Jul 19, 2019 Last Updated 1:08 PM, Dec 15, 2018

¿INTERVENCIÓN PARA QUÉ?

Para nadie es un secreto que la situación planteada en la región Caribe en relación al suministro de energía eléctrica amerita una acción contundente por parte del Gobierno y así lo entendí al asumir la Cartera de Minas, Energía e Hidrocarburos. Una y otra vez se ha solicitado la intervención de la empresa operadora del servicio, ELECTRICARIBE, como la solución. Sin embargo, es evidente que la intervención es una salida por la puerta falsa, evasiva, demagógica. Quienes la están promoviendo y amenazan con un Paro cívico en La guajira si no se da dicha intervención sólo aspiran a montarse en la cresta de la ola de la inconformidad con ELECTRICARIBE y capitalizarla políticamente.


Si el ábrete sésamo para la solución de la problemática de la prestación del servicio de energía en la región fuera la intervención esta hace rato se habría dado. De acuerdo con la consultoría que para el efecto adelantó la experta Carmenza Chahín (Alternativas para garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio eléctrico en la Costa Caribe) el nudo gordiano no es administrativo, sin que ello quiera decir que no hay problemas administrativos, sino operativo y este a su vez se debe al rezago histórico en inversiones que han debido hacerse y por distintas razones (que están documentadas en el trabajo realizado) no se hicieron en su momento.


Si se quiere, entonces, superar los problemas estructurales del Sistema energético en la región Caribe lo que hay es que ejecutar las inversiones requeridas y es eso lo que se busca con el Plan de choque que nosotros pusimos en marcha a través de las resoluciones 9 0506 y 9 0604 de 2014 del MME y las resoluciones 079 y 093 de 2014 de la CREG. Mediante estos actos administrativos lo que se busca es anticipar la ejecución de los proyectos que se necesitan, mediante convocatorias express, para darle mayor firmeza y confiabilidad a la prestación del servicio, reduciendo las restricciones y las pérdidas.


Claro que, a la par de la ejecución de estas obras que por más de US $600 millones de inversión están en marcha (entre ellas el anillo Riohacha - Cuestecitas - Maicao - Riohacha), además de las pusimos en operación recientemente (entre ellas las subestaciones de Rotiné en el Municipio del Atlántico, otra en Bonda (Santa Marta) y otra en Uribia (La guajira), amén de las de La sierpe en La Mojana y la del Aeropuerto de Santa Marta), además de los proyectos que fueron adjudicados en los últimos días (La línea Bolivar - Cartagena, la que unirá a Chinú - Montería - Urabá), la Superintendencia ha venido ocupándose de aquello que es de su competencia, esto es lo que hace relación a la gestión administrativa de la empresa, la prestación del servicio por parte de esta y la atención de las quejas y reclamos por parte de los usuarios. Ello sin hacer mención del Plan Piloto que dejamos en proceso de estructuración, tendiente a alcanzar la más amplia cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica en toda la región Caribe, el mejoramiento en la calidad del mismo, su normalización y de contera el alivio tarifario para los estratos de menores ingresos, empezando por la revisión del consumo básico de subsistencia.


La intervención que se plantea a qué se reduce, simple y llanamente a remover la administración actual y designar en su lugar un gerente interventor por parte de la Superintendencia de Servicios públicos. Pero la fiebre no está en las sábanas; el interventor puede ser Mandrake, pero sin que se resuelvan los problemas estructurales ya mencionados, por muy buena voluntad que tenga (nos recuerda Oscar Wilde que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno) con ello no va a mejorar la calidad en la prestación del servicio, que es de lo que se trata. Eso es tanto como cambiarle conductor a un chócoro que se vara cada rato, como si su pericia pudiera suplir la reparación del motor del vehículo, que es el que no funciona. 
Es bueno mirarse en el espejo de EMCALI, cuánto duró la intervención de esta empresa por parte de la Superintendencia y al final nos encontramos con que la misma después de esa larga intervención, que duró más de trece años,  no salió mejor que cuando estuvo peor. Luego la intervención que se reclama no pasa de ser un espejismo. Lo advertimos, con el fin de que no se creen falsas ilusiones con la intervención que se reclama, en el sentido que basta con la intervención para que en una santiamén se resuelvan todos los problemas que por años ha venido arrastrando ELECTRICARIBE. No nos llamemos a engaños; conocido el diagnóstico, a la hora de recetar nos tenemos que cuidar de confundir la inocuidad del placebo con la eficacia del medicamento prescrito.

Riohacha, septiembre 18 de 2014
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LET’S GO FOR MORE RESERVES

The first priority for the country is adding more barrels of oil to its proven reserves, given the precariousness of these, since the 2.445 million barrels hardly give the country 6.6 years of self-sufficiency. Therefore, it is said of Colombia that instead of being an oil country is a country with oil. However, it is noteworthy that, due to the exploratory efforts of recent years, in 2007 the fall of stocks has paused and picked up since 2008. Over the past four years (2010 - 2013) proven reserves increased 18% and this is all the more remarkable when you consider that production in the same period grew more than proportionally, 27.3%, from an average of 785,000 barrels / day-year to more than a million barrels per day. 

And this has been possible without finding neither a Caño Limón nor Cusiana in the last twenty years, but aided by a string of small finds which together have enabled the incorporation of greater reserves while the country has gained more petroleum prospectivity. Since then, Colombia has also contributed to reserves through the application of new improved-recovery technologies. To highlight the fact that the participation of increased reserves corresponding to new discoveries has been in crescendo, last year these reached 39% of the total. 

However, since the government's goal is to move from a relationship of reserves to production (R / P) of 6.6 in the current year to 10 in 2018, achieving this will require moving from reserve additions last year of 436 million barrels to adding 615 million barrels annually. In other words, we need to move from a current reserve replacement index of 118% to 167%, a daunting task. This country has to pick up the pace on exploratory activity, and not just limited to conventional reservoirs but also expanding the frontier into the unconventional, as well as the already-committed campaign to search for offshore hydrocarbons. 

That's the country’s bet with the recent Ronda Colombia 2014. Indeed the country passed from 21 exploratory wells drilled in 2004 to 131 in 2012, recording a slight fall in 2013 when 115 were drilled when 130 was the goal and now 135 wells are projected for this year. Of course, to achieve this goal it is necessary to remove three major pitfalls that are holding back the oil industry in the country: the terrorist attacks against its infrastructure, social unrest and the delays in the processes of environmental licensing and prior consultations. 

We do not think we need to promote changes in the legal regulations to attract investment and stimulate oil and gas activity in the country, whose last adjustments were made to encourage production increases and more recently as it pertains to the exploration and development of unconventional reservoirs. What is at issue is that these rules are followed and thus win legal certainty, which is what at times is compromised when circumstances arise in the environment of the activity that put you at risk. A recent study by Arthur D. Little shows Colombia has Latin America's most attractive fiscal terms as well as its political and investment climate, receiving a rating of 3.9 out of 5, beating, among others, Mexico and Brazil. That is, that Colombia remains competitive and attractive for investment and investors in the oil industry.

Who is Amylkar Acosta?

Amylkar Acosta Medina was, until recently, Colombia’s Minister of Mines and Energy. Previously, he headed the country’s Biofuels association (of which he was a founder) and was a member of the Board of Ecopetrol, representing petroleum-producing regions in 2013 and then later as Mininas. He served as Vice Minister of Mines and Energy in César Gaviria’s government in the early 90’s. Acosta was twice elected to Colombia’s Senate, holding the post of President of the Senate in 1997 and 1998.

Born in La Guajira and educated at the University of Antioquia, he returned as a professor of the Guajira University in the late seventies. Based on his energy experience, he was appointed President of the Colombian Gas Company in the late eighties.

Currently, he is teaching at the Externado University in Bogotá. 

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Bogotá, september of 2014

 

USUARIOS EN ASCUAS

Desazón y desconcierto ha causado entre los usuarios de menores ingresos de los servicios públicos de energía eléctrica y gas la noticia sobre la amenaza en ciernes de un reajuste exagerado de la factura por la prestación de los mismos que le puede llegar a partir del mes de enero del año entrante, si no se procede por parte del Congreso de la República con la inmediatez requerida a prorrogar los subsidios al consumo de los cuales son beneficiarios. 

En efecto, la Ley 142 de 1994, en aplicación de los principios de la solidaridad y la redistribución del ingreso previstos en la Constitución Política de 1991 a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas natural, contempló la subvención a los estratos más bajos de los usuarios de los mismos a través de la modalidad de subsidios cruzados. De esta manera, los estratos altos, el comercio y la industria absorberían el costo de una contribución especial con cuyo producido se sufragaría el valor del subsidio a los estratos bajos. 

Y así funcionó, hasta que, en respuesta al pedido de los industriales, se les desmontó dicha contribución del 20% en su factura de consumo de energía eléctrica a través de la Ley 1430 de 2010, al tiempo que mediante el Decreto 4956 de 2011 se eliminó la contribución del 8.9% para el consumo industrial de gas natural. Ello con miras a reducir sus costos por concepto del consumo de estos energéticos, en aras de ganar en competitividad de este sector de la economía. De allí que desde enero de 2012 lo que dejaron de pagar las empresas como contribución para cubrir dichos subsidios, lo asumió el Estado a través del Presupuesto General de la Nación. 

Más recientemente, través de la Ley 1117 de 2006 se dispuso que la aplicación de los subsidios al costo de la prestación del servicio público domiciliario tanto de la energía eléctrica como de gas combustible a los estaros 1 y 2, “deberá hacerse de tal forma que el incremento tarifario a estos usuarios en relación con sus consumos básicos o de subsistencia2 corresponda en cada mes como máximo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

 

1 Directorejecutivo de la Federación Nacional deDepartamentos

2 Resolución UPME 355 de juliode 2004: 130 KWH/mes en los municipios cuya cabecera municipal esta situada porencima de los 1.000 metros sobre elnivel del mar y 173 KWH/mes si está por debajo. sin embargo, en ningún caso el porcentaje del subsidio será superior al 60% del costo de la prestación del servicio para el estrato 1 y al 50% de este para el estrato 2”. Es decir, que el beneficio es doble, al tiempo que les garantiza los subsidios a estos estratos, ahora asumidos por el Estado, le pone un tope a los incrementos tarifarios para estos estratos, que no puede sobrepasar el IPC. El beneficio contemplado en esta Ley se dio a partir del mes de enero de 2007 hasta diciembre de 2010.

Posteriormente fue expedida la Ley 1428 del 29 de diciembre de 2010 extendiendo dicho beneficio hasta el 31 de diciembre de 2014 y, en desarrollo de la misma la CREG expidió la Resolución 186 el 30 de diciembre del mismo año. De no tramitarse por parte del Congreso de la República la ampliación de la vigencia de los subsidios a los estratos 1 y 2 en energía y gas 6.5 millones de usuarios (cerca de 28 millones de habitantes, más del 60% de la población)tendrían que pagar tarifa plena a partir del mes de enero. Ello les significaría incrementos desmesurados en su factura los cuales fluctuarían, según cálculos de ANDESCO entre el 10% y el 25% para la energía eléctrica y entre el 15% y el 25% para el gas natural. 

En plata blanca ello le representaría a los usuarios de la energía eléctrica del estrato 1 en la región Caribe un aumento en su factura del 15% y del 10% para el estrato 2, en Antioquia y en el Eje cafetero dicha alza sería de 20% para el estrato 1 y por encima del 15% para el estrato 2; entre tanto, los usuarios del Suroccidente tendrían incrementos del 25% para el estrato 1y del 20% para el estrato 2. Los demás usuarios del resto del país experimentarían aumentos que oscilan entre el 10% y el 20%. En cuanto al servicio de gas natural, los usuarios del Departamento de Antioquia tendrían reajustes del orden del 15% para el estrato 2 y 25% para el estrato 1, los de Bogotá y municipios vecinos los del estrato 2 sufrirían un aumento superior al 15% y los del estrato 1 del 

De materializarse este riesgo los usuarios de los estratos 1 y 2 verían diezmados sus ingresos porque les afecta los bolsillos y para muchos de ellos se dificultaría el acceso a estos servicios básicos, al tiempo que las empresas se verían afectadas también por el deterioro de la cartera, el aumento del fraude y la informalidad. La única forma de evitarlo es que el Congreso de la República apruebe la prórroga de los subsidios para los estratos 1 y 2 antes de que se clausuren las actuales sesiones de este primer período de la presente legislatura el 16 de los corrientes. Mientras penda sobre sus cabezas esta espada de Damocles, los usuarios de energía y gas correspondientes a la población más vulnerable permanecerá en ascuas. El Gobierno y los congresistas tienen la palabra!

 

Bogotá, diciembre 8 de 2014

www.amylkaracosta.net

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