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Con suma preocupación, hemos recibido la noticia del fallo proferido por la Honorable Corte constitucional, en el sentido de declarar la inexequibilidad de la Ley 563/ 2.000 de nuestra autoría, mediante la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

Las razones aducidas por la Corte para dejar sin vigencia dicha Ley, se refieren a lo prescrito por la Constitución nacional, en torno al carácter estatutario de aquellas leyes que regulen las instituciones y mecanismos de participación ciudadana ( Art. 152, literal d ), las cuales requieren para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura, además de contemplar la revisión previa, por parte de la Corte constitucional de la exequibilidad del proyecto (Art. 153 ). En efecto, el Congreso de la República al tramitar este proyecto pretermitió lo preceptuado en la Carta, toda vez que, al darle trámite al mismo como si se tratara de una Ley ordinaria, hizo tránsito de una legislatura a otra ( 98-99 ), mientras el Gobierno al sancionarla omitió el control previo de constitucionalidad, incurriéndose así en un insalvable vicio de trámite.

Con el respeto y el acatamiento que nos merecen las providencias de las altas cortes, acogemos su decisión y, en el propósito de subsanar dicho entuerto, que ha dado al traste con una de las más importantes e imprescindibles leyes expedidas recientemente por iniciativa congresional, nos aprestamos a presentar, sin tardanza, esta iniciativa, para que más pronto que tarde sea evacuada nuevamente por el Congreso, para lo cual confío en el diligente concurso tanto del Gobierno como de mis colegas, pues a nadie se le escapan las bondades y la pertinencia de este valiosísimo instrumento, el del control social, que está llamado a constituirse en el antídoto contra la corrupción y la inmoralidad administrativa, que campea orondamente, socavando la confiabilidad y la estabilidad de las instituciones democráticas, comprometiendo hasta la propia legitimidad de éstas.
Sin pausa y sin tregua, seguiremos empeñados en ésta como en otras iniciativas, para suturar esta vena rota que desangra al fisco, en detrimento de la bienandanza de la comunidad, por cuenta y para beneficio exclusivo y excluyente de sus depredadores enquistados en la administración pública, para mengua y escarnio de las propias entidades a las que dicen servir. Este impasse será superado y pronto, para no defraudar a tantos buenos colombianos que han fincado sus esperanzas y sus expectativas regeneradoras en la eficacia y contundencia de esta arma mortífera contra la cleptocracia usurpadora, que medra a la sombra de la impunidad rampante, para que sobre ella caiga todo el peso demoledor de la Ley.

Amylkar D. Acosta M

Bogotá, octubre 5/ 2.000