Jul 18, 2019 Last Updated 1:08 PM, Dec 15, 2018

HABLEMOS DE REGALÍAS Y EXTERNALIDADES

Categoría: Economía Nacional
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Esto dijo el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, refiriéndose al proyecto de acto legislativo que busca reformar el régimen de regalías: “en mi concepto, esta será la reforma  más importante en años para el desarrollo del país”. Y no es para menos, dado que según sus propias palabras “la idea es ahorrar un punto del PIB y utilizar buena parte de ese punto para pagar deudas, lo que nos ayuda a llegar más rápido al grado de inversión y además baja los gastos del Gobierno y los intereses”. Este es el fin último de dicha reforma y así lo han entendido caracterizados voceros del gremio empresarial. En concepto de la Asociación Bancaria, “sólo si el proyecto de reforma a las regalías avanza con rapidez en el Congreso se lograría frenar el hueco fiscal del Gobierno central…sobre todo porque con ello se implementaría la Regla Fiscal, que también se encuentra en trámite en el legislativo y que le permitiría al país corregir el alto déficit de recursos”. A las críticas sobre las pretensiones del Gobierno de recentralizar los recursos con este proyecto, se responde candorosamente diciendo que “estos recursos continuarán siendo de propiedad exclusiva de las entidades territoriales y no se utilizarán para atender obligaciones de la Nación”.

Supuestamente los recursos de los cinco fondos, a los cuales quedaría reducido el Sistema General de Regalías (SGR) después de aprobado en tercer debate, se invertirían en las regiones. El Director de Planeación Nacional Hernando José Gómez asegura que “el gasto de las regalías será ejecutado por las entidades territoriales, no por el Gobierno Nacional y será destinado a proyectos prioritarios de cada región”. Empero, sólo se trata un simple ejercicio de asientos contables, pues en la misma medida que los proyectos de impacto regional se financiarían con tales recursos, de este modo se le aligerarían las cargas al Gobierno central, el cual vería liberados sus propios recursos los cuales podrían ser reorientados a otros menesteres. El saldo al  final será una mayor concentración de recursos en manos de la Nación. Ello es tanto más cierto, habida consideración de que esta no aporta un solo peso a ninguno de tales fondos, particularmente al Fondo de Ahorro y Estabilización a través del cual se propone implementar estrategias contracíclicas, siempre recostándose en las entidades territoriales. Para defender este nuevo esquema el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes aduce que “la asignación racional de esos recursos y su manejo técnico garantizan mayor justicia social, mayor productividad y menor necesidad de acudir a otras fuentes de impuestos a deuda”. No en balde para él “el control central fortalece la descentralización”, dado que la “racionalidad” y el manejo “técnico” por parte del Gobierno central se da por descontado, es axiomático.
Ahora bien, los criterios con los que se distribuirían los recursos del SGR serían los mismos que hoy se aplican para la distribución de los recursos de Sistema General de Participaciones (SGP), el cual ha fracasado en su propósito de lograr la convergencia interregional. Como lo sostiene el investigador Adolfo Meisel, “actualmente estamos en los mismos niveles de desigualdad que había en 1991 -convergencia sigma-. Es decir, cero avances en este campo”. Y nos lo corrobora el entonces gobernador del Atlántico y ahora Ministro de Minas y Energía Carlos Rodado Noriega: “nuestra nación exhibe innegables disparidades regionales que infortunadamente han sido perpetuadas y en algunos casos, profundizadas por el sistema de transferencias adoptado”. Si el SGP ha fracasado en el intento de reducir la brecha interregional, no hay razones para pensar que el SGR tal como está concebido va a lograr la equidad interregional que se promete. Como nos lo recuerda Meisel “Rodriguez-Pose y Ezcurra argumentan que la razón por la cual sucede ese aumento en las desigualdades regionales en los países en desarrollo es que estos tienden a tener unos mayores niveles iniciales de disparidad interregional, lo cual se refleja en una menor capacidad administrativa y de gestión de las regiones más atrasadas. Así mismo, las zonas más rezagadas tienden a tener menor influencia en el Gobierno central y por lo tanto en las inversiones públicas adelantadas con recursos del Gobierno central”. Es decir, que, como se dice en el lenguaje coloquial, aquél que tiene más saliva traga más harina!

SOFISMA O SILOGISMO


Para el consultor Mauricio Cabrera todo el embrollo que se ha armado con el proyecto de acto legislativo de marras se resolvería si las regiones afectadas por el mismo abrieran sus entendederas a un simple silogismo. Helo aquí: “Premisa mayor: los recursos naturales no renovables y las regalías que genera su explotación son propiedad del Estado. Premisa menor: el Estado somos todos los colombianos. Conclusión: las regalías les pertenecen a todos los colombianos”. Y concluye: “este sencillo silogismo debería ser suficiente para zanjar el debate nacional sobre la propuesta del Gobierno para redistribuir las regalías y para convencer a los municipios y departamentos opositores de que la acepten, en aras de la equidad, el respeto a la Constitución y la salvaguarda de la unidad nacional…O todos en la cama o todos en el suelo. No se puede seguir con dos reglas distintas de repartición de los recursos del Estado, una para las regalías y otra para el SGP. Como el SGP debe seguir siendo para los más necesitados, lo lógico es que también las regalías sean para todos”. Si fuera coherente, lo lógico sería que también las regalías sean para los más necesitados, que no son propiamente aquellos por los que el aboga, porque resulta que coincidencialmente los más necesitados habitan justamente las regiones mineras del país; para comprobarlo bastaría con superponer el mapa de los asentamientos poblacionales más vulnerables con el mapa minero del país. Por lo demás, como ya tuvimos oportunidad de plantearlo, el Modelo económico que prevaleció durante todo el siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI así como las políticas públicas que de él se ha derivado han tenido un marcado sesgo centralista, favoreciendo no propiamente a los más necesitados sino a los más pudientes. Son inconmensurables los recursos públicos que por cuenta de subsidios, subvenciones y compensaciones de todo orden han ido a parar a manos de los más poderosos y a sus regiones, gracias a sus mayores influencias y a su mayor capacidad de gestión.


IMPACTO Y EXTERNALIDADES


Según el ex ministro Hommes son falaces los argumentos que militan a favor de que no se le arrebaten las regalías directas a los departamentos y municipios productores de recursos naturales no renovables (RNNR) y los municipios portuarios por los cuales se transportan.  Para él esgrimir como argumento, como lo ha hecho el gobernador de Santander Horacio Serpa, que la explotación petrolera o minera afecta negativamente a las localidades, “es falaz o por lo menos incompleto, porque desconoce que también trae consigo aspectos muy positivos para el desarrollo regional, como son la inversión, la superior mezcla en la oferta de trabajo y progreso técnico. Gracias a ellos, La guajira y los Llanos Orientales, por ejemplo, han podido ingresar plenamente a la economía y la política nacional”. Es bien sabido que la explotación petrolera y la minera además de ser altamente intensivas en capital, constituyen verdaderos enclaves en las regiones en donde se desarrolla, dados sus escasos encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. No sabemos qué entiende el ex ministro por “ingresar plenamente a la economía y a la política nacional” de La guajira y los Llanos Orientales” y cómo se traduce ello en el mejorestar de sus moradores. Ahora entendemos por qué en su concepto “Las entidades territoriales del área donde se ubican las minas deberían estar al final de la cola de beneficiarios y no de primeras”.


Mauricio Cabrera dice que “uno de los argumentos utilizados por quienes se oponen a la redistribución de las regalías propuesta por el Gobierno es que las regiones productoras son las que sufren el daño ambiental de la explotación minera y de hidrocarburos”. Desde esta perspectiva, se entiende que las regalías “son la compensación por los daños ambientales y deben ser utilizadas para repararlos”. Es el ex ministro de Medio Ambiente Manuel Rodriguez, a quien él cita en su alegato en el sentido que “se trata de compensar a las presentes y futuras generaciones por la huella ecológica dejada por la minería mediante la destinación de una parte de estos recursos económicos a la protección y restauración de diversos ecosistemas en un monto que no debería ser menor al costo de los daños ocasionados al patrimonio económico de la Nación”. Pero, el ex ministro no se está oponiendo a la redistribución propuesta sino que sale en defensa de la sostenibilidad ambiental que se puede ver seriamente comprometida con el boom de la minería. Aunque su objetivo es loable no compartimos su enfoque; por ello, esta vez sí nos identificamos con Cabrera cuando afirma que “el daño ecológico sí hay que repararlo en su totalidad, pero no con los recursos de las regalías, sino que les corresponde a las empresas mineras pagar por la restauración de los ecosistemas con dineros distintos y adicionales a las regalías que pagan al Estado”. Ello no obsta para que se prevea la destinación de parte de las regalías a la preservación, conservación y reparación del medio ambiente en su más amplio espectro, ya que la sostenibilidad ambiental debe estar incorporada a cada una de las cinco locomotoras del crecimiento.


Este, entonces, no es el argumento para defender el derecho que les asiste a las entidades territoriales y portuarias a recibir regalías directas por concepto de la explotación y transporte de los RNNR. Es claro que esta actividad, además del impacto ambiental al cual ya hicimos referencia, comporta además de sus beneficios, que son para todo el país, unas externalidades negativas tanto en el orden social como económico. Es bien sabido que el desarrollo de las actividades inherentes a la minería y a la industria petrolera traen consigo desplazamientos poblacionales en doble sentido, el desarraigo de quienes están asentados en su área de influencia, quienes terminan reubicados y la súbita e incontrolable ola inmigratoria, con todas sus consecuencias. De otra parte, en no pocos casos las actividades de las empresas petroleras y mineras, sobre todo cuando estas últimas realizan su explotación a cielo abierto, desplaza la actividad agrícola que es intensiva en mano de obra para instalar otra que como ya quedó dicho es intensiva en capital. A guisa de ejemplo digamos que la extracción del carbón en el Sur de La guajira y el Norte del Cesar se da en una zona de gran vocación agrícola, la cual es incompatible con la actividad minera. Estos son costos tangibles que deben ser compensados o retribuidos a través de las regalías, entendidas estas, como lo consagra la Constitución Política de Colombia como una contraprestación económica.


Pero, a través de las regalías la empresa que explota el recurso paga también el valor inmanente del recurso que se extrae. Como lo advirtió el profesor Clemente Forero hace muchos años, a propósito del  debate que se suscitó por la firma del contrato de Asociación Carbocol – Intercor, “ya en 1817  explicaba David Ricardo que si las minas fueran abundantes e igualmente fértiles no producirían  ninguna renta a sus dueños. Pero, no siéndolo, la persona o país que las posee ha de recibir una renta por ellas. De donde fácilmente se deduce que además de los costos de sacar y transportar el carbón, el país debe tener en cuenta el valor de este recurso que no es un bien libre. Según Robert Solow: un yacimiento de petróleo, una veta de hierro o un depósito de cobre enterrado constituyen un capital para la sociedad o para su dueño…en la misma forma que una imprenta, un edificio o cualquier otro activo. La única diferencia es que el recurso natural no es reproducible”. Además del valor del RNNR que se tasa a través del porcentaje de regalías que se establece contractualmente con base en los parámetros que fija la Ley las empresas explotadoras del mismo deben cancelarle al Estado el impuesto de renta y complementarios, los cuales también hacen parte de la ecuación a la hora de hablar de distribución o redistribución. La suma de unas y otros es la que se conoce en el argot de la minería como State Take (participación del Estado en la renta petrolera o minera), el cual difiere de país a país.


Huelga decir que generalmente son mayores los ingresos por concepto de impuestos que aquellos se reciben por regalías. En el 2009, el Gobierno central recibió $11.3 billones (2% del PIB) por concepto de impuestos ; en contraste, para el mismo año se giraron $5.3 billones por concepto de regalías (1% del PIB), de los cuales le correspondieron a los departamentos y municipios productores y portuarios $3.1 billones (0.6% del PIB) y al FNR $2.1 billones(0.4% del PIB). Según las proyecciones del mismo Gobierno se espera recibir en los próximos diez años $260 billones por concepto de impuestos y $100 billones por concepto de regalías tanto directas como indirectas; la diferencia entre los ingresos de regalías e impuestos salta a la vista. Aunque se ha cerrado sin abrirse el debate en torno al más apropiado nivel de State Take, tenemos que insistir en la conveniencia de pactar fórmulas que le permitan al país beneficiarse de los mayores precios de mercado del mineral a fin de que la empresa explotadora en las coyunturas de altos precios no se quede con la parte del león en detrimento del interés nacional. A modo de ilustración destaquemos cómo las compañías petroleras más importantes de los EEUU ganan ahora seis veces más que antes de este boom. Así lo destacó la prensa: “las 19 compañías que tienen la mayor parte del mercado obtuvieron utilidades por valor de US $37.000 millones en el primer semestre del año, cifras seis veces mayor que las registradas durante el mismo período del año pasado, cuando sumaron un poco más de US $5.000 millones. Si a lo anterior se agregan las ganancias obtenidas en el exterior, el monto sube a los US $45.000 millones”. Cabe señalar que como es apenas obvio a mayores utilidades mayores son los impuestos que deben pagar tales empresas en su casa matriz; dicho de otra manera, lo que dejan de pagar por concepto de regalías e impuestos en donde operan termina abultando las faltriqueras de aquella y ello no es justo.


REVIVEN LAS REGALÍAS DIRECTAS


Ya hemos visto las razones que le asisten a las entidades productoras y portuarias para recibir por derecho propio sus regalías directas y no ser simplemente partícipes, al igual que todas las demás entidades, del SGR que se pretende crear. Las mismas fueron desestimadas tanto por parte del Gobierno en el proyecto presentado a la consideración del Congreso de la República, como por parte del Senado de la República, no así por parte de la Cámara de Representantes. En efecto, en el trámite y aprobación en la Comisión Tercera de esta se impuso la sindéresis arribándose a un acuerdo con el Gobierno y su bancada para revivir las regalías directas a favor de las entidades productoras y portuarias. Según la ponencia que se aprobó las mismas “tendrán derecho a participar de las regalías y compensaciones en el porcentaje que defina la ley que desarrolle el acto legislativo y ejecutarán directamente estos recursos”. Ello, sin perjuicio de su acceso a los recursos provenientes de los cinco fondos que se crearían a partir del SGR. De este modo se dio un primer paso en la dirección correcta, restando su aprobación en la plenaria de esa misma corporación y aguardar lo que resulte de su trámite en segunda vuelta en el próximo período legislativo como lo manda la Carta. El porcentaje que les corresponda como regalías directas quedaría deferido a la Ley que desarrolle el acto legislativo todavía en agraz; allí muy seguramente se dará un nuevo pulso entre las entidades actualmente receptoras de las regalías y aquellas a las que se les han abierto las expectativas de empezar a recibirlas. En los primeros escarceos, según uno  de los voceros de las primeras en el Congreso de la República, “Planeación Nacional elevó la apuesta al pasar del 20% al 40%”, falta ver en qué termina este contrapunteo entre unas y otras.


Mientras el Presidente Santos y su gabinete celebraron el acuerdo alcanzado, no faltaron aquellos que son más papistas que el papa y han salido a despotricar en contra del texto aprobado. A juicio del ex ministro Hommes “si se les hacen demasiadas concesiones a los departamentos y a los otros gobiernos locales…el Gobierno fracasaría estruendosamente…Es mucho lo que está en juego y no se puede caer en la tentación de irles cediendo a los gobernadores y a los políticos regionales pedacitos del proyecto original hasta que el nuevo régimen se parezca demasiado al que se quiere reformar”. La periodista María Teresa Ronderos fue mucho más lejos en su diatriba en contra de lo aprobado en la Cámara de Representantes al considerar que el alto Gobierno “quiso disfrazar lo que a mi modo de ver es un derrota demasiado temprana en la larga batalla que se propuso dar”. Dice ella, refiriéndose a los damnificados con el texto primigenio  que “por semanas, los políticos de estas entidades territoriales han venido invocando indignados las urgentes necesidades de sus regiones, la autonomía regional y cómo necesitan millones para contrarrestar las siete plagas que les caen cuando se descubre un yacimiento”. Pero, no son sólo los políticos a quienes les causa indignación el “mazazo”, como lo denomina El Heraldo, “en la planeación a largo plazo” de las entidades productoras y portuarias, “por cuanto ellas, por ser receptoras de regalías, han tenido poco acceso a otras fuentes de recursos nacionales y así se han ido aplazando soluciones de impacto general que, supuestamente, con el boom que se anuncia, iban a ser atendidas. Ahora han entrado en un estado de incertidumbre y alcanzar certeza es uno de los principales desafíos en la Región”.


Se duele María Teresa de que ¨el último gol de los políticos¨, como ella califica la aprobación en tercer debate de las regalías directas, “deja el esquema cojo, pues los productores seguirán como antes, decidiendo y ejecutando directamente sus regalías”. Esto le parece a ella muy grave, como si el sólo hecho de cambiarle de ejecutor a tales recursos bastara para impedir que los “cínicos sin parangón” que ella denuncia, quines “por décadas han gozado de estos dineros a chorros y aún muestran sin sonrojo índices sociales deplorables en sus territorios” sigan haciendo de las suyas. No se puede seguir cogiendo el rábano por las hojas; una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa; el debate en torno a las regalías no se puede seguir abordando con maniqueismos y fariseismos estériles. Coincidimos con la columnista Cristina de La Torre cuando afirma que “hay en el proyecto una laguna colosal: no contempla mecanismos efectivos de control sobre el manejo de las regalías. Si corrupción e ineficiencia hay en provincia, también ellas campean en el poder central. No por entregarle al Gobierno Nacional la administración de esos recursos desaparecen los tentáculos de la corrupción que succionan todas las finanzas del Estado”. Es paradójico, por decir lo menos, que mientras este proyecto avanza precipitadamente en su trámite legislativo, el proyecto de Estatuto anticorrupción sigue atascado en el Congreso de la República amenazando con hundirse; esta es una pésima señal. Este proyecto junto con el híbrido de restitución de tierras y reparación de víctimas se van a convertir en la piedra de toque que pondrá a prueba el compromiso de los partidos que hacen parte de la coalisión de gobierno con la Unidad Nacional del Presidente Santos; ser o no ser, esa es la cuestión.


LA SUERTE DE LAS VIGENCIAS FUTURAS


Lo cierto es que muchas de las entidades territoriales que hoy reciben regalías directas se tornarían fiscalmente inviables si se les priva de ellas; en departamentos como el Cesar y  La guajira, por ejemplo, los ingresos provenientes de las regalías representan entre el 36% y el 40% respectivamente de su presupuesto anual. Es más, muchos de ellos tienen empeñadas buena parte de las regalías a través de vigencias futuras, las cuales en su momento fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda; muchos de estos compromisos van hasta el año 2024. 13 de los 16 departamentos que reciben regalías están hasta el endeudados hasta el cogote; en promedio las sumas comprometidas van desde los $1.000 millones anuales de Sucre entre 2009 y 2023 hasta los $72.646 millones anuales del Cesar. En los casos del Cesar y La guajira fue el propio Gobierno Nacional a través del Vicepresidente Francisco Santos el que atosigó a las administraciones departamentales hasta lograr que pignoraran parte de las regalías para financiar los planes departamentales de agua potable. En el caso particular de La guajira no fue óbice el que para el momento de la contratación del crédito con el Banco Mundial por US $90 millones no fuera sujeto de crédito ni pudiera recibir aval de la Nación por estar incursa en las causales de inviabilidad fiscal, de acuerdo con el Informe de la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda. Pese a ello, este le expidió el aval a dicho crédito; es irritante constatar que cinco años después de la firma del crédito la carencia del servicio de agua potable en La guajira sigue siendo dramática. En este caso como en tantos otros la responsabilidad de semejante despropósito es compartido por el Gobierno central y las autoridades seccionales. 
Con mucha razón ha salido la Viceministra de agua, Claudia Mora, a señalar que “respecto a la nueva ley de regalías, nosotros hemos alertado que es necesario buscar una estrategia que blinde lo que ya se comprometió, particularmente para planes de agua. Primero, porque de otra manera muchos entes territoriales no hubieran podido hacer esa inversión y, segundo, porque todo lo que se hizo tiene amparo jurídico”. La Contraloría General ha resuelto demandar las ordenanzas que facultaron a los respectivos gobernadores para comprometer vigencias futuras; en dado caso que dicha acción prospere, habría que establecer quién respondería por las obligaciones contraídas al amparo de dichas facultades. Es de anotar que el tema de las vigencias futuras no se circunscribe a los departamentos que reciben regalías; en total son 650 entes territoriales los que comprometieron $16.21 billones en vigencias futuras, suma esta equivalente al gasto de todos los entes territoriales del país en año y medio ($10 billones). Y los entes territoriales con rubros mayores de vigencias futuras no son precisamente los que reciben regalías, la lista la encabezan Cundinamarca con $2.9 billones, Bogotá con $2.1 billones, Medellín $1 billón, Valle del Cauca $$932 millardos, Cali $914 millardos, entre otros.

OTRA PATA QUE LE NACE AL COJO


El afán con el que se ha venido tramitando este proyecto por parte de sus promotores no ha dado pábulo para la reflexión y el análisis sereno del mismo. Una de las ligerezas en las que se ha incurrido, que puede convertirse a la postre en un impasse insalvable es la omisión de la consulta previa integral y completa a los pueblos indígenas asentadas en el área de influencia de la explotación de RNNR, toda vez que ellas también se verían afectadas por la reforma al régimen de regalías. En efecto, tal y como lo prescribe el artículo 11 de la Ley 756 de 2002, a ellos les asiste actualmente el derecho a que el 20% de las regalías que le corresponde al municipio y el 5% de las del departamento “se asignarán a inversiones en las zonas en donde estén asentadas las comunidades indígenas”, el cual se vería claramente vulnerado. Los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 del año 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así lo exigen y Colombia es signataria del mismo, el cual adquirió su poder vinculante con su ratificación a través de la Ley 21 de 1991, desarrollada posteriormente por el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, reglamentada mediante el Decreto 1320 de 1998 y el Decreto Ley 200 del 3 de febrero de 2003. También tiene asidero en los artículos 7 y 330 de la Carta y al hacer parte del bloque de constitucionalidad es de obligatorio cumplimiento. Es más, Colombia al suscribir la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas en mayo del año pasado se comprometió a cumplir sus estipulaciones, las cuales amparan dichos derechos, que son inalienables. Hay amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto y precisamente por la transgresión de estas normas se cayeron la Ley Forestal, el Estatuto Rural y la reforma reciente del Código de Minas puede correr la misma suerte; en todos los casos por haberse saltado a la torera el requisito de la consulta previa siempre que se tomen decisiones que afecten a los pueblos indígenas, sean ellas de carácter administrativo, legislativo o con más veras si se trata de una reforma constitucional. Este es el caso de La guajira y el Cesar, particularmente. Definitivamente, de la carrera no queda sino el cansancio, a quienes ya se frotan las manos y les brillan los ojos, locos de contento, ante la expectativa de participar de esa especie de tómbola con las regalías, les puede pasar lo de la lechera de Samaniego.


¿QUÉ SIGUE?


El trámite de este proyecto de acto legislativo  se ha topado con obstáculos inesperados, a pesar de que, como lo afirma envalentonada María Teresa ronderos, “son más los municipios y departamentos que se ven beneficiados por la reforma a las regalías” o por lo menos eso le han hecho creer. Pero, es que su defensa además de floja es presa de sus propias contradicciones; al tiempo que se dice que los actuales beneficiarios no verían menguados sus recursos, el Senador Roy Barrera, Coordinador Ponente en el Senado de la República, luego de advertir que “lo que buscamos es que haya una verdadera equidad en la distribución de las regalías”, no tiene empacho en espetar que “no se trata de un despojo de recursos a nadie. Pero, las regalías directas van a bajar de un 100% al 20% al 2014. De eso se trata, de redistribuir mejor esos dineros”. En todo caso el debate se ha ido decantando y por parte del mismo Gobierno se ha empezado a dimensionar el daño que se le infligiría a las regiones productoras de no consultar el interés de las mismas. Al final se tendrá que arribar a una solución de compromiso, de una reforma que no sea el producto de la imposición sino de la concertación, de la deliberación y no de los conciliábulos; a ello le apostamos. Alejandro Gaviria, Decano de Economía de la Universidad de los Andes, hace un buen diagnóstico del estado actual de este proyecto: “uno podría fácilmente imaginarse una mejor reforma, más enfocada, menos cositera, sin tantos cajoncitos, pero la política es un asunto complejo. Con todo, la reforma actual es un buen ejemplo de posibilismo, un compromiso entre lo deseable y lo factible”. 

Bogotá, noviembre, 15 de 2010
www.amylkaracosta.net


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