Nov 17, 2019 Last Updated 4:09 PM, Oct 28, 2019

Alistan compensación a regiones productoras que vieron mermar regalías

Categoría: Energía
Visto: 437 times

Domingo 2 de marzo de 2014

EL REPORTAJE DE YAMID

Ministro de Minas y Energía dice que el Gobierno es consciente de malestar en algunos departamentos.

Transparencia. Esa será la prioridad máxima del Ministerio de Minas y Energía en el manejo de las regalías. El ministro del ramo, Amylkar Acosta, revela que Colombia adherirá a la iniciativa por la transparencia de la industria extractiva (Eiti, por sus siglas en inglés) un organismo de Naciones Unidas inspirado en el exprimer ministro inglés, Tony Blair. Se trata de una auditoría internacional a las empresas que extraen hidrocarburos y minerales, a los municipios y a los departamentos, para tener información sobre todos los pagos. Esta información será de libre acceso al ciudadano.

Acosta también reconoce que hay malestar en las regiones productoras de hidrocarburos y minerales por las rebajas en la recepción de regalías. Anuncia que habrá medidas compensatorias. Por otra parte, dice que 96 bloques para exploración de petróleo y gas metano saldrán a licitación. Mínimo, el Estado recaudará 2.600 millones de dólares.

¿Cómo va el tema de las regalías?

Con el nuevo sistema de regalías se presentaron muchos traumatismos; lentitud en el flujo de recursos, que se ha venido superando. Con la redistribución de las regalías que se hizo con las reformas, municipios y departamentos productores se vieron afectados al ver menguados sus ingresos por regalías. De allí el descontento y la inconformidad en las regiones en donde operan las empresas que extraen los recursos mineros y de hidrocarburos. En el Gobierno somos conscientes de eso y estamos explorando alternativas para que se les pueda compensar en alguna medida.

¿Y cuál es el mecanismo que estudian?

El presidente Santos considera que es apenas justo que se busque esa compensación. Cómo y de qué manera es algo que tiene que concertarse.

¿Pero habrá compensación?

Tiene que haberla. Si no, se pondrá en riesgo la viabilidad misma de los proyectos.

¿Por qué?

Porque el malestar que se está viviendo en las regiones productoras se manifiesta ya a través de paros y bloqueos, con tutelas y demandas, como la que cursa en la Corte Constitucional, que pide inexequibilidad del artículo 37 de la Ley 685 de 2001. Si este artículo se cae, serían los departamentos y municipios, y no la Nación, los competentes para determinar en donde se puede hacer la actividad minera y en donde no, lo cual a poco andar se haría extensiva a la actividad de hidrocarburos. Eso conduciría a virtual parálisis de una y otra, por vía de las consultas populares como las que ya hubo en el municipio de Piedras (Tolima), en contra de la actividad minera, y en Tauramena (Casanare), en contra de la actividad de hidrocarburos.

¿Por qué los departamentos ricos en petróleo y gas, como Putumayo, Arauca, Meta, Vichada, la Guajira, son -paradójicamente- los más pobres?

Si usted superpone el mapa minero o petrolero del país, con el mapa de la pobreza, casi que hay una gran coincidencia. Pero, como decimos en mi tierra, “no tiene nada que ver el caldo con las tajadas”. La razón por la cual justamente en esas regiones es donde hay más pobreza es porque han sido las más relegadas, las más olvidadas por parte de todos los gobiernos. En Colombia hay abismos entre regiones. Esa brecha no solamente no se ha cerrado, sino que se sigue abriendo. En un departamento como el mío, La Guajira, riquísimo en gas y carbón, la pobreza es aterradora, pero de ello no se puede colegir que exista una correlación entre el desarrollo de la actividad minera o hidrocarburífera y la pobreza en las regiones productoras. Esta estaba instalada allí cuando las empresas llegaron y era tal el atraso y el abandono que se requieren muchísimos recursos para superarlos. Además, es verdad que durante muchos años se dilapidó y se desvió gran parte de las regalías recibidas, que se fueron por las cañerías de la corrupción y la inmoralidad administrativa.

¿Y cuál es el remedio?

Demandar de las empresas que asuman con seriedad su responsabilidad social. Ellas requieren para operar de la licencia ambiental, que la expide la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), y cuando hay lugar a la consulta previa con las comunidades, se cuenta para ello con el Ministerio del Interior, que les hace el acompañamiento y les sirve de facilitador. Pero al margen de ellas, se precisa contar con la licencia social. Y no hay instancia de Gobierno que la expida; la licencia social se la tienen que ganar las propias empresas, con sus buenas prácticas ambientales y sociales y con su buen relacionamiento con las comunidades asentadas en el entorno de sus operaciones. Si las empresas no cuentan con la licencia social, los proyectos se pueden tornar inviables. El Cerrejón ha sido ejemplar: a través de sus 4 fundaciones se impuso como paradigma, según León Teicher, su expresidente, “hacer lo máximo posible por las comunidades y no lo mínimo necesario”.

Pero usted habla de la empresa privada. ¿Y el Estado?

Es claro que el Estado no se puede desentender de lo que es su responsabilidad. Y lo debe hacer con toda la batería de programas sociales en beneficio de los más vulnerables. Desde el Ministerio, estamos impulsando encadenamientos productivos en las regionales productoras y promoviendo a los proveedores regionales, como la mejor forma de externalizar los beneficios de las empresas.

¿Cómo proyecta enfrentar la corrupción que existe en minería e hidrocarburos?

Como dijo Vargas Vila, a los topos los mata la luz. Lo mejor que podemos hacer para corregir la opacidad y falta de acceso a la información, además de ganar en transparencia, es haciendo una mejor gestión de la información. Por ello estamos dando pasos conducentes para que Colombia se adhiera a la Iniciativa por la Transparencia de la Industria Extractiva (Eiti, por sus siglas en inglés).

¿En qué consiste?

Tony Blair es el padre de esta iniciativa, la cual fue acogida por las Naciones Unidas. En virtud de ella, todas las empresas extractivas que operen en Colombia deberán reportar su pagos por todo concepto y a quién se le pagan; y los receptores de dichos pagos también deberán revelarlos a un auditor independiente. Dicha información será de libre acceso y estará disponible en la red. 

¿La información quién la suministra?

Las empresas, claro, pero además los municipios, los departamentos y la Nación deberán cargar al sistema la información que se va generando.

¿Hoy no existen auditores?

Absolutamente no. La información es dispersa y de difícil acceso.

¿Quién y cómo contrata este sistema de auditores internacionales?

Nos deberemos ceñir a las estipulaciones y a las reglas del Eiti, que cuenta con sus propios mecanismos de selección de la auditoría, que en todo caso debe ser una firma acreditada internacionalmente. 

¿Desde cuándo se va a contratar?

A partir del momento en que se nos admita. En este caso, al igual que el ingreso de Colombia a la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se deben llevar unos requerimientos y en esas estamos.

¿Ustedes han consultado a la empresa privada?

Claro. Y tenemos que destacar el interés y la disposición que ha mostrado de hacerse participe de esta iniciativa.

¿Hay una fecha fijada ya para adherir?

Estamos vigilando al pie de la letra la hoja de ruta para alcanzar este objetivo. Estimamos que hacia octubre esto sea ya una realidad.

¿Qué quiere decir “califica”? ¿Que confirma que hay corrupción?

No. Que estamos dando los pasos, haciendo méritos, para entrar a hacer parte de este club. Es el caso de la de la plataforma que estamos implementando, con Planeación, la Contraloría y el BID, de un mapa georreferenciado en donde se registran los recursos que ingresan al Sistema General de Regalías (SGR) y a los distintos fondos que hacen parte del mismo. Igualmente, se registra la asignación de los recursos a invertir en los proyectos, así como el nivel de ejecución de estos, de tal manera que el ciudadano pueda disponer de esta información en tiempo real, de tal suerte que sea de dominio público el destino de tales recursos. Con ello, el país está dando muestras de la voluntad política del Gobierno de trabajar en pro de la transparencia, que es lo que busca Eiti.

¿Colombia no tiene suficiente transparencia en hidrocarburos y minería?

Nos falta mucho. Y justamente por ello es que estamos comprometidos a fondo con esta iniciativa. Aquí no puede haber gato encerrado.

¿Acaso hay gato encerrado?

No, Yamid. Todo esto es, precisamente, para que no haya gato encerrado.

Otro tema: ¿en qué consisten los acuerdos con un colega venezolano?

Convinimos en activar un plan candado para frenar el contrabando de combustible.

Pero la gente de La Guajira va a sufrir mucho. ¿Cómo la compensan?

La Guajira no tiene por qué sufrir con esta medida. Además de contener el contrabando, también se implementarán medidas encaminadas a la reconversión laboral de quienes subsisten vendiendo combustibles en pimpinas.

¿Se acaban los pimpineros?

Deberá acabarse con el contrabando y a los pimpineros les ofreceremos alternativas de empleo dignas.

¿Qué es lo que está pasando con Ecopetrol, que caen sus utilidades?

Muy sencillo: el precio de la canasta de crudos que exporta Ecopetrol cayó 5 por ciento en 2013 con respecto al 2012. Adicionalmente, la revaluación del peso también afectó sus ingresos y, como si lo anterior fuera poco, la reforma tributaria le costó un billón de pesos. Pero le tengo buenas noticias del ejercicio del 2013: sus reservas de crudo aumentaron 5 por ciento; el índice de Reposición de las Reservas fue del 139 por ciento y sus ventas también crecieron el 5 por ciento. Y una muy buena noticia para los accionistas: el rendimiento de la acción fue de 7,62, que es excelente.

¿Las concesiones que están por vencer van a revertir al Estado?

Pacific le ha presentado una propuesta a Ecopetrol, la cual es estudiada.

¿A usted le gusta la fórmula?

Aún es muy temprano y me faltan elementos de juicio para tener una opinión formada sobre la misma. Cada día trae su afán.

¿Cómo vamos en materia de exploración de petróleo?

Vamos a subastar 96 nuevos bloques, en todo el país. Apostamos a la exploración costa afuera, en aguas metaprofundas, que van entre 1.500 metros y 4.200 metros de profundidad. Una gran novedad es que vamos a explotar gas metano asociado a mantos de carbón. Donde hay petróleo hay gas natural; donde hay carbón, hay metano. En Colombia, las reservas de metano pueden ser del orden de 40 terapies cúbicos de gas, casi seis veces nuestras reservas de gas natural.

¿En la subasta de bloques, cuánto desea recibir el Estado?

Mínimo, 2.600 millones de dólares.

¿Cuántos pozos perforamos el año pasado?

Fueron 115 pozos. Pero le doy esta buena noticia: sabe cuántos vamos a perforar este año? ¡236! Ya programados por la industria; 141 en firme y 141 pozos perforados nuevos, más del 50 por ciento de crecimiento con respecto al año anterior.

¿Por qué no subieron los combustibles?

Con un dólar alto y un petróleo también al alza, ¿por qué no reajustó los precios de los combustibles?

El Gobierno ha decidido buscar la forma de estabilizar los precios de los combustibles, como un mecanismo para evitar la volatilidad de los precios internos en respuesta a las fluctuaciones de los precios internacionales. Por ello, vamos a continuar avanzando en la concertación con el sector transportador en la mesa técnica que establecimos y cuyas reuniones reanudaremos el 11 de marzo.

¿Los precios de seguirán congelados hasta cuando haya ese acuerdo?

Prefiero no hablar de congelamiento sino de estabilización, pero la fijación del precios no está supeditada a acuerdos en la mesa.

¿La congelación que se acaba de decidir contiene orígenes políticos?

No. En manera alguna. No sea mal pensado, Yamid. Le insisto: no hay congelamiento sino estabilización.

 

YAMID AMAT
 Especial para EL TIEMPO


Los más destacados

Sígueme en Facebook