Sep 21, 2020 Last Updated 6:05 PM, Aug 31, 2020

EL SECTOR ELÉCTRICO: DE MAL EN PEOR

Categoría: 2002
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En 1997 la CREG expidió la normatividad que regula los cargos que las empresas pueden cobrar en cada una de las etapas de la cadena o sea los valores que resultan de aplicar la fórmula tarifaria en cada etapa de la cadena, las que en su conjunto integran la fórmula tarifaria general, llamada también el Cu (Costo Unitario de la prestación del servicio). Tanto las fórmulas particulares como la general, tienen vigencia de cinco años, al igual que los cargos,

 

Para llegar a las ecuaciones que integran la fórmula tarifaria y dado lo novedoso del modelo, el regulador solicitó información a los agentes y en algunos casos tuvo que suponerla. Y es allí donde precisamente comenzaron las dificultades que los agentes, sobre todo los distribuidores comercializadores advirtieron desde la aplicación inicial.

Los errores significativos para el caso de la distribución comercialización, nacen del desconocimiento que hace el regulador de las condiciones físicas de la red existente en ese momento, unido a un bien intencionado análisis de la capacidad de pago de la clientela, pero sin solución compensatoria, lo que desequilibró los ingresos de los agentes con mercados no concentrados, bajo la no probada premisa de no remunerar inversiones ineficientes (las cuales estaban desde antes de la implantanción del modelo).

A lo anterior hay que adicionarle una exigente e incumplible senda de disminución de las pérdidas de energía, un inadecuado reconocimiento de los gastos de AOM de la red, una insuficiente manera de pasar el costo de compras de energía al consumidor para atenuar la volatidad de los precios, (lo que genera costos no reconocidos para las empresas). Además, la aparición de reglas de juego posteriores a la expedición de la fórmula tarifaria, como fue el caso de la calidad que al igual que las pérdidas no se compadece con las condiciones ni la topología de la red y cuyo cumplimiento exige inversiones que no reconoce la fórmula tarifaria.

Por último, el no giro oportuno por parte del presupuesto nacional de los subsidios a los agentes, los constantes cambios en la regulación, la expectativa de iniciativas legislativas en número y calidad, para modificar las leyes 142 y 143 de 1994 y los incomprensibles enfrentamientos al interior de la CREC entre los representantes del gobierno y los expertos comisionados y la falta de diligencia de la CREG en la expedición de las reglas de juego para el próximo período tarifario, basada en vericuetos legales (que dio al traste con el proyecto de capitalización de algunas distribuidoras de la cuales la Nación es socio mayoritario), han llevado al sector de la distribución a la situación de crisis y por qué no de inviabilidad del negocio en el corto plazo.

De esta problemática estaba advertido tanto el regulador como el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y el DNP desde inicios del año 2000, tercer año de vigencia de la actual fórmula tarifaria. En septiembre de 2000, las electrificadoras en las que la Nación es socio mayoritario, presentaron al entonces ministro Carlos Caballero Argaéz un análisis del deterioro de los principales indicadora financieros, tanto de ese colectivo como del sector en general, que se puede sintetizar así:

1996 1997 1998 1999
14 Electri
Estatales Total
Sector 14 Electri
Estatales Total
Sector 14 Electri
Estatales Total
Sector 14 Electri
Estatales Total
Sector
Margen
Util. Oper
8.23%
21.10%
-1.63%
12.26%
5.21%
9.70%
0.44%
6.12%
Capital
Trabajo
(Millones)
$74.554
$2.535.636
$53.703
$940.576
Razón
Corriente
1.168
1.437
1.104
1.249
Cuentas
Cobrar
(Millones)
$259.048
$2.168.384
$394.458
$1.959.710

CxC /Act. Corriente
48.00%
26.02%
69.00%
41.50%

Márgen de Utilidad Operacional = Utilidad Operacional/ Ingreso Operacional
Razón Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente

Hasta mediados de 2000, las restricciones se pagaban en partes iguales entre los comercializadores y los generadores. El cambio regulatorio obligó a los comercializadores a pagar el 100% de las restricciones; esto ocasionó un impacto en el flujo de caja, en promedio equivalente a una factura de energía de cada comercializador lo que agravó aún más la difícil situación por la que venían pasando.

Dada la situación de orden público de la época, el valor de la restricción de cada Kwh se había cuadruplicado respecto de un valor considerado como aceptable. Los cálculos indican que para las empresas de la Nación costó alrededor de $25.000 millones y que para el total de los comercializadores la cifra alcanzó los $106.000 millones. Estas cifras no incluyen el incremento del costo de las garantías que no debió ser inferior a los $5.000 millones para el conjunto de los comercializadores.

En noviembre de 2000, todos los agentes distribuidores comercializadores les dirigieron una comunicación a los miembros de la CREG, “…con el propósito de ratificarles la grave situación en que se encuentran nuestras empresas y solicitarles la adopción urgente de las medidas necesarias para asegurar la viabilidad financiera de las actividades de distribución y comercialización de energía”, firmada entre otros, por el gerente de EEPPM y quien tres meses después sería el nuevo Ministro de Minas y Energía. Se destacó en esa oportunidad la insuficiencia de la tasa de descuento del 9.0%, al igual que el nivel de gastos AOM reconocidos, las exigentes e incumplibles sendas de pérdidas y calidad reconocidas por la fórmula tarifaria.

A nivel de gastos AOM, según la regulación para el año 1999, se reconocerían unos $252 mil millones; el sector gastó por ese concepto en es año $442 mil millones, es decir el gasto real supera en el 75% el gasto regulado. La situación para los años subsiguiente es cada vez mas crítica.

La filosofía regulatoria consiste en remunerar los activos en servicio como un costo anual equivalente del valor de reposición a nuevo de esos activos. En 1997, una vez entregada la información sobre activos y supuesta la faltante, se estableció la fórmula tarifaria para calcular el cargo “D” que remunera los activos de distribución.

El cargo de distribución resultante para los mercados no concentrados superaban el doble del cargo para los mercados concentrados (Codensa, EEPPM, EMCALI, etc.) El regulador optó por sacar el promedio ponderado de los cargos por empresa y dispuso que esos mercados solo podrían cobrar máximo el 120% de ese promedio, lo que hace que en la realidad a estas empresas se les reconozca entre el 50% y 60% del cargo a que metodológicamente tendrían derecho. Esto es lo que se conoce como “acotamiento de cargos”. El acotamiento significó un menor ingreso para esas empresas por valor de $420 mil millones en el año 2001.

Un gran resumen de la difícil situación de las empresas distribuidoras comercializadoras se encuentra analizando la rentabilidad sobre activos (ROA) o sobre el patrimonio (ROE) y si la empresa genera o destruye valor (EVA).

1999 2000
Utilidad Operacional (millones $) 100.553 (206.206)
Utilidad Neta (millones $) 235.484 (185353)
Activos (millones $) 10.244.296 12.014.526
Patrimonio (millones $) 7477059 8066889
ROA (%) 1.0 (1.7)
ROE (%) 3.15 (2.30)
EVA (millones $) (1´231.687) (1´616.712)


En julio 14 de 2001 el Ministro de Minas y Energía citó a una reunión a todos los agentes para debatir la problemática. Se acordó que en una nueva reunión en Rionegro (Ant.) los agentes llevaran propuesta de solución. El sector Distribución comercialización propuso establecer una transición entre los periodos tarifarios que terminan en diciembre de 2001 y el que comienza el 1 de enero de 2002, a fin de permitir la viabilidad financiera de las empresas y que el incremento de la tarifa a los consumidores no fuera exagerada (30%) de un mes a otro. La propuesta consistía en que se permitiera a las empresas capturar desde agosto de 2001, renta a la que no tenían derecho, y la renta a partir de 1 de enero de 2003 fuera inferior al que se tenga derecho de forma tal que comparando las dos situaciones el VPN de ellas fuera cero.

Es de dominio público los problemas institucionales que ha vivido la CREG, por el comportamiento de sus expertos comisionados con el gobierno, así como con el Congreso. Tanto, que hace un año los expertos comisionados renunciaron y el actual grupo de expertos comisionados no tienen mas de un año de ejercicio cada uno; el Director Ejecutivo renunció hace menos de un par de meses.

No ha sido cuidadoso el gobierno al escoger los nombres de los expertos comisionados? Esa pregunta tiene dos enfoques para responder: a) O bien el gobierno no les ha dado la importancia institucional debida a las Comisiones de Regulación, o b) efectivamente se ha equivocado en la selección de los expertos. Basta ver la experiencia de otros organismos colegiados como la Junta Directiva del Banco de la República para establecer el grado de atención que merecen unas y otra.

Ya por demostraciones de los gremios, ya por peticiones de las empresas, el gobierno ha entendido la problemática y ha insistido ante el regulador para fijar un WACC que se ajuste a las realidades del mercado en colombia. Fue así como a finales de marzo de 2002 la CREG aprobó un nuevo WACC para le negocio de distribución.

Lamentablemente, el mecanismo utilizado debió pasar por un decreto presidencial para dirimir empates, lo que muestra que ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder y se tomó esa reglamentación (que existe en otra comisión reguladora) como una nociva injerencia del ejecutivo.

La Resolución CREG 99/ de 1997 señaló desde esa época, que la vigencia de los cargos por distribución (diferente a la fórmula tarifaria para distribución) terminaría el 31 de diciembre de 2002, lo cual quiere decir que el 1 de enero de 2003 deben existir unos nuevos cargos de distribución para cada empresa, así no cambie la fórmula tarifaria, la cual, según la ley, continua vigente mientras se aprueba otra. Señaló además que la fecha límite para presentar el nuevo valor de los activos era el último día de junio del quinto año (o sea 2002)

Cómo se logra un nuevo cargo con la misma fórmula?. La metodología expuesta con cinco años de antelación lo señalaba y bastaba actualizar los datos de los activos y utilizar el nuevo WACC aprobado..

Extrañamente la CREG expidió la resolución 47, el mismo día en que se vencía el plazo para entrega de información y le quitó la rigurosidad de tener nuevos cargos el 1 de enero de 2003 y dijo que ello se haría durante el año 2003.

Posteriormente el Gobierno Nacional dictó el decreto No. 1407 de julio 9 de 2002 que tiene la virtud de aplicar el fallo de la Corte Constitucional C-1162 de 2000 que señala que la regulación debe ejercerse respetando las directrices del gobierno. Se estableció la directriz de efectuar una transición tarifaria con el objeto de que los incrementos en las tarifas que deban producirse, se realicen en forma gradual.

Ello es muestra de la renuencia de los expertos comisionados de la CREG a reconocer la realidad del país y a trabajar en concordancia con los delegados del gobierno, en una mal entendida independencia.

Esos cambios en las reglas de juego es lo que atemoriza a los inversionistas. Se discute si el cambiar a última hora una regla escrita hace 5 años viola el precepto de la confianza legítima, reconocido por la Corte Constitucional, que no es otra cosa que la Administración en ejercicio de sus facultades o potestades y sin que se configure un derecho adquirido, no les puede cambiar a los administrados las reglas de juego sin causar un perjuicio.

 

Amylkar D. Acosta M


Bogotá, junio 14 de 2002

www.amylkaracosta.com


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