Categoría: Opinión
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“Los hombres honrados no le temen ni a la luz ni a la oscuridad” Thomas Fuller

El Presidente Juan Manuel Santos se comprometió con el país a gobernar con transparencia, sin trastiendas, que las acciones del Gobierno estén a la vista y al escrutinio de todo el mundo, como si el Gobierno mismo fuera una Urna de cristal. Este asunto no es de poca monta, en un país que estaba acostumbrado al sigilo oficial, al secretismo de Estado, a la falta de lo que llaman los americanos accountability, a la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. Este es un principio esencial del Buen gobierno, el cual, dicho sea de paso, contribuye a pasar de la opacidad de la gestión pública, que favorece la corrupción, a la transparencia que sirve de antídoto contra la misma. Como dijo José María Vargas Vila, “a los topos los mata la luz”, en tanto que, al decir de Thomas Fuller, “los hombres honrados no le temen ni a la luz ni a la oscuridad”.

Para pasar de las palabras a los hechos la administración Santos ha dado dos pasos de la mayor importancia y significación, atinentes ambos al sector minero-energético, el primero de ellos fue la adopción de la Guía de la OCDE, en la que Colombia aspira a estar, sobre Debida Diligencia, la cual tiene por objetivo fomentar la transparencia en las cadenas de suministro de minerales, así como la promoción del compromiso empresarial sostenible en el sector minero, optimizando los beneficios para el país y particularmente para las regiones en donde operan las empresas extractivas. Procura, además, que la actividad extractiva y el desarrollo de la misma no se conviertan en catalizadores de los conflictos larvados en las zonas en donde ellas operan, al tiempo que neutralicen los riesgos latentes en las mismas. Se trata de que tanto el Gobierno como las empresas sean proactivos a la hora de evitar conflictos mayores y/o abusos en materia de derechos humanos

El segundo paso lo anunció, enhorabuena, el Presidente Santos en la Cumbre Rio + 20: su determinación para que Colombia se adhiriera a la Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés). Esta es una Iniciativa de carácter multilateral, de la cual hacen parte gobiernos, empresas, organizaciones representativas de la sociedad civil, inversores y organizaciones internacionales. Su objetivo fundamental estriba en que las empresas divulguen cuánto pagan por todo concepto y a quién se lo pagan, al tiempo que el Gobierno a todos los niveles también da cuenta de lo que recibe por parte de las empresas, ya sea como impuestos, como compensación o como contraprestación por la extracción del recurso natural no renovable (RNNR). Este es un primer paso indispensable hacia un sistema más responsable de gestión de los ingresos provenientes de recursos naturales. 

Tanto el las empresas como el Gobierno que se adhieran a esta Iniciativa se obligan a reportar a un Auditor independiente lo que pagan y lo que reciben unas y otro, sumas estas que desde ese momento serán de dominio público. De esta manera, en la medida que la sociedad civil tenga acceso sin cortapisas a la información, se potenciará el control social, complemento necesario del control fiscal de la Contraloría General de la República y el control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.

De hecho ya el Presidente Santos oficializó en la reciente Cumbre en Sidney (Australia) en mayo pasado su membresía a este privilegiado club de Naciones que propugna a todo trance por la transparencia, en el entendido que ello redundará en una mejor gobernanza de los recursos provenientes de la extracción de los RNNR. Como complemento de esta importante Iniciativa dispondremos de una plataforma con el mapa georeferenciado construida con el apoyo del BID y administrada por el DNP, a través de la cual se podrá monitorear libremente la trazabilidad de las regalías mineras y petroleras, así como la inversión de tales recursos por parte de los entes territoriales. Todo ello en tiempo real.

Estas dos iniciativas están englobadas en la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP) y la concertación de un plan de acción nacional con la participación de entidades del Estado y la sociedad civil para su aplicación inmediata. El fin último de estas iniciativas no es otro que lograr que, como se suele decir coloquialmente, tengamos por fin cuentas claras y chocolate espesoDe ahora en adelante todos los colombianos sin excepción serán veedores del manejo de los recursos provenientes de la extracción tanto de los minerales como de los hidrocarburos!

 

Bogotá, noviembre 19 de 2013