Oct 23, 2017 Last Updated 12:53 PM, Oct 9, 2017

MEMORANDO

Categoría: 2002
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De: Amylkar D. Acosta M ( Asesor )

Para: Dra. Elvia Mejía F ( Vicecontralora )

Ref. : Proyecto de Ley No. 22 – Cámara

 

De manera recurrente, se ha venido planteando la necesidad de divorciar los aspectos administrativos, inherentes al funcionamiento del congreso, con respecto a los aspectos legislativos propiamente dichos, los cuales conciernen a los parlamentarios. Tienen razón los ponentes, cuando afirman que “ Por increíble que parezca, en Colombia el Congreso no se ha deslegitimado por las decisiones políticas que adopta, sino por ciertos actos de despilfarro, inmoralidad e ineficiencia en la administración de los recursos de la Rama legislativa ”, los cuales “ se asocian con una indebida interferencia de los congresistas en las tareas administrativas de las cámaras. Por ello, se impone corregir esa mezcla perversa y separar perfectamente las áreas legislativas y administrativas”, lo cual resulta plausible. Zapatero a tus zapatos, los congresistas a legislar y la administración a lo suyo. En este sentido, estamos de acuerdo en que los congresistas no metan la mano en lo que competa al área administrativa del Congreso ni interferir su desarrollo, a riesgo de incurrir en causal de pérdida de investidura por tráfico de influencia.
Para avanzar en tan loable propósito, es fundamental modificar la Ley 5ª de 1.992, la cual reglamenta el funcionamiento del Congreso, lo cual resulta inaplazable. Para empezar, hay que partir de la base de la perentoria necesidad de unificar criterios respecto al manejo administrativo de ambas cámaras, pues hoy, pese a regirse por un mismo estatuto, este hace diferencia entre Senado y Cámara, pues mientras en aquél existe una Dirección administrativa que se ocupa de tales menesteres, en esta última tales funciones siguen en cabeza de la Mesa directiva de la corporación. A ello no es ajeno, que los mayores escándalos han tenido lugar en la Cámara, sin que el Senado haya estado exento de ello. Es claro también que existen áreas comunes, tales como el mantenimiento, los servicios de vigilancia, la prestación de servicios generales, entre otros, en los que la racionalidad y eficiencia en la atención de las mismas aconseja sean atendidas por un mismo ente, con una sola cabeza visible, para evitar así el paralelismo, la duplicidad de funciones y gastos, así como el entrabamiento administrativo.
Un aspecto en el que sí tenemos algunas reservas, es en cuanto a la propuesta de crear la Gerencia administrativa del Congreso, a cargo de “una persona jurídica de derecho privado” ( Art. 5, Proy. De Ley ). Se parte de una premisa falsa: que todo lo público está tocado por la corrupción, mientras que lo privado es transparente. Lo cual no es cierto; empezando por el hecho de que en los actos de corrupción que motivan esta reforma no se habrían podido consumar sin el concurso del interés de los particulares. Tan vitanda es la conducta de quien peca por la paga, como la de quien paga por la peca, como diría Santa Teresa de Jesús. Ahora bien, la corrupción campea tanto en el legislativo, como en el ejecutivo y en el jurisdiccional; sin embargo, a nadie se le ha ocurrido que para extirpar ese cáncer, que ya ha hecho metástasis, la administración de los recursos del ejecutivo para el cumplimiento de sus fines, ni los de la rama jurisdiccional, se transfiera a entes privados. Se pueden explorar muchas otras alternativas que, sin privatizar las funciones públicas inherentes al Congreso, garanticen el manejo racional, escrupuloso y eficiente de sus recursos. Una de tantas puede ser que la Dirección administrativa unificada del Congreso, cuente con un Gerente, elegido a través de un concurso de méritos por parte de la ESAP, con la participación de la Función pública, así como también los jefes de división, que son sus inmediatos colaboradores. En uno y otro caso, se debe establecer períodos fijos de cuatro años para tales funcionarios; es de anotar que los demás funcionarios están cobijados actualmente por la carrera administrativa, por lo que la prescindencia de ellos, conllevaría unos costos enormes que es preciso prever.
En donde mayores problemas se han presentado es en lo relativo a la contratación. Son frecuentes los escándalos por sobrecostos, favoritismo y falta de transparencia, que son los mismos vicios que hacen carrera en las otras instancias de la administración pública, los cuales tienen un mismo origen. Para no quedarnos en las manifestaciones del mal y , más bien erradicar la causa del mismo, se hace urgente la reforma de la Ley 80, que ha resultado laxa y complaciente; en este sentido, cabe resaltar el esfuerzo conjunto en el que están empeñados la Presidencia de la República y la Contraloría General, para la expedición de un Decreto reglamentario de la misma, mientras se tramita su enmienda, para taponar los escapes que se han detectado en la norma, que la han convertido en rey de burlas, tales como la triangulación en la contratación pública, a través de las cooperativas y muchas ONGs, que se vienen prestando para ello, en detrimento del interés público. Otro aspecto, es el que tiene que ver con la publicidad, a través del internet, tanto de las ofertas y licitaciones, como también de los registros de los proponentes. Y, desde luego, la implementación del SICE y los correctivos para su puesta en marcha, así como la obligatoriedad de todas las entidades del Estado, a cualquier nivel, se ceñirse a sus procedimientos, contribuiría y mucho a ganar en transparencia en todas ellas, incluido el Congreso.
Una aspecto que no puede perderse de vista, es que gran parte de las irregularidades en la contratación, parten del manejo antojadizo y caprichoso por parte del Ministerio de Hacienda, de las asignaciones presupuestales al Congreso, las cuales son objeto de tira y afloje con las directivas del Congreso, propiciando las relaciones incestuosas que tanto hemos tenido que lamentar. Recordemos el tristemente célebre episodio del manejo del Fondo interministerial como fuente de recursos para el Congreso y otras instituciones. No se pueden seguir asignando y girando los recursos del Congreso a cuenta gotas, ni pueden ser objeto del “muñequeo” por parte del Ministro de turno. De esta manera, no puede haber planeación y, por el contrario propicia la fragmentación de la contratación, con todas sus consecuencias.
Un aspecto que debe ser considerado seriamente, es la necesidad de acabar con los contratos de prestación de servicio ocasionales para el apoyo del trabajo de las comisiones, muchas veces sin reunir el mínimo de requisitos para el cumplimiento de los fines para los que se les contrata. Se debe pensar, más bien, en contar con un staff de profesionales de planta, de las mayores y mejores calificaciones académicas, seleccionados a través de exigentes concursos públicos que se le encomendarían a la Universidad Nacional. Adicionalmente, debiera pensarse en el establecimiento de unos vínculos institucionales con los centros académicos más reputados del país y del exterior, para obtener, de esta manera, un apoyo para el trabajo legislativo.


Bogotá, septiembre 30 / 02


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