Categoría: 2001
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Una y otra vez, hemos tenido que volver sobre el tema de la descentralización y la autonomía regional, correlatos de un mismo propósito recurrente, que cada día tropieza con más y mayores obstáculos para su plena realización.

La Constitución de 1.991 marcó la pauta, al reconocer que Colombia desde siempre ha sido un país de regiones, con una abigarrada diversidad étnica y geográfica y así lo consagró como encabezamiento de la misma en su artículo primero. De esta manera, se superó la dicotomía vigente en la Carta centenaria del 86, contenida en la anfibología que databa desde entonces, al tenor de la centralización política y la descentralización administrativa. Pero, como bien se ha dicho, el papel puede con todo; de no desarrollarse este precepto constitucional, se quedaría allí expósito, como si fuera letra muerta. En buena medida, esto es lo que ha ocurrido en lo concerniente al régimen territorial, al diferirse por una década la expedición de la Ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT), que está llamada a constituirse en la viga de amarre de toda la armazón en la que debe sustentarse la profundización del proceso descentralizador, en procura de alcanzar la anhelada autonomía regional.

El Constitucionalista Javier Henao Hidrón dejó claramente establecida la distinción, al definir la descentralización como "la capacidad de gestión administrativa" y la autonomía como "la capacidad de decisión política". Nos atrevemos a afirmar que el proceso de descentralización ya se estaba agotando, cuando merced a la nueva constitución se le dotó a la provincia colombiana de todo un conjunto de instrumentos, para poder encaminarse hacia la autonomía, entendida ésta como capacidad de autogestión, para dejar de ser alfil sin albedrío del centralismo. Las regiones de planificación regional, más conocidas como los Corpes, que le antecedieron, sirvieron de hito y se constituyeron en una aleccionadora experiencia, con aciertos y desaciertos, pero, en suma, significaron un avance en aspectos tales como el desarrollo y el fortalecimiento institucional; la asesoría y la asistencia financiera de las entidades territoriales; el fortalecimiento de la capacidad de formular y elaborar proyectos, y con base en estos poder jalonar mayores recursos nacionales; además de constituirse en un soporte fundamental para una gestión parlamentaria más exitosa, al proveer a las bancadas regionales de los elementos de juicio requeridos para tal efecto.
Pues bien, una vez agotada la experiencia de los Corpes, procedimos a presentar por primera vez el Proyecto de Ley, en orden a establecer el marco legal para la creación de las Regiones administrativas y de planificación (RAPs), las cuales constituyen un avance respecto a aquellos, toda vez que éstas, tal y como lo establece el Artículo 306 de la Constitución, tendrán autonomía, personería jurídica y patrimonio propio, de las que adolecían los Corpes. Concomitante con la tramitación de este Proyecto cursaba otro que se convirtió en la Ley 152/94, Ley Orgánica de Planeación, en la cual se fijó como plazo límite para la vigencia de los Corpes, el 17 de julio/96; ante la reticencia del Congreso de aprobar nuestro Proyecto, se le proporcionó a los Corpes una especie de bala de oxígeno con la Ley 290/96, sujetos como estaban a un lento pero seguro marchitamiento, hasta desaparecer después de una lenta agonía en diciembre/99, al no prorrogarse esta vez. De esta manera, se creó un enorme vacío, que ha provocado una enorme disfuncionalidad entre el nivel central y los entes territoriales, a tal punto, que los hechos han terminado por rebasar al propio Congreso, pues ya varios departamentos le han tomado la delantera y han decidido, por su cuenta, organizarse como RAP, pues para ello basta con la voluntad política de los entes territoriales, solo que lo que por agua viene por agua se va: basta con que uno o varios de los mandatarios que los sucedan no tengan esa misma voluntad, para que se disuelvan; de allí su fragilidad.
Por tercera vez, estamos presentando esta importante iniciativa, convencidos, como lo estamos, que esta es una asignatura pendiente que tiene el Congreso frente al país y que para nada se contrapone al Proyecto de Ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT) que el Gobierno, por fin(!), acaba de presentar; por el contrario, se complementan. Tampoco atenta contra la estabilidad y la supervivencia de los departamentos, pues se ciñe en sus estipulaciones a los principios de la concurrencia, la complementariedad y la subsidiariedad. Se trata de rescatar los aspectos positivos de la experiencia de los Corpes y desechar sus yerros, en beneficio de un proceso que tendrá que culminar, tarde que temprano, en las regiones, las provincias y los territorios indígenas como entes territoriales, tal y como lo visualizaran los constituyentes del 91. De malograrse esta iniciativa, las regiones y los entes territoriales continuarán tan desguarnecidos como están, quedando a merced del agobiante centralismo, en momentos en que soplan vientos contrarios a tan loable propósito, comprometiendo la propia gobernabilidad del país. Ya es hora de que nos quitemos los pantalones cortos y nos pongamos los largos!!

 "La centralización y el despotismo nacieron

el mismo día, y con ellos la miseria y la igno-

rancia de las multitudes" Murillo Toro

 Amylkar D. Acosta M


Bogotá, septiembre 4/ 01
www.amylkaracosta.com