Sep 21, 2020 Last Updated 6:05 PM, Aug 31, 2020

DE LAS TESIS PEREGRINAS (A propósito de las tarifas de los servicios públicos)

Categoría: 2002
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En varias ocasiones nos hemos visto precisados a volver sobre el peliagudo problema suscitado por las exorbitantes alzas en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios.

Esta vez lo hacemos movidos por el galimatías planteado por Jorge H Botero , asesor de campanillas de la candidatura de Uribe Vélez, quien pretende desvirtuar la propuesta del Compromiso social de Horacio Serpa, de meter en cintura a las empresas prestadoras de los servicios públicos, para evitar que se siga atosigando a los usuarios con facturas que no consultan su capacidad de pago. Lo que para él no pasa de ser un galimatías, constituye uno de los dramas más sobrecogedores de los sufridos usuarios, exasperados e impotentes ante los abusos de los que son víctimas diariamente, a ciencia y paciencia de las autoridades, que están llamadas a velar por los intereses colectivos. Apela él al consabido truco de construir un muñeco de paja, para después solazarse destruyéndolo a manotazos.

No hemos hecho nada distinto que hacer eco del clamor ciudadano, al proponer una reforma a fondo de las leyes 142 de 1.994, 632 de 2.000 y 689 de 2.001, puesto que se han quedado cortas y han sido rebasadas por los hechos. Se propone, entonces, hacer un alto en el camino, revisar el actual esquema tarifario y todo lo atinente a la prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos, que por mandato constitucional el Estado está obligado a asegurarles a todos los ciudadanos. En el entretanto y dada la severidad de la crisis planteada, se decretaría la congelación temporal de las tarifas, apelando a la declaratoria de Estado de emergencia social y económica prevista en el Artículo 215 de la Carta, por que la calamitosa situación que afrontan las mayorías nacionales así lo ameritan. No hay aquí ningún "doble mensaje".

Resulta pertinente e inaplazable la revisión de la metodología y de la estructura tarifaria, ahora cuando ha transcurrido un lustro y por imperativo de la Ley debe hacerse. Es esta la oportunidad de introducir los cambios tendientes a corregir las distorsiones y los efectos perversos de aquellas disposiciones que han resultado inapropiadas en unos casos y diabólicas en otros. Un aspecto primordial tiene que ver con la integración, el rol y las funciones propias de las comisiones de regulación; se requiere garantizar la sapiencia de los expertos que hagan parte de las mismas, que gocen de la autonomía necesaria, pero sin que se conviertan en ruedas sueltas del engranaje institucional y sin que se arroguen la competencia de la fijación de las políticas del sector; además, para garantizar la transparencia en la toma de sus decisiones, se le debe asegurar al usuario su derecho a participar activamente de las mismas, a través de las audiencias públicas que deben preceder la expedición de sus resoluciones. No resulta tampoco descabellada la propuesta de prorrogar los subsidios a los estratos I, II y III, a efectos de morigerar el impacto de su desmonte en la tarifa al usuario final. Así mismo, resulta razonable plantear una fórmula tarifaria que garantice hacia el futuro que en ningún caso las alzas en las tarifas excedan los ajustes al salario mínimo legal, el cual a su vez está atado a la inflación causada. Acaso las tarifas de los servicios públicos no afecta el costo de la canasta familiar, al menguar el poder adquisitivo del ingreso de los usuarios? Tampoco resulta admisible el que los sobrecostos en que se incurran a consecuencia de los actos terroristas, le sean trasladados en su integridad al usuario; por qué no compartir las cargas entre los distintos agentes del mercado?

No escapa a nuestra consideración la importancia de garantizar la viabilidad de las empresas prestadoras de los servicios, para evitar un inminente apagón financiero, pero sin que ello vaya en detrimento del interés del usuario final, que ha resultado ser el eslabón más débil de la cadena; debe compatibilizarse el afán de lucro de las empresas, con el carácter del servicio público que prestan. Además, el Gobierno también debe poner de su parte, transfiriendo oportunamente los subsidios desde los fondos de solidaridad y redistribución a las empresas, poniéndose al día en el pago de su abultada deuda por la prestación del servicio; asumiendo el costo del consumo de subsistencia de los asentamientos subnormales y albergues temporales. Por su parte, las empresas deben superar sus ineficiencias, reducir sus desmesuradas pérdidas técnicas y controlar el fraude, pues estos factores, aunados a los anteriores, son los que más gravitan sobre el mediocre desempeño de las empresas, así como también la baja en la demanda, a consecuencia de la ya prolongada recesión económica; razones estas que no se le pueden atribuir única y exclusivamente a un rezago en las tarifas, por lo que no se puede pretender que sean los usuarios quienes paguen los platos rotos dando rienda suelta a la escalada alcista.

Finalmente, todo lo anteriormente expuesto resultaría nugatorio en sus efectos, si no se fortalece, vigoriza y se le pone músculo a la Superintendencia de servicios públicos, para que ejerza cabalmente sus funciones de control y vigilancia, previniendo los desafueros y sancionándolos cuando estos se cometan, evitando los abusos de posición dominante en el mercado. La Superintendencia tiene que dejar de ser el rey de burlas que ha sido en el pasado; para ello, resulta esencial ponerle dientes a la Ley e imprimirle dinámica a su gestión.

Con planteamientos como estos no se tiene por qué espantar a la inversión y a los inversionistas privados, no se tiene por qué frenar la inversión en el sector de los servicios públicos; por el contrario, las alzas desproporcionadas en las tarifas de los servicios públicos resultarían contraproducente, repitiéndose la historia de la crísis del sector financiero, por cuenta de las alzas desmedidas en las tasas de interés de los créditos en UPAC, que condujeron al aumento de la cartera primero y al colapso después, amenazando con una crísis sistémica. De lo que se trata es de garantizar la sustentabilidad de la prestación de los servicios públicos esenciales, deber ineludible del Estado y a ello apunta la propuesta que sustentamos, alejados como lo estamos de toda demagogia barata.

Amylkar D. Acosta M

Bogotá, mayo 8/ 2.002

www.amylkaracosta.com


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