de la nación, incluidos dentro de éstos, a las fuerzas retardatarias causantes de las condiciones de atraso, exclusión y miseria que por años ha caracterizado a la sociedad colombiana. Con miras a lograr estos propósitos, presentamos a consideración de los ciudadanos colombianos nuestro análisis sobre los principales problemas que aquejan a Colombia, e igualmente las propuestas de solución para cada uno de tales problemas en el marco de nuestra visión sobre la Colombia que queremos forjar para la presente y las futuras generaciones.


LOS RETOS QUE AFRONTAMOS

1. LAS AMENAZAS AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO


Desde los inicios del Gobierno de Uribe, se ha venido adelantando una campaña agresiva y persistente contra el núcleo del Estado Social de Derecho, lo cual se ha intentado a través de métodos poco democráticos, como la utilización excesiva de las encuestas, a las que se les pretende dar una validez institucional que no la tienen, acompañado de un manejo abusivo de instrumentos como el referendo y los consejos comunales televisados, al igual que una utilización de los medios de comunicación en favor del Presidente de la República.

Si bien no se puede afirmar que la Constitución Política de 1.991, sea perfecta, lo cierto es que es mucho más avanzada y democrática que la de 1.886, sobre todo en lo relacionado con el tema de los derechos fundamentales y la adopción de instrumentos como la tutela y las acciones populares que han demostrado su eficacia para la solución de los problemas judiciales. No comulgamos con quienes se han opuesto a que la Constitución se reforme en aras de mejorarla; pero igualmente nos oponemos en forma radical a que, con propósitos electorales o personalistas se esté modificando a discreción la Carta Magna, como lo hace el actual gobierno, para debilitar los poderes diferentes al Ejecutivo, como es el caso del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y hasta el mismo Ministerio de Justicia. Por tales razones coincidimos con la inmensa mayoría de las fuerzas democráticas y progresistas del país que hoy en día levantan como bandera de unidad la defensa de la Constitución Política de 1.991.

Lo mismo ocurre con la Acción de Tutela, arma por excelencia para la protección de los derechos fundamentales, con la que los ciudadanos pueden hacer frente a los continuos abusos de las autoridades públicas. En este particular, se han advertido los intentos de restringir derechos sociales, culturales y del medio ambiente, así como la perniciosa intención de coartar la posibilidad de que el juez de tutela imparta órdenes efectivas que tutelen los derechos amenazados o vulnerados.

El Estado Social de Derecho es consustancial a la existencia de poderes autónomos e independientes; dicho en otros términos, a la existencia de contrapesos que impidan que una rama del poder público tenga una preponderancia sobre las otras. Por ello el Congreso de la República, recibió de los constituyentes de 1991, la función de ejercer el denominado control político sobre los funcionarios de las demás ramas del poder. Pero esta función ha venido siendo desconocida o burlada por el actual gobierno, al desconocer la personería de los partidos y sus bancadas; al coptar parlamentarios de los partidos de oposición mediante la asignación de cuotas burocráticas u otro tipo de halagos, como ocurrió con el descarado soborno a los parlamentarios YIDIS y TEODOLINDO, para que aprobaran el proyecto de acto legislativo que establece la reelección inmediata del Presidente de la República.

El control social que fundamentalmente se ejerce mediante las VEEDURÍAS CIUDADANAS, se vuelve inocuo por las amenazas de los grupos ilegales que han obligado a muchos miembros de estas organizaciones a abandonar el país y el control fiscal público, igualmente viene siendo mal tratado por el Estado, reduciéndoles los recursos presupuestales a las contralorías territoriales (ley 617 de 2000), proponiendo su eliminación y, como alternativa la privatización; muy a pesar de que las quiebras de las grandes empresas en Colombia, en los Estados Unidos y en el resto del mundo se han dado con la complicidad o indiferencia de las empresas privadas de auditoría, que aquí se nos presentan como los paradigmas de la eficiencia y la honestidad.

Detrás de todos estos embates se encuentra el interés antidemocrático del Ejecutivo, que también amenaza al Estado Social de Derecho.

En cuanto a la descentralización, la planificación y el ordenamiento territorial, a pesar de que la Constitución política de 1991 recogió gran parte del espíritu descentralizador y de autonomía regional que caracterizó la década de los años 80, las fuerzas supérstites del Centralismo lograron desactivar este impulso y a través de los desarrollos legales y de actos legislativos, han venido debilitando estos principios y, en su lugar, fortaleciendo y reviviendo el centralismo. En el tema del ordenamiento territorial, a pesar de que la Constitución desarrolla ampliamente este principio (artículos 288, 297, 307, 319, y 329) y hace referencia a la ley de ordenamiento dotándola de elementos para una sana política en el sentido de actuación del Estado sobre el orden territorial existente, en aras de lograr el desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo, el objetivo final no se ha alcanzado. La brecha entre gobierno y territorio, tanto desde el punto de vista de ordenamiento, como de autonomía, planeación y presupuesto es cada vez más profunda. Los planes de gobierno no consultan ni mucho menos recogen los territoriales, lo que no ha permitido los propósitos de una planificación regional armónica y sostenible con la organización de la actual estructura político administrativa del país. El uso sostenible de los recursos, la ocupación integral del territorio y la reducción de los desequilibrios regionales demandan un compromiso nacional que permita que la agenda interna del país guarde consonancia con las aspiraciones locales, regionales y aún nacionales. Un ejemplo claro de esta situación se presenta con la negociación del TLC que no consulta las necesidades y características de las regiones.

 


2. DESACIERTOS DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL

El Gobierno del Presidente Uribe no muestra una política internacional coherente; tal vez, lo único que se percibe es una línea de obsecuencia con el Presidente de los Estados Unidos George Bush, en lo económico, lo político y lo militar. Es por esto que sin dar una sola razón valedera, aprobó la invasión criminal de los USA al pueblo de IRAK y autorizó la fumigación indiscriminada de nuestros territorios sin tener en cuenta las graves secuelas para la economía la salud y la vida de las comunidades involucradas.

En el ámbito económico, en relación con América Latina, por el contrario, ha hecho el papel de mal vecino al desestimar la importancia del mercado regional de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual somos socios y del MERCOSUR, con el cual suscribió la CAN un Acuerdo comercial recientemente. De este modo, estamos dejando lo cierto por lo dudoso, mientras avanzamos en la negociación de un Tratado con los EEUU a todas luces desventajoso para Colombia, dadas las enormes asimetrías entre uno y otro país, que los negociadores de los Estados Unidos se resisten a reconocer y, en cambio, se empeñan en sacarle ventaja.

Colombia le debe apostar, con apego a la Constitución Nacional que dispone el fortalecimiento de la integración latinoamericana , no para darle la espalda a otros procesos, sino para lograr su exitosa inserción en ellos mediante la estrategia del regionalismo abierto. Lo anterior significa afianzar nuestros lazos regionales para poder concurrir en el ámbito mundial con fortalezas, sentido de identidad y conciencia de las ventajas y desventajas de la globalización. En efecto, no estamos fatalmente condenados a ser víctimas de la globalización, en un mundo que se ha dividido entre países globalizadores y globalizados. Por el contrario, creemos con Stiglitz, que “es necesario replantearse profundamente el modo en que la globalización ha sido gestionada” y para ello tendremos muchos aliados, siempre y cuando los busquemos, dejando de girar en la órbita de los intereses que mueven la política norteamericana. Como lo afirmara Ricardo Lagos, Presidente de Chile, “No queremos una globalización sin reglas, porque en ese caso las reglas las pondrán los más fuertes”; de ello no nos quepa la menor duda.

3. DESIGUALDAD, E INEQUIDAD SOCIAL.

Colombia es uno de los países del mundo con mayores niveles de desigualdad y de concentración del ingreso. Esta circunstancia se constituye en factor explicativo de muchos de los problemas económicos y sociales, entre otros, la pobreza y la baja calidad de vida que afronta la inmensa mayoría de los colombianos.

La existencia de una reducida minoría que concentra la mayor parte del ingreso nacional y que no hace el más mínimo esfuerzo por corregir esta situación se constituye no solo en un hecho detestable en medio de tanta pobreza sino en un lastre que entraba el desarrollo económico nacional. Muchos de los sectores adinerados tienen invertidos sus capitales en bienes improductivos y en actividades especulativas que no crean empleo ni aumentan el PIB.

Lo anterior tiene como consecuencia el incremento de las cifras de miseria y pobreza que en lugar de amainar durante el presente gobierno, continúan agravándose cada vez más, mientras aumentan desaforadamente las ganancias de los ricos, principalmente los vinculados al sector financiero. Los que tienen alguna ocupación, formal o informal, deben soportar el continuo asedio de este gobierno que les congela los salarios, le quita la estabilidad laboral y el derecho a la negociación colectiva, los persigue sindicalmente, le viola los derechos fundamentales, le quita o encarece la prestación de servicios de salud y educación, le aumenta las tarifas de los servicios públicos. En contraste con lo anterior, a los capitalistas les reduce el impuesto a la renta, les concede todo tipo de exenciones tributarias, aumentando con ello el número de pobres y de indigentes, como lo muestran las propias cifras oficiales y los organismos independientes nacionales e internacionales.

Solo con un programa socialdemócrata que orientado en los principios de la igualdad, la justicia y la solidaridad, ponga en marcha unas reformas políticas y económicas al Estado, se podrá reducir en forma significativa las aberrantes desigualdades existentes entre un grupo minoritario de privilegiados enriquecidos cada vez más y una gran cantidad que no tienen cómo atender sus necesidades básicas.

Otro de los problemas de desigualdad que afronta la población colombiana es el desempleo. Al respecto, el XXI congreso Internacional Socialista reunido en París, sentenciaba: “El desempleo socava la dignidad humana, amenaza la estabilidad social y significa un desaprovechamiento del más valioso de los recursos.” En Colombia, el Gobierno de Alvaro Uribe se ufana de que en el mes de abril de 2005, el desempleo haya descendido al 12.0%; en tanto que en un año atrás se ubicaba en el 14.7%. Efectivamente, pasamos de tener 2.998.174 desempleados en abril de 2004, a tener 2.423.809 en abril de 2.005. Pero si miramos la cifra de subempleados, este aspecto no tuvo cambio significativo, ya que en abril de 2004 registraba un total de 6.545.434 (32.1%) y en el mismo mes de 2005 alcanza la cifra de 6.440.529 (32.0%) La suma de empleados y subempleados es del 44.0%, lo que significa que casi la mitad de la población económicamente activa del país, o bien está sin empleo o está haciendo labores que no corresponden con sus capacidades, necesidades y expectativas.

Tanto los desempleados como los subempleados tienen bajos ingresos o, carecen de ellos, por cuya razón tienen poca capacidad de demanda, por cuya razón el país tiene un mercado interno muy reducido que se constituye en factor decisivo para que no hayan inversiones, ni nacionales ni extranjeras y, con ello, nuestra economía muestre cifras irrisorias de crecimiento. Si bien el país creció en el 2004 a un 3.96%, este crecimiento estuvo muy por debajo de los índices de crecimiento del resto de países de Latinoamérica.

Ante la anterior situación, las reformas laborales, en vez de contribuir a la solución de la problemática han estado dirigidas a favorecer al capital mediante la flexibilización salarial, laboral y funcional y en consecuencia, no solo no han generado masivamente nuevos puestos de trabajo, sino que han deteriorado las condiciones de vida de los trabajadores, por efecto de la incertidumbre, la imposibilidad de acceder o de mantener su vivienda (para no mencionar otros bienes duraderos), de presionar la participación de otros miembros de la familia en el mercado laboral, con consecuencias sobre el cuidado de la familia y la permanencia escolar; de generar desestímulo en los procesos de capacitación y mayor competencia en el desempeño de sus labores. De otro lado, la temporalidad en el trabajo trae consigo la irregularidad en la cobertura de salud y de pensión de los trabajadores, acumulando problemas al futuro, pues de alguna manera el Estado tendrá que soportar la sobrevivencia de aquellos que no pueden mantenerse como aportantes en el sistema pensional. En consecuencia, se hace prioritario recapitular sobre el tema de fortalecer las condiciones y las relaciones de trabajo, impulsando y garantizando, además del seguro de desempleo, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, especialmente las de industria, que tienen mayor incidencia en las políticas laborales y de competitividad

La llamada reforma laboral de 2002 contenida en la ley 789 fue un instrumento impulsado por el gobierno para contener la creciente escalada de desempleo existente en el país. Herramientas tales como el subsidio temporal de empleo, el programa de micro-créditos administrado por las cajas y el subsidio al desempleo no han cumplido con su objetivo inicial de desacelerar las tasas de desempleo vigentes, entre muchas otras razones porque las reformas laborales en Colombia han sido y son regresivas. Son normas cuyos alcances no son otros que un simple sistema de flexibilización laboral. La ley 789 no ha alcanzado la meta de rebaja del desempleo, la comisión de la que la ley habla no se ha constituido, el sistema nacional de registro laboral no se ha organizado, por lo que no ha habido un seguimiento y verificación de las políticas de generación de empleo, lo que hace necesario examinar la derogatoria de la ley y la presentación de un proyecto de reforma laboral que promueva un plan estratégico orientado a la creación de empleo, a proteger las garantías mínimas de los trabajadores y a garantizar el reconocimiento real del IPC para el reajuste de los salarios de los salarios.

4. LA DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA

Además de la problemática de desigualdad que afrontan amplios sectores de la sociedad, en cuanto a las condiciones de pobreza, miseria y desempleo, existe en el país, discriminación y exclusión social. En efecto, a pesar de que la Constitución política establece la igualdad de todas las personas, "sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica," en la práctica se producen discriminaciones étnicas y culturales que dificultan o hacen casi imposible que algunas comunidades tengan acceso a numerosos servicios del Estado o a ocupar cargos y dignidades en igualdad de condiciones. Es el caso de los indígenas y los afrocolombianos, que presentan necesidades básicas insatisfechas y escasa participación política y social. En cuanto a la comunidad afrocolombiana, se requiere una propuesta tendiente a su inserción al Estado, no solo a través de programas sociales, sino también mediante la participación de las negritudes en todos los niveles de decisión del poder público, económico, social, militar y eclesiástico de la nación. La marginación de las minorías obliga a tomar banderas para evitar el resquebrajamiento de la diversidad cultural del país. La acción afirmativa debe entenderse como la entendió Lyndon Jonson cuando en 1965 acuñó el término mediante una orden presidencial que buscaba:”tomar acción afirmativa para eliminar cualquier tipo de discriminación basada en raza, sexo, color o religión.”

Lo anterior conlleva a acciones tales como la reglamentacion de la LEY 70 DE 1993, que tiene por objeto reconocer la titulación de las tierras baldías a las comunidades negras que las han ocupado en las zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del pacífico, la integración del Pacífico al desarrollo del país y el reconocimiento de las comunidades negras en la construcción de la colombianidad.

5. DETERIORO DEL TEJIDO SOCIAL

La ausencia de soluciones a la existencia de hondas desigualdades sociales tiene como consecuencia el resquebrajamiento del núcleo familiar si tenemos en cuenta que la mayoría de ellas tienen necesidades básicas insatisfechas. En estas condiciones, se recrudece la violencia intrafamiliar y se agudizan problemas como el maltrato infantil (físico, psicológico y por negligencia), el abuso sexual y otros delitos contra la niñez y la juventud. Se hace necesario el diseño de programas que incentiven el fortalecimiento de las relaciones familiares, el respeto a los niños y la responsabilidad de los padres en la crianza y educación de ellos, conjuntamente con estrictas medidas coercitivas con una legislación que proteja efectivamente los derechos de la niñez y castigue los atropellos contra su pleno desarrollo.

Es igualmente preocupante en este panorama de deterioro del tejido social el aumento de la corrupción que, como bien se sabe, aumenta con la misma intensidad con que el Presidente de la República y su anterior Ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, hablan contra ella. En efecto, la continuación e intensificación de este flagelo en el actual gobierno es uno de los aspectos que ha sido duramente criticado por la opinión nacional ya que resultan evidentes los manejos pocos claros del patrimonio público, con sus consecuencias en la ejecución de los proyectos sociales requeridos.

 

6. EL FRACASO DEL MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL

La economía colombiana crecía a un promedio del 3.6% antes de 1.990, después del Consenso de Washington, se adoptó el modelo neoliberal bajo presión del FMI, para lo cual se privatizaron empresas estatales, se hicieron reformas laborales, disminuyendo los salarios, las prestaciones y la estabilidad laboral, se aprobaron numerosas reformas tributarias rebajándoles los impuestos a los ricos y aumentándoselos a los de menores ingresos, a la par que se dieron todo tipo de ventajas jurídicas al capital nacional y extranjero. Paradójicamente, la economía colombiana, en lugar de crecer ha disminuido y en 1.999 se produjo un decrecimiento del 5.5%.

El fracaso del Modelo económico neoliberal, basado en el Consenso de Washington, el cual tiene más de Washington que de consenso, está a la vista y así lo reconocieron los gurúes de la economía que se dieron cita en Barcelona, entre quienes se contaba el mismo Jhon Williamson, padre putativo del malhadado consenso. Al respecto afirmaron: “…entre las tendencias más preocupantes, además de la recurrencia y severidad de las crisis financieras sistémicas están los mediocres resultados de las reformas diseñadas para alcanzar un crecimiento económico sostenible. La persistencia – y a menudo empeoramiento – de una distribución de la riqueza y de la renta altamente desigual en muchos países en desarrollo” . Entre estos, desde luego, se cuenta Colombia, en donde después de aplicar a pie juntillas las recomendaciones del FMI, al decir del ex ministro de Hacienda Juan Manuel Santos “no estamos mejor que cuando estuvimos peor”, merced a los estragos que provocaron su implementación.

Actualmente, haciendo caso omiso de las nefastas consecuencias del Modelo Neoliberal, el Gobierno del Presidente Uribe, impulsa la firma del Tratado de Libre Comercio bilateral con los Estados Unidos., que se muestra como la gran panacea para la economía colombiana. Con el tratado se pretende suplir la falta de ahorro interno, como fuente de inversión, con la afluencia de inversión extranjera, que sigue llegando al país, sin esperar el TLC, pero no para montar nuevas empresas sino para hacerse a las que ya existen, con lo cual no se está generando ningún valor agregado. Entre tanto, a falta de demanda interna, se plantean las exportaciones como motor del crecimiento. Estos espejismos han conducido a desestimar la importancia tanto del mercado interno como del mercado regional de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual somos socios y del MERCOSUR, con el cual suscribió la CAN un acuerdo comercial recientemente. De este modo, estamos dejando lo cierto por lo dudoso, mientras avanzamos en la negociación de un Tratado con los EEUU a todas luces desventajoso para Colombia, dadas las enormes asimetrías entre uno y otro país, que los negociadores de los Estados Unidos se resisten a reconocer y, en cambio, se empeñan en sacarle ventaja.

En el marco de la firma del tratado, se le plantea al país la falsa disyuntiva de firmarlo o, de lo contrario, aislarnos, confinándonos en el ostracismo. Sin embargo, entre uno y otro extremo hay muchas otras alternativas. En todo caso, cualquiera que sea el paso a dar en esta dirección deberá ser objeto de una gran concertación nacional, pues allí está en juego la suerte del país por las próximas generaciones, lo cual no es asunto de poca monta.

Indudablemente, la pobreza y la desigualdad en América Latina, se han constituido en uno de los mayores obstáculos para alcanzar la ansiada meta del crecimiento y el desarrollo sustentable en el tiempo. Y para superarlas es imprescindible la efectiva acción del Estado, pues el hecho de que este se muestre como mal administrador, no prueba de manera alguna que los mercados sean perfectos . Con buen criterio la Constitución de 1991 previó que “La dirección de la economía estará a cargo del Estado…” y faculta la intervención de este “…para racionalizar la economía” , sin que ello pueda confundirse con el intervencionismo voraz y pernicioso. Por ello “…lo más urgente es engendrar un Estado eficiente, que supere el paralelismo y la duplicidad de un Estado hermafrodita, en el que los organismos nacionales y las entidades territoriales compiten por hacer lo mismo” .

El reporte anual 2004 expedido por el Banco Inter-Americano de Desarrollo, señala que el escenario internacional fue favorable en 2004 gracias al vigoroso crecimiento económico que se presentó en todas las latitudes, al nivel depreciado de las tasas de cambio, al mejoramiento del clima financiero internacional y a la recuperación de los precios de los productos básicos. Muy a pesar de ello, el desempeño de Colombia estuvo por debajo de los estándares internacionales que el Banco utilizó para la medición del clima económico y social de los países del hemisferio. Encontramos entonces, que mientras el promedio de crecimiento en América Latina y el caribe alcanzó un 5.5% en Colombia este apenas logró un 4%, el desempleo promedio de la región es de 10% y en Colombia alcanzó una cifra cercana al 17.4%. Ello, sin considerar que Colombia cuenta con el 10% de los pobres y el 12% de los indigentes del hemisferio.

En términos generales el Modelo Neoliberal permitió la concentración de la riqueza y el empobrecimiento general de la población en Colombia. En este sentido no es casual que el mayor banquero del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el mismo que vio crecer sus utilidades el año anterior un 68% respecto al 2003 (permitiéndole ascender en el ranking de la lista del 2005 de la Revista Forbes de los más ricos del planeta –en la que figura junto con Julio Mario Santodomingo como los únicos por Colombia- del puesto 406 al 209, al incrementarse su fortuna de US$1.400 millones a US$2.700 millones), esté proponiendo un gran acuerdo nacional, en busca de “…la paz social, con una agresiva estrategia que permita un mayor crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el desempleo”.

El crecimiento económico es la base sobre la cual debe levantarse el bienestar de la comunidad ya que genera oportunidades de empleo y por ende de ingreso y avance en la escala social. “...es claro que si no existe un crecimiento dinámico, no habrá riqueza para repartir, ni empleo productivo para asignar y en consecuencia la población no podrá recibir beneficios de una mayor capacidad de compra" . En ello le cabe toda la razón, pues la evidencia empírica nos lleva a afirmar que la falta de demanda continúa siendo el mayor obstáculo para los negocios de los empresarios y no se deprime más gracias a las remesas de la diáspora de los colombianos en el exterior, que se ha convertido en el segundo generador de divisas después del petróleo, cuyas exportaciones están ya en franca declinación. Es precisamente ese punto el que algunos consideran el más preocupante.

Desde la crisis del 99, la capacidad de compra de los colombianos se ha restringido, debido en buena parte a que los salarios han crecido por debajo de la inflación y a que el desempleo continúa en niveles preocupantes. No siempre cuando les va bien a los empresarios y a los banqueros le va bien al resto de los sectores sociales. Esto significa que mientras se deteriora el ingreso promedio de los colombianos, crecen inusitadamente las utilidades de las empresas y de los bancos, que son quienes se llevan la mayor parte a la hora de recoger los frutos del magro crecimiento de nuestra economía. Veamos: las utilidades netas de las cien empresas más grandes del país aumentaron entre el 2003 y el 2004 el 70%(¡!), al pasar de $5.43 billones a $9.25 billones y ya en el I trimestre de este año crecieron el 37% con respecto a igual período del año anterior, al pasar de $862.245 millones a $1.17 billones. Entre tanto, las utilidades de la banca frisaron los $3 billones en el 2004, para un incremento del 63%(¡!) respecto al año anterior.

El contraste no puede ser mayor ni menor
La anterior problemática del modelo económico también se refleja en los servicios públicos. A partir de los años 90, a instancias de las políticas neoliberales y las presiones del Fondo Monetario Internacional, se instauró una ola privatizadora de los servicios públicos esenciales, produciendo con ello un doble daño; de un lado, privando al Estado de las utilidades de dichas empresas y de otro, castigando a los usuarios, a través del aumento en las tarifas, la reducción de los subsidios y la entrega descarada de estos monopolios naturales a particulares que con ello llenan sus alforjas, mientras los sectores de estratos bajos no les alcanza para pagar las escandalosas facturas de tales servicios. Uribe tiene el propósito de entregarle al capital privado las últimas empresas y actividades que todavía quedan del patrimonio público.

El problema agrario tampoco encuentra solución. Desde que se aprobó la ley 200 de 1.936 en el Gobierno de Alfonso López Pumarejo y se dieron algunos avances en el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo en materia de reforma agraria, se viene señalando el problema del latifundio improductivo, concentrado en manos de unos pocos propietarios, como el gran lastre que se atraviesa contra la producción agrícola y el bienestar de la población campesina que carece de tierras, vías y créditos para poder producir y comercializar sus productos.

A la excesiva concentración de la tierra que siempre ha existido, se ha sumado en los últimos años una contrarreforma que han decretado los narcotraficantes y los paramilitares, por vía de la compra, la amenaza y la expropiación a los campesinos y agricultores tradicionales. No podemos culpar al actual gobierno de la ocurrencia del fenómeno; pero lo extraño es que no aparezca ni siquiera señalado como un problema real y de gran trascendencia que hay que reconocer, afrontar y solucionar.

Aunque los neoliberales traten de ignorar el problema señalando en forma despectiva que esa es una consigna trasnochada de la vieja izquierda, lo cierto es que el problema sigue y, en consecuencia, amerita que se le busque una solución de fondo. La reforma agraria busca resolver dos problemas, el de la productividad y la competitividad nacional con miras al abastecimiento alimentario y el problema social de dar tierra y medios de producción a los campesinos. En consecuencia, afirmamos que somos partidarios de mantener viva la bandera de una reforma agraria integral y, como tal codayuvaremos a través de la labor legislativa y del control político para que este propósito se logre.

7. LA CRISIS DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN

Con el advenimiento de la ley 100 de 1993, aparecieron un singular número de problemas para el acceso al sistema de salud en Colombia. La crisis hospitalaria sin antecedentes en el país (dada la disputa desigual con operadores privados que competían en condiciones económicas, técnicas y financieras muy superiores a la red pública), la operación de la ley 100 sin una adecuada infraestructura, sin mecanismos de control y bajo la concepción de crear una nueva industria, dejaron al descubierto el pavoroso comercio que existe con la salud en el país.

El alto consumo en costos y las jugosas utilidades de la intermediación han sido los dos pilares de una nueva industria: La industria de la salud, cuya privatización ha dado lugar a la ecuación: Privatización = Privación de salud especialmente para los más pobres. Una reforma a fondo es imprescindible y urgente, que inicie por redefinir el mecanismo de financiación de la salud en Colombia y que establezca quien debe recibir los beneficios. Ante todo, es preciso concretar si la atención en salud es una empresa social, entendida esta como un servicio público, o si es simplemente una empresa comercial sometida a los vaivenes del mercado, que al tenor del Contralor General dejaría por fuera del sistema, como hoy lo hace a 7.3 millones de compatriotas, con un déficit de cobertura, como hoy existe, del 31% de la población (14.3 millones) con poco o nada en cuanto a la satisfacción de sus necesidades en salud.

Si bien los recursos destinados a la salud, han aumentado (de 1.24% del PIB en 1990 a 4.08% del PIB en 1999), persiste un 38% de la población que debe acudir a la red hospitalaria financiada con subsidios a la oferta o está desprotegida, además de que la exigencia de cofinanciación hace que cerca del 40% de los pobres no puedan acceder efectivamente a los servicios. También se han registrado casos frecuentes de corrupción que conducen a que o se pierdan los recursos o no se manejen con la eficiencia que se requiere.

Con la Ley 100 de 1993 se liquidó el sistema prevaleciente que distribuía la población en tres sectores: la seguridad social, que cubría prácticamente a todos los trabajadores; los servicios de salud, ofrecidos a la población pobre con un subsidio significativo, y el sector privado, el cual se financiaba ya sea a través del seguro o del cobro directo. Ahora existe un sistema de red de salud, que parte del principio de que todo servicio de salud debe pagarse, o bien mediante la contribución de los afiliados (régimen contributivo), o bien mediante el traslado de recursos, en principio denominémoslos estatales, para el cubrimiento de los servicios demandados por las personas que se hallan inscritas en el Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN) (régimen subsidiado). La problemática de inestabilidad del empleo y los ingresos de los hogares ha sido ignorada en este marco institucional, con lo cual las poblaciones afectadas por las crisis económicas cada vez más frecuentes por la vulnerabilidad que impone una economía abierta, están sometidas a fluctuaciones de cobertura de la salud.

La privatización de la salud se evidencia cuando a cada asistencia se le asigna una valoración y, por lo tanto, precio y eficiencia van de la mano con el número de servicios vendidos. Obviamente, en este tipo de dinámica importa más la reducción de los costos que la calidad del servicio, más aún cuando en la calidad del servicio cuenta la aplicación de métodos costosos de diagnóstico o de tratamiento, resultado entre otros del avance de la medicina moderna.

Tanto el régimen contributivo como el subsidiado, acusan graves problemas. En el primer grupo se encuentra la EPS más grande, el Instituto de los Seguro Social ISS, cuya problemática merece tratamiento aparte. Independientemente de los asuntos inherentes al orden administrativo (gestión, sistematización de la información, gastos administrativos, inversiones financieras, etc.), nos importa destacar algunas de las reglas que impone la ley. La cadena de pagos define la operación de la red. De esta manera, cualquier retraso acarrea costos adicionales, incumplimientos y deficiencias a las instituciones que prestan el servicio de salud a los “clientes”, al tiempo que genera beneficios para otros.

El modelo de prestación de servicios implantado a partir de la Ley 100 de 1993, ha puesto en evidencia cuatro hechos: el desarrollo de un mercado segmentado, el ahogo financiero, el deterioro de la salud preventiva, la nutrición y el saneamiento ambiental de naturaleza eminentemente social y los problemas de funcionamiento y gerencia de los hospitales.

Esta tendencia ha llevado a que las atenciones más costosas recaigan en unos pocos hospitales, generalmente públicos. Esta segmentación va en contra del espíritu de la ley 100, que suponía iguales condiciones de competencia para todos. También se ha dado un proceso de concentración, que coloca a unas EPS en una situación privilegiada. La falta de una verdadera competencia entre las instituciones aseguradoras facilita prácticas monopólicas, como la decisión unilateral de aplazamiento de pagos.

La crisis en el régimen subsidiado ha sido mucho más severa. En primer lugar, este régimen guarda una íntima relación entre lo que se denomina el cambio del subsidio de oferta al subsidio de demanda. Se trata de que los hospitales se financien a través de la venta de servicios, cruzada por el subsidio que otorga el Estado a las personas para que puedan escoger la respectiva ARS Una de las fuentes de financiación del régimen subsidiado lo constituye el punto de solidaridad que aporta el régimen contributivo, el cual es de cerca del 40%. Se calcula que si los salarios más altos pagaran lo que verdaderamente les corresponde, sería suficiente con estos recursos para cubrir la afiliación de los más pobres al régimen subsidiado. Como los contratos en este régimen se celebran entre la entidad territorial y la ARS, el problema del flujo de cuentas es más grave.

Así mismo, el sector financiero nunca antes encontró presupuestos tan auspiciosos en el sector de la salud, como en el momento presente, y en su lógica de mercado y de eficiencia económica, no encontró obstáculos para convertir a los usuarios en clientes (y no en pacientes) a quienes dispensar servicios restringidos sin arriesgar fuga de capitales

En cuanto a la educación, existen graves problemas de cobertura y de calidad y en consecuencia las condiciones de acceso al sistema educativo se constituyen en factor que actúa como causa y efecto de la desigualdad social. De esta manera, los que tienen más ingresos están en capacidad de contar con una buena educación y disponer de los avances científicos y tecnológicos; en tanto que la población de menores ingresos tiene un bajo nivel de escolaridad y reciben una educación deficiente. Para transformar esta situación, necesariamente hay que combinar dos políticas: de un lado, la intervención estatal que amplíe y profundice la educación pública a todos los niveles y, de otro lado, políticas sociales y económicas que aumenten el ingreso de los estratos bajos para que puedan acceder al sistema educativo.

Infortunadamente, el gobierno de Alvaro Uribe le ha cercenado los recursos a la educación y a la salud y, en su lugar, ha aumentado en forma irresponsable el gasto militar, lo cual ahonda el conflicto social sin que se vislumbren soluciones. En nuestra perspectiva estamos convencidos que la educación es factor primordial del desarrollo económico y social y en consecuencia es obligación del estado asegurar el derecho a ella a través de un presupuesto acorde con las necesidades y la implementación de políticas que faciliten la cobertura del sistema y el mejoramiento constante de su calidad. Lo anterior conlleva el reconocimiento de la profesionalidad docente y una remuneración digna para los trabajadores de la educación.

8. DESMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Y PENSIONALES

Desde que se aprobó la ley 50 de 1950, como estreno del Consenso de Washington, se han venido implementando acciones legislativas contra los trabajadores que han tenido como efecto el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, el congelamiento de los salarios, la reducción del monto de las pensiones, el incremento de los aportes de los trabajadores, el aumento de la edad para pensionarse y el número de semanas cotizadas, entre otros. Las anteriores medidas se han tomado supuestamente para aumentar las ventajas competitivas del país y posibilitar con ello, la llegada de capital extranjero, potencial generador de empleo productivo y por ende de crecimiento. Sin embargo, la realidad demuestra que ninguna de estas metas se han alcanzado y por el contrario, lo que si ha ocurrido es que las empresas tanto públicas como privadas han despedido trabajadores sin indemnización, los empresarios han aumentado desproporcionadamente sus ganancias y, no se producido ni la afluencia de capitales, ni la creación de empresas, ni el aumento del empleo.

No es fácil desmontar la legislación actual, pero sí es posible parar estos atropellos y mejorar lo que actualmente se tiene a favor del País y de los trabajadores. La reforma pensional, recientemente aprobada en el Congreso elimina los regímenes especiales, fruto de las luchas de los trabajadores, fija topes máximos para las pensiones (25 salarios mínimos), suprime los sistemas especiales de jubilación y anticipa la vigencia del régimen de transición. Es decir cada reforma pensional, so pretexto de aliviar los desequilibrios fiscales del estado, tiene como único propósito disminuir los beneficios laborales, dificultar el acceso a la pensión y nivelar a los trabajadores por las condiciones más bajas. La sustentación usual es que las pensiones son y serán cada vez más las responsables de las dificultades fiscales y que los sistemas pensionales son inequitativos en la medida en que benefician a un pequeño número de trabajadores en detrimento de la inmensa mayoría. Al respecto es importante precisar que la pensión es un derecho de los trabajadores y en consecuencia es obligación del estado, antes que limitarlo, garantizarlo para las generaciones futuras.

9. AGUDIZACION DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

En el concierto internacional, Colombia ha sido señalada como país violador de los derechos humanos, situación que desafortunadamente corresponde a la verdad. En efecto, es innegable que existe permanente hostigamiento, persecución y asesinatos de dirigentes sindicales, cívicos y, en general, de ciudadanos de diversa procedencia, por el hecho de disentir o pertenecer a organizaciones que propenden por la defensa de derechos fundamentales, como es, el derecho a la vida. Lo lamentable es que el actual gobierno impulse políticas, que si bien no podemos afirmar que lo sitúen como cómplice de estas violaciones, si manifiestan una actitud sesgada, dependiendo del lado de donde vengan las violaciones.

Desde nuestro punto de vista, la lucha contra el terrorismo no justifica la violación de los derechos humanos; por el contrario, la experiencia muestra que cuando éstos se violan, se convierten en pretexto para que los terroristas justifiquen sus acciones demenciales. Es igualmente inconveniente para el país negar la existencia del conflicto social y armado y caracterizar las acciones de grupos ilegales como exclusivamente terroristas con el objetivo de renunciar a la negociación y el diálogo como perspectivas de solución, mientras si se aplican, estos procedimientos, de manera benevolente con las organizaciones paramilitares. La compleja problemática política y social del país requiere acciones concertadas tales como el acuerdo humanitario que permita la liberación de los secuestrados políticos y de los miembros de la fuerza pública que están en manos de los grupos insurgentes desde hace varios años. La actitud del Gobierno de Alvaro Uribe al respecto ha sido obstinada y en consecuencia ha desatendido el clamor de la sociedad que entiende la necesidad de humanizar la guerra, a través de acuerdos, antes que seguir fomentando la línea guerrerista de la destrucción, como alternativa de solución y búsqueda de la paz.

El este panorama de violencia recrudecida se acentúa el fenómeno del desplazamiento forzado, reconocido como alarmante por el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos, que en el reporte de 2004 de derechos humanos señala que en Colombia, más de 1.000.000 de menores de 14 años se encuentran en situación de desplazamiento forzado y por lo tanto constituyen la población más vulnerable del gran grueso de desplazados que el CODHES sitúa en más de 3.400.000 personas.

El despojo, el desplazamiento forzado, la desolación y la ruina del campo, así como el hacinamiento en los cordones de miseria en las ciudades de un número creciente de nuestros compatriotas, son secuelas del agravamiento de la crisis. La política de la Seguridad Democrática, tal como ha sido concebida por el gobierno, se ha quedado corta frente a la magnitud del drama y se muestra como insuficiente para sortearlo con éxito. La que se planteó como una guerra relámpago, tendiente a doblegar y derrotar a la guerrilla, se ha trocado en una guerra prolongada que no da trazas de amainar, con todas sus consecuencias.

El problema de los desplazados constituye una verdadera vergüenza nacional ante la cual el gobierno no traza una política integral y coherente que ataque las causas del problema. Por el contrario la política de "Seguridad Democrática, que ignora la existencia del conflicto interno, pone la desconfianza por encima del DIH y, en consecuencia, de un lado, renuncia a atacar las causas económicas y sociales del conflicto y, de otro, le da un tratamiento despectivo y poco humano a los ciudadanos desplazados a los centro urbanos.

Es indispensable entonces propender por una verdadera política de paz que a la par con las acciones militares requeridas abra las puertas al diálogo y la negociación como alternativas de solución del conflicto social y armado que afrontamos los colombianos.

10. DEGRADACION DEL MEDIO AMBIENTE Y AUSENCIA DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES.

Es mucho lo que se ha avanzado en materia de legislación y concientización en temas ecológicos y ambientales; algunos se han atrevido a afirmar que la del 91 es una constitución ambiental; sin embargo las estadísticas, nos dicen que se sigue degradando el medio ambiente, talando bosques, secándose los humedales, desapareciendo muchos ríos, erosionándose los suelos, produciéndose inundaciones alternadas con sequías como producto del cambio climático que genera el denominado efecto invernadero; pero el criterio de "que el contamina paga" que quedó consignado en la denominada "Agenda 21" y en la ley 99 de 1.993, no se aplica, y quienes adelantan actividades que deterioran el medio ambiente, no se preocupan por mitigar sus efectos ni muchos menos por retribuir parte de lo que le quitan a la naturaleza.

Lo anterior se explica por el hecho de que muchas de las disposiciones ambientales sólo existen como normas pero las autoridades gubernamentales no se preocupan por cumplir y hacerlas cumplir en forma eficaz. Nuestro país tiene abundante legislación ambiental y numerosos estudios sobre el tema, en consecuencia, consideramos que es de vital importancia, intensificar la labor de control político para que se cumplan tanto la legislación nacional como los convenios internacionales de protección del medio ambiente y las propias metas que el gobierno trace en los planes de desarrollo.

En este sentido es importante plantearnos el problema que representa la fumigación con glifosato y las consecuencias ecológicas, ambientales y étnicas que esto comporta

Es igualmente significativo plantear los problemas que padece la política energética del país, que en gran parte se deben a que ésta se ha venido practicando en forma incoherente y, de acuerdo con las coyunturas históricas. Cada sub sector se posiciona y fortalece en detrimento de los otros originando con ello un patrón asimétrico de oferta y demanda que nos induce a producir y consumir más de las fuentes escasas y menos de las fuentes más abundantes. En la década anterior se hicieron esfuerzos por formular y ejecutar una verdadera Política Energética Integrada; pero no se ha sido persistente en ello y, desafortunadamente, se atravesó en el camino la influencia del "Consenso de Washington", que al privatizar las actividades energéticas, le fue reduciendo el margen de intervención al Estado y, con ello, su poder efectivo de planificación.

Si bien, con la creación de la Unidad de Planificación Energética -UPME, se ha ganado en calidad técnica, el Estado y particularmente, el Ministerio de Minas y Energía ha visto debilitada su capacidad de intervención efectiva para garantizar el equilibrio en las actividades económicas y la equidad en el acceso al servicio público de energía.

Las condiciones de negociación de los contratos petroleros y el monto de las regalías cada vez se "flexibilizan" más; en detrimento de los ingresos del Estado Colombiano, a la vez que, se ablanda las legislación colombiana en aras de darle mayor seguridad jurídica a los capitales extranjeros que se vinculan al sector.

Si bien, no se puede asumir una posición ideológica per se en contra de las privatizaciones, lo que no tiene sentido es que éstas se den en la forma irresponsable en que se han dado; en efecto, en el sector energético el capital extranjero no ha llegado a crear empresas nuevas sino a apoderarse de las ya existentes. Uno de los ejemplos más aberrantes fue el que ocurrió con la Empresa de Energía de Bogotá que el Excalde Peñalosa entregó en un 50% a inversionistas extranjeros y a renglón seguido comenzó un alza de ininterrumpida de tarifas que ha encarecido el costo de este servicio a niveles exagerados, aumentando como contrapartida las utilidades de sus propietarios privados, al punto de que ya se han producido dos reducciones de capital, cuyo beneficio ya no será para los habitantes de Bogotá, sino para los propietarios particulares del 50%.


COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS

La actual coyuntura nacional, demanda de los congresistas colombianos un comportamiento patriótico que propenda por el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, el respeto a la Constitución Política, principalmente en materia de derechos fundamentales, que coadyuve al logro de las finalidades del Estado en cuanto a desarrollo económico, bienestar social, igualdad y justicia social; en razón de ello, consideramos como compromisos fundamentales de actuación en el Congreso de la República los siguientes:

• Propender por el mayor desarrollo del Estado Social de Derecho, mediante la presentación o apoyo de las iniciativas legales que redunden en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo colombiano, consultando la justicia y el bien común, como lo estipula la Constitución Política en su artículo 133.

• Ejercer el control político de la mano con el control social que adelantan las veedurías ciudadanas, haciendo efectiva la democracia participativa y coadyuvando con ello en la lucha contra la corrupción en el país.

• En el trámite de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, destacar la importancia de la Planificación Regional en consonancia con la descentralización para que los sectores sociales ubicados en los territorios mas distantes de la acción del Estado Central encuentren la posibilidad de recibir mejores beneficios para combatir la desigualdad y la marginalidad

• Hacer de la lucha por la igualdad social el hilo conductor de la actuación política legislativa, como herramienta que contribuya a avanzar en la superación de la pobreza y el desempleo, así como en la obtención de mejor calidad de vida para quienes hoy son víctimas de la desigualdad. Hay que ser persistentes en la defensa de la estabilidad laboral, de mejores servicios de salud, educación y tarifas de servicios públicos que no atenten contra los ingresos de los sectores populares

• Trabajar por un cambio estructural de la actual política económica que coloque al país en la senda del crecimiento sostenible y de la masiva generación de nuevos puestos de trabajo que combatan el flagelo del desempleo.

• Combatir las diversas formas de discriminación e impulsar acciones en apoyo de la población afrocolombiana para que pueda ocupar posiciones y dignidades en todos los niveles de decisión del poder público colombiano.

• Comprometer a las autoridades correspondientes en el diseño y ejecución de políticas públicas, tendientes al fortalecimiento de las relaciones familiares, el respeto pleno de los derechos de los niños y la responsabilidad de los padres.

• Defender con ahínco la conveniencia de una concertación nacional en torno a la discusión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos cuando éste llegue al Congreso de la República, teniendo presente la conveniencia de priorizar las formas de integración en América Latina.

• Impulsar los desarrollos legales relativos al mandato constitucional de garantizarle protección estatal especial a la producción de alimentos (Art. 65). En forma concomitante, comprometer la inclusión en la agenda gubernamental de una Reforma Agraria que ponga punto final a la excesiva concentración de la propiedad de la tierra, que haga posible mayores niveles de productividad y competitividad, a la vez que garantice el pleno abastecimiento alimentario a los colombianos y le brinde tierra y medios de producción a quienes la trabajan, como una estrategia de Estado para el combate frontal a la desigual social.

• Denunciar y combatir las escandalosas utilidades derivadas de la intermediación en la prestación de los servicios de salud con el propósito de bajar los costos a los usuarios y hacer más accesible a estos servicios, los sectores de menores ingresos.

• Propender por el mejoramiento del régimen contributivo y subsidiado de salud para superar las falencias hoy presentes en el sistema de seguridad social colombiano.

• Asumir una actitud vigilante frente a las actuaciones e intentos legislativos del gobierno de atropellar los derechos alcanzados por los pensionados colombianos, así como priorizar los esfuerzos por mejorar las conquistas en tal sentido.

• Intensificar el control político para que se cumpla la legislación nacional en materia de protección del medio ambiente

• Defender los recursos naturales no renovables y las empresas estatales de energía para frenar el desmantelamiento del patrimonio estatal que se ha venido haciendo a través de las privatizaciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, reduciendo los ingresos del Estado y encareciendo en forma exorbitante las tarifas de los servicios públicos.

• Presentar un proyecto de ley que coadyuve a la profesionalización de la docencia universitaria, especialmente en el sector privado, dotándole de condiciones laborales que dignifiquen al profesional dedicado a tan noble actividad.

• Impulsar la Universidad Pública nocturna como alternativa de acceso a la educación superior para los sectores menos favorecidos.

• Promover la investigación como factor de desarrollo nacional, con asignación específica dentro del presupuesto nacional.

 

 


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