Nov 28, 2021 Last Updated 5:48 PM, Nov 11, 2021

PELIGRO INMINENTE!!!

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Son múltiples y complejos los problemas que agobian a La Guajira y a sus habitantes, muchos de ellos crónicos y con tendencia al empeoramiento. Eso explica la irascibilidad, la beligerancia y el escepticismo que embarga a cuantos, de una u otra manera, sienten en carne propia los rigores de la discriminación, el desdén y la persecución del Gobierno central, todo lo cual ha terminado por colmarle su paciencia.

A la precariedad de sus condiciones de vida, a sus enormes carencias, a sus frustraciones, se viene a sumar ahora el cercenamiento sistemático de sus derechos adquiridos y de los logros alcanzados. Primero fue el drástico recorte de las transferencias y de los recursos de cofinanciación, incluso de partidas ya asignadas,lo cual, al igual que en el resto del país, afectó sensiblemente los planes y programas de inversión en el Departamento, aplazándose indefinidamente muchas obras largamente esperadas; luego, le infligiría el Gobierno central a La Guajira el mas rudo golpe, al dar marcha atrás a los proyectos de riego del río Ranchería y el de San Juan del cesar, en momentos en que ya estaba asegurada su financiación, incluidas las vigencias futuras, con argumentos traídos de los cabellos y desestimando las observaciones del propio Contralor general de la República, quien al referirse al primero de ellos puntualizó que “...el proceso de selección se ajustó a los parámetros preestablecidos para la convocatoria del proyecto Ranchería”. El Acuerdo que posibilita la liquidación de Salinas marítimas de Manaure y la creación de SAMA, sigue siendo objeto de dilaciones, mientras la explotación de la sal en Manaure se sigue deteriorando, en detrimento especialmente de la población wayú. El Gobierno ha pretendido pasarse por la faja lo dispuesto en la Ley, a propósito de la importación de combustible motor a las regiones fronterizas del país, quitándole el pan de la boca a quienes, a falta de otras oportunidades, derivan su subsistencia del expendio de gasolina venezolana. Sigue el sempiterno problema de la zozobra permanente de los propietarios o tenedores de vehículos con placas venezolanas y nada que se normaliza su situación. Pero, la gota que rebosó la tasa fue la expedición del Decreto 2685/99, por el cual se modifica la legislación aduanera, el cual lesiona gravemente los intereses del Departamento y por lo mismo ha enardecido a todos aquellos que, directa o indirectamente, se ven afectados por unas disposiciones arbitrarias e injustas, que denotan un craso desconocimiento de la realidad de La Guajira.

Para entender cabalmente el motivo del rechazo de los artículos 445 y 446 del nuevo Estatuto aduanero, tenemos que retrotraernos al Decreto 3448/83, por medio del cual se estableció “un estatuto especial para las zonas fronterizas, se otorgan estímulos e incentivos para su desarrollo”. Este paso del Gobierno de Betancurt fue muy importante, pues con él se reconoció la singularidad y especificidad de la problemática fronteriza y se entendió que las contingencias en las fronteras no solo atañen a las fronteras, sino, ante todo, a la Nación y se empiezó a ver a las fronteras no como parte del problema, sino como parte de las soluciones. Posteriormente, sería la propia Constitución la que le daría un estatus especial a las fronteras, al consagrar en su Artículo 337 que “La ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo” y, en desarrollo del mismo, se expidió la Ley 191/95, de fronteras, la cual propende por “crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico de las zonas de frontera, especialmente mediante la adopción de regímenes especiales en materia de transporte, legislación tributaria, inversión extranjera, laboral y de seguridad social, comercial y aduanera”. Luego vendría el revolcón gavirista que, con su embeleco aperturista, abrió de par en par las compuertas a la libre importación y, de contera, despenalizó el contrabando, el cual se convirtió, de la noche a la mañana, en una simple infracción, al tiempo que desmantelaron la Aduana nacional, a través del Decreto 1750/91. A poco andar, el país se vio invadido por el contrabando, aupado por el narcotráfico y el lavado de dólares. A consecuencia de ello, el comercio de Maicao se vino a menos, al tornarse ineficaz en sus efectos el Decreto 1706/92, que estableció la Zona aduanera especial de Uribia, Manaure y Maicao, al perder competitividad frente al resto del país. Solo después, cuando el Congreso la desembarró, penalizando nuevamente el contrabando, Maicao se reactivó y volvió a tener sentido el régimen especial que ampara su comercio. El camino ha sido tortuoso y, de manera recurrente, se ha intentado recortar los beneficios del Régimen especial y hacer nugatoria la norma. Vanos han sido los esfuerzos por lograr persuadir al Banco de la República, para que les ofrezca las facilidades a los comerciantes para sus transacciones en moneda extranjera; en balde, se han logrado compromisos por parte del Gobierno de autorizar la apertura de bancos en Maicao, a través de los cuales efectuar sus operaciones tanto los merciantes como sus clientes y cuando, finalmente se logró la apertura de una Oficina del BCH, ahora estamos ad portas del cierre de la misma. Ahora, se le pretende dar el golpe de gracia a la Zona aduanera especial, con el nuevo Estatuto aduanero, que entrará en vigencia en julio, que pende en estos momentos como una espada de Damocles sobre Maicao. Al prohibirse, de manera taxativa, la importación de vehículos, electrodomésticos, licores ni cigarrillos, bajo el régimen aduanero especial, éste quedaría convertido en letra muerta. Según el Documento “Estrategia exportadora para las regiones”, elaborado por el Ministerio de comercio exterior, las Zonas aduaneras especiales “se han convertido en foco de contrabando, al internar al resto del territorio nacional las mercancías importadas, burlándose de los controles aduaneros”. Pero la Directora de la DIAN, la Doctora Fanny Kertzman, ha ido más lejos al afirmar que “ Maicao, en estos momentos, representa para nosotros un problema, de que está proveyendo a los San andresitos, pero soy la primera en reconocer que los funcionarios de la DIAN allá están cobrando peaje, por que lo están haciendo, yo lo sé” . Se trata acaso de matar al perro para acabar con las pulgas?. Podrá alegar el Gobierno su propia culpa?. Bueno es aclararr que los productos importados, mientras estén en la Zona aduanera especial, que conforma el corredor Uribia, Manaure y Maicao, no son contrabando y están amparados por el régimen especial; solo se torna en contrabando cuando franquea dicha Zona, hacia el interior del país, sin el pago de los impuestos que prevé la norma; pero, los encargados de cumplir y hacer cumplir la Ley son las propias autoridades. Además, la Ley establece, que todo funcionario público que tenga conocimiento de la comisión de un delito está obligado a denunciarlo , a riesgo de incurrir en encubrimiento, que también es un delito, mas grave aún en tratándose de funcionarios subalternos suyos, tal es el caso. Cabe preguntar: ha presentado la Doctora Fanny Kertzman la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes? Le ha iniciado, la Doctora Fanny Kertzman investigación disciplinaria a los funcionarios que, según a ella le consta, están cobrando “peaje” por omitir el cumplimiento de sus funciones y competencias?. El autismo del gobierno y la intransigencia de algunos de sus funcionarios, no les permite escuchar razones, lo cual ha contribuido a radicalizar las posiciones, hasta el extremo que cada día gana más adeptos la consigna de la realización de un paro cívico reivindicativo, para ver si así, el Gobierno entiende que la Guajira no esta dispuesta a dejarse ningunear, con la estigmatización y el maniqueísmo intimidatorio, a través de ciertos medios de prensa. Con la responsabilidad que nos caracteriza, hemos exhortado a nuestros conciudadanos a la serenidad, a la cordura a la ponderación, pero al mismo tiempo hemos sido enfáticos y categóricos en plantear la necesidad de asumir una actitud enhiesta y firme en defensa del sagrado derecho al trabajo, a impedir que se nos ultraje y menoscabe. En este sentido, reiteramos nuestra posición de propiciar y agotar la vía del diálogo civilizado y creíble, sin perjuicio de apelar al recurso legal y, en última instancia, si las circunstancias nos abocan al paro cívico, no lo rehuiremos y estaremos solidarios de parte de la protesta. Todos a una, estamos presentando a la consideración del alto Gobierno un memorial, que recoge el clamor del pueblo, en demanda de una solución integral de los puntos allí planteados, sin dilaciones ni evasivas, con la certidumbre de que no estamos luchando contra molinos de viento, así se pretenda distorsionar, interesadamente, los objetivos del movimiento que se ha venido gestando, acostumbrados como se está en este país a criminalizar la protesta ciudadana; pero, no por ello vamos a echar pié atrás. Allí están planteados los problemas básicos, pero también las propuestas de solución. El Gobierno tiene la palabra!

“Temedle a un pueblo al que se le obliga a acorralar su alma”
Gaitán

 Amylkar D. Acosta M


RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA LIBERAL

Riohacha, febrero 18 del 2.000
www.amylkaracosta.com


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